El juicio de la Operación Kitchen va llegando a su fin y hoy queremos fijarnos en uno de esos personajes secundarios, que parece que no importan en la trama, pero que tienen mucho que decir para la resolución del caso. Es al que en una grabación Villarejo llama: “el Morocho de los cojones”. Es Manuel Morocho, inspector jefe de policía, al que presionan para quitar de sus informes sobre la caja B del PP nombres importantes. Nada menos que el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 

El testimonio de Morocho es vital en este juicio y se ha reafirmado en lo que ya dijo en la fase de instrucción: hubo presiones contra él y su equipo de trabajo en aquellos años. Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado esta mañana en el juicio del caso Kitchen que el servicio de Inteligencia tuviera participación alguna en el espionaje a Luis Bárcenas y su familia para sabotear el caso de la caja B del PP. Varios son los indicios sobre el CNI en la causa que cristalizaron en la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción de que en la operación podrían haber participado “otros servicios” distintos de la Policía.

“EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”, ha declarado el general retirado.

Sanz Roldán ha asegurado que no mantenía enemistad alguna con Villarejo. A esta respuesta ha replicado el abogado del comisario preguntándole por la querella que interpuso contra él por injurias y calumnias. “Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo al ser la única que tenía identidad y porque las personas que sirven a España en el CNI no merecían o que decía de ellas el señor Villarejo”, ha dicho el exdirector general del Centro.

El letrado Antonio Cabrera, que representa a Villarejo, le ha preguntado por qué entonces se querelló por algo que había dicho Villarejo exclusivamente de él, que había viajado a Londres a amenazar a la antigua pareja extramatrimonial del rey Corinna Larsen. Sanz Roldán no se ha salido de su guión. “Personal no fue en absoluto. Había que salir al paso de mentiras tan crueles de mis subordinados”, ha dicho. Un tribunal de Madrid falló en contra de la querella de Sanz Roldán.

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Sanz Roldán ha sido preguntado por el abogado de Villarejo y por el fiscal Anticorrupción, pero ninguna pregunta ha sido formulada por la defensa de Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que señaló al CNI como participante en la Kitchen. Consta en uno de los mensajes entregados ante notario y a la Policía en los que él habla con el ministro Fernández Díaz del “contacto cecilio”. O más recientemente, en su escrito de defensa, cuando revela que el CNI colocó cámaras en el chalet de Baqueira del tesorero.

Sin embargo, la defensa de Fernández Díaz ha dado marcha atrás en su estrategia y no ha formulado pregunta alguna ni este lunes al director general ni durante la declaración de la jefa política del Centro Soraya Sáenz de Santamaría.

Cabe destacar que el fiscal Anticorrupción César de Rivas ha intervenido, incluso antes de que empezaran las preguntas de Villarejo, sobre la dispensa de Sanz Roldán para contestar a preguntas sobre el CNI, por estar clasificada como secreta su actividad. Y ha añadido que solo se podrían formular si son parte del material desclasificado por el Gobierno. Fueron sus compañeros Ignacio Stampa y Miguel Serrano quienes intantaron indagar en la posible implicación del Centro y que no pudieron por el cierre abrupto de la investigación por parte del juez Manuel García Castellón.

En el capítulo de negaciones de Sanz Roldán figuran también los correos aportados por Villarejo con cuentas del dominio “areatec”, atribuido al CNI, incluido uno sobre pagos pendientes al policía por el servicio secreto. Sanz Roldán ha dicho que ese correo “no tiene origen en el CNI” y tampoco “en ninguno” de sus colaboradores. “Esos correos son falsos”, ha añadido.

Asimismo, Félix Sanz Roldán ha negado que diera orden a un colaborador del Centro de denunciar a Villarejo, lo que originó el caso. El exdirector del CNI también ha dicho que jamás se negó a desencriptar una 52 cabeceras de las 94 que tenía el archivo incautado al comisario. “Nunca jamás dejé de cumplir la orden de un juez”, ha declarado.

