“Hito histórico” o “punto de inflexión” fueron algunas de las definiciones que usó el Gobierno gallego para definir la actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega presentado la semana pasada. Pese a los ditirambos y a lo concurrido del acto -varios centenares de invitados, más de 800 según la organización- en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta de Galicia no asistió y cedió a su conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, todo el protagonismo. El BNG acusa a Alfonso Rueda de ausentarse de un debate, el que afecta al estatus y posición social del gallego, que el propio Partido Popular incendió a partir de 2007, cuando rompió unilateralmente los laboriosos consensos tejidos hasta entonces.

“Ni siquiera estuvo en el acto propagandístico del PP en el Gaiás”, le afeó este martes la viceportavoz nacionalista en el Parlamento gallego, Olalla Rodil. Apenas se ha referido en público al documento de 700 medidas, elaborado por 130 expertos y que, aseguró López Campos, será la base para intentar llegar a acuerdos con las fuerzas políticas en la Cámara autonómica. Rueda se ha limitado a repetir los argumentos del conselleiro, a afirmar que la derecha está abierta a “ajustes” en el muy contestado decreto del plurilingüismo de Feijóo -instituciones científicas y culturales lo rechazaron, hubo manifestaciones multitudinarias en contra- y a atacar a la oposición por criticar el plan, dice, “sin haberlo leído”. La líder del BNG, Ana Pontón, le ha solicitado por carta una reunión para explicarle la propuesta nacionalista sobre el idioma, pero se ha topado con el habitual desdén de los populares, que la han remitido a las discusiones parlamentarias.

El Bloque entiende que la actualización del plan de 2004 -aprobado por unanimidad de PP, socialistas y BNG al año siguiente, un pacto dinamitado por Feijóo y Rueda a partir de 2007- es en realidad “un catálogo de rebajas”. Centra sus críticas en el ámbito educativo y recuerda que el anterior documento recomendaba un mínimo del 50% de asignaturas en gallego, algo que el PP incumplió después de haberlo firmado, y el nuevo lo reduce. “Establecer en la norma legal para todos los centros y niveles educativos un reparto en el uso escolar de las lenguas oficiales que garantice la adquisición de competencias equilibradas y favorezca el conocimiento, la valoración y el uso de la lengua gallega”, dice en concreto, además de aludir a un “principio de equilibrio” entre idiomas que se ha convertido en fetiche político del PP al respecto y que obvia la situación de desigualdad entre gallego y castellano.

Todavía este lunes, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, el conselleiro de Cultura e Lingua insistía en que “no existe” un problema de competencias lingüísticas entre los jóvenes, sino de “prestigio social”. Los informes de expertos no avalan esta tesis. De hecho, la encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), dependiente de la Xunta, que encendió todas las alarmas hace año y medio deducía lo contrario: 15 años de políticas lingüísticas del PP de Feijóo y Rueda multiplicaron por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no sabe hablar gallego, el 32,44%.

El Tribunal Supremo ha anulado la autorización administrativa del parque eólico Moeche, en la provincia de A Coruña, de 50,4 MW de potencia instalada, por carecer su estudio de impacto ambiental del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que exige la ley, y en particular en relación con los parques e infraestructuras cercanas.

La sala de lo contencioso-administrativo del tribunal estima el recurso presentado por la Asociación Petón do Lobo contra la resolución de agosto de 2024 por la que se otorgaba a Enel Green Power España autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para el parque eólico Moeche, de 50,4 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas. Entre otros argumentos, la sala indica que de la lectura del estudio de impacto ambiental no se concluye ni se infiere el oportuno análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su relación y repercusión con los parques e infraestructuras cercanas.

Es decir, que no se realiza una identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto, tal y como exige la ley y, en particular, en relación y/o conjunción con los parques e infraestructuras cercanas.

Insiste al respecto en que “deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y su interacción, y una vez analizados descartar expresa y motivadamente los no suficientemente significativos y valorar, cuantificar y proponer cuantas medidas se estimen oportunas de aquellos que puedan revestir incidencia acumulativa y/o sinérgica en el proyecto en sí mismo y en relación con los parques e infraestructuras cercanas”.

Resalta la sentencia que la ley de evaluación ambiental es la que exige que en el procedimiento de evaluación ambiental se tenga en cuenta el efecto derivado de la proximidad de otras instalaciones e infraestructuras mediante la presentación de un estudio sobre los efectos sinérgicos o acumulativos con otras instalaciones. Esto es, cuando los proyectos son independientes entre sí, la normativa ambiental no exige, lógicamente, una única evaluación ambiental conjunta, pero sí que prevé que se deban tener en consideración los efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras instalaciones en las correspondientes evaluaciones.

La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

Cando publiquei Os médicos tamén enferman en abril do 2025, os meus dous mellores amigos, doutores no campo das urxencias hospitalarias, atopábanse de baixa. Reparei niso o día da presentación do libro en Compostela cando os vin entre o público. Nunca antes estiveran nunha situación semellante despois de 25 anos de exercicio profesional na sanidade galega. A sobrecarga permanente que obriga en cada xornada a facer o traballo de varias persoas, as quendas extraordinarias de cada día, o desgaste, o pánico a cometer un erro que poña en perigo algunha vida humana e a sensación de abandono foron algunhas das respostas dadas diante da preocupación dos achegados. Meses despois, o meu entorno presaxiaba para min unha situación análoga polas mesmas razóns que a dos meus amigos, pero iso é outra historia.

Hai seis anos reincorporeime de novo á trincheira da Atención Primaria. Dende ese intre ate hoxe asistín dende a primeira liña asistencial a un deterioro progresivo deste servizo público, provocado polas decisións e omisións dunha Administración gobernada polo PP que non atende a razóns inocentes. Eles son os facilitadores de xerar espazos de negocio e pórlle prezo á saúde da xente. Para constatalo, tan só hai que seguir o rastro do diñeiro no aumento exponencial da contratación de seguros de saúde pola cidadanía na última década, ou nos millonarios convenios asinados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa sanidade privada para a prestación de servizos concertados. As consecuencias de todo isto socavan de maneira irreversíbel un modelo corrector das desigualdades sociais, xerando unha situación onde a saúde das doentes (“os recortes matan”) e a das sanitarias están en perigo, mentres os autores intelectuais desta desfeita consolidan pola vía dos feitos consumados a medio prazo un modelo sanitario de beneficencia.

Na década anterior o sistema fixo un axuste nas retribucións da xente do común baixo o lema “a mesmo traballo menor salario” , mentres na década actual o axuste vén da man da carga laboral cun lema que di “a mesmo salario dobre traballo”. Esta dobre volta de porca que afecta a traballadoras de servizos públicos esenciais pódese trasladar á maioría das profesións. Se a iso lle engadimos un encarecemento no custo da vida (vivenda, cesta da compra) e unha sociabilidade limitada polo eco dunha pandemia, podemos concluír que transitamos unha treboada perfecta que afecta á nosa saúde individual mais tamén á colectiva.

