Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso ERE por la ayuda de 37.500 euros a la entidad Fabricantes de Encimeras para Europa S.L., con sede en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal condena al ex director general de Trabajo como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y le impone un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además, el tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada porque la data fáctica en esta causa se remonta a septiembre del año 2010, y “casi 16 años después se ofrece una respuesta sobre el fondo”, de forma que “el transcurso del tiempo es excesivo a pesar de hallarnos ante una pieza desgajada de otras causas de mayor volumen y complejidad”.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la Junta de Andalucía en la cantidad de 37.500 euros, que se corresponde con la cantidad malversada que se individualiza en el importe de la ayuda efectivamente entregada a la empresa.

La Sección Cuarta considera probado que, en marzo del año 2010, la empresa formalizó ante la Consejería de Empleo de la Junta una “Solicitud de Ayuda Sociolaboral de Carácter Excepcional”, precisando que la ayuda se solicita porque, “como consecuencia de la falta de liquidez de la empresa, existen remuneraciones pendientes de pago y deudas con proveedores a los que la empresa no puede hacer frente'”, pidiéndose la cantidad de 220.000 euros.

En este sentido, los magistrados aseguran que, junto con la solicitud, “se incorporan documentos de carácter contable, laboral y fiscal, así como otros que identifican a la mercantil, su representación y datos bancarios”, y añaden que el administrador de la mercantil “tuvo conocimiento de la concesión de ”ayudas“ por parte de la Junta a través de una asociación de marmolistas a la que pertenecía”, acudiendo para pedirla “directamente” a un edificio ubicado en Sevilla capital.

Al hilo de ello, el tribunal señala que, desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta, se emitió el 17 de marzo de 2010 un documento titulado “Memoria Justificativa de Finalidad Pública e Interés Social y Económico de Ayudas Sociolaborales”, una memoria que “carece de firma ni rúbrica”, mientras que el apartado “número de expediente” se encuentra “vacío”.

Según considera probado la sentencia, el día 19 de marzo de 2010, el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, dictó “Resolución de Concesión de Ayuda Sociolaboral Excepcional” destinada a Fabricantes de Encimeras por importe de 50.000 euros, una resolución que fue notificada el 14 de abril de ese mismo año al administrador de la mercantil, quien, el 26 de abril, “emite un documento de aceptación de la ayuda que remite a la Dirección General de Trabajo junto con la certificación de la cuenta”.

Los magistrados de la Sección Cuarta ponen de manifiesto que, el día 6 de septiembre de 2010, el ex alto cargo condenado, en su condición de director general de Trabajo, emitió resolución por la que acordaba ordenar a la Agencia IDEA el pago del 75 por ciento de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a los trabajadores de la empresa. Esta resolución “reseña de modo expreso la partida presupuestaria con cargo a la cual se abonará la ayuda -cuyo importe total es de 52.464.366 euros- e incorpora la firma manuscrita” del acusado.

El tribunal asevera que el acusado, “siendo plenamente consciente de la situación existente en la Dirección General de Trabajo en torno a la ausencia de cobertura jurídica de las ayudas que se estaban concediendo, formalizó el pago de la resolución reseñada permitiendo que se transfirieran desde las arcas públicas fondos carentes de interés público alguno y destinados a una sociedad mercantil a fin de que esta abonara parte de los costes sociales de sus trabajadores, aliviando con ello la situación de falta de liquidez”.

Tras ello, el entonces director general de la Agencia IDEA remitió orden de pago a una entidad bancaria a fin de que se materializara el abono de la ayuda, lo que de modo efectivo tuvo lugar el día 13 de octubre de 2010 en la cantidad de 37.500 euros, el 75 por ciento del importe concedido.

El tribunal resalta que la ayuda investigada fue sometida a dos procedimientos de revisión que concluyeron en su declaración de nulidad, la cual viene regulada en el artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al tratarse de un acto “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

La Audiencia considera que, “sin duda, concurren en el comportamiento del acusado los elementos integrantes del tipo penal de la prevaricación en la medida que hace prevalecer su voluntad de abonar a toda costa y sin control alguno una ayuda ilícita frente al cumplimiento del ordenamiento jurídico”, señalando que el acusado “no era neófito en el ámbito de lo público y de hecho procedía de otro organismo público de la Junta de Andalucía”.

Además, la Audiencia excluye en este caso el tipo penal de la falsedad, por el que acusaban Fiscalía y PP-A, indicando que “la única referencia que hemos encontrado en el estudio del expediente a la presente infracción penal se encuentra en fase de informe, cuando el Ministerio Fiscal, de modo fugaz, hace coincidir la infracción con la mención expresada en la resolución de pago objeto de análisis y relacionada con la existencia del expediente de la ayuda en la propia Dirección General de Trabajo”.

Los magistrados señalan que esta propuesta debe rechazarse por dos motivos, en primer lugar porque “documentación sobre la ayuda existía en la Dirección General, cuestión diversa es que no coincidiera con la exigible jurídicamente. El aspecto falsario no puede extraerse de modo mecánico del párrafo incorporado a la resolución de pago”, mientras que, en segundo lugar, “se alza aquí la alegación de la defensa en torno al modelaje de las resoluciones de pago”.

“Esta circunstancia (...) permite imaginar como hipótesis que el párrafo se hallara indiscriminadamente en las resoluciones de pago, lo que alejaría una intervención directa del acusado en su autoría”, prosigue la Sección Cuarta de la Audiencia en su sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que pregunta a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en la pieza separada del caso ERE por las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a empresas del Grupo Ruiz-Mateos. El auto tiene fecha del pasado 29 de abril, varios días después de que el 20 del mismo mes Bruselas frenase en seco el intento por parte de la Audiencia de Sevilla de que la Justicia Europea revise el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló las condenas a los expresidente andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Vilaplana fue el juez que heredó las macrocausas de la primera jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, y ya dio un paso similar hace un año, cuando planteó una cuestión prejudicial ante la Justicia Europea ante el riesgo de que se archivasen ramificaciones de otro caso, en concreto el de los avales de la agencia IDEA del Gobierno andaluz, por exceder los plazos de la instrucción. La iniciativa la tomó hace después de que la Audiencia de Sevilla archivase alguna de las 19 piezas en las que se subdividió esta macrocausa, tras caducar la instrucción hace ocho años, al exceder los plazos establecidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Como entonces, el magistrado alerta de nuevo de la posibilidad de que “se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” en piezas derivadas del caso ERE, lo que chocaría con la prioridad de “salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea (UE)”. Por ello, solicita si debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación o no en esta pieza separada de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. En sus sentencias, estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la denominada pieza del “procedimiento específico” de los ERE, entre ellos Chaves y Griñán.

Cuestiones prejudiciales añadidas

En este sentido, entiende que procedería plantear al TJUE las mismas cuestiones prejudiciales que las elevadas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en julio de 2025, si bien añade otras adicionales vinculadas con la posible contradicción de la doctrina del TC con el Convenio comunitario de lucha contra la corrupción, de 26 de mayo de 1997 y con la Directiva Europea de lucha contra la corrupción (aprobada por el Consejo de la UE el pasado 21 de abril de 2026). A ello añade el choque con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (a la que se adhirió la UE en septiembre de 2008) y, principalmente, con el Régimen Europeo de Ayudas de Estado por vulneración de la normativa y la jurisprudencia comunitarias, en especial los artículos 107 a 109 del TJUE (antiguos artículos 87 a 89 del TCE), que parten del principio general de la incompatibilidad de las ayudas y del deber de transparencia o publicidad e información a la comisión.

En su resolución, el magistrado pone de manifiesto que “la eventual censura de esta doctrina del TC como contraria o disconforme a Derecho de la UE (...) conduciría a aplicar a todos los investigados acusados en la presente causa unos mismos criterios coincidentes con los de las sentencias” dictadas en la pieza separada del procedimiento específico por la Sección Primera de la Audiencia y por el Tribunal Supremo, “inaplicando la doctrina de las referidas sentencias del TC y de los autos de la Sección Séptima mencionados, posibilitándose así la continuación del presente procedimiento para esclarecer la responsabilidad penal por hechos constitutivos de delitos graves de corrupción (prevaricación y malversación), el fundamento de las pretensiones de condena ejercitadas y la eventual sanción efectiva de aquellos delitos por el Tribunal que enjuicie la causa”.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la pieza separada sobre la que se pregunta, el magistrado investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos relacionados con las ayudas otorgadas entre los años 2001 y 2010 por un montante superior a los treinta millones de euros a varias empresas del Grupo Ruiz-Mateos.

Comisiones mensuales de hasta 25.000 euros

Estas ayudas “estaban destinadas a favorecer a las empresas con financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) mediante pólizas de seguros para prejubilaciones”, consistiendo el “mecanismo de la trama” en que uno de los acusados en la pieza separada, identificado como Juan L., “ofrecía a los representantes y directivos de las empresas del grupo conseguir ayudas públicas a cambio de dinero”.

De este modo, y según expone el juez en el auto notificado hoy miércoles a las partes personadas, este investigado “contactaba con altos cargos de la Junta, quienes garantizaban la concesión de ayudas sin requisitos, condiciones ni fiscalización o control administrativo”. Tras ello, las empresas “presentaban expedientes de regulación de empleo con la promesa de rejuvenecer plantillas, utilizando a mediadoras como Vitalia y Uniter para gestionar pólizas de seguros”.

Así, la Junta de Andalucía “asumía todo o la mayor parte del coste de las pólizas, canalizando los pagos a través de la Agencia IDEA”, mientras que el acusado mencionado “recibía comisiones mensuales de hasta 25.000 euros, entregadas en sobres desde oficinas del grupo o directamente por sus directivos”.

Recurso tras las sentencias del TC

Por estos hechos, el instructor dictó el día 23 de abril de 2024 auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra un total de 21 investigados, tras lo que tanto el Ministerio Público como las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A presentaron sus respectivos escritos de acusación.

En este sentido, algunos de estos investigados recurrieron el auto en apelación ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que acordó el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento respecto de tres de los acusados en aplicación de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en las sentencias que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta condenados en el caso ERE.

El pasado mes de julio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que juzgó y dictó sentencia en la pieza del “procedimiento específico”, acordó plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con las sentencias del TC, ya que considera “imprescindible” el planteamiento de esta cuestión prejudicial “para que este tribunal nacional español pueda decidir sobre el requerimiento derivado” de las sentencias del TC. Todo ello, añadía, “atendidas las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares (...)”, y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

Tres posibilidades procesales

La primera de las posibilidades procesales que refiere el magistrado, y sobre la que las partes deberán realizar alegaciones, es “dejar inaplicada la ejecución de los autos de la Sección Séptima que aplican la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ realizada en la presente causa, determinante de su archivo respecto de un relevante número de acusados; acordando en su lugar la apertura de juicio oral frente a todos los acusados respecto de los que se ha constatado la existencia de indicios suficientes de criminalidad, al resultar aquella ejecución contraria al Derecho de la Unión Europea”.