En el capítulo de afirmaciones, Sanz Roldán ha reconocido que se reunió en varias ocasiones con el comisario Marcelino Martín-Blas, en el momento de los hechos enjuiciados jefe de Asuntos Internos. No ha sido preguntado por el motivo de esas reuniones con el jefe de una unidad que investigaba supuestamente corrupción policial.

Sanz Roldán ha dicho que “siempre” habló con Martín-Blas en su despacho. “Fue algo oficial y estará registrado”, ha añadido. Martín Blas se sienta en el banquillo de los acusados y es el mayor enemigo declarado de Villarejo en la Policía.

Un colaborador del CNI a sueldo

Al término de la jornada ha comparecido David Rodríguez Vidal, autor del anónimo a la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a la investigación a Villarejo. Ha contado que trabajaba para el empresario Francisco Menéndez, quien pretendía rebajar su condena en un caso por fraude fiscal denunciando a Villarejo y al también comisario Carlos Salamanca. 

Rodríguez Vidal ha asegurado que colaboró con varios Cuerpos de seguridad y que fue confidente del CNI a sueldo, cobrando del servicio de Inteligencia mensualmente y en metálico. Su colaboración se extendió durante una década aproximadamente, hasta 2012, cinco años antes de la denuncia contra Villarejo. A la pregunta de si su cliente colaboraba con el CNI, Rodríguez Vidal ha dicho que su “valoración personal es que eso es absolutamente imposible”.

El confidente ha reconocido que envió el anónimo sin la colaboración del empresario para el que trabajaba ante la indecisión de Menéndez a denunciar en Anticorrupción como estaba previsto. Meses antes había acudido al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, para entregarle la información de cuentas y sociedades de Villarejo en Panamá a través de las cuales habría cobrado el comisario. Aquella delación en la Policía no tuvo consecuencias. 

El abogado de Villarejo ha conducido una parte de su interrogatorio a demostrar que Rodríguez Vidal tenía un interés propio en la denuncia a Villarejo por motivos que no ha aclarado. Ocurrió cuando dio una entrevista a El Mundo anunciando que era el autor de la denuncia anónima en Anticorrupción contra Villarejo la víspera de la declaración judicial del empresario Menéndez, con el objetivo de que no se echara atrás.

Pérez Dolset: “Martínez me pidió perdón”

El empresario Javier Pérez Dolset ha declarado a petición de la defensa de Villarejo. Pérez Dolset ha desplegado varias teorías de conspiraciones alrededor del caso Villarejo, como que el caso se origina a partir de un chat que una periodista, ya fallecida, mantenía con un grupo de guardias civiles en 2015, o que luego, otro chat de whatsapp de la misma periodista, supuestos guardias civiles, un fiscal Anticorrupción, la exmilitante del PSOE Leire Díaz y otros integrantes sin identificar supuso “la mayor fuente de filtración de la causa Tándem en general y de Kitchen en particular”.

Pérez Dolset ha asegurado que el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez le confesó que tenía que haber dimitido en cuanto recibió instrucciones irregulares en Interior y que una vez, incluso, fue a su casa a pedirle perdón porque esas actuaciones habían perjudicado al empresario.

Las confesiones de Martínez a Pérez Dolset habrían incluido la afirmación de que él cumplía órdenes de Francisco Martínez y de María Dolores de Cospedal. Pérez Dolset asegura haber formado una asociación denominada 'Víctimas de las cloacas'. El empresario está imputado en la Audiencia Nacional por un fraude de subvenciones de 30 millones de euros.

En la separación del poder político de la propiedad está la clave de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas de organización del poder político conocidas en la historia de la humanidad.

Antes del Estado Constitucional, el poder político había sido un correlato de la propiedad de la tierra. No era un poder “representativo”, sino un poder ejercido directamente por quienes disponían de la propiedad agraria.

Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII se empezarían a crear las condiciones materiales que harían posible que se pusiera fin a dicha conexión. Sería un proceso lento y rápido al mismo tiempo. Durante todo el siglo XIX y todavía en los primeros decenios del siglo XX, la propiedad de la tierra fue una pieza esencial en la organización del Estado Constitucional. Pero la afirmación del Estado como un poder representativo, que exige que los gobernantes sean elegidos por los gobernados, se convertirá en la única forma legítima para el ejercicio del poder, con fórmulas censitarias inicialmente y que acabarían dejando paso al sufragio universal en el siglo XX. Fue un proceso lento, contemplado desde la perspectiva de la aceleración del tiempo histórico actual, pero muy rápido si lo analizamos con la referencia del tiempo preestatal.

El poder no puede ser de nadie. En consecuencia, tiene que ser de todos. Entre ese nadie y ese todos, entre la “soberanía de origen divino” y la “soberanía popular”, está la historia del proceso de transición del Estado Constitucional, fuertemente oligárquico a lo largo de todo el siglo XIX que dio paso al Estado Democrático a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero que solamente se estabiliza como tal después de la Segunda. Y no de forma universalizada, sino de manera minoritaria. Estados Unidos, Canadá y algunos países iberoamericanos, los países del occidente europeo, con excepciones como Grecia, Portugal y España, Australia y Nueva Zelanda y poco más. En todo caso, el principio de legitimidad democrática se acabaría convirtiendo en la única forma aceptable de organización del poder.

La tensión entre la democracia como forma política y el capital como principio de constitución económica es consustancial al Estado Constitucional. Hasta el momento, no hemos encontrado una fórmula de gobierno que pueda prescindir de la misma. Permanentemente, estamos oscilando entre periodos en que la democracia se fortalece o se debilita frente a la pretensión del capital de sustraerse a los límites que el poder democráticamente constituido trata de imponer. Estamos viviendo en una fase particularmente crítica de esta tensión, que se inclina a favor del principio de constitución económica en detrimento del principio democrático.

La corrupción es la hipoteca de la democracia. Es la subordinación de manera más o menos soterrada, pero siempre espuria, del poder político a la propiedad privada. Ataca al Estado democrático en lo que es su núcleo esencial, en el secreto de su superioridad como forma política. La recesión democrática viene siempre precedida por un aumento de la corrupción, que conlleva una crisis de la legitimidad democrática.

De ahí la necesidad de estar siempre alerta a las prácticas corruptas. Pero también la necesidad de diferenciar entre dichas prácticas y no confundir episodios de corrupción con el ejercicio corrupto del poder. No todas las prácticas corruptas son iguales. La equiparación de todas ellas, “todos los políticos son iguales”, es una forma de dar por perdida la lucha contra la corrupción.

En España lo estamos viviendo en estos días de una manera paradigmática. En el Tribunal Supremo se está juzgando un “episodio” de corrupción con el caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional se está juzgando un “ejercicio corrupto del poder” con el caso Kitchen.

Son dos casos de corrupción completamente distintos y, sin embargo, el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública es equidistante, como si fueran equivalentes. La información paralela sobre ambos con la que abren los medios de comunicación, en lugar de ilustrar sobre la especificidad de la naturaleza corrupta de cada uno de ellos, conduce a la confusión nocturna de que todos los gatos son pardos.

El caso Mascarillas es un episodio de corrupción. Repulsivo como todos, pero un episodio. Se presentó inicialmente como un caso de corrupción económica de una envergadura extraordinaria y ha sido instruido y enjuiciado como un caso de conducta desordenada por parte de un exministro y su colaborador en el Ministerio, en el que el sexo ocupa un lugar mucho más destacado que la repercusión económica. En el caso Mascarillas, las mascarillas han brillado por su ausencia. No ha sido el indicador de una forma de ejercer el poder, sino de un ejercicio puntual desviado del poder, del que no hay réplicas en los demás ministerios, no hay financiación irregular del PSOE y los protagonistas han sido expulsados del partido.

Queda por ver qué dice la sentencia. Pero, por la forma tan extraña en que se ha procedido tanto en la instrucción como en el juicio oral, va camino de convertirse en un “parto de los montes”.

El caso Kitchen es completamente distinto. Se trata de un caso en el que se hace uso del Ministerio del Interior, que es la pieza maestra del “monopolio de la coacción física legítima” en que el Estado consiste (Max Weber), para sustraer al conocimiento del poder judicial la documentación del tesorero del PP sobre la financiación irregular de este partido.