Nos últimos meses o goberno Rueda sinalou como prioridade diminuír o continxente das baixas laborais, insinuando unha mala praxe das profesionais dunha saturada atención primaria, e unha posible fraude dunha gran parte dos homes e mulleres que están nesta situación. Dende entón reforzouse o servizo de inspección, falouse de pórlle incentivos ás médicas por recortarlle o tempo de baixa aos seus pacientes e proliferaron as notificacións coercitivas tanto a doentes como a sanitarias. A luva foi recollida hai uns días polo expresidente da Xunta e líder do PP a nivel de Estado nun encontro sectorial con empresarios, onde incidiu na necesidade de reverter esta situación. A posición fixada por ámbolos non é inocente e obríganos de novo a buscar o rastro do diñeiro, nesta ocasión na marxe de beneficios da patronal, e no reforzamento do control das mutuas laborais nas incapacidades temporais.

Rueda e Feijóo viven abonados á frase “que a realidade non estrague un bo titular”, sobre todo porque hai grandes grupos de comunicación públicos e privados dispostos a guionizarlles as mentiras. Se quixeran minorar ou resolver o problema que lles preocupa poderían comezar por exercer as competencias, mais iso evidenciaría gran parte das súas incompetencias ou no peor dos casos, das súas axendas ocultas. O presidente galego, que é quen ten responsabilidades de goberno, faría ben en impulsar políticas públicas que diminúan as insufríbeis listas de agarda nas especialidades hospitalarias, reforzar dunha vez a atención primaria ou actuar nos preocupantes datos da sinistralidade laboral en Galiza, en que o rol das mutuas é cando menos cuestionable. Iso rebaixaría os tempos de recuperación e reparto de cargas, pero tamén suporía recoñecer moitas das eivas e problemas derivados da súa xestión

Cada día pasan moitas pacientes pola miña consulta, algunhas delas en situación de baixa, que agardan unha media de oito meses en ser atendidas na unidade de alxias músculo-esqueléticas, ou outro tanto en acadar unha cita cunha psicóloga nunha unidade de saúde mental. Moitas delas buscan diante da demora unha solución na medicina privada onde gastan ás veces o que non teñen ou non se poden permitir gastar. Mentres iso acontece, o seu presidente chámalles defraudadoras a elas e ás súas médicas de familia que están ao límite. Por iso penso que antes de dar razóns con artigos coma este a quen non opera con elas, ou enumerar evidencias a quen non as ten en conta dende as súas responsabilidades de goberno, rematariamos antes asumindo democraticamente que o raposo non debe coidar das galiñas porque acabará coméndoas, senón o fixo xa.

Estanislao García no olvidará el fin de año de 2025. Fue el día elegido por el servicio de urología del hospital de Santiago de Compostela (CHUS) para comunicarle que padecía un cáncer de grado dos. Hoy, casi siete meses después de aquel diagnóstico, cuenta con un punto de amargura que, por lo menos, pudieron dejarle tomar las uvas en paz. Lo dice así porque han pasado casi 200 días desde aquella noticia y Estanislao sigue esperando una operación mientras sus peticiones chocan contra el muro de silencio del Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Tengo miedo y esta situación me parece una vergüenza”, confiesa.

“La única respuesta es que espere”, narra este periodista televisivo de 62 años, que lleva oficialmente en la lista para una intervención quirúrgica desde el pasado 12 de febrero. Aquel día, en el servicio de admisión, ya le advirtieron de que los 60 días comprometidos por el Sergas para pasar por quirófano “no se cumplían” y, por eso, la daban la opción de derivarse a alguna otra área sanitaria, como Ferrol o, en su caso, Lugo.

Antes de tomar una decisión, Estanislao ejerció su derecho a una segunda opinión. El médico consultado en el hospital de A Coruña (CHUAC) fue contundente: “Me dijo: 'Yo me quedaría'”. Y fue lo que hizo. A diferencia de las alternativas, en Santiago decía tener garantizado el uso quirúrgico del robot Da Vinci para practicarle una prostatectomía radical, “la mejor opción” para un paciente de sus características: una intervención compleja, de unas cuatro horas de duración, y con un postoperatorio complicado. La conversación tuvo lugar en aquel mes de febrero. La previsión del facultativo coruñés era entonces que estaría operado “una o dos semanas después de Semana Santa”.

Pero pasó la Pascua sin recibir noticias, así que se acercó de nuevo por su hospital a recabar información. “Me fueron dando largas. En abril me dijeron que todavía estaban operando a los de enero y me remitieron a finales de junio o mediados de julio”. El 16 de mayo presentó una queja ante el Defensor del Paciente del CHUS, de la que sigue sin saber nada. En poco más de tres semanas, el 11 de agosto, se cumplen los 180 días de espera máxima recogidos por la ley. Lo que más le asusta es no saber cómo ha evolucionado el tumor en todo este tiempo.

“Era un caso grave ,pero sin peligro vital ni una evolución muy rápida. Además, fue detectado muy rápido, que hoy sé que tuve suerte viendo cómo está la lista de primer diagnóstico”. Siete meses después, sin embargo, desconoce lo que ha podido pasar. “Imagina que me van a operar y descubren que ya saltó alguna célula a otro sitio”. Estanislao no lo oculta: “Estoy preocupadísmo y acojonado”

Él lo sobrelleva gracias a la terapia psicooncológica que le ofrece Andrea, la especialista de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Compostela con la que está “encantado”. Mientras, sigue de baja laboral –una de esas largas incapacidades que tanto preocupan a la Xunta y al PP– a la espera de que, algún día, suene por fin el teléfono y pueda poner fin a esta angustia.

Esa angustia se la trasladó por carta al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño –oncólogo radioterápico en el mismo CHUS–. Un escrito en el que, además de las quejas por la “situación insostenible” provocada por la “negligente gestión” sanitaria, le cuenta el “enorme coste personal, emocional y familiar” que le está suponiendo esa espera interminable. Como el resto de sus iniciativas ante el Sergas, esta –al menos, de momento– tampoco ha obtenido respuesta.

Sanidade sí ha contestado a las preguntas de elDiario.es, pero sin entrar en el caso particular de Estanislao. Se limita a decir que la inclusión en las listas de espera “se realiza siempre siguiendo criterios clínicos de prioridad” y “otorgando una atención preferente a las patologías oncológicas urgentes”. “En el Servizo galego de Saúde la categoría de prioridad 1 registar un tiempo medio de espera de 20,2 días”. Ni una palabra sobre el grado 2.