La segunda opción que plantea el instructor es el archivo/sobreseimiento de las actuaciones, “conforme a la aplicación de la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ (...), al entender inexistente la incidencia del Derecho de la Unión en la presente causa”. Asimismo, y como tercera posibilidad procesal, el magistrado expone el planteamiento al TJUE de una o varias cuestiones prejudiciales “sobre la posible incompatibilidad de la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ y de su concreta aplicación en la presente causa con el Derecho de la Unión; incompatibilidad, en particular”, con una serie de principios y disposiciones comunitarias (sin perjuicio de otras que pudieran poner de manifiesto las partes).

El magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta habría concedido por un importe total de 54.279.986,16 euros a la empresa Boliden Apirsa S.L. y a su colectivo de extrabajadores.

En un auto, notificado este miércoles a las partes y facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Así, ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

De este modo, el juez ha acordado continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía, en concreto un exconsejero, Manuel Recio Menéndez, tres exviceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA.

Archiva la causa contra dos exconsejeros

Asimismo, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010, y Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa desde abril de 2009 hasta marzo de 2010, al entender que, respecto de ellos, “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación --relevante penalmente-- en los hechos por los que se procede en la presente causa”.

En este sentido, el magistrado ha puesto de manifiesto que “no consta en las actuaciones indicios suficientes” de que ambos, “en su calidad de titulares de las consejerías de la Junta implicadas en la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar las ”indemnizaciones“ derivadas de la frustración de los planes de recolocación de los extrabajadores de Boliden Apirsa, hayan tenido deliberada y directa participación en tales hechos”.

El juez ha admitido que “es cierto” que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo “relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejerías en orden a cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros” de dichas consejerías, “pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros”.

“Por consiguiente, la implicación de los cargos y directivos superiores -los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían tenido conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación”, indica el instructor.

Ayudas concedidas “de manera injusta arbitraria”

En esta pieza separada del caso ERE, el juez investiga la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Administración autonómica “de manera injusta y arbitraria” a la entidad Boliden Apirsa y su colectivo de extrabajadores por un importe de, al menos, 54.279.986,16 euros, resaltando una ayuda de 52.511.754,30 euros concedida para financiar los compromisos de concesión y pago de “ayudas sociolaborales” en favor de los extrabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la empresa mediante la financiación de una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.

De igual modo, el juez analiza en la resolución la ayuda por importe de 1.768.231,86 euros concedida para financiar un suplemento a la póliza anterior, suscrito para la contratación de rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales pactadas en aquella.

Junto a las anteriores, el magistrado también resalta en el auto las ayudas concedidas y satisfechas por los responsables de la Consejería de Empleo y de Innovación en favor del colectivo de extrabajadores de Boliden Apirsa que, “una vez extinguida su relación laboral, se habrían acogido a sucesivos planes de recolocación -más bien, un sólo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones- eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, serían indemnizados por no haber sido ”recolocados“ con supuestas ”ayudas sociolaborales excepcionales“ en el curso de los años 2008 a 2011”.

El Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) ha registrado el expediente C-501/25 con la denominación “Partido Popular de Andalucía”. Son las cuestiones prejudiciales que la Audiencia Provincial de Sevilla elevó a la Justicia Europea el pasado verano para que reabriera la pieza política del caso ERE, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase parcialmente las condenas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a varios de sus consejeros.

Lo que se juzga ahora en el tribunal de Luxemburgo, ante todos los países miembros de la Unión Europea, es si el órgano de garantías que vela por los derechos fundamentales en España se “extralimitó” al reinterpretar los delitos de prevaricación y malversación por los que condenaron a los dirigentes socialistas.

El TC reprochó a la Audiencia y al Tribunal Supremo (que confirmó las sentencias) su “interpretación extravagante” de la ley para poder condenar a Chaves y Griñán. Los jueces que vieron corregidas sus sentencias, en uno de los casos de corrupción política más sonados de los últimos 20 años, acudieron a la Justicia Europea para que determine si el fallo del Constitucional es compatible con el Derecho de la UE y con la protección de los intereses financieros europeos.

El mayor pulso entre instancias judiciales en España, que ha entrado en un territorio procesal sin precedentes, lleva el nombre de la formación liderada por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta y candidato en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

No es extraño que la Justicia Europea identifique este litigo con nombre del “PP de Andalucía”, aunque le llegase de manos de la Audiencia de Sevilla, porque el partido de Moreno (desde mucho antes de Moreno) fue el percutor del caso ERE desde el minuto uno, hace 15 años.

El PP andaluz se personó como acusación popular de la macrocausa que se llevaría por delante al todopoderoso PSOE andaluz, después de casi 37 años en el poder, y allanaría la entrada de Moreno en el Palacio de San Telmo en enero de 2019. 

Un caso de corrupción política por el desvío de dinero público -procedente de un fondo de 679 millones de euros de la Consejería de Empleo- para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y sindicatos afines a los socialistas. No se reveló un caso de enriquecimiento personal de los máximos dirigentes de la Junta, sino como un procedimiento ilegal para “comprar la paz social” y “perpetuarse en el poder”, como vienen repitiendo los populares durante la década larga de instrucciones judiciales.

“Una cacería política; un montaje”

El sintagma del caso ERE como “el mayor caso de corrupción política en España” es casi una cuestión identitaria para el PP andaluz, de ahí que se revolviera como un gato panza arriba cuando el Constitucional echó por tierra las condenas más graves a Chaves, Griñán y todos sus consejeros.

En 2018, Juan Manuel Moreno arrancó su campaña electoral a las puertas de un prostíbulo en ruinas de Sevilla, para denunciar la “corrupción sistémica” de dirigentes socialistas, y meses después empezó a gobernar de la mano de Ciudadanos y Vox. Han pasado casi ocho años, el presidente del PP andaluz gobierna hoy con una mayoría absoluta que aspira a revalidar en las urnas, con sus 1,5 millones de votos (muchos de ellos, prestados por electores de centroizquierda desencantados con el PSOE-A).

Es improbable que el presidente y candidato popular replique aquella primera campaña electoral, a lomos de la corrupción, cuando su partido está precisamente esta semana bajo el foco del juicio de Kitchen, que investiga el uso partidista de las instituciones (la Policía, el Ministerio de Interior, los fondos reservados) para espiar al extesorero de su partido, Luis Bárcenas, y boicotear la investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción que atrapó al PP.

El PP andaluz es quien aplaudió la sentencia del Supremo que condenó en 2022 a la cúpula de los gobiernos del PSOE en Andalucía por prevaricación y malversación, entre otros delitos. Dos años después, Moreno fue el primer barón territorial popular que cuestionó abiertamente la legitimidad del TC por anular esas condenas, cambiando por completo el epílogo judicial del “mayor caso de corrupción política en España”.

La reacción virulenta del PP andaluz al fallo del Constitucional chirría con la imagen pública de moderación, política serena -la llamada “vía andaluza”- y los continuos llamamientos al respeto institucional con los que se identifica a Moreno. El portavoz de su Gobierno acusó abiertamente al Tribunal de Garantías de ser “un instrumento del aparato político de Moncloa”. El propio presidente de la Junta dijo que la sentencia era “el inicio del indulto a todos los condenados del caso ERE”.

Aquel fallo había revitalizado al PSOE andaluz, tras años sumido en la “vergüenza” por este caso de corrupción, y todos sus dirigentes salieron en tromba a contraatacar como nunca lo habían hecho: “El caso ERE fue un montaje, un caso de lawfare”; “Moreno Bonilla es el jefe de la banda de esta cacería política. No llegó limpiamente al poder”. El propio Chaves salió a la luz, tras años apartado y despojado de su carné de militante socialista, para reivindicarse y plantar cara: “Esto es un punto de inflexión. Es el principio del fin del ciclo de gobierno del PP en Andalucía”.

El choque por el relato político fue descomunal, pero entonces nadie imaginaba que el PP llevaría el asunto a un territorio procesal inédito, cuestionando el marco constitucional español y el respeto al Derecho de la Unión. A las puertas de un Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado en Madrid en mayo de 2025, Moreno anunció que su Gobierno “volvería a personarse” en el caso ERE -instando a la Audiencia a acudir a la Justicia Europea- para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, luego anulados parcialmente por el TC.

“Un asunto puramente interno que se declare inadmisible”

Consultado por este periódico, desde la Consejería de Presidencia no confirman si finalmente la Junta presentó sus alegaciones para que el Tribunal Europeo admitiera a trámite las cuestiones prejudiciales de la Audiencia de Sevilla. Las observaciones de las partes son reservadas y que se hayan “filtrado” las que perjudican a la acusación popular del PP buscan dañar a Moreno en campaña e insuflar ánimos al PSOE de María Jesús Montero, mascullan en el entorno del presidente andaluz.

Quienes sí registraron observaciones, el pasado diciembre, fueron el Reino de España, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Europea y un país miembro de la UE, la República Checa. “Ni los hechos ni la situación jurídica que se describen en el resumen del auto de remisión presentan un vínculo con los intereses financieros de la Unión o con delitos relativos a fraudes referentes a la utilización de fondos de la Unión”, advierten.

Y defienden la legitimidad del órgano español de garantías en este asunto: “La resolución del Tribunal Constitucional debe apreciarse desde una perspectiva nacional, considerando su función en el ordenamiento jurídico nacional, y no desde la perspectiva del Derecho de la Unión”.

Tanto los abogados de la Comisión Europea como los de España, la Fiscalía General y los letrados de República Checa se extienden en sus explicaciones sobre el perímetro de acción del Derecho europeo y la legitimidad del tribunal que vela por los derechos fundamentales en los países miembros: “La organización de la Administración de Justicia en los Estados miembros, incluido el establecimiento, la composición y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, es competencia de estos. Ninguna disposición del Derecho de la Unión impone a los Estados miembros la obligación de elegir un modelo constitucional determinado que regule las relaciones y la interacción entre los distintos Poderes del Estado, en particular en lo referente a la definición y delimitación de las competencias de estos. La Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos”, concluyen los checos.

Todas coinciden en pedir al TJUE que ni siquiera admita a trámite la petición del tribunal sevillano, porque se trata de “un asunto puramente interno” que no está dentro de sus competencias. Todos rechazan que el fraude de ayudas de los ERE en Andalucía violase el Tratado de la UE “relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sostiene “que existe un riesgo para los intereses financieros de la Unión en una situación concreta, que haya un vínculo con dichos intereses lo suficientemente concreto y no, como en el litigio principal [caso ERE], abstracto e hipotético”, argumentan las alegaciones.

Los abogados que representan a la República Checa son especialmente críticos con el planteamiento “general” que hace la Audiencia de Sevilla para convencer al TJUE de que el perjuicio económico a las arcas de la Junta de Andalucía lo es también a los fondos europeos. “El argumento de que toda malversación de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar a los intereses financieros de la Unión y el trato que un Estado miembro da a los fraudes que afectan a sus propios intereses financieros se refleja, en esencia, automáticamente en el trato que da a los intereses financieros de la Unión. Evidentemente, no es así”, advierten los letrados checos, que concluyen que esta interpretación del Derecho europeo “no guarda relación alguna con la realidad y el objeto del litigio principal”, de ahí que pidan que se declare “inadmisible”.

