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Anticorrupción descarta la "red de clientelismo político" denunciada por Alaya en los cursos de formación en Andalucía

La Fiscalía considera que "no ha quedado acreditada" la comisión de delito alguno por parte de los altos cargos investigados

La causa heredada por la jueza Núñez Bolaños afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el exconsejero Antonio Fernández y ex delegados de Empleo

"No se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades", dicen los fiscales

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Comienzan a declarar los interventores en la pieza "política" de los cursos

EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que archive la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, dentro de la cual se investiga a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

La delegación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el sobreseimiento provisional de la investigación abierta en relación con la intervención de la dirección general de Formación y de las distintas delegaciones provinciales del SAE en la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación. Los fiscales estiman que, de las investigaciones practicadas y de las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción, "no ha quedado acreditada" la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.

Según informa la Fiscalía este mismo martes en un escrito elevado al juzgado, con los medios de investigación empleados por la Guardia Civil (como por ejemplo las resoluciones de exoneración) "no es posible identificar a un grupo de beneficiarios favorecidos por órganos superiores". La postura de Anticorrupción choca con lo manifestado por la juez Mercedes Alaya en cuanto a que desde la Consejería de Empleo se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

El informe del fiscal, de 33 folios, se conoce un día después de que los grupos parlamentarios entregaran  sus conclusiones tras la comisión de investigación celebrada durante los últimos meses en el Parlamento andaluz. Tras la petición del Ministerio Fiscal, como ya se anunció, la juez dictará probablemente en los próximos días un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.

No hubo prevaricación

La Fiscalía considera que las resoluciones de exoneración, analizadas globalmente, "no constituyen delito de prevaricación", como ya advertía el fiscal en un escrito anterior, mientras que las certificaciones del artículo 41 del Reglamento de Intervención "están dictadas tras un proceso razonable de justificación de la subvención", todo ello sin perjuicio de que en algún procedimiento se llegue a la conclusión de que se ha cometido prevaricación en alguna resolución de exoneración o de certificación.

"Las resoluciones de exoneración o exceptuación, dictadas por los consejeros imputados, no son constitutivas de prevaricación. No superan el canon que establece la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para considerar una resolución administrativa como prevaricadora. Podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno. Responde a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma", resume la Fiscalía.

Cabe recordar que en esta pieza la jueza María Núñez investiga a un total de 24 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' desarrollada en marzo de 2015, entre ellos las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara y María Teresa Florido, que es cuñada de Ángel Ojeda.

Según la Fiscalía, "la labor de justificación y liquidación por los organismos y delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo encargados de tal labor no puede ser tachada de manera global de negligente. Ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado de tal cuestión. El análisis jurídico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos, no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto. Esto es más bien propio de la labor auditora, revisora contenciosa administrativa o incluso política".

Sin un plan preconcebido

Argumenta la delegación que "en esta labor y singularmente la emisión de las certificaciones a las que se refiere el artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA) han cumplido unos cánones razonables atendidas a las circunstancias de cada caso, a la dificultad, y lo prolijo y amplitud de la materia. Hay que tener en cuenta que la Administración andaluza concedió un total de 18.023 subvenciones a la formación por valor de 2.896.485.505,7 euros en el periodo 2002-2012. A fecha del informe requerido por providencia de 15 de diciembre de 2015 y elaborado por la dirección general el 27 de abril de 2016, se encuentran justificados 15.561 expedientes por valor de 1.928.074.316,64 euros.  A fecha 31 de diciembre de 2015 se encontraban pendientes de justificar 2.462 expedientes por valor de 529.255.259,28 euros.  Sólo ha prescrito el derecho de la Administración en 5 expedientes. Todo ello da una idea de lo complejo e ingente de la materia y de lo dispar de los datos empleados y de la realidad final a la que se ha llegado tras la investigación".

En esta gestión de la liquidación de las subvenciones, "los criterios interpretativos empleados por los delegados del SAE imputados, singularmente los referidos a los documentos a aportar por los beneficiarios, el informe del auditor, son correctos desde cánones interpretativos admisibles en Derecho, conforme a la orden de 23 de octubre de 2009 y toda la legislación autonómica y nacional sobre subvenciones que es aplicable y de ello no es posible inferir juicio delictivo alguno".

"En estas investigaciones y con los instrumentos anteriormente reseñados, no se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades". La Fiscalía recuerda que el sobreseimiento provisional solicitado se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas.

El PP andaluz recurrirá

El PP-A el recurrirá si finalmente se produce dicho archivo. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, quien ha advertido de que la cuestión está aún "sin finalizar" y que queda "mucho por hablar, y mucho camino por recorrer y dilucidar en el ámbito de las instancias judiciales".

La dirigente 'popular' ha dicho esperar que cualquier paso que dé el juzgado que instruya la causa se haga atendiendo a los escritos de las partes, "especialmente" a los del PP-A, como parte personada en el proceso.

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