En su respuesta, la Consellería saca pecho con las cifras de urología, “la quinta especialidad con mayor volumen quirúrgico de Galicia” con “más de 20.700 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2025”. “Para garantizar un diagnóstico ágil, Galicia cuenta con nueve vías rápidas de cáncer, entre las que se incluye la de próstata y que en 2025 atendió a 4.457 pacientes, con un plazo medio de citación de 5,6 días”. Este domingo se cumplen 200 días desde que Estanislao conoció su diagnóstico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ocho meses después de lo previsto, la Xunta de Galicia presentó su nueva propuesta para la normalización del gallego. El documento recoge 700 medidas “en todos los ámbitos sociales” elaboradas por 130 expertos, pero no entra en uno de los aspectos más discutidos de la política lingüística de los sucesivos gobiernos del Partido Popular: su presencia limitada por ley en la enseñanza. El conselleiro de Cultura, José López Campos, remitió la posibilidad de rectificar el llamado decreto del plurilingüismo, impuesto en 2010 por Feijóo, a una negociación política y “con consenso”. Preguntado por si el Gobierno gallego levantará el veto al idioma en asignaturas de ciencias, dijo: “El plan recoge ese escenario”.

López Campos cargó, no obstante, contra el BNG e insinuó que la exigencia de retirada de la norma que, por primera vez en democracia, redujo el gallego en las aulas era “una reclamación unilateral” del nacionalismo. En realidad, dicha legislación ha sido cuestionada por instituciones culturales oficiales, asociaciones de base, escritores y cineastas, sindicatos, toda la izquierda política e incluso por el Consejo de Europa. “El plan no entra en el tema del decreto pero sí pide ajustes que permitan actualizarlo”, resumió. El BNG cargó contra el Gobierno gallego casi en tiempo real: “Van a mantener el infame decreto contra el gallego que convirtió nuestra lengua en una lengua de segunda y nos llevó a la actual situación de desastre en la que cada vez se habla menos gallego”.

El conselleiro atendió a las preguntas de los medios de comunicación en un aparte, tras presentar las líneas generales de un documento para el que no ahorró ditirambos. “Es una respuesta ambiciosa y estratégica que sintetiza las aportaciones de la inmensa mayoría de la sociedad gallega”, afirmó ante cientos de invitados en el museo de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Pese a la autoproclamada importancia de la cita, entre los asistentes no se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ni el responsable de Educación, Román Rodríguez.

El argumento principal del Gobierno gallego para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüistica de 2004 consiste en una evidencia: Galicia ha cambiado y no es la misma que en 2004. También mencionó los alarmantes datos de la encuesta del Instituto Galego de Estatística que revelaron la drástica caída de gallego hablantes, sobre todo en la franja de edad más joven. “Esas cifras nos pedían un paso al frente. También lo pidió en 2025 la Real Academia Galega. Entendimos perfectamente el mensaje”, aseguró.

“Un nuevo tiempo en el que el gallego sea la lengua que nos une”, decía, en esa línea, el vídeo que abrió el acto del Gaiás. Lo que obviaba, también lo obvió el conselleiro, era que los acuerdos amplios de los que presumía en las imágenes los dinamitó por su cuenta y riesgo el Partido Popular. “La lengua gallega”, dice ahora López Campos, “es una responsabilidad social, una gran responsabilidad colectiva”. Y definió el Pacto da lingua galega como “un nuevo documento sobre un pacto social” del idioma y pidió “altura de miras” a las fuerzas políticas para sumarse al mismo tras un “proceso de escucha y diálogo” del Parlamento autonómico.

“Estamos a tiempo de compromisos compartidos”

Los trabajos, coordinados por el catedrático y académico Manuel González, implicaron a 130 expertos organizados en 11 comisiones sectoriales, 400 contactos y recopilaron 1.300 aportaciones. “Aún estamos a tiempo de alcanzar compromisos compartidos”, dijo, “desde el diálogo, las razones, el realismo y el rigor”. González había desgranado antes lo que designó como seis objetivos del nuevo documento: la capacitación lingüística de la población, la garantía legal de poder vivir en gallego, el incremento de la implantación social de la lengua y su mayor estima social, el reconocimiento exterior de la misma y la dotación de recursos lingüísticos y técnicos para “vehicular las necesidades de la sociedad actual”.

El académico, que ya hace más 20 años presidió la redacción técnica del plan de normalización, no esquivó las controversias. Aseguró comprender la postura del BNG, “aunque no la comparta”, pero insistió en acordar “una hoja de ruta avalada por el consenso y un compromiso político sin grietas”. Celebró las medidas a favor del reconocimiento del pluralismo lingüístico del Estado impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez -su uso en el Congreso y en el Senado, la petición de oficialidad en la Unión Europea- a las que se opuso el Partido Popular en Madrid y en Santiago de Compostela. Y llamó “al avance social del gallego en todos los estratos y todos los sectores”. “Ojalá la fecha de hoy marque un punto de inflexión en el camino de la plena normalización de nuestro idioma”, había comenzado su discurso.

9Louro y dos conselleiras

A la presentación del Plan da lingua galega asistieron, en el edificio del museo de la Cidade da Cultura, cientos de invitados. Había miembros de la Real Academia Galega y del Consello da Cultura, dos conselleiras -la de Política Social y la de Vivienda- pero ni rastro del de Educación, a cuyo departamento corresponde la aplicación del discutido decreto del plurilingüismo, mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, candidatos del Partido Popular pero ningún representante del nacionalismo político, tampoco socialista, presidentes de fundaciones culturales emblemáticas -la Rosalía de Castro, la Castelao-, incluso presentadores de televisión. No estaba Alfonso Rueda pero sí el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. El acto lo condujeron Esther Estévez e Xosé Antón Touriñán y lo salpicaron intervenciones -la productora audiovisual Zaza Ceballos, neofalantes de distinto origen- y actuaciones -9Louro, Simón Rodríguez Landaeta- que a duras penas se sobrepusieron a la insufrible acústica del edificio diseñado por Eisenman.

Datos catastróficos recogidos por el IGE

El Gobierno de Alfonso Rueda reaccionaba con la promesa de un Pacto polo Galego a los catastróficos datos recopilados por su órgano estadístico. Quince años de gabinetes del Partido Popular habían multiplicado por dos el número de niños que no saben hablar gallego: el 32,44% de entre 5 y 14 años. Expertos y oposición enseguida lo vincularon a las consecuencias del decreto del plurilingüismo, que redujo por primera vez la presencia del gallego en la enseñanza pública y lo prohibió en algunas asignaturas de ciencias. La norma, aprobada en solitario por el PP de Feijóo en 2010, había provocado un rechazo masivo de izquierda, nacionalismo, académicos o estudiosos de los procesos de normalización lingüística. Hasta el Consejo de Europa acabó pronunciándose en contra.