Es llamativo que Bruselas tumbe el intento del PP andaluz de revisar el fallo absolutorio del caso ERE dictado por el Constitucional, pero mucho más que un Estado miembro que no es España -en este caso República Checa- haya decidido entrar en este asunto y discutir con vehemencia los argumentos del partido de Moreno.

Es llamativo, pero no es inusual. Cuando llegan cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo, éste tiene la obligación de traducir el asunto planteado a todas las lenguas de la UE. Y si un Estado miembro se siente interpelado, es decir, si considera que el planteamiento jurídico que hacen en España afecta también a su nación, entonces puede participar como parte afectada. 

El cuestionamiento que hace la Audiencia de Sevilla y el PP andaluz pone en duda la legitimidad del Tribunal español de Garantías para revertir una sentencia de un juzgado ordinario, al considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales de un ciudadano, en este caso, los dirigentes socialistas.

La Comisión Europea, en sus observaciones, replica que el TJUE es “manifestamente incompetente” para resolver un asunto “interno” de esta categoría y añade que “en ningún caso” puede ejercer como un “tribunal de supercasación”, usando casi la misma expresión de Juanma Moreno contra el fallo del Constitucional.

Von der Leyen vs Moreno Bonilla

Las alegaciones de República Checa van en el mismo sentido. Son los dos mazazos que ha recibido el candidato popular en plena precampaña de las andaluzas, porque sus fieles y adeptos sobreentienden que las alegaciones que ha presentado el Reino de España y la Fiscalía del Estado -en el mismo sentido que las anteriores- son observaciones “de parte”. Los populares están instalados en el cuestionamiento constante a las instituciones que operan bajo el Gobierno de Sánchez, incluido el TC, pero han tenido que preservar el respeto institucional ante las críticas de Bruselas.

El gobierno de Úrsula Von der Leyen, del mismo partido que Moreno, y el gobierno checo han echado por tierra los planteamientos del PP andaluz. Eso no significa que el TJUE haya decidido dar carpetazo al asunto. Está por ver. Fuentes del Tribunal Europeo explican a este periódico que “el asunto está admitido a trámite, porque lo estamos tramitando, y ya está adjudicado a un juez ponente y un abogado general”.

Pero esta expresión -“admitido a trámite”- no se puede transponer al lenguaje jurídico español, no significa lo mismo que aquí, no significa que existen indicios para continuar con la investigación, advierten las mismas fuentes. El TJUE admite a trámite cuando se cumplen una serie de requisitos mínimos de forma. Tampoco hay una estadística registrada que permita comparar las veces que Bruselas se ha mostrado contraria a la admisión a trámite de un asunto, como éste del caso ERE, y el tribunal de Luxemburgo haya tenido en cuenta sus alegaciones.

La Justicia Europea tiene ahora que dirimir si esas observaciones tienen el peso suficiente como para inadmitir a trámite las cuestiones preprocesales de la Audiencia. De ser así, pondría el punto final definitivo al dilatado caso ERE, pero es muy improbable que resuelta antes de las elecciones del 17 de mayo. No hay un plazo estipulado para que el juez ponente emita un auto sobre la admisión a trámite.

Los plazos que sí están perimetrados son los del procedimiento judicial, una vez el juez resuelve meter mano al asunto. Desde que se registra el expediente [octubre de 2025] hasta la fase de vista oral para que las partes intervengan puede pasar un año. Y desde la vista oral hasta que el abogado general de la UE presenta un primer estudio jurídico con sus conclusiones otros cuatro meses. En más del 90% de los casos, ese análisis jurídico suele coincidir con la sentencia final, que tarda año y medio desde que empieza todo el proceso.

Con todo, aunque el TJUE dé carpetazo al asunto ahora o dentro de un año, el impacto político de la posible redención judicial de la antigua cúpula del socialismo andaluz tendrá un efecto relativo. La piedra más pesada que hoy empuja el PSOE andaluz, montaña arriba, ya no es la corrupción de los ERE, aunque el PP de Moreno, 15 años después, siga exprimiendo aquel estigma en el Parlamento -haciendo oposición a la oposición-, en los mítines y en la campaña de las andaluzas de 2026, como una condena vitalicia que impide a sus rivales políticos legitimarse para volver al gobierno.

La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso ERE, el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Bruselas considera que “el TJUE es manifiestamente incompetente” para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense, que intentaba recurrir entre otros las resoluciones del tribunal de garantías sobre los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El escrito de alegaciones elaborado por la CE, consultado por Europa Press y adelantado por Diario de Sevilla, considera que las cuestiones prejudiciales son “inadmisibles” y asevera que “se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto”.

Así, indica que el Tribunal de Justicia ha declarado que “no es competente para pronunciarse sobre un asunto en el que resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia no es aplicable al asunto principal o en el que una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”.

“No entra en el ámbito de aplicación”

“Como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la comunidad autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE ni en el de las disposiciones de Derecho derivado a la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Por ello, esas disposiciones son simplemente inaplicables”, ha expresado.

La Audiencia de Sevilla acordó el pasado mes de julio elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE con relación al mandato de dictar nuevas sentencias en línea con lo resuelto el año pasado por el TC anulando condenas contra ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, una iniciativa que desde la Audiencia justificaron para “evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“En las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido”, ha apostillado en relación con este caso de los ERE.

La CE expresa que la Audiencia hispalense habría presentado como argumento que “habida cuenta de la estrecha relación que existe entre el presupuesto de la Unión y los presupuestos de los Estados miembros, la apropiación indebida de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar potencialmente o indirectamente a los intereses financieros de la Unión”, consideraciones que “no justifican la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por lo que respecta a dichas disposiciones”.

Cuestiones “puramente hipotéticas”

“A falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión con el asunto principal, las cuestiones resultan puramente hipotéticas”, ha relatado, al tiempo que ha asegurado que si la jurisprudencia que se cuestiona “resultara problemática en otros asuntos relativos a los fondos de la Unión, una nueva petición prejudicial podría (o en su caso debería) plantearse”.

Previamente, la Audiencia había pedido a las partes del procedimiento judicial que informasen sobre si, en este caso, el Constitucional “se ha extralimitado” con una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación” en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias “incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción”, y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.

El año pasado, el Tribunal Constitucional vino a declarar que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en su sentencia inicial condenatoria, y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían “incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”.

Posteriormente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla decidió suspender la tramitación de la emisión de las nuevas sentencias ordenadas por el TC, dadas “las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya, conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE, ordenó desde la Sección Séptima de la Audiencia reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo en 2016, al imputar al ex secretario general de Industria de la Junta Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora acusado y por entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.

A una de las juezas más conocidas del país, vieja amiga del magistrado en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996), luego alcalde de la capital hispalense y más tarde ministro del Interior, no le han salido especialmente bien algunas de sus decisiones más mediáticas quizás por su “nueva manera de ver las cosas”, como sugirió el propio fiscal del caso Aznalcóllar, afeándole que reabriera el caso hasta por dos veces cuando el juzgado instructor estaba viendo claro que ahí no había ni truco ni amaño por parte de personal técnico de alta cualificación. En la vista oral, los acusados alegaron derechos “vulnerados” y acusaron a Alaya de “extralimitación” en sus funciones. Sentencia en mano, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un nuevo varapalo para la protagonista de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022).

La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este sábado Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una “acusación infundada”, la funcionaria ha sido tajante: “Esa pregunta se le debería de hacer a la magistrada Mercedes Alaya, que es la que ha motivado que nosotros fuéramos a juicio oral después de que la jueza instructora y la Fiscalía consideraran que no existía ningún tipo de delito, ningún tipo de prueba que nos inculpara de todos los delitos que se nos imputaban” (...) Habíamos hecho nuestro trabajo y nos sentaron en un penal“. A su juicio, la sentencia ”pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años“.

La sentencia es extensa pero algunas de sus consideraciones son especialmente contundentes: la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

“Teorías sobre conspiración y tramas delictivas”

Este ha sido el final, en primera instancia, del denominado caso Aznalcóllar. El caso ERE impulsado por Alaya es el más conocido a nivel nacional, pero no ha sido el único mediático. El ya mencionado Juan Ignacio Zoido presentó en abril de 2009 una denuncia contra el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alarga desde hace más de 15 años y que, aunque amortizado, como presume el PP, sigue vivo: después de que en julio de 2024 el Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves, y el caso se quedara sin trama política aunque con decenas de juicios pendientes por ayudas fraudulentas, la Audiencia de Sevilla llevó el pasado mes de julio a la Justicia europea las sentencias del Constitucional.

Pero volvamos a 2009. Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, en 2017, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya. En este mismo caso, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas resultó finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2014 pese a haber sido condenado en 2012.

También podemos recordar el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya. En noviembre de 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, que finalmente fueron luego absueltos. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en marzo de 2018 de apropiación indebida y administración desleal también fue un caso mediático que, desde el punto de vista penal, quedó en nada después de años de procedimiento judicial.

A comienzos de 2017, un contundente auto judicial de la jueza María Núñez Bolaños confirmó el archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación en Andalucía. Rechazó, como era de esperar, el recurso de reforma planteado por el PP andaluz pero lo hacía cargando contra su antecesora, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “iniciar causas penales desde la interpretación de informes” a partir de los cuales “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A”. La causa había sido archivada el 11 de octubre de 2016 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Aquello fue la crónica de un carpetazo anunciado, mientras con el caso Aznalcóllar se ha llegado al fin de un proceso y de una absolución anunciada.

El 'efecto ERE'

Alaya también protagonizó el llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones suyas en momentos muy puntuales, principalmente ante las autonómicas de marzo de 2012 (ganadas por el PP de Javier Arenas, si bien PSOE e IU hicieron coalición haciendo presidente a Griñán) y en la campaña electoral de las municipales 2011, con el foco en la política sevillana, de las que salió vencedor el ya citado Juan Ignacio Zoido. En su penúltimo caso mediático, en la primavera de 2023, sí que decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales el juicio por el gasto de dinero público en prostíbulos por parte del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado luego a seis años de cárcel.

Mercedes Alaya, en cualquier caso, fue la auténtica pesadilla para la Junta durante sus cuatro años de instrucción de los ERE y el PSOE siempre ha considerado que la instrucción que llevó a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos (aunque luego fue anulada por la Audiencia). A Alaya le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del exconsejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno de Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales entre sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar por un montante total de 261.754.334 euros.

En un auto fechado el día 15 de octubre y notificado a las partes personadas en este procedimiento, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación, según el auto facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA.

El magistrado no estima necesaria la práctica de nuevas diligencias instructoras en una pieza separada del caso ERE. De esta manera, el instructor continúa el procedimiento contra cuatro exviceconsejeros de la Junta de Andalucía, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la agencia IDEA, así como contra dos representantes sindicales de CCOO y UGT, dos 'intrusos' y un directivo de Uniter, la mediadora que “intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro” de la Consejería de Empleo.