El caso Kitchen es una secuela del caso Gürtel, en el que se acreditó judicialmente en la Audiencia Nacional, y se confirmó después en el Tribunal Supremo, que el PP se había financiado irregularmente. En la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo el origen de la moción de censura que acabó con la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y su sustitución por Pedro Sánchez.

Aunque la sentencia del caso Gürtel fue de 2018, no se conocía en ese momento la operación Kitchen. El PP fue condenado por haberse beneficiado a título lucrativo con Gürtel, pero no se sabía que había hecho uso de una manera torticera del Ministerio de Interior para sustraer información incriminatoria al órgano judicial que estaba encargado de la investigación para el presidente, vicepresidente y secretaria general del partido.

Como no es infrecuente que ocurra en estos casos, la reacción para tapar un escándalose convierte en un escándalo todavía mayor. El caso Watergate es el ejemplo al que siempre se recurre. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. El caso Kitchen va mucho más allá del caso Gürtel.

Para impedir que la información incriminatoria acumulada por el tesorero del partido contra el presidente Mariano Rajoy, el vicepresidente Javier Arenas y la secretaria general Dolores de Cospedal, acabara en manos del juez instructor, se organizó una nueva operación, con la finalidad de sustraer dicha información. Para ello se utilizaron 70 policías, ocho comisarios, el que había sido chofer de Luis Bárcenas y un falso cura que asaltó el domicilio del tesorero. Se les retribuyó con fondos reservados y se le prometió al chofer un puesto como policía nacional.

La dimensión de la operación Kitchen desbordaba con mucho a la operación Gürtel. Ya no se trataba de que el PP fuera “partícipe a título lucrativo” de determinados movimientos dinerarios, sino de generar una “policía a-judicial”, que actuara sin conocimiento del juez instructor y que impidiera la operatividad constitucional de la administración de justicia, con la finalidad de proteger a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Dolores Cospedal, además de al propio partido.

Una vez conocida la operación Kitchen y residenciada judicialmente, el ejercicio fraudulento y corrupto del poder ha tenido que extenderse a la propia instrucción del caso. El juez García Castellón circunscribió la operación al Ministerio de Interior, excluyendo la investigación de los tres dirigentes del partido, que eran los únicos que figuraban en la documentación incriminatoria de Luis Bárcenas. Como subrayó uno de los fiscales, no se podía entender que el juez instructor estableciera una “línea roja” que impedía la investigación en sede judicial del partido y de los dirigentes que eran los beneficiarios directos de la operación.

A pesar de los indicios abrumadores contra ellos, quedaron fuera del auto de apertura del juicio oral. Pero como los indicios no han desaparecido, al fraude en la instrucción se ha añadido un fraude en el juicio oral, en el que, de manera insólita, la presidenta del Tribunal está limitando el ejercicio del derecho a la acusación, además de “orientar” a los testigos sobre la respuesta que deben dar a las preguntas que se les formulan.

El caso Kitchen no es un episodio de corrupción, sino un ejercicio continuado del poder de forma corrupta, que salta del espacio político-administrativo al espacio judicial y destroza las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí que la equidistancia entre el caso Mascarillas y el caso Kitchen resulte insoportable. No todas las corrupciones son iguales.  

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho durante el juicio de Kitchen ha revelado varios episodios ocurridos en la cúpula de la Policía durante el primer gobierno de Rajoy que trascienden el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas. El director operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para dificultar su investigación del caso de la caja B del PP. Bajo la máxima de 'ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos', ubicó a Morocho en el nido de la brigada política que él mismo había creado. Allí, el policía presenció escenas que constatan las dos obsesiones de Pino y del Ministerio del Interior del PP: el independentismo catalán y Podemos.

Centrado en describir el acoso que sufrió durante al menos cinco años, el inspector jefe Morocho apenas se detuvo durante más de ocho horas de declaración en cuestiones no relacionadas con lo que el tribunal está juzgando. Sin embargo, en su descripción del ambiente que tuvo que soportar afloraron episodios como el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación ilegal de Podemos por Venezuela e Irán, o la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco de Suiza.