El decreto culminaba así la ruptura unilateral de los consensos sobre el gallego a la que había procedido Alberto Núñez Feijóo con Rueda como número 2. La derecha gallega asumía el discurso extremista de asociaciones contrarias al idioma propio de la comunidad e incluso participaba en sus manifestaciones. Según estas, y así lo repite todavía en algunos debates el actual presidente de la Xunta, el bipartito de Pérez Touriño estaba “imponiendo” el gallego y poco menos que persiguiendo a los castellano hablantes. Esa retórica gruesa le sirvió a Feijóo para arrastar a su partido a la ruptura del Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad -PP, Partido Socialista y BNG- en el Parlamento gallego en 2005, cuando todavía gobernaba Fraga Iribarne.

A la necesidad de revisar y actualizar ese plan, conformado por más de 400 medidas concretas dirigidas “a favorecer el uso del gallego en todos los ámbitos de la sociedad”, se refirió el conselleiro José López Campos a los pocos meses de que el IGE difundiera su encuesta. Antes, eso sí, su departamento había llegado incluso a cuestionar la metodología del organismo oficial y encargado una encuesta a una empresa demoscópica privada para revertir la imagen de la situación lingüística gallega. Ahora, con la presentación del Plan da lingua galega con ocho meses de retraso sobre la primera de las fechas anunciadas, la Xunta asegura que busca un lugar para el gallego “en la Galicia de 2026”.

Comisións Obreiras ha anunciado que llevará ante la Justica el recorte del derecho a baja laboral en el que se ha embarcado la Xunta de Galicia. Fue la medida estrella del último discurso sobre el estado de la autonomía pronunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y su superior en Madrid, Alberto Núñez Feijóo, la quiere replicar a nivel estatal. Para el sindicato, este primer paso de una ofensival que cuenta con el apoyo de la patronal y de algunos medios de comunicación, “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”. También la CIG ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un comunicado, el secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución que refuerza el papel de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales y lamenta que la Xunta presente la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su “efecto real” será “ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud”.

El sindicalista opina que uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción es la implantación de una autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”. Advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos. CC.OO. alerta además de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación “puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, advierte Iglesias.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CC.OO., “amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles”. Todo ello después de que CIG y CC.OO. -ambas centrales suman una amplísima mayoría sindical- se hayan descolgado de la presunta mesa del diálogo social que aborda el asunto de las bajas laborales, en la que solo quedan Xunta, patronal y UGT.

El presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, cree que “no hay ninguna incoherencia” entre la reclamación histórica de su partido de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia y el hecho de que el PP votase en contra de la medida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

“Ojalá que el gobierno aporte ese 50%, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo”, aseguró en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. “Y ya no es que lo aporte desde ahora: es que le pague los 2.500 millones que le debe a Galicia desde que tenía la obligación” de hacerlo “y no lo está haciendo”.

Rueda criticó que el ejecutivo “siga poniendo obligaciones, deberes sobre deberes, que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte”, al tiempo que mantiene “paralizado” con un recurso en el Tribunal Constitucional el “plan de choque para agilizar la dependencia” aprobado por la Xunta.

“Cuando concreten todo será cuando habrá que fiarse del Gobierno y apoyarlo”. El presidente gallego recordó que desde Derechos Sociales ya se dijo “muchas veces” que aportaría la mitad del coste del servicio pero “en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas”.

“Por lo tanto, claridad y una propuesta que se pueda aprobar, no como la que presentaron” a la comisión del Congreso y que, pese al voto en contra de PP y Vox, continúa su trámite. Rueda no dejó pasar que la medida llegue por parte de un gobierno “que ni siquiera tiene presupuestos” y que, sin ellos, “ahor resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años”.

La ofensiva de Alfonso Rueda para rebajar el derecho a baja laboral, que antecedió en algunos meses a las estridentes declaraciones de Feijóo al respecto, ha tropezado con la Justicia. El principal sindicato gallego, la CIG, llevará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolución de la Xunta de Galicia que refuerza el papel de las mutuas privadas en el control y gestión de las incapacidades temporales, cuya legalidad cuestiona. “El Gobierno gallego disfraza de 'agilización' y 'refuerzo del control' del llamado 'absentismo laboral' lo que es parte de una ofensiva patronal y mediática contra las personas trabajadoras”, denuncia la central.

“Rueda pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso”, añade el sindicato en un comunicado, “al prevalecer la presión económica sobre el criterio médico”. La medida, una de las anunciadas por el presidente de la Xunta en el último debate sobre el estado de la autonomía -fue la iniciativa estrella de su intervención-, implica además una “fiscalización creciente” del criterio del personal de atención primaria de la sanidad pública.

La resolución impugnada modifica el protocolo de la Consellería de Sanidade para el seguimiento de la incapacidad temporal y permite a la inspección a autorizar de una sola vez “todas las pruebas y procedimientos” relacionados con una baja solicitados por entidades privadas. Antes, debían solicitar el permiso prueba a prueba, siempre y cuando las hubieran pedido antes profesionales de la sanidad pública. No figura, critica la CIG, ninguna limitación por tipo de patología y desaparece la mediación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no paran de crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, considera Paula Carril, secretario general del sindicato que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior.

A política económica é unha parte da política xeral que ten por obxecto a planificación, a xestión e o exercicio das accións de política económica desde o goberno. Todas as accións de política económica non precisan dun orzamento; o só uso nunha dirección ou noutra dun instrumento tan discreto como son o DOG ou o BOE pode modificar fondamente a vida dun pobo.

Prohibindo unhas determinadas accións ou permitindo outras ou fomentando aqueloutras, as diferenzas de resultados están á vista. Por exemplo: prohíbese fumar en tales espazos. Mudou completamente a vida en saúde do conxunto da cidadanía. Outra: é obrigatorio o ensino entre os 6 e os 16 anos. Terceira: todos os cidadáns teñen dereito á asistencia sanitaria gratuíta. Ou: queda declarado de interese estratéxico o proxecto de instalación dunha celulosa por parte de Altri. Ou ben: quedan retirados todos os fondos públicos para gastos referidos á memoria histórica. Ou: a Igrexa Católica pode seguir desfrutando dos fondos públicos do Estado español en forma regular e crecente grazas aos concertos no ensino ou a recadación no IRPF de fondos con destino a esa confesión relixiosa. E poderíamos seguir con alíneas numerosísimas só para ilustrar que as normas son unha arma de política económica poderosa.

Mais é igual de interesante o aspecto que consiste en examinar o que non hai ou como se controla e coñece o que hai. Se nos referimos ao exercicio das liberdades democráticas esperábeis sendo unha delas o dereito ao coñecemento das actuacións públicas, a cada paso atopámonos cun muro de burocracia ou simplemente de inaccesibilidade que converte en inalcanzábel o obxectivo social da igualdade de oportunidades. E se examinamos a capacidade de exame e control do labor de representación e xestión dos gobernantes, xa atopamos non un muro senón a grande muralla chinesa.

