El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado la celebración de un Pleno Extraordinario para abordar la implantación de Gotion en la ciudad. Según han justificado “no hay información” sobre este proyecto industrial que contempla una inversión de 1.000 millones de euros.

Los socialistas han señalado que la fábrica debe “constituir una prioridad” del equipo de gobierno y ser un “objetivo compartido” por el conjunto de la Corporación Municipal al ser una oportunidad estratégica para la ciudad, por su capacidad para generar empleo, atraer nuevas actividades y reforzar la posición de Valladolid en la transformación del sector de la automoción.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha alertado de que no se han visto avances en las últimas semanas y siguen sin conocerse detalles sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para crear un acceso por carretera al lugar donde se va a ubicar la gigafactoria. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró en un informe que el proyecto no cumple con la normativa y debe de ajustarse a la misma.

Herrero ha asegurado que Carnero tiene que ofrcecer ahora en el Pleno todos los datos: “Nuestra preocupación se deriva de la falta de información. Desde el inicio expresamos toda nuestra colaboración para apoyar los cambios urbanísticos y los trámites que sean necesarios para garantizar la implantación de la megafactoría de Gotion”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista añade un motivo más que le provoca esa inquietud: “En el mes de julio Carnero rechazó la creación de una Comisión Especial de seguimiento en el Ayuntamiento de Valladolid sobre el proyecto industrial de Gotion, pero lo más grave es que su socio de gobierno, Vox, cuestionó diversos aspectos del proyecto industrial.”

Esa promesa, según el PSOE, pasa por “poner a disposición las 60 hectáreas de propiedad privada que, sumadas a las 20 de propiedad municipal, necesita para empezar a construir las factorías”. “¿Qué ha sido de eso?”, ha remachado Herrero.

“Las semanas, los meses pasan sin que estas condiciones estén resueltas. Una inversión de esta dimensión está sujeta a decisiones empresariales y plazos de ejecución que Valladolid no puede desatender. La ciudad no puede permitirse que demoras evitables comprometan una oportunidad industrial y de empleo de esta importancia”, ha asegurado Herrero para cuestionar también si se van a crear partidas específicas para la dotación de accesos y urbanización de la zona.

1.000 millones de euros y 1.000 puestos de trabajo

Los proyectos anunciados contemplan una inversión próxima a los 1.000 millones de euros y, según las previsiones empresariales, la creación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo durante su funcionamiento, además de unos 2.500 empleos durante la construcción de las instalaciones. Su relevancia exige una actuación municipal diligente, una coordinación efectiva entre administraciones y un compromiso institucional a la altura de esta oportunidad.

El Ministerio de Industria ha concedido 138 millones de euros de ayudas a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. Sin embargo, siguen pendientes condiciones esenciales para materializar la implantación, entre ellas la disponibilidad efectiva de los terrenos y la culminación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

El pasado mes de agosto, el alcalde asumió públicamente el compromiso de facilitar la adquisición de los terrenos mediante la interlocución con sus propietarios y la búsqueda de una fórmula que permitiera agilizar el proyecto. Es necesario conocer qué actuaciones se han realizado desde entonces, qué resultados han producido y qué calendario se maneja para disponer del suelo necesario.

Asimismo, la modificación del PGOU todavía no ha sido sometida a la aprobación provisional. La resolución de los trámites pendientes y la definición de una solución viable para los accesos requieren una explicación precisa de las gestiones realizadas por el equipo de gobierno y de las actuaciones que corresponden impulsar a cada administración.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, volverá a cobrar el Ayuntamiento tras la disolución del Congreso y el Senado y la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, según ha explicado este lunes en una entrevista en Cadena Ser Valladolid. El regidor vallisoletano asumió su responsabilidad municipal el 17 de junio de 2023 y juró el cargo de senador el 17 de agosto. Resulta incompatible cobrar por ambos cargos, así que Carnero ha defendido estos tres años que cobraba del Senado para “ahorrarle” ese dinero a las arcas municipales.

“Dejo de cobrar como senador y, por tanto, empiezo a cobrar del Ayuntamiento, que hasta ahora le he salido gratis total”, ha defendido en el programa Hoy por Hoy Valladolid, en el que ha insistido: “Este alcalde ha sido el que le ha salido más barato [el Ayuntamiento] a lo largo de su historia. Tres años cobrando del Senado y no del Ayuntamiento”.

También ha defendido la figura del coordinador de Políticas Públicas (conocido como 'alcalde B'), un puesto creado de manera ilegal y que fue legalizado por el Consistorio tras una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996. El Ayuntamiento justificó este cargo por “razones de eficacia” y el alcalde ha apuntado que este coordinador, que tiene un sueldo de 85.000 euros, es “independiente de que el alcalde sea o no sea senador”.

“Seguirá habiendo ese coordinador siempre que el PP gobierne este Ayuntamiento. Otros, cuando gobiernen, que espero que sea muy tarde o nunca... allá ellos”, ha enfatizado Carnero, quien ha asegurado que es un puesto similar al de “jefe de área” para la Alcaldía. El puesto recayó en 2023 en Indalecio Escudero, mano derecha de Jesús Julio Carnero en sus etapas como presidente de la Diputación de Valladolid y consejero de la Junta de Castilla y León. Hace un año el regidor vallisoletano impidió un debate municipal relativa a la labor de este coordinador, hecho por el que la Justicia condenó a Carnero y obligó a permitir esta moción.

El alcalde de Valladolid también ha comentado a los medios de comunicación que está a disposición de su partido si quiere volver a incluirle en las listas al Senado del 29 de noviembre y ha insistido en que su motivación para ir al Senado no ha cambiado: el soterramiento, una infraestructura que prometió independientemente de qué partido dirigiera el Gobierno de España.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes distintos expedientes en materia de vivienda y gestión urbanística que permitirán incorporar 29 nuevas viviendas y unidades residenciales a la ciudad. Las actuaciones comprenden la transformación de locales existentes en viviendas, estudios y apartamentos, así como el desarrollo de una nueva parcela residencial mediante un proyecto de normalización.

En concreto, tres de los expedientes corresponden a licencias urbanísticas para la transformación de locales, que permitirán crear 20 nuevas unidades residenciales en la zona de la estación de autobuses, Pajarillos y El Palero, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La Junta de Gobierno ha concedido una licencia urbanística para la modificación del complejo inmobiliario en Plaza Crepúsculo, 1, que permitirá transformar un local en planta baja, actualmente en bruto, de 353,80 m2 construidos, en 10 estudios, todos ellos con acceso desde la vía pública. El presupuesto de ejecución material asciende a 254.318 euros.

Asimismo, se ha concedido licencia para la transformación de un local situado en la planta baja de un edificio de viviendas de la calle Gallo, 3, en 2 viviendas. El local, anteriormente destinado a bar, cuenta con 66,68 m2 construidos y la actuación contempla obras de reestructuración, con un presupuesto de ejecución material de 29.319 euros.

Por último, la licencia correspondiente a la calle Doctor Sánchez Villares, 33 permitirá transformar un local sin actividad situado en planta baja en 8 viviendas. El proyecto contempla una vivienda de dos dormitorios, dos estudios y cinco apartamentos, con acceso desde el espacio retranqueado de la edificación. El presupuesto de ejecución material asciende a 196.080 euros. 

Proyecto de Normalización en la calle Arenas

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado también el inicio del procedimiento para aprobar el Proyecto de Normalización en la calle Arenas. El proyecto define las cesiones gratuitas al Ayuntamiento de Valladolid, que comprenden 842 m2 destinados a red viaria y 144 m2 destinados a espacios libres, lo que supone un total de 986 m2. La normalización dará como resultado 11 parcelas y recoge la identificación de los propietarios de las fincas originales y la asignación del aprovechamiento correspondiente.

Como resultado de la gestión urbanística, la nueva red viaria interior y la nueva parcela de residencial unifamiliar permitirán ampliar el número de viviendas en unas 9. El proyecto ha sido informado favorablemente por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.

Enajenación de dos parcelas valoradas en un millón

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la enajenación de dos parcelas de propiedad municipal situadas en los números 2, 4 y 6 de la calle Montes Torozos, con el objetivo de poner a disposición del mercado suelo residencial. 

La enajenación de estos terrenos se justifica en el objetivo municipal de incidir en el mercado inmobiliario mediante la puesta a disposición de suelo residencial. La actuación está prevista en el Presupuesto Municipal de 2026 y se vincula a nuevos fines relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo.

Las dos parcelas han sido valoradas en un importe conjunto de 998.254 euros, más el IVA correspondiente. De esta cantidad, las parcelas correspondientes a los números 2 y 4, que integran la parcela PR02, están valoradas conjuntamente en 723.984 euros, mientras que la parcela número 6, correspondiente a la PR03, cuenta con una valoración de 274.270 euros.

