La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso ERE, el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Bruselas considera que “el TJUE es manifiestamente incompetente” para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense, que intentaba recurrir entre otros las resoluciones del tribunal de garantías sobre los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El escrito de alegaciones elaborado por la CE, consultado por Europa Press y adelantado por Diario de Sevilla, considera que las cuestiones prejudiciales son “inadmisibles” y asevera que “se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto”.

Así, indica que el Tribunal de Justicia ha declarado que “no es competente para pronunciarse sobre un asunto en el que resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia no es aplicable al asunto principal o en el que una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”.

“No entra en el ámbito de aplicación”

“Como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la comunidad autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE ni en el de las disposiciones de Derecho derivado a la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Por ello, esas disposiciones son simplemente inaplicables”, ha expresado.

La Audiencia de Sevilla acordó el pasado mes de julio elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE con relación al mandato de dictar nuevas sentencias en línea con lo resuelto el año pasado por el TC anulando condenas contra ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, una iniciativa que desde la Audiencia justificaron para “evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“En las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido”, ha apostillado en relación con este caso de los ERE.

La CE expresa que la Audiencia hispalense habría presentado como argumento que “habida cuenta de la estrecha relación que existe entre el presupuesto de la Unión y los presupuestos de los Estados miembros, la apropiación indebida de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar potencialmente o indirectamente a los intereses financieros de la Unión”, consideraciones que “no justifican la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por lo que respecta a dichas disposiciones”.

Cuestiones “puramente hipotéticas”

“A falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión con el asunto principal, las cuestiones resultan puramente hipotéticas”, ha relatado, al tiempo que ha asegurado que si la jurisprudencia que se cuestiona “resultara problemática en otros asuntos relativos a los fondos de la Unión, una nueva petición prejudicial podría (o en su caso debería) plantearse”.

Previamente, la Audiencia había pedido a las partes del procedimiento judicial que informasen sobre si, en este caso, el Constitucional “se ha extralimitado” con una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación” en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias “incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción”, y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.

El año pasado, el Tribunal Constitucional vino a declarar que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en su sentencia inicial condenatoria, y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían “incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”.

Posteriormente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla decidió suspender la tramitación de la emisión de las nuevas sentencias ordenadas por el TC, dadas “las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya, conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE, ordenó desde la Sección Séptima de la Audiencia reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo en 2016, al imputar al ex secretario general de Industria de la Junta Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora acusado y por entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.

A una de las juezas más conocidas del país, vieja amiga del magistrado en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996), luego alcalde de la capital hispalense y más tarde ministro del Interior, no le han salido especialmente bien algunas de sus decisiones más mediáticas quizás por su “nueva manera de ver las cosas”, como sugirió el propio fiscal del caso Aznalcóllar, afeándole que reabriera el caso hasta por dos veces cuando el juzgado instructor estaba viendo claro que ahí no había ni truco ni amaño por parte de personal técnico de alta cualificación. En la vista oral, los acusados alegaron derechos “vulnerados” y acusaron a Alaya de “extralimitación” en sus funciones. Sentencia en mano, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un nuevo varapalo para la protagonista de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022).

La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este sábado Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una “acusación infundada”, la funcionaria ha sido tajante: “Esa pregunta se le debería de hacer a la magistrada Mercedes Alaya, que es la que ha motivado que nosotros fuéramos a juicio oral después de que la jueza instructora y la Fiscalía consideraran que no existía ningún tipo de delito, ningún tipo de prueba que nos inculpara de todos los delitos que se nos imputaban” (...) Habíamos hecho nuestro trabajo y nos sentaron en un penal“. A su juicio, la sentencia ”pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años“.

La sentencia es extensa pero algunas de sus consideraciones son especialmente contundentes: la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

“Teorías sobre conspiración y tramas delictivas”

Este ha sido el final, en primera instancia, del denominado caso Aznalcóllar. El caso ERE impulsado por Alaya es el más conocido a nivel nacional, pero no ha sido el único mediático. El ya mencionado Juan Ignacio Zoido presentó en abril de 2009 una denuncia contra el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alarga desde hace más de 15 años y que, aunque amortizado, como presume el PP, sigue vivo: después de que en julio de 2024 el Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves, y el caso se quedara sin trama política aunque con decenas de juicios pendientes por ayudas fraudulentas, la Audiencia de Sevilla llevó el pasado mes de julio a la Justicia europea las sentencias del Constitucional.

Pero volvamos a 2009. Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, en 2017, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya. En este mismo caso, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas resultó finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2014 pese a haber sido condenado en 2012.

También podemos recordar el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya. En noviembre de 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, que finalmente fueron luego absueltos. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en marzo de 2018 de apropiación indebida y administración desleal también fue un caso mediático que, desde el punto de vista penal, quedó en nada después de años de procedimiento judicial.

A comienzos de 2017, un contundente auto judicial de la jueza María Núñez Bolaños confirmó el archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación en Andalucía. Rechazó, como era de esperar, el recurso de reforma planteado por el PP andaluz pero lo hacía cargando contra su antecesora, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “iniciar causas penales desde la interpretación de informes” a partir de los cuales “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A”. La causa había sido archivada el 11 de octubre de 2016 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Aquello fue la crónica de un carpetazo anunciado, mientras con el caso Aznalcóllar se ha llegado al fin de un proceso y de una absolución anunciada.

El 'efecto ERE'

Alaya también protagonizó el llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones suyas en momentos muy puntuales, principalmente ante las autonómicas de marzo de 2012 (ganadas por el PP de Javier Arenas, si bien PSOE e IU hicieron coalición haciendo presidente a Griñán) y en la campaña electoral de las municipales 2011, con el foco en la política sevillana, de las que salió vencedor el ya citado Juan Ignacio Zoido. En su penúltimo caso mediático, en la primavera de 2023, sí que decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales el juicio por el gasto de dinero público en prostíbulos por parte del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado luego a seis años de cárcel.

Mercedes Alaya, en cualquier caso, fue la auténtica pesadilla para la Junta durante sus cuatro años de instrucción de los ERE y el PSOE siempre ha considerado que la instrucción que llevó a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos (aunque luego fue anulada por la Audiencia). A Alaya le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del exconsejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno de Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales entre sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar por un montante total de 261.754.334 euros.

En un auto fechado el día 15 de octubre y notificado a las partes personadas en este procedimiento, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación, según el auto facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA.

El magistrado no estima necesaria la práctica de nuevas diligencias instructoras en una pieza separada del caso ERE. De esta manera, el instructor continúa el procedimiento contra cuatro exviceconsejeros de la Junta de Andalucía, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la agencia IDEA, así como contra dos representantes sindicales de CCOO y UGT, dos 'intrusos' y un directivo de Uniter, la mediadora que “intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro” de la Consejería de Empleo.

El juez explica que las “subvenciones excepcionales” que describe en el auto fueron satisfechas con cargo al programa presupuestario 31-L. No obstante, “de las diligencias practicadas es posible deducir otras líneas de ayuda, distintas de las anteriores --y que también fueron concedidas y financiadas extramuros de cualquier forma de legalidad-- que habrían sido satisfechas con cargo a programas presupuestarios distintos, al margen así del programa presupuestario 22-E y 31-L de la Consejería”.

Así, precisa que estas “subvenciones excepcionales” vinculadas con los Planes Personales de Inserción (PPI) de los extrabajadores de Delphi “no habrían sido acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico por el correspondiente director general de Trabajo --en concierto con el correspondiente, a su vez, director general de IFA/IDEA-- con cargo a la partida 31-L”, lo que “justifica el sometimiento al proceso de los presuntos partícipes en la operativa ilícita investigada, incluidos aquellos” que han sido ya encausados y sometidos a juicio en la causa del procedimiento específico, refiriéndose en este sentido al caso concreto de un ex director general de Trabajo y dos exviceconsejeros.

A juicio del instructor, dicho procedimiento específico no tiene por objeto “la presunta ilicitud de la concesión de ayudas mediante, como sucedería en el supuesto de autos, otras partidas, programas operativas y mecánicas presuntamente delictivas”, abundando en que “resulta inequívoco que gran parte de los hechos delictivos objeto de investigación en la presente causa no fueron objeto de enjuiciamiento” en dicha pieza separada del caso ERE.

“Desde luego, no fueron objeto de aquélla causa las disposiciones de fondos realizadas con cargo a créditos presupuestarios distintos de los programas 22-E y 31-L”, apostilla. El juez enumera también en el auto los motivos por los que considera que los hechos delictivos no estarían afectados por la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) recaída con motivo de los recursos de amparo interpuestos en la causa del procedimiento específico.

Al respecto, señala que “resulta evidente que las disposiciones de fondos realizadas en favor de los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, objeto de autos, excedían notablemente del ámbito y finalidad del programa presupuestario 31-L --en sus sucesivos ejercicios--, pues no estaban destinados a mitigar la situación de empresa alguna en crisis, favorecer un plan de reestructuración o de viabilidad de ésta, ni se configuraban como ayudas sociolaborales en favor de los trabajadores de la sociedad, quienes se habían desligado de Delphi mediante la percepción de sus correspondientes indemnizaciones y serían beneficiarios de contrataciones laborales --ficticias-- a través de empresas formadoras, a su vez subvencionadas por el SAE”.

Así, destaca “la ausencia de cualquier finalidad o interés público en el otorgamiento y pago de las subvenciones” investigadas en esta pieza separada. De otro lado, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros seis investigados vinculados a la Junta, en concreto cuatro exconsejeros y dos exdirectores de Administración y Finanzas de la agencia IDEA, ya que contra ellos “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación --relevante penalmente-- en los hechos por los que se procede en la presente causa”.

En este sentido, y en el caso de los exconsejeros, el juez argumenta que no constan en las actuaciones “indicios suficientes de que, en su calidad de sucesivos titulares de las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar los ”Planes Personales de Inserción (PPI)“ de los extrabajadores de Delphi, habrían tenido deliberada participación en tales hechos”.

Añade el magistrado que “la implicación” de tales consejeros, superiores de los cuatro exvinceconsejeros investigados, “no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían podido tener conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación”.

En el auto, el magistrado explica que, en esta pieza separada, se investiga la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, “articuladas, en su mayor parte, mediante pólizas de prejubilación, y derivadas de convenios suscritos en el año 2009 así como de resoluciones dictadas y órdenes de pago firmadas a lo largo de los años 2009 y 2010, fundamentalmente”.

Así, el juez indica que estas “subvenciones y ayudas irregulares” fueron satisfechas “a la postre” por la agencia IFA/IDEA con cargo a fondos públicos a través del programa presupuestario 31-L “sin sumisión a procedimiento legal alguno”, ascendiendo el importe de “estas supuestas ”subvenciones“, graciosamente concedidas por la Junta de Andalucía”, a 261 millones.

