El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, promociona a Galicia como un destino turístico seguro y de calidad en un encuentro con operadores turísticos en Pekín (China). En el marco de su viaje al país asiático, Rueda ha subrayado la riqueza de Galicia en materia de patrimonio, gastronomía o termalismo, así como atractivos como el Camino de Santiago.

De tal forma, según Europa Press, anima a los ciudadanos de China a visitar la comunidad gallega con motivo del Xacobeo 2027, que será “el gran año de Galicia”.

De hecho, recuerda que el número de peregrinos procedentes de China se multiplicó por seis en la última década, de forma que se superaron los 4.400 durante 2025.

Conexión del pueblo chino y gallego

Subraya la conexión que existe en la forma de ser del pueblo chino y gallego, por su carácter acogedor, hospitalario y familiar, así como el interés por la gastronomía como parte de la identidad. “Tenemos esa sensibilidad especial para acoger con cariño y con mucha hospitalidad a todos los que vienen de fuera y para superar todo tipo de barreras”, señala sobre los gallegos.

Asegura que, a pesar de recibir 9 millones de turistas durante 2025, Galicia es un destino poco masificado, a su juicio. “Llevamos muchísimo tiempo trabajando en que las visitas se distribuyan durante los 12 meses del año”, remarca.

Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

Nova Escola Galega (NEG) nació en 1983 como un movimiento de renovación pedagógica centrado en construir un sistema educativo gallego, público, democrático y feminista. Desde hace 40 años organiza un encuentro de educadores por la paz de Galicia y Portugal. El de este año, el que iba a conmemorar un aniversario redondo, lleva por lema “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio” (“Palestina y más allá. Educar en la vida en tiempos de genocidio”). Por primera vez en la historia de la entidad, la Consellería de Educación se negó a homologar esta actividad. El motivo argumentado: que no cumple el principio de neutralidad ideológica. Tras la denuncia de NEG, que lo considera “censura” y “control ideológico”, Educación pasó a citar un informe técnico-jurídico –que no estaba en la respuesta inicial– y que asegura que la propuesta no cumple la normativa.

La Xunta consagró el famoso principio de neutralidad ideológica –un eufemismo empleado en todo Occidente por las corrientes de ultraderecha– en las instrucciones publicadas en junio del pasado año, orientadas al desarrollo de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato durante este curso. Venía acompañada de otra novedad: la obligación de incluir todas las actividades extraescolares previstas en la programación anual que se presentaba en septiembre.

Sindicatos educativos, asociaciones de madres y padres y la oposición política encendieron las alarmas: entendían que Educación pretendía aplicar una censura previa y un control ideológico para expulsar de las aulas temas que le resultaban incómodos. Como ejemplo, siempre se ponían tres: el rechazo al proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) –al que el gobierno gallego ha acabado dando carpetazo–, la política lingüística del PP –acusada de la constante caída del número de galegofalantes– y, precisamente, el genocidio de Israel en Palestina.

“Parece que cuando se toca Palestina y la realidad del genocidio –reconocido por las instancias internacionales más autorizadas en la defensa de los derechos humamos– se encienden las alarmas de la administración educativa y conviene emplear cualquier estrategia de cancelación o disuasión para que el profesorado evite implicarse”, afirma NEG en un comunicado.

Eso fue lo que comprobaron cuando recibieron la negativa de la consellería a la homologación previa y provisional del encuentro. El documento, firmado por el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, sólo daba un motivo para el rechazo: que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica establecido en la resolución” de junio pasado.

Consultada por elDiario.es tras la denuncia pública de NEG, la argumentación cambia. Educación atribuye a “un conjunto de causas, y no una única” que se invalide la homologación. A través de correo electrónico, se remite ahora a un informe técnico-jurídico emitido tras analizar la solicitud y que concluyó que la propuesta “no cumple las condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que “la temática no está alineada con las líneas estrategicas del Plan de Formación do Profesorado” y que, “además, es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. Para la presidenta de Nova Escola Galega, Mariló Candedo, la Xunta está tratando de “enmendar la chapuza inicial” y lo hace “buscando encaje jurídico a lo que era una decisión ideológica”.

En la web de la entidad se presenta la actividad como un encuentro con el “cometido de desafiar el avance de una cultura global cada vez más permeada por la violencia cultural y estructural, siendo el cerco a Palestina el ejemplo más visible, sino el más cruento”. Pretenden, además, impulsar la creación de un espacio de “alternativas educativas que fomenten la noviolencia y la paz, para parar la ocupación colonial, la destrucción, el destierro, la privación de los derechos humanos más básicos y, en definitiva, el genocidio producto de la ideología de la supremacía cultural presente no sólo en el proyecto sionista para Palestina sino en el Norte Global en general”.

Situación “inédita” y “muy grave”

La noticia ha trascendido cuando falta justo una semana para una nueva jornada de huelga en la educación gallega, la sexta de este curso –una cifra sólo comparable a las movilizaciones de los años 80– y cuando aún no se han apagado los ecos por el nombramiento como jefe provincial de la Consellería en A Coruña de Santiago Freire, el exalcalde de Noia que gastó 30.000 euros del ayuntamiento en copas y cenas. En esa provincia, la neutralidad ideológica está en manos de alguien que alababa el golpe de Estado de Franco o que consideraba, en pleno 8M, que la mujer “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”.

“Se trata de una circunstancia inédita para nosotros”, continúa el comunicado de NEG. “Una decisión que consideramos muy grave, y que nunca se había dado en la trayectoria de los Encontros da Paz ni en ninguna otra actividad programada desde Nova Escola Galega”. Recuerdan que, prácticamente desde su fundación, vienen ofreciendo al profesorado actividades de formación permanente que “se someten a los sucesivos requerimientos de los procesos de homologación previstos por la administración educativa desde que se pusieron en marcha”.

La entidad considera que la Xunta está extendiendo a las actividades de formación permanente del profesorado “la aplicación de un principio contenido en una normativa que no resulta de aplicación en este ámbito”, ya que se refiere al desarrollo de la enseñanza al alumnado dentro de las aulas. “Se está restringiendo la autonomía del profesorado y su libertad académica a la hora de decidir sobre cómo quiere orientar su propia actualización docente”.

“Salvaguardar el presunto derecho a la ignorancia”

La entidad recuerda que ya en junio pasado, cuando se conocieron las “polémicas” instrucciones en las que se basa la negativa de la Xunta, hicieron público un comunicado con reflexiones que, ahora, “cobran una relevancia especial”. Señalan que ya entonces afirmaron que “en una sociedad que reclama respuestas educativas” a problemas como las distintas formas de violencia, el calentamiento global, la desigualdad o el uso de las tecnologías “no es posible ser neutral, ni es tampoco responsable”.

“La neutralidad entendida como evitación, equidistancia ideológica, omisión en el abordaje de la complejidad, implica optar por un peligroso relativismo moral, salvaguardando un presunto derecho a la ignorancia, que coloca a la institución educativa como cómplice de la involución social por incompetencia o desasistencia”. Ahí quiere colocarla, aseguraban, quien “desde la acción política quiere tener la exclusiva para ideologizar partidariamente al alumnado”.

Por su parte, el sindicato educativo STEG tiró de ironía para explicar lo que la Xunta entiende por neutralidad. Lo hizo citando un reciente post del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red X tras los insultos racistas a Delcy Rodríguez: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”. “En su cabeza era un genialidad”, se burla la central, que considera que la postura de Educación sólo puede entenderse “desde la ignorancia, la mala fe y el sectarismo político”.

Homologado o no, el encuentro sigue adelante, ya que la Xunta “no impide su celebración”. Lo hará este fin de semana, entre los días 24 y 26 de abril en Panxón (Nigrán, concello limítrofe con Vigo), el mismo escenario que acogió la primera de estas citas en 1986. NEG hace un llamamiento a la comunidad educativa para “mantener sus compromisos con el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable” y ya anuncia que “no va a renunciar” ni a esta ni a otras actividades “concebidas desde el compromiso ético como una ventana abierta a la esperanza en un mundo mejor.”

Diputado de UCD entre 1981 y 1982, vicepresidente de la Xunta de Galicia por Alianza Popular entre 1983 y 1984, parlamentario de Coalición Galega y de su escisión (Partido Nacionalista Galego) entre 1986 y 1990, su fulgurante carrera política en las derechas gallegas todavía vivió un inesperado epílogo en 1994: encabezó la lista del BNG, en puridad un frente de organizaciones nacionalistas de izquierdas, al Parlamento europeo. No salió elegido. Carlos Mella, brillante economista con estudios en la Sorbona y escritor irónico y a menudo lúcido, murió este martes en Santiago de Compostela a los 96 años.

