El condenado por corrupción Alfonso Arriola, excargo del PNV y actualmente alto funcionario en el Gobierno vasco, percibe un salario público de al menos 76.571,36 euros anuales, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en respuesta a una pregunta formulada desde la oposición por la representante del PP Ana Morales. Adicionalmente, Barredo ha informado de que, en el último año, Arriola ha presidido cinco comisiones de valoración de ayudas públicas cuyo montante total asciende a 31,5 millones de euros, el equivalente al 11% del disponible total de la consejera Barredo.

Arriola, aunque fue absuelto de todas las peticiones de entrada en prisión en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama que ha salpicado a excargos públicos y orgánicos del PNV alavés, está cumpliendo formalmente todavía una pena por corrupción. En concreto, hasta marzo de 2027 pesa sobre él una inhabilitación por ser responsable de un delito de prevaricación por haber facilitado desde su posición como gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, que su compañero de partido Alfredo de Miguel intercediera para manipular adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Sin embargo, se determinó que la inhabilitación para ocupar un cargo o empleo públicos se aplicara exclusivamente en sociedades públicas, como lo es Miñano, y no en la Administración general. Gracias a ello, Arriola no sólo ha podido mantener su condición de funcionario del Gobierno vasco sino incluso ascender.

Desde el 13 de marzo de 2025, siempre según la documentación oficial sobre su caso enviada al Parlamento por la consejera Barredo, también del PNV, pasó a ser “responsable del servicio de programas” en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Tiene como funciones “elaborar informes” sobre política industrial y comercial, “establecer criterios” de la actuación del Ejecutivo, “gestionar programas” de ayudas, “diseñar estrategias” o incluso “asesorar”, señala Barredo. En su momento, se aludió también tareas relacionadas con fondos europeos.

Por todo ello, percibe al menos 76.751,36 anuales, lo correspondiente a su nivel “28 I-A” en el escalafón del personal de Lakua, aunque Barredo no especifica nada sobre posibles complementos por su antigüedad. De hecho, en el momento de la condena, en 2023, 'El Correo' aludió a una cifra superior, a 79.533,36 euros anuales sin que hubiese asumido las nuevas responsabilidades.

El Gobierno admite que, en 2025, Arriola “ha presidido un total de cinco comisiones de valoración correspondientes a distintos programas de ayudas públicas”. En concreto, se trata de los planes Lehiatu Inversión (17,4 millones y 101 beneficiarios), ISV Inversión (2,5 millones y 50 adjudicatarios), Handitu Innova (1,2 millones, cinco perceptores), Handitu Egurra (9 millones para una única solicitud) y Gastrobikain (0,35 millones repartidos en a siete beneficiarios). Es una cifra más alta que las estimaciones que se conocían.

La consejera Barredo explica que la previsión es que Arriola se jubile “en el mes de junio” de 2026 y que, por lo tanto, no tenga que gestionar más ayudas ya. “Las convocatorias [...] se publican habitualmente en primavera y las comisiones de valoración se constituyen en período estival”, indica la titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Con todo, señala que las ayudas no las asigna una única persona y que los nombramientos se hacen “de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras” de cada convocatoria. Barredo siempre ha insistido en que la posición de Arriola no es de designación política en ningún caso.

El pasado año, cuando este periódico adelantó las nuevas funciones de Arriola, el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV, y de mucha relevancia, mostraron una opinión muy contraria. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. Y el propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

“La zorra en el gallinero”

“Es un escándalo. Es indignante, una tomadura de pelo. Es como meter a la zorra en el gallinero meter a un condenado por corrupción, y encima con el tipo de delito que tenía, de modificar contratos, a presidir una comisión de valoración de adjudicación de ayudas de tanto dinero. Es un nuevo caso de amiguismo orientado a blanquear a condenados por corrupción. Es un descrédito de las instituciones. Lo mínimo que se puede pedir es un Gobierno limpio y que hagan una gestión ejemplarizante”, protesta Morales, del PP, a la luz de la información recibida.

En el 'caso De Miguel', cuatro excargos nacionalistas recibieron penas efectivas de prisión. La más alta, de nueve años, fue para De Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés y cerebro de la trama corrupta. También ingresaron en la cárcel sus compañeros en el Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles. Todos ellos gozan ya de tercer grado sin haber alcanzado la mitad de cumplimiento de su pena. Salvo en el caso de Ochandiano, el resto han logrado la semilibertad contra el criterio técnico de Prisiones. Otros implicados recibieron penas alternativas, como la inhabilitación de Arriola o responsabilidades económicas. En algunos casos, la sentencia sí implicó el despido de sus puestos como empleados públicos.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, rechaza que el “perfil político” de los presos en las cárceles vascas, en referencia a los exdirigentes del PNV que cumplen penas de corrupción, “influya” o “afecte” a su “situación” penitenciaria. Agrega que no es “excepcional” que se hayan producido “progresiones” de grado, ya que eso es una posibilidad prevista en la normativa y que se aplica por razones “técnicas” y nunca de otra naturaleza.

San José ha realizado estos comentarios en respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante del PP Santiago López Céspedes. La iniciativa fue registrada después de que trascendiera que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, había logrado ya un tercer grado, es decir, un régimen de semilibertad, cuando ni siquiera ha llegado a un tercio del tiempo total de cumplimiento efectivo de su pena, ya de por sí reducido en tres años.

De Miguel, condenado a doce años como cabecilla de una trama de corrupción, entró en prisión en el verano de 2023 y con fecha de salida en el verano de 2032. Ya disfrutaba de un régimen cerrado atenuado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Asimismo, los otros tres excargos del PNV igualmente en prisión han saltado también al tercer grado sin alcanzar la mitad de sus penas. Son Xabier Sánchez Robles, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Solamente en el último caso la progresión se ha hecho a propuesta de Prisiones; los otros tres lo lograron con recursos ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

San José, en sus explicaciones al Parlamento, no entra en detalles concretos escudándose en la protección de datos. De hecho, ni siquiera confirma que las juntas de tratamiento plantearan no conceder a De Miguel -y a otros dos implicados en la misma trama- el tercer grado en un estadio tan prematuro de la condena total, algo inhabitual según fuentes penitenciarias. Ya antes los funcionarios se habían opuesto al 100.2 para el expolítico. Según la consejera socialista, que dice no tener datos del tiempo habitual para las progresiones de grado, es impepinable acatar las resoluciones judiciales y “no corresponde al Gobierno vasco valorarlas”. Que la Justicia enmiende la plana al Ejecutivo no supone una “disfunción”, sostiene.

Remarca la titular de Justicia y Derechos Humanos que una característica fundamental del sistema penitenciario español es la “individualización”, y eso implica que “una persona no debe permanecer en un grado más restrictivo ni más flexible que aquel que, conforme a su situación individual, resulte adecuado”. “Por lo tanto, la progresión a tercer grado cuando concurren dichos elementos constituye una consecuencia natural y necesaria del principio de individualización”, abunda San José. Es más, recuerda que el “modelo penitenciario vasco” puesto en marcha en 2021 con la transferencia de Prisiones y que “fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Vasco”, establece “una apuesta expresa y decidida” por “potenciar el régimen abierto”. Los condenados del 'caso De Miguel' han superado un programa llamado Pideco, de prevención de la delincuencia económica. Es el mismo que realizó durante su estancia en Zaballa Iñaki Urdangarin.

En el plano cuantitativo, San José -que habitualmente tiene que dar explicaciones sobre otros presos, los de ETA- indica que en los últimos cinco años 56 presos de todo tipo han visto atenuado su régimen interno en aplicación del 100.2. Asimismo, en enero de 2026 eran 424 los reclusos en tercer grado. Hay hasta cinco modalidades, en función de si tienen o no control telemático o el artículo por el que accede a esa progresión. El más común es el 86.4 del reglamento penitenciario, con control telemático. Es en el que están 352 de los 424.

El área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao ha adjudicado en los últimos días nuevamente a la empresa Emociona Soluciones Creativas su contrato de “diseño, confección, distribución e instalación de elementos de publicidad para la programación cultural”. Según consta en el perfil del contratante, está cuantificado en 202.408,80 euros IVA incluido para doce meses, aunque prorrogables para un segundo año.

Emociona Soluciones Creativas fue sancionada por la Autoridad Vasca de la Competencia en 2022 por prácticas irregulares en ocho procesos entre 2014 y 2021 relacionados precisamente con el área de Cultura. Recibió una multa de 25.896,25 euros por haber manipulado los concursos con otra empresa cercana, Printhaus, con la que se repartía las subcontrataciones. La firma, además, apareció en la trama de corrupción del 'caso De Miguel' ya que, además de proveedora del PNV en campañas electorales, se encargó de la reforma de la vivienda particular en Gorliz del ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel, una operación que luego pagó otro empresario, Prudencio Hierro, a modo de comisión.

En 2024, Emociona Soluciones Creativas ya resultó adjudicataria nuevamente del contrato. Otra empresa del sector, Bilbao Design Hub, que temporalmente prestó el servicio tras el expediente de Competencia, intentó pararlo sin éxito con un doble recurso, tanto en vía administrativa ante el organismo conocido como OARC como ante los tribunales. Uno de sus argumentos era que, en la documentación presentada al Ayuntamiento de Bilbao, se había ocultado deliberadamente la sanción por prácticas colusorias.