El instructor precisa que dichos fondos “habrían sido arbitrariamente concedidos y dispuestos, fundamentalmente, para atender el pago de compromisos financieros, así como los acuerdos suscritos, vinculados --formalmente-- al cierre de la empresa”, y todo ello “mediante la financiación de un seguro de rentas en favor” de los extrabajadores de Delphi afectados, en particular pólizas de seguro de prejubilación a dichos extrabajadores por importe de 250.507.099 euros; pólizas de seguro de prejubilación para extrabajadores de la industria auxiliar de Delphi por importe de 7.840.847 euros, o pólizas de seguro para extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar con incapacidad laboral en grado de permanente total por valor de 3.406.388 euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años y un mes de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso ERE por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en las ayudas a catorce extrabajadores de la empresa Fertiberia.

La sentencia, fechada el pasado 11 de septiembre y difundida este martes por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), condena además a Rivera a diez años y un mes de inhabilitación absoluta y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 682.598,50 euros, cantidad que se corresponde con las tres órdenes de pago que emitió y que determinaron los correspondientes abonos de las ayudas.

Por contra, los magistrados absuelven de dichos delitos a un exdirigente de CCOO y al propio sindicato como responsable civil subsidiario. Así, y en relación al primero, la Audiencia argumenta que “no se ha podido probar que existiera una contribución eficiente y causal” del exdirigente sindical más allá de su presencia en una reunión entre el comité de empresa y el entonces delegado de Empleo en Sevilla.

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para los dos acusados cinco años de cárcel y doce años de inhabilitación absoluta, así como que, en concepto de responsabilidad civil, el representante sindical indemnizara con 2.262.666,61 euros a la Junta, y que el ex alto cargo de la Junta restituyera de aquella cantidad el importe de 682.598,50 euros.

Condiciones de prejubilación tras ser excluidos del ERE

El tribunal considera probado que en octubre de 2003 Fertiberia interesó la tramitación de un ERE con la intención de extinguir 166 puestos de trabajo, aprobado por acuerdo entre empresa y trabajadores en diciembre de ese mismo año. Los trabajadores podían optar por ser incluidos en un plan de prejubilaciones mediante póliza de seguro en la que aparecía como tomador Fertiberia o por percibir una indemnización de 20 días de salario bruto por año de servicio, con un máximo de 12 meses. Adicionalmente se acordaron 77 traslados geográficos de los centros de la empresa en Cartagena y Sevilla y 12 de los trabajadores afectados interesaron de Fertiberia la finalización de la relación laboral mediante una baja incentivada entre marzo y mayo de 2004.

Los magistrados añaden que estos doce trabajadores tenían la intención, una vez desvinculados de la empresa, de recabar la ayuda de la Dirección de Trabajo para poder conseguir las condiciones de prejubilación a las que no habían accedido en el ERE, para lo que remitieron una solicitud individualizada y otra de forma colectiva al entonces titular de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y al delegado provincial de Empleo. Guerrero comunicó en octubre de 2004 a la consultora Vitalia la conformidad de su departamento a suscribir una póliza por cada uno de los doce extrabajadores de la empresa “a fin de facilitar la obtención de las condiciones de prejubilación a las que no habían podido acceder en el ERE”.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Supremo, recoge que la cantidad total a abonar ascendía a 2.162.608,44 euros, importe del que correspondía pagar a los antiguos trabajadores 541.509,18 euros, mientras que el resto sería abonado por la Junta, aunque posteriormente el monto a abonar por la Administración autonómica ascendió hasta los 1.947.931,30 euros en virtud de doce suplementos de pólizas que aumentaron la deuda por intereses moratorios debidos a impagos.

Los magistrados aluden a continuación a otras dos pólizas suscritas para otros dos extrabajadores de la empresa y explican que, para los pagos de todas las pólizas referidas, el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, dictó resoluciones que ordenaban a la agencia IDEA el traspaso de fondos públicos a la cuenta corriente de la entidad aseguradora.

Posteriormente, y una vez que tomó posesión como director general de Trabajo en abril de 2010, Rivera ordenó en septiembre de ese mismo año a IDEA el pago de 70.852,96 euros mediante transferencia a la cuenta de titularidad de Apra Leven para que fuera aplicada a algunas de las pólizas, tras lo que, el 29 de octubre, ordenó a IDEA el pago de otros 464.863,22 euros a Grupo Generali España para que fuera aplicado a otras de las pólizas, de forma que las transferencias “se realizaron en todos los casos de fondos públicos”.

No existía expediente de tramitación de la ayuda

La Sección Primera de la Audiencia agrega que, en la gestación de la ayuda concedida por la Dirección de Trabajo, “existió una falta completa de tramitación de expediente administrativo, sin que, a fecha de su concesión, el titular de dicha dirección general ostentara delegada la competencia para la adjudicación de dicha ayuda, porque correspondía al titular de la Consejería de Empleo”, y precisa que “la decisión adoptada por el entonces director general de Trabajo culminó con pagos procedentes de fondos públicos por importes de 1.947.931,30 euros que fueron ingresados en la cuenta bancaria de Vitalicio Seguros/Grupo Generali España y de 317.735,28 euros que se ingresaron en la cuenta bancaria de Apra Leven”.

Los magistrados aseveran que, “a pesar de que en las respectivas resoluciones dictadas” por el ex alto cargo condenado que ordenaban los pagos referidos a la agencia IDEA, “se mencionaba que en la Dirección General obraba el expediente completo de la tramitación de la ayuda, dicho expediente no existía, porque se había prescindido de una forma total del procedimiento legalmente establecido”.

“Al entonces director general le constaba que no existía ninguna base reguladora, que no se había dado publicidad a la concesión de las ayudas y que no se habían determinado los requisitos que debían cumplir los beneficiarios”, sostiene el tribunal, que añade que “conocía que no hubo fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo ni seguimiento la aplicación del importe de la ayuda concedida”.

Por todo ello, la Sección Primera concluye que el condenado es autor de delitos de prevaricación y malversación “por su concreta intervención en las órdenes de pago que determinaron el abono de un total de 682.598,50 euros a las pólizas de las que resultaron beneficiarios los antiguos trabajadores de Fertiberia”. El tribunal considera que “no se ha acreditado que nos encontremos ante ayudas sociolaborales amparadas por la partida 31L”, avalada en la sentencia del Supremo sobre las ayudas a Acyco, ya que los destinatarios no son “trabajadores de Fertiberia” sino personas ajenas a la empresa, que solicitan unos beneficios económicos que faciliten su prejubilación“, remarcando además ”la ausencia de fin público“.

Un voto particular pide absolver a Rivera

La sentencia cuenta con el voto particular de unos de los tres magistrados que conforman el tribunal, Pedro Izquierdo, quien considera que el ex director general de Trabajo condenado debería haber sido absuelto, ya que “los beneficiarios” de las ayudas “no son personas ajenas a la empresa sino trabajadores de la misma a los que en el transcurso de la reestructuración laboral se les ofreció la posibilidad de finalizar sus contratos de trabajo para poder cobrar las citadas indemnizaciones”.

“Tal circunstancia supone una conexión funcional, personal y cronológica entre Fertiberia, de la que provienen las indemnizaciones aportadas para solicitar la ayuda, y los beneficiarios de las pólizas como trabajadores de aquella, aunque Fertiberia no conste en las mismas, que impide considerarlos como sujetos absolutamente ajenos a ella, supuesto este último que sí sería, en su caso, merecedor de reproche penal”, concluye el voto particular del magistrado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de 22 meses y 15 meses de cárcel, respectivamente, a dos acusados en una pieza separada del caso ERE por recibir ayudas económicas mediante pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos dada su “relación de amistad o vecindad” con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, mientras que ha absuelto a otras tres personas en relación con estos hechos, dos empleados de la consultora Vitalia S.A. y la hija de uno de los dos condenados.

En la sentencia, fechada el pasado 9 de septiembre y notificada este viernes a las partes, el tribunal condena a Alejandro M.T. como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y un año y diez meses de prisión y tres años y ocho meses de inhabilitación absoluta por la malversación. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Junta en la cantidad de 333.072,07 euros, correspondiente al total percibido por la suscripción de las pólizas.

A la hora de imponer estas penas, el tribunal tiene en cuenta “la intensidad de reproche que merece su conducta, orientada a lucrarse a costa de fondos públicos sin más mérito que el favor buscado de su amigo como director de Trabajo”, añadiendo que, “al resultar así favorecido, se situó por encima de otros ciudadanos y se lucró ilícitamente a costa de fondos públicos en una no desdeñable suma de 333.072,07 euros que fue percibiendo durante un largo periodo de tiempo y le permitió enriquecerse y engrosar su patrimonio en detrimento, con toda seguridad, de la consecución de los lícitos fines sociolaborales que habrían sido cubiertos con las cantidades defraudadas”.

Asimismo, los magistrados condenan a Rafael R.G. por esos mismos delitos aunque con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, y le imponen dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y un año y tres meses de cárcel y dos años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. De igual modo, y en concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la Junta con 91.196,76 euros, cantidad correspondiente al total percibido por la suscripción de las pólizas y de la que será detraída la suma de 54.880,03 euros que ya consignó en la cuenta del Juzgado de Instrucción, y que deberá ser reintegrada a la Administración autonómica.

En este caso, la Audiencia tiene en cuenta que, “ya desde su primera declaración, ante la posible ilicitud de su conducta, se mostró proclive a devolver el dinero y así lo hizo en gran parte hasta completar una consignación de 54.880,03 euros a resultas de su responsabilidad”, lo cual “debe tener una repercusión positiva en la individualización de la pena”.

En la sentencia, difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultada por Europa Press, el tribunal considera probado que Guerrero mantenía “relaciones personales de amistad y/o vecindad” con los condenados y con otras dos personas ya fallecidas y “aprovechó que tenía a su disposición fondos públicos de la Junta y, careciendo de competencia para ello, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y sin que existiera un fin público para su aplicación, benefició con dinero público” a las cuatro personas aludidas “por el mero hecho de tratarse de personas de su entorno personal, lo cual supuso un quebranto de los intereses generales”.

Los magistrados precisan que, “en la operativa para la consecución del fin propuesto, que no era otro que materializar sin justa causa ese beneficio personal”, el entonces director general de Trabajo “ordenó a favor de los mencionados pagos en forma de rentas con cargo a fondos públicos de la Junta a través de la suscripción de pólizas de rentas de supervivencia y de capital diferido en las que les hizo figurar como asegurados y beneficiarios con la finalidad de que aquéllos vieran aumentados indebida y considerablemente sus ingresos mediante elevados importes”, todo ello “pese a que estas personas eran ya beneficiarias de otras pensiones, prestaciones o ayudas públicas”.

Según la sentencia, las cuatro personas mencionadas, como beneficiarias de las pólizas, “estuvieron cobrando durante años las sumas” expuestas en la sentencia, y ello “pese a que eran plenamente conscientes, ausente cualquier derecho a percibirlas con respaldo legal, de que sólo su relación o vinculación personal con el director general de Trabajo las habilitaba”.

