La Fiscalía defiende la instrucción del caso Aznalcóllar frente a “la manera de ver las cosas” de la jueza Alaya

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes la segunda sesión del macro juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis. La fiscal del caso ha defendido la labor de la juez instructora Patricia Fernández Franco, que archivó dos veces la causa, ante la “nueva manera de ver las cosas” del tribunal participado por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de los ERE, que revocó ambos sobreseimientos.

Esta segunda sesión del juicio ha contemplado la contestación a las cuestiones previas planteadas el primer día por las defensas de los 16 acusados, que reclamaron la nulidad del juicio por “vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad” y una supuesta “extralimitación de las competencias” de la Sección Séptima de la Audiencia.

La fiscal del caso, cuya instancia solicitó ambos sobreseimientos de la causa y ha pedido la absolución de los 16 acusados; ha defendido que la magistrada Patricia Fernández Franco, desde el Juzgado de Instrucción número tres, “cumplió escrupulosamente con las diligencias” investigación, resolviendo dos veces archivar el caso, pero “la Sala Séptima hizo un nuevo razonamiento, una nueva manera de ver las cosas”.

“Cuando revocan el segundo auto de sobreseimiento, la magistrada instructora se vio en una tesitura difícil y se vio abocada a dictar un auto de procedimiento abreviado”, ha manifestado la fiscal, asegurando que la magistrada Patricia Fernández Franco siempre tuvo un “control exhaustivo” de la investigación.

De otro lado, la fiscal ha negado cualquier vulneración de derechos en las detenciones de los inculpados, reconociendo que las defensas “pueden ver como un poco rigorista ese proceder”, pero precisando que “en cuanto declararon, fueron puestos en libertad, con lo que no estuvieron más tiempo de lo debido” en la situación de detención.

Y de la misma manera, la fiscal del caso ha negado las tesis de las defensas respecto a que Emerita, empresa denunciante del asunto, no esté supuestamente legitimada para ejercer la acusación particular y que sólo podría participar como acusación popular; planteamiento que de prevalecer podría hacer decaer la causa porque la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

“Un currículum de desastres ambientales”

Ecologistas en Acción ha alertado este martes de que la multinacional minera Grupo México, adjudicataria de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), de la mano de la andaluza Magtel, “se parece mucho a Boliden”, la empresa sueca que mediante su sociedad Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa) explotaba esta mina cuando se produjo el conocido gran desastre medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del complejo minero.

Los representantes de Ecologistas en Acción Isidoro Albarreal y de Greenpeace Luis Berraquero han comparecido este martes ante los medios de comunicación en los aledaños de la Audiencia de Sevilla, que acoge el referido macrojuicio. Isidoro Albarreal ha considerado “llamativo” que “los diez funcionarios (acusados) que formaban parte de la mesa de contratación” conformada por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de la mina, “defendidos antes por los letrados de la Junta”; ahora están representados en el juicio por “el mismo bufete que representa a la empresa Minera Los Frailes”, sociedad instrumental creada por Grupo México para la gestión directa de la mina.

Albarreal ha señalado además el papel de varios de los acusados, como Salvador Camacho Lucena, que era secretario general de Medio Ambiente de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y “por tanto, tenía todos los conocimientos jurídicos para saber que lo que se estaba haciendo no era lo correcto”; así como Iván Maldonado, jefe del Servicio de Minas; y Juan Manuel Revilla, que actuaba como secretario de la mesa y que también tenía “conocimiento perfecto, porque los tres tienen una trayectoria bastante grande y, por cierto, bastante unida a infracciones ambientales”, según ha puntualizado.

“Todos los demás acusados deberían ser conscientes y determinar claramente cómo fueron los hechos y si recibieron o no recibieron instrucciones de qué tenían que hacer”, ha enfatizado.

Además, Albarreal ha expuesto que Grupo México no concurrió directamente al concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, sino que lo hizo mediante su “aval económico y técnico a la empresa Minorbis, que jamás ha tenido un proyecto minero”; porque “seis meses antes de que se convocara el concurso, el 6 de agosto de 2014, Grupo México reventó una balsa minera en su país y contaminó todo el río Sonora, por no cumplir con las normas ambientales, algo muy parecido a lo que Boliden hizo en 1998”.

“Es decir, Grupo México se parece muchísimo a Boliden y tiene un currículum de desastres ambientales en toda América muy importante. Por eso no se presentó al concurso”, ha enfatizado Isidoro Albarreal, insistiendo en que los acusados “eran conocedores de que Minorbis no había tenido jamás una explotación minera y que por tanto, no podía tener ni suficiente aval técnico ni económico para tener esos derechos”.

Además, ha insistido en que pesa prevaricación ambiental porque el concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina introducía “dos condiciones ambientales muy importantes, que no podía haber balsa de lodos y que no se podía provocar ningún daño al corredor verde del Guademar”; contando el proyecto de México-Minorbis con un espacio donde “se acumulan todas las aguas tóxicas, aunque no sea una balsa de lodo”; y “un vertido al Guadiamar”, finalmente sustituido por el Guadalquivir, al que tributa el primero de estos ríos.

Luis Berraquero, de su lado, ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido crear “una comisión de expertos técnicos y científicos” que evalúe los posibles “riesgos” de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar; así como que se pronuncien al respecto el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y el Ministerio de Transición Ecológica.

Ha reclamado así “que se cree ese comité científico” y “que se paralice cualquier tipo de concesión administrativa, sobre todo teniendo en cuenta todos los desmanes” sometidos a juicio. Así, ha invocado “el principio de precaución que cualquier administración pública debería tener”, considerando “que no se le puede dar ningún permiso ambiental a un proceso que está judicializado y que tiene tantos escollos, tanto ambientales como en el proceso de adjudicación”.

También ha destacado que según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; mientras la Junta alega que el proyecto está sujeto a “los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros” e incorpora “la mejor tecnología para la depuración de aguas”, destacando que en las previsiones figura una inversión de “cien millones de euros” por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y “sostenibilidad” ambiental.