Ese procedimiento judicial se resolvió en octubre de 2025 con una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior. Los magistrados Luis Garrido, Trinidad Cuesta y Olatz Aizpurua dan la razón a Bilbao Design Hub en el sentido de que, en efecto, no se tenía que haber omitido la existencia del procedimiento sancionador, pero entienden que eso no resultó determinante en la adjudicación. Por un lado, porque Competencia no incluyó en su condena una prohibición de contratar. Y, por otro lado, porque el Ayuntamiento era perfectamente conocedor del caso como parte directamente implicada.

Ahora, en febrero, la compañía ha renovado sus servicios con el Ayuntamiento. El acuerdo se adoptó el 28 de enero. Bilbao Design Hub llevó el caso inmediatamente también al OARC, pero ni siquiera lo ha admitido a trámite esta vez. En una resolución muy rápida, del 5 de febrero, tumba el recurso al entenderse que la empresa no tiene legitimación para actuar esta vez por no haberse presentado al concurso.

Bilbao siempre ha defendido los contratos con Emociona Soluciones Creativas. Insiste en que la resolución de Competencia de 2022 nunca ha impuesto a la empresa sancionada la prohibición de contratar. Fuentes de la compañía, de su lado, recuerdan que han abonado la totalidad de la multa y desarrollado un programa de “compliance” tutelado por Competencia para evitar, en el futuro, las irregularidades. En el proceso judicial alegaron, asimismo, que no fueron conscientes que sus acuerdos con Printhaus pudiesen ser ilícitos.

El bufete Cuatrecasas promociona a Gonzalo Susaeta como un abogado de referencia “en los sumarios más relevantes del País Vasco en los últimos años”. Es un experto en delitos económicos y de corrupción, subraya. Durante más de una década defendió al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que terminó condenado a doce años de prisión. Desde el inicio, fundamentó su estrategia de defensa en tratar de anular pruebas describiendo supuestos excesos de la Ertzaintza, del juez instructor y de la Fiscalía que nunca quedaron acreditados. Llegó a decir que todo era tan “paranormal” que podría ser investigado por Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'.

Lustros después, Susaeta es el letrado de uno de los imputados en la investigación penal abierta en el Tribunal de Instancia de Getxo a cuenta del derribo del edificio protegido Irurak Bat de la calle de San Nicolás, donde iban a levantarse viviendas de lujo, el arquitecto José Ramón Foraster. Y ha planteado un duro escrito de 22 páginas al nuevo instructor de este asunto tras la salida de Neus Galobardes, Marcos Amor, en el que alienta la tesis de que todo es una conspiración de la Ertzaintza, que aparentemente realiza actuaciones “extrajudiciales”.

Del “no hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial” con el que redondeó su intervención en el 'caso De Miguel', donde su cliente recibió una severa condena, al “cuerpo policial que actúa paralela o autónomamente fuera de lo ordenado por el juzgado” en Getxo. Susaeta, con estos términos, busca devolver el caso a comienzos de 2026, es decir, anular los registros que realizó la Policía en dependencias municipales y en variadas empresas y que los dispositivos electrónicos aprehendidos no sean clonados y revisados.

La Fiscalía y otras acusaciones, como el PP, ya se han opuesto. El ministerio fiscal ve “ingenuo” plantear que se pueda llevar a término una investigación esperando solamente lo que voluntariamente puedan aportar los imputados. El escrito de los 'populares' ironiza que si nada tienen que ocultar daría igual analizar esos móviles, correos electrónicos y demás materiales incautados: “Quien nada teme, nada debe”. El volcado de ese material aún no se ha realizado a la espera de que se resuelvan estas peticiones, según fuentes judiciales.

Susaeta, que pide no llamar “palacete” al edificio Irurak Bat, aprecia una investigación “prospectiva”, a la que llama en inglés “fishing expedition” por parte de una unidad de la Ertzaintza no es especializada -según su criterio- en las materias objeto de discusión y que va por libre. Asegura que no hay “rastro” de quién encargó a los agentes una ampliación de su atestado, en referencia al informe emitido a comienzos de enero con nuevos indicios de criminalidad y que motivó los registros.

“Decidió seguir 'autónomamente', en una suerte de investigación extrajudicial, sin amparo legal alguno. [...] Esto no solamente implica la infracción de normas procesales, quebrantando el derecho a un proceso con unas mínimas normas y garantías, sino que determina notoria indefensión. Señaladamente porque -según se puede fácilmente comprobar con la lectura de los dos atestados 'reampliatorios' de 12 y 22 de enero-, la Policía autonómica no solamente se puso a solicitar y recabar de otras Policías, instituciones y organismos diversa información o documentos con posterioridad a la emisión y entrega de su informe de septiembre de 2025, sino que... comenzó a tomar declaraciones testificales a diversas personas, sin intervención judicial y -aún más importante- a espaldas de los ya investigados, personados ya en las presentes actuaciones”, describe.

Y continúa: “Malo es que, mediando procedimiento judicial, un cuerpo policial actúe paralela o autónomamente, fuera de lo ordenado por el Juzgado, pero peor aún es que se impida a los investigados una mínima intervención y posibilidad de contradicción en testificales y una mínima información sobre lo que se está investigando y de qué forma, qué documentos se piden y a quién, etc. Empero y para más INRI, SS la instructora [por Galobardes] no solo no reprende dicho proceder, no solo no ordena el cese de las intervenciones autónomas y la devolución de los atestados 'reampliatorios', sino que los valida indirecta o tácitamente, aceptando adoptar dos medidas drásticas y restrictivas de derechos fundamentales como son [las] entradas y registro e incautación/copiado de dispositivos tecnológicos”.

La defensa de Foraster se queja también de cómo se hicieron esos concretos registros por parte de la Ertzaintza. Cree que no se acotó el tipo de material que se quería obtener de los dispositivos electrónicos. “No un copiado selectivo de documentos, mensajes y/o correos relacionados con lo que hemos señalado en el párrafo anterior, sino la aprehensión del celular, con orden a los investigados de que faciliten el PIN y facultad a los agentes de cambiarlo”, protesta Susaeta. Y añade que su cliente, antes de entregar el dispositivo, pudo borrar algunos datos. “Nosotros pudimos lograr la desinstalación del programa de correo [del móvil], pero no tuvieron esa suerte los otros investigados”, expone.

En la causa hay imputados tres exconcejales del PNV. Uno de ellos, Iñigo Urkitza, ha fichado como abogado a Javier Beramendi, reconocido penalista vasco y también partícipe en el 'caso De Miguel', en su caso al lado de otro de los encarcelados por corrupción, Xabier Sánchez Robles. En su caso, ha formulado un recurso de 16 folios. También pide la nulidad de las actuaciones.

“Téngase en cuenta que entre las autorizaciones establecidas en la resolución se encuentra la incautación no solo de los teléfonos móviles de uso laboral, sino también los personales. En una terminal telefónica se pueden almacenar multitud de datos, referentes a un largo periodo de tiempo. Sin ánimo de ser exhaustivos se señalan algunos: listado telefónico, contactos de WhatsApp y de otras mensajerías similares, contactos con los que se ha mantenido comunicación telefónica o por mensajería instantánea (con indicación de días, hora y duración de las llamadas), acceso a correos electrónicos conservados en el dispositivo, mensajes de sms, acceso al historial de Google Maps, acceso al historial de YouTube, fotografías, videos, descargas realizadas, datos sobre la salud, historial de acceso a internet, información económica y bancaria, datos sobre la ubicación del dispositivo en un momento determinado, etc.”, argumenta el abogado.

El defensor Jon Kepa Huertas, al cargo de las defensas de las funcionarias municipales imputadas, tira de argumentos similares. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, sostiene. En su caso, se refire al último informe policial como “sospechosa ampliación”. Y avisa de que sus tres patrocinadas fueron imputadas después de los registros, de modo que sufrieron los registros e incautaciones antes de tener esa condición.

Alfonso Arriola, que hasta marzo de 2027 está cumpliendo formalmente una condena por corrupción debido a su participación en el 'caso De Miguel', es el funcionario responsable de seis programas de ayudas del Gobierno vasco. En total, quien cometiera un delito de prevaricación por facilitar desde su puesto en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica de la que era gerente, que su compañero en el PNV Alfredo de Miguel intercediera para manipular contratos y recaudar comisiones, gestionará cerca de 19 millones de euros de presupuesto público en este año 2026.

Hace un año, este periódico adelantó que Arriola, como funcionario adscrito al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, una cartera dirigida por la consejera 'jeltzale' Amaia Barredo, había sido situado al frente de una comisión de valoración de subvenciones forestales, el programa Handitu Egurra. Desde entonces, según las resoluciones que se han ido publicando en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el exmiembro del PNV se ha ido convirtiendo en el “presidente” de seis mesas.

En concreto, lidera los programas Lehiatu Inversión (con una dotación de 13 millones), ISV Inversión (3,4 millones), Handitu Innova (1,5 millones), Kooperatu (1 millón) y Gastrobikain (0,75 en la anterior convocatoria). También sigue al frente de Handitu Egurra, pero no hay previsión de convocar esas ayudas en 2026, según fuentes oficiales del equipo de Barredo. Asimismo, es presidente suplente de otras tres mesas, las de los planes Lehiatu Promoción y Onekin y la de las ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera, siempre según el BOPV.