Manuel Morocho era el jefe del grupo de la UDEF que investigaba el caso Gürtel desde 2007. Con la publicación de los 'papeles de Bárcenas', el juez Pablo Ruz requirió a Morocho y sus subordinados para hacerse cargo de la pieza separada sobre la caja B del Partido Popular. Los problemas con las filtraciones a la cúpula del partido de su anterior jefe, José Luis Olivera, pasaron a ser casi una anécdota con lo que le tocaría vivir a partir de ese momento, ya con una cúpula policial nombrada por el nuevo Gobierno del Partido Popular.

Morocho recibió “presiones” para no incluir el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe principal —tuvo que colarlo en un anexo—, soportaba que los atestados se demoraran en la mesa de sus jefes durante meses antes de llegar al juez Ruz y vivía a diario, según su testimonio, un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores jerárquicos. También se le ofrecían puestos en destinos lejanos, los mejor remunerados, para apartarlo de la investigación.

Ante la negativa del policía a dejar el caso, el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, optó por decretar para Morocho una “adscripción temporal de funciones” a la Dirección Adjunta Operativa. Morocho tendría que seguir trabajando en el caso de la caja B a las órdenes directas de Ruz, pero su destino en la Policía cambiaba temporalmente. Lo sepultaron en trabajo, según su testimonio ante el tribunal.

De su unidad, la UDEF, el inspector jefe pasaba a estar destinado temporalmente en el engendro que había creado Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). La DAO había pasado de ser el órgano de dirección y coordinación de la Policía a albergar unidades de inteligencia y a un grupo de mandos, sin adscripción clara, que aparecen en cada maniobra contra Podemos, los líderes del procés y la operación Kitchen.

“Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro [Jorge] Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin... ahí no aguanto mucho, un día o dos”, declaró Manuel Morocho el miércoles durante el turno de preguntas de la representación de Podemos.

El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, El Mundo tituló en portada: “Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra”. El banco suizo UBS desmintió la existencia de la cuenta. El número de la misma que había sido publicado era incompatible con el sistema bancario del país. Informaciones posteriores acreditan que la información procedió de un funcionario de aduanas francés que recibió 25.000 euros de los fondos reservados a cambio.

“No sabían dónde ponerme”

“No sabían dónde ponerme”, expuso Morocho el miércoles ante el tribunal. A los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). La creación de esta brigada ocupa un episodio por sí mismo de la guerra sucia del PP. La opacidad con la que debe trabajar la Unidad de Asuntos Internos, que ya estaba adscrita a la DAO, fue aprovechada por Pino para operar sobre el terreno de todas las maniobras mencionadas. En su seno, Pino creó la BARC con el supuesto objetivo de analizar fracasos policiales del pasado. En realidad, era la herramienta que permitía al artífice de la brigada política lanzar a Asuntos Internos contra sus enemigos declarados. No se salvaron ni el caso Faisán, ni siquiera el 11-M, dos casos que afectaron al PSOE, pese a que sobre ellos pesaban sentencias firmes del Tribunal Supremo.

Una vez en la BARC, uno de los miembros destacados de la brigada política, José Ángel Fuentes Gago, que se sienta en el banquillo de Kitchen, entregó a Morocho el informe PISA sobre Podemos para que “lo analizara”. Aún quedaba un año para que el Ministerio del Interior filtrara su contenido a medios afines, coincidiendo con el inicio de las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno a principios de 2016. En el momento en que el abogado de Podemos, Jaime Montero, intenta preguntar cuál fue el análisis de Morocho sobre el dosier PISA, el abogado de Pino interrumpe y solicita al tribunal que el testigo no conteste por ser hechos fuera del procedimiento de Kitchen.