El juez explica que las “subvenciones excepcionales” que describe en el auto fueron satisfechas con cargo al programa presupuestario 31-L. No obstante, “de las diligencias practicadas es posible deducir otras líneas de ayuda, distintas de las anteriores --y que también fueron concedidas y financiadas extramuros de cualquier forma de legalidad-- que habrían sido satisfechas con cargo a programas presupuestarios distintos, al margen así del programa presupuestario 22-E y 31-L de la Consejería”.

Así, precisa que estas “subvenciones excepcionales” vinculadas con los Planes Personales de Inserción (PPI) de los extrabajadores de Delphi “no habrían sido acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico por el correspondiente director general de Trabajo --en concierto con el correspondiente, a su vez, director general de IFA/IDEA-- con cargo a la partida 31-L”, lo que “justifica el sometimiento al proceso de los presuntos partícipes en la operativa ilícita investigada, incluidos aquellos” que han sido ya encausados y sometidos a juicio en la causa del procedimiento específico, refiriéndose en este sentido al caso concreto de un ex director general de Trabajo y dos exviceconsejeros.

A juicio del instructor, dicho procedimiento específico no tiene por objeto “la presunta ilicitud de la concesión de ayudas mediante, como sucedería en el supuesto de autos, otras partidas, programas operativas y mecánicas presuntamente delictivas”, abundando en que “resulta inequívoco que gran parte de los hechos delictivos objeto de investigación en la presente causa no fueron objeto de enjuiciamiento” en dicha pieza separada del caso ERE.

“Desde luego, no fueron objeto de aquélla causa las disposiciones de fondos realizadas con cargo a créditos presupuestarios distintos de los programas 22-E y 31-L”, apostilla. El juez enumera también en el auto los motivos por los que considera que los hechos delictivos no estarían afectados por la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) recaída con motivo de los recursos de amparo interpuestos en la causa del procedimiento específico.

Al respecto, señala que “resulta evidente que las disposiciones de fondos realizadas en favor de los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, objeto de autos, excedían notablemente del ámbito y finalidad del programa presupuestario 31-L --en sus sucesivos ejercicios--, pues no estaban destinados a mitigar la situación de empresa alguna en crisis, favorecer un plan de reestructuración o de viabilidad de ésta, ni se configuraban como ayudas sociolaborales en favor de los trabajadores de la sociedad, quienes se habían desligado de Delphi mediante la percepción de sus correspondientes indemnizaciones y serían beneficiarios de contrataciones laborales --ficticias-- a través de empresas formadoras, a su vez subvencionadas por el SAE”.

Así, destaca “la ausencia de cualquier finalidad o interés público en el otorgamiento y pago de las subvenciones” investigadas en esta pieza separada. De otro lado, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros seis investigados vinculados a la Junta, en concreto cuatro exconsejeros y dos exdirectores de Administración y Finanzas de la agencia IDEA, ya que contra ellos “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación --relevante penalmente-- en los hechos por los que se procede en la presente causa”.

En este sentido, y en el caso de los exconsejeros, el juez argumenta que no constan en las actuaciones “indicios suficientes de que, en su calidad de sucesivos titulares de las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar los ”Planes Personales de Inserción (PPI)“ de los extrabajadores de Delphi, habrían tenido deliberada participación en tales hechos”.

Añade el magistrado que “la implicación” de tales consejeros, superiores de los cuatro exvinceconsejeros investigados, “no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían podido tener conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación”.

En el auto, el magistrado explica que, en esta pieza separada, se investiga la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, “articuladas, en su mayor parte, mediante pólizas de prejubilación, y derivadas de convenios suscritos en el año 2009 así como de resoluciones dictadas y órdenes de pago firmadas a lo largo de los años 2009 y 2010, fundamentalmente”.

Así, el juez indica que estas “subvenciones y ayudas irregulares” fueron satisfechas “a la postre” por la agencia IFA/IDEA con cargo a fondos públicos a través del programa presupuestario 31-L “sin sumisión a procedimiento legal alguno”, ascendiendo el importe de “estas supuestas ”subvenciones“, graciosamente concedidas por la Junta de Andalucía”, a 261 millones.

El instructor precisa que dichos fondos “habrían sido arbitrariamente concedidos y dispuestos, fundamentalmente, para atender el pago de compromisos financieros, así como los acuerdos suscritos, vinculados --formalmente-- al cierre de la empresa”, y todo ello “mediante la financiación de un seguro de rentas en favor” de los extrabajadores de Delphi afectados, en particular pólizas de seguro de prejubilación a dichos extrabajadores por importe de 250.507.099 euros; pólizas de seguro de prejubilación para extrabajadores de la industria auxiliar de Delphi por importe de 7.840.847 euros, o pólizas de seguro para extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar con incapacidad laboral en grado de permanente total por valor de 3.406.388 euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años y un mes de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso ERE por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en las ayudas a catorce extrabajadores de la empresa Fertiberia.

La sentencia, fechada el pasado 11 de septiembre y difundida este martes por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), condena además a Rivera a diez años y un mes de inhabilitación absoluta y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 682.598,50 euros, cantidad que se corresponde con las tres órdenes de pago que emitió y que determinaron los correspondientes abonos de las ayudas.

Por contra, los magistrados absuelven de dichos delitos a un exdirigente de CCOO y al propio sindicato como responsable civil subsidiario. Así, y en relación al primero, la Audiencia argumenta que “no se ha podido probar que existiera una contribución eficiente y causal” del exdirigente sindical más allá de su presencia en una reunión entre el comité de empresa y el entonces delegado de Empleo en Sevilla.

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para los dos acusados cinco años de cárcel y doce años de inhabilitación absoluta, así como que, en concepto de responsabilidad civil, el representante sindical indemnizara con 2.262.666,61 euros a la Junta, y que el ex alto cargo de la Junta restituyera de aquella cantidad el importe de 682.598,50 euros.

Condiciones de prejubilación tras ser excluidos del ERE

El tribunal considera probado que en octubre de 2003 Fertiberia interesó la tramitación de un ERE con la intención de extinguir 166 puestos de trabajo, aprobado por acuerdo entre empresa y trabajadores en diciembre de ese mismo año. Los trabajadores podían optar por ser incluidos en un plan de prejubilaciones mediante póliza de seguro en la que aparecía como tomador Fertiberia o por percibir una indemnización de 20 días de salario bruto por año de servicio, con un máximo de 12 meses. Adicionalmente se acordaron 77 traslados geográficos de los centros de la empresa en Cartagena y Sevilla y 12 de los trabajadores afectados interesaron de Fertiberia la finalización de la relación laboral mediante una baja incentivada entre marzo y mayo de 2004.

Los magistrados añaden que estos doce trabajadores tenían la intención, una vez desvinculados de la empresa, de recabar la ayuda de la Dirección de Trabajo para poder conseguir las condiciones de prejubilación a las que no habían accedido en el ERE, para lo que remitieron una solicitud individualizada y otra de forma colectiva al entonces titular de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y al delegado provincial de Empleo. Guerrero comunicó en octubre de 2004 a la consultora Vitalia la conformidad de su departamento a suscribir una póliza por cada uno de los doce extrabajadores de la empresa “a fin de facilitar la obtención de las condiciones de prejubilación a las que no habían podido acceder en el ERE”.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Supremo, recoge que la cantidad total a abonar ascendía a 2.162.608,44 euros, importe del que correspondía pagar a los antiguos trabajadores 541.509,18 euros, mientras que el resto sería abonado por la Junta, aunque posteriormente el monto a abonar por la Administración autonómica ascendió hasta los 1.947.931,30 euros en virtud de doce suplementos de pólizas que aumentaron la deuda por intereses moratorios debidos a impagos.

Los magistrados aluden a continuación a otras dos pólizas suscritas para otros dos extrabajadores de la empresa y explican que, para los pagos de todas las pólizas referidas, el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, dictó resoluciones que ordenaban a la agencia IDEA el traspaso de fondos públicos a la cuenta corriente de la entidad aseguradora.

Posteriormente, y una vez que tomó posesión como director general de Trabajo en abril de 2010, Rivera ordenó en septiembre de ese mismo año a IDEA el pago de 70.852,96 euros mediante transferencia a la cuenta de titularidad de Apra Leven para que fuera aplicada a algunas de las pólizas, tras lo que, el 29 de octubre, ordenó a IDEA el pago de otros 464.863,22 euros a Grupo Generali España para que fuera aplicado a otras de las pólizas, de forma que las transferencias “se realizaron en todos los casos de fondos públicos”.

No existía expediente de tramitación de la ayuda

La Sección Primera de la Audiencia agrega que, en la gestación de la ayuda concedida por la Dirección de Trabajo, “existió una falta completa de tramitación de expediente administrativo, sin que, a fecha de su concesión, el titular de dicha dirección general ostentara delegada la competencia para la adjudicación de dicha ayuda, porque correspondía al titular de la Consejería de Empleo”, y precisa que “la decisión adoptada por el entonces director general de Trabajo culminó con pagos procedentes de fondos públicos por importes de 1.947.931,30 euros que fueron ingresados en la cuenta bancaria de Vitalicio Seguros/Grupo Generali España y de 317.735,28 euros que se ingresaron en la cuenta bancaria de Apra Leven”.

Los magistrados aseveran que, “a pesar de que en las respectivas resoluciones dictadas” por el ex alto cargo condenado que ordenaban los pagos referidos a la agencia IDEA, “se mencionaba que en la Dirección General obraba el expediente completo de la tramitación de la ayuda, dicho expediente no existía, porque se había prescindido de una forma total del procedimiento legalmente establecido”.

“Al entonces director general le constaba que no existía ninguna base reguladora, que no se había dado publicidad a la concesión de las ayudas y que no se habían determinado los requisitos que debían cumplir los beneficiarios”, sostiene el tribunal, que añade que “conocía que no hubo fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo ni seguimiento la aplicación del importe de la ayuda concedida”.

Por todo ello, la Sección Primera concluye que el condenado es autor de delitos de prevaricación y malversación “por su concreta intervención en las órdenes de pago que determinaron el abono de un total de 682.598,50 euros a las pólizas de las que resultaron beneficiarios los antiguos trabajadores de Fertiberia”. El tribunal considera que “no se ha acreditado que nos encontremos ante ayudas sociolaborales amparadas por la partida 31L”, avalada en la sentencia del Supremo sobre las ayudas a Acyco, ya que los destinatarios no son “trabajadores de Fertiberia” sino personas ajenas a la empresa, que solicitan unos beneficios económicos que faciliten su prejubilación“, remarcando además ”la ausencia de fin público“.