Arriola fue uno de los condenados en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. En su caso, evitó la cárcel, pero sí recibió una inhabilitación por cuatro años. El auto de firmeza de esa pena fue emitido por la Audiencia Provincial de Álava en marzo de 2023 y, presumiblemente, no quedará liquidado hasta esa misma fecha de 2027. Sin embargo, la inhabilitación se aplica exclusivamente en sociedades públicas y, por lo tanto, Arriola ha podido mantener su condición de funcionario de la Administración general. En 2023, cuando fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, trascendió que tenía un salario público por encima de los 6.000 euros mensuales.

El pasado año el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV mostraron una opinión muy contraria.  “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. El propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

Desde el equipo de Barredo indican a este respecto que, “tal y como se trasladó hace un año, de la lectura de la sentencia se concluye que se inhabilita al interesado para empleo o cargo público relativo a cualquier cargo en sociedades participadas por capital público, pero no en su condición de funcionario de carrera en la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi”. Aseguran que el condenado, en ejercicio de sus “derechos” laborales, ha logrado una plaza en un “proceso abierto” y no de designación política que le hace “responsable” de determinados programas. “No tiene en ningún caso carácter político”, recalcan desde el Ejecutivo. Indican, además que las ayudas las concede una “comisión”, regulada por una normativa específica en cada caso.

De los cuatro excargos del PNV que cumplen penas de prisión por corrupción que han accedido al tercer grado en fechas recientes sin haber llegado siquiera a la mitad de su condena efectiva, solamente uno de ellos, Koldo Ochandiano, ha logrado esa semilibertad con el criterio técnico favorable de la junta de tratamiento a la luz de su proceso de reinserción. Al igual que en el caso de Alfredo de Miguel, los también reos Aitor Tellería y Xabier Sánchez Robles tuvieron que recurrir ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, para progresar de grado ya que el informe inicial era desfavorable. Fuentes conocedoras del caso han explicado que estos movimientos son “extraordinarios” en el sentido de que es enormemente inhabitual que se concedan estos regímenes en estadios de cumplimiento de la pena tan tempranos. Desde el entorno de los expolíticos se recalca que “no hay ningún trato de favor”, solamente “cumplimiento de la ley”.

El 'caso De Miguel' es la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. La investigación se inició en 2009, en 2010 hubo detenciones por parte de la Ertzaintza, la instrucción finalizó en 2015, el juicio fue en 2018 y en 2019 llegó una primera y contundente condena para la mayoría de imputados, encabezados por Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. En 2023, el Tribunal Supremo confirmó el grueso de las penas y, desde entonces, se inició la fase de ejecución. Aunque hubo más condenados, cuatro de ellos tuvieron que ingresar en centros penitenciarios. Fueron De Miguel y los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, socios en la empresa pantalla Kataia Consulting, ideada para recaudar comisiones y a nombre de las esposas de los tres, y su amigo y alto cargo del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles, que procuró financiación a la trama mediante adjudicaciones irregulares.

Ochandiano, contable de profesión y en cuyo domicilio aparecieron muchas de las pruebas incriminatorias, recibió una pena de siete años y medio, seis de cumplimiento efectivo. Según fuentes penitenciarias, él sí ha recibido un dictamen favorable de Prisiones para avanzar al régimen de semilibertad. Lo logró en enero por sus circunstancias particulares y no tendrá que regresar para nada a Zaballa, la cárcel de Álava. Tendrá seguimiento telemático de sus movimientos.

No es el caso de los otros tres. La junta de tratamiento rechazó sus solicitudes y tuvieron que recurrir por la vía judicial. Como la Fiscalía no ha presentado más alegaciones, la resolución adoptada por la magistrada de Bilbao Ruth Alonso, la encargada de vigilancia penitenciaria en Euskadi, ya es firme. El juzgado ha rechazado la petición de este periódico de acceder a las resoluciones judiciales con los argumentos para esta progresión de grado.

Era ya conocido que De Miguel no contaba con el visto bueno de los funcionarios para pasar a tercer grado. Ocurrió lo mismo cuando quiso empezar ya a tener largas estancias fuera de la cárcel al llevar apenas un año encarcerlado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar el segundo grado. Lo consiguió, traslado de Zaballa a Basauri mediante, pero de nuevo merced a un auto judicial y contra el criterio de los funcionarios. El Gobierno vasco tiene competencias desde 2021 en materia de Prisiones. Eso sí, desde 2024 esta cartera la dirige el PSE-EE y no el PNV. Este martes, la portavoz del Ejecutivo, la nacionalista María Ubarretxena, ha insistido en que lo sucedido “es una decisión judicial, no del Gobierno vasco” y ha confirmado públicamente que la Administración “se opuso a la progresión por criterios técnicos”.

De Miguel, que recibió una pena de más de doce años modulada por las dilaciones indebidas, ya supo desde el inicio que iban a ser nueve de cumplimiento efectivo. Sea como fuere, no ha alcanzado aún ni un tercio de su pena, que expira en julio de 2032, como conoció en su día este periódico de fuentes de la Audiencia Provincial de Álava, el tribunal que juzgó el caso. Quien todos conocen como 'Txitxo', no obstante, tiene que pernoctar de lunes a jueves en su cárcel de referencia, que ya es la de Basauri porque optó por residir tras estallar el caso no en Vitoria sino en Gorliz. Reside en una casa, por cierto, reformada a modo de comisión por un constructor, Prudencio Hierro.

Respecto a Tellería, también exdirigente del PNV así como exconcejal en Vitoria, entre otros cargos, logró igualmente en enero un régimen similar al de Ochandiano. Era su segundo intento, según fuentes judiciales. En el primero se había opuesto, igualmente, la Fiscalía. En su caso, pesa sobre él una condena de algo más de seis años de cumplimiento íntegro. Sánchez Robles, de su lado, lleva meses en tercer grado, desde septiembre de 2025. De nuevo, lo consiguió merced a un recurso judicial. Con una condena de algo más de siete años, fue el primero en acceder a prisión y también el único en no invocar el perdón político del Gobierno de España mediante un indulto. Era el más vinculado al partido cuando llegó la condena, ya que su esposa, Josune Gorospe, ha sido diputada del PNV en el Congreso hasta 2023.

Los cuatros excargos del PNV condenados a prisión por la trama de corrupción del 'caso De Miguel', incluido el que fuera 'número dos' de la formación nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, han accedido ya al tercer grado penitenciario, es decir, a regímenes de semilibertad. De Miguel ha sido el último en lograrlo, en fechas recientes, pero Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exdirigentes también del PNV alavés, lo consiguieron en enero de 2026. Y Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe lo obtuvo ya en septiembre de 2025, según fuentes penitenciarias.

En el caso de De Miguel, adelantado por 'El Mundo', pesa sobre él una pena de más doce años que ya inicialmente se rebajó a nueve de cumplimiento efectivo que no expiraría hasta julio de 2032. El avance se ha hecho contra el criterio técnico de Prisiones y merced a un recurso aceptado por la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso. De los cuatro, solamente él volverá a prisión, ya que el resto tendrán semilibertad plena con control telemático en virtud del artículo 86.4 del reglamento penitenciario.

Tras el éxito de la “queja” de De Miguel -el término lo emplean fuentes oficiales de Prisiones para describir el comportamiento de quien todos conocían como Txitxo-, el expolítico logra sin haber llegado a un tercio del cumplimiento de su condena pernoctar únicamente de lunes a jueves en su cárcel de referencia, en este caso la de Basauri, en Bizkaia. El resto del tiempo gozará de libertad.

Ya había logrado al año de estar en Zaballa, su primer destino, un segundo grado atenuado con salidas regulares en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Nuevamente, lo consiguió contra el criterio de la junta de tratamiento y gracias a un recurso judicial. Otras fuentes consultadas consideran “extraordinario” que esto haya sucedido no porque no lo merezca sino por lo inhabitual de esta mejora en un estadio de cumplimiento efectivo de la pena tan corto.

De Miguel, como el resto de los cargos corruptos encarcelados, superaron en Zaballa un cursillo de prevención de los delitos económicos. Es el mismo en el que participó, en su momento, Iñaki Urdangarin, igualmente condenado por corrupción y que terminó el cumplimiento de su pena cerca de su ciudad de origen, Vitoria.

Los otros condenados del 'caso De Miguel' -la mayor trama descubierta en Euskadi y que operó como un red de cobro de comisiones ilegales a cambio de influencia política en la adjudicación de contratos- que entraron en la cárcel fueron los también dirigentes del PNV alavés Ochandiano y Tellería y el vizcaíno Sánchez Robles. Para ellos, las penas efectivas rondaban los seis años, de modo que la libertad llega también antes de que hayan alcanzado la mitad. Ochandiano y Tellería compartían con De Miguel una sociedad pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar las mordidas. Sánchez Robles propició contratos 'a dedo' a la trama.

Fue en el verano de 2023 cuando se hicieron efectivos los ingresos en prisión de los cuatro. Antes, en enero, el Tribunal Supremo confirmó casi en su integridad la sentencia inicial de la Audiencia de Álava, de finales de 2019. El juicio tuvo lugar en 2018. Hace ya 17 años, en 2009, que se inició la investigación.