Durante el año y medio que pasó en la BARC, Morocho fue reclamado en un momento para otro colaborador directo de Pino que el miércoles le escuchaba igualmente desde el banquillo de los acusados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. “Me citaron para reunirme con un periodista y contarle el resultado de la indagación del informe PISA. Él [Díez Sevillano] me introdujo al periodista”, explicó Morocho ante el tribunal. La mañana del 12 de enero de 2016, Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima que luego despreciarían la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El informe PISA es una de las maniobras más llamativas contra Podemos de la brigada política del PP. La guerra sucia contra el partido se investiga en el juzgado de Santiago Pedraz a partir de la querella que interpuso el partido. Varios de los imputados en Kitchen, con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el antiguo DAO Pino al frente, son investigados en esa causa.

La utilización de los conocimientos de Morocho en investigaciones exclusivamente contra los adversarios del PP había empezado mucho antes. Al poco de cambiar el Gobierno y que el PP nombrara a Pino número dos de la Policía, el director adjunto operativo encargó a Morocho los trabajos policiales relacionados con la causa que se abría en el Tribunal Supremo contra José Blanco, ex secretario de Organización del PSOE. Todavía permanecía oculta la caja B del PP, pero el policía estaba enfangado en los trabajos de Gürtel. En el juicio de Kitchen ha reconocido que el encargo le “entorpeció” en su labor de investigar el caso de corrupción del PP.

Morocho explicó cómo, a diferencia de lo que ocurriría después con la caja B, la Dirección de la Policía puso a su disposición todos los medios que necesitara. El inspector jefe advirtió a sus superiores de que había llegado del juzgado de Lugo que había dictado la exposición razonada contra Blanco, que estaba aforado, unas grabaciones sin transcribir. En ellas, Morocho encontró el embrión del caso de la ITV en Cataluña, que acabaría con Oriol Pujol en prisión.

La cúpula policial del PP sabía que tenía en Morocho un capital profesional para utilizarlo en sus intereses y, al tiempo, era consciente de que su principal dedicación, por orden del juez Ruz, era la corrupción del PP, de cuya investigación quería apartar a toda costa. En su declaración en fase de instrucción del caso Kitchen, en 2021, el inspector jefe describió así su traslado a la DAO: “Tenían la sensación de haber cazado a un animal salvaje y no sabían qué hacer con él”.

De ese desconcierto habla otro de los episodios de su paso por la DAO. Fuentes Gago le entregó un informe del Sepblac en relación con las empresas y el capital que acumulaba el comisario Villarejo, una trama de sociedades en paraísos fiscales que había desvelado El País. Interior se vio obligado a abrir una investigación interna a uno de los puntales de su brigada política. Morocho hizo un análisis de “cuatro o cinco páginas” sobre el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y cuando se lo quiso entregar a Pino este se negó a recogerlo alegando que Villarejo había prestado relevantes servicios en materia antiterrorista.

Las imágenes han sido más que comentadas y criticadas en los últimos días. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ya ha anunciado que denunciará al agitador ultra Vito Quiles por agresión después de que le impidiera salir de un bar. Una tensa situación que fuentes cercanas a Gómez califican de “acoso”. El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López (Madrid, 1973), tiene clara su descripción para Quiles: “Basura fascista financiada por el PP”, asegura en conversación con elDiario.es.

López llega al Dos de Mayo como líder de los socialistas madrileños con críticas a Ayuso y su “sectarismo” después de que, una vez más, la presidenta no haya invitado a ningún miembro del Gobierno a las fiestas autonómicas. “Es la principal apóstol en España de esa ola trumpista que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos”, dice. Sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, López cree que su objetivo es “deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada” y, todo ello, mientras se expulsa a la gente de la capital.

Este sábado es Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. La presidenta, de nuevo, no ha invitado a ningún miembro del Gobierno. ¿A qué cree que se debe esto?

Es sectarismo puro. De hecho, por eso es tan importante cambiar Madrid, porque Ayuso gobierna para unos pocos y es muy sectaria con todos los demás. 

¿Tienen pensado ir igualmente, como por ejemplo fue el ministro Bolaños en 2023?

El PSOE es un partido serio, así que mantendrá la representación institucional que le corresponde a través de la Asamblea de Madrid. Pero vamos a hacer una fiesta alternativa. Desde que soy secretario general nos dedicamos a celebrar el Dos de Mayo en un ambiente de ilusión. 