Cuando en 2009 publicó su último libro, Memorias dun ninguén [Memorias de un nadie, Editorial Galaxia], Mella había ya completado la evolución ideológica que lo condujo de la derecha españolista al nacionalismo gallego progresista. “Si, los gallegos somos gente sumisa, pero no es sumiso el de abajo, es sumiso el de arriba”, respondía en una entrevista para El País, “quien conquistó Galicia para los otros no fueron los de abajo, fueron los de arriba”. En esa misma conversación exponía su mirada cáustica e implacable sobre las élites económicas gallegas y su clase dirigente: “Renuncian al país porque son cobardes, quieren sobrevivir”.

Aseguraba saberlo de primera mano. Lo comprobó como vicepresidente para Asuntos Económicos de Xerardo Fernández Albor, el primer presidente de la Xunta de Galicia, de AP (formación antecesora del PP), quien había hecho la guerra con el bando franquista y seguido cursos de aviación en la Luftwaffe de Herman Göring. “Me enemisté con las fuerzas vivas por la parte de arriba”, sostenía sobre su paso por el Gobierno gallego, “mi opinión sobre el empresariado gallego era la que era, los bancos, las cajas...”. Tampoco calló ante la Casa Real, a cuenta de problemas de protocolo en la Ofrenda al Apóstol que, a su juicio, menospreciaban a la Xunta. Mella, que en su día había firmado un pronunciamiento público contra el Proceso de Burgos a militantes de ETA, acabó además enfrentado al otro vicepresidente de Albor, Xosé Luís Barreiro Rivas, y dimitió.

En 1986 volvería a la entonces convulsa Cámara autonómica, pero esta vez como diputado de Coalición Galega. Este partido efímero fue lo más aproximado que hubo a una CiU gallega: nacionalismo de derechas con base empresarial y fuertemente enraizado en lo local, especialmente en la provincia de Ourense. Las tensiones internas no tardaron en aparecer y Mella optó por la ruptura: formó parte de otro intento organizativo no muy longevo y un poco más inclinado al centro, el Partido Nacionalista Galego. No fraguó. Mella acabaría su paso por la política activa en 1994, cuando su amistad personal con Xosé Manuel Beiras, entonces líder del BNG, lo llevó al número 1 de la lista de la izquierda nacionalista a Europa. Estuvo cerca de conseguir el acta.

Carlos Mella se alejó entonces de la primera línea. No se prodigó demasiado como escritor, y eso que algunos de sus libros resultan testimonios informados y críticos de los primeros años de la autonomía gallega: Non somos inocentes (1990) o A Galicia posible (1992). Su Luces de Fisterra, subtitulado Esperpento Xacobeo, es un repaso sarcástico a la Galicia de Fraga Iribarne publicado justo en el año en que este perdió las elecciones. Mella, que había nacido en la aldea de O Foxo (A Estrada, Pontevedra) en 1930, también escribió ensayos sobre economía -A falacia do economicismo (1994), El pensamiento salvaje. A vueltas con el economicismo (2012)- y presidió la Fundación Castelao. En 2024 mostró su apoyo a la candidatura de Ana Póntón, del BNG, a la presidencia de la Xunta de Galicia.

Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

La Xunta acaba de aprobar un decreto para regular el diálogo social en el que va a fijar en un texto legal la composición, organización y funcionamiento del mismo. Sobre la mesa va a tener de forma inmediata la tarea de negociar el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dificultar las bajas laborales. Pero esas conversaciones van a tener lugar en un órgano que nace con un problema de representatividad: el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, ha manifestado en varias ocasiones que no se va a integrar en él, ni para esta negociación ni para ninguna otra. Se reafirma en la decisión el secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío, que expone que la postura es que ya existen órganos de representación tripartita y que, en cualquier caso, la negociación se hace centro a centro o sector a sector, con sus reivindicaciones específicas.

El decreto lo presentaron este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no hicieron referencia a esta falta anunciada. Manifestaron que la intención es “institucionalizar” el diálogo social, con una mesa que va a estar adscrita al departamento que dirige González, y estableciendo la norma reguladora. No es que hasta ahora no hubiese reuniones a las que estaban llamados sindicatos y patronal, sino que hasta el momento no estaban reguladas en un decreto.

El conselleiro aseguró que la idea es consolidar la herramienta, que considera “clave” en la negociación colectiva. La norma va a aparecer publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y va a fijar las funciones de esa Mesa de Diálogo Social. Expuso que una de ellas será realizar informes sobre materias que se debaten en este órgano. Y sobre la mesa está ya la necesidad de abordar “cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral”. Lo que se va a hacer, añadió, es analizar “las causas y consecuencias de las bajas laborales” para luego presentar un plan para reducirlas. González afirmó que la intención es que haya menos bajas que “puedan ser evitables” a través de un refuerzo en la prevención de riesgos laborales y con un mayor bienestar laboral; “evitar prolongaciones innecesarias de las bajas introduciendo avances en los procesos de gestión y control” y “luchar contra posibles abusos”.

El plan fue recibido con críticas por los sindicatos. La CIG consideró que el presidente de la Xunta estaba actuando como un “vasallo de la patronal” -el discurso del absentismo y sus impactos económicos ha centrado buena parte de los argumentos de los empresarios- y Comisións Obreiras censuró que se pusiese el foco sobre las personas trabajadoras cuando “el problema no está ahí”. Apuntan a cuestiones como las demoras en la sanidad pública, los incumplimientos en materia de prevención o el envejecimiento de las plantillas.

Con el nuevo decreto, que Sío considera propaganda, asegura que la intención de la Xunta es “poner un marchamo de legalidad” a una negociación en la que estarán la patronal y parte de los sindicatos, pero no el mayoritario en Galicia. De hecho, cree que lo que mueve al Gobierno gallego a elaborar esta norma es que en otros órganos “no controla la mayoría sindical”. El representante de la CIG recalca que órganos como el Consello Económico e Social (CES) o el Consello Galego de Relacións Laborais ya son foros en los que funciona ese diálogo social y que se va a producir una duplicidad de funciones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, da su respaldo a la posibilidad de que el PP presente una moción de censura apoyada en una tránsfuga en la ciudad de Lugo. “El PP tiene todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”, defendió, después de que María Reigosa, la concejala que se escindió del grupo del PSOE, haya abierto la puerta a apoyar un movimiento de este tipo. Lo dejó planteado en una entrevista en La Voz de Galicia en la que aseguró que Lugo necesita un cambio de ciclo y que una moción “también es una gran oportunidad para la ciudad”.

Y esa posible moción sería bendecida por parte de Rueda, que es también el líder del PP en Galicia. En respuesta a preguntas al respecto, manifestó que la decisión la tienen que tomar, en cualquier caso, los concejales de su partido en Lugo, que son los que tienen capacidad para estampar su firma en una moción de censura que arrebataría el bastón de mando al actual alcalde, el socialista Miguel Fernández, que llegó a esta responsabilidad hace poco más de un año, en marzo de 2025, para sustituir a Paula Alvarellos, que falleció repentinamente.

Uno de los aspectos que PSdeG y BNG es que el PP se pueda plantear presentar una moción apoyándose en una persona que llegó a recibir el acta de concejala debido al fallecimiento de uno de sus entonces compañeros, Pablo Permuy. Consideran que no es ético, en un contexto en el que, a las muertes de Alvarellos y Permuy se acaba de sumar la de la edila Olga López Racamonde. Rueda discrepa: “Hubo supuestos desgraciados que lamento. Pero [Reigosa] es una persona que iba en la lista del PSOE, que supongo que cuando hace las listas incluye a personas que considera idóneas”.

El presidente gallego defiende la posibilidad de una moción porque considera que el Ayuntamiento “no funciona adecuadamente” y porque la candidata del PP en las pasadas municipales, Elena Candia, se quedó a un puñado de votos de lograr la mayoría absoluta. Además, recordó la decisión del Tribunal Supremo de junio de 2025 que despejó el camino para validar los acuerdos con tránsfugas. El fallo modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para eliminar un punto que impedía que las mociones pudiesen prosperar si dependían del voto de alguien que había concurrido a las elecciones en la misma lista que el alcalde al que se pretende sustituir. Los movimientos se sucedieron de forma inmediata en Galicia con varias mociones que provocaron cambios de alcalde, la mayor parte para que el PP accediese al bastón de mando.

