El número de pacientes del área de Vigo asignados a Povisa, un centro privado propiedad del grupo Ribera con el que la Xunta tiene un millonario concierto, se sitúa en el más bajo de su historia. Son poco más de 102.000, después de que unos 8.000 pasasen de este centro a los de la red pública en abril, cuando se abrió la ventana para hacer el cambio. Pese a la elevada cifra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de limitar las causas a que los ciudadanos deciden libremente.

Todos los años, añadió, se permite pasar de un sistema a otro y hay un trasvase de pacientes. Y, si el de 2026 ha sido más alto de lo habitual, quienes tienen que aclarar los motivos son, a su juicio, los que han pedido el cambio: “Ellos deben explicar sus razones”. El presidente gallego evitó hacer un análisis o pronunciarse sobre si han pesado cuestiones como el aumento de servicios en la parte pública de la sanidad en Vigo o los escándalos que afectan al grupo Ribera. En los últimos meses, se han conocido las maniobras para alargar listas de espera en Torrejón (Madrid) con el fin de lograr más ingresos o que se reutilizaron varias veces catéteres de un solo uso.

Preguntado por esta salida masiva de pacientes de Povisa, el presidente de la Xunta se ha limitado a responder que agradece la confianza que tienen en que estarán bien atendidos en la pública y a manifestar que la obligación de su equipo es que reciban cuidados adecuados tanto en ese sistema como en el hospital concertado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.

En el verano de 2025 ardieron en Galicia unas 120.000 hectáreas, en uno de los peores años desde que hay registros y en el que se produjeron los incendios más grandes de la historia de la comunidad -solo el que comenzó en Larouco a mediados de agosto arrasó unas 33.000 hectáreas, según la Xunta-. Pero no por ello hay que pensar que la temporada de alto riesgo de 2026 o las siguientes van a ser más tranquilas, avisan los expertos. Sigue habiendo 2 millones de hectáreas que reúnen las condiciones para prender y, sobre todo, una tendencia a que los años con gran impacto de los fuegos sean más frecuentes y a que estos se conviertan en gigantes que devoran miles de hectáreas en un solo evento, insiste el profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra Juan Picos. Añade que se está dando también un cambio en el clima que hace que zonas antes “protegidas” por factores meteorológicos, como la costa norte de la Comunidad, empiecen a quedar más expuestas.

A pocas semanas de que empiece la temporada de alto riesgo de incendios en Galicia -entre el 1 de julio y el 30 de septiembre- lo que se ve por el retrovisor es la tierra quemada en el verano de 2025. “Del año pasado no se recuperó nada, por mucho que en Galicia tenemos tasas de recuperación muy altas”, dice Picos. Diez meses después, en muchas de las zonas arrasadas por aquellos fuegos el paisaje sigue siendo de ceniza. Este es el panorama, por ejemplo, desde el techo de Galicia, Pena Trevinca, devorada por las llamas en agosto del año pasado y que en la actualidad ve aparecer el verde solo en arbustos aferrados entre piedras que los protegieron del fuego o en el área de la cabecera del río Tera, que está encharcada.

Por este motivo, los terrenos afectados en 2025 son de los pocos que se pueden considerar libres del peligro de arder este año. En el resto del territorio, expertos y personal del servicio de extinción de incendios coinciden: la destrucción del año pasado puede repetirse en los próximos meses y el riesgo va en aumento en zonas no se venían considerando tan vulnerables a las llamas. “Se dice 'Ourense siempre arde', pero hace tres años el único gran incendio de ese ejercicio fue el de Barreiros, en A Mariña”, expone Julio Saiáns, bombero forestal en el distrito I -comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal- y portavoz de la CIG en materia de incendios. En las formaciones están viendo mapas de lo que se denomina disponibilidad de combustible (la parte de la vegetación que está en condiciones de arder) que muestran índices elevados en el interior de la provincia de A Coruña hacia el norte y el eje Ferrol-Abadín. Y, sobre el terreno, confirma que el monte está “muy seco”. En invierno llovió mucho, pero en la primavera ya no.

Picos también incluye la zona norte de Galicia -“cualquier día nos da una sorpresa”- entre las áreas con mucha vegetación “susceptible” de prender. Habla también del suroeste de Ourense, el Xurés, y toda la costa atlántica. Queda mucho territorio con “potencial alto”, es decir, en el que no solo es que haya monte, sino que se dan ciertas condiciones que hacen más fácil que las llamas comiencen y se propaguen. Hace extensiva la situación a Asturias, Castilla y León y Portugal, en donde también se registraron incendios en 2025.

“Buena parte de los factores del año pasado los tenemos todavía en el paisaje”, asegura. Este año, como el anterior, hubo un invierno húmedo seguido de un periodo sin precipitaciones. Entonces se sumaron tres olas de calor entre junio y agosto, todo lo cual dejó la abundante vegetación muy seca y muy susceptible de arder. Pero, recuerda el experto, en muchos puntos no ardió, de modo que sigue ahí ese material reseco: “Se pasa el riesgo de un año al siguiente”. Coincide en la advertencia Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, que agrega que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de un verano con temperaturas por encima de la media en el norte. Ambos insisten en que toda esta información hay que leerla en su contexto: una tendencia hacia condiciones que favorecen los incendios y también a que estos se transformen con más frecuencia en grandes monstruos.

Saiáns, el bombero forestal, admite que en el dispositivo de la Xunta la plantilla no afronta la próxima temporada de alto riesgo con optimismo. “Vemos muy pocos cambios. El Pladiga (el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia) es casi un cortapega del año pasado”, protesta. El documento prevé algo más de 5.400 trabajadores de diferentes administraciones en la época de alto riesgo, que son 200 más que en 2025. Habrá dos nuevos aviones de carga en tierra y uno de coordinación, además de más cámaras de vigilancia. “Lo vemos positivo, pero es insuficiente y no va al origen del problema”, evalúa el representante de la CIG, que critica que no se está actuando “sobre el combustible”. Es decir, carga contra una política que se sigue volcando en la extinción en lugar de en la prevención, como hacen Picos y Santos. Los tres hablan de la necesidad de un cambio estructural, a largo plazo, que pasa por dinamizar el rural y promover una actividad en el territorio que recupere el paisaje en mosaico, sin extensiones continuas de vegetación, bien porque se cultivan especies forestales, bien porque los terrenos están abandonados.