Los magistrados detallan la existencia de un “sistema de pagos cruzados” consistente en “destinar parte del importe de las primas de esas pólizas de empresa, ya en poder de las aseguradoras, a pagar las primas de las pólizas individuales que se contrataban por indicación” del director general de Trabajo “en beneficio de unos particulares que, ausente cualquier vinculación con las empresas en cuestión o con cualquier otra, se enriquecían de modo consciente por el solo hecho de tener algún tipo de relación o vinculación de índole personal” con Guerrero.

Así, y “siguiendo órdenes” del responsable de esta Dirección General, “los pagos los hacían directamente las aseguradoras a los particulares beneficiarios, con lo que se eludía cualquier control administrativo, financiero y presupuestario dado que el movimiento de fondos públicos carecía de reflejo en la contabilidad de la Junta y también en la de la agencia IDEA”, asevera la Audiencia.

El tribunal subraya que, de esta forma, el entonces director general de Trabajo, “en connivencia” con los dos condenados y las otras dos personas ya fallecidas, logró que su departamento “se hiciera cargo de las pólizas en su totalidad sin responder a ningún interés general, público o social, sino sólo para enriquecer con los fondos públicos andaluces a personas de su entorno personal, siendo esto consentido por los mencionados acusados, quienes contribuyeron de forma activa y determinante para ello”.

Por todo ello, los magistrados consideran que “el dinero público distraído se concedió gratuitamente por el director de Trabajo sin competencia para ello, sin crédito suficiente, y de forma arbitraria, prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido con grave perjuicio a las arcas públicas”, lo que “permitió que se lucraran injustamente particulares, con los que tenía vinculación personal, a expensas de fondos de la Junta”.

En este sentido, inciden en que “el hecho de que las personas favorecidas resultaran beneficiarias de estas pólizas no estaba relacionado con ningún ERE ni con ninguna circunstancia referida a sus respectivas vidas laborales y sí, solamente, con el vínculo o relación que mantenían” con el director general de Trabajo “a título particular”, mientras que, “en sentido inverso, este último, alejado de un fin de interés general, destinó dinero público que gestionaba en función de su cargo a favorecer económicamente a unos particulares por el mero hecho de tener con ellos una relación privada o personal, ya fuera de amistad, de vecindad o derivada del hecho de compartir afiliación a un mismo partido político”.

De otro lado, el tribunal indica que la consultora Vitalia S.A. fue la encargada de la tramitación de todas las pólizas de seguro, pero no ha podido acreditar la participación específica de los dos trabajadores acusados en la gestión y tramitación de las pólizas“. También absuelven a la hija de uno de los dos condenados porque ”no se ha constatado que solicitara al director general de Trabajo la ayuda económica para su padre, ni que se prevaliera de su amistad“ con él.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el nombramiento del magistrado Álvaro Marcos Martín Gómez, como nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, un puesto vacante desde noviembre de 2021 tras la jubilación del magistrado Damián Álvarez después de 13 años al frente de la institución, extremo derivado del prolongado bloqueo en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial por la falta de acuerdo político.

El magistrado Álvaro Marcos Martín Gómez cuenta en su trayectoria con haber instruido parte de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

De hecho, fue el juez instructor que, allá en mayo de 2016, ordenó la continuación por el trámite del procedimiento abreviado de las diligencias correspondientes al mecanismo de financiación de los ERE, es decir la denominada como “pieza política”; con relación a más de una veintena de exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas condenas dictadas por la Audiencia y confirmadas por el Supremo fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, con la orden de emisión de nuevas sentencias, extremo objeto de una cuestión prejudicial del órgano provincial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La candidatura de Álvaro Martín, actualmente magistrado en la Sección Cuarta de la Audiencia, ha prosperado así sobre las cuatro candidaturas restantes que concurrían al cargo de la Presidencia de la Audiencia, vacante desde 2021.

En concreto, tras ser efectiva el 28 de noviembre de 2021 la jubilación de Damián Álvarez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía designar a un nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla.

No obstante, el CGPJ estaba entonces pendiente de su renovación por falta de acuerdo político entre el PSOE y el PP y, por tanto, ejercía sus responsabilidades en funciones, pesando una proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos en marzo de 2021, que impide que la entidad pudiese hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato; extremo por el cual el CGPJ acumuló decenas y decenas de nombramientos pendientes.

Dado el caso, la falta de acuerdo político para la renovación del CGPJ impedía la resolución del nombramiento del nuevo presidente/a de la Audiencia de Sevilla, siendo la misma asignada en funciones al magistrado más antiguo de la institución, en ese caso el juez Juan Márquez, sucedido a su jubilación forzosa por su hermano Rafael en esta responsabilidad interina.

Pero tras el acuerdo político alcanzado meses atrás para la renovación del CGPJ, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el cuerdo de fecha 12 de febrero de 2025, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocaba al fin la provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Además, el pleno del CGPJ ha nombrado en paralelo a José Muñoz Pérez, vocal togado del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, con empleo de comandante auditor.

Del Río, reelegido

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido a Lorenzo del Río como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para un tercer mandato, en el marco del total de 26 nombramientos a los que ha procedido este miércoles, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota de prensa.

Del Río, que ha estado en funciones en el puesto desde 2021, afronta así el que será su tercer mandato al frente de la presidencia del alto tribunal andaluz, un puesto para el que es ratificado para cinco años, si bien su jubilación está prevista en diciembre de 2028, con 72 años, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press en el TSJA.

El CGPJ ha ratificado también este miércoles a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cargos que ocupaban ya de forma interina, tras la retirada de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, para desencallar ambos nombramientos en puestos clave.

El pasado noviembre, Del Río enmarcó en una decisión “muy meditada” el haberse puesto a disposición del CGPJ para optar a su tercer y último mandato al frente del alto tribunal andaluz, pues se mostraba consciente del tiempo que había transcurrido en dicho cargo si bien se había “visto animado por muchos compañeros a hacerlo”.

“Tanto integrantes de Sala de Gobierno, con responsabilidades también en órganos gobernativos, me han insistido y me han visto con ganas, con ilusión, con compromiso”, relató a preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz después de que trascendiera que optará a la reelección como presidente del TSJA una vez que el CGPJ convocó la plaza, junto a la de otros cuatro tribunales superiores por vencimiento de mandato.

Lorenzo del Río tomó posesión de su cargo en diciembre de 2010 y fue reelegido en enero de 2016, por lo que llevaba en funciones en concreto desde enero de 2021. Antes de llegar a la presidencia del TSJA, donde sustituyó en el cargo a Augusto Méndez de Lugo, presidió durante doce años la Audiencia Provincial de Cádiz.

La Audiencia de Sevilla ha decidido finalmente plantear cuatro cuestiones prejudiciales sobre el caso de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon total o parcialmente las condenas a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán,  como había solicitado el pasado febrero la acusación representada por el PP.

En un auto fechado el 14 de julio y notificado este martes a las partes personadas en este procedimiento, contra el que no cabe interponer recurso alguno, los magistrados dejan en suspenso la ejecución de las sentencias“ del TC hasta que la Justicia Europea resuelva si el Tribunal de Garantías en España se ha extralimitado, si ”podría haber suplantado la función de interpretación del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior -que ratificó las condenas a los dirigentes socialistas-, si erró al considerar que aprobar un anteproyecto de ley “no es un acto administrativo”, y si esa conclusión misma no vulnera el Derecho de la Unión y su jurisprudencia en la lucha contra delitos asociados a la corrupción.

La Audiencia ha considerado “imprescindible” el planteamiento de estas cuestiones prejudiciales para “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad en la lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecta a los intereses de la Unión y contra la corrupción en general” (...), y para “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

La resolución de la Audiencia llega después de tres jornadas de deliberación entre abril y mayo, y de que los propios jueces de este tribunal impidieran a la Junta personarse en un caso que, desde 2009, revisó el proceder de los gobiernos socialistas en Andalucía en la concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis en la primera década del siglo XXI, llevándose por delante a la cúpula de los ejecutivos de Chaves y Griñán.

Es de recordar que la Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la llamada 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a exaltos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados. Más lejos queda ya el fallo del Supremo de septiembre de 2022 que ratificó las condenas por delitos de prevaricación y de malversación de la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia de Sevilla.

“Esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC (…), sin haber llevado a cabo ponderación alguna de los intereses de la UE en juego, resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia”, concluyen ahora los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia.

“Interpretación restrictiva de la legalidad penal”

La resolución de los jueces es especialmente dura con las sentencias del Constitucional que en su momento barajó impedir que la Audiencia acudiera a la Justicia Europea, entendiendo que era la primera vez que un juzgado ordinario se rebelaba contra el Tribunal de Garantías.

Según el escrito de la Audiencia, las sentencias del TC “estiman una vulneración del principio de legalidad penal nacional de altos cargos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía condenados por los tribunales penales ordinarios (Audiencia Provincial de Sevilla y Tribunal Supremo) por prevaricación y malversación, e imponen a los tribunales españoles una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción.

“Al entrañar una absolución o rebaja casi integral de las penas impuestas a los condenados, se permite un escenario de impunidad de los delitos cometidos entre 2000-2009 por los altos cargos y responsables políticos de la Junta (Consejo de Gobierno, consejera de Hacienda, consejero de Empleo y directores generales de las consejerías y director de las entidades colaboradoras) y sus cooperadores y colaboradores”, reza el escrito.

La interpretación que realiza el TC de los delitos de prevaricación y malversación, insisten los jueces, “se vincularía genéricamente con la exención de responsabilidades a todo hecho o actuación realizada en el marco de la iniciativa legislativa presupuestaria”, una interpretación que, según la Audiencia, “es susceptible de originar un ámbito de impunidad que habría de resultar incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, porque impide determinar las posibles responsabilidades penales, civiles y contables de aquellos que, mediante un acto naturalmente ilícito -pero que en el caso de las sentencias del TC se considera atípico-, inician un trámite legislativo para crear leyes presupuestarias que persiguen un fin fraudulento, prohibido y contrario a las normas de la Unión Europea y sus intereses financieros”.

Los magistrados citan la “desprotección del patrimonio público”, la “dejación del deber de garantizar el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios a cuyo cargo se encuentran los bienes” de la Administración Pública, y el “incumplimiento de la normativa europea de lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión y la corrupción en general”.

La resolución de la Audiencia de Sevilla vuelve a cuantificar el fraude de los ERE en 680 millones de euros, la cifra total del fondo con el que la Junta pagó las ayudas sociolaborales (las legales y las ilegales) durante más de una década. A juicio de los magistrados, tampoco se puede “soslayar la consideración de que los miembros del Gobierno de una Comunidad Autónoma no son irresponsables y no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos”, pues “no está previsto nada similar en la Constitución ni está justificada en un Estado de Derecho la pretensión de situar a los miembros del Gobierno, en cualquier ámbito, por encima de la Ley”.

El tribunal concluye que “resulta incompatible con los compromisos de España con la UE mantener la irresponsabilidad de los miembros del Gobierno de una comunidad autónoma por su actuación en la elaboración, aprobación o elevación al Parlamento respectivo de proyectos de ley con el propósito de distribuir de forma ilegal subvenciones por importe de 680 millones de euros y durante un periodo de diez años”, asevera el tribunal.