Rueda se aferra a uno de los casos en los que el desalojado fue un alcalde del PP y en su lugar se sentó uno del PSOE: Noia. El PSOE, dijo, critica la posibilidad de una moción de censura en Lugo, pero “acaba de usar esa posibilidad”. “Si la izquierda no es capaz de articular una mayoría estable en Lugo no es problema del PP”, zanjó.

Un acuerdo que “tardó mucho” en Extremadura

En cuanto al acuerdo alcanzado entre el PP y VOX para formar gobierno en Extremadura, Rueda le encuentra una única pega: que “tardó mucho”. Aunque no ha profundizado en cuestiones como la “prioridad nacional” mencionada en el documento, el presidente gallego asegura que el pacto da respuesta al mensaje “claro” dado por los extremeños en las urnas. Su interpretación de lo votado es que debía haber un entendimiento entre su partido y la ultraderecha.

Ha limitado las críticas a “la izquierda”, a la que reprocha que, “pese a haber perdido”, se posicione en contra de estos acuerdos que el PP intenta repetir en otras comunidades en las que ha habido elecciones. Ha añadido que está “seguro de que nada que no esté en el ordenamiento jurídico se va a aplicar” ni en Extremadura ni en otro territorio.

Todo empezó en octubre de 2023, cuando la Xunta decidió, de oficio, hacer una valoración de la situación de I.T.D.F., un menor de edad de Ourense que hasta ese momento tenía reconocido un grado III de dependencia, el máximo. Reevaluar a un dependiente es un procedimiento habitual para hacer seguimiento de su estado. Pero, en este caso, esa revisión dejó fuera uno de los diagnósticos que más afectan al día a día del menor y de quienes están con él: un trastorno del espectro autista severo no verbal. Los padres del niño, que tiene ahora 10 años, denuncian que esta omisión provocó que el grado de dependencia se rebajase al II. Ellos emprendieron una batalla por que la administración autonómica enmendase el error y una sentencia judicial les dio la razón, en noviembre de 2024, en su postura de que el nivel reconocido debe ser el III. Pero aseguran que los servicios de la Xunta la están aplicando “de forma defectuosa”. El enfrentamiento acaba de derivar en la retirada de las prestaciones económicas que estaba recibiendo la familia.

Joaquín Dosrey, el padre del menor, y Julieta Fernández, la madre, acusan a la administración autonómica gallega de estar actuando con mala fe. Defienden que, si acata que debe devolver el grado III de dependencia a su hijo -cosa que la Xunta, en efecto, ha hecho-, debe también incluir el diagnóstico de TEA y volver a darle la misma ayuda que tenía reconocida antes. Con aquella revisión de 2023, explican, se elaboró también un nuevo programa individual de atención (PIA) para el menor. El PIA es el documento que recoge las prestaciones públicas a las que tiene derecho un dependiente. Los padres indican que su hijo tenía concedida una libranza por cuidados en su entorno, es decir, una cantidad mensual para apoyar los cuidados que recibía por parte de su familia en su casa. Eran 500,94 euros. Cuando, en la nueva valoración, se consideró que su grado de dependencia era II, se hizo también un nuevo PIA, que establecía una libranza por cuidados en su entorno de 200 euros y otra pensada para pagar terapias de 150 euros. En total, 350 euros mensuales, 151 menos que en el plan anterior.

El padre del menor expone que lo que quieren es que se corrija la valoración que se hizo en 2023, que se tenga en cuenta que el niño tiene un trastorno del espectro autista severo que afecta a su desempeño cognitivo y que se recuperen las ayudas que tenía reconocidas antes de esa evaluación. Por eso, dice Dosrey, no han presentado, tras la sentencia judicial que les da la razón, facturas de las terapias a las que llevan al menor. Quieren evitar que se interprete como una aceptación tácita de una valoración y un PIA que son incorrectos. Y, sin esos recibos, la Xunta no abona los fondos. Esto es lo que ha llevado a que la administración gallega haya paralizado desde inicios de este año los ingresos. La Consellería de Política Social, consultada sobre el caso, asegura que ha seguido la normativa vigente y ha aplicado los baremos de valoración establecidos en la ley para determinar el grado de dependencia de I.T.D.F.

El departamento que dirige Fabiola García también sostiene que ha cumplido “estrictamente con lo dictaminado en la sentencia, la cual solamente se pronuncia sobre el grado de dependencia reconocido”. Los padres aseguran que lo que significa esto es que la Xunta ha cambiado el número en el grado de dependencia y nada más. Lo que dice exactamente esa sentencia es que la situación del niño es “la misma en la actualidad que en 2017, cuando le fue reconocida la dependencia en grado III” y concluye que ese es el nivel que debe aplicarse. “Se condena a la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia a estar y pasar por esta declaración y a asumir, en sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que de ello se deriven”, indica el fallo.

La sentencia recoge, dentro de los hechos probados, todos los diagnósticos del niño: parálisis cerebral infantil tipo diparesia espástica, displasia de caderas bilateral, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno del espectro autista, una duplicación que afecta al gen CHRNA 7, trastorno del lenguaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno grave de conducta. La explicación continúa: “Tiene ausencia de lenguaje verbal, emplea un comunicador. Tiene alteraciones de los procesos cognitivos. Tiene alteradas las funciones ejecutivas, precisando planificación, organización y supervisión constante de un adulto. Tiene alteraciones del estado de ánimo (irritabilidad, euforia, rabietas). Tiene episodios de agresividad hacia él y hacia los demás”.

Hay más: tiene movilidad reducida y necesita unos dispositivos ortopédicos para poder hacer desplazamientos cortos, además de andador. Si la distancia es larga o está en exteriores, necesita silla de ruedas. En su colegio precisa “apoyo constante de un cuidador” para su higiene personal, para ponerse y quitarse prendas que llevan sujeciones o las ayudas ortopédicas y para tomar líquidos. En casa también requiere “supervisión constante de sus padres”. “No es independiente”, concluye la sentencia.

El diagnóstico de TEA

Los padres relatan cómo empezó el enfrentamiento con la Xunta: ellos alegaron contra la valoración de 2023 que consideraba que su hijo tenía un grado II de dependencia, pero Política Social no admitió sus argumentos. Aquello fue en 2024. En su respuesta, la administración autonómica se reafirmaba en que la valoración se había realizado correctamente y que se habían tenido en cuenta los diagnósticos que constaban en el expediente. Señalaba también que los informes médicos que se habían aportado por parte de Joaquín y Julieta reflejaban “nuevos diagnósticos”, en alusión al TEA. Sin embargo, varios documentos con fecha anterior a la valoración de 2023 recogen ese trastorno del espectro autista. Los firman diferentes profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las áreas de psiquiatría, psicología infantil y rehabilitación de Ourense.

Al ver rechazados sus argumentos, los padres del menor acudieron a la Justicia. La sentencia que les dio la razón es de noviembre de 2024. Fue prácticamente un año después cuando la administración hizo lo que ellos consideran “un intento de ejecutar la sentencia de forma defectuosa”. La acusación se refiere a que hubo un reconocimiento del grado III, pero se mantuvieron los recortes económicos y la “valoración errónea”. Cuentan también que un funcionario llamó al centro de terapia al que va su hijo para dar de alta servicios sin conocimiento de los padres, lo que ellos ven como un intento de que pareciese que había una “aceptación tácita” por su parte de esa ejecución de sentencia que critican.

También se quejan del trato recibido en el servicio de dependencia de la Xunta en Ourense. Aseguran que, en una conversación telefónica, un funcionario los amenazó con influir en los servicios sociales o “rebajar más recursos” si se hace una nueva valoración del menor. La Consellería de Política Social afirma que ha hecho las consultas pertinentes al respecto y defiende que esa comunicación tuvo “como único propósito informar sobre la situación administrativa de los expedientes en curso y la normativa en vigor”. El capítulo siguiente se registró en diciembre de 2025, con el aviso de la administración de que iba a parar cautelarmente los ingresos de las ayudas por no haberse remitido las facturas.

Un conflicto que sigue sin resolverse

Los padres del niño han vuelto a dar la batalla: el pasado mes de febrero registraron un escrito reclamando una revisión de oficio para corregir el error en la valoración de 2023 e incluir el TEA. Recalcan que el diagnóstico no es nuevo, sino que consta desde hace años en el Sergas, es decir, en los sistemas de la administración autonómica. Esa omisión, insisten, es la que está en el centro de todo el problema y no se van a rendir, a pesar de que ahora mismo no cuentan con ayudas públicas.