“No es una cuestión puntual de un año”

Picos recalca que los cambios de los últimos años anticipaban que iba a llegar un verano como el pasado. Se ha ido elevando la frecuencia con la que aparecen esos ejercicios “malos” con mucha superficie quemada: “Antes eran siete, después fueron cinco y entre 2022 y 2025 solo pasaron tres”. La tendencia va hacia un menor número de incendios, pero entre los que hay unos cuantos gigantescos que dejan tras de sí un desastre. El trabajo tiene que ir por un “cambio de mentalidad” porque los incendios ya no son como eran y algunos quedan directamente fuera de la capacidad de extinción de un dispositivo que defiende que en Galicia funciona bien y es rápido. Los cambios de fondo, dice, no tienen resultados inmediatos, pero sostiene que las tareas de preparación no son para este año, sino para la próxima década. Y urge a tomar medidas porque está en cuestión que “la velocidad de mejora sea superior a del empeoramiento de la situación”.

Dentro de ese trabajo “estratégico” que reclama contra los incendios, señala que es necesario anticiparse y detectar las áreas en las que la prevención es más necesaria. Por ejemplo, zonas en las que hasta ahora podía parecer que no había un riesgo alto, pero con los cambios en el clima van sumando papeletas: “Si hay seis factores para que haya un incendio y tienes tres o cuatro, ya dependes de muy pocos”.

Manu Santos, de Greenpeace, insiste en esta idea. “Es una tendencia global: los veranos son más largos, las olas de calor más frecuentes. Tenemos que prepararnos para el futuro, porque si no es este año, será el siguiente, pero va a pasar”. Pone el foco en las políticas para asentar población en el rural y sostiene que “los incendios también se combaten con escuelas, con centros de salud, con centros de día”. También carga contra la estrategia de la Xunta, que sigue invirtiendo más en extinción que en prevención. “Eso es lo que hay que revertir”, zanja.

Julio Saiáns hace todavía otra crítica al Gobierno gallego: las 42 nuevas brigadas anunciadas para este año van a contratarse a través de la empresa pública Seaga, lo que considera que es “volver al error de atomizar el servicio, en lugar de actuar con una unidad de mando”. Entre las personas del dispositivo las habrá contratadas por la Xunta, por empresas, por entidades locales y eso lleva a la “descoordinación”, como ocurrió en uno de los peores incendios de 2025, el de Oímbra, en el que tres brigadistas del Ayuntamiento resultaron heridos. La investigación judicial apunta a las chispas de un tractor que estaba desbrozando en medio de una alerta por alto riesgo, cuando este tipo de actividades deben suspenderse. La orden de parar, sin embargo, se enredó entre las administraciones responsables.

A refeudalización é o que ten: converte todo en sombra do medievo e debemos desenvolvernos entre pantasmas do pasado, sen non nos dar de conta. Isto foi exactamente o que pensamos ao observar unha nova inxerencia imprudente ou torpe do executivo actual co nomeamento de directora do CGAC: de ser un orgullo de centro de recoñecido prestixio polo seu obrar e proceder en independencia pasa ser un apéndice dun executivo metido en todas as cociñas. Neste caso non sabemos se a función encomendada é de caixa de correos (tradúzase comisaria pero non de exposicións) ou de bufón na acepción coñecida do rol en corte real.

A relación explicativa ten a ver cunha anécdota familiar: o asunto que, na parte cómica que ten, comeza cun recado que trae do colexio un dos meus netos. Como agora os cursos escolares desenvólvense de acordo co calendario comercial de feiras e festas (antes era o calendario gregoriano, e o máis que celebrabamos eran os exercicios espirituais en Antroido, sic Instituto Femenino Lugo, anos 60), un día chegou a casa coa encomenda de que a el lle tocaba (é dicer: a miña filla debería facer) un disfrace de “buzón”. A nai do rapaz pasou algunhas sesións de pensamento propio discorrendo como faría unha caixa de correos en cartón do tamaño do neno, que non se desfixera ao se mollar de casa ao colexio, como faría para penduralo e rematalo, e, en fin, mesmo se debería pintar o neno de amarelo, para maior realismo. Para saír de dúbidas preguntou de novo á criatura: e logo cal é o leitmotiv deste Antroido? A contestación foi rotunda e aclarativa: de medievo. Ben, logo habería ser de bufón, palabra que para un neno pequeno non garda moitas diferencias na pronuncia con buzón e total para el significaban igual: é dicer, nada. Comeza a elaboración doada do disfrace, xa que en realidade consiste en ir a un chino perto e mercar o que semelle máis adecuado para o baile/desfile escolar.

A vantaxe da refedeulización que observamos como característica definitoria desta etapa do executivo galego ás ordes do seu presidente Rueda é que se poden reunir nunha mesma persoa que ocupa un cargo de libre designación dúas funcións: de “buzón” e máis bufón. O de bufón é un cargo con moitos elementos complexos: é o único que podía lle dicer á verdade ao señor; por iso considerábase que reuniría dúas condicións: era un espello torto da realidade e non tiña a máis mínima aspiración de ocupar lugar algún na corte nen, no painel de nobres con dereito a terras, privilexios e poder. O bufón non pasaría nunca dese rol e mesmo, no mellor dos casos, con grandes beneficios polo seu oficio, nunca formaría parte de institucións con representación e poder na corte. O bufón sempre se pode dedicar a coñecer toda a trama do poder vicario ou de segundo nivel e comunicar adecuadamente co rei para lle transmitir a información necesaria dos movementos da nobreza. E tamén, coa súa representación teatral, transmitir os desexos do rei, a disposición cara a conceder favores en circunstancias determinadas ou sancionar condutas non desexadas. É dicer, o bufón nunca se considerou pertencente á clase da nobreza, nunca formou parte da mesma, pero xogou o papel de contraponto no desenvolvemento das relacións de poder na Corte. Rol necesario, xa que logo.

En cambio, o que denominamos comicamente “buzón” non é máis que un depositario e transmisor da vontade do señor. É o máis parecido a un comisario político moderno. Ten contacto directo co señor mesmo desde dentro da propia administración e cumpre o rol de información só na dirección de administración-xefe do executivo. Ten fío directo e ademais garda con lealdade ao señor o seu posto de traballo sempre en louvor e gloria do xefe. Non ten por que facer de bufón, aínda que si de depositario das esenciais gobernativas do xefe. As relacións laborais, funcionariais, administrativas ou políticas pasan a mellor vida e son exclusivamente de xefe con cargo nomeado e directamente conectado: verdadeiro depositario (caixa) dos designios do xefe. Só así se entende o tipo de cargos de libre designación de fío directo co responsábel do goberno e que comunmente se citan como da súa corda.