De Miguel mantuvo hasta 2023 un salario público en la sociedad Hazi, dependiente del Gobierno vasco. No sólo eso. Fue mejorando su posición y logrando ascensos incluso después de una primera sentencia condenatoria y bajo la excusa de que la resolución judicial no era firme. Finalmente, acabó siendo despedido poco antes de entrar en prisión, aunque intentó conseguir una indemnización en la vía judicial al entender que se habían vulnerado sus derechos.

La Ertzaintza luce el rojo como color corporativo, pero también tiene una unidad 'verde'. Es la sección oficialmente llamada “de Medio Ambiente y Urbanismo”, una rama de la división de Investigación encargada de asuntos como vertidos, episodios contaminantes o fraudes arqueológicos, por ejemplo. Pero es la brigada que ha dirigido igualmente, en calidad de Policía judicial, las investigaciones tanto del derribo del palacete Irurak Bat de Getxo como de los presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar.

A finales de 2024, un documento oficial del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, apuntaba que apenas tenía diez agentes este grupo especializado. Es una dotación muy similar a la unidad de delitos económicos, otra pata para las causas de corrupción. La infradotación de estos grupos ha sido una crítica recurrente de la oposición en el Parlamento Vasco en los últimos años. En comparación, sus equivalentes en la Guardia Civil, el UCOMA del Seprona y la UCO, tienen 1.800 y 500 efectivos, respectivamente.

En el caso concreto del equipo 'verde', la Fiscalía llegó a alertar de su desmantelamiento. La fiscal superior, Carmen Adán, incorporó a su memoria de 2023 que “tuvo conocimiento oficioso” de que la “ya de por sí menguada” sección iba a ver salir a “todos sus miembros salvo dos de ellos”, “incluido el jefe”. Exhibió su “preocupación” por la “importancia” de la “especialización” para abordar tramas de alta complejidad, como son este tipo de investigaciones. De hecho, este periódico pudo saber que la Fiscalía pidió expresamente que los dos agentes adscritos al caso de Zaldibar no se fueran, dada la relevancia que se le daba a un caso abierto tras el derrumbe de las instalaciones de Verter Recycling en febrero de 2020, que acarreó la muerte de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

En el caso de Getxo, se analiza el derribo en agosto de 2024 del edificio protegido Irurak Bat con el ánimo de levantar viviendas de lujo. Dos concejales del PNV iban a comprar allí una casa. Supuestamente, el Ayuntamiento no fue pulcro en los trámites urbanísticos, o, al menos, así lo sostienen los policías. La Ertzaintza entregó el 12 de enero una “ampliación” de su primer informe con nuevas conclusiones y proponiendo una entrada y registro de dependencias municipales, así como de las empresas implicadas. Pidieron también secreto de sumario para evitar filtraciones.

En el caso de Zaldibar, residenciado en el Tribunal de Instancia de Durango, el partido judicial al que pertenece el municipio, los agentes de esta unidad reclamaron también esa salvaguarda. Ha habido hasta diez autos judiciales prorrogando el secreto, según ha podido comprobar este periódico. Finalmente, en 2025 entregaron un informe de 3.679 folios con hasta veinte conclusiones de las que se deriva la posible existencia de delitos urbanísticos. Entre los imputados, la exalcaldesa de EH Bildu en la localidad de 2011 a 2018, Arantza Baigorri. Se analiza si Verter Recycling pudo extender su negocio más allá de los límites permitidos y si la actuación municipal, por acción u omisión, fue determinante para que se llegara a eso. La instructora Laura Yuste, eso sí, ha señalado que todo lo anterior a 2015 estaría prescrito.

Sostiene la pequeña unidad 'verde' de la Ertzaintza en su informe del 12 de enero sobre el palacete de Getxo que “los hechos objeto de investigación han creado una gran alarma social en el municipio”. “Además, han generado una gran desafección en la ciudadanía hacia los poderes públicos”, se atreve a concluir la Policía, que cree también que hay “un gran interés, especialmente en el ámbito político, en conocer y tener acceso” a sus informes.

El consejero Zupiria ha sido preguntado por esta unidad en Radio Euskadi este miércoles. “Está actuando como Policía judicial [...] que trabaja con la Justicia e investiga diferentes datos para ver si ha existido o no un comportamiento ilegal”, ha señalado. En el pasado, el trabajo de estos equipos de investigación de la Ertzaintza ha sido literalmente zarandeado. No es ya que portavoces de los partidos políticos cuyos cargos están siendo investigados defiendan la inocencia de los imputados sino que, sobre todo en el 'caso De Miguel', que llevó a la cárcel a exdirigentes del PNV, la Policía y símbolo del autogobierno vasco fue un 'pim pam pum', con acusaciones de manipulación de pruebas o conspiraciones que luego se demostraron totalmente falsas.

“¿Qué garantías hay de que no han desaparecido pruebas o de que no se han introducido documentos distintos?”, llegó a decir Gonzalo Susaeta, el abogado del principal responsable de aquella trama, el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Susaeta es ahora uno de los letrados de los imputados en el caso de Getxo.

En el ámbito de los tribunales, en los últimos años la Fiscalía y algunos magistrados han llegado a preferir que la Guardia Civil actuase como Policía judicial. El asunto alcanzó tal dimensión que el PNV, en su acuerdo de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, incluyó un punto para asegurarse que la Ertzaintza sería la Policía por defecto salvo que los asuntos tuvieran un alcance superior al autonómico.

El informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la corrupción en torno al exdirigente del PSOE Santos Cerdán –ahora ya en libertad con medidas cautelares– y al empresario vasco Antxon Alonso, ha abierto una inesperada vía de agua al PNV, socio de los socialistas. El documento muestra unas supuestas “peticiones” de “nombramientos” planteadas por los nacionalistas a Cerdán fruto del apoyo a la moción de censura de 2018, en la que los diputados del PNV fueron los decisivos para inclinar la balanza a favor de Pedro Sánchez y para dejar caer a Mariano Rajoy. Y eso se suma a las adjudicaciones de la coalición navarra del PNV, Geroa Bai, a las UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa central de la investigación.

La secuencia que se describe es la siguiente. El 1 de junio Sánchez se convierte en presidente del Gobierno. Unos días después, el 7 de junio, Cerdán le pidió a un asesor que le imprimiera tres documentos para entregárselos a Koldo García, a su vez colaborador de José Luis Ábalos, ministro y hombre fuerte del partido en aquel primer momento del mandato de Sánchez. Los archivos con propuestas de nombramientos llevaban por título 'M. Fomento', 'M. Medio Ambiente' y 'Peticones [sic] nombramientos PNV'.

Aparentemente, los nacionalistas plantearon tres cargos al PSOE a cambio de la moción de censura. Era un puesto “importante” en Adif, la sociedad que en Euskadi explota los ferrocarriles estatales y construye el AVE salvo en Gipuzkoa, otro similar en la SEPI y otro cargo en Medio Ambiente. En este caso, la Guardia Civil le pone nombre y apellidos, Javier Cachón, que “fue nombrado por [José Luis Rodríguez] Zapatero y es muy buen profesional”. La UCO indica que es la persona que dio el visto bueno a la evaluación ambiental en que operó el triángulo de Cerdán y Alonso con Acciona, el proyecto Mina Muga de Navarra. Según el informe, el PNV iba a concretar en una “reunión” los otros dos nombres.

El portavoz del PNV en el Congreso entonces era Aitor Esteban, actual presidente del partido. Y desde el inicio está negando a todo el que le pregunta cualquier vinculación con estos nombramientos. “El PNV desde luego no hizo eso. Lo desmiento absolutamente. Yo no conozco al señor Cachón”, ha apuntado en Telecinco. Fuentes internas confirman que Esteban participó “del principio al final” en aquellas negociaciones -también con el presidente entonces, Andoni Ortuzar, y su influyente mano derecha, Joseba Aurrekoetxea- y que “seguro” que “nadie” en el PNV pediría eso. No niegan que en el pasado han negociado cargos en consejos de órganos estatales como la CNMC, el CGPJ, RTVE o los puertos de Bilbao y Pasaia, pero nunca altos cargos en ministerios o sociedades públicas.

El “morro” del PP

En 2018, el propio Esteban intervino en la tribuna para justificar el apoyo a la moción de censura. Lo hizo por “ética” tras la sentencia contra la corrupción del PP en una de las piezas de 'Gürtel'. Aquello tenía contexto. Los nacionalistas, incluso tras el 'procés' y el 155 seguían siendo el sostén de Rajoy. Apenas unas semanas antes le habían aprobado los presupuestos. Aquel 2018, además, el PNV sufría en sus carnes el macrojuicio del 'caso De Miguel', que llevó a prisión por corrupción a sus exdirigentes alaveses Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, así como al excargo del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles.

El PP, con una herida sin restañar con el PNV desde 2018, ha salido en tromba a vincular a los nacionalistas con la trama de Cerdán. Ya lo viene haciendo desde hace meses. También ha elevado en esta legislatura el listón de oposición y abandera otras denuncias, como las de irregularidades en la gestión de los puertos autonómicos. Considera Esteban con los 'populares' usan acusaciones “burdas” y falsas contra ellos y que “hace falta tener morro” en un partido carcomido por casos pasados o muy recientes, como el de Almería, critique la corrupción de otros.