El planteamiento de la Audiencia

El pasado marzo, los jueces de la Audiencia solicitaron por escrito a las partes que en un plazo de diez días presentaran “alegaciones” sobre el planteamiento antes de dictar nuevos pronunciamientos, cuestionando las sentencias del Constitucional siguiendo el posicionamiento del PP. Algo más tarde, la Audiencia desafió al tribunal de garantías y preguntó para qué quería el detalle de una providencia del caso ERE.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Constitucional anunció que no tomaría ninguna medida para impedir que la Audiencia llevara el caso a Europa si así lo decidía. El pleno, tras dos días de deliberaciones, decidió no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal sevillano como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explicó en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo”.

La Audiencia, después de que el PP pidiera pide llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos precisamente “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Los jueces de la Audiencia fueron más a lo concreto y preguntaron a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

También cuestionó la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, pregunta por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

El Tribunal Supremo ha resuelto la inadmisión de una querella de la Asociación Preeminencia del Derecho contra siete magistrados del Tribunal Constitucional y el representante de la Fiscalía ante dicha instancia por la sentencia que anuló la condena de la Audiencia de Sevilla al expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves por presunta prevaricación en el caso ERE, rechazando al tiempo la petición de plantear por sí mismo una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En una sentencia emitida el pasado 4 de junio y recogida por Europa Press, el Supremo expone que dicha asociación atribuía a los siete miembros del Constitucional y al representante de la Fiscalía posibles delitos de prevaricación dolosa, del artículo 446 del Código Penal, y presunta “cooperación judicial con una trama criminal organizada”.

En su querella, según el Supremo, la asociación promotora de la misma consideraba que la resolución del Tribunal Constitucional, anulando las condenas de la Audiencia de Sevilla a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los ERE, entre ellos los expresidentes socialista de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y ordenando a dicha instancia dictar nuevas sentencias respecto a los mismos pero conforme al nuevo criterio introducido por el propio TC; vendría a “dar cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita y analizada por el Tribunal Supremo, que ha conducido a la impunidad de la mayor parte de los recurrentes”, tomando la querellante dichas expresiones, según afirma, “de uno de los votos particulares de la sentencia” del TC.

Y es que la querella, según precisa el Supremo, no afecta a “los cuatro magistrados/as que formularon votos particulares” al citado pronunciamiento del TC por mayoría de siete miembros del tribunal. Según la querella, indica el TS, “los magistrados/as que dictaron la sentencia han venido a desempeñar una función auxiliadora al PSOE, formación política con la que aparecen particularmente vinculados, de uno u otro modo”, según la asociación.

Ante ello, el Supremo avisa de las “innumerables resoluciones en las que” señala ya que “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”.

“Interminables dúplicas y réplicas”

“Los criterios y razonamientos que se contienen en las sentencias del Constitucional, como en las de este Tribunal Supremo, en las pronunciadas por la Audiencia Provincial de Sevilla o por cualquier otro órgano jurisdiccional pueden ser o no compartidos por los diversos operadores jurídicos”, indica el TS, avisando de que ello “no convierte las resoluciones frente a las que, cada quién, pueda discrepar en objeto del delito de prevaricación”.

“Es evidente que unas u otras tesis (...) podrán o no ser compartidas. Pero no es menos obvio que los procedimientos judiciales han de tener un final, sin que puedan quedar indefinidamente sujetos a interminables dúplicas y réplicas entre los diferentes órganos llamados a resolverlos. Ello determina la necesidad de que, ya sea por razones de distribución jerárquica funcional ya por razones de estricta competencia, el ordenamiento jurídico haya de señalar, en cada caso, el órgano a quien corresponde pronunciar al respecto la última palabra. Y con relación a cualquiera que fuese dicho órgano, --según los casos, el Constitucional, el Tribunal Supremo o cualquiera otro Juzgado o Tribunal--, bien vale recordar aquella célebre expresión de 'no somos los últimos porque seamos infalibles; somos infalibles porque somos los últimos'”, explica el Supremo sobre la máxima de que las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado“.

Tampoco accede a la pretensión de la parte querellante “de que se activen por este Tribunal Supremo los mecanismos para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la compatibilidad de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el derecho comunitario”.

“Si la competencia del Constitucional se concreta, por lo que ahora importa, en la protección de los derechos contenidos en la Constitución y si, con relación a esta materia, resulta el máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales, casi podría decirse que 'va de suyo' que sus decisiones al respecto no estén sujetas al enjuiciamiento, a la revisión, de cualquier otro órgano jurisdiccional, pues, de no ser así, ya no sería aquél sino éste quien ostentara la referida atribución”; indica el Supremo, precisando que “cuestión diferente sería que, en el marco de la ejecución de lo resuelto por el Constitucional, algún órgano jurisdiccional entendiera que lo decidido en el caso concreto pudiera contravenir el derecho de la Unión, resultando incompatible con éste”.

“Frente al conflicto de deberes que, en tal hipótesis, surgiría para el órgano jurisdiccional (el de cumplir lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el de ajustarse también a la aplicación del derecho de la Unión), únicamente resultaría posible el planteamiento de la cuestión prejudicial”, señala el Supremo, en un marco en el que la Sección Primera de la Audiencia sopesa por su parte una cuestión prejudicial al TJUE por el asunto, como órgano emisor de la sentencia inicial sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE.

“En todo caso, y por lo que aquí importa, incluso en la hipótesis de que así fuera, ello no determinaría, en sí mismo, la existencia del delito que sustenta la presente querella, que igualmente debería ser archivada”, sentencia el Supremo, que no admite así la querella.

La Audiencia de Sevilla ha resuelto dejar fuera del caso ERE al Gobierno de Juan Manuel Moreno “al no ser parte en la presente causa” y pedir antes de la celebración del juicio el sobreseimiento de la misma y la reserva de acciones civiles.

Ese es el único argumento con el que el tribunal sevillano ha frustrado la reciente solicitud de la Junta de personarse en el procedimiento, tras censurar ante la Audiencia las “injerencias no permitidas” del Tribunal Constitucional en el fallo que anuló las condenas a los principales responsables del caso.

En una providencia fechada el pasado 29 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico, los jueces estiman que “no ha lugar” a lo solicitado por la Junta, “al no ser parte en la presente causa, habiendo solicitado, antes de la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles”.

Dos días antes, los expresidentes del PSOE y del Gobierno de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros cuyas condenas por el caso ERE anuló el Tribunal Constitucional, alegaron en contra de la personación de la Junta que la Audiencia de Sevilla acaba de rechazar.

Cabe recordar que la Audiencia de Sevilla acordó el año pasado la constitución de un nuevo tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE, después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Con esta decisión, el tribunal sevillano cierra la puerta a una nueva intervención de la Junta en el procedimiento, por lo que supone un revés para el Ejecutivo andaluz, que aspiraba a reforzar su postura de apoyo a llevar el caso ante instancias europeas.

Los expresidentes del PSOE y del Gobierno de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros cuyas condenas por el caso ERE anuló el Tribunal Constitucional, han alegado en contra de la personación de la Junta, que recientemente ha solicitado formar parte de la causa censurando ante la Audiencia de Sevilla las “injerencias no permitidas” del tribunal de garantías.

La Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución de un nuevo tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Así las cosas, tal y como había pedido el pasado mes de febrero la acusación representada por el PP, la Audiencia había dado a todas las partes un plazo de tres días para presentar alegaciones en relación con los escritos presentados por la letrada de la Junta de Andalucía. Las defensas de los exdirigentes socialistas han expuesto unos argumentos coincidentes, de acuerdo a las fuentes de las defensas, en su “frontal oposición” a la pretensión de personación de la Junta y al planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En unos de esos escritos de alegaciones, la representación legal de un exconsejero explica a la Audiencia de Sevilla que la Junta “expresamente renunció y se desistió de su condición de parte procesal” en el procedimiento (“no formuló acusación, no intervino en el juicio, quedó fuera del circuito de notificaciones”), lo cual con lleva que su pretensión sea “incoherente, inconsistente e intempestiva”, y esté “huérfana de sustento jurídico”.

La Junta estuvo personada como acusación particular en los ERE hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

Parte en la instrucción, dejar de serlo en el juicio y volver a serlo en la fase de ejecutoria

Según este exconsejero aquella fue una decisión “bien sopesada y argumentada” en un escrito “señero” y “sólidamente fundado en Derecho” mediante el cual el gabinete jurídico autonómico “marcó distancias” con la Fiscalía y el Ministerio Fiscal se situó en una línea “de coincidencia troncal con buena parte de los postulados de la defensa”. “Esos mismos que, al fin y a la postre, ha hecho suyos y dejado establecidos el Tribunal Constitucional a través de las sentencias” que ha venido dictaminando.

Además de alabar a “los letrados, funcionarios altamente cualificados, de aquel gabinete jurídico”, el actual escrito de la Junta tiene “pseudoargumentos” que “son baladíes y de pura oportunidad” al objeto de “intempestivamente dar una imposible marcha atrás en el tiempo para, en pirueta jurídica incalificable, prodigiosamente volver a ser esa parte procesal que, irreversiblemente y por su propio designio, ya hace mucho que dejó de ser”. Además, “ninguna novedad aportan al debate tales extemporáneas alegaciones” por parte de la Junta, apunta este exconsejero.

“No se puede, no se debe intentar, de manera jurídicamente caprichosa, ser parte procesal en la fase de instrucción, dejar de ser parte en la fase de juicio y volver a ser parte en la fase de ejecutoria del proceso”, critica en las alegaciones, y “mucho menos admisible por virtud de un dicterio de orden político emanado en forma de Orden del consejero [de Presidencia, Antonio Sanz] del que orgánicamente depende el gabinete, cuyo expediente completo sería de alto interés conocer, y en concreto el informe jurídico que le dé sostén”.

La defensa de este ex alto cargo apunta que “se puede estar o no de acuerdo con los planteamientos de fondo y las decisiones contenidas” en las sentencias del Constitucional, pero la Audiencia de Sevilla no debe albergarlas al tener en cuenta que “el Tribunal Constitucional, al dictarlas, no ha excedido su ámbito natural y plenamente legítimo de actuación, sin exceder los límites reservados a la jurisdicción y sin incurrir en valoraciones probatorias y juicios de subsunción alternativos, sino limitándose al control constitucionalidad que le corresponde”.

La Junta de Andalucía apoya el planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras las sentencias del Tribunal Constitucional en el caso ERE. Su gabinete jurídico ha formulado cuatro alegaciones a otros tantos aspectos expuestos por la Audiencia de Sevilla en marzo para que las partes se posicionaran antes de dictar nuevos pronunciamientos.

Ya entonces la Audiencia cuestionaba en cierto modo las resoluciones del Tribunal de Garantías, siguiendo el posicionamiento en febrero del PP, que ya es parte personada y que sugería que las sentencias del TC podrían no ser del todo compatibles con el Derecho de la Unión Europea.