Un voto particular pide absolver a Rivera

La sentencia cuenta con el voto particular de unos de los tres magistrados que conforman el tribunal, Pedro Izquierdo, quien considera que el ex director general de Trabajo condenado debería haber sido absuelto, ya que “los beneficiarios” de las ayudas “no son personas ajenas a la empresa sino trabajadores de la misma a los que en el transcurso de la reestructuración laboral se les ofreció la posibilidad de finalizar sus contratos de trabajo para poder cobrar las citadas indemnizaciones”.

“Tal circunstancia supone una conexión funcional, personal y cronológica entre Fertiberia, de la que provienen las indemnizaciones aportadas para solicitar la ayuda, y los beneficiarios de las pólizas como trabajadores de aquella, aunque Fertiberia no conste en las mismas, que impide considerarlos como sujetos absolutamente ajenos a ella, supuesto este último que sí sería, en su caso, merecedor de reproche penal”, concluye el voto particular del magistrado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de 22 meses y 15 meses de cárcel, respectivamente, a dos acusados en una pieza separada del caso ERE por recibir ayudas económicas mediante pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos dada su “relación de amistad o vecindad” con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, mientras que ha absuelto a otras tres personas en relación con estos hechos, dos empleados de la consultora Vitalia S.A. y la hija de uno de los dos condenados.

En la sentencia, fechada el pasado 9 de septiembre y notificada este viernes a las partes, el tribunal condena a Alejandro M.T. como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y un año y diez meses de prisión y tres años y ocho meses de inhabilitación absoluta por la malversación. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Junta en la cantidad de 333.072,07 euros, correspondiente al total percibido por la suscripción de las pólizas.

A la hora de imponer estas penas, el tribunal tiene en cuenta “la intensidad de reproche que merece su conducta, orientada a lucrarse a costa de fondos públicos sin más mérito que el favor buscado de su amigo como director de Trabajo”, añadiendo que, “al resultar así favorecido, se situó por encima de otros ciudadanos y se lucró ilícitamente a costa de fondos públicos en una no desdeñable suma de 333.072,07 euros que fue percibiendo durante un largo periodo de tiempo y le permitió enriquecerse y engrosar su patrimonio en detrimento, con toda seguridad, de la consecución de los lícitos fines sociolaborales que habrían sido cubiertos con las cantidades defraudadas”.

Asimismo, los magistrados condenan a Rafael R.G. por esos mismos delitos aunque con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, y le imponen dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y un año y tres meses de cárcel y dos años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. De igual modo, y en concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la Junta con 91.196,76 euros, cantidad correspondiente al total percibido por la suscripción de las pólizas y de la que será detraída la suma de 54.880,03 euros que ya consignó en la cuenta del Juzgado de Instrucción, y que deberá ser reintegrada a la Administración autonómica.

En este caso, la Audiencia tiene en cuenta que, “ya desde su primera declaración, ante la posible ilicitud de su conducta, se mostró proclive a devolver el dinero y así lo hizo en gran parte hasta completar una consignación de 54.880,03 euros a resultas de su responsabilidad”, lo cual “debe tener una repercusión positiva en la individualización de la pena”.

En la sentencia, difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultada por Europa Press, el tribunal considera probado que Guerrero mantenía “relaciones personales de amistad y/o vecindad” con los condenados y con otras dos personas ya fallecidas y “aprovechó que tenía a su disposición fondos públicos de la Junta y, careciendo de competencia para ello, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y sin que existiera un fin público para su aplicación, benefició con dinero público” a las cuatro personas aludidas “por el mero hecho de tratarse de personas de su entorno personal, lo cual supuso un quebranto de los intereses generales”.

Los magistrados precisan que, “en la operativa para la consecución del fin propuesto, que no era otro que materializar sin justa causa ese beneficio personal”, el entonces director general de Trabajo “ordenó a favor de los mencionados pagos en forma de rentas con cargo a fondos públicos de la Junta a través de la suscripción de pólizas de rentas de supervivencia y de capital diferido en las que les hizo figurar como asegurados y beneficiarios con la finalidad de que aquéllos vieran aumentados indebida y considerablemente sus ingresos mediante elevados importes”, todo ello “pese a que estas personas eran ya beneficiarias de otras pensiones, prestaciones o ayudas públicas”.

Según la sentencia, las cuatro personas mencionadas, como beneficiarias de las pólizas, “estuvieron cobrando durante años las sumas” expuestas en la sentencia, y ello “pese a que eran plenamente conscientes, ausente cualquier derecho a percibirlas con respaldo legal, de que sólo su relación o vinculación personal con el director general de Trabajo las habilitaba”.

Los magistrados detallan la existencia de un “sistema de pagos cruzados” consistente en “destinar parte del importe de las primas de esas pólizas de empresa, ya en poder de las aseguradoras, a pagar las primas de las pólizas individuales que se contrataban por indicación” del director general de Trabajo “en beneficio de unos particulares que, ausente cualquier vinculación con las empresas en cuestión o con cualquier otra, se enriquecían de modo consciente por el solo hecho de tener algún tipo de relación o vinculación de índole personal” con Guerrero.

Así, y “siguiendo órdenes” del responsable de esta Dirección General, “los pagos los hacían directamente las aseguradoras a los particulares beneficiarios, con lo que se eludía cualquier control administrativo, financiero y presupuestario dado que el movimiento de fondos públicos carecía de reflejo en la contabilidad de la Junta y también en la de la agencia IDEA”, asevera la Audiencia.

El tribunal subraya que, de esta forma, el entonces director general de Trabajo, “en connivencia” con los dos condenados y las otras dos personas ya fallecidas, logró que su departamento “se hiciera cargo de las pólizas en su totalidad sin responder a ningún interés general, público o social, sino sólo para enriquecer con los fondos públicos andaluces a personas de su entorno personal, siendo esto consentido por los mencionados acusados, quienes contribuyeron de forma activa y determinante para ello”.

Por todo ello, los magistrados consideran que “el dinero público distraído se concedió gratuitamente por el director de Trabajo sin competencia para ello, sin crédito suficiente, y de forma arbitraria, prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido con grave perjuicio a las arcas públicas”, lo que “permitió que se lucraran injustamente particulares, con los que tenía vinculación personal, a expensas de fondos de la Junta”.

En este sentido, inciden en que “el hecho de que las personas favorecidas resultaran beneficiarias de estas pólizas no estaba relacionado con ningún ERE ni con ninguna circunstancia referida a sus respectivas vidas laborales y sí, solamente, con el vínculo o relación que mantenían” con el director general de Trabajo “a título particular”, mientras que, “en sentido inverso, este último, alejado de un fin de interés general, destinó dinero público que gestionaba en función de su cargo a favorecer económicamente a unos particulares por el mero hecho de tener con ellos una relación privada o personal, ya fuera de amistad, de vecindad o derivada del hecho de compartir afiliación a un mismo partido político”.

De otro lado, el tribunal indica que la consultora Vitalia S.A. fue la encargada de la tramitación de todas las pólizas de seguro, pero no ha podido acreditar la participación específica de los dos trabajadores acusados en la gestión y tramitación de las pólizas“. También absuelven a la hija de uno de los dos condenados porque ”no se ha constatado que solicitara al director general de Trabajo la ayuda económica para su padre, ni que se prevaliera de su amistad“ con él.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el nombramiento del magistrado Álvaro Marcos Martín Gómez, como nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, un puesto vacante desde noviembre de 2021 tras la jubilación del magistrado Damián Álvarez después de 13 años al frente de la institución, extremo derivado del prolongado bloqueo en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial por la falta de acuerdo político.

El magistrado Álvaro Marcos Martín Gómez cuenta en su trayectoria con haber instruido parte de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

De hecho, fue el juez instructor que, allá en mayo de 2016, ordenó la continuación por el trámite del procedimiento abreviado de las diligencias correspondientes al mecanismo de financiación de los ERE, es decir la denominada como “pieza política”; con relación a más de una veintena de exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas condenas dictadas por la Audiencia y confirmadas por el Supremo fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, con la orden de emisión de nuevas sentencias, extremo objeto de una cuestión prejudicial del órgano provincial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La candidatura de Álvaro Martín, actualmente magistrado en la Sección Cuarta de la Audiencia, ha prosperado así sobre las cuatro candidaturas restantes que concurrían al cargo de la Presidencia de la Audiencia, vacante desde 2021.

En concreto, tras ser efectiva el 28 de noviembre de 2021 la jubilación de Damián Álvarez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía designar a un nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla.

No obstante, el CGPJ estaba entonces pendiente de su renovación por falta de acuerdo político entre el PSOE y el PP y, por tanto, ejercía sus responsabilidades en funciones, pesando una proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos en marzo de 2021, que impide que la entidad pudiese hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato; extremo por el cual el CGPJ acumuló decenas y decenas de nombramientos pendientes.

Dado el caso, la falta de acuerdo político para la renovación del CGPJ impedía la resolución del nombramiento del nuevo presidente/a de la Audiencia de Sevilla, siendo la misma asignada en funciones al magistrado más antiguo de la institución, en ese caso el juez Juan Márquez, sucedido a su jubilación forzosa por su hermano Rafael en esta responsabilidad interina.

Pero tras el acuerdo político alcanzado meses atrás para la renovación del CGPJ, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el cuerdo de fecha 12 de febrero de 2025, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocaba al fin la provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Además, el pleno del CGPJ ha nombrado en paralelo a José Muñoz Pérez, vocal togado del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, con empleo de comandante auditor.

Del Río, reelegido

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido a Lorenzo del Río como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para un tercer mandato, en el marco del total de 26 nombramientos a los que ha procedido este miércoles, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota de prensa.

Del Río, que ha estado en funciones en el puesto desde 2021, afronta así el que será su tercer mandato al frente de la presidencia del alto tribunal andaluz, un puesto para el que es ratificado para cinco años, si bien su jubilación está prevista en diciembre de 2028, con 72 años, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press en el TSJA.

El CGPJ ha ratificado también este miércoles a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cargos que ocupaban ya de forma interina, tras la retirada de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, para desencallar ambos nombramientos en puestos clave.

El pasado noviembre, Del Río enmarcó en una decisión “muy meditada” el haberse puesto a disposición del CGPJ para optar a su tercer y último mandato al frente del alto tribunal andaluz, pues se mostraba consciente del tiempo que había transcurrido en dicho cargo si bien se había “visto animado por muchos compañeros a hacerlo”.

“Tanto integrantes de Sala de Gobierno, con responsabilidades también en órganos gobernativos, me han insistido y me han visto con ganas, con ilusión, con compromiso”, relató a preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz después de que trascendiera que optará a la reelección como presidente del TSJA una vez que el CGPJ convocó la plaza, junto a la de otros cuatro tribunales superiores por vencimiento de mandato.

Lorenzo del Río tomó posesión de su cargo en diciembre de 2010 y fue reelegido en enero de 2016, por lo que llevaba en funciones en concreto desde enero de 2021. Antes de llegar a la presidencia del TSJA, donde sustituyó en el cargo a Augusto Méndez de Lugo, presidió durante doce años la Audiencia Provincial de Cádiz.