Más contundente en sus redes sociales, la presidenta del partido en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha mostrado emoticonos de enfado por la sensación de tener que salir siempre a defenderse de acusaciones infundadas. Ha añadido que el que debería tener “miedo” sería el líder del PP vasco, Javier de Andrés, que ha criticado a los nacionalistas en una entrevista en ETB2. El PNV, con el anterior informe de la UCO en esta causa, el de junio, ya negó que el empresario Alonso fuera su enlace con el PSOE. Sin embargo, Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, sí admitió que el hasta ahora desconocido contratista, natural de Elgoibar como él, había propiciado un acercamiento entre los socialistas y la izquierda abertzale.

Pero el PNV tiene otro frente. El de Navarra. Como ya explicó Cerdán cuando declaró en el Tribunal Supremo al inicio de esta misma investigación, su amigo y socio Alonso es más próximo a los nacionalistas que a su partido. Nacido en Gipuzkoa, residente en Bizkaia y conseguidor en Navarra, era una figura muy próxima a la expresidenta de 2015 a 2019 Uxue Barkos, al todavía consejero dentro del equipo de María Chivite José María Aierdi y al Grupo Noticias, en concreto a los directivos Iñaki Alzaga y Joseba Santamaría. El primero tenía un 4% de Alegure, una sociedad paralela de Servinabar 2000, y el segundo negoció una participación idéntica en la propia empresa central de caso, de la que luego Cerdán y su familia extraían dinero para sus gastos personales.

El papel de Geroa Bai

El PNV opera en Navarra con la coalición Geroa Bai. Barkos y Aierdi son de la otra pata, ahora llamada Socialverdes. Las relaciones entre los dos socios no pasan por su mejor momento. Un dato: el PNV necesita de un socialista, Martín Sans, para tener grupo propio en el Senado mientras Barkos forma parte del de Sumar y, de hecho, ha representado a la coalición de izquierdas en la comisión de investigación del tema, aunque se ausentó con la visita del empresario Alonso.

Salvo la obra de un colegio, que recayó en una UTE entre Acciona y Alegure, el resto de adjudicaciones con Geroa Bai en Navarra proceden de la parte de Socialverdes. Con Barkos, por ejemplo, Alonso participó en la reforma del “archivo”, es decir, de un ala del propio palacio presidencial. Aquello se formalizó en 2018.

El portavoz de Geroa Bai y secretario general de Socialverdes, Pablo Azcona, ha pedido a la luz del informe de la UCO “no sacar conclusiones antes de tiempo”. Ha considerado un correo electrónico entre Alonso y Barkos, siendo presidenta, como algo perfectamente normal. Y ha añadido que su formación tiene “tolerancia cero” con la corrupción. Esteban, de su lado, ha añadido que el caso entraría en una nueva dimensión si se prueba que la corrupción comportó financiación irregular del PSOE. “Si el asunto salpica o no como organización al PSOE, eso haría saltar todo por los aires. El propio presidente se vería obligado a dar el paso de la convocatoria electoral”, ha indicado el líder del PNV.

La Justicia continúa haciendo efectiva la ejecución de la pena a los implicados en la trama de corrupción del 'caso De Miguel', la mayor causa de corrupción conocida en Euskadi y que, después de lustros de investigación, quedó cerrada con una sentencia firme del Tribunal Supremo en 2023. Así, el líder de la trama de cobro de comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava hasta su detención por este caso, tendrá que abonar otros 5.706,50 euros, por ejemplo.

Son las denominadas “costas”. En las últimas semanas, la Audiencia Provincial de Álava, encargada de controlar esta fase del proceso, ha puesto números al abono de este concepto, que suma a las otras medidas de tipo económico como las multas o las responsabilidades civiles y, desde luego, a las penas privativas de libertad e inhabilitaciones. El total ronda los 35.000 euros.

La parte más alta corresponde a De Miguel, pero los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Aitor Tellería y Koldo Ochandiano han recibido, igualmente, minutas de 2.663 y 3.423,90 euros, respectivamente, según indican fuentes judiciales. El exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, de su lado, tendrá que abonar 1.902,20 euros. De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles fueron, de la docena de condenados, los únicos que ingresaron en la cárcel, aunque pasados menos de dos años ya han logrado un régimen atenuado con salidas diarias y pernocta en prisión.

Según explican las fuentes consultadas, las costas ya no se utilizan para que los condenados cubran el coste del procedimiento, que en este caso ha durado más de una década y ha implicado incluso la reforma de una sala de vistas de la Audiencia Provincial para dar cabida a todos los procesados en su día, más de una veintena. Se emplean para resarcir el coste que ha supuesto el proceso para las acusaciones no públicas. La liquidación, en este caso, menciona expresamente que atienden a los gastos en que ha incurrido el “Gobierno vasco”. Esta institución estuvo personada principalmente por los contratos irregulares que Sánchez Robles facilitó a la trama de empresas controladas por De Miguel para procurarles financiación ilícita.

Las denuncias de posibles delitos contra la libertad sexual de menores en un campamento de la localidad alavesa de Bernedo han desnudado otro grave problema, el del bloqueo de la Justicia en Euskadi en general y en Vitoria en particular. La fiscal superior vasca, Carmen Adán, explicó a los medios que las primeras alertas se conocieron en primavera y quedaron en el “limbo”, de modo que este verano se ha vuelto a celebrar la colonia y, nuevamente, han aparecido más denuncias. De haberse incoado el procedimiento con normalidad, podrían haberse adoptado medidas cautelares, sugieren las fuentes consultadas. La investigación sólo se ha iniciado ahora, con el debate instalado en los medios de comunicación.

El caso recayó en el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular es, desde hace unos meses, Álvaro Silván Hernández, un joven magistrado de la promoción 71 y procedente de Logroño. Una fuente de la plaza lo define como “bastante serio” y “bastante rápido”. El gran asunto que ha tramitado en este tiempo en la capital vasca ha sido el del asesinato de un joven a la salida de una discoteca, la Mítika, a manos de un portero. Sin embargo, en esa sala ha habido también un cambio casi total de la plantilla de funcionarios, lo que condiciona también la continuidad de los expedientes.

Antes, la sustituta Eider Retegui gestionó Instrucción 3. La titular original era María Elena Rodríguez Molpeceres. Sin que copara titulares, este juzgado también bloqueó durante meses y meses un asunto muy relevante. Se trató de la denuncia de la Fiscalía contra la viceconsejera del Gobierno vasco Amaia Barredo por haber autorizado el proyecto Valogreene Paper de Bergara. Era un caso de presunta prevaricación. El ministerio fiscal llegó a pedir en varias ocasiones explicaciones al juzgado por las dilaciones en la incoación de las diligencias. Este periódico informó de ello.

Finalmente, se inició el sumario, pero nunca se completó. Barredo, después de una temporada como diputada foral en Álava, fue nombrada consejera en el gabinete de Imanol Pradales. Los miembros del Gobierno son aforados y solamente pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Durante meses, el asunto estuvo peloteando entre la sala de Vitoria y la civil-penal del Superior. Todo acabó archivado sin que se hiciera ninguna comprobación especial en la segunda instancia. Y eso que el propio Superior, en la sala de lo contencioso-administrativo, ha emitido cuatro sentencias contra la autorización de Barredo, que está anulada a la espera del recurso al Supremo.

Una fuente judicial explica también que la no incoación de una denuncia ha supuesto que un caso “de corrupción” que estaba “muy bien atado” haya quedado en agua de borrajas, con un archivo sin siquiera tener una mínima tramitación. El cargo público implicado, cuya identidad no ha trascendido, sigue en ejercicio en la actualidad. Esto se ha producido en un juzgado de Bizkaia. En general, los grandes casos de corrupción en Euskadi, casi sin excepciones, han visto rebajadas las penas por “dilaciones indebidas”. Así ha ocurrido en el de Alfredo de Miguel, en el de Víctor Bravo -que ni siquiera llegó a entrar en prisión-, en el del saqueo del Museo Balenciaga de Getaria y en otros.

La causa por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018 se acaba de reabrir para que haya un juicio muy limitado a un único examen, el de Cirugía Plástica. Ese procedimiento ha acumulado meses y meses de parón y, al término de la investigación, ni siquiera se habían revisado los exámenes de todas las categorías objeto de la causa a pesar de que, en los que sí se recogieron, habían algunos indicios.

¿Y en Gipuzkoa? “Tenemos dilaciones. Y muy gordas”, afirma un jurista que opera allí. Menciona que hay un caso concreto de una magistrada que tiene sentencias sin emitir de juicios celebrados “hace tres años”. “Hablamos de delitos contra la hacienda pública, agresiones sexuales, ... De todo”, agrega. La media de incoación de los procedimientos, es decir, el momento en el que se inicia formalmente una causa, es ya de dos meses en los juzgados vascos, según la Fiscalía.

El ministerio fiscal, que por medio de la habitualmente comedida Carmen Adán ha decidido dar el paso de denunciar la situación del caso de Bernedo, ha realizado ya varias peticiones al Consejo General del Poder Judicial para que analicen qué está pasando y por qué. No consta que haya respuesta a esas quejas salvo por el caso de una magistrada de lo social apartada a finales de 2024 en Donostia por acumular 198 casos pendientes.