E isto que ten que ver coa refeudalización? Pois que a maneira concreta de se dar as relacións interiores no seo do Partido Popular na actualidade galega maniféstase seguindo pautas que lembran un pasado pre-democrático ou máis ben que o reproducen, xa que a separación necesaria entre función política, administrativa, xerencial ou de calquera outro tipo de responsabilidade, pasa no presente por un control persoal de débito a gosto do xefe. Isto é, o que se conseguiu no Estado de Dereito / no Estado Constitucional coa profesionalización do funcionariado fica suxeito á interpretación e discrecionalidade do gobernante. Certamente non todo está escrito como norma legal. Mais non é necesario. Non precisamos pór carteis que prohiban en todas as partes fumar. Xa se sabe, hai unha lei e hai que respeitala. Tampouco é necesario que poña unha lei que para ser presidente dunha institución pública hai que saber ler e escreber. Non debemos esperar que haxa un escrito que diga que está prohibido cuspir na rúa -ou en ningún sitio- e, porén, faise. Non podemos esperar que alguén opine dun profesional sobre as súas ideas, a súa imaxe, a relación de súbdito ou de cidadán co xefe de quenda, e, secomasí, faise.

Non é concebíbel en democracia en 2026 que se poida chamar terrorista a un patriota que morreu asasinado polas costas pola policía franquista e, porén, faise. Non se entende como en lugar de difundir e sentirse orgulloso do propio, como galegos que somos, alguén con obriga de representar ese rol, sinta vergoña. Non é entendíbel como alguén en nome de ninguén di que se nega a debater, discutir e acordar co goberno central o financiamento para Galiza. Con quen pensará en discutila? É concebíbel semellante desplante antidemocrático? Que se pode esperar despois de tal dislate?

Dixemos refeudalización por lle dar un nome á volta a un pasado non democrático.

Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

CIG-Administración Pública ha calificado de “grave error político” la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de nombrar al exconselleiro Alfonso Villares delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él por una conocida presentadora.

“Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado, en un comunicado remitido a los medios –y recogido por Europa Press–, en el que afea con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular do Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va “más allá” del recorrido judicial de una causa.

La CIG esgrime que la “rehabilitación” de Villares como alto cargo autonómico es de “extrema gravedad” y que “hace patente el falso compromiso” de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.

El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que “el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos”.

“Rueda lo rehabilita porque le da la gana”

“La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso”, ha esgrimido, además de hacer hincapié en que “nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares”.

“Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconselleiro de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado.

Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas “no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social”.

“No es un caso más de enchufismo”

Por ello, la CIG considera que este nombramiento “no es un caso de enchufismo más del PP”, sino que supone “un grave atentado hacia todas las mujeres”.

“Muestra una ausencia absoluta de conciencia que banaliza la violencia sexual, deteriora la credibilidad de las víctimas y evidencia una preocupante falta de responsabilidad y sensibilidad institucional por parte del presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia”, ha concluido.

Alfonso Villares, el exconselleiro do Mar que tuvo que dimitir al ser imputado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual, acaba de estrenarse como delegado territorial de la Xunta en Lugo, el cargo con el que el Gobierno de Alfonso Rueda lo ha rehabilitado para la política después del archivo, aunque provisional, de su caso. Y en sus primeros pasos en este nuevo puesto público ha incluido una visita a la unidad móvil del centro de información a la mujer, que se encontraba este jueves en Xermade.

Villares publicó en sus redes sociales una imagen del acto y un resumen de su actividad, que consistió en visitar uno de los cuatro vehículos que funcionan como centros de información a la mujer itinerantes en Galicia y decir sobre ellos que “aportan información y atención especializada a la ciudadanía”.

El ahora delegado territorial en Lugo dimitió hace justo un año, tras una denuncia por agresión sexual. Lo hizo en el momento en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le comunicó formalmente su condición de investigado, pero la denuncia era de principios de año. Rueda conocía la situación -relató que el propio Villares le contó que había acudido a declarar ante la policía- desde febrero y le indicó que esperase a que hubiese novedades para decidir si debía o no abandonar su cargo como conselleiro. El presidente de la Xunta manifestó en varias ocasiones que le gustaría recuperar a Villares para la política y finalmente lo hizo el pasado lunes, cuando anunció que sería el nuevo representante de su Gobierno en la provincia de Lugo.

En abril la causa contra Villares quedó archivada provisionalmente porque los jueces consideraron que no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar” al investigado. Pocos días después, el propio exconselleiro dio una rueda de prensa -en la que no contestó a ninguna pregunta, como en su anuncio de dimisión- en la que anunciaba que volvía a darse de alta como militante del PP y dejaba la puerta abierta a un regreso a la política.

La Real Academia Galega de Belas Artes ha emitido este miércoles un comunicado en el que subrayan la “importancia estratégica” del CGAC y consideran que su dirección “requiere de un perfil de altísima especialización”. Tal y como recoge el texto remitido a la Consellería de Cultura, que se desprende de una sesión ordinaria del plenario celebrada el pasado 30 de mayo, la Real Academia manifiesta su “máximo respeto institucional y compromiso con el CGAC” como “buque insignia que es del arte contemporáneo gallego”. “Precisamente por la relevancia estratégica de este centro, consideramos que su dirección requiere un perfil de altísima especialización, acreditada experiencia en la gestión de museos de arte contemporáneo y un proyecto curricular firmemente alineado con los retos del sector”, recogen.

El posicionamiento de la institución contrasta con la figura elegida por el Gobierno gallego tras un cambio unilateral del procedimiento administrativo, la desconocida Eva López Tarrío. La decisión de la Xunta ha provocado una formidable tormenta en el mundo del arte en Galicia y más allá e incluso se ha pronunciado en contra y con duras críticas el Consejo Internacional de Museos -que agrupa 45.000 socios y miles de centros en 138 países. El ejecutivo de Alfonso Rueda ha desoído por el momento las innumerables críticas y ha continuado adelante con el nombramiento de López Tarrío.