La operación permitirá, de este modo, incorporar al mercado dos parcelas de titularidad municipal con destino residencial. La enajenación se enmarca en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y en la utilización de los recursos y terrenos de titularidad municipal para el cumplimiento de los fines previstos para este patrimonio.

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes las modificaciones de las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor en 2027, que incluye una nueva reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 5 por ciento, que se habrá reducido un 10% en este mandato.

En total, se han aprobado una decena de medidas que ha apoyado el Grupo Municipal Vox y que han rechazado los grupos de la oposición —PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP)—, por considerarlas electoralistas y propagandistas, en una sesión plenaria en la que también se ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2025.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha insistido en que esta rebaja es fruto de una planificación desarrollada durante toda la legislatura y, entre las novedades, ha destacado los incentivos fiscales para aerotermia y geotermia.

Los inmuebles que incorporen voluntariamente estos sistemas podrán beneficiarse de una bonificación del 50% en el IBI durante cuatro años, mientras que las obras necesarias para su instalación podrán obtener una bonificación del 95% en el ICIO, de acuerdo con los requisitos establecidos en las ordenanzas.

También se han aprobado medidas de apoyo a los mercados municipales, dos mejoras en la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos dirigidas especialmente a las actividades económicas, como el régimen de estimación directa a través de una auditoría a la generación de residuos.

Asimismo, se incorpora una bonificación del 25% de la cuota íntegra para empresas de distribución alimentaria y restauración que desarrollen sistemas verificables para prevenir y reducir el desperdicio alimentario en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro.

“Cumplimos también el compromiso de estudiar y mejorar esta tasa dentro del margen que permite la legislación. Se trata de vincular cada vez mejor la tributación a la realidad de los residuos generados y de incentivar comportamientos que reduzcan esos residuos”, ha destacado Blanco, que ha recordado que la tasa de basuras es una imposición del Gobierno.

Electoralismo y recortes

Los concejales Rocío Anguita (VTLP) y Alberto Palomino (PSOE) han coincidido en calificar estas medidas como electoralistas y propagandistas y han advertido de la pérdida de recursos para garantizar la prestación de servicios municipales a los vecinos.

“Van a dejar el Ayuntamiento hecho unos zorros”, ha advertido Anguita, mientras que Palomino ha reivindicado la gestión del equipo de gobierno anterior —de PSOE y VTLP— y ha advertido de que el Consistorio va a recaudar 3 millones de euros menos, cuando sólo en gastos de personal sumará 5 millones de euros el próximo año.

“¿De dónde van a recortar?”, ha inquirido Palomino al concejal de Hacienda, y ha asegurado que el próximo gobierno municipal va a encontrar “una situación financiera desastrosa”.

Por su parte, el edil de Vox Víctor Manuel Martín ha planteado estas medidas como una forma de compensar al ciudadano “los desmanes impositivos y el afán recaudatorio del Gobierno de España”, que ha modificado los impuestos en 140 ocasiones desde que Pedro Sánchez es presidente.

Cuenta General de 2025

Durante la sesión plenaria, también se ha aprobado -con los votos a favor de PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de VTLP- la Cuenta General del Ayuntamiento del año 2025, que ofrece la visión conjunta de la situación presupuestaria, económica, financiera y patrimonial del Consistorio y de su sector público municipal.

Según estos datos, el patrimonio neto municipal alcanza los 886,73 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca de 33,75 millones de euros durante el ejercicio 2025, mientras que la deuda financiera disminuye en 12,42 millones de euros y también desciende la deuda por habitante, que pasa de 700,87 euros en 2024 a 660,32 euros en 2025.

A juicio del concejal de Hacienda, ha asegurado que la Cuenta General confirma que “el Ayuntamiento continúa fortaleciendo su situación económica”, al contar con más patrimonio, haber reducido la deuda y haber alcanzado “una mayor solidez financiera”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha remitido al resultado del informe jurídico que anunció en el pleno municipal del pasado 14 de septiembre para ver si finalmente se incluye el concepto de violencia de género en el protocolo de vivienda de la empresa municipal VIVA, sustituido por violencia doméstica en la última modificación.

“Espero que esté en los próximos días, y en función de lo que señale ese informe jurídico, lógicamente procederemos en el órgano que está convocado. Por tanto, estamos a la espera de dicho informe”, ha respondido este viernes a preguntas de los periodistas durante la presentación de una campaña a favor del reciclaje, en Valladolid.

La semana que viene, está prevista una reunión de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), por lo que el regidor ha incidido en que el equipo de gobierno se encuentra a la espera del informe y que actuarán a la vista del mismo.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció este jueves que su departamento estudia un posible recurso contra el protocolo de acceso a la vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, tras mantener una reunión en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, en Valladolid, con colectivos feministas.

Estas asociaciones, además, anunciaron una gran movilización el 4 de octubre en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana para “exigir al ayuntamiento que rectifique”, ya que la aplicación del concepto de violencia doméstica perjudica a las víctimas de violencia machista en el acceso a las llamadas viviendas blancas. Asimismo, estos colectivos reclamaron al Ayuntamiento que les enseñara el informe jurídico que avala el cambio en el protocolo y también el informe de impacto de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que están analizando un posible recurso contra el protocolo de acceso la vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, que defiende el gobierno municipal de PP y Vox, y que en los criterios de acceso cambia el término “violencia de genero” por el de “violencia domestica”.

Así lo ha trasladado la ministra en un video tras reunirse este jueves en la Delegación del Gobierno de Castilla y León en Valladolid con asociaciones feminista de la ciudad para analizar ese cambio, con el anuncio de este colectivo de que habrá una gran movilización el 4 de octubre en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana para “exigir al ayuntamiento que rectifique”.

“No vamos a permitir que las políticas de igualdad y sobre todo las políticas contra la violencia de género den un paso atrás; y eso es lo que ha estado pasando en este momento con el Protocolo de Viva que va a impedir, cambiando la denominación violencia de género por la denominación violencia doméstica, que las víctimas de violencia de género, las mujeres víctimas, puedan acceder a esas viviendas sociales, a esas viviendas”, ha trasladado Redondo.

A juicio de la ministra, no es solo es un tema semántico: “Es un tema de igualdad, es un tema de derechos fundamentales de las mujeres”.

Ni tampoco se trata “de tema local de Valladolid; es un tema nacional, incluso es un tema global”, ha añadido la titular de Igualdad.

“La extrema derecha que gobierna con la derecha en muchos municipios y comunidades autónomas, está intentando revertir las políticas de igualdad y los derechos de las mujeres. Y en materia de igualdad no vamos a dar un paso atrás y vamos a defender a las víctimas de violencia de género”, ha reflexionado Rendondo.

Desde el colectivo feminista de Valladolid han explicado en otro video, remitido también por la Delegación del Gobierno, que no es lo mismo que en el acceso a las viviendas blancas en la baremación se aplique el concepto de víctimas de violencia de género que de violencia doméstica, ya que perjudica a las primeras.

Y han anunciado una gran movilización el mediodía del próximo 4 de octubre en la Plaza Mayor de Valladolid para exigir al ayuntamiento que “rectifique en esa mala decisión que ha tomado verdad de la mano de Vox, donde le ha absorbido completamente el cerebro para poder realizar este tipo de políticas públicas”.

Además, han reclamado al Ayuntamiento que les enseñe “ese informe jurídico que avala ese cambio y también el informe de impacto de género, que es muy importante”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que no bloquea la implantación de una gigafactoría de baterías eléctricas en la empresa china Gotion en Valladolid y ha recordado que el expediente, que continúa abierto, podrá continuar una vez se apliquen soluciones acordes a la normativa.

A través de un comunicado, el Ministerio ha respondido a la petición del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero (PP), para mantener una reunión urgente con el fin de “desbloquear” la llegada de esta empresa, después de que diera a conocer el informe negativo de la Subdirección General de Planificación y Proyectos a la modificación del PGOU.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde en declaraciones a los periodistas, donde ha explicado que el informe se pronuncia en contra de la propuesta del Consistorio de poner en marcha un enlace viario directo a la Vereda de Palomares, donde se instalarán las fábricas.

Según el Consistorio, la Subdirección General de Planificación y Proyectos rechaza una entrada directa a Palomares y plantea que sería necesario establecer vías colectoras en los municipios vecinos de Renedo de Esgueva y Santovenia de Pisuerga.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, indica que la entrada directa a la Vereda de Palomares -donde se instalarán fábricas- no cumple con la normativa, un hecho que según fuentes ministeriales el Consistorio conoce desde diciembre de 2025.

En concreto, la propuesta del Ministerio señala que sería necesario establecer vías colectoras en los municipios vecinos de Renedo de Esgueva y Santovenia de Pisuerga y mejoras de los enlaces existentes.

Asimismo, subraya que el estudio elaborado por el Consistorio detecta posibles colas y afecciones a la seguridad, pero no incorpora medidas suficientes para resolverlas.

Por ello, el Ministerio está abierto a estudiar conjuntamente cualquier solución que sea técnicamente viable, segura y conforme a la normativa e incide en que, en cuanto el Ayuntamiento presente esa solución, el expediente podrá continuar.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha insistido en que confía en que la situación se resuelva desde el punto de vista técnico e institucional y ha recordado que su propuesta de modificación del PGOU era la misma que la de su predecesor -el actual ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE)- para la implantación de una factoría de baterías de la empresa Inobat. 

Donde Valladolid retiró espacio al coche, el tráfico cayó y, cuando ese espacio volvió a estar disponible para los vehículos, la circulación aumentó. Es el patrón que recoge un análisis elaborado por la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) y eKiwi Movilidad a partir de los datos de los aforadores municipales. El trabajo compara distintos periodos antes y después de la implantación y posterior retirada -una promesa electoral del gobierno de PP y Vox que acabó con la ordenanza de movilidad anulada- de carriles bici y bus-taxi en tres ejes de la ciudad.

El mayor incremento aparece en el paseo de Isabel la Católica, donde uno de los puntos de medición analizados registró un aumento neto del 28,9% después de la retirada del carril bici. El trabajo estudia también la avenida de Gijón y la calle López Gómez, donde se implantaron anteriormente un carril bici y un carril bus-taxi, respectivamente. En el aforador situado en San Nicolás, el tráfico cayó un 30,7% durante el periodo posterior a la implantación del carril bici y aumentó después un 28,9% tras su retirada. En el punto de medición de Poniente, las variaciones fueron del -29,4% y +24,3%, respectivamente.

El estudio aplica un método de diferencias-en-diferencias, con el que compara la evolución de cada calle con la del conjunto de Valladolid para tratar de descontar factores generales que afectan a la movilidad. Así, en la avenida de Gijón, el tráfico descendió un 23,4% tras la implantación del carril bici, frente al 9,3% del conjunto de la ciudad. Los autores calculan una caída del 15,6%. Después de retirar el carril, la circulación aumentó un 18,3%, frente al 2,5% de Valladolid, con una bajada del 15,4%.

Algo parecido ocurrió en López Gómez, donde se había implantado un carril bus-taxi. El tráfico cayó un 28,5% entre 2018-2019 y 2022-2023, mientras que en el conjunto de la ciudad lo hizo un 9,3%. Tras la eliminación del carril, la circulación aumentó un 13,6%, frente al 2,5% registrado en Valladolid. El análisis calcula bajadas del-21,2% y una subida del 10,8%, respectivamente.

La evolución posterior de López Gómez, no obstante, rompe parcialmente ese patrón. Entre 2024-2025 y 2025-2026 el tráfico descendió un 5,9%, frente al 0,6% del conjunto de la ciudad. El documento apunta entre los posibles factores a su ubicación dentro de la Zona de Bajas Emisiones y a las restricciones de circulación que mantiene este entorno.

Menos bicicletas en Isabel la Católica

El trabajo también analiza el comportamiento de las bicicletas y encuentra una evolución menos favorable del nuevo carril de Isabel la Católica respecto a otros puntos de la ciudad. Entre julio y septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, el paso de bicicletas por Isabel la Católica aumentó un 12%. En Juan Carlos I lo hizo un 33,4% y en la avenida de Salamanca un 24,9%. Al comparar esas evoluciones, ASCIVA y eKiwi calculan una caída del 11,7% para Isabel la Católica.

La diferencia se amplía en la comparación de enero-junio de 2024 con el mismo periodo de 2026. El aforador de Isabel la Católica pasó de registrar 1.145 bicicletas a 834, un descenso del 27,2%. En Juan Carlos I aumentaron un 21,5%, mientras que en la avenida de Salamanca descendieron un 7,6%. La diferencia para Isabel la Católica es un descenso del 26,1%.

El dato contrasta con la evolución de BIKI. Según las cifras incorporadas al estudio, los usos de la bicicleta pública aumentaron un 40,8% entre julio-septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025 y un 63% entre enero-junio de 2024 y enero-junio de 2026.

ASCIVA y eKiwi relacionan esta diferencia con el diseño del nuevo recorrido, que consideran menos orientado a los desplazamientos cotidianos que el anterior. Señalan, entre otros aspectos, un mayor número de curvas, menor conexión con las calles y una mayor interacción con peatones.

El tráfico de Valladolid sigue por debajo de 2019

Los datos de 219 aforadores muestran que el tráfico de Valladolid se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. Entre 2018-2019 y 2025-2026, la circulación cayó un 7,5%. La mayor parte del descenso se produjo en la primera transición, con una bajada del 9,3%, mientras que posteriormente se registró un rebote del 2,5% y una nueva caída del 0,6%.

El propio análisis advierte de que estos datos generales no permiten atribuir por sí solos la evolución a las medidas de movilidad. Entre los factores que pueden haber influido figuran la pandemia y la consolidación del teletrabajo.

Asimismo, los autores reconocen que el método empleado parte del supuesto de que las calles estudiadas habrían evolucionado de forma paralela al conjunto de Valladolid sin las intervenciones. Admiten que los casos analizados no permiten verificar completamente ese supuesto. También señalan que los datos disponibles de bicicletas son más limitados que los de tráfico motorizado.

Con esas reticencias, ASCIVA y eKiwi sostienen que los resultados son compatibles con un aumento del tráfico en los ejes donde se recuperó espacio para el vehículo privado y con un menor rendimiento del nuevo carril bici de Isabel la Católica respecto a la evolución ciclista del conjunto de la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid pide un informe a la empresa que debía enviar los programas de fiestas, dada la falta de reparto en los domicilios, lo que ha suscitado un centenar de reclamaciones en el buzón municipal. “Se ha buzoneado mal. Hemos puesto en marcha un requerimiento a la contratista para ese informe. Está en plazo para trasladar la información. Soy la primera interesada en saber por qué”, ha manifestado este lunes en el pleno municipal la concejala de Turismo y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, que ha considerado que este reparto ha sido “el más negativo de los últimos años”.

“El alcalde y yo hemos pedido disculpas, una forma de hacer política muy diferente a la que están ustedes acostumbrados”, ha reiterado Blanca Jiménez, que ha llegado a plantear: “No sé si quieren que salga a la plaza pública y me latigue”. Además, la edil ha expuesto que el reparto está “obsoleto” y que, aunque no se va a quitar el buzoneo del programa en el próximo año, sí se buscará “una nueva forma” de hacer llegar el folleto a los ciudadanos.

La también portavoz del equipo de gobierno ha garantizado que el programa se ha repartido -y reforzado- en los espacios municipales, donde cualquier ciudadano podía entregarlo, a pesar de que ha sido “un bien escaso en los buzones”. La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, y el concejal socialista, Luis Vélez, han preguntado por esta cuestión en la sesión plenaria. Blanca Jiménez ha detallado que la contratación del buzoneo se licitó a una empresa por 7.795 euros y que los programas que han sobrado -aún por cuantificar- se destruirán como se hace otros años.

181.000 programas de fiestas

La impresión de los 181.000 programas no ha tenido ningún coste, puesto que se financia con la publicidad de los patrocinadores, que no han reclamado ninguna cantidad al Ayuntamiento. Jiménez ha defendido que las publicidades se han podido ver en el programa digital, en redes sociales, presentaciones en los medios de comunicación, lonas o en las pantallas de la plaza Mayor. También ha pedido a Rocío Anguita las fotografías que aseguraba tener en las que había “cajas de programas al lado de los contenedores de papel”. “Se ha vendido en plataformas digitales como un bien escaso”, ha recordado la edil de VTLP. En el momento de publicación de este artículo, solo hay un anuncio sobre este artículo, publicado hace cuatro días.

“La pregunta más recurrente era: ¿Se sabe algo de cuándo va a llegar el programa a los buzones?”, ha recordado Rocío Anguita, que ha preguntado por las penalidades a las que se puede enfrentar la empresa, un asunto sobre el que Jiménez no ha querido pronunciarse hasta que no se resuelva el trámite administrativos.

Anguita ha defendido que el buzoneo de estos programas es “una actividad recurrente y no puede ser la más compleja” como se ha insinuado desde el servicio de Atención al Ciudadano.

Vélez ha explicado que otros años ha habido “problemas puntuales”, mientras que este año el fallo ha sido “generalizado”, de lo que ha responsabilizado no solo a la empresa adjudicataria, sino al propio ayuntamiento. “Ahora no hay remedio”, ha zanjado el socialista.

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las funciones del denominado ‘alcalde B’ por la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, el coordinador de Políticas Públicas creado por el equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero, ha vuelto al Pleno.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha asegurado que Carnero ha faltado a su puesto como alcalde durante “248 de los 783 días laborables” transcurridos desde el inicio del mandato, lo que supone, según sus cálculos, “uno de cada tres días de trabajo”. La concejala ha reclamado además conocer qué rendimiento ha tenido para Valladolid la actividad de Carnero como senador y qué reuniones o acuerdos ha mantenido en Madrid con miembros del Gobierno.

Según el TSJ el Ayuntamiento estaba obligado a debatir las dos mociones vetadas por Carnero: una centrada en que el alcalde explique la utilidad del coordinador de Políticas Públicas, conocido como ‘alcalde B’, y otra que reclama que Carnero se dedique más a las funciones propias de la Alcaldía.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha defendido que la solución pasa por eliminar el puesto y repartir sus funciones entre los concejales del equipo de Gobierno. Según sus cálculos, la supresión permitiría ahorrar alrededor de “160.000 euros anuales” entre el puesto de coordinador y el administrativo asociado.

Herrero ha explicado que el Ayuntamiento debería volver al modelo tradicional en el que el alcalde ejerce directamente sus funciones, mientras Carnero podría continuar con su actividad en el Senado. “Ningún alcalde de Valladolid jamás necesita un alcalde B, hasta que llegó usted”, ha indicado.

Vuelta al Pleno por decisión judicial

La inclusión en el orden del día se ha producido después de que los tribunales dieran la razón al PSOE en su recurso contra la decisión de Carnero de impedir inicialmente el debate de las dos mociones. La resolución reconoce el derecho de los grupos de la oposición a llevar ambas iniciativas al Pleno y rechaza que la utilización del término ‘alcalde B’ justificara impedir su deliberación. La sentencia señala que la expresión identifica un puesto perfectamente concreto y que no puede considerarse objetivamente denigrante o peyorativa.

El fallo considera además que la decisión de impedir el debate restringió indebidamente el derecho de participación política de los concejales de la oposición.

El PSOE pide documentos que acrediten qué hace el ‘alcalde B’

Durante la primera moción, Herrero ha reclamado a Carnero que aporte documentos que permitan conocer las funciones efectivamente desarrolladas por el coordinador de Políticas Públicas. “Ciérrenos la boca”, le ha espetado, para después de señalar que los funcionarios acreditan su actividad a través de los expedientes y documentos que firman.

La oposición ha puesto en duda la utilidad del puesto, que ocupa Indalecio Escudero, antiguo jefe de gabinete de Carnero durante su etapa en la Diputación y exdirector general cuando el actual alcalde era consejero de la Junta. El cargo fue creado en 2023 y posteriormente el Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico para darle cobertura después de que la justicia anulara el cargo.

Valladolid Toma la Palabra ha asegurado que no conoce documentos, expedientes o propuestas firmadas por el coordinador que permitan comprobar el desempeño de las funciones que tiene atribuidas. Anguita ha cuestionado también que pueda hablarse de una verdadera coordinación del Gobierno municipal, función en de la que debería encargarse Escudero.

Vox se niega a entrar en el debate

Vox ha rechazado participar en la discusión sobre el ‘alcalde B’ en los términos planteados por la oposición. La teniente de alcalde Irene Carvajal ha acusado al PSOE de utilizar a un empleado público como elemento de confrontación política y ha defendido que el funcionario debe ser mencionado por su nombre y apellidos.

Carvajal ha asegurado que su grupo no entrará en ninguna moción en la que se utilicen “apodos, chascarrillos” contra empleados públicos y ha acusado a la oposición de protagonizar una campaña de hostigamiento contra funcionarios municipales.

La concejala del PP, Blanca Jiménez, ha interpelado a la concejala socialista Charo Chávez durante el debate. “¿Me está usted insultando, señora Chávez?”, ha preguntado Jiménez desde el escaño, mientras Herrero reprochaba al alcalde que las intervenciones de las concejalas de la oposición estuvieran sometidas a un control del tiempo que, a su juicio, no se aplicaba de la misma manera a Vox.

El PP responde con Puente, el Senado y la etapa socialista

La defensa del equipo de Gobierno dada por Blanca Jiménez se ha centrado ha acusado al PSOE de convertir el asunto en una cuestión recurrente y ha defendido que el coordinador de Políticas Públicas es un puesto legal y de apoyo a la Alcaldía.

Jiménez ha respondido a las críticas sobre la actividad de Carnero en el Senado asegurando que el alcalde ha registrado “428 iniciativas” en la Cámara Alta, frente a “una” del exsenador socialista Javier Izquierdo, según la edil 'popular'.

La concejala popular también ha recurrido a la etapa de Óscar Puente como alcalde de Valladolid para contraatacar al PSOE y ha recordado el nombramiento en 2015 de un puesto de libre designación reservado a funcionarios que ocupó quien posteriormente sería alto cargo del Gobierno de España.

Jiménez ha llevado su intervención hacia las sentencias judiciales de la etapa socialista y hacia la tesis doctoral de Herrero, cuestionando el futuro político de Herrero en el Ayuntamiento de Valladolid.

Herrero ha respondido acusando al PP de evitar el asunto central de la moción: explicar qué hace realmente el ‘alcalde B’. “Catarata de argumentos tremendos para no decir nada del alcalde B”, ha remachado al cerrar su intervención.

Dos mociones rechazadas por PP y Vox

Las dos iniciativas socialistas han terminado siendo rechazadas por la mayoría que forman PP y Vox. Ambas votaciones han arrojado el mismo resultado: “13 votos a favor y 14 en contra”.

La primera pedía a Carnero demostrar la utilidad del coordinador de Políticas Públicas. La segunda planteaba eliminar el puesto y redistribuir sus funciones dentro del equipo de Gobierno, con un ahorro estimado por el PSOE de unos 160.000 euros anuales.

PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid han rechazado, con 14 votos en contra frente a 13 a favor, la moción de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) que reclamaba recuperar la referencia expresa a las víctimas de violencia de género en el protocolo municipal de acceso a vivienda pública y restituir los 1,5 puntos que contemplaba el baremo anterior.

El debate durante el Pleno ha derivado además en una bronca entre la teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, la oposición e integrantes de la Coordinadora de Mujeres, con interrupciones, reproches e insultos cruzados. Carvajal ha acusado a PSOE y VTLP de convertir el asunto en un “circo político” y de utilizar a las mujeres víctimas para obtener “una foto y un titular”.

Carvajal, después de ser interrumpida durante su intervención por el público, ha señalado a la tribuna y ha hablado de “los fascistas que hay ahí arriba”, mientras desde el público coreaban “fuera, fascistas de Valladolid” y “es violencia de género”, como hicieron la semana pasada en el inicio de curso político también en el parlamento autonómico. UGT Valladolid ha rechazado estos insultos y han enmarcado las protestas del palco en el “derecho a protestar libremente”.

“Llama la atención que, con el argumentario que utiliza su partido, sea ella la que acuse de ejercer la violencia y ser fascistas a quienes defendemos la Ley y exigimos su cumplimiento. Las protestas no son violencia. Negar la violencia machista, sí”, ha zanjado UGT en un comunicado remitido a los medios.

La propia Carvajal ha tenido que ser interpelada en varias ocasiones por el alcalde, Jesús Julio Carnero, que le ha pedido que terminara su intervención al haber superado el tiempo. “Señora Carvajal, le ruego que termine ya”, le ha advertido el regidor. El alcalde también ha reclamado silencio y respeto al público durante el debate y la propia teniente de alcalde ha exigido que se retiren los insultos a su persona.

En este pleno se debatía una moción para recuperar en la distinción a las mujeres víctimas de violencia de género dentro del nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler de VIVA, aprobado en mayo con los votos de PP y Vox. El anterior baremo otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. El nuevo texto sustituye esa referencia por la de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, una categoría que el Gobierno municipal defiende como más amplia y que, según la oposición, diluye la protección específica de las mujeres víctimas de violencia machista.

La socialista Rafaela Romero ha reclamado durante el pleno que se dé marcha atrás y ha insistido en que “violencia de género y violencia doméstica no son lo mismo”. Para el PSOE, el cambio no es meramente terminológico porque modifica también la puntuación asociada a las víctimas. Romero ha sostenido que las mujeres que antes tenían 1,5 puntos pasan a quedar incluidas en una categoría que recibe un punto.

Rocío Anguita, de VTLP, ha defendido que la legislación estatal y autonómica establece una protección específica para las víctimas de violencia de género y ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda sustituirla por una categoría genérica sin un informe jurídico que avale el cambio. También ha criticado que se haya eliminado del protocolo la valoración de dos puntos asociada anteriormente al paso por recursos asistenciales o habitacionales, como casas de acogida.

“¿Un punto es más que un punto y medio?”, ha ironizado durante su intervención. “Las matemáticas no fallan, es menos”, ha remachado.

Los colectivos de mujeres reclaman volver al protocolo anterior

El debate ha contado con la intervención de representantes del movimiento feminista y vecinal. Nina Infante, del Foro Feminista de Castilla y León, ha reclamado que se mantenga el reconocimiento específico de las mujeres víctimas de violencia de género y ha insistido en que no puede equipararse con la violencia doméstica.

Paula Granado, de la Federación de Asociaciones Vecinales y Consumidores Antonio Machado, ha incidido en la misma cuestión. Ha recordado que el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, sí reconoce expresamente la violencia de género, mientras que apenas unas semanas después el protocolo de acceso a la vivienda sustituía esa referencia por la violencia doméstica.

Las organizaciones han defendido que esa modificación no es un simple cambio de vocabulario, sino una alteración de las prioridades en el acceso a recursos públicos. Este asunto también fue abordado hace 15 días, en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, en la que numerosas entidades abandonaron la sesión en protesta por la forma en que se estaba tratando el cambio del protocolo.

Vox defiende que la violencia doméstica amplía la protección

Irene Carvajal ha defendido durante buena parte de su intervención la decisión adoptada por PP y Vox. Su argumento es que la violencia doméstica constituye una categoría más amplia que permite incluir a víctimas que no quedaban contempladas en el anterior baremo: menores, personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar.

La concejala de Vox ha citado el Convenio de Estambul y el artículo 173.2 del Código Penal para sostener que la violencia doméstica engloba diferentes formas de violencia dentro de las relaciones familiares y de convivencia. A su juicio, integrar las víctimas de violencia de género en esa categoría no supone reducir su protección siempre que se mantenga su prioridad efectiva en el acceso a una vivienda.

También ha defendido que el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 establece la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a vivienda protegida, pero no fija una puntuación concreta para los programas municipales de alquiler. Y ha señalado que las viviendas municipales de VIVA son viviendas libres, no viviendas calificadas como protegidas.

Carvajal ha acusado además al PSOE y a VTLP de no haber planteado objeciones cuando el protocolo se aprobó en mayo y ha asegurado que ambos grupos recibieron el texto 48 horas antes. La oposición, por su parte, ha defendido que sí se opusieron al cambio y cuestiona la forma en que se introdujo la modificación.

El PP asegura que no hay una menor protección

El equipo de gobierno ha defendido que el cambio de baremo no implica, según PP y Vox, una menor protección para las víctimas de violencia de género. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha asegurado que actualmente VIVA y los servicios sociales municipales disponen de mecanismos suficientes para atender a estas mujeres y ha afirmado que 16 viviendas están ocupadas en estos momentos por víctimas de violencia de género dentro de los recursos municipales. También ha reiterado que ninguna mujer víctima se quedará sin una solución habitacional.

La oposición ha respondido que no cuestiona la existencia de recursos asistenciales, sino que reclama que la protección quede expresamente recogida en las normas y protocolos que deben aplicar los empleados públicos.

Carnero anuncia un informe jurídico

Debido a la polémica generada, Carnero ha optado finalmente por pedir un informe a los servicios jurídicos municipales. El alcalde ha defendido que el Plan Director de Vivienda y Suelo, vigente hasta 2030, recoge la protección de las víctimas de violencia de género y ha sostenido que el nuevo protocolo “mejora” las políticas anteriores.

“Como el tema parece que es una cuestión jurídica, solicitaré al señor secretario y a los servicios jurídicos un informe jurídico de la cuestión”, ha anunciado antes de proceder a la votación.

Carnero ha insistido en que, a su juicio, el concepto de violencia doméstica utilizado en el protocolo incluye la violencia de género y ha asegurado que su Gobierno mantiene un compromiso “claro, determinante y diáfano” contra esta violencia.

La moción de PSOE y VTLP incluía cinco acuerdos. Todos fueron rechazados por PP y Vox, con 13 votos a favor y 14 en contra: reconocer expresamente a las víctimas de violencia de género como colectivo de protección específica y prioritaria; recuperar la diferenciación entre violencia de género y doméstica; restituir los 1,5 puntos del anterior baremo; garantizar las medidas específicas de protección en los instrumentos municipales y rendir cuentas al Consejo Municipal de las Mujeres.

PP y Vox piden más dinero al Gobierno para combatir la violencia machista

Mientras el equipo de gobierno ha votado en contra de la anterior moción, El PP, con el voto a favor de Vox, ha presentado otra moción para reclamar al Ejecutivo central un incremento de los recursos destinados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

La iniciativa ha salido adelante por unanimidad en su punto principal. PP, PSOE y VTLP han coincidido en reclamar más financiación estatal, mientras que también se ha aprobado, con 24 votos a favor y tres en contra de Vox, instar a la Junta de Castilla y León a garantizar financiación suficiente para sus competencias en prevención, protección y atención a las víctimas.

La moción socialista incorporaba además reclamaciones de mayor coordinación entre administraciones, que también han sido aprobadas con 24 votos a favor y tres en contra.

El portavoz del PP, Rodrigo Nieto, ha defendido que Valladolid recibe cada vez menos dinero del Estado para estas políticas y ha reclamado que la financiación aumente a medida que más municipios se incorporan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El PSOE ha aceptado pedir más fondos al Gobierno central, pero ha rechazado que la disminución de la cantidad recibida por Valladolid pueda presentarse como un recorte decidido específicamente contra la ciudad. La socialista Charo Chávez ha explicado que el reparto responde a criterios fijados legalmente y que el número de municipios incorporados al sistema de protección ha aumentado, lo que reduce la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento.

La socialista ha reclamado también corresponsabilidad a todas las administraciones y ha señalado que Castilla y León recibe fondos estatales para desarrollar sus propias competencias en esta materia.

La “utilidad” del denominado por el PSOE de Valladolid como ‘alcalde B’ será debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid. El tema, por sentencia judicial, ha sido incluido en la sesión del lunes 14 después de que fuese vetada por el regidor, Jesús Julio Carnero (PP), junto a una segunda, para que el regidor se dedicará “más a la Alcaldía”, en septiembre y octubre del pasado año.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volviera a dar la razón a los socialistas el pasado viernes y que el equipo de gobierno haya decidido no recurrir el fallo, se debatarían sendas mociones sobre la figura del director de Coordinación de Políticas Pública, el conocido como 'alcalde b'. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

La primera moción se presenta bajo el título “Moción para que el Sr. Carnero demuestre la utilidad de su ‘alcalde B’, cuyo puesto ha sido anulado por el TSJCYL”. La segunda, registrada el 21 de octubre de 2025, se denomina “Moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía”. En ella, los socialistas plantean que el alcalde o la persona de su Gobierno que designe asuma las funciones específicas atribuidas al coordinador de Políticas Públicas.

El PSOE cree que a Carnero “le ha salido el tiro por la culata”

El enfrentamiento entre el Gobierno municipal y el PSOE por este cargo no es nuevo. El PSOE defiende que la creación del puesto supone un coste de 627.048 euros durante el mandato, a razón de 156.762 euros anuales. Los socialistas creen que el equipo de gobierno justifica la creación del cargo la necesidad de que Carnero pueda compatibilizar su actividad como alcalde con su condición de senador, uno de los motivos por los que desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid señalan.

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, a Carnero le “ha salido el tiro por la culata” y ha celebrado que no haya recurrido la sentencia. A su juicio, el alcalde ha terminado provocando precisamente el efecto contrario al que buscaba al impedir el debate.

“El señor Carnero nos prohibió hablar de su alcalde B, y lo único que ha conseguido, primero, es ser condenado y, segundo, que este debate llegue al Pleno, y además por partida doble”, ha señalado Herrero.

El portavoz socialista considera que el asunto no afecta únicamente a su grupo municipal, sino al conjunto de los vecinos de Valladolid, al entender que tienen derecho a conocer y debatir las funciones del cargo creado por el Gobierno municipal.

Herrero ha defendido además que el recurso judicial no tenía como objetivo proteger una “ocurrencia retórica”, sino garantizar la capacidad de los concejales de la oposición para fiscalizar la acción del Gobierno municipal.

El socialista ha acusado a Carnero de mantener una actitud “autoritaria” y ha reivindicado que la oposición pueda utilizar las expresiones que considere oportunas dentro del debate político.

En la sentencia del Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo se anula las decisiones adoptadas por Carnero para eliminar estos dos puntos y se reconoce expresamente el derecho a que las dos iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. También condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

La Justicia rechazó además el argumento de que la utilización de la expresión ‘alcalde B’ justificara impedir el debate. La resolución señala que las mociones identifican de forma clara el puesto al que hacen referencia y concluye que la denominación no constituye “una expresión objetivamente denigrante o peyorativa”.

El fallo incide especialmente en el derecho de participación política de los concejales de la oposición. La sentencia sostiene que la libertad de expresión adquiere una protección mayor cuando se ejerce en el marco de funciones de representación pública y considera que obligar a la oposición a formular una moción en los términos que quiera el presidente de la corporación supondría una quiebra del derecho de participación y de control sobre los órganos de gobierno.

La resolución concluye que la discrecionalidad política está limitada por el derecho fundamental de participación pública y política de la oposición y considera que la decisión de impedir el debate supuso una restricción indebida del derecho recogido en el artículo 23.2 de la Constitución.

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid estudia acudir al Juzgado la supresión de los barómetros a las mujeres víctimas de violencia de género del protocolo de vivienda pública, motivo por el que se plantean “muy seriamente” convocar movilizaciones. La plataforma también ha pedido que la ciudad no se convierta en un “laboratorio de involución” de los derechos de las mujeres, según han informado en rueda de prensa este miércoles.

“Si quieren proteger a ambos colectivos, que añadan 'violencia doméstica', pero que no borren a las víctimas de violencia de género. No es un cambio de lenguaje, es un cambio de prioridades”, ha zanjado la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, quien ha criticado la “falta de transparencia” del Ayuntamiento con este protocolo.

“No tienen ni idea de lo que supone este cambio del protocolo. Pedimos que recapaciten, porque quieren invisibilizar esta violencia estructural que sufrimos las mujeres”, ha reivindicado Martín.

La portavoz de la Coordinadora ha rechazado que los derechos de las mujeres sean “moneda de cambio” para los partidos políticos. “Las palabras importan cuando determinan derechos. Valladolid no puede convertirse en un laboratorio de involución de los derechos de las mujeres”, ha reclamado Yolanda Martín.

La otra representante, Paula Granado, ha exigido que se rectifique “inmediatamente”. “El PP está más preocupado por absorber el discurso de la extrema derecha que en poner límites a la extrema derecha”, ha protestado Granado.

A mitad de reunión y sin votar como quería el equipo de gobierno municipal de Valladolid. Así ha concluido este lunes el Consejo Municipal de la Mujer, convocado de manera extraordinaria después de que trascendiera que se había eliminado la violencia de género del protocolo de acceso a vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). En este acto se ha restringido a la prensa, según han denunciado el Grupo Socialista y el Foro Feminista. Después de dos horas de debate sobre los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, más de diez agrupaciones se han levantado a mitad de la reunión, en la que hay representados una treintena de colectivos. ¿El detonante? Una votación que algunos colectivos han considerado que pretendía utilizar políticamente al Consejo.

Después de que Vox impidiera una votación formal de cinco puntos -con un texto propuesto por el PSOE- y de que pretendiera que el Consejo Municipal -órgano de participación, consultivo, informativo y asesor en el ámbito municipal- votara pedir al Gobierno de España más fondos para el Pacto de Estado de violencia de género, una de las participantes ha ironizado precisamente con esta cuestión: que, si querían eliminar el concepto de 'violencia de género' por qué no proponían modificar el nombre del Pacto de Estado. Un tono que no ha gustado a los concejales presentes, el responsable de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP) y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), que ha venido por primera vez, según fuentes del Consejo.

La discrepancia ha concluido con la marcha de varios colectivos como la Asociación Vecinal Rondilla, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, Adavasymt, el Foro Feminista, la Universidad de Valladolid (ha acudido una representante de la Unidad de Igualdad), la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, la asociación Asies, UGT, CCOO, PSOE y Toma La Palabra. El Foro Feminista se reúne esta tarde para ver si todo el trabajo “merece la pena seguir aportando” en el Consejo Municipal de la Mujer.

Una votación forzada

El ambiente ya era tirante cuando ha empezado esta reunión de carácter urgente y extraordinario, que pretendía informar sobre el protocolo nuevo. El anterior protocolo (aprobado en 2024 por PP y Vox) planteaba que las víctimas de violencia de género obtenían 1,5 puntos, mientras que ahora eso ha sido remplazado por “víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar, terrorismo en los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud” (1 punto).

En este punto ha comenzado un debate terminológico y conceptual, en el que la concejala de Vox ha insistido en que la violencia doméstica incluye a las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que ambos son dos tipos de violencias que están tipificadas de maneras distintas. “Lo que nos han explicado no es válido. Zarandona [el concejal de Urbanismo] dice que es para dar más agilidad a los plazos y que el texto no sea tan farragoso, y que en la violencia doméstica se incluye a las víctimas de violencia machista y le hemos dicho que no”, protesta la representante de CCOO en el Consejo, Yolanda Martín.

“Nos han mareado y ninguneado, tratándonos como tontas y haciéndonos confundir la terminología cuando los términos jurídicos son muy claros”, protesta la representante de UGT. “Han cambiado el protocolo porque quieren y pueden, pero no porque este cambio lo mejore”, coinciden varias de las participantes en el Consejo de este lunes.

Entonces, la socialista Rafi Romero ha propuesto que se votaran cinco puntos sobre los que, aparentemente, había cierto consenso: rechazar la eliminación de la referencia específica a las víctimas de violencia de género, que este fuera un criterio específico de prioridad, solicitar un informe jurídico y un informe de impacto de género y establecer un mecanismo de seguimiento semestral de impacto de este nuevo protocolo sobre las víctimas de esta violencia machista.

“Nos han dicho que iban a incluir el sentimiento del Consejo, pero nosotras queríamos votarlo aunque sabemos que las resoluciones no son vinculantes”, defiende la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura.

A pesar de que las técnicas de Igualdad no han puesto objeciones a que se produjera una votación, la concejala de Vox se ha negado, por lo que se ha realizado una votación informal a mano alzada apoyando estos cinco puntos, con 21 votos a favor: 19 entidades sociales y los dos partidos de la oposición (no todos los miembros del Consejo tienen derecho a voto). “Tres veces hemos votado y no había manera”, protesta una de los miembros del Consejo.

Víctimas de violencia doméstica y/o de género

También se ha pedido que la inclusión de las víctimas de violencia doméstica no fuera excluyente y que se añadiera también a las mujeres víctimas de violencia de género, un extremo que ni PP ni Vox han querido votar. Sin embargo, los concejales sí veían oportuno votar la reclamación de más fondos del Gobierno procedentes del Pacto de Estado. “Ahora lo que vamos a hacer es levantarnos”, ha protestado una de las integrantes, a lo que se han sumado otras portavoces de las asociaciones.

“Nos hemos levantado porque no se nos estaba escuchando y se obviaba nuestra opinión. ¿Nos utilizan para hacer política? Nos levantamos y nos vamos”, ha reprochado la portavoz de UGT. “Nos hemos levantado porque no se podía aguantar. No vamos a dar ni un paso atrás”, suscribe Conchi Minayo, portavoz de Adavasymt. En un audio enviado a los medios, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha lamentado que “cuando se trata de solicitar al gobierno”, algunas asociaciones “se han marchado y no han querido dar la cara”. Desde el Consejo de la Mujer explican que los fondos del Pacto de Estado se reparten entre todos los Ayuntamientos y en base al número de víctimas de violencia de género

El futuro plan de Igualdad

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha afirmado que esta es “la primera piedra” de este gobierno en contra de las políticas de Igualdad. “Veremos hasta dónde quiere llegar el equipo de gobierno, apretado claramente por la extrema derecha”, ha augurado en un audio remitido a los medios.

“Nos tememos el nuevo reglamento del Consejo de las Mujeres, que lo querían modificar, y el del plan de Igualdad. La situación es muy grave”, ha protestado la portavoz del Foro Feminista, Nina Infante.

UGT lo considera “un intento de manipulación”. “Irene Carvajal jamás ha venido, hoy sí le interesaba venir. Otra veces viene otro concejal de Vox y a los dos minutos se levanta... pero hoy sí”, insiste la sindicalista. Yolanda Martín, que también es la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, ha rechazado que “se invisibilice” este tipo de violencia y ha considerado que es “una cuestión puramente ideológica” y no técnica.

Valoración de las propuestas

Rodrigo Nieto ha insistido en que el nuevo protocolo protege a las víctimas de violencia de género y se aumenten los parámetros, aunque ha asegurado que se hará “una valoración” de las propuestas que se han hecho, a pesar de que no se han votado.

En ampliación

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las víctimas de la violencia machista tienen “blindada” la cobertura en materia de vivienda, gracias al plan estatal, y ha pedido el compromiso de todas las administraciones para seguir avanzando en una protección que, para algunas mujeres, es “su tabla de salvación”.

Rodríguez, que ha visitado en Valladolid una promoción de viviendas de alquiler asequible cofinanciada por el Gobierno, ha hecho referencia así a las críticas suscitadas por los cambios realizados por el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) en el protocolo de acceso al parque de vivienda pública, donde se ha sustituido el término violencia de género por doméstica.

Ha reconocido que ha podido hablar con el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), quien la ha transmitido un mensaje de tranquilidad, y le ha asegurado que “efectivamente en la ciudad ninguna mujer va a dejar de estar asistida”, frente a aquellas críticas que afirman que con la nueva redacción las víctimas de violencia machista podrían quedar fuera de los colectivos prioritarios.

La ministra ha insistido, por su parte, en que “ninguna mujer víctima de violencia de género va a dejar de estar asistida en los recursos especiales que el Gobierno de España está poniendo en marcha gracias al Plan Estatal de Vivienda”, ya que están “blindadas” con líneas de ayuda específicas para este colectivo.

“Si la vivienda es importante para todos como derecho, para una mujer que sufre esa violencia, la vivienda es su tabla de salvación”, ha reconocido, para afirmar que todas la administraciones públicas “tienen que estar a una” para avanzar en la construcción de viviendas, y también en la protección a las víctimas de violencia machista.

Ayudas garantizada en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha vuelto a garantizar que las víctimas de violencia machista en la ciudad no se van a quedar sin acceder a una vivienda pública, si lo necesitan, lo solicitan y cumplen con los requisitos, y ha asegurado que para ello no se necesita modifica el protocolo.

Ha recordado que el Plan Director de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Valladolid, recién aprobado y con vigencia hasta el año 2030, recoge ayudas a víctimas de violencia de género; y ha comprometido que él mismo, personal, política y humanamente, “no va a permitir” que ninguna mujer se quede sin ayuda.

Carnero ha apuntado también que se darán las oportunas explicaciones en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, convocada para el próximo lunes, 31 de diciembre, y ha defendido una vez más que los cambios introducidos en el protocolo amplían, mejoran y agilizan las ayudas en materia de vivienda.

Además, el regidor ha vuelto a pedir al Ministerio de Igualdad que colabore con el Ayuntamiento de Valladolid en al lucha contra la violencia de género al menos recuperando la cuantía de las aportaciones que recibían en 2023, de 131.000 euros, y que se han visto incrementadas en un 17 % en los últimos años.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cuestionado el cambio introducido por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de Valladolid, por el que sustituye la referencia específica a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica entre los criterios de acceso al alquiler social.

Martínez, entrevistado en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1, ha acusado al PP de acercarse a los postulados de Vox y ha situado la modificación dentro de una estrategia más amplia de la formación popular para disputar a la extrema derecha su espacio electoral.

“Eso es una estrategia planificada por parte del señor Feijóo”, ha afirmado el dirigente socialista, que ha acusado al presidente del PP de haber asumido postulados de la extrema derecha. Martínez ha señalado el cambio de terminología aplicado en Valladolid y ha cuestionado que se deje de utilizar la referencia a la violencia machista.

Martínez alerta de que se quedarán fuera mujeres que sufran violencia y no convivan

El secretario general del PSOE autonómico ha criticado que la sustitución de un concepto por otro no supone ampliar automáticamente la protección y puede dejar fuera situaciones en las que existe violencia contra una mujer por parte de su pareja sin que exista convivencia.

“Si lo que hubieran querido ampliar hubieran puesto una conjunción copulativa: violencia doméstica y violencia de género”, ha señalado durante la entrevista.

Martínez ha puesto como ejemplo el caso de una pareja de adolescentes que sufra violencia machista sin convivir en el mismo domicilio. Según su explicación, este supuesto podría quedar fuera si el criterio se limita a la violencia doméstica.

El dirigente socialista ha contrapuesto la puntuación de los anteriores criterios de baremación con los nuevos. Según ha indicado, en las convocatorias anteriores la violencia de género podía alcanzar una puntuación superior, mientras que el nuevo protocolo contempla la violencia doméstica con una valoración menor.

“Hoy lo que se hace es cargarse de un plumazo el concepto violencia machista”, ha afirmado Martínez, que ha defendido que la violencia de género “existe y es real” y ha reclamado que no se diluya su reconocimiento.

El Ayuntamiento sostiene que la protección se amplía

El Consistorio vallisoletano aseguró este jueves que ninguna mujer víctima de violencia de género quedará excluida de la protección por el hecho de que el término no aparezca literalmente en el protocolo de VIVA. El equipo de Gobierno recordó que la violencia de género continúa regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y defendió que su aplicación sigue siendo obligatoria.

El Ayuntamiento también justificó el empleo del concepto de violencia doméstica precisamente como una forma de ampliar los supuestos de atención, al incluir situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes con independencia del género de la víctima o del agresor.

El Consistorio apuntó que el protocolo recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales y que el Consejo de Administración de VIVA podrá adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, acusó al PSOE de utilizar a las mujeres y a las víctimas como elemento de confrontación política y defiende que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La antigüedad en el empadronamiento

Martínez también ha criticado que se haya incluido un criterio de antigüedad en el empadronamiento para acceder a determinados programas de vivienda. Según ha explicado, el nuevo sistema establece el requisito de tres años de empadronamiento y permite incrementar la puntuación en función de la antigüedad, hasta un máximo de diez años.

Para Martínez, este criterio puede tener un impacto especialmente relevante en una comunidad como Castilla y León, donde muchos jóvenes abandonan sus municipios o provincias para estudiar o trabajar y posteriormente pueden intentar regresar.

“Uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que salir de nuestra comunidad para poder desarrollar un proyecto vital”, ha argumentado. A su juicio, establecer el empadronamiento como un elemento de peso puede dificultar el retorno de quienes tuvieron que marcharse.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la antigüedad en el padrón se prima a partir de tres años precisamente en coherencia con el nuevo requisito de acceso al programa y dentro de una reforma cuyo objetivo, según el Consistorio, es reducir la burocracia y acelerar la adjudicación de viviendas.

El Gobierno municipal sostiene que uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los tiempos de tramitación. Según su explicación, el sistema anterior exigía una cantidad elevada de documentación y podía llevar hasta un año aprobar las listas definitivas.

Martínez califica a Castilla y León como “laboratorio” de los pactos PP-Vox

El soriano ha calificado a Castilla y León como un territorio “pionero” en la incorporación de Vox a un Gobierno autonómico y ha acusado a la derecha de utilizar la Comunidad como un “laboratorio” para poner en práctica medidas que posteriormente pueden trasladarse a otros territorios. “Volvemos a ser una vez más el laboratorio de puesta en práctica de políticas de extrema derecha”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha acusado al PP de abandonar posiciones moderadas en su intento de competir electoralmente con Vox también en otros temas como la política migratoria, el cambio climático o las políticas contra la violencia machista.

La Junta ya evitó posicionarse sobre el cambio

Desde la Junta de Castilla y León, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, evitó pronunciarse sobre si el Ejecutivo autonómico aplicará un cambio similar en futuras convocatorias de vivienda.

Carriedo defendió el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox como el marco que debe guiar las decisiones de la Junta y aseguró que se trata de un documento “muy detallado, concreto y preciso”. Sin embargo, el pacto autonómico no recoge expresamente una sustitución del concepto de violencia de género por el de violencia doméstica en las políticas de vivienda.

El acuerdo sí menciona a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos que podrán beneficiarse de determinadas medidas relacionadas con la vivienda, mientras que en su apartado específico sobre vivienda recoge otros perfiles prioritarios, pero no establece de forma expresa ese cambio terminológico.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el acuerdo de Gobierno de PP y Vox como forma de evitar posicionarse sobre la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de sustituir la referencia a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica en los criterios de acceso a la vivienda pública en Valladolid.

Carriedo ha marcado distancias con la decisión del Ayuntamiento, a pesar de estar también gobernado por PP y Vox, al recordar que se trata de una competencia municipal y que la Junta no entra a valorar las actuaciones de otras administraciones dentro de su ámbito de competencias. El portavoz del Ejecutivo autonómico respondía así a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha acusado a los 'populares' de actuar con “deslealtad” y de desmantelar políticas de igualdad en las instituciones donde gobierna junto a la extrema derecha.

El portavoz autonómico ha reivindicado el pacto que sustenta el Gobierno de Castilla y León como guion a seguir en la toma de decisiones. “Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo”, ha señalado en referencia al documento firmado por PP y Vox, que ha definido como un texto “muy detallado, concreto y preciso”, con medidas y calendario de cumplimiento.

“Es el que vamos a cumplir”, ha insistido Carriedo al ser preguntado por si van a introducir este tipo de cambios en las próximas convocatorias de ayudas. El portavoz ha defendido su pacto con Vox y ha señalado que el acuerdo cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, el pacto autonómico no recoge una modificación como la del Ayuntamiento de Valladolid. El acuerdo sí se menciona expresamente a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos a los que se aplicarán determinadas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, como la rebaja de tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual.

En el apartado 15, dedicado específicamente a vivienda, el pacto contempla un incremento de la inversión, nuevas políticas dirigidas a jóvenes, ampliación de las ayudas al alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También recoge distintos perfiles considerados especialmente expuestos a la crisis habitacional, pero no establece ningún cambio para sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica.

“Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc”. Por tanto, salvo que ese “etcétera” recoja el cambio, no hay una indicación clara en el texto para cambiar el criterio.

El cambio en Valladolid: la violencia de género se diluye en violencia doméstica

El cambio de criterio en Valladolid fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) el pasado 28 de mayo con los votos de PP y Vox y se recoge en el nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales. El documento sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. En el protocolo anterior, las víctimas de violencia de género recibían 1,5 puntos dentro de los criterios de baremación; con el nuevo sistema, ese criterio deja de aparecer de la misma manera, según adelantó la Cadena Ser.

El PSOE ha defendido que el cambio puede dejar fuera a mujeres víctimas de violencia de género que no conviven con sus agresores, al considerar que ambos conceptos no son equivalentes. Los socialistas han reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que dé marcha atrás.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, ha calificado el cambio de “extremadamente grave” y ha acusado al equipo de Gobierno de romper el consenso que existía alrededor de estas políticas. El protocolo anterior, según ha recordado, había sido aprobado por unanimidad, mientras que el nuevo solo contó con los votos favorables de PP y Vox.

Herrero también ha pedido al alcalde que aclare si “ha tomado él la decisión” o si el cambio es una obligación de Vox. “le obliga Vox”. El concejal socialitas también ha calificado de “barbaridad” la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, a la Cadena Ser, “diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género”.

El PSOE ha recordado que la violencia de género es aquella que es ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.

Por contra, como ha indicado Herrero, la violencia doméstica, “pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, por lo que desde el PSOE creen que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”. “Carnero las está desamparando”, ha aseverado Herrero.

El Grupo Municipal Socialita ha adelantado que va analizar con “con mucho detenimiento” por si la modificación hubiera incurrido en “una ilegalidad” o “irregularidad”. Desde el PSOE entienden que la ley, en su artículo 28, recoge que “en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa”.

Redondo acusa al PP de “deslealtad”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el retroceso, a su juicio, de las políticas de igualdad en administraciones gobernadas por PP y Vox. Redondo ha considerado que la desaparición de las víctimas de violencia de género del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social supone “un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado”.

Frente a estas acusaciones, Carriedo ha recomendado a Redondo que centre su actuación en aquellas cuestiones que, según ha afirmado, ponen “en riesgo la igualdad” y la protección y seguridad de las mujeres en España.

UGT también reclama recuperar el término

A las críticas socialistas se ha sumado UGT, que ha calificado de “lamentable” la modificación del protocolo municipal y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a incluir expresamente a las víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios.

El sindicato ha defendido que la violencia doméstica y la violencia de género no son conceptos equivalentes y considera que el cambio puede afectar a la protección de mujeres que no conviven con sus agresores.

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha reclamado este lunes al PP y a Vox una política de vivienda “útil” y con planificación y ha acusado a ambas formaciones de introducir criterios ideológicos, algo que, a su juicio, debería de alejarse del debate público y limitarse a garantizar el acceso a este derecho a la ciudadanía.

Con el ejemplo del Ayuntamiento de Valladolid, con PP y Vox gobernando desde 2023, Casado ha dudado de los criterios establecidos para acceder al parque municipal de viviendas en alquiler, que entre otros, pide la exigencia de contar con un empadronamiento de al menos tres años en la ciudad.

Según ha señalado, este requisito puede dejar fuera a vallisoletanos que tuvieron que marcharse de la ciudad por motivos laborales o residenciales y que ahora pretenden regresar. Casado se ha referido a ellos irónicamente como “superespañoles” y ha cuestionado que no puedan optar a una vivienda pública por no alcanzar el periodo de empadronamiento exigido.

La responsable socialista también ha cuestionado la antigüedad del empadronamiento como criterio de valoración para colectivos considerados especialmente vulnerables. “Cuanto más años llevamos empadronados en Valladolid, más vulnerables somos”, ha ironizado Casado, que ha cuestionado qué relación existe entre llevar más tiempo empadronado en una ciudad y tener una mayor necesidad de vivienda.

Críticas por el término ‘violencia doméstica’

Otro de los aspectos que el PSOE considera especialmente preocupantes es que entre los criterios de acceso figure la condición de víctima de violencia doméstica. Casado ha remarcado que este concepto no es equivalente, desde el punto de vista jurídico, al de víctima de violencia de género.

“No son categorías jurídicas intercambiables, no significan lo mismo y no tienen los mismos efectos legales”, ha señalado la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León. A su juicio, el cambio terminológico puede generar inseguridad jurídica y dificultar la identificación de los derechos reconocidos a las víctimas por la legislación estatal y autonómica.

Casado ha vinculado estas decisiones con los planteamientos de Vox asumidos, según su interpretación, por el Partido Popular. En este sentido, se ha preguntado si la Junta de Castilla y León podría adoptar criterios similares tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“¿Tenemos que esperar ahora situaciones singulares en la Junta de Castilla y León?”, ha planteado.

El PSOE reclama un parque público de vivienda

Más allá de las críticas al modelo de Valladolid, Casado ha apuntado que Castilla y León carece un parque público de alquiler suficiente, sufre de la falta de planificación y de la escasez de recursos propios para garantizar el acceso a la vivienda.

La responsable del PSOE ha cuestionado además que el Ejecutivo autonómico haya basado buena parte de su actuación en la gestión de ayudas procedentes del Estado y de los fondos europeos. A su juicio, las subvenciones pueden contribuir a paliar el problema, pero no sustituyen la creación de un parque público estable.

“Un parque público de vivienda no se improvisa cuando aparece una crisis como la actual, se construye durante años”, ha defendido Casado.

Casado ha reclamado a la Junta que concrete qué política mantendrá cuando desaparezca la financiación extraordinaria vinculada a los fondos europeos. Entre otras cuestiones, ha planteado cuántas viviendas públicas se construirán cada año, con qué recursos propios, en qué municipios y qué objetivo de parque público se marca la Comunidad para los próximos cinco años.

Críticas a la falta de planificación

La procuradora en las Cortes de Castilla y León ha acusado a la Junta de no haber desarrollado una planificación estratégica suficiente en materia de vivienda. Según ha defendido, la normativa autonómica contempla la necesidad de contar con un instrumento de planificación que establezca previsiones, objetivos, actuaciones y presupuesto.

La secretaria de Vivienda del PSOE ha reclamado por ello la presentación pública de un plan con presupuesto propio y medidas de protección permanente para el alquiler asequible.

En cuanto a la construcción de vivienda pública, ha recordado que las 1.102 viviendas colaborativas y de protección pública, desarrolladas en distintos municipios de Castilla y León a través de Somacyl, han sido desarrolladas en buena parte gracias s los fondos europeos Next Generation.

Para el PSOE, el problema no se limita a la situación actual del mercado, sino a la capacidad de la Comunidad para mantener y ampliar su oferta pública cuando finalice esa financiación extraordinaria.

Casado ha asegurado que el PSOE ha presentado más de 20 iniciativas parlamentarias en materia de vivienda durante la actual legislatura y ha reclamado que sean debatidas en las Cortes para buscar soluciones mediante el consenso.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, proponiendo y exigiendo a la Junta que esté a la altura de la ciudadanía”, ha afirmado.

La dirigente socialista ha pedido finalmente a PP y Vox que centren sus esfuerzos en desarrollar políticas de vivienda que permitan afrontar uno de los principales problemas para los ciudadanos de Castilla y León, especialmente para los jóvenes.