El Archivo de Álava dispone de una colección de 201.079 fotografías históricas digitalizadas. Y el álbum crece sin cesar. Entre las incorporaciones más recientes está el seguimiento de la legislatura foral alavesa de entre 2007 y 2011, con Xabier Agirre como diputado general. En ese grupo de imágenes, centenares, ha aparecido material inédito sobre quien fuera responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial en aquel gabinete, Alfredo de Miguel, del PNV, que tuvo que dimitir en marzo de 2010 tras ser detenido por la Ertzaintza. Tras una larga investigación, acabó encarcelado hace ahora dos años por ser el cerebro de una trama de corrupción que manipulaba adjudicaciones, blanqueaba dinero y recaudaba comisiones ilegales.

Sus últimas fotografías antes de su arresto -estando ya investigado- son del 9 de marzo de 2010. Quedaba apenas una semana para que el juez Roberto Ramos firmara la orden judicial de detención y que estallara el caso ante la opinión pública. Se trata de 73 imágenes de un Consejo de Diputados extraordinario celebrado en el parque tecnológico de Miñano con motivo de la presentación del plan Deika. La galería adquiere especial simbolismo porque fue precisamente por una denuncia en Miñano por lo que se originó el escándalo.

Una empresaria contratada para la ampliación del polígono, Ainhoa Alberdi, alertó a la Fiscalía en diciembre de 2009 de que De Miguel la estaba presionando para que le pagara una comisión. El gerente del complejo cuando se produjeron los hechos era otro cargo del PNV, Alfonso Arriola, que permitió que el 'número dos' de su partido en Álava, sin responsabilidades directas allí, teledirigiera una adjudicación para luego lucrarse. Fue un 'modus operandi' que había repetido en otros lugares.

Las fotografías, factura de una Canon de Quintas, arrancan con una imagen de De Miguel llegando a Miñano acompañado de sus colegas, incluida Estefanía Beltrán de Heredia, que luego sería consejera de Seguridad durante la investigación, que tuvo en la Ertzaintza a la Policía judicial principal. Ahora es la portavoz del PNV en el Senado. El Consejo de Diputados como tal se reunió en una sala de Miñano. Lo presidía, junto a una bandera de Álava y a una ikurriña, el ya fallecido Xabier Agirre. Era un gabinete de coalición con EA y con Aralar.

Después, de cara a la presentación del plan Deika, vinculado con la innovación y la economía, se hizo una suerte de recepción a invitados y medios de comunicación en la que participó De Miguel, de traje y corbata. Estaba siempre al lado de Agirre. Hay decenas de personas pero son dos con los que a quien todos conocían como Txitxo sonrió de manera singular. Uno era Aitor Tellería, director de la sociedad pública Ceia, un semillero enclavado en Miñano. Tellería, como De Miguel, era también dirigente del PNV en la época. También acabó detenido unos días después.

Tellería, De Miguel y un tercer cargo del PNV alavés, Koldo Ochandiano, habían creado una empresa pantalla llamada Kataia Consulting, que estaba a nombre de sus tres esposas, para canalizar las mordidas. Es la primera imagen de De Miguel y Tellería juntos en un acto público antes de la investigación y el juicio, cuando se sentaron uno al lado del otro en el banquillo de los acusados. La empresaria Alberdi señaló precisamente a la pareja como quienes la presionaron directa e indirectamente, con encuentros amenazantes con su padre, afiliado nacionalista.

El segundo momento destacado del 'besamanos' es el de Iñaki Gerenabarrena, presidente del PNV alavés y muy próximo a los corruptos. Meses después acabaría despojado de ese cargo y relevado por el propio Agirre, de un sector contrario al de los detenidos y que esgrimió la “tolerancia cero” contra la corrupción. Txitxo no tuvo una intervención pública en ese evento pero sí se sentó en primera línea con otras autoridades como el alcalde de Vitoria, entonces del PSE-EE, Patxi Lazcoz.

La siguiente carpeta en la colección de fotografías de esa legislatura es precisamente del día en que fue arrestado, el 17 de marzo de 2010. Se le esperaba en un acto en la Casa de Cultura de Vitoria. Su silla quedó vacía. Al día siguiente perdió ya su cargo público por las graves acusaciones que se cernían sobre él y que luego se fueron confirmando muchos años después. Hasta 2032 cumple una condena de prisión aunque, desde el pasado verano, goza ya de un régimen atenuado que le permite hacer salidas diarias para actividades profesionales de reinserción. En la colección de la legislatura 2007 a 2011 hay otros momentos con De Miguel. Aparece posando con Arriola, por ejemplo. Y en una celebración de San Prudencio, el patrón de Álava, hay fotografías de su esposa, Ainhoa Bilbao, otra de las implicadas en la trama.

La condenada por corrupción en la trama del 'caso De Miguel' Iratxe Gaztelu-Urrutia, del PNV, intentó con varios recursos evitar su inhabilitación como funcionaria del Gobierno vasco y también su exclusión de la bolsa de trabajo y la advertencia de no participar en convocatorias de acceso al empleo público. Sin embargo, en una reciente sentencia, la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado sus pretensiones y ha dado la razón a la Administración.

Gaztelu-Urrutia, que llegó a ser candidata en unas autonómicas con Juan José Ibarretxe, era la esposa de Koldo Ochandiano. Ochandiano, con sus compañeros dirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, conformó una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para canalizar el cobro de comisiones ilegales. Pusieron la mercantil a nombre de sus tres esposas. Las administradoras nominales eran Gaztelu-Urrutia y las parejas de De Miguel y Tellería, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo.

Aunque las tres intentaron esquivar sus responsabilidades asegurando que no tenían conocimiento de nada, el sumario acreditó su participación en la asociación ilícita. Gaztelu-Urrutia, por ejemplo, realizó en plena calle una entrega de 30.000 euros en metálico al entonces 'número dos' del PNV alavés, De Miguel. Lo hizo con 60 billetes de 500 euros. Esos fondos procedían de la comisión abonada por promotores catalanes de un proyecto urbanístico en la localidad alavesa de Zambrana. Usaron como justificación una falsa amenaza de ETA para justificar semejante movimiento de dinero en efectivo.

Gaztelu-Urrutia fue hallada responsable de un delito de asociación ilícita y de otro de blanqueo de capitales. Su pena de prisión fue de 18 meses, pero no se ejecutó al carecer de antecedentes. Su marido, Ochandiano, sí entró en prisión, al igual que Tellería y De Miguel y un cuarto implicado, Xabier Sánchez Robles. Además, las diferentes sanciones económicas que pesaban sobre ella sumaban un máximo de 324.650,63 euros.

La sentencia se convirtió en firme en 2023, cuando el Tribunal Supremo ratificó casi en su integridad el fallo inicial de la Audiencia Provincial de Álava, de 2019. En su caso, el Gobierno informó de su inmediata salida como funcionaria interina y también del veto a poder optar a nuevas convocatorias. La sentencia preveía para ella una inhabilitación para cualquier cargo tanto en las instituciones autonómicas como locales. En su caso, estaban vinculados con su formación en medicina.

El despido fue ejecutado por un director del Gobierno vasco y recurrido inicialmente en vía interna. El argumento de la condenada era que la sentencia no precisaba para qué puesto específico era la inhabilitación “especial” y que, por lo tanto, se le estaba aplicando una inhabilitación “absoluta” en ningún caso prevista en la sentencia judicial. Un viceconsejero denegó sus pretensiones y Gaztelu-Urrutia acudió a los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo. Perdió en primera instancia en un juzgado de Vitoria y lo ha hecho también, hace apenas unas semanas, en el Superior vasco. Uno de los argumentos que se le repiten es que no se puede pretender anular una condena penal en la jurisdicción contencioso-administrativa por más que la ejecución material la adoptara el Gobierno vasco.

Esta sentencia sobre Gaztelu-Urrutia, a la que ha tenido acceso este periódico, aparece mencionada en el expediente de otro de los condenados, Alfonso Arriola. En su caso, continúa trabajando para la Administración y ha sido objeto de controversia por el desarrollo profesional interno que ha tenido en los últimos años. Ahora gestiona programas de ayudas forestales, por ejemplo, y ha llegado a ser “responsable de políticas y fondos de la UE”. En su caso se argumenta que la inhabilitación -que sigue vigente- es para puestos en sociedades públicas y no en la Administración general, ya que el delito lo cometió siendo gerente del parque tecnológico de Miñano. En su caso, la pena era de prevaricación sin prisión, más atenuada que la de Gaztelu-Urrutia.

El Gobierno vasco ha enviado al Parlamento, a instancias del representante del PP Santiago López Céspedes, toda la documentación que obra en su poder sobre su funcionario Alfonso Arriola, exmiembro del PNV recientemente ubicado al frente de un programa de ayudas del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca y que está cumpliendo una condena en firme por corrupción dentro de la trama del 'caso De Miguel', el mayor caso conocido en Euskadi. Parte de la información ha sido adelantada por 'Gara'. En los datos figura también que, además de ser “responsable” de estos programas, Arriola “estuvo en asignación de funciones en el puesto de responsable de políticas y fondos de la UE”.

Tanto la consejera Amaia Barredo, que dirige el área para la que trabaja Arriola, como María Ubarretxena, responsable de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (que gestiona la política de funcionarios y los servicios jurídicos), insisten en que la condena de la Audiencia Provincial de Álava y del Tribunal Supremo, una inhabilitación por el delito de prevaricación que quedó acreditado por facilitar que la trama de su excompañero y amigo Alfredo de Miguel cobrara comisiones, solamente afecta a sociedades públicas. Es decir, puede continuar siendo funcionario sin ningún obstáculo.