En respuesta a preguntas sobre cómo se realizan las valoraciones, la Consellería de Política Social indica que los equipos que se ocupan de las mismas están integrados por profesionales del área sanitaria y de la social, que analizan de forma “exhaustiva” toda la documentación, pero no aclara cómo es posible que un diagnóstico de TEA como el de este caso, que consta en el Sergas, no figure en esa evaluación. Añade que, cuando se hace una revisión del grado de dependencia, ese equipo técnico hace una propuesta basada en la “documentación actualizada” para determinar el nuevo grado y ajustar los servicios o prestaciones, “si la situación de la persona cambió”. Si hay errores, la administración tiene establecido un procedimiento para corregirlos “en cualquier momento”, pero solo si se trata de “fallos evidentes de escritura o de cálculo que no alteren el sentido jurídico del acto”.

La primera decisión de María Azucena Recio tras llegar a la presidencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue trasladar por la fuerza a los jueces Luís Villares y María Dolores López de la Sección Tercera –la que estudia los casos de los parques eólicos– a la Cuarta. Una medida que ha encendido todas las alarmas porque Villares había sido señalado reiteradamente por el PP y la patronal eólica, contrariados por unas sentencias que no tomaba en solitario, sino como miembro de una Sección que, según Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), queda ahora “desmantelada”. Dos años antes, la Xunta ya había tratado de evitar a esos mismos magistrados. Para ello, cambió su estructura de gobierno, y traspasó las atribuciones sobre la instalación de aerogeneradores de la Consellería de Economía e Industria a la de Medio Ambiente. Según el reparto del TSXG, los asuntos ambientales recaen en la Sección Segunda que, en aquel momento, estaba presidida por la propia Recio. Entonces no funcionó, pero esta semana, Recio ha firmado un acuerdo gubernativo para asegurarse de que sea la Segunda la que decida en un procedimiento sobre una línea de alta tensión que une tres parques paralizados por la Tercera.

Tras la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en febrero de 2024, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 24 de abril publicó el decreto que fijaba la estructura de las consellerías de la Xunta. Entre los cambios que se hacían oficiales, destacaba el traspaso de las competencias en “materia de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables” de Industria a Medio Ambiente. “En particular”, citaba el texto, al departamento que dirige Ángeles Vázquez le tocaría, en adelante, la “autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos y de sus instalaciones de conexión, así como la declaración de su utilidad pública”. Lo hacía, dijo Rueda en su discurso de investidura, para “centralizar y reforzar” toda la tramitación normativa.

Cinco días antes, un post del PP gallego en la red social X acusaba a uno de los miembros de la Sección Tercera, Luís Villares, de ser “juez y parte”. Los populares acusaban a Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020 de haber “intentado paralizar todos los proyectos industriales de Galicia” durante esa etapa. En marzo de 2026, Villares y su compañera María Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta por la presidenta de la Sala de lo Contencioso, María Azucena Recio, que había tomado posesión una semana antes tras competir por el cargo con Villares. XXpD alertó de que se trasladaba la imagen de que el Poder Judicial “se doblaba a los intereses de algunas de las partes”. La asociación progresista Xustiza e Sociedade pidió al Consejo General del Poder Judicial que aclarase si existió desviación de poder en esa decisión.

Del DOG al TSXG

La Xunta no tardó de tratar de trasladar su nueva estructura a la acción judicial. Poco después de la aprobación del nuevo diseño, probó suerte en las alegaciones previas a la demanda contra la construcción del parque eólico de Seselle, en el entorno del Monte do Gato, en el concello coruñés de Oza Cesuras. Los vecinos, en pie de guerra, alegaban que había 16 viviendas a menos de 500 metros de la instalación, además de bienes patrimoniales y naturales. El parque era uno de los seis que formaban parte del macrocomplejo eólico promovido por Greenalia –donde ocupaba un alto cargo la exconselleira del ramo, Beatriz Mato– y Galenergy. En enero de 2023 había recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.

En el escrito enviado a la Sección Tercera, el gobierno gallego consideraba que la impugnación de esa decisión tenía “carácter ambiental” y “dado que el reparto de asuntos aprobado por la Sala de Gobierno atribuye a la Sección Segunda de la Sala el conocimiento de los asuntos en materia ambiental, es a esa Sección y no a la Tercera a la que le corresponde el conocimiento del presente procedimiento”. La presidenta de la Sección Segunda era, por aquel entonces, María Azucena Recio.

El intento cayó en saco roto. En su respuesta, la Sección Tercera acusa a la Xunta de tratar de cometer un “fraude procesual prohibido” al pretender “hacer pasar una norma de reparto entre secciones como una cuestión de competencia”. Pero, además, le señala que el litigio “no versa sobre una resolución dictada en materia ambiental”, sino sobre la autorización de la construcción de un parque eólico, “es decir, una instalación industrial, materia que es propia de la industria e innovación tecnológica, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sección Tercera”.

Las alegaciones del gobierno gallego fueron rechazadas en marzo de 2025 por los cinco magistrados de la sección. Dos meses después, el tribunal decidía suspender cautelarmente la autorización del parque eólico de Seselle. Lo basó en su cercanía a las viviendas pero, también, en el hecho de que los vecinos consiguieron “acreditar indiciariamente la existencia de elementos ambientales altamente sensibles, bien por estar catalogados, bien por tratarse directamente de especies con distinto grado de protección o peligro”. La instalación, concluía la sentencia, amenazaba con “causar un grave daño a valores ambientales sensibles”. La Xunta no volvió a ensayar esa estrategia.

Una nueva “vuelta de tuerca”

Sin embargo, el ascenso de Recio a presidenta de la Sala ha venido acompañado de novedades también en este sentido. La primera –adelantada por La Voz de Galicia– se conoció a principios de mes: fue la decisión de desestimar la suspensión de la línea de alta tensión diseñada para evacuar la energía de los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural (A Coruña), todos ellos impulsados por Greenalia y paralizados por la Sección Tercera del TSXG. En este caso, el cambio de criterio vino acompañado de un cambio de sección: la desestimación fue obra de la Sección Segunda.

Los denunciantes, la asociación ecologista Petón do Lobo, presentaron entonces un escrito solicitando que el asunto pasase, como venía siendo habitual, a la Sección Tercera. Recio respondió esta misma semana. Emitió un acuerdo gubernativo en el que explica que ese procedimiento, “de acuerdo con las normas de reparto vigentes desde 2023, es competencia de la Segunda, pues es sobre una cuestión medioambiental”, según explica una portavoz del TSXG. Por ese mismo motivo, añade, “no admite discusión”, algo que sí tendría, pone como ejemplo, “una cuestión de competencia entre diferentes órganos judiciales”.

Desde el alto tribunal se insiste en que no ha habido “ningún cambio de criterio” desde la publicación de las competencias de cada sección en el Boletín Oficial del Estado del 27 de diciembre de 2023. “La Segunda es competente en medio ambiente; y la Tercera, en industria y minas. Otra cosa es que la tercera, a la hora de resolver asuntos que le llegan por industria o minas, pueda aludir a cuestiones medioambientales”, aseguran. Ese reparto lo realiza el funcionariado de la Oficina de Registro y no magistrados del TSXG. Estos sí tienen “potestad” para “remitir el procedimiento a otra sección si desde la oficina se lo reparten, por ejemplo, a la Segunda por medioambiente y ven que el fondo del asunto trata sobre industria o expropiaciones, por lo que lo derivarían a la Tercera”, concluye.

Por su parte, XXpD mostraron su “preocupación” por la que definen como “sorpresiva reinterpretación” de las normas de reparto. En un comunicado emitido este mismo viernes destacan que, en un “cambio radical” se hayan retirado de la Sección Tercera “las autorizaciones administrativas industriales”, como las de los parques eólicos, lo que va “en contra del criterio aplicado en los últimos años”.

Esto, recuerdan, sucede “tras años de reiteradas presiones mediáticas, políticas y empresariales por las suspensiones cautelares” de instalaciones que dictaminó el órgano “y después del también sorpresivo cambio forzoso de Sección” de parte de sus integrantes. La asociación enmarca esta “vuelta de tuerca” en la “batería de medidas gubernativas” que, desde la toma de posesión de Recio, “afectan, sin que advirtamos una explicación razonable, a la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG”. “Una situación”, finalizan, “que no podemos contemplar en silencio”.

Alfonso Villares, exconselleiro do Mar de la Xunta que dimitió tras ser imputado como presunto autor de una agresión sexual -denuncia que el juzgado archivó- ha convocado a los medios de comunicación a una comparecencia sin preguntas para anunciar que pide reincorporarse al PP y reclamar a los partidos de la oposición que se disculpen con él. No respondió a los intentos de la prensa de saber si tenía alguna oferta del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para volver a la Xunta, pero sí aprovechó para felicitar a su madre en su 93 cumpleaños y pedirle a su hijo que lo haga también.

