Carpetazo a la causa judicial de la formación en Andalucía: crónica de un archivo anunciado
A cuatro días de las (segundas) elecciones se filtró: la sustituta de la jueza Alaya archivaría la pieza 'política' de los cursos de formación al no apreciar delito. Ese condicional ya es pretérito perfecto compuesto y las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos andaluces, recursos mediante, se han quedado en nada desde el punto de vista de la responsabilidad penal.
El auto de archivo conocido este martes, minutos antes de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, era esperado desde hace tiempo, como así lo celebraba el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez. El contundente informe de Anticorrupción de hace un par de martes sólo vino a confirmar lo que la propia Fiscalía había dicho respecto a la inexistencia de delito en las exoneraciones a los beneficiarios de fondos de formación, entre otras cuestiones. A ello se añadía que, a ojos del Tribunal de Cuentas, no hubo menoscabo en el erario público. Poco antes, un juzgado de Jaén no había detectado “irregularidad alguna” por parte de la Administración. Así se entiende también en las investigaciones abiertas sobre esta materia en nueve comunidades autónomas, donde el foco se puso los beneficiarios de los subvenciones y no en la acción o inacción del Gobierno.
Siguiendo con Andalucía, juzgados de Sevilla y Almería tampoco apreciaron responsabilidades penales, si bien en la provincia de Huelva otro juzgado sí optó antes del verano por procesar a seis altos cargos y técnicos de la Administración. Hace apenas unos días, un juzgado de Málaga archivaba cuatro piezas sobre empresas y otro de Jaén hacía lo propio con once empresas, mientras que en Sevilla sí que se abría juicio contra nueve personas por supuestas irregularidades.
El caso es que la jueza Núñez Bolaños, en contra del criterio mantenido por la jueza Alaya cuando inició la instrucción, no ha observado un ilícito penal. Cabe recordar que, en julio del año pasado y ya con su cargo en la Audiencia, Alaya desprestigió a su sucesora para quedarse con ésta y otras macrocausas. El criterio de ambas era totalmente diferente a la hora de catalogar la gestión de los cursos y las subvenciones públicas: de una “red de clientelismo político” a, si acaso, “posibles irregularidades administrativas”.
La “hipótesis” de la Guardia Civil y las intenciones del PP
Dice la jueza en el auto de sobreseimiento, contra el que cabe recurso ante el propio juzgado y ante la Audiencia de Sevilla, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “construye” sobre la base de la falta de documentación en los expedientes detectada por los interventores en sus informes especiales una “hipótesis o teoría” para la elección de los beneficiarios, dando pie a la teoría mantenida por Alaya de conceder arbitrariamente las subvenciones y crear una red de 'clientelismo político'.
La jueza trata de desmontar esta cuestión explicando que “para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente por el órgano gestor de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que, sentado en su mesa con el ordenador, introducía los datos y emitía la resolución de concesión (no se realizaba esta labor personalmente por el director general o delegado provincial), debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada que realizaba estas conductas”.
“Quiere ello decir que no sólo el director general o los delegados provinciales participarían de esta trama, sino que necesariamente también debían participar los funcionarios que integraban los servicios centrales y las delegaciones provinciales, quienes recibirían instrucciones de sus superiores para que así actuaran”, señala en el auto. “La teoría parece poco probable por no decir inverosímil: en todo caso, como señala el Ministerio Público en su informe, no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita”, concluye.
39 empresas en 18.000 subvenciones
Ya lo advertía en ese sentido la Fiscalía al señalar en su petición de archivo que el análisis jurídico penal es “individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos”, indicando que “no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto”, un asunto “más bien propio de la labor auditora, revisora contenciosa administrativa o incluso política”, cuestión esta última que está a la espera del dictamen de la comisión de investigación creada al efecto en el Parlamento andaluz.
Núñez también carga contra la posición del PP andaluz, acusación particular en la causa. “Que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista no resulta significativo”, aludiendo a la petición realizada recientemente por los populares para la práctica de diligencias “tendentes a acreditar la existencia de esa red clientelar”.
La jueza señala que, “atendiendo al número de beneficiarios entre los años 2009 a 2012, no resulta significativo que el PP-A encuentre empresas beneficiarias cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran ex miembros del 'Gobierno andaluz o del Partido Socialista Obrero Español', o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar”.
Así, hasta la tramitación de los seguros recursos contra el auto, queda cerrada por el momento la investigación abierta por la intervención de la Dirección General de Formación y de las distintas delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación. Un total de 24 exaltos cargos, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, pueden respirar algo más tranquilos.
