Moreno maniobra para reactivar las condenas anuladas de los ERE y anuncia que su Gobierno “volverá a personarse”

A pocas horas para que expire el plazo que se ha dado la Audiencia Provincial de Sevilla para decidir si eleva el caso ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la anulación total o parcial de las condenas a una decena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE dictada por el Constitucional, el presidente Juan Manuel Moreno ha anunciado, por sorpresa, que la Junta “va a volver a personarse” en el caso ERE “a lo largo del día de hoy o de mañana”.

“Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el [Tribunal] Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana (...) La obligación que tiene la Administración de la Junta es evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía”, ha asegurado, a la pregunta de una periodista sobre si considera “adecuado” que la Audiencia lleve el caso ERE ante la Justicia Europea.

El presidente andaluz ha evitado mencionar que esas sentencias a las que alude fueron anuladas hace un año por el Tribunal de Garantías, tras considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los líderes socialistas condenados.

Moreno ha hecho este anuncio a las puertas del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado este lunes en Madrid, y donde Alberto Núñez Feijóo ha convocado el Congreso Nacional del partido para el próximo julio, en previsión de que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales a final de año.

El mensaje del presidente andaluz de que la Junta “volverá a personarse” en el caso ERE para tratar de “recuperar los 700 millones” defraudados a la hacienda pública ha causado cierto desconcierto en instancias judiciales porque, hoy por hoy, no existe una pieza política abierta del caso ERE donde personarse.

Fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas por elDiario.es aseguran que se presentará “un escrito para personarse” ante la Audiencia Provincial, que es donde reside el procedimiento de la pieza política de los ERE, para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, pese a que estos fueron anulados luego por el TC.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que la Audiencia Provincial de Sevilla no ha reabierto la instrucción del caso ERE, aseguran que es el Gobierno de Moreno quien debe aclarar dónde se personan si, en este momento, no hay una causa abierta, y apuntan que será la Audiencia la competente en resolver la solicitud de personación de la Junta. “Habrá que ver el escrito y los argumentos”, concluyen las fuentes jurídicas consultadas, que no recuerdan ningún precedente parecido.

La Consejería de Presidencia, responsable de presentar este escrito, no ha proporcionado el documento de personación a este periódico, pero ha confirmado el registro de un escrito este mismo lunes ante la Audiencia de Sevilla “para apoyar que este órgano judicial acuda el Tribunal de la UE” tras las sentencias del Constitucional sobre el caso ERE“.

La Junta comparecerá en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo, pues considera que el Constitucional se ha “extralimitado en sus funciones y podría provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción de la historia de España”.

El Gobierno de Moreno, en consonancia con el planteamiento que ya hizo el PP, considera “que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE”. Ya entrada la tarde, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado en un audio remitido a los medios que “ha dado orden al gabinete jurídico de la Junta de proteger los intereses de los andaluces”.

Personación del PP

El PP ya estuvo personado como acusación particular en la llamada pieza política del caso ERE, que culminó con la condena del Supremo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exaltos cargos, por malversación y prevaricación.

La Junta de Andalucía también lo estuvo, como parte perjudicada, hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

A falta de conocerse la explicación técnica o jurídica para “volver a personarse” en el caso ERE, el anuncio de Moreno debe leerse en el momento político exacto en el que se produce, esto es, a pocas horas de que la Audiencia de Sevilla decida si acude a la Justicia Europea para preservar las condenas a los dirigentes socialistas, un escenario inédito que solicitó el propio PP como acusación particular personada en la causa, y que fuentes del Constitucional tildaron de acto de “rebelión”.

El presidente andaluz ha mostrado, desde el principio, su disconformidad con la anulación de las condenas que dictó el Tribunal de Garantías, y el mensaje de este lunes busca reabrir la pelea política -volviendo a reclamar el reintegro del dinero defraudado- pero también la vía judicial.

Reactivar los ERE tras el Constitucional

El proceso judicial que inició la jueza Mercedes Alaya hace 14 años culminó con la sentencia del Constitucional que, el pasado julio, anuló las condenas a Chaves, Griñán y el resto de la cúpula de los gobiernos socialistas, tras concluir que se habían vulnerado sus derechos de representación y a la presuncion de inocencia.

El Tribunal de Garantías obligó a la Audiencia de Sevilla a repetir las sentencias contra los altos cargos socialistas pero sin casi la totalidad de acusaciones que pesaron sobre ellos, y la Audiencia, en un giro sin precedentes, se rebeló contra la decisión del Constitucional y planteó una consulta prejudicial a las partes para decidir si eleva el caso ERE a la Justicia Europea.

Los populares han cargado duramente contra el fallo del TC, acusando a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, de “ilegítimo” y de actuar como juez y parte en beneficio de los socialistas. Estos, por su parte, se sintieron exculpados, aliviados y exhultantes por la anulación de condenas del caso ERE y en los últimos meses han salido en tromba para denunciar, de forma retroactiva, que todo el proceso fue una “cacería política, judicial y mediática” orquestada por el PP para arrebatarles el Gobierno andaluz.

En este acalorado contexto, y bajo el ruido de tambores electorales tanto en Madrid como en Andalucía, Moreno ha puesto el contador a cero del caso ERE, reactivando un proceso que, hoy por hoy, no tiene ninguna instrucción abierta, y apelando al montante global de los fondos de la Consejería de Empleo con el que se pagaban las ayudas sociolaborales, esos casi 700 millones que incluyen las ayudas ilegales, pero también las legales que aún hoy sigue abonando su Administración.

Tras el anuncio hecho en Madrid, al presidente andaluz le han pedido que confirme si la Junta “se va a personar ante la Audiencia de Sevilla”, pero Moreno no ha respondido.

Moreno sigue pagando ayudas legales de los 700 millones de los ERE

Desde 2019, cuando el Ejecutivo andaluz del PP diseña sus primeros Presupuestos Autonómicos, hasta hoy, la Junta ha seguido presupuestando y abonando regularmente las ayudas legales del fondo de los ERE a miles de prejubilados salpicados por la causa judicial que Moreno insiste en incluir en “el robo de 680 millones”. Los populares, aún hoy, usan la cifra de la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales, que la Junta siguió abonando cuando Moreno llegó al poder, y que seguirá pagando hasta mediados de 2026, confirman desde el Ejecutivo andaluz.

El pasado junio, durante el debate de política general en el Parlamento andaluz, Moreno subió a la tribuna y explicó que la Junta, desde que gobierna el PP, ha ingresado más de 27 millones “de los 62 millones que la Justicia y el Tribunal de Cuentas han acordado para su devolución a las arcas públicas”, y que viene reclamando otros 135 millones en las decenas de piezas de la macrocausa de los ERE que siguen abiertas.

Lo que no dijo Moreno es que, cada año, su Gobierno consigna una cantidad en el presupuesto autonómico para seguir abonando las ayudas sociolaborales de pago directo y a través de la financiación de pólizas de seguro colectivo de rentas a los prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE. Sólo en su primer ejercicio presupuestario respaldado por Ciudadanos y Vox (2019), el Ejecutivo de Moreno pagó 35,7 millones en ayudas a los prejubilados de los ERE.

La jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía lo estimó en 741,6 millones y aquella sentencia, ratificada luego en el Supremo, rebajó hasta los 680 millones. Si bien parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo, como ahora admite con sus actos el propio Gobierno del PP.