A cita do matiz chega neste momento xa que non hai igualdade nen semellanza homologada entre os compoñentes (chamémoslle corpo militante ou de adheridos) dos partidos políticos con denominación vixente ao longo das últimas décadas. E de súpeto batemos con algo pre-político, pre-democrático e pura e simplemente de expresión humana en comunicación. Tal é o uso do idioma noso. Para nos entender: sería impensábel que Manuel Fraga tivera adoptado na Galiza o español como idioma de comunicación e, non obstante, Rueda é un asiduo utente. Tanto ten para quen fale, onde fale e do que fale: a predominancia, prevalencia, ou presencia esmagadora do español, é marca da casa (da súa casa).

Dado que a lingua utilizada é o único vehículo de comunicación entre seres humanos non mudos, debemos interpretar que esa militancia no uso do español debe ser entendida noutro rexistro distinto do da política do seu partido político. Nós entendemos esta conduta ao revés do exame habitual / usual. Non é que o PP con residencia na Galiza se teña españolizado: xa era, e non adquiriu novas cotas. A cuestión xorde dun matiz que ten pasado desapercibido: o actual presidente da Xunta ten unha incapacidade laboral transitoria para se expresar no idioma do país (oficial do país).

No PP saben e agardan a que este asunto molesto sexa transitorio ou eventual, precario, temporeiro, de persoa inmigrante sen integrar, de persoa dos de fóra que ten que vir para dentro... etc., permitíndonos engadir máis posibilidades, por exemplo: para ser presidente hai que ter algún CELGA (Certificado en Lingua Galega) aprobado? No PP agardan a estar representados por un xefe que cumpra segundo o esperado, con dignidade, o papel de máximo representante dun país con lingua propria, que cumpra a lei.

Hai militantes do PP que pasan vergoña ao escoitalo. Hai destacados representantes institucionais que levan coa dignidade inherente de se saber galegos o uso do idioma como vehículo de comunicación normal que debería ser. Hai conservadores galegos non adheridos ao PP que expresan con estrañeza esa ausencia comunicadora. E, logo, os que sendo pouco críticos cos defectos dos exercentes do poder político copian formas e maneiras e pensan que falar español é máis in que se expresar no idioma proprio. E aí acaban os matices.

A secuencia de anti-pedagoxía social remata no ridículo. Non hai máis para onde ir. Pero hai país por fóra e por riba de Rueda e a súa incapacidade para ben representar. Haino, con capacidade tanto política como cívica: na Universidade, no ensino en xeral, nas organizacións culturais cidadás, nas organizacións e clubes deportivos, nas organizacións sindicais, nas empresariais... no amplísimo conxunto das organizacións de todo tipo que poboan a sociedade actual de calquera tipo de actividades sociais (é dicer, realizadas en sociedade).

O presidente da Xunta só ten compañeiros de militancia recalcitrante en organizacións que por mal entenderen a natureza dos seres humanos socializados nun país cren que hai un idioma universal chamado español que viste, reviste e unta de maneira pegañenta autoridade. Son algúns membros das forzas e corpos de seguridade do Estado e algúns membros despistados da Igrexa Católica. En exercicio das súas funcións adquiren unha máscara de persoa (no sentido do teatro clásico) ao falaren en español, ao se dirixiren ao administrado nese idioma mesetario na crenza (inxenua ou ignorante) de que o español: AR! imprime carácter.

Se o uso da autoridade aínda que sexa con armas polo medio só se pode valer do español, case nos imos sentir cidadáns tratados como colonizados: arríncoche todo empezando polo nome e o idioma (debeu de decir Hernán Cortés ao comezar a conquista). Se así cren que está mellor exercida a autoridade, van dous pasos por detrás do que é o preponderante: chinés e inglés. Nesa orde para mirar cara ao futuro e se do presente se tratar poderíamos seguir pensando que ornear en inglés confire autoridade. Tamén pode pasar como dixo un meu amigo músico: o problema é que ese é idiota tamén en inglés.

O idioma alleo, o idioma comprado, vale se é o único instrumento de entendemento entre dous comunicantes de distinto país cultura e idioma. De non ser así, mellor copiemos aos británicos que nunca aprenderon outro idioma distinto do seu. Eles son historicamente falando o pobo menos experto en idiomas estranxeiros de todo o mundo. E non padeceron nada usando o seu propio idioma, nen se abaixaron a cambiar para ninguén.

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo “definitivo y firme” del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son “inadecuadas e insuficientes” y que la factoría es “inviable” por la falta de conexión eléctrica, tras la negativa del Gobierno a crear una subestación eléctrica.

El anuncio –recogido por Europa Press– lo ha realizado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto, que ha recibido una importante contestación social, fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

Desde entonces, Greenfiber (filial de Altri) tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo –justificó que el proyecto tenía “autosuficiencia energética”–, el Gobierno gallego ha continuado con el archivo previsto.

“Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri”, ha detallado.

“El proyecto actual es inviable”

Preguntada por si la empresa ha manifestado la voluntad de presentar un nuevo proyecto, ha dicho “no tener conocimiento” de ello y ha expuesto que lo que pretende la empresa es “continuar con el procedimiento iniciado”, que, según ha recordado Lorenzana, “tiene una solución técnica muy concreta”.

Precisamente, esta se traduce en la conexión a la subestación de Palas, que no está prevista en el borrador de planificación “ya muy avanzado” del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Este, ha indicado la conselleira, “tiene intención de aprobarlo a finales de año”.

“Lo que puedo decir es que el proyecto actual que está tramitando la compañía es inviable por no tener tener esa conexión. El archivo es definitivo”, ha expuesto. Además, ha recordado que la declaración de impacto ambiental (DIA) tiene una vigencia de cuatro años y ya ha agotado uno entero. “Este proyecto no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante”, ha concluido.

La tramitación de la factoría ha estado marcada durante este tiempo por la oposición social y política. Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, se han posicionado en contra. Al mismo tiempo, plataformas ciudadanas han liderado repetidas manifestaciones multitudinarias, como la que reunió a 100.000 personas en Santiago de Compostela en diciembre de 2024, según cifras de la organización.