En una providencia fechada este 16 de mayo, la Sección Primera da traslado a las partes de los escritos presentados por la letrada de la Junta para que presenten alegaciones en un plazo de tres días. Pero, ¿qué ha dicho la Junta ante el tribunal de la Audiencia Provincial? Entre otras muchas cosas, que en las diez sentencias de amparo del TC a ex altos cargos del PSOE en el gobierno autonómico “se apreciarían ejemplos de las injerencias no permitidas, entrando el Tribunal Constitucional en la interpretación normativa de los tipos penales de prevaricación y de malversación”, y que “sustentan luego su fallo”.

El escrito de la Junta se presentó el 12 de mayo, tal y como anunció en Madrid en la misma fecha el presidente Moreno. Ese día, la Consejería de Presidencia dispuso ordenar al Gabinete Jurídico de la Junta para personarse, como parte, en la ejecutoria de esta pieza de los ERE “al ostentar un interés legítimo, para ser oída respecto al planteamiento de la cuestión prejudicial”, todo ello “sin necesidad de la retroacción del procedimiento”, según consta en los escritos remitidos por la Junta a la Audiencia, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

La Audiencia, después de que el PP pidiera llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos “si el Tribunal Constitucional se había extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales [ordinarios] al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

La “valoración probatoria”

La Junta considera en ese punto que esos “ejemplos de las injerencias no permitidas” serían “apreciaciones” que “supondrían una valoración de elementos de prueba desde la perspectiva penal y procesal penal y no desde la propia, limitada, de la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal”.

Entre esos 'ejemplos' está lo dicho en la sentencia del recurso de amparo de Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda, al aludir a “la lesión de este derecho fundamental se produce por haber efectuado los órganos judiciales una interpretación y subsunción de los hechos en la norma penal que no se corresponde con la interpretación de los elementos típicos comúnmente aceptada por la comunidad jurídica”.

O cuando en la sentencia al recurso de amparo de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, se dice que “[…] es completamente imprevisible calificar como disposición ilícita la actuación conforme a los procedimientos y controles expresamente establecidos en las sucesivas leyes de presupuestos, como normas que tienen el mismo rango legal que cualquier otra ley. Y sin resultado típico susceptible de válida subsunción en la norma penal”.

En este sentido considera la Junta que las sentencias del TC “habrían contrariado la norma capital del artículo 2 del TJUE que propugna como valor de la Unión el respeto al Estado de Derecho”. “En este caso, el respeto a los principios del Estado de Derecho español (artículo 1.1 de la CE) que, como arriba hemos visto, y sobre la base del artículo 117.3 de la CE y sobre el basamento de la LOPJ, restringe el ejercicio de la potestad jurisdiccional penal, exclusivamente, a los Juzgados y Tribunales del Orden Penal, entre los que no se encuentra el Tribunal Constitucional con una función propia, diferencia y limitada”, dice.

Los jueces de la Audiencia fueron más a lo concreto y preguntaron a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

En ese punto, la Junta dice que las sentencias del TC deben pronunciarse “en exclusiva, desde la sola perspectiva constitucional, sobre la vulneración posible del derecho fundamental a la legalidad penal” pero “sin embargo” valoran “materialmente” la “valoración probatoria de la prueba pericial de la IGAE hecha por la Audiencia Provincial y ratificada en su conformidad por el Tribunal Supremo”.

Aquella prueba, clave en la causa y base de las acusaciones, fue encargada por la primera jueza que instruyó el caso ERE, Mercedes Alaya, a un equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda entonces en manos de Cristóbal Montoro (2011-2018).

Como consecuencia de ello, dice la Junta que “la propia valoración de los tribunales penales hecha en el ámbito de su propia jurisdicción penal” dejan “impropiamente, al margen de la intervención del Derecho Penal, los actos relativos a la presupuestación”, provocando “que escapen de la protección que el Derecho Penal confiere a la Administración y, con ello, y en este caso, a su patrimonio público”.

Para la Junta, en este sentido, el TC habría “contrariado la norma de los artículos 1 y 2 del Convenio de Bruselas de 26 de julio de 1995, dejando con ello desamparada la recuperación de fondos públicos afectados por actuaciones que podrían ser constitutivas de delito por sus consecuencias últimas directas en el ámbito de una gestión puramente administrativa que no escapa en ningún caso de la protección del Derecho Penal”.

“Innegable afectación negativa al resarcimiento económico”

La Junta, respecto a los otros dos aspectos, también apoya el planteamiento de la cuestión prejudicial. También cuestionó la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, preguntó por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

Dice la Junta que, tras la sentencia del Tribunal Supremo en septiembre de 2022 que ratificó las condenadas por delitos de prevaricación y de malversación de la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia de Sevilla, inició las actuaciones oportunas para el ejercicio de su acción civil a fin de procurarse el debido resarcimiento económico derivado de los hechos firmemente considerados como delitos y reclamable a las personas que fueron condenadas. De hecho, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que ya se está tramitando.

Argumenta la Junta que la fundamentación jurídica de las sentencias de amparo constitucional “restringirá, cuanto menos, dentro de la causa penal, el alcance material y el alcance temporal de los delitos y, con ello, el alcance económico subsiguiente, con afectación negativa consiguiente al contenido y a la extensión pecuniaria de la acción civil”, generando una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”, defendiendo el “interés legítimo” de su personación.

De hecho, en la Orden de la Consejería de Presidencia se dice que “a pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 28 millones de euros, lo que representa una pequeña fracción del total estimado de 679 millones de euros defraudados”. Cabe recordar que el Gobierno de Moreno pagará hasta 2026 las ayudas legales del caso ERE que el PP aún incluye en “el robo”.

Es de recordar también que la Junta de Andalucía ya estuvo personada, como parte perjudicada, hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

A pocas horas para que expire el plazo que se ha dado la Audiencia Provincial de Sevilla para decidir si eleva el caso ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la anulación total o parcial de las condenas a una decena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE dictada por el Constitucional, el presidente Juan Manuel Moreno ha anunciado, por sorpresa, que la Junta “va a volver a personarse” en el caso ERE “a lo largo del día de hoy o de mañana”.

“Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el [Tribunal] Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana (...) La obligación que tiene la Administración de la Junta es evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía”, ha asegurado, a la pregunta de una periodista sobre si considera “adecuado” que la Audiencia lleve el caso ERE ante la Justicia Europea.

El presidente andaluz ha evitado mencionar que esas sentencias a las que alude fueron anuladas hace un año por el Tribunal de Garantías, tras considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los líderes socialistas condenados.

Moreno ha hecho este anuncio a las puertas del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado este lunes en Madrid, y donde Alberto Núñez Feijóo ha convocado el Congreso Nacional del partido para el próximo julio, en previsión de que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales a final de año.

El mensaje del presidente andaluz de que la Junta “volverá a personarse” en el caso ERE para tratar de “recuperar los 700 millones” defraudados a la hacienda pública ha causado cierto desconcierto en instancias judiciales porque, hoy por hoy, no existe una pieza política abierta del caso ERE donde personarse.

Fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas por elDiario.es aseguran que se presentará “un escrito para personarse” ante la Audiencia Provincial, que es donde reside el procedimiento de la pieza política de los ERE, para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, pese a que estos fueron anulados luego por el TC.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que la Audiencia Provincial de Sevilla no ha reabierto la instrucción del caso ERE, aseguran que es el Gobierno de Moreno quien debe aclarar dónde se personan si, en este momento, no hay una causa abierta, y apuntan que será la Audiencia la competente en resolver la solicitud de personación de la Junta. “Habrá que ver el escrito y los argumentos”, concluyen las fuentes jurídicas consultadas, que no recuerdan ningún precedente parecido.

La Consejería de Presidencia, responsable de presentar este escrito, no ha proporcionado el documento de personación a este periódico, pero ha confirmado el registro de un escrito este mismo lunes ante la Audiencia de Sevilla “para apoyar que este órgano judicial acuda el Tribunal de la UE” tras las sentencias del Constitucional sobre el caso ERE“.

La Junta comparecerá en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo, pues considera que el Constitucional se ha “extralimitado en sus funciones y podría provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción de la historia de España”.

El Gobierno de Moreno, en consonancia con el planteamiento que ya hizo el PP, considera “que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE”. Ya entrada la tarde, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado en un audio remitido a los medios que “ha dado orden al gabinete jurídico de la Junta de proteger los intereses de los andaluces”.

Personación del PP

El PP ya estuvo personado como acusación particular en la llamada pieza política del caso ERE, que culminó con la condena del Supremo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exaltos cargos, por malversación y prevaricación.

La Junta de Andalucía también lo estuvo, como parte perjudicada, hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

A falta de conocerse la explicación técnica o jurídica para “volver a personarse” en el caso ERE, el anuncio de Moreno debe leerse en el momento político exacto en el que se produce, esto es, a pocas horas de que la Audiencia de Sevilla decida si acude a la Justicia Europea para preservar las condenas a los dirigentes socialistas, un escenario inédito que solicitó el propio PP como acusación particular personada en la causa, y que fuentes del Constitucional tildaron de acto de “rebelión”.

El presidente andaluz ha mostrado, desde el principio, su disconformidad con la anulación de las condenas que dictó el Tribunal de Garantías, y el mensaje de este lunes busca reabrir la pelea política -volviendo a reclamar el reintegro del dinero defraudado- pero también la vía judicial.

Reactivar los ERE tras el Constitucional

El proceso judicial que inició la jueza Mercedes Alaya hace 14 años culminó con la sentencia del Constitucional que, el pasado julio, anuló las condenas a Chaves, Griñán y el resto de la cúpula de los gobiernos socialistas, tras concluir que se habían vulnerado sus derechos de representación y a la presuncion de inocencia.

El Tribunal de Garantías obligó a la Audiencia de Sevilla a repetir las sentencias contra los altos cargos socialistas pero sin casi la totalidad de acusaciones que pesaron sobre ellos, y la Audiencia, en un giro sin precedentes, se rebeló contra la decisión del Constitucional y planteó una consulta prejudicial a las partes para decidir si eleva el caso ERE a la Justicia Europea.

Los populares han cargado duramente contra el fallo del TC, acusando a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, de “ilegítimo” y de actuar como juez y parte en beneficio de los socialistas. Estos, por su parte, se sintieron exculpados, aliviados y exhultantes por la anulación de condenas del caso ERE y en los últimos meses han salido en tromba para denunciar, de forma retroactiva, que todo el proceso fue una “cacería política, judicial y mediática” orquestada por el PP para arrebatarles el Gobierno andaluz.

En este acalorado contexto, y bajo el ruido de tambores electorales tanto en Madrid como en Andalucía, Moreno ha puesto el contador a cero del caso ERE, reactivando un proceso que, hoy por hoy, no tiene ninguna instrucción abierta, y apelando al montante global de los fondos de la Consejería de Empleo con el que se pagaban las ayudas sociolaborales, esos casi 700 millones que incluyen las ayudas ilegales, pero también las legales que aún hoy sigue abonando su Administración.

Tras el anuncio hecho en Madrid, al presidente andaluz le han pedido que confirme si la Junta “se va a personar ante la Audiencia de Sevilla”, pero Moreno no ha respondido.