El juzgado de Ferrol en el que recayó el caso tras perder Villares -con su renuncia a todos los cargos públicos en junio de 2025- la condición de aforado tardó apenas seis meses en manifestar que entendía que no debía procesarse al exconselleiro. La decisión la confirmó en abril de este año la Audiencia Provincial de A Coruña. Los argumentos dados fueron que la investigación realizada fue “amplia y minuciosa” y la jueza instructora no había apreciado “indicios bastantes” para seguir adelante con la causa, un criterio que apoyó el Ministerio Fiscal.

Tras conocerse estos pronunciamientos judiciales, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había vuelto a abrir la puerta a recuperar a Villares para la política. La decisión, dijo el pasado lunes, dependía solo del exconselleiro. La reacción de Rueda tras conocer la denuncia -supo de ella en febrero, según contó él mismo- fue mantener a Villares en el cargo, a la espera de que se le comunicase si estaba siendo investigado por la Justicia. Fue entonces, cuando se confirmó su imputación, cuando dimitió, en junio de 2025. Su despedida, acusado de una agresión sexual, fue un aplauso de sus compañeros y un abrazo del propio Rueda.

Este jueves, en una sorprendente e infrecuente convocatoria, Villares habló ante la prensa en un hotel compostelano cercano a la sede del PP gallego. Avanzó solo un primer paso en lo que dijo que es su “vuelta a la normalidad” en su vida privada y profesional, que es esa solicitud de reingreso en el partido en el que había militado entre 1995 y 2025. Ante los medios se reivindicó recordando que dijo desde su dimisión que era inocente y que, ante la jueza, contestó a las preguntas de todas las partes. La Justicia, insistió, ya se ha pronunciado, en el sentido de que no debe ser procesado porque no se han encontrado “indicios bastantes” para ello.

Villares, que estos meses volvió a su puesto de veterinario en la Consellería de Medio Rural, también aprovechó para lamentar que su imagen pública fue “injustamente dañada” y exigir disculpas. “Hubo personas, señaladamente responsables políticos, que decidieron ignorar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Que cargos públicos actúen con irresponsabilidad entraña un enorme peligro. Si un político se dedica a condenar sin juicio se quiebran las garantías de la sociedad y, ante esta falta de respeto a los principios democráticos más básicos, espero una reflexión y una disculpa”, dijo. No dedicó ningún comentario a la denunciante ni mencionó que la identidad de ella fue confirmada, el mismo día de su dimisión como conselleiro, por fuentes del Gobierno gallego.

Los defensores del medio ambiente no son los únicos críticos con las políticas desplegadas por la Xunta desde la Consellería de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, Ángeles Vázquez, se acaba de poner en contra también a los cazadores, a pesar de que el Gobierno gallego se ha inclinado por aplicar políticas favorables para sus intereses. El motivo son las medidas aplicadas para “controlar” la población de jabalí en Galicia, que se han traducido en la declaración de una emergencia cinegética, es decir, en autorizar que se cace esta especie sin limitaciones. “Su efectividad real en el campo es sencillamente ridícula”, afirma la Unión de Tecores y Cazadores de Galicia (Unitega), que agrupa a unas 11.000 personas y cerca de un centenar de tecores -terrenos cinegéticamente ordenados-.

A la crítica de la falta de efectividad le añaden varias más. Unitega cree que los anuncios relacionados con el jabalí son una estrategia propagandística por parte de la Consellería de Medio Ambiente, un “paripé” para sostener que ha tratado de reducir el número de ejemplares y, en caso de complicaciones, como una posible entrada de la peste porcina africana, poder descargar responsabilidades sobre los cazadores. “La realidad que vivimos día a día en el monte demuestra que la administración nos quiere utilizar como una cortina de humo. La intención es clara: descargar sobre las espaldas de los tecores toda la responsabilidad en caso de que se acaba produciendo un positivo de peste porcina en Galicia”, asegura la agrupación, que pone el foco también sobre un desencuentro que ha llevado a que los cazadores aireen su oposición a las políticas de la Xunta. Rechazan que se introduzca una modalidad típica de la caza menor, que es la denominada caza en mano, para el jabalí, que es caza mayor. Avisan de que va a haber menos control y un aumento del riesgo de accidentes.

El secretario de Unitega, Antonio Mota, insiste, en conversación con elDiario.es, en que la Consellería de Medio Ambiente está dando mucha publicidad a la emergencia cinegética para trasladar “una imagen de que se están tomando medidas”. La Xunta está recurriendo a estos permisos para cazar jabalíes sin límite desde hace unos años. Primero lo justificó con las denuncias de los ganaderos por las pérdidas causadas al entrar estos animales en los terrenos cultivados y con los accidentes de tráfico con ejemplares implicados. Con el brote de peste porcina africana en Catalunya, detectado en esta especie, la vinculó también a la prevención para evitar la enfermedad.

Mota avisa de que, mientras tanto, hay “una ceguera voluntaria” sobre lo que considera “verdaderas vías” potenciales para la entrada de la peste porcina: productos cárnicos procedentes de zonas afectadas por la enfermedad y la introducción de los mismos por parte de humanos. Considera que la administración autonómica debería hacer una campaña informativa para avisar de los riesgos de que queden restos en zonas naturales o transitadas por personas a las que puedan acceder jabalíes. Y cree que las autovías A-6 y A-52 son “puntos calientes” porque los viajeros que pasan por ellas pueden dejar atrás, por ejemplo, un bocadillo de embutido contaminado. Recuerda que esta fue la teoría a la que se le dio más peso en el brote registrado en diciembre de 2025 en Catalunya.

“Es mucho más fácil firmar papeles de emergencia cinegética en un despacho y señalar al cazador que realizar un trabajo de campo y prevención real en las infraestructuras viarias”, protesta Unitega, que dice que “el silencio ya no es una opción” para los cazadores porque consideran que “la inacción institucional y las medidas puramente de cara a la galería” están abocando a “un desastre sanitario” del que creen que van a ser culpados de forma “premeditada”. Las medidas de la Xunta, insisten, “son tan poco realistas que apenas hay solicitudes”. Mota indica que lo normal es que la caza del jabalí se permita los jueves, sábados, domingos y festivos y que, con la emergencia cinegética, estos animales pueden ser abatidos todos los días. Pero es “innecesario”, dada la cantidad de jornadas en las que ya se puede hacer. La actividad, recalca, se concentra el fin de semana y solo algunos jubilados salen también los jueves.

“Una vez más, la Consellería de Medio Ambiente trabaja para la galería: solo buscan transmitir a la parte de la sociedad ajena a la caza una falsa sensación de control, tanto respecto a la peste porcina africana como a los continuos daños agrícolas o los accidentes de tráfico provocados por la fauna. Y no, no está bajo control”, afea la agrupación.

Mato se detiene también sobre la nueva modalidad que quiere permitir la Xunta para cazar el jabalí. Expone que los cazadores en Galicia suelen salir organizados en cuadrillas, en las que hay al menos ocho personas y en las que una de ellas actúa como responsable del grupo. Al aplicar la modalidad de la caza en mano, señala, serían suficientes dos personas para recorrer el monte en busca de animales a los que disparar. Pero para matar a un jabalí son necesarias balas. “Es otro nivel. Pasamos de una caza organizada a una caza que puede ser bastante más incontrolada”, protesta. La intención de la Xunta, según trasladó en reuniones recientes con representantes de los cazadores, es publicar en breve la orden en la que se va a permitir esta modalidad para abatir jabalíes, con la idea de hacerla opcional y que sean los tecores los que decidan si solicitarla o no. Mota dice no tener dudas de que habrá un cierto número que sí lo hará y eso le preocupa.

El sindicato CIG, que es el mayoritario en Galicia, ha convocado las primeras movilizaciones contra el plan anunciado por la Xunta para dificultar las bajas laborales a los trabajadores. Este jueves están previstas concentraciones a mediodía en las siete principales ciudades y en Vilagarcía de Arousa, ha informado la organización, que ha puesto en marcha una campaña informativa y de protestas para “desmontar las mentiras con las que la patronal y el Gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora”.

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció sus intenciones, la CIG reaccionó acusándolo de ser “vasallo de la patronal” y criticó que pusiese el foco sobre las plantillas en lugar de reforzar la sanidad pública para evitar demoras o destinar más fondos a políticas de prevención de riesgos laborales y examinar que las empresas cumplen. Para el sindicato, lo que busca la Xunta ees “culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar”. Por ello, señala, el lema elegido para las protestas es “A saúde é un dereito, enfermar non é delito”.