La Plataforma por un Monte Galego con Futuro, integrado por 70 colectivos, ha exigido un “cambio radical” en las políticas ambientales, agroganaderas y forestales de la Xunta para evitar que los incendios “se conviertan en una cadena perpetua”. Así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa en Santiago, en la que ha denunciado el “fracaso” del actual modelo, “excesivamente centrado en la extinción”, y ha reclamado una “apuesta decidida” por la prevención, la restauración de las zonas quemadas, un monte multifuncional y un medio rural vivo. “Tenemos que denunciar, sin querer ser catastrofistas, que viviremos en una emergencia civil permanente si las olas de calor siguen llegando”, han señalado. A continuación, han aludido a las cifras facilitadas por la Xunta, según las cuales, en lo que va de verano, “ya ardieron 800 hectáreas”.

La Plataforma también ha calificado de “nefasta, negligente e improvisada” la planificación de la campaña de alto riesgo de incendios y, “al tiempo perdido en el invierno para trabajos de prevención”, se le suma el “retraso en las tareas de prevención y limpieza de las franjas secundarias y la negativa de la Xunta a profesionalizar y a tener un único servicio público de extinción de incendios”.

En 2026, han continuado los representantes de la Plataforma, “no incorporaron ninguna plaza nueva” al personal propio del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF) y “las únicas novedades” son más dotación de personal “a través de contrataciones externas, vía Seaga, de 42 brigadas t de 190 brigadas municipales”.

Por todo ello, han exigido la creación de un único servicio público de bomberos forestales, de gestión directa y dependiente de la Xunta; la puesta en marcha de un plan de actuación y restauración inmediata en las zonas quemadas para evitar la erosión del suelo; la suspensión de la temporada de caza y pesca en los tecores limítrofes por un período que permita la regeneración de las zonas afectadas por el fuego; un “impulso decidido” a las políticas estructurales; y, entre otras medidas, una “moratoria indefinida” para la plantación de eucaliptos y otras especies pirófilas, así como su eliminación paulatina.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

El Ayuntamiento de Vigo ha activado la situación de prealerta por sequía, y ha adoptado medidas de restricción del uso de agua, como la suspensión de baldeos, limitación de riegos, cierre de fuentes ornamentales o duchas de playa, al tiempo que ha pedido hacer un uso responsable a vecinos y visitantes. Mientras tanto, la Xunta tiene convocada para este miércoles una reunión en la que va a evaluar la situación en Galicia y decidir si activa prealertas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado de la decisión de su gobierno en declaraciones remitidas a los medios, recogidas por Europa Press, en las que señala que, a día de hoy, el embalse de Eiras, principal fuente de suministro de la ciudad y su área, está al 86,7% de su capacidad, por debajo del agua embalsada en la misma fecha de los últimos años (excepto el 2011, en que la sequía fue más acusada).

Con esos datos, expone, la presa tiene “agua para cinco meses, apurando al límite las reservas disponibles”, y se ha activado el comité de sequía para hacer seguimiento de la situación. Asimismo, se activan medidas restrictivas relativas al uso de agua por parte del Ayuntamiento (suspensión de baldeos, limitación del riego, cierre de fuentes sin circuito cerrado, cierre de duchas de playa, etc.) y se prohíbe el llenado de piscinas o lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados.

Igualmente, ha explicado Caballero, se reforzarán las medidas de seguimiento de la red y de las pérdidas o fugas, una cuestión que ya desde el Ayuntamiento “se vigila mucho”, afirma. El alcalde añade que se dirigirá a los ayuntamientos del área que se abastecen de Eiras para pedirles que también tomen medidas preventivas, y ha pedido a Augas de Galicia que reduzca “ligeramente” el caudal ecológico de la presa.

Asimismo, critica a la administración autonómica por no acceder a la construcción de otra presa aguas arriba en el río Oitavén. “Hay mucha agua, pero no se guarda”, protesta. También acusa a la Xunta de no responder a la solicitud realizada por el Ayuntamiento para poder usar el agua de la depuradora para hacer el baldeo de las calles, porque es “agua impoluta y limpia”.

La Mesa da Seca de la Xunta va a analizar este miércoles los datos de los embalses gallegos para decidir si declara también la prealerta. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, indicó que hay tres cuencas que preocupan especialmente, que son las del Lérez, el Anllóns y la de Baiona. Vázquez aseguró que la situación no es alarmante, pero sí pidió evitar usos como lavados reiterados de coches o rellenar piscinas en lugar de usar cloro para el agua.

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado el retraso al mes de septiembre en la incorporación del nuevo helicóptero antincendios de la Xunta. Así lo ha asegurado a preguntas sobre la información de Faro de Vigo que indica que el nuevo helicóptero, con gran capacidad para transportar gran cantidad de agua, se retrasa a septiembre.

Al respecto, Rueda defiende que hay una incorporación “progresiva”, no solo de los medios de la Xunta, los cuales “casi todos están operativos ya”, sino “de los medios que está aportando el Gobierno central”. Expone que ese nuevo helicóptero “entrará a operar en el mes de septiembre y se unirá a los que ya están operando”. Y se remite a la Consellería do Medio Rural para “más detalles” sobre ese “retraso”.

35 patrullas terrestres del Ejército

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha elevado este lunes al Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno autonómico para la renovación de la conocida como Operación Centinela, de prevención de incendios forestal. Así, habrá un despliegue por los montes gallegos, entre el 10 de agosto y 25 de septiembre, de 35 patrullas terrestres del Ejército y de dos equipos de mantenimiento móvil.

La Consellería do Medio Rural destinará 593.800 euros a esta iniciativa, con un presupuesto algo superior a 2025 por la actualización de los importes del Ministerio de Defensa. Además, el convenio prevé la posibilidad de que las patrullas puedan realizar vigilancia aérea complementaria mediante unidades de dron en el caso de ser necesario. Los militares se sumarán un dispositivo llega a 7.000 efectivos en Galicia en el alto riesgo entre las diferentes administraciones.

El primer plazo que dio la Xunta para presentar su propuesta para renovar el Plan Xeral de Normalización Lingüística era noviembre de 2025. Después, el Gobierno gallego retrasó el acontecimiento hasta el primer semestre del año actual. Finalizado el mes de junio, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha admitido que la previsión no se cumple y que ese documento, que el Gobierno gallego llama “pacto pola lingua” se va a hacer público en el mes de julio.

Rueda señaló, en respuesta a una pregunta sobre los motivos para este retraso -un aspecto sobre el que no contestó- y el posible nuevo plazo, que estará en breve. El pacto fue anunciado por el Gobierno gallego una vez asumió la Presidencia Alfonso Rueda. El plan de normalización que promete actualizar es un documento que fue aprobado en 2005 por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo rompió en 2011, con un decreto que supuso, por primera vez, un retroceso del gallego en las aulas.

La Xunta tiene sobre la mesa, mientras elabora su propuesta, varios informes y posturas de organismos relacionados con la cultura que consideran catastrófica la situación del gallego, como es el caso del Consello da Cultura Galega, o que avisan de que los colegios destruyen gallegohablantes, como avisa la Real Academia Galega.