La Real Academia de Belas Artes defiende que el acceso a la dirección “de los grandes contenedores culturales”, como el CGAC, “debe regirse estrictamente por los principios de mérito y capacidad, siguiendo los manuales de buenas prácticas vigentes”, y recuerdan que la Xunta de Galicia “tiene la competencia exclusiva para la elección de la persona responsable de la dirección del CGAC, a partir de los principios de mérito y capacidad sobre los que se fundamenta el acceso a todo empleado público, dentro de la legalidad vigente, segundo lo cual esta elección debería desarrollarse sin ningún tipo de restricción”.

La Real Academia, que insta a no olvidar “su condición de órgano consultivo de la Xunta”, continuará “trabajando de manera constructiva, pero también vigilante, para asegurar que las políticas culturales del entorno respondan a los más altos estándares de calidad y profesionalidad”.

La ofensiva de Alfonso Rueda contra el derecho a baja laboral no se detiene ni ante argumentos ni ante el previsible fracaso del diálogo social -dos de los tres principales sindicatos ya han renunciado a sentarse. “Los que estén de baja y puedan trabajar, eso hay que arreglarlo”, afirmó este miércoles en la sesión de control del Parlamento de Galicia. No ofreció ningún dato nuevo ni replicó a los argumentos en contra defendidos por Ana Pontón. “Usted le echa la culpa a la gente por enfermar”, le espetó la nacionalista justo después de enumerar algunas de las realidades del mundo laboral en Galicia: muere una persona a la semana en accidente de trabajo, se realizan 122.000 horas extra gratuitas cada semana, la comunidad es la segunda del Estado que menos bajas coge. Rueda no dijo nada al respecto.

“La medida es esperpéntica. Dudo que sea legal, pero seguro que no es ética”, había iniciado su intervención la portavoz del BNG. Se refería al “plus de productividad” que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha ofrecido a los médicos de atención primaria si rebajan la duración de las incapacidades temporales. “Usted no ve las bajas como el derecho a la salud, sino como un gasto”, aseguró Pontón, “y como no puede hacer una contrarreforma laboral, va por detrás recortando derechos”. Para ello, añadió, ha lanzado una campaña de criminalización de los trabajadores, apoyado en algunos medios de comunicación. “Para usted, los trabajadores fingen estar enfermos. Y además cuestiona a los médicos. Le digo una cosa, en vez de recortar derechos, recorte listas de espera”, sostuvo.

El presidente del Gobierno gallego, que se ha empeñado personalmente en esta cruzada y la situó como medida estrella en su discurso sobre el estado de la autonomía, repitió justificaciones. Recordó que el polémico plus está en los objetivos estratégicos del Sergas desde hace “un año y medio” y retorció la realidad para ceñir el malestar que provoca la medida “a los mensajes de un médico del BNG”. Lo cierto es que se han manifestado en contra los cuatro colegios médicos, la Sociedade Galega de Medicina Familiar, los sindicatos o los inspectores médicos. Aun así, Rueda insistió contra toda evidencia que Pontón “pretende ocultar que es un médico del BNG el portavoz, por algo será”. Su intento de descargar culpas y responsabilidades en el Gobierno central lo resumió Pontón en un “qué sorpresa, hay problemas y la culpa es de los demás”.

Parte del núcleo argumental de Rueda consiste en jugar a igualar las bajas laborales con el denominado absentismo. Y en cifras: dijo que las ausencias injustificadas del puesto de trabajo suponen el 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Habló de diálogo social, aunque dos de los tres sindicatos mayoritarios -CIG y Comisións Obreiras- se han echado fuera, y acto seguido se autoenmendó para concluir en tono de amenaza: “Abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este gobierno está para solucionar problemas”.

Besteiro sobre SAIC: “Cumpla los plazos y no lo estropee”

El debate con el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue en esta ocasión de menor intensidad. Preguntaba por la fábrica de coches que el gigante chino SAIC ha anunciado que instalará en Ferrol. El portavoz del PSdeG fue crítico con la política industrial de la Xunta -“caen las exportaciones, cae la producción, caen las ventas”- y recordó algunos de los grandes fiascos de 17 años de gabinetes de la derecha en Galicia: la liquidación de las cajas de ahorro, las falsas promesas de Feijóo y Pemex, la total parálisis del sector eólico, la apuesta fallida por una iniciativa socialmente muy contestada como Altri. “Cuatro de los 19 proyectos industriales estratégicos de su gobierno han desaparecido. Ninguno está ejecutado en su totalidad”, resumió, antes de atribuir a Pedro Sánchez y el Gobierno central la llegada de fondos europeos y estatales para la industria.

Alfonso Rueda se resignó y no rompió la minitregua nacida a raíz de SAIC. “Cuando el Gobierno ayuda, ayuda, acabamos de decirlo”. Expuso. Sobre lo que no se pronunció, pese a que lo había sacado Besteiro, fue sobre sus críticas y las de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, a los viajes de Sánchez a China, que finalmente abrieron el camino gallego al gigante de la automoción. “No me diga que todo lo que hay en Galicia se lo debemos al Gobierno central”, intentó ironizar, aunque el socialista no lo había dicho. Tampoco había mencionado al BNG pero el presidente sí lo hizo, aun sin pronunciar las siglas. “No se ponga del lado del negacionismo industrial, del lado de os do non”, lo conminó. Los nacionalistas se han limitado a pedir prudencia sobre la prometida factoría hasta que se concrete.

“Cumpla los plazos y no lo estropee”, se limitó a responder Besteiro. “Espero que todos cumplan los plazos y usted no se meta en el medio, no estorbe”, contestó Rueda, “usted en esto no ha tenido nada que ver”.

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia se suma a las críticas al plan contra las bajas de la Xunta. Traslada, en un comunicado, su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales aprobado por el Gobierno gallego y el papel que las mutuas jugarán en él. El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Reconocen que, en algunos casos, el alta puede ser expedida por los inspectores médicos, “también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”, pero cargan contra la resolución autonómica porque da a las mutuas privadas “una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal”, según recoge Europa Press. Ese nuevo protocolo da más poder a las mutuas, cuyas propuestas de alta podrán ser validadas por los inspectores si se considera que están suficientemente motivadas y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos de clase, varios sindicatos médicos, asociaciones profesionales y los cuatro colegios médicos de Galicia, que se han pronunciado en contra de los planes de la Xunta. La asociación de inspectores considera también que es necesario “salvaguardar” la relación médico-paciente y “anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta”. También defiende la mejora de la eficiencia del sistema, “disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas”, así como “revisar y homogeneizar” los procesos de incapacidad temporal.