Antes de las concentraciones de este jueves, la CIG hará asambleas de delegados para tratar esta cuestión. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en las negociaciones del diálogo social que la Xunta va a convocar para tratar el plan. En cualquier caso, el presidente gallego ya avanzó que las medidas se van a implantar con o sin acuerdo en estas conversaciones, a las que están llamados los principales sindicatos de clase y la patronal.

El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidieron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión de “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, va a volar la semana que viene a China. En la agenda tiene marcadas reuniones con varias empresas, ante las que quiere presentar Galicia como un destino atractivo de inversión, y actos de promoción turística. Este viaje en busca de contactos en el país asiático coincide con jornadas en las que el partido del que forma parte Rueda, el PP, ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita institucional allí, donde se ha reunido con el líder chino, Xi Jinping. “Si su defensa de la democracia y los derechos humanos fuera tan sincera como proclama, ¿no creen que el señor Sánchez tendría que tener mucho más claro quiénes son nuestros verdaderos aliados?”, preguntó ayer lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, tras la reunión del comité de dirección del partido.

El viaje pretende, según publica Europa Press citando fuentes del Gobierno gallego, trabar relaciones comerciales y en materia de turismo que puedan suponer un beneficio para el sector productivo gallego. Rueda presentará Galicia como un destino estable para posibles inversiones: “Es un territorio seguro que presenta ventajas competitivas para la captación de inversión foránea y la implantación de nuevas líneas de negocio”.

La visita va a modificar la agenda del Parlamento gallego. La sesión de control al presidente se va a adelantar al martes, cuando suele celebrarse en miércoles. Rueda, que va a estar acompañado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, va a visitar Shanghai y Pekín, en donde se va a reunir con empresas como SAIC Motors, Anji Logistics, Hasco o Qingtao. Lorenzana, que irá un día antes, se desplazará a la ciudad de Hangzhou y tendrá encuentros de trabajo con Citic Group, además de con altos cargos de la ciudad y de la provincia de Zhejiang.

Fuentes del Gobierno gallego señalan que el viaje forma parte de los contactos que mantiene la administración autonómica en busca de oportunidades de cooperación entre Galicia y China. El pasado mes de septiembre hubo un foro de empresas de ambos lados en Santiago de Compostela. Según los datos de la Xunta, 190 empresas gallegas están presentes en China de manera permanente. El otro interés de la visita es promocionar el Camino de Santiago, en el contexto del Xacobeo 2027. Además, la próxima semana llegará a Galicia un grupo de agentes de viaje chinos invitados dentro de una acción promocional.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado en que el exconselleiro Alfonso Villares, que dimitió tras ser denunciado por agresión sexual -una denuncia que ha quedado archivada-, tiene abiertas las puertas para volver a la política. “No tendría problemas para volver a la vida pública”, manifestó y señaló que la decisión, en realidad, depende solo del propio Villares.

La dimisión la anunció el exconselleiro en junio de 2025. Aunque él habló de una cuestión que afectaba a su “esfera estrictamente personal”, se confirmó inmediatamente que la denuncia era por una agresión sexual. No solo eso, fuentes de la administración gallega confirmaron también entonces el nombre de la denunciante. Unos meses después, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó que el caso quedaba archivado por “falta de indicios”. Los jueces que redactaron el auto señalaron que la investigación había sido “amplia y minuciosa”, sin que se hubiesen encontrado “indicios bastantes para procesar” a Villares, una postura que compartió la Fiscalía.

Con este resultado en la investigación judicial, Rueda reiteró que no tendría inconveniente en volver a contar con Villares, del que dijo que “era un buen servidor público”. Además, ha pedido a quienes cargaron contra Villares y el proceder de la Xunta -el propio Rueda era conocedor de la denuncia meses antes de la dimisión, que se produjo cuando el Tribunal Superior de Xustiza comunicó al exconselleiro su condición de investigado- que pidan disculpas ahora “con el mismo énfasis”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sabe de antemano que el representante de su gobierno que se siente en el diálogo social para abordar el plan sobre las bajas laborales se va a encontrar con una postura crítica de los sindicatos y con el respaldo entusiasta de la patronal. Pero este lunes ha dejado claro que el proyecto no depende de que haya un acercamiento en las negociaciones y que va a salir adelante con acuerdo o sin él. El jefe del Gobierno gallego ha insistido en la defensa de sus intenciones para redoblar el celo que se pone en el control de las incapacidades temporales: “Creemos que es necesario actuar y actuaremos”. No hay, insistió, otra alternativa.

El plan fue el anuncio que centró la atención en el debate sobre el estado de la Autonomía de la pasada semana. Rueda avanzó que su equipo va a “pisar el acelerador” con un programa que busca limitar las bajas laborales: una unidad específica va a revisar las bajas -aunque, en realidad, las decisiones ya dependen de médicos-, con especial atención a los motivos más frecuentes, que son lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Además, se aceptarán las propuestas de alta de las mutuas salvo que algún elemento genere dudas, en cuyo caso se citará a la persona de baja para revisar su estado.

Las reacciones no se hicieron esperar: la CIG, que es el sindicato mayoritario en Galicia, consideró a Rueda “un vasallo de la patronal” y avanzó que no se va a presentar al diálogo social; Comisións Obreiras censuró que el foco se ponga sobre las personas trabajadoras, cuando el problema “no está ahí”, sino, en su opinión, en las listas de espera en la sanidad o en una patronal que descuida la salud laboral. UGT se mostró a favor de dialogar, pero con la advertencia de que lo que ve en este plan es una crítica a la propia gestión de la Xunta porque considera que el problema son las demoras para ser atendido por un médico o hacerse una prueba.

Hubo más posturas contrarias a las intenciones anunciadas por la Xunta: BNG y PSdeG votaron en contra de apoyar las medidas propuestas; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las consideró ilegales y anunció que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria se refirió a las propuestas como “disparatadas”. A pesar de todas estas críticas, Rueda asegura que “hubo muchas reacciones positivas”. Las que han trascendido públicamente son las de su partido, el PP gallego, y la de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), que hace tiempo que adoptó el discurso del absentismo y pide medidas para combatirlo.

El presidente gallego aseguró este lunes, en respuesta a varias preguntas sobre su plan, que “lo más cómodo sería no reaccionar frente a lo que todos coinciden en que es un problema que afecta a la productividad”. Cargó contra quienes piden retirar el proyecto porque considera que, con las explicaciones que él ha dado hasta ahora, no lo conocen. Se dirigió en especial a Yolanda Díaz y consideró que es una “irresponsabilidad” anunciar un recurso contra una medida que “no sabe en qué consiste”. Pidió “un poco de tiempo” para ir presentando detalles del plan. El primer paso, dijo, es llevarlo al diálogo social para poder tener la estrategia elaborada este semestre. Si no hay consenso, avisó de que su equipo gobierna apoyado en la mayoría absoluta del PP, que recibió votos para “resolver problemas”.

Rueda defendió, en respuesta a una pregunta sobre si asume responsabilidades por el impacto de las listas de espera sanitarias en los tiempos que esperan personas de baja pendientes de pruebas y consultas, que el plan busca mejorar el funcionamiento de la administración y complementarlo con refuerzos, como el de las mutuas privadas. Aseguró también que no está poniendo en duda la labor de los sanitarios que conceden las bajas ni acusando a los trabajadores de cometer fraude. Trató de ilustrarlo comparando las incapacidades temporales, que no son posibles de partida sin la supervisión de un médico, con los incumplimientos al volante: “Es como decir que no hay que perseguir las infracciones de tráfico porque la mayoría de la gente no las comete”.

Para la Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) la actitud de la Xunta con respecto a las aves es negligente: asegura que hay una desatención institucional que está contribuyendo al declive de numerosas especies y que ha hecho que el Catálogo Galego de Especies Amenazadas, lejos de ser una garantía para la atención de poblaciones vulnerables, se haya convertido en “un listado de extinciones anunciadas”. La avifauna gallega pasa por “uno de sus momentos más críticos” y no es solo por las presiones ambientales, sino por la parálisis de la administración autonómica.

La SGO organizó el pasado fin de semana un encuentro que reunió a más de medio centenar de especialistas en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La conclusión es demoledora, hay “un declive general” de la población de aves y, de las 30 especies de este tipo de animales que están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, solo cinco tienen una tendencia positiva. Otras 13 siguen cayendo pese a estar dentro de esa lista que obliga legalmente a la Xunta a elaborar planes de recuperación para las especies en peligro de extinción y de conservación para las catalogadas como vulnerables. Y hay 12 más de las que estos expertos denuncian que no existen siquiera datos para evaluar su estado.