La Audiencia de Sevilla ha decidido finalmente plantear cuatro cuestiones prejudiciales sobre el caso de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon total o parcialmente las condenas a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán,  como había solicitado el pasado febrero la acusación representada por el PP.

En un auto fechado el 14 de julio y notificado este martes a las partes personadas en este procedimiento, contra el que no cabe interponer recurso alguno, los magistrados dejan en suspenso la ejecución de las sentencias“ del TC hasta que la Justicia Europea resuelva si el Tribunal de Garantías en España se ha extralimitado, si ”podría haber suplantado la función de interpretación del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior -que ratificó las condenas a los dirigentes socialistas-, si erró al considerar que aprobar un anteproyecto de ley “no es un acto administrativo”, y si esa conclusión misma no vulnera el Derecho de la Unión y su jurisprudencia en la lucha contra delitos asociados a la corrupción.

La Audiencia ha considerado “imprescindible” el planteamiento de estas cuestiones prejudiciales para “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad en la lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecta a los intereses de la Unión y contra la corrupción en general” (...), y para “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

La resolución de la Audiencia llega después de tres jornadas de deliberación entre abril y mayo, y de que los propios jueces de este tribunal impidieran a la Junta personarse en un caso que, desde 2009, revisó el proceder de los gobiernos socialistas en Andalucía en la concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis en la primera década del siglo XXI, llevándose por delante a la cúpula de los ejecutivos de Chaves y Griñán.

Es de recordar que la Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la llamada 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a exaltos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados. Más lejos queda ya el fallo del Supremo de septiembre de 2022 que ratificó las condenas por delitos de prevaricación y de malversación de la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia de Sevilla.

“Esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC (…), sin haber llevado a cabo ponderación alguna de los intereses de la UE en juego, resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia”, concluyen ahora los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia.

“Interpretación restrictiva de la legalidad penal”

La resolución de los jueces es especialmente dura con las sentencias del Constitucional que en su momento barajó impedir que la Audiencia acudiera a la Justicia Europea, entendiendo que era la primera vez que un juzgado ordinario se rebelaba contra el Tribunal de Garantías.

Según el escrito de la Audiencia, las sentencias del TC “estiman una vulneración del principio de legalidad penal nacional de altos cargos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía condenados por los tribunales penales ordinarios (Audiencia Provincial de Sevilla y Tribunal Supremo) por prevaricación y malversación, e imponen a los tribunales españoles una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción.

“Al entrañar una absolución o rebaja casi integral de las penas impuestas a los condenados, se permite un escenario de impunidad de los delitos cometidos entre 2000-2009 por los altos cargos y responsables políticos de la Junta (Consejo de Gobierno, consejera de Hacienda, consejero de Empleo y directores generales de las consejerías y director de las entidades colaboradoras) y sus cooperadores y colaboradores”, reza el escrito.

La interpretación que realiza el TC de los delitos de prevaricación y malversación, insisten los jueces, “se vincularía genéricamente con la exención de responsabilidades a todo hecho o actuación realizada en el marco de la iniciativa legislativa presupuestaria”, una interpretación que, según la Audiencia, “es susceptible de originar un ámbito de impunidad que habría de resultar incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, porque impide determinar las posibles responsabilidades penales, civiles y contables de aquellos que, mediante un acto naturalmente ilícito -pero que en el caso de las sentencias del TC se considera atípico-, inician un trámite legislativo para crear leyes presupuestarias que persiguen un fin fraudulento, prohibido y contrario a las normas de la Unión Europea y sus intereses financieros”.

Los magistrados citan la “desprotección del patrimonio público”, la “dejación del deber de garantizar el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios a cuyo cargo se encuentran los bienes” de la Administración Pública, y el “incumplimiento de la normativa europea de lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión y la corrupción en general”.

La resolución de la Audiencia de Sevilla vuelve a cuantificar el fraude de los ERE en 680 millones de euros, la cifra total del fondo con el que la Junta pagó las ayudas sociolaborales (las legales y las ilegales) durante más de una década. A juicio de los magistrados, tampoco se puede “soslayar la consideración de que los miembros del Gobierno de una Comunidad Autónoma no son irresponsables y no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos”, pues “no está previsto nada similar en la Constitución ni está justificada en un Estado de Derecho la pretensión de situar a los miembros del Gobierno, en cualquier ámbito, por encima de la Ley”.

El tribunal concluye que “resulta incompatible con los compromisos de España con la UE mantener la irresponsabilidad de los miembros del Gobierno de una comunidad autónoma por su actuación en la elaboración, aprobación o elevación al Parlamento respectivo de proyectos de ley con el propósito de distribuir de forma ilegal subvenciones por importe de 680 millones de euros y durante un periodo de diez años”, asevera el tribunal.

El planteamiento de la Audiencia

El pasado marzo, los jueces de la Audiencia solicitaron por escrito a las partes que en un plazo de diez días presentaran “alegaciones” sobre el planteamiento antes de dictar nuevos pronunciamientos, cuestionando las sentencias del Constitucional siguiendo el posicionamiento del PP. Algo más tarde, la Audiencia desafió al tribunal de garantías y preguntó para qué quería el detalle de una providencia del caso ERE.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Constitucional anunció que no tomaría ninguna medida para impedir que la Audiencia llevara el caso a Europa si así lo decidía. El pleno, tras dos días de deliberaciones, decidió no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal sevillano como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explicó en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo”.

La Audiencia, después de que el PP pidiera pide llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos precisamente “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Los jueces de la Audiencia fueron más a lo concreto y preguntaron a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

También cuestionó la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, pregunta por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

El Tribunal Supremo ha resuelto la inadmisión de una querella de la Asociación Preeminencia del Derecho contra siete magistrados del Tribunal Constitucional y el representante de la Fiscalía ante dicha instancia por la sentencia que anuló la condena de la Audiencia de Sevilla al expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves por presunta prevaricación en el caso ERE, rechazando al tiempo la petición de plantear por sí mismo una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En una sentencia emitida el pasado 4 de junio y recogida por Europa Press, el Supremo expone que dicha asociación atribuía a los siete miembros del Constitucional y al representante de la Fiscalía posibles delitos de prevaricación dolosa, del artículo 446 del Código Penal, y presunta “cooperación judicial con una trama criminal organizada”.

En su querella, según el Supremo, la asociación promotora de la misma consideraba que la resolución del Tribunal Constitucional, anulando las condenas de la Audiencia de Sevilla a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los ERE, entre ellos los expresidentes socialista de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y ordenando a dicha instancia dictar nuevas sentencias respecto a los mismos pero conforme al nuevo criterio introducido por el propio TC; vendría a “dar cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita y analizada por el Tribunal Supremo, que ha conducido a la impunidad de la mayor parte de los recurrentes”, tomando la querellante dichas expresiones, según afirma, “de uno de los votos particulares de la sentencia” del TC.

Y es que la querella, según precisa el Supremo, no afecta a “los cuatro magistrados/as que formularon votos particulares” al citado pronunciamiento del TC por mayoría de siete miembros del tribunal. Según la querella, indica el TS, “los magistrados/as que dictaron la sentencia han venido a desempeñar una función auxiliadora al PSOE, formación política con la que aparecen particularmente vinculados, de uno u otro modo”, según la asociación.

Ante ello, el Supremo avisa de las “innumerables resoluciones en las que” señala ya que “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”.

“Interminables dúplicas y réplicas”

“Los criterios y razonamientos que se contienen en las sentencias del Constitucional, como en las de este Tribunal Supremo, en las pronunciadas por la Audiencia Provincial de Sevilla o por cualquier otro órgano jurisdiccional pueden ser o no compartidos por los diversos operadores jurídicos”, indica el TS, avisando de que ello “no convierte las resoluciones frente a las que, cada quién, pueda discrepar en objeto del delito de prevaricación”.

“Es evidente que unas u otras tesis (...) podrán o no ser compartidas. Pero no es menos obvio que los procedimientos judiciales han de tener un final, sin que puedan quedar indefinidamente sujetos a interminables dúplicas y réplicas entre los diferentes órganos llamados a resolverlos. Ello determina la necesidad de que, ya sea por razones de distribución jerárquica funcional ya por razones de estricta competencia, el ordenamiento jurídico haya de señalar, en cada caso, el órgano a quien corresponde pronunciar al respecto la última palabra. Y con relación a cualquiera que fuese dicho órgano, --según los casos, el Constitucional, el Tribunal Supremo o cualquiera otro Juzgado o Tribunal--, bien vale recordar aquella célebre expresión de 'no somos los últimos porque seamos infalibles; somos infalibles porque somos los últimos'”, explica el Supremo sobre la máxima de que las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado“.

Tampoco accede a la pretensión de la parte querellante “de que se activen por este Tribunal Supremo los mecanismos para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la compatibilidad de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el derecho comunitario”.

“Si la competencia del Constitucional se concreta, por lo que ahora importa, en la protección de los derechos contenidos en la Constitución y si, con relación a esta materia, resulta el máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales, casi podría decirse que 'va de suyo' que sus decisiones al respecto no estén sujetas al enjuiciamiento, a la revisión, de cualquier otro órgano jurisdiccional, pues, de no ser así, ya no sería aquél sino éste quien ostentara la referida atribución”; indica el Supremo, precisando que “cuestión diferente sería que, en el marco de la ejecución de lo resuelto por el Constitucional, algún órgano jurisdiccional entendiera que lo decidido en el caso concreto pudiera contravenir el derecho de la Unión, resultando incompatible con éste”.

“Frente al conflicto de deberes que, en tal hipótesis, surgiría para el órgano jurisdiccional (el de cumplir lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el de ajustarse también a la aplicación del derecho de la Unión), únicamente resultaría posible el planteamiento de la cuestión prejudicial”, señala el Supremo, en un marco en el que la Sección Primera de la Audiencia sopesa por su parte una cuestión prejudicial al TJUE por el asunto, como órgano emisor de la sentencia inicial sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE.

“En todo caso, y por lo que aquí importa, incluso en la hipótesis de que así fuera, ello no determinaría, en sí mismo, la existencia del delito que sustenta la presente querella, que igualmente debería ser archivada”, sentencia el Supremo, que no admite así la querella.

La Audiencia de Sevilla ha resuelto dejar fuera del caso ERE al Gobierno de Juan Manuel Moreno “al no ser parte en la presente causa” y pedir antes de la celebración del juicio el sobreseimiento de la misma y la reserva de acciones civiles.

Ese es el único argumento con el que el tribunal sevillano ha frustrado la reciente solicitud de la Junta de personarse en el procedimiento, tras censurar ante la Audiencia las “injerencias no permitidas” del Tribunal Constitucional en el fallo que anuló las condenas a los principales responsables del caso.

En una providencia fechada el pasado 29 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico, los jueces estiman que “no ha lugar” a lo solicitado por la Junta, “al no ser parte en la presente causa, habiendo solicitado, antes de la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles”.

Dos días antes, los expresidentes del PSOE y del Gobierno de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros cuyas condenas por el caso ERE anuló el Tribunal Constitucional, alegaron en contra de la personación de la Junta que la Audiencia de Sevilla acaba de rechazar.