Moreno sigue pagando ayudas legales de los 700 millones de los ERE

Desde 2019, cuando el Ejecutivo andaluz del PP diseña sus primeros Presupuestos Autonómicos, hasta hoy, la Junta ha seguido presupuestando y abonando regularmente las ayudas legales del fondo de los ERE a miles de prejubilados salpicados por la causa judicial que Moreno insiste en incluir en “el robo de 680 millones”. Los populares, aún hoy, usan la cifra de la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales, que la Junta siguió abonando cuando Moreno llegó al poder, y que seguirá pagando hasta mediados de 2026, confirman desde el Ejecutivo andaluz.

El pasado junio, durante el debate de política general en el Parlamento andaluz, Moreno subió a la tribuna y explicó que la Junta, desde que gobierna el PP, ha ingresado más de 27 millones “de los 62 millones que la Justicia y el Tribunal de Cuentas han acordado para su devolución a las arcas públicas”, y que viene reclamando otros 135 millones en las decenas de piezas de la macrocausa de los ERE que siguen abiertas.

Lo que no dijo Moreno es que, cada año, su Gobierno consigna una cantidad en el presupuesto autonómico para seguir abonando las ayudas sociolaborales de pago directo y a través de la financiación de pólizas de seguro colectivo de rentas a los prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE. Sólo en su primer ejercicio presupuestario respaldado por Ciudadanos y Vox (2019), el Ejecutivo de Moreno pagó 35,7 millones en ayudas a los prejubilados de los ERE.

La jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía lo estimó en 741,6 millones y aquella sentencia, ratificada luego en el Supremo, rebajó hasta los 680 millones. Si bien parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo, como ahora admite con sus actos el propio Gobierno del PP.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido finalmente que va a deliberar durante tres días (24 y 29 de abril, y 13 de mayo) si lleva plantea o no una cuestión prejudicial sobre el caso de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como ha pedido la acusación representada por el PP, según figura en esta nueva providencia difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En marzo, la Audiencia de Sevilla solicitó por escrito a las partes que en un plazo de diez días presentaran “alegaciones” sobre ese mismo posible planteamiento antes de dictar nuevos pronunciamientos. La Sección Primera acordó la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Tribunal Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a exaltos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Constitucional anunció que no tomaría ninguna medida para impedir que la Audiencia de Sevilla llevara el caso a Europa. El pleno, tras dos días de deliberaciones, decidió no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal sevillano como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explicó en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo y en evolución”.

¿Qué planteó la Audiencia a las partes?

La Audiencia, después de que el PP pidiera pide llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos precisamente “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Los jueces de la Audiencia van más a lo concreto y preguntan a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

También cuestiona la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, pregunta por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

El Tribunal Constitucional no tomará ninguna medida que impida que la Audiencia de Sevilla lleve el caso de los ERE de Andalucía hasta Europa. El pleno, tras dos días de deliberaciones, ha decidido no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal andaluz como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explica en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo y en evolución”.

La decisión del pleno sigue la estela de lo afirmado hace unos días por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el Ateneo de Madrid. El magistrado rechazó que este debate fuera a desembocar en algún tipo de movimiento del tribunal para interceptar la posible cuestión prejudicial que estudia en estas semanas la Audiencia de Sevilla para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si está obligada a cumplir las sentencias del Constitucional que rebajaron la mayor parte de las condenas de los ERE de Andalucía.

Los miembros del tribunal de garantías analizaban desde hace semanas dos movimientos recientes de dos tribunales territoriales con un objetivo: preguntar a Europa si podían soslayar las sentencias del Constitucional, no ejecutarlas y plantear sus propios reparos a los tribunales internacionales. El primero en hacerlo fue el Tribunal Superior de Madrid, que en un pleito relacionado con un conflicto entre empresas VTC elevó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para preguntar si la sentencia del Constitucional sobre el caso era compatible con el derecho comunitario.

El segundo tribunal, que por el momento ha consultado a las partes si debe hacer un movimiento similar a instancias del PP, es la Audiencia Provincial de Sevilla. Sobre la mesa está la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta qué punto las decisiones del Constitucional, que redujeron a la mínima expresión las condenas de los líderes socialistas andaluces y llevaron a la excarcelación de muchos de ellos.

La iniciativa de ambos tribunales territoriales fue recibida con preocupación en sectores del Constitucional que consideraban “inédito” que pretendieran acudir a Europa para incumplir, en la práctica, sentencias del tribunal de garantías. Todo tras semanas turbulentas en su relación con el Tribunal Supremo, que en varios autos también relacionados tangencialmente con el caso de los ERE había incluso deslizado la posibilidad de poder encausar a los magistrados del Constitucional por prevaricación.

El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, encargó varios informes a los letrados del Constitucional, que informaron en contra de la posibilidad de interceptar de alguna manera esas cuestiones prejudiciales e intervenir en el proceso fuera de los cauces reglamentarios. Fue el propio magistrado el que descartó la posibilidad de ir más allá de una mera deliberación hace unos días en el Ateneo de Madrid.

“No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, explicó entonces.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, ha intervenido este lunes en un desayuno informativo del Ateneo de Madrid para referirse a uno de los grandes conflictos que atraviesa el tribunal en la actualidad: la intención de la Audiencia de Sevilla de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo las sentencias que ampararon a los condenados del caso de los ERE de Andalucía.

El presidente ha descartado que el debate que el pleno tiene señalado para esta semana tenga por objetivo interceptar esa posible cuestión de inconstitucionalidad aunque ha reconocido que se trata de un asunto “novedoso” porque, normalmente, estas cuestiones se presentan antes de dictarse sentencias firmes sobre el caso.

“Es un asunto controvertido, de actualidad, desde el Constitucional respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional, lo que hemos hecho es convocar un debate interno ante un asunto novedoso que afecta a nuestra jurisdicción. Es un debate sin respuesta de resolución, una reflexión interna”, ha explicado. “No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, ha explicado.

Es de recordar que la Audiencia de Sevilla, después de aceptar el envite del PP y plantear la posibilidad de que las sentencias del Constitucional no fueran “del todo compatibles” con el Derecho de la Unión Europea, en una diligencia de ordenación pidió recientemente al tribunal de garantías que explicara por qué y para qué le había reclamado la providencia en la que pedía a las partes que se posicionaran sobre la posibilidad de elevar una consulta a Europa.

La Fiscalía Anticorrupción se ha alineado con el criterio del Tribunal Constitucional (TC) en su oposición a que el caso ERE se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ha planteado la Audiencia de Sevilla a propuesta del PP y del sindicato ultraderechista Manos Limpias, personados como acusación particular.

El pasado julio, el TC anuló parcialmente las sentencias que condenaron por delitos de prevaricación y malversación a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exconsejeros de su Gobierno en la llamada pieza política del caso ERE. El Tribunal de Garantías consideró que se había vulnerado el derecho fundamental a la defensa de los dirigentes socialistas -“de legalidad penal”-, admitió el recurso de amparo de los condenados, y remitió el fallo al tribunal de origen para que rehiciera su sentencia teniendo esto en cuenta.

Pero la Audiencia de Sevilla, a instancias del PP y Manos Limpias, planteó elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE al considerar que el TC se había extralimitado en sus competencias al anular su sentencia y que sus valoraciones no eran compatibles con el Derecho de la Unión. El Ministerio Público se ha pronunciado ahora sobre este escenario, inédito hasta la fecha, rechazando de plano reabrir la causa en Luxemburgo, recordando que un tribunal ordinario no puede corregir ni cuestionar las decisiones del Tribunal de Garantías, que en este caso vela por los derechos fundamentales de los acusados.

“La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal”, reza el escrito de los fiscales Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga, delegados de Anticorrupción en Sevilla, presentado ante la Audiencia Provincial el pasado 1 de marzo.

La apelación del Ministerio Público cita en sus conclusiones una sentencia de 2022 del Tribunal de la UE, el mismo órgano al que la Audiencia sopesa remitir el caso ERE, que establece también que “la obligación de garantizar que tales delitos son objeto de sanciones penales eficaces y disuasorias no dispensa al órgano jurisdiccional remitente de verificar el necesario respeto de los derechos fundamentales”.

Los fiscales, por tanto, defiende que el TC ha actuado en el ejercicio de sus competencias sin trangredir ninguna normativa europea. “Ninguna duda existe de que el Tribunal Constitucional no se extralimita al anular una resolución judicial por entender que la misma incurre en aplicación extensiva o analogía in malam partem de un tipo penal pues, en tales casos, la interpretación del órgano jurisdiccional incurre en vulneración del principio de legalidad proclamado en el artículo 25” de la Carta Magna, reza el escrito.

La propia jurisprudencia del TJUE y del Supremo, que cita el documento, advierte de que las dudas sobre posible incompatibilidad del derecho nacional con el europeo “pueden ser resueltas por el propio tribunal nacional” y “desaconsejan el planteamiento de una cuestión prejudicial ante Luxemburgo: ”La duda expresada por el órgano jurisdiccional puede ser resuelta con arreglo a las normas del derecho interno sin apreciar incompatibilidad con la normativa europea“, concluye.

Los fiscales también impugnan lo afirmado por la Audiencia Provincial en su providencia del 18 de marzo, al afirmar que “el Constitucional no ha optado por una interpretación alternativa de los tipos penales de prevaricación y malversación”, como subrayaron los jueces del tribunal ordinario. “Las consideraciones que han conducido al Constitucional a alcanzar esta conclusión [esto es, que en realidad fue la Audiencia y el Supremo los que hicieron una ”interpretación extensiva“ y, por tanto, vulnera el derecho de legalidad de los condenados] no resultan irracionales y mucho menos arbitrarias”, subraya el escrito de los fiscales.

El PP carga contra la Fiscalía

La cuestión prejudicial que ha planteado la Audiencia de Sevilla tras las sentencias del Tribunal de Garantías que anularon parcialmente las condenas a Chaves y Griñán ha desatado un terremoto judicial y político en España. Es un escenario sin precedentes que ha enfrentado la opinión de magistrados, tanto del sector conservador como del progresista. En el órgano que preside Cándido Conde Pumpido hay voces autorizadas que lo consideran un “acto de rebeldía”.

En el ámbito político, el PP ha acusado abiertamente a Conde Pumpido de “corrupto” y de estar instrumentalizando el Tribunal Constitucional para “blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de España”, en referencia a los ERE. En plena polémica por las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, al tildar de “vergüenza” la sentencia exculpatoria del futbolista Dani Alves, muy contestada por el sector judicial por ir “contra la presunción de inocencia”, los populares han señalado públicametne tanto a Conde Pumpido como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusan de actuar de parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su comparecencia de este miércoles ante la prensa, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha referido a García Ortiz citando una página de Abc en su edición de hoy que habla de supuestos intentos del fiscal general para que Anticorrupción se opusiera al planteamiento de la Audiencia de Sevilla de llevar el caso ERE al Tribunal Europeo. La decisión del Ministerio Público se hizo pública el pasado lunes -adelantada por El Confidencial-, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha difundido el escrito de los dos fiscales delegados en Sevilla.