“La norma estatal es clara y concisa al señalar que la emisión del documento de incapacidad temporal, la baja o la confirmación del alta, debe ir precedida de un reconocimiento médico al trabajador que permita evidenciar de forma objetiva y efectiva si persiste o no la incapacidad para la realización de su actividad laboral”, resaltan.

Este va a ser uno de los temas que abordarán los representantes de la asociación en la reunión prevista para el próximo martes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indican. “No se debe olvidar que la incapacidad temporal es una herramienta terapéutica más de las que los médicos de primaria disponen para contribuir a la curación de una enfermedad que impide a los pacientes el desarrollo de su actividad laboral. El hecho de que estas personas enfermas reciban las correspondientes retribuciones mientras persiste su dolencia es un avance social y un derecho de la ciudadanía que no debemos dejar que se deteriore”, concluyen.

El caso contra el exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por presunta agresión sexual no está archivado de forma definitiva. Lo recuerda Paloma Lago, la mujer que lo denunció, en una entrevista publicada por la revista ¡Hola! que coincide con la vuelta de él a un cargo público. El presidente gallego, Alfonso Rueda, había manifestado su voluntad de darle de nuevo un puesto en su equipo y le ha buscado acomodo como delegado territorial de la Xunta en Lugo, un puesto del que tomó posesión este martes, arropado por tres conselleiros.

Lago señala en la entrevista que se han ocultado datos sobre el caso y, por ese motivo, ha decidido aclarar públicamente cuál es el punto del proceso judicial en el que se encuentra. Hasta este momento, indica, no había hecho declaraciones porque así se lo habían recomendado mientras durase la investigación judicial. Expone que hay un auto de cierre de sumario con fecha del 7 de abril y otro posterior, del día siguiente, en el que se dicta un sobreseimiento provisional de la causa. “Y no un sobreseimiento libre, como solicitaba la defensa del investigado. Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así”, expone.

La denunciante añade que esto quiere decir que continúa abierta la posibilidad de que se reabra el caso si aparecen nuevas pruebas. “Esto no ha terminado. Verdad solo hay una y verdad judicial, también. Y nadie puede pasar por encima y pisotearla”, protesta. En la entrevista habla también de las dificultades que ha pasado y señala que no le resulta fácil hablar de lo ocurrido. Alude al sobreseimiento provisional como un punto de inflexión: “Ya puedo descansar un poquito de esta tensión tan grande acumulada”. También se reafirma en su decisión de denunciar: “Estoy tranquila porque hice lo que debía”.

A pesar de que el sobreseimiento no entierra la causa de manera definitiva, la Xunta ya ha recuperado a Villares para la política y los cargos públicos. La decisión ha sido criticada por el BNG, que rechaza que se “premie” a una persona que tiene “unas acusaciones tan graves a sus espaldas”. La diputada Noa Presas recordó que en el proceso judicial “no se niegan los hechos ni se declara que esta persona sea inocente”. Este nombramiento, añadió, es “el colmo del posicionamiento contrario a las víctimas de violencia machista”.

El propio Villares anunció en abril que volvía a afiliarse al PP. Este lunes, Alfonso Rueda comunicó que sería el nuevo delegado territorial en Lugo. En la toma de posesión este martes estuvo rodeado por los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo; Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y Medio Rural, María José Gómez. En el acto estuvieron presentes otros compañeros de partido, como la alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Calvo le dirigió unas palabras a Villares, al que le dijo que lo reciben “con los brazos abiertos”. “Formas parte del Gobierno y confiamos en ti para representarnos en la provincia de Lugo”, insistió.

Contra expertos internacionales y directores de centros de arte contemporánea de todo el Estado, contra los más de 1.500 profesionales, artistas o estudiantes que subscribieron el contundente manifiesto Se afunde é porque pesa: SOS CGAC, contra la Facultade de Belas Artes de la Universidade de Vigo y contra el departamento de Historia da Arte de la de Santiago de Compostela, contra la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo y contra por lo menos dos aspirantes que han hecho pública su candidatura y poseen un currículum objetivamente muy superior al de la designada por la Xunta de Galicia. Al presidente del Gobierno gallego, Alfono Rueda, le da igual y ha optado por empecinarse en el nombramiento de la desconocida Eva López Tarrío al frente del principal museo de arte contemporáneo de la comunidad. “Vuelvo a reivindicar la manera de hacer las cosas, la valía de la candidata elegida”, pidió Rueda al término de la reunión semanal de su gabinete.

Es precisamente esa “manera de hacer las cosas” y “la valía de la candidata elegida” lo que ha levantado una formidable polvareda crítica en el mundo del arte gallego, estatal y ahora internacional: el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que agrupa 45.000 socios y miles de museos de 138 países, ha emitido este lunes un comunicado en el que exige al Ejecutivo autonómico que “restaure los principios de profesionalización, transparencia y excelencia que deben regir la dirección de un museo público”. Pero el presidente gallego ha menospreciado todo este revuelo y lo reduce a “básicamente personas que presentaron al proceso y no fueron seleccionadas”.

La referencia velada -no pronunció sus nombres- era a los profesores universitarios Susana Cendán y Alberto Ruiz de Sanmaniego, ambos con una amplia trayectoria como comisarios y teóricos y que la semana pasada desvelaron que se habían candidatado a la dirección del CGAC. Ruiz de Sanmaniego, autor de una decena de libros en prestigiosas editoriales, había sido en 2007 el responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia y después de la Fundación Seoane de A Coruña. La Consellería de Cultura prefirió sin embargo a López Tarrío, artista sin apenas experiencia en gestión cultural y con tres artículos publicados en revistas comarcales, discípula del cuestionado crítico y comisario Antón Castro. Rueda lo aderezó este lunes con una mentira: afirmó que se trata de “la primera mujer que se va a hacer cargo” del CGAC, cuando fue Gloria Moure la encargada de ponerlo en marcha entre 1994 y 1998. El argumento falso ya lo había empleado en una entrevista el conselleiro de Cultura, José López Campos.

El origen de la actual crisis del centro se encuentra en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el Partido Popular en 2021. Una posterior reforma de la relación de puestos de trabajo (RPT) del CGAC suprimió el contrato de alta dirección para el puesto y lo sustituyó por uno reservado a funcionarios de carrera, inicialmente solo autonómicos y de museos y después ampliado a docentes y trabajadores de otras administraciones. La Xunta llevó adelante el proceso entre fuertes críticas del sector. La última publicada, del ICOM, recuerda además que “la dirección de un museo no es únicamente un puesto administrativo, es una responsabilidad científica, cultural y pública que garantiza la integridad científica de la institución, la coherencia de su programación, la preservación de su colección y su inserción en redes nacionales e internacionales”. El Consejo Internacional de Museos acusa a la Xunta de “quebrar los estándares profesionales que rigen los museos contemporáneos”.