Cabe recordar que la Audiencia de Sevilla acordó el año pasado la constitución de un nuevo tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE, después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Con esta decisión, el tribunal sevillano cierra la puerta a una nueva intervención de la Junta en el procedimiento, por lo que supone un revés para el Ejecutivo andaluz, que aspiraba a reforzar su postura de apoyo a llevar el caso ante instancias europeas.

Los expresidentes del PSOE y del Gobierno de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros cuyas condenas por el caso ERE anuló el Tribunal Constitucional, han alegado en contra de la personación de la Junta, que recientemente ha solicitado formar parte de la causa censurando ante la Audiencia de Sevilla las “injerencias no permitidas” del tribunal de garantías.

La Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución de un nuevo tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Así las cosas, tal y como había pedido el pasado mes de febrero la acusación representada por el PP, la Audiencia había dado a todas las partes un plazo de tres días para presentar alegaciones en relación con los escritos presentados por la letrada de la Junta de Andalucía. Las defensas de los exdirigentes socialistas han expuesto unos argumentos coincidentes, de acuerdo a las fuentes de las defensas, en su “frontal oposición” a la pretensión de personación de la Junta y al planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En unos de esos escritos de alegaciones, la representación legal de un exconsejero explica a la Audiencia de Sevilla que la Junta “expresamente renunció y se desistió de su condición de parte procesal” en el procedimiento (“no formuló acusación, no intervino en el juicio, quedó fuera del circuito de notificaciones”), lo cual con lleva que su pretensión sea “incoherente, inconsistente e intempestiva”, y esté “huérfana de sustento jurídico”.

La Junta estuvo personada como acusación particular en los ERE hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

Parte en la instrucción, dejar de serlo en el juicio y volver a serlo en la fase de ejecutoria

Según este exconsejero aquella fue una decisión “bien sopesada y argumentada” en un escrito “señero” y “sólidamente fundado en Derecho” mediante el cual el gabinete jurídico autonómico “marcó distancias” con la Fiscalía y el Ministerio Fiscal se situó en una línea “de coincidencia troncal con buena parte de los postulados de la defensa”. “Esos mismos que, al fin y a la postre, ha hecho suyos y dejado establecidos el Tribunal Constitucional a través de las sentencias” que ha venido dictaminando.

Además de alabar a “los letrados, funcionarios altamente cualificados, de aquel gabinete jurídico”, el actual escrito de la Junta tiene “pseudoargumentos” que “son baladíes y de pura oportunidad” al objeto de “intempestivamente dar una imposible marcha atrás en el tiempo para, en pirueta jurídica incalificable, prodigiosamente volver a ser esa parte procesal que, irreversiblemente y por su propio designio, ya hace mucho que dejó de ser”. Además, “ninguna novedad aportan al debate tales extemporáneas alegaciones” por parte de la Junta, apunta este exconsejero.

“No se puede, no se debe intentar, de manera jurídicamente caprichosa, ser parte procesal en la fase de instrucción, dejar de ser parte en la fase de juicio y volver a ser parte en la fase de ejecutoria del proceso”, critica en las alegaciones, y “mucho menos admisible por virtud de un dicterio de orden político emanado en forma de Orden del consejero [de Presidencia, Antonio Sanz] del que orgánicamente depende el gabinete, cuyo expediente completo sería de alto interés conocer, y en concreto el informe jurídico que le dé sostén”.

La defensa de este ex alto cargo apunta que “se puede estar o no de acuerdo con los planteamientos de fondo y las decisiones contenidas” en las sentencias del Constitucional, pero la Audiencia de Sevilla no debe albergarlas al tener en cuenta que “el Tribunal Constitucional, al dictarlas, no ha excedido su ámbito natural y plenamente legítimo de actuación, sin exceder los límites reservados a la jurisdicción y sin incurrir en valoraciones probatorias y juicios de subsunción alternativos, sino limitándose al control constitucionalidad que le corresponde”.

La Junta de Andalucía apoya el planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras las sentencias del Tribunal Constitucional en el caso ERE. Su gabinete jurídico ha formulado cuatro alegaciones a otros tantos aspectos expuestos por la Audiencia de Sevilla en marzo para que las partes se posicionaran antes de dictar nuevos pronunciamientos.

Ya entonces la Audiencia cuestionaba en cierto modo las resoluciones del Tribunal de Garantías, siguiendo el posicionamiento en febrero del PP, que ya es parte personada y que sugería que las sentencias del TC podrían no ser del todo compatibles con el Derecho de la Unión Europea.

En una providencia fechada este 16 de mayo, la Sección Primera da traslado a las partes de los escritos presentados por la letrada de la Junta para que presenten alegaciones en un plazo de tres días. Pero, ¿qué ha dicho la Junta ante el tribunal de la Audiencia Provincial? Entre otras muchas cosas, que en las diez sentencias de amparo del TC a ex altos cargos del PSOE en el gobierno autonómico “se apreciarían ejemplos de las injerencias no permitidas, entrando el Tribunal Constitucional en la interpretación normativa de los tipos penales de prevaricación y de malversación”, y que “sustentan luego su fallo”.

El escrito de la Junta se presentó el 12 de mayo, tal y como anunció en Madrid en la misma fecha el presidente Moreno. Ese día, la Consejería de Presidencia dispuso ordenar al Gabinete Jurídico de la Junta para personarse, como parte, en la ejecutoria de esta pieza de los ERE “al ostentar un interés legítimo, para ser oída respecto al planteamiento de la cuestión prejudicial”, todo ello “sin necesidad de la retroacción del procedimiento”, según consta en los escritos remitidos por la Junta a la Audiencia, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

La Audiencia, después de que el PP pidiera llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos “si el Tribunal Constitucional se había extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales [ordinarios] al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

La “valoración probatoria”

La Junta considera en ese punto que esos “ejemplos de las injerencias no permitidas” serían “apreciaciones” que “supondrían una valoración de elementos de prueba desde la perspectiva penal y procesal penal y no desde la propia, limitada, de la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal”.

Entre esos 'ejemplos' está lo dicho en la sentencia del recurso de amparo de Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda, al aludir a “la lesión de este derecho fundamental se produce por haber efectuado los órganos judiciales una interpretación y subsunción de los hechos en la norma penal que no se corresponde con la interpretación de los elementos típicos comúnmente aceptada por la comunidad jurídica”.

O cuando en la sentencia al recurso de amparo de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, se dice que “[…] es completamente imprevisible calificar como disposición ilícita la actuación conforme a los procedimientos y controles expresamente establecidos en las sucesivas leyes de presupuestos, como normas que tienen el mismo rango legal que cualquier otra ley. Y sin resultado típico susceptible de válida subsunción en la norma penal”.

En este sentido considera la Junta que las sentencias del TC “habrían contrariado la norma capital del artículo 2 del TJUE que propugna como valor de la Unión el respeto al Estado de Derecho”. “En este caso, el respeto a los principios del Estado de Derecho español (artículo 1.1 de la CE) que, como arriba hemos visto, y sobre la base del artículo 117.3 de la CE y sobre el basamento de la LOPJ, restringe el ejercicio de la potestad jurisdiccional penal, exclusivamente, a los Juzgados y Tribunales del Orden Penal, entre los que no se encuentra el Tribunal Constitucional con una función propia, diferencia y limitada”, dice.

Los jueces de la Audiencia fueron más a lo concreto y preguntaron a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

En ese punto, la Junta dice que las sentencias del TC deben pronunciarse “en exclusiva, desde la sola perspectiva constitucional, sobre la vulneración posible del derecho fundamental a la legalidad penal” pero “sin embargo” valoran “materialmente” la “valoración probatoria de la prueba pericial de la IGAE hecha por la Audiencia Provincial y ratificada en su conformidad por el Tribunal Supremo”.

Aquella prueba, clave en la causa y base de las acusaciones, fue encargada por la primera jueza que instruyó el caso ERE, Mercedes Alaya, a un equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda entonces en manos de Cristóbal Montoro (2011-2018).

Como consecuencia de ello, dice la Junta que “la propia valoración de los tribunales penales hecha en el ámbito de su propia jurisdicción penal” dejan “impropiamente, al margen de la intervención del Derecho Penal, los actos relativos a la presupuestación”, provocando “que escapen de la protección que el Derecho Penal confiere a la Administración y, con ello, y en este caso, a su patrimonio público”.

Para la Junta, en este sentido, el TC habría “contrariado la norma de los artículos 1 y 2 del Convenio de Bruselas de 26 de julio de 1995, dejando con ello desamparada la recuperación de fondos públicos afectados por actuaciones que podrían ser constitutivas de delito por sus consecuencias últimas directas en el ámbito de una gestión puramente administrativa que no escapa en ningún caso de la protección del Derecho Penal”.

“Innegable afectación negativa al resarcimiento económico”

La Junta, respecto a los otros dos aspectos, también apoya el planteamiento de la cuestión prejudicial. También cuestionó la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, preguntó por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

Dice la Junta que, tras la sentencia del Tribunal Supremo en septiembre de 2022 que ratificó las condenadas por delitos de prevaricación y de malversación de la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia de Sevilla, inició las actuaciones oportunas para el ejercicio de su acción civil a fin de procurarse el debido resarcimiento económico derivado de los hechos firmemente considerados como delitos y reclamable a las personas que fueron condenadas. De hecho, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que ya se está tramitando.

Argumenta la Junta que la fundamentación jurídica de las sentencias de amparo constitucional “restringirá, cuanto menos, dentro de la causa penal, el alcance material y el alcance temporal de los delitos y, con ello, el alcance económico subsiguiente, con afectación negativa consiguiente al contenido y a la extensión pecuniaria de la acción civil”, generando una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”, defendiendo el “interés legítimo” de su personación.

De hecho, en la Orden de la Consejería de Presidencia se dice que “a pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 28 millones de euros, lo que representa una pequeña fracción del total estimado de 679 millones de euros defraudados”. Cabe recordar que el Gobierno de Moreno pagará hasta 2026 las ayudas legales del caso ERE que el PP aún incluye en “el robo”.

Es de recordar también que la Junta de Andalucía ya estuvo personada, como parte perjudicada, hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

A pocas horas para que expire el plazo que se ha dado la Audiencia Provincial de Sevilla para decidir si eleva el caso ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la anulación total o parcial de las condenas a una decena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE dictada por el Constitucional, el presidente Juan Manuel Moreno ha anunciado, por sorpresa, que la Junta “va a volver a personarse” en el caso ERE “a lo largo del día de hoy o de mañana”.

“Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el [Tribunal] Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana (...) La obligación que tiene la Administración de la Junta es evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía”, ha asegurado, a la pregunta de una periodista sobre si considera “adecuado” que la Audiencia lleve el caso ERE ante la Justicia Europea.

El presidente andaluz ha evitado mencionar que esas sentencias a las que alude fueron anuladas hace un año por el Tribunal de Garantías, tras considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los líderes socialistas condenados.