Hace un año que la Xunta asumió los poderes sobre la gestión del litoral, el primer traspaso de competencias para Galicia en 17 años. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó el aniversario, el miércoles 1 de julio, para hacer un repaso de la actividad de estos 12 meses. Desde el parador de Muxía, una de las obras incluidas en el plan de inversiones posterior al hundimiento del Prestige, celebró la estabilidad y la aceleración de los trámites y destacó tres cuestiones: los permisos para actividad empresarial, la ampliación de la temporada de chiringuitos y la senda que recorre toda la costa gallega con la intención de atraer visitantes. Las asociaciones ecologistas hacen otro balance: el enfoque es económico, se orienta a la masificación turística y olvida la protección del entorno natural. La propia elección del parador como escenario y el contenido del discurso, dicen, lo confirman.

“Vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, afirmó el presidente gallego en el acto, en el que añadió una referencia vaga a que es necesario cuidar del litoral: “Para disfrutar nosotros, los que nos visitan ahora y en el futuro”. La gestión directa dio estabilidad a la cadena mar-industria (sector en el que se incluyen actividades como la conserva, las depuradoras y los astilleros), pero también a empresas relacionadas con el turismo y la hostelería, destacó Rueda.

Aportó también cifras: en este tiempo la Xunta resolvió más de 1.800 concesiones y autorizaciones para usos e instalaciones en la costa. Ha dado permiso para más de 900 servicios de temporada, buena parte de los cuales son chiringuitos, aunque también hay, por ejemplo, negocios para deportes acuáticos. No solo eso, el Gobierno gallego amplió el periodo en el que pueden funcionar, que ahora va desde Semana Santa al 31 de octubre de forma ininterrumpida, y destinó un millón de euros para que “sean más bonitos”, dijo Rueda. En cuanto a lo que el Gobierno gallego ha bautizado como el Camiño do Litoral, el presidente gallego destacó que son sendas que incluyen 1.300 kilómetros de la costa gallega -prácticamente toda-, desde Ribadeo hasta A Guarda. En realidad, la propuesta se basa en caminos que ya existían en el 90% de los casos. El objetivo, de nuevo, es que haya más visitantes.

La última novedad en este terreno se anunció hace unos días: la Xunta facilita los permisos para actividades como competiciones deportivas, eventos de interés turístico, conciertos y festivales que se realizan el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. Además, ha eliminado el pago de tasas administrativas asociadas a la solicitud de ocupación temporal de la costa.

“La Xunta ha estado muy concentrada en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”, dice el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos. Repite que la costa gallega era ya un espacio “muy desprotegido” y que el Gobierno autonómico “no ha movido un dedo” ni en estos últimos años ni desde que tiene las competencias de gestión del litoral por aumentar esa resiliencia o por atender a cuestiones como el avance del mar, que indica que ya se ve en casos de viviendas que peligran en varios puntos porque el agua ha erosionado los acantilados sobre los que se construyeron.

Santos critica el enfoque de la Xunta y su Consellería de Medio Ambiente, extensible a los espacios naturales en general, de que el entorno es un reclamo para el turismo, en lugar de centrarse en su protección por sus valores intrínsecos. Un ejemplo de esto es la red de sendas en la costa, que es una apuesta por “llevar a gente a sitios a los que antes no llegaba, incluso a lugares casi vírgenes”. Que se haga en un entorno natural, avisa, no quiere decir que se pueda considerar turismo sostenible y cita los casos de la playa de As Catedrais o de las Cíes, que son ya destinos masificados.

En estas islas, recuerda, hay especies amenazadas, como la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), que está experimentando un declive dramático que ha hecho que los especialistas pidan catalogarla como en peligro de extinción. Eso, reprocha el portavoz de Greenpeace, no ha provocado reacción en el Gobierno gallego. Tampoco que las rías estén “cerca del colapso ecosistémico”, una situación que se hace evidente también en la bajada de producción.

Afrontar el cambio climático, “la absoluta prioridad”

El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. Lo primero en la gestión del litoral, razona, es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. “Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, dice. Añade que la industria tiene cabida en la costa, pero con el principio de que lo primero es la protección del entorno y de que “industria que vierte, industria que cierra”. Coincide con Santos en el papel clave de la costa para afrontar el cambio climático: “Es la absoluta prioridad”. Y en que no se han dado pasos en este sentido por parte del Gobierno gallego, al que pide retirar rellenos o espigones.

Eirexas rechaza lo que considera un modelo basado en el turismo masivo para la costa, en especial “sin un estudio previo de capacidad de carga”, es decir, sin un análisis de cuántos visitantes puede acoger Galicia en sus playas. “Ese [ser un reclamo turístico] no es el principal objetivo de un espacio natural”, señala y rechaza que se fomenten los chiringuitos o la reconversión en establecimientos turísticos de edificios que están en desuso. “La Consellería de Medio Ambiente no gestiona el turismo, pero parece que está para que nada estorbe a otros intereses que no son los ambientales”, zanja.

Santos agrega que comprende que, en estos primeros 12 meses, buena parte de la atención de la Xunta en la gestión del litoral la hayan acaparado los trámites administrativos o la gestión de las concesiones, pero avisa de que ni hay que mantenerlas todas —cita, en concreto, el caso de Ence, con la reclamación histórica de que salga de la ría de Pontevedra— ni hay que confundir simplificación administrativa con “impunidad”.

Unas competencias muy peleadas

Galicia asumió las competencias sobre la gestión de la costa el 1 de julio de 2025. Era el primer traspaso en 17 años, tras un periodo en el que la Xunta, dirigida por Alberto Núñez Feijóo, relegó la ampliación de los asuntos que dependen directamente de la comunidad. En septiembre de 2022, Alfonso Rueda, ya al frente del Gobierno gallego, anunció que iba a redactar una ley del litoral. Era una reacción a la negativa del Ejecutivo central de traspasar las competencias en la materia, una histórica reivindicación de la izquierda gallega que el PP había hecho suya en medio de su oposición a la ley estatal de cambio climático que temía que iba a limitar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra —el Supremo acabó avalando que la celulosa se mantenga en su ubicación actual—.

El Gobierno central recurrió la ley gallega del litoral cuando fue aprobada. Consideraba que se reducía de forma indebida la protección y que la comunidad se estaba atribuyendo más competencias de las que le reconocía su Estatuto. El Tribunal Constitucional dio la razón a Galicia y se abrió entonces la negociación que culminó con el traspaso el año pasado.