“El debilitamiento del CGAC”, concluye el organismo, “no afecta únicamente al sector profesional: afecta a la ciudadanía, al acceso a la cultura y al derecho a instituciones públicas gestionadas con criterios de excelencia. ICOM España y CIMAM recuerdan que los museos son garantes de derechos culturales, no instrumentos de oportunidad política. Su autonomía científica es un valor irrenunciable”.

El gigante automovilístico chino SAIC ha presentado una solicitud formal para levantar en Ferrol la que va a ser su primera planta de fabricación en suelo europeo. La Xunta acaba de confirmar esta propuesta de inversión, que ha declarado ya proyecto industrial estratégico, una figura que facilita y acelera los trámites. El anuncio llega tras semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que la empresa se instalase en suelo gallego y entre agradecimientos de la Xunta al Gobierno central por su trabajo y su colaboración en el proceso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que su equipo se ha implicado de forma “discreta” durante meses en negociaciones con la empresa china, que llevaron a que él mismo y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, viajaran a China en abril, justo a continuación de una visita de Pedro Sánchez al país que fue duramente criticada por el PP. Rueda admitió que la aportación del Gobierno central ha sido determinante y ha agradecido su “implicación, en especial en la recta final de las negociaciones”.

Lorenzana, que presentó este lunes el proyecto junto a Rueda, afirmó que la colaboración del Gobierno central está siendo “ejemplar” y que ha tratado el proyecto con “la seriedad que merece” y ha participado en tres reuniones de máximo nivel. La conselleira comparó los planes de SAIC para las comarcas de Ferrolterra y el Eume -la planta se proyecta en el puerto exterior ferrolano, pero se propone también un centro industrial y logístico en As Pontes- con el complejo industrial que ha generado en Vigo y su entorno la fábrica de Stellantis.

Sería, expuso Lorenzana, el centro industrial y logístico de SAIC en Europa, en donde la empresa china, cuya marca más conocida es MG, exploró otras posibles ubicaciones. El proyecto promete 1.000 empleos directos en Ferrol, sumados a otros tantos indirectos y a 300 más en As Pontes. “Estaríamos hablando del mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas”, enfatizó. La propuesta implica una inversión de 200 millones de euros, con la intención de estar produciendo 120.000 vehículos al año. La intención es que el proceso sea acelerado: según la Xunta, SAIC quiere arrancar las obras en 2027 y tener la planta operativa en 2028.

La conselleira hizo un repaso de las decenas de reuniones mantenidas desde que, en octubre de 2025, SAIC Motor se interesó por las alternativas existentes en Galicia para levantar su fábrica europea. La Xunta, relató, ofreció todas las zonas industriales de la comunidad y fue la empresa china la que optó por el puerto exterior de Ferrol. El Gobierno gallego asegura que la experiencia previa en automoción y la rapidez de los plazos de tramitación ofrecida fueron determinantes en la elección.

La Xunta asegura que también existe un compromiso por parte de la empresa china para que buena parte del aprovisionamiento tenga origen europeo. “No tiene mucha escapatoria”, dijo Lorenzana, que argumentó que importar los materiales supondría para SAIC tener que pagar los aranceles y que esta es precisamente una de las razones de que se quiera instalar en suelo europeo.

El proyecto inicia así su tramitación, que incluye análisis ambientales y los permisos de la Xunta, pero también, en paralelo, el otorgamiento de las concesiones portuarias y la autorización en el Consejo de Ministros de la inversión extranjera.

Alfonso Villares, el exconselleiro que dejó su cargo en la Xunta acusado de una agresión sexual, vuelve a la vida política. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció este lunes que pasará a ocupar el puesto de delegado territorial en Lugo, a pesar de que su caso no ha sido archivado de forma definitiva, sino provisional.

Rueda manifestó que la decisión la ha tomado sin “hacer futuribles” sobre una posible reapertura del caso. “No sé en qué circunstancias se podría producir”, dijo. Pero, si ocurriese, mantendrá la actitud exhibida hasta el momento con respecto a Villares, que califica de “coherente”. Tanto él como el exconselleiro consideran que no podía estar en el Gobierno gallego mientras estuviese imputado, pero con el archivo provisional confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la situación ha cambiado “completamente”

El caso trascendió hace un año: el 4 de junio de 2025, Villares, que entonces era el conselleiro do Mar, convocó a la prensa por sorpresa para comunicar su salida del Gobierno gallego. Aunque él no lo concretó en aquella comparecencia en la que no respondió preguntas, el motivo era una denuncia de agresión sexual presentada contra él. La despedida que le dedicó el Gobierno gallego, con aplausos de sus compañeros y un abrazo de Alfonso Rueda incluidos, levantó las críticas de la oposición.

En diciembre de ese año, el juzgado de Ferrol que llevaba el caso llegó a la conclusión de que no se podía procesar a Villares. En abril de 2026 la Audiencia Provincial confirmó esta decisión y señaló que, tras la investigación realizada, no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar”. Unos días después, en un gesto infrecuente, el exconselleiro convocó a los medios para anunciar que se reincorporaba al PP y para exigir a la oposición que se disculpase con él.

Rueda había manifestado desde la propia dimisión de Villares que confiaba en poder recuperarlo para la política. La decisión fue esperar a que quedase confirmado el sobreseimiento de la causa, si bien este es provisional. La vuelta del exconselleiro se ha materializado este lunes y el suyo es uno de los varios nombramientos anunciado por el presidente gallego, que cambian varios puestos de segundo nivel en diferentes áreas: de la dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Autoridad Portuaria de Ferrol.

La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Xunta, Greenalia y Asociación Eólica de Galicia para revocar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico Bustelo, entre Carballo y Coristanco (A Coruña), al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto, cuestión que ahora se descarta. Y para ello el Supremo se vale los fundamentos ya aplicados en marzo de 2025 en el caso similar del eólico Campelo, entre Santa Comba y Coristanco, al “ser idénticos los motivos esgrimidos en ambos recursos de casación e iguales las cuestiones consideradas de interés casacional objetivo”.

El alto tribunal se vale de ese fallo en el que se señalaba que “el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente”, que haya un único proyecto a efectos de su evaluación medioambiental. Por ello, ahora con Bustelo el Supremo falla que “procede reafirmar los criterios jurisprudenciales fijados en la anterior sentencia”. Así, el Supremo considera que la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, impugnada en casación, se aparta de la doctrina jurisprudencial referida y no se ajusta a derecho, por lo que se revoca. Por tanto, confirma la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Bustelo, de 45 megavatios y con una inversión prevista de 45 millones de euros.

Tanto a raíz del fallo del TS de 2025 como el fallo del TJUE, también de 2025, en el que se dio la razón a la Xunta en la tramitación de eólicos --consideró que no hay obligación de dar acceso público a informes sectoriales--, el sector eólico mostró su satisfacción y aseguró que se abría la puerta al desbloqueo de proyectos suspendidos cautelarmente por el TSXG. Sin embargo, decenas de eólicos continúan paralizados actualmente de forma provisional por motivos medioambientales.

El juez Luís Villares, apartado

En este contexto, recientemente la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, tomó la polémica decisión de apartar al juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal gallego, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Unos traslados forzosos que afectan a cuatro magistrados entre las secciones tercera y cuarta, los cuales han sido recurridos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De tal forma, el Supremo revoca el fallo del TSXG que estimó un recurso de la asociación ecologista Adega y que apuntaba a una fragmentación indebida de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo-, pues opinaba que no eran autónomos, cuestión que ahora se revoca.

El departamento de Historia da Arte de la Universidade de Santiago de Compostela reclama a la Xunta de Galicia que anule el polémico concurso que ha resultado en la designación de la desconocida Eva López Tarrío como directora del Centro Galego das Artes Contemporáneas (CGAC) de Santiago de Compostela. “Esta decisión pone en riesgo la reputación y el prestigio de la institución más emblemática del arte contemporáneo en Galicia”, sostiene en un comunicado. La elección de López Tarrío tras una reforma legislativa unilateral del PP para reducir a funcionarios de carrera la posibilidad de optar al puesto ha desatado una formidable tormenta en el mundo del arte gallego y no solo.

“Convocar un nuevo concurso que cumpla con los procedimientos de mérito y calidad”, es la conclusión a la que llega el escrito de la universidad, que lamenta el “mal ejemplo” de lo sucedido para “el estudiantado”. “Historia da Arte es la especialidad que histórica y mayoritariamente ostentaron las y los directores de museos más importantes e influyentes”, señala, “¿para qué servirá entonces nuestra insistencia en cultivar el estudio, el esfuerzo y la pasión por alcanzar la excelencia como caminos para mejorar y transformar la sociedad a través del arte?”.

El Gobierno gallego escogió por libre designación a López Tarrío, una profesora de instituto y artista con escasa experiencia en gestión cultural y apenas publicaciones. Al concurso se presentaron en total nueve personas. En los últimos días, Alberto Ruiz de Sanmaniego y Susana Cendán hicieron público que ellos también se habían candidatado. Su trayectoria y currículum son objetivamente superiores a los de la agraciada con la dirección del CGAC. El director general de Cultura, Anxo Lorenzo, había afirmado sin embargo que López Tarrío les había parecido “con diferencia, la mejor capacitada para llevar el barco”. La Xunta insiste en que todo se ajusta a derecho y que “ha cumplido rigurosamente con los criterios de transparencia, mérito y capacidad”.

El departamento universitario recuerda además que comparte opinión crítica con “instituciones, colectivos y asociaciones autonómicas y estatales”. La asociación cultural Vegliota publicó un duro manifiesto subscrito por 1.500 personas, entre ellas Manuel Segade, director del Reina Sofía. También se han pronunciado la Asociación de Directoras y Directores de Centros y Museos de Arte Contemporáneo de España y la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo. El Consello da Cultura Galega, que este miércoles votó nueva presidenta a la catedrática de Literatura Galega Dolores Vilavedra, anunció que se pronunciará sobre la crisis del museo tras el verano.

El juzgado Nº2 de la sección de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela ha condenado al Sergas a indemnizar con 190.000 euros a una viuda y a su hijo menor de edad por el retraso en el diagnóstico de cáncer de páncreas de un hombre de 54 años que murió por esta causa en 2022 en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como se recoge en la sentencia, la magistrada considera que existió demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que “influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y en su fallecimiento”, informa Europa Press.

Apuntan también que, dado el hombre ingresó varias veces por dolores abdominales (entre 2018 y 2020), entre otros síntomas -bajó de peso drásticamente en poco tiempo-, era fumador y tenía antecedentes de cáncer, “existieron datos alarmantes o de sospecha de la malignidad de la lesión”.

De hecho, relatan, ingresó varias veces con diagnóstico de pancreatitis, primero aguda, y luego crónica. No fue hasta casi 2021 cuando se le diagnosticó el tumor, por el que permaneció ingresado en el servicio de oncología.

Por su parte, la Consellería de Sanidade se defendió argumentando una dificultad en el diagnóstico por no presentar el paciente los síntomas más comunes de la enfermedad, alegato que la jueza desestima en este auto.

Por todo ello, la magistrada estima, en parte, el recurso de la familia y decreta una indemnización de 95.000 euros para la viuda y otra de igual cantidad para el hijo.

La Xunta de Galicia no tiene nada que decir sobre las graves acusaciones que han hecho públicas dos de los ocho aspirantes descartados a la dirección del principal museo de arte contemporánea de la comunidad, el CGAC (Centro Galego das Artes Contemporáneas) de Santiago de Compostela. A pesar de que los argumentos de Alberto Ruiz de Sanmaniego -crítico, teórico profesor universitario, comisario- y Susana Cendán -profesora universitaria, comisaria, crítica- eran claros y contundentes, y sus currículums más completos que el de la persona finalmente elegida -la desconocida Eva López Tarrío-, el Gobierno gallego declina pronunciarse a preguntas de elDiario.es y remite a una valoración genérica enviada el día anterior sobre un proceso que ha levantado una formidable tormenta de malestar en el sector.

“El procedimiento a través de la libre designación ha cumplido rigurosamente con los criterios de transparencia, mérito y capacidad”, aseguraba este martes la Consellería de Cultura. Entonces Cendán ya había hablado en las páginas de Nós Diario y denunciado una red de influencias “caciquiles” alrededor del departamento que dirige José López Campos y cuyo director general es Anxo Lorenzo. “Eligieron a esta persona [en referencia a López Tarrío] por otras razones, las que sean, pero no porque sea el mejor currículum”, añadía. El propio Lorenzo lo había afirmado en las páginas de La Voz de Galicia. “Mi currículum está a disposición de quien lo pida”, concluía Cendán.

También el currículum de Ruiz de Sanmaniego es de dominio público. Autor de una decena de libros publicados en editoriales prestigiosas, fue entre otras cosas responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia 2007 y director de la Fundación Seoane de A Coruña. Este martes revelaba en su página de Facebook que él también había optado a la dirección del centro. “Considero ahora legítimo afirmar con toda rotundidad que entre las candidaturas presentadas había perfiles con una trayectoria profesional, académica e internacional de mayor solidez y reconocimiento”, escribió. Al día siguiente, definía lo sucedido como una mezcla de “arbitrariedad, vulneración de mérito y capacidad, trato discriminatorio y mentira”.

La ganadora de la convocatoria, Eva López Tarrío, licenciada y doctorada de Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, es profesora en un instituto de Vigo. El discutido crítico Antón Castro -fue comisario de la muestra de Maruja Mallo y Luís Seoane en Lalín que numerosos investigadores calificaron de fraudulenta por introducir obra no acreditada de los dos históricos pintores- dirigió su tesis doctoral y escribió alguna laudatio para sus exposiciones -en su web figuran seis individuales, cuatro de pintura y dos de pintura y escultura. López Tarrío ambién asegura haber coordinado “actividades y exposiciones” en la Fundación Laxeiro de Vigo entre 1996 y 2000. La institución dedicada al pintor lalinense se constituyó, sin embargo, en 1999. Como publicaciones, su página web consigna dos artículos dedicados al escultor Silverio Rivas en la revista Pregón de Ponteareas y en la Revista de Estudos Provinciais de Pontevedra a finales de los 90 y otro más en esta última bajo el epígrafe El movimiento y la temporalidad de la imagen. La consellería defendía hace dos días que la agraciada con la dirección del CGAC propone convertirlo “en el centro artístico de referencia del eje atlántico europeo, impulsar su programación internacional, ampliar las colaboraciones con otras instituciones y aumentar la presencia y proyección de las y los artistas gallegos”.

El origen de la crisis

La crisis tiene su origen en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el PP en 2021 y en la reforma de la relación de puestos de trabajo del centro, que suprimió el contrato de alta dirección y los sustituyó por un puesto de libre designación para funcionarios de carrera. Los expertos consultados entienden que el “afán de control de la Xunta” y la supeditación del museo a la Cidade da Cultura y a la estrategia político cultural del Xacobeo se encuentran detrás de un proceso que ha soliviantado el mundo del arte gallego y más allá.

La Asociación Cultural Vegliota ha reunido casi 1.500 firmas -entre otras, la del director del Reina Sofía, Manuel Segade- en un duro manifiesto que critica al Gobierno gallego por contradecir los códigos de buenas prácticas del sector. La Asociación de Directoras y Directores de Museos y Centros de Arte Contemporáneo de España (Adace) tildó el perfil de López Tarrío de “insuficiente para dirigir un centro como el CGAC”. Lo respalda la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo, que agrupa a Adace, Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC), Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), y Unión de Artistas Contemporáneos de España (Unión_AC). La pasada semana, una protesta con carteles de SOS CGAC recibió al conselleiro de Cultura, José López Campos, en la inauguración de la exposición -programada por el director saliente, Santiago Olmo- del artista gallego Misha Bies Golas en el centro.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha tildado de “tomadura de pelo” el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar para articular una ley que permita la transferencia de la AP-9 a Galicia, y ha advertido de que han modificado “de un plumazo” el pacto que salió del Parlamento gallego, al tiempo que ha advertido de que la Xunta no permitirá que Galicia tenga que asumir compromisos económicos “que le corresponden al Gobierno del Estado”.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios en Vigo. La conselleira ha lamentado que este martes, en la ponencia previa a la Comisión de Transportes del Congreso, “se cambió totalmente” la proposición de ley orgánica acordada por unanimidad de las fuerzas parlamentarias gallegas, y ha recordado que la cámara autonómica acordó solicitar la transferencia de la autopista con una serie de condiciones.

Martínez Allegue ha señalado que las enmiendas de BNG, PSOE y Sumar–del que ha cuestionado “qué pinta” en Galicia, donde no tiene representación política en el Parlamento–, han supuesto una modificación “de un plumazo” de la decisión adoptada.

Así, ha señalado que, con esos cambios, ya no es el Estado el que tiene que asumir el 1% de incremento tarifario anual hasta 2037, ni el compromiso de incremento de bonificaciones, o que ha de ser Galicia la que asuma la decisión que salga de la Comisión Europea al respecto de la legalidad de las prórrogas de la concesión. “Algo que es totalmente inusual y se aparta totalmente de lo adoptado por el Parlamento gallego”, ha remarcado.

“Desde luego, desde el Ejecutivo gallego, no permitiremos esta tomadura de pelo (...). Esta Comunidad Autónoma no está dispuesta a afrontar compromisos económicos que le corresponden al Gobierno central”, ha advertido la conselleira.

Al respecto, Martínez Allegue ha apuntado directamente al BNG, y ha señalado que “llama poderosamente la atención” que los nacionalistas hayan “cambiado lo acordado” en el Parlamento gallego y permitan que sea Galicia la que asuma esos compromisos económicos que debe afrontar el Ejecutivo central, y a los que se ha referido advirtiendo de que suman “una cuantificación muy importante”.

“Lo que está haciendo el BNG es una propaganda torticera desde un punto de vista político de una transferencia que, por supuesto, venimos demandando todos los gallegos, pero con unas condiciones económicas que no deben ser asumidas por los gallegos y gallegas”, ha sentenciado.

Política de vivienda

La conselleira hizo estas manifestaciones antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios, en el que ha hecho balance de las políticas de vivienda de la Xunta, y en el que ha hecho un llamamiento a “sumar esfuerzos” para hacer frente a este “desafío”.

Martínez Allegue ha asegurado que la Xunta ya tiene “en marcha” las 4.000 viviendas públicas comprometidas para esta legislatura, de las que en torno a un millar están en Vigo.

Asimismo, ha puesto en valor la reciente aprobación del plan de impulso a la vivienda protegida, con medidas para facilitar el acceso de las familias a las viviendas públicas y para incentivar al sector a construir este tipo de infraestructuras.