“La Fiscalía Anticorrupción, y todas sus delegaciones, así como la Audiencia Provincial de Sevilla merece que se les respete y se les defienda. Lo que está pasando no tiene nombre: a los mayores garantes de la defensa de las leyes, da la impresión, de que pudieran estar colaborando en esta estrategia torticera de blanquear el mayor caso de corrupción de la historia, maniatando a la Audiencia de Sevilla, que ha querido apelar a la Justicia europea. Me parece escandaloso”, ha asegurado Martín.

Horas después de su comparecencia se ha hecho público el escrito de los fiscales anticorrupción, argumentando a favor del criterio del Constitucional y en contra de la Audiencia de Sevilla.

Las críticas abiertas del PP andaluz al Ministerio Público tras discrepar de su intención para que el Tribunal de Luxemburgo revise la anulación de las sentencias dictada por el TC provoca el primer cisma entre ambos dentro de un procedimiento judicial que ha durado más de una década. Hasta hoy, los populares, personados como acusación particular en el caso ERE, han elogiado siempre los pasos que ha ido dando Anticorrupción.

La posición procesal de la Fiscalía en la llamada pieza política fue coincidente con el criterio de la Audiencia de Sevilla: los fiscales acusaron a Chaves de prevaricación y a Griñán de prevaricación y malversación, como a otros 19 exaltos cargos de los anteriorres gobiernos socialistas, que terminaron siendo condenados. También se alineó con el criterio del Tribunal Supremo, que refrendó esas acusaciones en las sentencias definitivas de 2022.

El PP aplaudió cada paso, sin embargo, ahora carga duramente contra los fiscales por distanciarse del criterio de la Audiencia y alinearse con el enfoque del Constitucional, que anuló las condenas en el caso ERE por considerar que el tribunal ordinario había vulnerado el principio de legalidad penal.

El Ministerio Público también rechaza que las conductas que se enjuician aquí afecten a los intereses financieros de la UE, como llega a plantear la Audiencia, al vincular la anulación parcial de las sentencias de la pieza política de los ERE con el fraude de las ayudas millonarias que concedió la Junta de Andalucía (y que son objetos de otras causas cerradas y aún en proceso).

“El TJUE ha afirmado en numerosas ocasiones que la obligación de los jueces nacionales de interpretar la normativa interna conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, incluso cuando se trate de evitar un riesgo sistemático de impunidad en materia de corrupción, no autoriza a violentar el derecho de legalidad penal, pergeñando interpretaciones de los tipos penales que desborden su sentido literal”, dice el documento.

La Audiencia de Sevilla ha denegado a la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán la posibilidad de aclarar su providencia en la que pide que las partes del caso de los ERE se pronuncien sobre si el Tribunal Constitucional “se ha extralimitado” haciendo una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación”.

En una providencia emitida el pasado 27 de marzo, la Sección Primera de la Audiencia da cuenta de la petición de la representación de Griñán y expone que “la firma de la providencia se ha producido por la magistrada ponente, tal y como se ha hecho en todas las providencias dictadas en este procedimiento”.

También defiende el carácter no recurrible de la providencia porque “el trámite de alegaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas resulta obligado” por Ley, zanjando que “no ha lugar a hacer aclaración por cuanto la providencia expone con claridad las cuestiones que se someten a las partes”.

Es de recordar que, después de aceptar el envite del PP y plantear la posibilidad de que las sentencias del TC en el caso ERE no fueran “del todo compatibles” con el Derecho de la Unión Europea, en una diligencia de ordenación la Audiencia ha pedido al tribunal de garantías que explique por qué y para qué le ha reclamado la providencia en la que pedía a las partes que se posicionaran sobre la posibilidad de elevar una consulta a Europa.

Este artículo va dirigido a los Magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla que dictaron la sentencia sobre la “pieza política” de los ERES, a los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que la ratificaron, aunque con dos votos particulares, y a los cinco Magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla que se resisten a aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional anulatoria parcialmente de la sentencia de ambos órganos judiciales.

Pocas cosas hay tan peligrosas como que ocupen puestos de máxima responsabilidad en el poder judicial personas “que no saben, pero que creen que sí saben”. Las consecuencias de esa ignorancia pueden llegar a ser dramáticas.

Esto es, exactamente, lo que ha ocurrido en el caso de los ERES de Andalucía en lo relativo a la “pieza política” de los mismos, es decir, a aquella en la que se enjuiciaba a los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a varios de los miembros de los Consejos de Gobierno por ellos presididos. La exhibición de ignorancia de todos los Magistrados, incluso de las dos Magistradas que firmaron un voto particular respecto del delito de malversación, es escalofriante.

“Sin orden no hay conocimiento”. Fue la primera enseñanza que me transmitió el Profesor Lojendio cuando iniciaba la elaboración de mi tesis doctoral sobre la “Reserva de Ley”. Cuando le presenté lo que yo pensaba que podría ser el primer capítulo de mi tesis, me lo arrojó en la mesa en la que trabajaba y por delante de la cual tenía que pasar cuando iba a dar clase. No se atreva a volver a presentarme algo parecido. El orden es necesario en la fase de investigación y en la fase de exposición. No hay nada más patético que un profesor desordenado.

Lo que vale para los profesores vale todavía más para los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Los jueces y magistrados son portadores del poder del Estado a título individual. Incluso cuando actúan formando parte de un órgano colegiado. Un profesor desordenado puede ser una catástrofe para sus alumnos. El ejercicio desviado de la “libertad de cátedra” puede tener consecuencias nefastas. Pero su alcance es siempre limitado. El ejercicio desviado de la potestad jurisdiccional puede llegar a provocar un conflicto constitucional.   

Exactamente eso es lo que ha ocurrido con la instrucción y el enjuiciamiento de la “pieza política” de los ERES. El desorden que ha presidido la instrucción y las sentencias sobre dicha pieza política resulta literalmente inimaginable en nadie que ocupe un lugar tan destacado en la arquitectura del Poder Judicial.

El constituyente de 1978 dejó meridianamente claro como opera “la división de poderes” en un caso como el de los ERES. Lo hace, además, de manera escalonada, resultando, en consecuencia, discernible a primera vista cómo y en qué momento tiene que actuar cada uno de ellos. 

Establece, en primer lugar, una “reserva de ley absoluta” a favor de las Cortes Generales (o del Parlamento de las Comunidades Autónomas) para, a través de la Ley de Presupuestos, determinar las partidas necesarias para la financiación de los ERES. 

En segundo lugar, atribuye al Gobierno la función de “dirección Política”, para lo que le otorga la iniciativa legislativa en general de manera exclusiva, pero no excluyente. La iniciativa legislativa es la facultad a través de la cual el Gobierno identifica los problemas con los que la sociedad tiene que enfrentarse y remite al Congreso de los Diputados los proyectos de ley que estime pertinentes para hacer frente a dichos problemas.

A continuación, y ahora no solamente de manera exclusiva, sino también excluyente, atribuye al Gobierno la facultad, que es al mismo tiempo obligación, de enviar en fecha fijada en la propia Constitución el Proyecto de Ley de Presupuestos. 

La elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos es el máximo acto de “dirección política” del Gobierno. No hay ningún otro comparable. De ahí que nadie pueda hacerle competencia. Justamente porque se trata del “máximo acto de dirección política”, no cabe siquiera la posibilidad de que ni el Presidente del Gobierno o de una Comunidad Autónoma, ni los ministros o consejeros, puedan cometer el delito de “prevaricación administrativa”. El acto administrativo presupuestario no existe y, en consecuencia, falta el presupuesto de hecho para el delito de prevaricación administrativa en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos.

Ninguna democracia parlamentaria podría operar si se pudiera perseguir penalmente al Presidente del Gobierno o de la Comunidad Autónoma o a sus Ministros o Consejeros por su participación en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos. O de cualquier otro Proyecto de Ley. En la iniciativa legislativa no tiene cabida el delito de prevaricación administrativa. 

En la fase ascendente del proceso de formación de la voluntad general del Estado no se puede cometer ningún delito. De producirse alguna irregularidad en dicho proceso, podría plantearse un recurso de inconstitucionalidad contra la ley una vez aprobada. Pero nada más. Estamos en el dominio legislativo y sobre el mismo únicamente puede pronunciarse el Tribunal Constitucional. Dado el tiempo transcurrido, ya no se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que contenían las partidas con las que se financiaron los ERES.

Esto es lo que ha dicho la Sentencia del Tribunal Constitucional al anular las sentencias dictadas por la Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional ha ordenado lo que ambos órganos judiciales habían desordenado. Y ha dado indicaciones a la Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte una sentencia sin vulneración de los derechos fundamentales de los condenados.

El lector está al tanto de la rebelión de los cinco Magistrados que componen la Sala que tiene que ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Sigo teniendo la impresión de que los Magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla no tienen interés en presentar una cuestión prejudicial contra una sentencia en un recurso de amparo por derechos fundamentales, que afectan no solamente a los reconocidos en la Constitución, sino también a los reconocidos en el Convenio Europeo de Roma de 1950.

Pero con los jueces que tenemos puede pasar cualquier cosa. En todo caso, no creo que los Magistrados puedan esperar otra cosa que no sea el rechazo de plano por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si después de hacer exhibición de ignorancia en España, quieren hacerlo en Europa, están su derecho a hacerlo.

Es verdad que, en la fase descendente, es decir, en la ejecución de los Presupuestos, se pueden cometer desviaciones que puedan llegar a ser constitutivas de delito. Pero esas desviaciones no afectan a los expresidentes ni a la inmensa mayoría de los Consejeros y, además, la presunción de inocencia tendrá que ser destruida mediante la prueba pertinente. De haber estado los jueces en perseguir la corrupción, habrían tenido que empezar por aquí. Ellos sabrán por qué no lo han hecho.

El Constitucional se ha encontrado con un debate inédito en sus 45 años recién cumplidos de historia: tribunales que acuden a Europa para buscar la forma de no cumplir sus resoluciones. Conflictos abiertos con la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE de Andalucía, pero también con el Tribunal Superior de Madrid sobre un pleito entre empresas VTC, que llevan al tribunal de garantías a plantearse, por primera vez en su trayectoria, qué hacer cuando un juez español le puentea y lleva sus alegaciones a Luxemburgo. Todo mientras el Partido Popular azuza la deslegitimación contra el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.

Las sentencias con las que la mayoría progresista del Constitucional anuló o matizó la mayor parte de las condenas del caso de los ERE de Andalucía no sentaron bien en la Justicia ordinaria. No gustaron en el Supremo, donde algunos consideran que el tribunal de garantías ha ido mucho más allá de sus atribuciones para doblarles el brazo en uno de los casos más relevantes de la última década. Tampoco en la Audiencia Provincial de Sevilla, que declaró probado el desfalco delictivo de más de 600 millones de euros y ha visto cómo su sentencia sobre la causa ha quedado reducida a la mínima expresión.