En el acto oficial del traspaso, Rueda ya adelantó cuáles iban a ser los puntos de atención para la Xunta: “A las más de 4.000 edificaciones, a las 100 empresas de la cadena mar-industria, a toda la vida económica, a todo el enorme respeto con el que cuidamos nuestro entorno natural le faltaba la capacidad de gestión que acerca la cercanía”.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non, una de las asociaciones vecinales que se opone a la reapertura de la explotación para extraer cobre, denuncia que la balsa de residuos mineros que existe en el lugar —en la que se acumulan los desechos de la actividad anterior— sigue provocando filtraciones contaminantes peligrosas y que amenaza la aldea de Fonte Díaz, en donde hay, además de viviendas, instalaciones deportivas, la Casa da Cultura y una residencia de mayores. Acumulan desde hace años imágenes en las que se aprecia, en una zanja de drenaje junto a una carretera, líquido del color anaranjado típico de las aguas ácidas de las minas.

Esta asociación indica que esas aguas se filtran desde el muro de la balsa minera, cargadas de metales pesados, y que van a parar al arroyo Ameneiro Lamas, después al Lañas y, de este, al río Ulla. Esto ocurre desde hace “décadas, todos los días del año, las 24 horas del día, lo que produce mayor gravedad por la bioacumulación de metales en el lecho de los ríos”, sostiene. El depósito contiene los residuos generados por la actividad minera que hubo hasta mediados de los 80. Y es una de las instalaciones clausuradas consideradas peligrosas por el inventario que el Gobierno central realizó para cumplir con las normas europeas.

La elaboración de ese listado se encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Julio César Arranz es uno de los científicos que se ocuparon de esta tarea. Explica, en conversación telefónica, que no hay dudas sobre los riesgos de la balsa de Touro: “Está en el inventario por la capacidad de contaminar aguas superficiales y porque es enorme y, en caso de rotura, se vería afectada la aldea de Fonte Díaz”. Arranz rememora cómo fue el proceso y cómo hubo un desencuentro con la Xunta porque sostenía que la balsa de Touro no debía incluirse, con el argumento de que no estaba abandonada porque tenía dueño. Con propietario o sin él, dice el experto, llevaba décadas, desde mediados de los 80, parada.

Finalmente, la balsa de Touro se incluyó en la ampliación del inventario de 2015. Hubo una revisión en 2019, que incluyó el desplazamiento al lugar de los científicos del IGME. Arranz cuenta que no pudieron tomar muestras en el interior porque no pudieron acceder, pero sí fueron al arroyo Pucheiras y a otro que se encuentra al este de la presa. La conclusión fue que seguía siendo una instalación contaminante de las aguas superficiales, con efectos sobre todos los usos y sobre la fauna piscícola. “Al hacer la revisión nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error: teníamos que subirle la categoría de riesgo”, expone.

La plataforma vecinal, una de las que lucha contra la reactivación de la mina, critica que, pese a la evidente contaminación, que ha supuesto incluso alguna multa de la propia Xunta, no ha logrado información del Gobierno gallego sobre si existe algún plan de restauración del entorno, si se está haciendo alguna tarea de control y vigilancia o si la presa debe tener un plan de emergencia exterior por la peligrosidad de los desechos que contiene.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria aseguran que la restauración de la balsa está incluida en el proyecto de la empresa Cobre San Rafael para reactivar la explotación, que ha sido declarado estratégico por la Xunta y está en tramitación, a la espera de la evaluación ambiental. Este es el segundo intento por retomar la actividad en la mina para producir cobre, después de que el proyecto presentado en 2017 fuese rechazado por el Gobierno gallego precisamente por no superar el trámite ambiental y en medio de una fuerte contestación social.

La mina se encuentra en una situación inusual: con el primer proyecto de reactivación denegado, la empresa recompuso su plan y volvió a presentarlo en 2024. Fue entonces cuando la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico —una figura que implica que la tramitación se acelera—. Pero, en los tribunales, había seguido avanzando el recurso contra el archivo del primer plan. La Justicia tomó una decisión en mayo de 2026 y consideró que el informe ambiental que lo había echado abajo era nulo porque no se había dado audiencia a la compañía promotora antes de dictar la declaración de impacto ambiental. Es decir, detectó un defecto de forma. A pesar de esa victoria, la empresa no tiene intención de retomar ese proyecto, sino de continuar con el que ahora mismo está declarado estratégico. También este tiene en contra a plataformas vecinales, ecologistas y al Icomos, un organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural y que teme efectos negativos sobre el Camino de Santiago.

Protestas continuadas

A la espera de conocerse si esta vez supera la evaluación de la Xunta, los vecinos de la zona que se oponen a la reactivación de la mina han seguido movilizándose: una multitudinaria manifestación mostró el rechazo social al proyecto en junio, durante la exposición pública se presentaron miles de alegaciones —que han derivado en una carrera de obstáculos para que la administración gallega reconozca a muchos vecinos como parte interesada— y han seguido documentando la contaminación procedente de la balsa.

En marzo de este año, la Plataforma Mina Touro - O Pino Non trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Delegación del Gobierno en Galicia sus preocupaciones por las filtraciones y por el riesgo que la balsa representa para el núcleo de Fonte Díaz, a menos de 300 metros del depósito de residuos. Aseguran que, tras esa comunicación, se acometieron unas obras, que consistieron en una canalización para recoger las filtraciones intentando separarlas de la zanja que recoge el agua de la lluvia. Pero, denuncian, el color anaranjado se sigue extendiendo hacia la zona pensada para pluviales, como se aprecia en la imagen que se ve a continuación.

La Consellería de Economía asegura que, si el proyecto de Cobre San Rafael logra su visto bueno, la empresa “asumiría su restauración [la de la balsa de residuos], vigilancia y control dentro del denominado plan de vigilancia ambiental”. No hace referencia al plan de emergencia exterior, que reclama el real decreto 975/2009 sobre gestión de residuos mineros, el mismo que fijaba la obligación de elaborar el inventario de presas o escombreras clausuradas y consideradas peligrosas. Esa norma indica que el plan de emergencia exterior debe hacerlo la autoridad competente cuando las instalaciones sean de categoría A -las que tienen riesgo de un accidente grave en caso de fallo y las que tienen residuos peligrosos por encima de un determinado umbral-.

El experto del IGME, indica que, cuando se hizo la evaluación de las instalaciones de residuos mineros llegaron a la conclusión de que esta norma no se aplicaba a las explotaciones anteriores a la misma. Es decir, la balsa de Touro no cuenta con un plan de emergencia exterior. Arranz aclara que, si se le aplicase esta normativa, el depósito de Touro sería categoría A “de libro” y debería contar, por tanto, con esa estrategia de emergencia exterior.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non recuerda que ha habido accidentes en otras balsas mineras en Galicia, algunos de ellos recientes, como el de Monte Neme el pasado invierno, y se pregunta si los vecinos de la zona tendrán que estar “pendientes de dos alarmas, la de la balsa antigua y la nueva que instalen, ambas con población a 300 metros y el río Ulla como destino”.