En el expediente consta un cruce de correspondencia entre la Administración -el exviceconsejero José María Armentia- y la Audiencia Provincial de Álava que así lo atestigua. Ni siquiera la Fiscalía, en un documento firmado por el responsable del caso desde su misma génesis allá por 2009, Josu Izaguirre, se opuso a esta interpretación. Eso sí, aunque ni comporte prisión ni inhabilitación absoluta, la condena técnicamente no ha expirado y no lo hará hasta la primavera de 2027 porque era de cuatro años y se convirtió en firme en 2023.

En el largo expediente constan también variadas funciones que ha asumido Arriola desde su reincorporación a la Administración y hasta la actualidad, cuando ha saltado a la luz pública que gestionará ayudas forestales. Fue en 2010 cuando reingresó a su plaza funcionarial. Ese año fue detenido por la Ertzaintza por este mismo caso y quedó despojado de su cargo anterior de libre designación, el de asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a propuesta del PNV. Entonces en el Gobierno vasco el lehendakari era del PSE-EE, Patxi López, y Arriola había sido destituido como gerente del parque tecnológico de Miñano, el lugar donde cometió el delito de corrupción. Fue allí donde facilitó que De Miguel ejerciera su influencia por intereses personales y lucrativos. El propio De Miguel escribió una carta al Ejecutivo socialista para protestar por la salida de Arriola y para poner en valor su trabajo, según otros documentos que obran en poder de este periódico.

El Gobierno asegura que sus nuevas funciones responden a “un proceso de concurrencia competitiva”, es decir, que no ha sido nombrado por el procedimiento de libre designación. Se incide en que “es la persona que ha demostrado mayor mérito y capacidad de conformidad con las bases de la convocatoria” y Barredo responde con un simple “no” a la pregunta de si Arriola ha tenido “una mejora retributiva” con los últimos cambios. En 2023, cuando su condena se hizo firme, se conoció que tenía una nómina de 6.018,79 euros mensuales más dos pagas extraordinarias de 3.653,94 euros.

El viceconsejero Armentia, que hizo un informe sobre Arriola al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, aunque desde 2019 había ya una sentencia de primera instancia en el mismo sentido, indicó que en 2023 Arriola realizaba labores como “control contable”, “elaborar informes contables” o “elaborar liquidaciones”. Su puesto actual es de “responsable de programa empresarial”, un alto funcionario que “diseña estrategias de política industrial y comercial”. Sin embargo, la información facilitada a López Céspedes revela que, “además del puesto de responsable de programa empresarial”, por la baja de incapacidad temporal de su ocupante, estuvo en asignación de funciones en el puesto de responsable de políticas y fondos de la UE“. No se aclara si este puesto es otro automatismo o si medió algún tipo de designación discrecional. Tampoco la duración de esa ”asignación de funciones“.

La nueva posición de Arriola fue adelantada por este periódico a comienzos de abril. El lehendakari, Imanol Pradales, dijo al respecto que la designación para gestionar ayudas de un condenado por corrupción no era “edificante” aunque fuese “administrativa” y no política. El dirigente del PNV y portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi añadió: “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas”. Por el contrario, la consejera Barredo, de quien depende Arriola, manifestó en el Parlamento que no merece “cadena perpetua”. Desde la oposición tanto el PP, el que ha solicitado esta información, como EH Bildu, que igualmente ha registrado otras iniciativas, han coincidido en que los nacionalistas “protegen” y “premian” a los condenados en casos de corrupción que les afectan.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha relevado al director de Régimen Jurídico fichado por su predecesor, Jokin Bildarratz. Según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque no se informó de ello públicamente en el último Consejo de Gobierno, termina por motivos de conciliación familiar su etapa en el Gobierno Eneko Goenaga -a quien se le agradecen los servicios prestados- y asume esas funciones Martín Gartziandia, que fue Síndico (defensor del vecino, un puesto similar al del Ararteko) en Vitoria, así como secretario municipal en una etapa más reciente.

Bildarratz fichó a Goenaga en 2022. Este jurista, sobrino del histórico dirigente del PNV guipuzcoano Joseba Egibar, aunque había estado en la constructora Amenabar, procedía del bufete Cuatrecasas. Allí, de la mano de Gonzalo Susaeta, formó parte del equipo de abogados de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción que se desarrolló en 2018 y que acabó con este exdirigente del PNV alavés encarcelado.

En su etapa en el Gobierno, el momento más polémico llegó con la contratación como asesor jurídico externo precisamente del director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, para resolver la crisis abierta con la contrata de autobuses escolares en el curso 2023/2024. La oposición cuestionó al Gobierno no solamente por la incorporación de Labayen mediante un contrato directo -cuya responsabilidad asumió en primera persona el propio consejero- sino porque Labayen era a la vez asesor de una de las empresas adjudicatarias, Autocares Urpa.

Gartziandia, de su lado, llega como un jurista reconocido en Vitoria en sus diversas funciones, la primera más pública (atendiendo las quejas vecinales y proponiendo medidas) y la segunda más de control de legalidad interna. Colaboró con los dos últimos alcaldes, Gorka Urtaran del PNV y Maider Etxebarria, del PSE-EE. Su despedida municipal en 2024 concitó apoyos plurales y el apunte de que el “rigor” es una de sus señas de identidad.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, verbalizó en hasta dos ocasiones en la última sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco que Alfonso Arriola, funcionario del Gobierno a su cargo, había “cumplido” ya su condena por corrupción. Sin embargo, dos fuentes judiciales rechazan esta afirmación y confirman que no, que sobre Arriola sigue pesando hasta marzo de 2027 una pena de inhabilitación aunque eso no le impida legalmente ser empleado público en la Administración general y, como se ha conocido ahora, gestionar programas de ayudas públicas.

Los comentarios de Barredo se produjeron en el Parlamento Vasco como respuesta a una pregunta de EH Bildu. “Esta persona, efectivamente, fue acusada, fue juzgada y fue condenada. Y ha cumplido su pena. Una pena que no le ha inhabilitado, además, en ningún momento a desempeñar el cargo de funcionario del Gobierno vasco”, expuso la consejera del PNV. Pocos minutos después, insistió: “No sé por qué a usted le puede generar alguna duda la interpretación de su inhabilitación. Esta persona, además, ya ha cumplido su pena”. Después, acusó a EH Bildu –y también al PP– de buscar una “cadena perpetua” para Arriola. La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, cortó los comentarios que estaba haciendo Barredo sobre Arriola porque su tiempo se había agotado.

Arriola, exmiembro del PNV alavés, era director gerente del parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica. Desde esa posición, como se acreditó en un juicio, facilitó que el ex 'número dos' de su formación, Alfredo de Miguel, manipulara adjudicaciones para recaudar comisiones ilegales. Por ello, se dio por probado que cometió un delito de prevaricación. No comportó la entrada en prisión –a diferencia de lo que le ocurrió a De Miguel, por ejemplo– pero sí una inhabilitación.

El fallo, textualmente, acota esa imposibilidad de ocupar “cualquier cargo” a “sociedades participadas por capital público”. Por eso, nada ha impedido que pueda ser funcionario de la Administración general y promocionar en un proceso interno hasta lograr una plaza con responsabilidad para gestionar programas de ayudas, como ha sido el caso. De hecho, podría ser incluso consejero, ironizan las fuentes consultadas. Sin embargo, eso no hace que haya “cumplido” su pena. No podría recuperar su puesto en Miñano. Pero tampoco ir a Hazi, Neiker, Elika o Puertos, las entidades que cuelgan del organigrama de Barredo.

Eso solamente podría ocurrir a partir del 15 de marzo de 2027, siempre según estas fuentes judiciales. Ese día se cumplirán los cuatro años fijados en el auto de ejecución de pena emitido por la Audiencia Provincial de Álava el 15 de marzo de 2023 y que hizo firme la sentencia de enero de ese año emitida por el Tribunal Supremo. Entonces, se dictará una resolución que determine eso, que ya quedarían liquidadas todas las responsabilidades por su participación en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. El aludido tiene derecho a recibir una notificación oficial.

Fuentes del equipo de Barredo matizan que, en todo caso, Arriola “lleva quince años sin desempeñar cargos de libre designación” y que eso es lo revelante. Explican que tras su detención “al conocerse las imputaciones” salió de su puesto como asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, donde había sido recolocado tras salir de Miñano. Después, “por propia iniciativa” ha regresado a su plaza de funcionario. “La sentencia le inhabilita para empleos o cargos públicos en sociedades participadas por capital público. Desde 2010 que solicitó el reingreso no ha ocupado puestos de estas características. Es a lo que se refería la consejera en su intervención”, abundan desde el Gobierno.