La labor de la Xunta -en concreto, de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Ángeles Vázquez- fue el centro de las críticas de la jornada, a la que el Gobierno gallego declinó enviar a algún representante, según señala la SGO. El incumplimiento de la normativa es “sistemático”. A pesar de que el catálogo de especies amenazadas existe desde 2007, solo tres de las 201 especies incluidas tienen un plan de protección en vigor. Dos de ellas son aves: la escribenta das canaveiras (el escribano palustre, Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher) y la píllara das dunas (el chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus L.).

El análisis de la situación del escribano palustre y el chorlitejo patinegro valió para ilustrar que estar dentro del listado e incluso tener un plan de protección no hace que las especies estén atendidas. Sobre la segunda, los ornitólogos confirmaron que Galicia y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas en las que hay una tendencia positiva. Para esta ave hay medidas y presupuestos, señalan: 1.000 parcelas instaladas para proteger los nidos de los depredadores, cierres perimetrales para que los polluelos tengan tranquilidad y un programa que permitió liberar 200 ejemplares en el medio natural desde 2018. Pero el caso del escribano palustre es la antítesis. Tiene un plan aprobado desde 2013, pero está “congelado administrativamente” y las poblaciones registran un “descenso catastrófico” del 60% desde 2007 y desapareció de seis localidades históricas de cría. La subespecie lusitanica, solo presente en Galicia y el norte de Portugal, “se encamina hacia una desaparición irremediable”, avisan.

Pero la lista de preocupaciones es larga: los ornitólogos piden que se incluyan en el catálogo de especies amenazadas la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la garceta (Egretta garzetta), la focha común (Fulica atra) o la grajilla occidental (Coloeus monedula). En zonas húmedas y medios agrarios destacan como especialmente negativa la situación del zarapito real (mazarico real en gallego, Numenius arquata), del que queda una única pareja reproductora. Citan también la avefría (Vanellus vanellus), cuyos nidos son “arrasados por tractores en plena campaña agrícola” pese a que es una especie en peligro y el alcaraván común (pernileiro en gallego, Burhinus oedicnemus), del que quedan dos parejas en Corrubedo y algún núcleo residual en las comarcas de A Terra Chá y A Limia.

 En cuanto a las aves marinas, destacan al paíño europeo (Hydrobates pelagicus) con un descenso que califican de notable en su colonia principal, que relacionada con la presencia de depredadores como el visón americano, y el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), que no se ha recuperado del “colapso” que supuso el desastre del Prestige hace más de 20 años. También recalcan que Galicia resulta crucial para la pardela balear (Puffinus mauretanicus) como zona de paso en su migración. Esta especie atraviesa áreas que coinciden “peligrosamente” con zonas proyectadas para la eólica marina.

Algunas rapaces aparecen recurrentemente entre las especies con más riesgo: la tartaraña (aguilucho cenizo, Circus pygargus) y la gatafornela (aguilucho pálido, Circus cyaneus) pierden sus hábitats como consecuencia de la política forestal de la Xunta, señala la SGO, que recuerda que su declive es acentuado. El águila real (Aquila chrysaetos) registra una ligera expansión, pero sigue amenazada también por las extensiones de especies de cultivo como los pinos y el eucalipto, que señalan que son pirófitas y ardieron (fundamentalmente pinos) en los grandes incendios de agosto de 2025. Los especialista encontraron pocos motivos de optimismo en la jornada, pero señalaron como positivo el proyecto del colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) en Trives, en donde un programa privado de instalación de cajas nido permitió que se alcanzasen las mayores densidades mundiales, aseguran.

Falta de transparencia

La SGO también recordó especies ya extintas en Galicia: el arao (Uria aalge) ha desaparecido como reproductor, al igual que el sisón (Tetrax tetrax) y la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), mientras que el urogallo (pita de monte, Tetrao urogallus) hace años que no se encuentra en la comunidad.

Entre las denuncias de los ornitólogos están que la Xunta no presta atención a la conservación y destina recursos que califican de ridículos a la tarea. Además, la acusan de falta de transparencia porque en varios de los censos que realiza no difunde los datos para que la comunidad científica los pueda estudiar. Esta opacidad, dicen, obliga a que sean las iniciativas privadas y de voluntarios las que se ocupen de hacer un seguimiento de las poblaciones. Llaman la atención sobre que el catálogo de especies amenazadas está obsoleto. Hay especies que “viven en estado burocrático” en ese listado, pero en el terreno están desapareciendo. Otras deberían figurar en él, pero siguen sin incluirse. “Sin un cambio radical en la política de la Xunta que transforme los planes de papel en acciones sobre el terreno, la ornitología gallegga seguirá siendo la crónica de cómo nuestras aves aprendieron a desaparecer en un mar de burocracia”, concluyen.

El concurso oposición para profesorado de Formación Profesional, en concreto para la especialidad de soldadura, organizado por la Xunta de Galicia entre junio y julio de 2024 en el CIFP Someso de A Coruña estuvo plagado de irregularidades: comentarios machistas, interpretaciones sesgadas del reglamento, favoritismo hacia algunos aspirantes. Al menos eso es lo que denunció la única mujer miembro de su tribunal -formado por un presidente y cuatro vocales-, una profesora de la materia, en un escrito remitido a la Consellería de Educación. Nunca recibió respuesta. El Gobierno gallego asegura ahora a elDiario.es que en su día hizo “las averiguaciones necesarias” y concluyó “que no hubo trato de favor”. También argumenta que nadie recurrió el procedimiento, pero dos aspirantes suspendidos afirman que sí lo han hecho. El ejecutivo autonómico deja sin responder varias cuestiones específicas remitidas por este periódico. El BNG llevará el caso al Parlamento de Galicia.

La denuncia de la profesora, remitida a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la consellería y al presidente del tribunal y a la que ha tenido acceso este diario, incluía un relato de “hechos graves” que la denunciante esperaba “no se volvieran a repetir”. Los expone por orden cronológica y comienza con la discriminación que, a su juicio, sufrieron dos de las candidatas a los puestos de profesora. Sucedió durante la prueba denominada 135-GMAW de soldadura MAG. A dos de las aspirantes les falló la máquina -la denunciante fue testigo directo de una, de la otra no- y la profesora, tras intentar arreglar el aparato y comprobar que no podía, solicitó cambiarlo “pues había otros libres”. El compañero de tribunal que supervisaba la prueba junto a ella se negó. Más tarde, la denunciante se enteró de que otros dos aspirantes también habían tenido problemas con el dispositivo y los miembros del tribunal que los examinaban -uno era el mismo que antes se había negado- habían accedido a sustituir la maquinaria.

“¡Cuántas tías en la lista!”

“Durante el procedimiento se produjeron algunos comentarios que, por mi condición de única mujer en el tribunal, me resultaron incómodos e incluso ofensivos”, asegura el escrito. “¡Cuántas tías en la lista!”, fue el comentario de uno de sus colegas. Durante las reuniones finales de evaluación, continuaron las presuntas gracietas machistas: “Nosotros en Vigo tenemos a las tías quemadas”. “Hay mucho patriarcado en este mundo”, declara a elDiario.es la autora del escrito, “no acaban de entender que lleguen las mujeres a estos lugares tan masculinizados”.

La Xunta de Galicia niega, en un escrito remitido a este periódico, “indicios de que hubiese trato de favor hacia los hombres en el proceso”. Aporta, como prueba, que hubo 41 hombres y seis mujeres admitidos en el concurso oposición y aprobaron seis personas, tres hombres y tres mujeres. “Además, las tres mejores calificaciones de las personas fueron las tres mujeres”, añade. No se pronuncia sobre los reiterados comentarios machistas.

La Consellería de Educación también asegura que “no hubo ninguna reclamación al respecto por parte de ninguna persona opositora ni tampoco de ninguna organización sindical”. Una de las mujeres a las que falló la máquina afirma que sí lo ha hecho, además de presentar un recurso de alzada. Otro de los candidatos que quedó fuera indica a elDiario.es que también ha registrado un recurso de alzada y está a punto de hacer lo propio con una demanda judicial. Su motivo, las irregularidades que, considera, observó en la oposición. Este hombre, que ya trabaja como profesor, se centra en la fase de defensa de la programación, también cuestionada en el escrito remitido a la Xunta por la denunciante. El documento expone como la misma mujer a la que no accedieron a cambiarle la máquina que fallaba en la prueba de soldadura fue acusada de “copiar su exposición” de la programación y de “dudar” al defenderla“. ”No hizo uso de ningún folio“, aduce la denuncia, como tampoco leyó literalmente la persona que presentó el recurso de alzada.

Lo contrario, leer toda la programación y la unidad didáctica en presencia del tribunal, fue lo que hizo uno de los hombres aprobados “por otros miembros del tribunal”. Esto contradice, avisa la denuncia, la orden oficial de la convocatoria: “Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, siempre que sea aprobado por el tribunal, así como un guion que no excederá una página y que se entregará al final al tribunal”.

Notas sin presencia de todo el tribunal

La profesora miembro del tribunal avisa también de que los otros miembros del tribunal acabaron por poner las notas de defensa de la programación sin estar ella presente, lo que, dice, vulnera de nuevo la orden de la convocatoria: “Debemos estar presentes todos los miembros del tribunal para la calificación de cada fase de la oposición”. Según ella, el presidente del tribunal se negó además a que constase en acta que un aspirante había leído toda la programación y la unidad didáctica“. La Xunta asegura que ”cada miembro del tribunal pone las notas que individualmente le parecen oportunas y se hace una media de esas notas individuales para alcanzar la puntuación final de cada opositor en cada ejercicio“. En las bases de la convocatoria figura sin embargo una excepción: ”Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima y la puntuación media se calculara entre las cualificaciones restantes“.

El BNG, a través de su diputada Cristina Fernández Davila, ya ha registrado iniciativas parlamentarias para esclarecer lo sucedido y exigir explicaciones al Gobierno gallego.

Retrasos en las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones que nunca llegan, quejas a la Valedora do Pobo que chocan una y otra vez contra un muro, burocracia... la ineficiencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se presenta en numerosos casos como la principal responsable de que se eternicen unas bajas laborales sobre las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco como un “asunto urgente” que quiere solucionar.

Tanto es así que la creación de unidades especializadas y el anuncio de que la inspección médica se limitará, salvo casos extremos, a ratificar las propuestas de alta que lleguen de las mutuas privadas, se ha convertido en su principal aportación al debate sobre el estado de la autonomía que finaliza este viernes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en la medida visos de inconstitucionalidad mientras el BNG ha exigido a Rueda que se disculpe por “criminalizar” a los trabajadores al tratarlos de “vagos” y “defraudadores”. Aunque a menudo sean, sobre todo, las víctimas del propio sistema.

Paz (41): desde 2023 sin poder escribir en la pizarra

Paz —nombre ficticio— comenzó a sentir un fuerte dolor en su hombro a principios del año 2023. Lejos de desaparecer, se iba haciendo cada vez más fuerte y le afectaba tanto a la vida diaria como a su trabajo como docente. Tanto, que no era capaz ni de escribir en la pizarra. Su médico de familia le solicitó una consulta con el especialista. La cita tardó más de un año, hasta octubre de 2024: una prueba de imagen para la que fue derivada a la sanidad privada. El diagnóstico, tendinopatía con calcificación. La valoración del traumatólogo se demoró cuatro meses más, hasta febrero de 2025. Entonces, le prescribieron un tratamiento con ondas de choque al que, según la previsión, debería someterse en abril. En mayo, ante la falta de respuesta, Paz presenta su primera queja ante la Valedora do Pobo. El Servizo Galego de Saúde la llama al fin para iniciar el tratamiento a mediados de junio, que se prolonga durante un mes, y al finalizarlo le anuncian que en octubre —ya a la vuelta del verano— tendrá una nueva cita para evaluar el resultado. A partir de ahí, comienza un silencio administrativo que dura ya casi un año.

Esa falta de seguimiento provoca que la lesión empeore. El dolor se extiende también al codo y mover el brazo se convierte en un infierno. Busca solución en la privada y recurre a dos traumatólogos distintos, además de a una fisioterapeuta, que confirman la involución. A principios de año, al diagnóstico inicial se suma una epicondilitis lateral, el conocido como “codo de tenista”. Es entonces cuando, por fin, se decide a pedir la baja. Acto seguido, en febrero, presenta una nueva reclamación ante la Valedora, denunciando “atrasos reiterados, falta de seguimiento e impacto en la salud y la capacidad laboral”. Un mes y medio después, la Consellería de Sanidade continuaba sin enviar el informe demandado, así que la institución volvió a requerirlo, “recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal”. Era el martes, 7 de abril. Al día siguiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el debate sobre el estado de la autonomía un plan para dificultar el acceso a las bajas. Sus prioridades: los problemas “menores” de salud mental y, como en el caso de Paz, las lesiones musculoesqueléticas.

Patricia (45): veinte meses de baja y ni rastro de rehabilitación

Patricia, limpiadora de 45 años, suma ya casi 20 meses de baja en dos tramos tras una recaída. Lo suyo empezó, también, con un dolor en el brazo. La resonancia confirmó desgaste y la presencia de varias calcificaciones en el cuello, así que se acogió a su primera incapacidad temporal que se prolongó durante siete meses. Como sucede en muchos de estos casos, al parar de forzar la zona afectada se produce una mejoría que, sin rehabilitación, desaparece al volver al trabajo. Fue lo que le sucedió a ella. A los dos meses, el sufrimiento había regresado, pero tuvo que “aguantar” a que se cumpliesen los seis que marca la normativa para poder acogerse a una nueva baja por recaída.

Desde entonces, ha pasado ya un año. En septiembre pasado se hizo una nueva resonancia —esta por el Sergas— que confirmó el diagnóstico inicial de la mutua. Una mutua que, desde el principio, le negó el acceso a la rehabilitación. Tras recibir los nuevos resultados, hace apenas tres semanas, Patricia la solicitó en el Sergas. La respuesta, que se lo tomase con calma, ya que a estas alturas del año todavía están atendiendo a los casos de noviembre pasado. Mientras, ella se resigna a seguir esperando. Según le han dicho, cuando cumpla los 24 meses de baja, tendrán que llamarla para estudiar su situación.

(En septiembre, el Sergas convocó 29 plazas de fisioterapeutas para toda Galicia en su “pírrica” oferta pública de empleo. Para el sindicato de enfermería Satse, a esa cifra le falta “por lo menos un cero”: si fuesen 270, aseguran, Galicia podría “empezar a avanzar en una ratio cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En la actualidad, la central cifra en 190 los fisioterapeutas de Atención Primaria y en 232 lo de hospitales, para atender a una población cada vez más envejecida de 2,7 millones de personas).

Manuel (61): dos años de espera, 16 pastillas al día y un desenlace “surrealista”

El caso de José Manuel es más complicado y, su final, una muestra del absurdo burocrático en el que a veces se ven atrapados los trabajadores. En 2021, con 56 años, el dolor de cabeza que había arrastrado toda la vida empeoró y decidió ponerse en manos de los médicos. A principios de 2023, tras una resonancia, el neurólogo le confirma una cefalea tensional intratable. La presencia de hernias y nódulos en su cuello provoca que sólo su pasado como nadador pueda explicar que aún mantenga la movilidad. Eso sí, con 16 pastillas cada día —siete con el desayuno— y, desde hace un tiempo, el bloqueo de sus nervios cada tres meses, una opción que sólo le dio resultado real la primera vez.

Con este diagnóstico, ni la mutua ni los servicios médicos discutieron nunca su baja hasta el segundo año. Se acuerda del día porque diluviaba en Santiago: el 8 de enero de 2025, un médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de Compostela le dio el alta y tuvo que reincorporarse a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. En su situación, no podía esperar los 180 días de rigor para volver a pedir la baja por recaída así que, como primera medida, se tomó los dos meses de vacaciones que tenía pendientes; después, su médico de familia le concedió la incapacidad, en este caso, asociada a un “transtorno de ansiedad debido a una afección fisiológica conocida”.

Tras esa vuelta obligada a la actividad, José Manuel decide recurrir a la justicia. En marzo, el juzgado le concede una incapacidad permanente retroactiva, desde el día de su alta, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepta sin dudar. Sin embargo —y ahora viene, en sus palabras, “lo surrealista”—, el 1 de abril, al cumplirse el año de baja, el INSS le envía un SMS en el que le confirma que es el único organismo que puede darle el alta o la incapacidad permanente. Es decir, para la administración todavía sigue de baja. A él, eso le supone, entre otras cosas, una pérdida de ingresos brutos de unos 3.000 euros anuales. Mientras, su situación sigue sumando días a una estadística que no para de crecer y de la que la Xunta prefiere culpar a los trabajadores.