Moreno ha hecho este anuncio a las puertas del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado este lunes en Madrid, y donde Alberto Núñez Feijóo ha convocado el Congreso Nacional del partido para el próximo julio, en previsión de que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales a final de año.

El mensaje del presidente andaluz de que la Junta “volverá a personarse” en el caso ERE para tratar de “recuperar los 700 millones” defraudados a la hacienda pública ha causado cierto desconcierto en instancias judiciales porque, hoy por hoy, no existe una pieza política abierta del caso ERE donde personarse.

Fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas por elDiario.es aseguran que se presentará “un escrito para personarse” ante la Audiencia Provincial, que es donde reside el procedimiento de la pieza política de los ERE, para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, pese a que estos fueron anulados luego por el TC.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que la Audiencia Provincial de Sevilla no ha reabierto la instrucción del caso ERE, aseguran que es el Gobierno de Moreno quien debe aclarar dónde se personan si, en este momento, no hay una causa abierta, y apuntan que será la Audiencia la competente en resolver la solicitud de personación de la Junta. “Habrá que ver el escrito y los argumentos”, concluyen las fuentes jurídicas consultadas, que no recuerdan ningún precedente parecido.

La Consejería de Presidencia, responsable de presentar este escrito, no ha proporcionado el documento de personación a este periódico, pero ha confirmado el registro de un escrito este mismo lunes ante la Audiencia de Sevilla “para apoyar que este órgano judicial acuda el Tribunal de la UE” tras las sentencias del Constitucional sobre el caso ERE“.

La Junta comparecerá en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo, pues considera que el Constitucional se ha “extralimitado en sus funciones y podría provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción de la historia de España”.

El Gobierno de Moreno, en consonancia con el planteamiento que ya hizo el PP, considera “que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE”. Ya entrada la tarde, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado en un audio remitido a los medios que “ha dado orden al gabinete jurídico de la Junta de proteger los intereses de los andaluces”.

Personación del PP

El PP ya estuvo personado como acusación particular en la llamada pieza política del caso ERE, que culminó con la condena del Supremo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exaltos cargos, por malversación y prevaricación.

La Junta de Andalucía también lo estuvo, como parte perjudicada, hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

A falta de conocerse la explicación técnica o jurídica para “volver a personarse” en el caso ERE, el anuncio de Moreno debe leerse en el momento político exacto en el que se produce, esto es, a pocas horas de que la Audiencia de Sevilla decida si acude a la Justicia Europea para preservar las condenas a los dirigentes socialistas, un escenario inédito que solicitó el propio PP como acusación particular personada en la causa, y que fuentes del Constitucional tildaron de acto de “rebelión”.

El presidente andaluz ha mostrado, desde el principio, su disconformidad con la anulación de las condenas que dictó el Tribunal de Garantías, y el mensaje de este lunes busca reabrir la pelea política -volviendo a reclamar el reintegro del dinero defraudado- pero también la vía judicial.

Reactivar los ERE tras el Constitucional

El proceso judicial que inició la jueza Mercedes Alaya hace 14 años culminó con la sentencia del Constitucional que, el pasado julio, anuló las condenas a Chaves, Griñán y el resto de la cúpula de los gobiernos socialistas, tras concluir que se habían vulnerado sus derechos de representación y a la presuncion de inocencia.

El Tribunal de Garantías obligó a la Audiencia de Sevilla a repetir las sentencias contra los altos cargos socialistas pero sin casi la totalidad de acusaciones que pesaron sobre ellos, y la Audiencia, en un giro sin precedentes, se rebeló contra la decisión del Constitucional y planteó una consulta prejudicial a las partes para decidir si eleva el caso ERE a la Justicia Europea.

Los populares han cargado duramente contra el fallo del TC, acusando a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, de “ilegítimo” y de actuar como juez y parte en beneficio de los socialistas. Estos, por su parte, se sintieron exculpados, aliviados y exhultantes por la anulación de condenas del caso ERE y en los últimos meses han salido en tromba para denunciar, de forma retroactiva, que todo el proceso fue una “cacería política, judicial y mediática” orquestada por el PP para arrebatarles el Gobierno andaluz.

En este acalorado contexto, y bajo el ruido de tambores electorales tanto en Madrid como en Andalucía, Moreno ha puesto el contador a cero del caso ERE, reactivando un proceso que, hoy por hoy, no tiene ninguna instrucción abierta, y apelando al montante global de los fondos de la Consejería de Empleo con el que se pagaban las ayudas sociolaborales, esos casi 700 millones que incluyen las ayudas ilegales, pero también las legales que aún hoy sigue abonando su Administración.

Tras el anuncio hecho en Madrid, al presidente andaluz le han pedido que confirme si la Junta “se va a personar ante la Audiencia de Sevilla”, pero Moreno no ha respondido.

Moreno sigue pagando ayudas legales de los 700 millones de los ERE

Desde 2019, cuando el Ejecutivo andaluz del PP diseña sus primeros Presupuestos Autonómicos, hasta hoy, la Junta ha seguido presupuestando y abonando regularmente las ayudas legales del fondo de los ERE a miles de prejubilados salpicados por la causa judicial que Moreno insiste en incluir en “el robo de 680 millones”. Los populares, aún hoy, usan la cifra de la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales, que la Junta siguió abonando cuando Moreno llegó al poder, y que seguirá pagando hasta mediados de 2026, confirman desde el Ejecutivo andaluz.

El pasado junio, durante el debate de política general en el Parlamento andaluz, Moreno subió a la tribuna y explicó que la Junta, desde que gobierna el PP, ha ingresado más de 27 millones “de los 62 millones que la Justicia y el Tribunal de Cuentas han acordado para su devolución a las arcas públicas”, y que viene reclamando otros 135 millones en las decenas de piezas de la macrocausa de los ERE que siguen abiertas.

Lo que no dijo Moreno es que, cada año, su Gobierno consigna una cantidad en el presupuesto autonómico para seguir abonando las ayudas sociolaborales de pago directo y a través de la financiación de pólizas de seguro colectivo de rentas a los prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE. Sólo en su primer ejercicio presupuestario respaldado por Ciudadanos y Vox (2019), el Ejecutivo de Moreno pagó 35,7 millones en ayudas a los prejubilados de los ERE.

La jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía lo estimó en 741,6 millones y aquella sentencia, ratificada luego en el Supremo, rebajó hasta los 680 millones. Si bien parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo, como ahora admite con sus actos el propio Gobierno del PP.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido finalmente que va a deliberar durante tres días (24 y 29 de abril, y 13 de mayo) si lleva plantea o no una cuestión prejudicial sobre el caso de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como ha pedido la acusación representada por el PP, según figura en esta nueva providencia difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En marzo, la Audiencia de Sevilla solicitó por escrito a las partes que en un plazo de diez días presentaran “alegaciones” sobre ese mismo posible planteamiento antes de dictar nuevos pronunciamientos. La Sección Primera acordó la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Tribunal Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a exaltos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Constitucional anunció que no tomaría ninguna medida para impedir que la Audiencia de Sevilla llevara el caso a Europa. El pleno, tras dos días de deliberaciones, decidió no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal sevillano como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explicó en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo y en evolución”.

¿Qué planteó la Audiencia a las partes?

La Audiencia, después de que el PP pidiera pide llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos precisamente “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Los jueces de la Audiencia van más a lo concreto y preguntan a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

También cuestiona la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, pregunta por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

El Tribunal Constitucional no tomará ninguna medida que impida que la Audiencia de Sevilla lleve el caso de los ERE de Andalucía hasta Europa. El pleno, tras dos días de deliberaciones, ha decidido no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal andaluz como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explica en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo y en evolución”.

La decisión del pleno sigue la estela de lo afirmado hace unos días por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el Ateneo de Madrid. El magistrado rechazó que este debate fuera a desembocar en algún tipo de movimiento del tribunal para interceptar la posible cuestión prejudicial que estudia en estas semanas la Audiencia de Sevilla para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si está obligada a cumplir las sentencias del Constitucional que rebajaron la mayor parte de las condenas de los ERE de Andalucía.

Los miembros del tribunal de garantías analizaban desde hace semanas dos movimientos recientes de dos tribunales territoriales con un objetivo: preguntar a Europa si podían soslayar las sentencias del Constitucional, no ejecutarlas y plantear sus propios reparos a los tribunales internacionales. El primero en hacerlo fue el Tribunal Superior de Madrid, que en un pleito relacionado con un conflicto entre empresas VTC elevó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para preguntar si la sentencia del Constitucional sobre el caso era compatible con el derecho comunitario.

El segundo tribunal, que por el momento ha consultado a las partes si debe hacer un movimiento similar a instancias del PP, es la Audiencia Provincial de Sevilla. Sobre la mesa está la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta qué punto las decisiones del Constitucional, que redujeron a la mínima expresión las condenas de los líderes socialistas andaluces y llevaron a la excarcelación de muchos de ellos.

La iniciativa de ambos tribunales territoriales fue recibida con preocupación en sectores del Constitucional que consideraban “inédito” que pretendieran acudir a Europa para incumplir, en la práctica, sentencias del tribunal de garantías. Todo tras semanas turbulentas en su relación con el Tribunal Supremo, que en varios autos también relacionados tangencialmente con el caso de los ERE había incluso deslizado la posibilidad de poder encausar a los magistrados del Constitucional por prevaricación.

El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, encargó varios informes a los letrados del Constitucional, que informaron en contra de la posibilidad de interceptar de alguna manera esas cuestiones prejudiciales e intervenir en el proceso fuera de los cauces reglamentarios. Fue el propio magistrado el que descartó la posibilidad de ir más allá de una mera deliberación hace unos días en el Ateneo de Madrid.

“No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, explicó entonces.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, ha intervenido este lunes en un desayuno informativo del Ateneo de Madrid para referirse a uno de los grandes conflictos que atraviesa el tribunal en la actualidad: la intención de la Audiencia de Sevilla de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo las sentencias que ampararon a los condenados del caso de los ERE de Andalucía.

El presidente ha descartado que el debate que el pleno tiene señalado para esta semana tenga por objetivo interceptar esa posible cuestión de inconstitucionalidad aunque ha reconocido que se trata de un asunto “novedoso” porque, normalmente, estas cuestiones se presentan antes de dictarse sentencias firmes sobre el caso.

“Es un asunto controvertido, de actualidad, desde el Constitucional respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional, lo que hemos hecho es convocar un debate interno ante un asunto novedoso que afecta a nuestra jurisdicción. Es un debate sin respuesta de resolución, una reflexión interna”, ha explicado. “No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, ha explicado.

Es de recordar que la Audiencia de Sevilla, después de aceptar el envite del PP y plantear la posibilidad de que las sentencias del Constitucional no fueran “del todo compatibles” con el Derecho de la Unión Europea, en una diligencia de ordenación pidió recientemente al tribunal de garantías que explicara por qué y para qué le había reclamado la providencia en la que pedía a las partes que se posicionaran sobre la posibilidad de elevar una consulta a Europa.