La consejera, en todo caso, tendrá que dar más explicaciones sobre Arriola. Están pendientes de ser respondidas tres peticiones de documentación realizadas por EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre los dos programas de ayudas a cuyo frente estará el funcionario. Y hay una cuarta registrada este mismo lunes. De nuevo la parlamentaria Lamia Arcas, que en esta legislatura ha asumido la portavocía para los casos de irregularidades y transparencia, quiere que se aclare si el hecho de que Arriola presida comisiones para el reparto de ayudas públicas es un automatismo por la plaza funcionarial que ha logrado o si, por el contrario, ha sido una decisión adoptada por alguien. La coalición sostiene que el PNV sigue protegiendo e incluso “premiando” a los condenados del 'caso De Miguel'. El PP también ha mantenido tesis similares.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, del PNV, es inflexible con los tiempos en las intervenciones en las sesiones de control al Gobierno. Incluso si quien tiene la palabra es de su partido. Así, ha recriminado este viernes a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, que quisiera persistir en su alegato a favor del funcionario de su equipo Alfonso Arriola, exmiembro de su partido condenado por corrupción y que recientemente ha pasado a gestionar convocatorias de ayudas forestales. Cuando le han retirado la palabra, Barredo empezaba a acusar a EH Bildu -y al PP- de pretender una “cadena perpetua” para quien no está inhabilitado para ser empleado público por los delitos que cometió en el marco del 'caso De Miguel', por el que llegó a ser detenido en 2010 por la Ertzaintza.

Fruto del parón en las sesiones parlamentarias de casi un mes por la concatenación de Semana Santa, Pascua, San Prudencio y el Primero de Mayo, esta noticia de comienzos de abril ha llegado ahora a la Cámara. Y Barredo ha insistido en que Arriola, que cometió un delito de prevaricación para facilitar el cobro de comisiones ilegales de su compañero de partido Alfredo de Miguel, ocupa la posición que ocupa por haber obtenido una plaza en una convocatoria objetiva y abierta, no por “libre designación” o motivos políticos.

Pero ha ido más allá. Ha afirmado por dos veces que Arriola “ha cumplido ya su condena” cuando, aunque no le afecte para ser funcionario, tiene inhabilitaciones para otros ámbitos de cuatro años en un fallo firme, según la pieza de ejecución emitida por la Audiencia Provincial de Álava el 15 de marzo de 2023. También en que hay quien buscar “mezclarlo todo” y buscar una “cadena perpetua” para Arriola. No se ha escuchado qué más ha querido decir porque Tejeria le ha retirado la palabra.

Se da la circunstancia de que el tono de Barredo es diferente al que habían empleado tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi. El uno, en 'El Correo', aseguró que la designación para gestionar ayudas de un condenado por corrupción no era “edificante” aunque fuese “administrativa” y no política. El otro, en Radio Vitoria, añadió: “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas”.

La consejera ha insistido en la idea de que la plaza obtenida por sus méritos por Arriola lleva aparejada sí o sí la gestión de ayudas. De hecho, ha indicado que a los programas actuales que gestiona le corresponderán más en el futuro por el mismo motivo. Tiene vigentes todos sus “derechos” como funcionario para promocionar y hacer su carrera, ha manifestado también.

Lamia Arcas, de EH Bildu, ha formulado la preguntas a Barredo sobre Arriola. Según su tesis, el puesto funcionarial no debería comportar indefectiblemente que presida comisiones de asignación de ayudas públicas. Arcas ha añadido que hay una voluntad política de “proteger” y “premiar” a un condenado por corrupción. “Mientras estén en el poder con su mayoría absoluta, seguirán utilizando en beneficio de los suyos todos los instrumentos”, ha sentenciado.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y dirigente del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, han matizado el argumentario sobre el nombramiento de Alfonso Arriola, condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', para gestionar como alto funcionario un programa de ayudas forestales del Gobierno vasco. Aunque se insiste en que no ocupa ningún cargo político o de confianza sino una representatividad meramente funcionarial a la que ha accedido por procedimientos reglados, ahora se admite que no es una decisión ejemplar desde el punto de vista político.

Pradales, en 'El Correo', manifestó que no era algo “edificante”. Ahora, en Radio Vitoria, Díez Antxustegi ha afirmado que no le gusta que Arriola gestione dinero público. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta. Es la realidad. Pero [...] ni es un nombramiento político ni la firma la pone un político. Hay un procedimiento administrativo, se presenta a un puesto y le es adjudicado. ¿A mí me gusta? No. Como dijo el lehendakari, ¿es edificante? No”, ha señalado.

Díez Antxustegi, que desde hace dos semanas suma a la portavocía del PNV en la Cámara un cargo en la nueva dirección de Aitor Esteban, añade que haber forzado que Arriola no pudiera promocionar habría sido cometer precisamente lo que le llevó a él al banquillo de los acusados, prevaricación. “Y eso también es corrupción”, ha señalado. Todavía no se ha aclarado si las nuevas funciones de Arriola comportan una subida salarial. En 2023, cuando recibió del Tribunal Supremo la pena en firme por su gestión al frente del parque tecnológico de Miñano a propuesta del PNV, tenía una nómina en la Administración de más de 6.000 euros mensuales y dos pagas extraordinarias de más de 3.000 euros.

El lehendakari, Imanol Pradales, que es del PNV y que gobierna con el PSE-EE, insiste pleno de control tras pleno de control en que le gustaría que el PP “arrimara el hombro” en Euskadi y se sumara a los acuerdos, al igual que defendió las modificaciones en el Concierto Económico aprobadas en el Congreso este jueves. Pero, a la vez, en una aparente relación de amor-odio, el Gobierno critica con dureza a los 'populares' porque creen que importan al Parlamento Vasco las formas de hacer política “de Madrid”. “Dejemos de mirar a Madrid. Dejen de mirar a Madrid. No es ni el estilo ni el ambiente que merece la sociedad vasca”, ha lanzado Pradales.

En la última sesión de control al Gobierno antes de un largo parón por encadenamiento de la Semana Santa, la semana de Pascua, San Prudencio -festivo en Vitoria- y el 1 de mayo, Pradales y el líder del PP vasco han protagonizado el 'cara a cara' más relevante ya que el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, no ha intervenido y la coalición tampoco ha preguntado al lehendakari en su turno. “Esperemos ver a un PP que de verdad arrima el hombro por Euskadi”, ha sido el textual de lo dicho por Pradales.

De Andrés ya era consciente de que Pradales le iba a trasladar ese mensaje y, de entrada, le ha recordado que el PP es “oposición” y que le toca controlar al Gobierno. De hecho, el líder conservador le ha emplazado al del PNV a que sea él el que “arrime el hombro” pero “por los intereses de los vascos y no por los intereses de su partido”.

De hecho, ha realizado una larga enumeración de asuntos que irritan al PP. En esa lista estaba que “el viceconsejero, Mikel Torres, oculta información a este Parlamento” -en referencia al vicelehendakari, que se ha sonreído en su escaño-, que el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, “no se entera de nada” -un comentario recogido con incredulidad por el aludido-, que el Ejecutivo vasco tiene “más asesores que el Gobierno británico”, que una de esas asesoras es “una burukide” del PNV, Miren Martiarena, que busca que las arcas públicas cubran su nómina del partido, y que Alfonso Arriola, “condenado por corrupción” en el 'caso De Miguel', esté “al frente de millonarias subvenciones” como alto funcionario.

“Si usted no quiere promocionar a personas corruptas, nos pondremos de acuerdo”, ha zanjado De Andrés. Cree que Euskadi “finge” que puede ser “de Champions League” cuando “lucha por no descender de categoría”, según el PP. “Es una lástima. Juegan con la política del brochazo gordo. Está empeñado en traer lo peor de la política madrileña a esta Cámara”, ha replicado Pradales.

Minutos después, el PP y el Gobierno han mantenido otro encontronazo en la sesión plenaria. Ainhoa Domaica, exportavoz en Vitoria, ha cuestionado el compromiso del Ejecutivo de PNV y PSE-EE con la capital de Euskadi hasta el punto de que le ha afeado al Gobierno que no use ese calificativo. La portavoz, María Ubarretxena, ha replicado que ese compromiso es real y existe, con más de 100 millones en canon de capitalidad en la última década. Ahora toca renegociar ese acuerdo, fijado en 10 millones anuales desde 2017. Con todo, Ubarretxena también ha afeado a los 'populares' su tono bronco y sus formas.

La principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, EH Bildu, ha considerado que el Gobierno de Imanol Pradales “está enviando un mensaje de impunidad a la sociedad” con el nombramiento de Alfonso Arriola, exmiembro del PNV condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', para gestionar 10,7 millones en ayudas forestales. “¿Qué puede pensar la gente al ver estas cosas? Pues que los partidos que gobiernan toleran la corrupción cuando los condenados son de los suyos y que incluso van más allá de tolerar, llegando hasta promocionarles y protegerles”, ha afirmado en un comunicado la formación abertzale.

EH Bildu dice haber encajado la noticia con “asombro” y “preocupación”. Arriola “fue condenado” pero “para el Ejecutivo eso no ha sido un obstáculo para mantenerle en la Administración pública e incluso nombrarle ahora presidente” de una comisión de valoración de las ayudas forestales. “Es incomprensible que una persona con el currículum de Arriola, condenado por prevaricación, sea puesto al frente de una comisión que tiene que decidir sobre el reparto de ayudas públicas. Es tan incomprensible como inaceptable, porque con esta decisión el Gobierno extiende en la sociedad una sensación de impunidad”, señalan.

La coalición ha señalado que solicitarán explicaciones al Gobierno en la próxima sesión de control y que solicitarán información por escrito a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Desean que se aclare “cuáles son las razones y justificaciones que les han llevado a ascender a Arriola”, dice EH Bildu. La parlamentaria Lamia Arcas, desde la tribuna y acompañada de tres libros sobre corrupción, ha recordado a la denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi.