“Uno de cada tres días” sin estar en el Ayuntamiento de Valladolid: la oposición carga contra Carnero y los 160.000 euros del ‘alcalde B’

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las funciones del denominado ‘alcalde B’ por la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, el coordinador de Políticas Públicas creado por el equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero, ha vuelto al Pleno.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha asegurado que Carnero ha faltado a su puesto como alcalde durante “248 de los 783 días laborables” transcurridos desde el inicio del mandato, lo que supone, según sus cálculos, “uno de cada tres días de trabajo”. La concejala ha reclamado además conocer qué rendimiento ha tenido para Valladolid la actividad de Carnero como senador y qué reuniones o acuerdos ha mantenido en Madrid con miembros del Gobierno.

Según el TSJ el Ayuntamiento estaba obligado a debatir las dos mociones vetadas por Carnero: una centrada en que el alcalde explique la utilidad del coordinador de Políticas Públicas, conocido como ‘alcalde B’, y otra que reclama que Carnero se dedique más a las funciones propias de la Alcaldía.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha defendido que la solución pasa por eliminar el puesto y repartir sus funciones entre los concejales del equipo de Gobierno. Según sus cálculos, la supresión permitiría ahorrar alrededor de “160.000 euros anuales” entre el puesto de coordinador y el administrativo asociado.

Herrero ha explicado que el Ayuntamiento debería volver al modelo tradicional en el que el alcalde ejerce directamente sus funciones, mientras Carnero podría continuar con su actividad en el Senado. “Ningún alcalde de Valladolid jamás necesita un alcalde B, hasta que llegó usted”, ha indicado.

Vuelta al Pleno por decisión judicial

La inclusión en el orden del día se ha producido después de que los tribunales dieran la razón al PSOE en su recurso contra la decisión de Carnero de impedir inicialmente el debate de las dos mociones. La resolución reconoce el derecho de los grupos de la oposición a llevar ambas iniciativas al Pleno y rechaza que la utilización del término ‘alcalde B’ justificara impedir su deliberación. La sentencia señala que la expresión identifica un puesto perfectamente concreto y que no puede considerarse objetivamente denigrante o peyorativa.

El fallo considera además que la decisión de impedir el debate restringió indebidamente el derecho de participación política de los concejales de la oposición.

El PSOE pide documentos que acrediten qué hace el ‘alcalde B’

Durante la primera moción, Herrero ha reclamado a Carnero que aporte documentos que permitan conocer las funciones efectivamente desarrolladas por el coordinador de Políticas Públicas. “Ciérrenos la boca”, le ha espetado, para después de señalar que los funcionarios acreditan su actividad a través de los expedientes y documentos que firman.

La oposición ha puesto en duda la utilidad del puesto, que ocupa Indalecio Escudero, antiguo jefe de gabinete de Carnero durante su etapa en la Diputación y exdirector general cuando el actual alcalde era consejero de la Junta. El cargo fue creado en 2023 y posteriormente el Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico para darle cobertura después de que la justicia anulara el cargo.

Valladolid Toma la Palabra ha asegurado que no conoce documentos, expedientes o propuestas firmadas por el coordinador que permitan comprobar el desempeño de las funciones que tiene atribuidas. Anguita ha cuestionado también que pueda hablarse de una verdadera coordinación del Gobierno municipal, función en de la que debería encargarse Escudero.

Vox se niega a entrar en el debate

Vox ha rechazado participar en la discusión sobre el ‘alcalde B’ en los términos planteados por la oposición. La teniente de alcalde Irene Carvajal ha acusado al PSOE de utilizar a un empleado público como elemento de confrontación política y ha defendido que el funcionario debe ser mencionado por su nombre y apellidos.

Carvajal ha asegurado que su grupo no entrará en ninguna moción en la que se utilicen “apodos, chascarrillos” contra empleados públicos y ha acusado a la oposición de protagonizar una campaña de hostigamiento contra funcionarios municipales.

La concejala del PP, Blanca Jiménez, ha interpelado a la concejala socialista Charo Chávez durante el debate. “¿Me está usted insultando, señora Chávez?”, ha preguntado Jiménez desde el escaño, mientras Herrero reprochaba al alcalde que las intervenciones de las concejalas de la oposición estuvieran sometidas a un control del tiempo que, a su juicio, no se aplicaba de la misma manera a Vox.

El PP responde con Puente, el Senado y la etapa socialista

La defensa del equipo de Gobierno dada por Blanca Jiménez se ha centrado ha acusado al PSOE de convertir el asunto en una cuestión recurrente y ha defendido que el coordinador de Políticas Públicas es un puesto legal y de apoyo a la Alcaldía.

Jiménez ha respondido a las críticas sobre la actividad de Carnero en el Senado asegurando que el alcalde ha registrado “428 iniciativas” en la Cámara Alta, frente a “una” del exsenador socialista Javier Izquierdo, según la edil 'popular'.

La concejala popular también ha recurrido a la etapa de Óscar Puente como alcalde de Valladolid para contraatacar al PSOE y ha recordado el nombramiento en 2015 de un puesto de libre designación reservado a funcionarios que ocupó quien posteriormente sería alto cargo del Gobierno de España.

Jiménez ha llevado su intervención hacia las sentencias judiciales de la etapa socialista y hacia la tesis doctoral de Herrero, cuestionando el futuro político de Herrero en el Ayuntamiento de Valladolid.

Herrero ha respondido acusando al PP de evitar el asunto central de la moción: explicar qué hace realmente el ‘alcalde B’. “Catarata de argumentos tremendos para no decir nada del alcalde B”, ha remachado al cerrar su intervención.

Dos mociones rechazadas por PP y Vox

Las dos iniciativas socialistas han terminado siendo rechazadas por la mayoría que forman PP y Vox. Ambas votaciones han arrojado el mismo resultado: “13 votos a favor y 14 en contra”.

La primera pedía a Carnero demostrar la utilidad del coordinador de Políticas Públicas. La segunda planteaba eliminar el puesto y redistribuir sus funciones dentro del equipo de Gobierno, con un ahorro estimado por el PSOE de unos 160.000 euros anuales.