Esta disconformidad tan descarnada, hasta la fecha, se había trasladado a la opinión pública por el método habitual que usan jueces y fiscales: de forma anónima y a través de los medios de comunicación. Pero ha sido la Audiencia de Sevilla la que ha dado un paso más cuando ha llegado el momento de aplicar las sentencias del Constitucional y ha preguntado a las partes si no debe, como pide el PP, elevar consultas a Luxemburgo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si, como asegura el tribunal andaluz, las sentencias del caso del tribunal de garantías no son “del todo compatibles con el Derecho de la UE”.

La propuesta de la Audiencia de Sevilla cayó como una bomba en un Tribunal Constitucional donde los ánimos ya estaban encendidos desde hace semanas a cuenta del caso de los ERE de Andalucía. Los magistrados del sector progresista todavía miraban de reojo al Supremo por sus insinuaciones de poder llegar a juzgarles por prevaricación cuando, según fuentes de la sede del Constitucional en la calle Domenico Scarlatti, llegó una decisión del tribunal andaluz que consideran “inaudita”. Una forma, entienden algunos, de sortear su criterio y buscar la forma de incumplir las sentencias que desinflaron el caso de los ERE.

Los jueces hispalenses no han sido ni los únicos ni los que más lejos han llegado en este intento de llevar a Europa las sentencias del Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con división interna, ha elevado una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre un laudo arbitral entre empresas VTC –que genera discrepancias internas en el TSJM desde hace años– que, en la práctica, explora la vía para que Europa les exonere de aplicar la sentencia del Constitucional que les quitó la razón. El voto particular de un magistrado discrepante define lo que hacen sus compañeros: “Sortear el pronunciamiento del Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión”.

La cuestión prejudicial del TSJM ya va camino de Luxemburgo, pero el Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para, llegado el caso, interceptar la consulta de la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE. Ha solicitado al tribunal información sobre los pasos que está dando y el enfrentamiento, poco habitual entre tribunales, se ha convertido en público y frontal: la Audiencia de Sevilla, antes de remitir su providencia, ha preguntado al Constitucional que para qué necesita ese documento.

Los movimientos de ambos tribunales territoriales, que algunas fuentes del Constitucional consideran como un intento “inaudito” de no ejecutar sus resoluciones, abren un debate que pocos juristas se atreven a zanjar por adelantado. Desde la capacidad de un tribunal para elevar cuestiones prejudiciales sobre sentencias y no sobre leyes hasta la vía que se abre para que, en la práctica, un juez pueda soslayar la aplicación de una sentencia del Constitucional alegando que, según su criterio, puede contradecir el derecho comunitario.

El margen de maniobra del tribunal de garantías para frenar estas maniobras no está claro. Un primer informe interno del Constitucional afirma que no se puede cortar el paso a la Audiencia de Sevilla y algunas fuentes esgrimen una resolución reciente, del pasado mes de octubre, del propio TJUE, que dio la razón a un tribunal territorial rumano, pero con un matiz importante: en ese país un juez que deja “inaplicadas de oficio” las resoluciones del Constitucional se enfrenta a “procedimientos disciplinarios”. Eso, dice Luxemburgo, va contra el derecho comunitario.

Campaña contra el Constitucional

El conflicto judicial abierto por la Audiencia de Sevilla contra el Constitucional llega después de meses de campaña de la derecha política española contra el tribunal de garantías para deslegitimar sus sentencias tras instaurarse una mayoría progresista con Cándido Conde-Pumpido al frente. Convertido por el PP en “el Constitucional de Pumpido”, el debate abierto por dos tribunales territoriales sobre la ejecución de sus sentencias se ha convertido en gasolina política. Sobre todo en Andalucía, donde el caso judicial de los ERE ha acompañado a la debacle del socialismo andaluz.

“Sevilla es hoy el símbolo de la independencia judicial”, ha dicho estos días Cuca Gamarra desde la capital andaluza, sede de la 27 Interparlamentaria del PP este fin de semana, después del movimiento de la Audiencia a instancias de su propio partido. “Conde-Pumpido dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino, y él mismo se la ha manchado demasiado”, ha apostillado Elías Bendodo.

El movimiento de la Audiencia de Sevilla llega unos días después de que el Constitucional diera por apagado el enésimo fuego entre ellos y el Tribunal Supremo, presentado por la derecha como antagonista de un tribunal politizado al servicio del Gobierno. La Sala de lo Penal había dictado varios autos en los últimos meses inadmitiendo querellas de la extrema derecha contra el Constitucional, pero abriendo la puerta a que, en otros casos, sus magistrados pudieran llegar a ser juzgados por prevaricar en sus decisiones. El conflicto se había dado por zanjado en Domenico Scarlatti con un último auto del Supremo que excluía esa posibilidad.

La mayor parte de los recursos que llegan al Tribunal Constitucional se quedan en la puerta y no pasan el primer filtro de la admisión a trámite. Pero las sentencias de este tribunal que enmiendan la plana al Supremo o a otros juzgados y tribunales territoriales no son poco habituales. Los últimos datos disponibles son de 2023 y revelan que de las 148 sentencias dictadas en procesos de amparo a lo largo de ese año casi la mitad, un total de 69 resoluciones, fueron estimatorias de forma total o parcial.

De Alberto Rodríguez a Alberto Cortina

El caso de los ERE de Andalucía es el primero en que un tribunal ha decidido abrir la vía europea para intentar soslayar al Constitucional. No lo hizo el Supremo, por ejemplo, cuando el Constitucional reprochó a la Sala de Manuel Marchena que hubiera dejado sin escaño a Alberto Rodríguez. Tampoco cuando, años antes, el mismo Constitucional anuló la condena impuesta al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo. O cuando, hace poco más de un año, dio la razón a Arnaldo Otegi y frenó la intención del Supremo de llevarle de nuevo al banquillo por el caso Bateragune después de que Europa diera la razón al líder de EH Bildu. Tampoco años antes cuando, en contra del criterio del Supremo, legalizó a Sortu como partido político.

Las condenas anuladas o rebajadas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros líderes históricos del socialismo andaluz tampoco constituyen la única guerra abierta que ha existido entre la cúspide del Poder Judicial español y el Tribunal Constitucional. La hemeroteca del CGPJ todavía guarda un comunicado, inédito entonces y desde entonces, del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo acusando al Constitucional, en febrero de 2008, de haber pisado su negociado y haber “vaciado” sus funciones al revocar una de sus sentencias.

El Constitucional venía de absolver a Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el caso Urbanor, uno de los grandes casos judiciales económicos de la década de los ochenta. Y lo hizo reprochando al Supremo que les hubiera condenado a más de tres años de cárcel sin tener en cuenta los plazos de prescripción y que el caso, en resumen, había caducado por el camino.

La respuesta del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, unos días más tarde, fue emitir un comunicado en el que acusaban al Constitucional de “vaciar” el equilibro entre Supremo y Constitucional: “Se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo”, dijo la Sala de lo Penal con acusaciones similares a las que se vierten casi dos décadas después contra el Constitucional a cuenta del caso de los ERE.

Ninguno de los magistrados que había entonces en el Constitucional, que presidía la progresista María Emilia Casas, siguen hoy en la corte de garantías, pero varios magistrados del Supremo siguen formando parte de la Sala de lo Penal que denunció entonces la injerencia: el hoy presidente Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y un entonces recién incorporado llegado de la Fiscalía Manuel Marchena. El conflicto ha coleado durante casi una década: todavía en 2016 un Constitucional de abrumadora mayoría conservadora acusaba a los tribunales ordinarios de incurrir en “reiterada rebeldía” al no asumir su doctrina sobre la prescripción de delitos.

El PP tampoco renunció entonces a cargar contra un Constitucional de precaria mayoría progresista cuyos enfrentamientos con el Supremo se remontaban a la década de los años 80, cuando la Sala de lo Penal llegó a llamar a declarar a los magistrados del tribunal de garantías por la filtración de la sentencia del caso Rumasa. La lista de agravios es larga y las críticas del PP tampoco son nuevas. “La situación del Constitucional me da pena”, llegó a decir Manuel Pizarro, entonces candidato del partido de Mariano Rajoy, en plena guerra abierta entre tribunales en 2008.

El propio Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, provocó el rechazo del Constitucional al afirmar que discrepaba de forma “total y radical” con la sentencia que absolvía a 'los Albertos'. Los actores se repiten en un conflicto similar que, en este caso, va camino de Luxemburgo.

La Audiencia de Sevilla se resiste. Después de aceptar el envite del PP y plantear la posibilidad de que las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en el caso ERE no fueran “del todo compatibles” con el Derecho de la Unión Europea, en una diligencia de ordenación, la Audiencia pide al tribunal de garantías que explique por qué y para qué le ha reclamado la providencia en la que pedía a las partes que se posicionaran sobre la posibilidad de elevar una consulta a Europa.

Hace una semana, la Audiencia de Sevilla solicitó por escrito a las partes que en un plazo de diez días presentaran “alegaciones sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” antes de dictar nuevos pronunciamientos. La Sección Primera de la Audiencia acordó la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Tribunal Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a exaltos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Este pasado martes, el Pleno del Tribunal Constitucional realizó “una primera aproximación al conflicto planteado entre la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y su propia ejecutividad y el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de ejecución de las sentencias constitucionales”, recabando en ese sentido “la opinión de los magistrados”, sin haber adoptado decisión alguna y sin que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, haya encargado “informe alguno a los letrados de la institución”. Esta reacción coincidió con que un tribunal de Madrid también ha consultado al Tribunal de Justicia de la UE si puede incumplir una sentencia del Constitucional.

Pero ahora, la Audiencia de Sevilla ha pedido al Constitucional que “justifique la finalidad” del oficio en el que le solicita la providencia, en la que los jueces plantean “la posibilidad de que las valoraciones que hace el Tribunal Constitucional en esas sentencias” de los ERE, las cuales “le llevan a entender” que tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo habrían “vulnerado el derecho a la legalidad penal de los recurrentes” en amparo “no sean del todo compatibles con el Derecho de la Unión”.

“Visto el estado de las actuaciones y habiendo recibido oficio del secretario del TC solicitando la remisión del testimonio de la providencia de fecha 18 de marzo, se interesa que se justifique la finalidad o razón de ser de tal solicitud”, dice la nueva diligencia de ordenación. Esta diligencia puede ser impugnada mediante un recurso de reposición, aunque la Audiencia de Sevilla aclara que se la interposición del mismo “no tendrá efectos suspensivos” respecto de la resolución recurrida.

Desde el TC, al trascender este jueves la diligencia de ordenación, ha informado de que, efectivamente, a través del Secretario de Justicia del Pleno pidió a la Audiencia de Sevilla la resolución que había dictado en ejecución de las sentencias que estimaron los recursos de amparo en el caso de los ERE “para tener oficialmente un documento que era público, con el fin de deliberarlo en el Pleno”, ya que esa es su “forma habitual de comunicación con los órganos judiciales”.

¿Qué ha planteado la Audiencia a las partes?

La Audiencia, después de que hace algo más de un mes el PP pidiera pide llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiere recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos precisamente “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Los jueces de la Audiencia van más a lo concreto y preguntan a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

También cuestiona la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, pregunta por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.