Falta un año para las elecciones autonómicas y parece que ya empieza a haber movimiento en los partidos. De ser usted candidato del PSOE madrileño, es posible que fuesen dos ministros los que se disputaran los votos de la izquierda. ¿Cree que eso podría beneficiarles electoralmente?

A mí me parece que el Gobierno de España hace una gran gestión. Ahí están los datos económicos, los avances en derechos, la voz en el mundo en defensa de la paz, del multilateralismo. Si el Gobierno de España lo hubiera hecho mal, podría ser un freno, pero hoy es un aval y demuestra que quienes hemos tenido el honor de poder gobernar, lo hemos hecho bien.

Hablando de las autonómicas, ahora mismo Más Madrid está atravesando una crisis interna de cara a las primarias del partido. ¿Piensan que esto es una mala noticia para el bloque de izquierdas o que puede reforzar de alguna manera al PSOE?

Nunca lo vi en esos términos, porque nuestro objetivo es gobernar Madrid y para gobernar Madrid yo quiero que toda la izquierda sea fuerte. Por lo tanto, todo el respeto a los procesos internos de otra formación política y mis mejores deseos. Hay una relación extraordinaria a día de hoy del PSOE de Madrid con Más Madrid. A la mínima oportunidad que haya un cambio, lo va a haber. Va a haber un cambio en Madrid. 

Es muy grave el nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno. Pone los pelos de punta porque no es propio de una democracia occidental

Parece que el PP de Ayuso ya ha empezado también a prepararse de cara a las autonómicas. Este jueves el partido firmaba una carta en la que de nuevo alimentaban la idea de fraude electoral de cara a 2027. Decían que en el PSOE “son capaces de todo”. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?

Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista que hace esa política, que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables y mucho más de alguien que gobierna. Si hay un genocidio en Gaza, vamos a ver a la embajadora de Israel. Si hay familiares de víctimas de residencias, acusamos a las familias de las víctimas. Si un periodista se atreve a denunciar, perseguimos al periodista o al fiscal general si hace falta. Va contra todo el mundo, contra el sentido común. Si hay una ley de memoria, la denunciamos y no la aplicamos. Si hay una ley de vivienda no la aplicamos, nos declaramos en rebeldía. Si hay una ley del aborto, hacemos que en Madrid no se pueda aplicar. 

Por eso no tengo ninguna duda de que esta vez va a haber un cambio en Madrid, porque no se puede gobernar para unos pocos. En las próximas autonómicas, la realidad va a ser muy sencilla: o es Madrid para quien vive Madrid o es Madrid para quien especula con Madrid. A los millones de personas que viven Madrid y que se ven perjudicados por ese modelo especulativo, extractivo, corrupto y que alimenta el caos y la frustración, les pido que defiendan sus intereses. 

Sin embargo, según las últimas encuestas, parece que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta de cara a 2027. ¿Cómo lo explica? ¿Cree que la oposición debería cambiar su estrategia?

Muchas encuestas están pagadas. Llevo muchos años en política, he visto muchas encuestas fracasar. La derecha tiene un método habitual que es bombardear la zona antes de que lleguen las elecciones y lanzar el mensaje de que no hay esperanza. Hay un millón y medio de madrileños que no votaron en las últimas elecciones. Me quiero dirigir a todos ellos para que piensen que si la vivienda es imposible en Madrid, si les cierran un centro médico para que se tenga que hacer un seguro privado, si su hijo no puede ir a una universidad pública, que piensen que eso se puede cambiar, pero eso se cambia participando en las elecciones. Los madrileños estamos muy orgullosos de Madrid. Nos encanta Madrid, también la ciudad. Pero el PP ha puesto en marcha un modelo que expulsa a la gente de aquí. 

Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid. También casos de corrupción. Durante tres décadas podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al PP de Madrid

Hablaba de las residencias. La Audiencia de Madrid ha rechazado ahora crear una macrocausa para este caso, como se venía reclamando. Han pasado seis años y la presidenta de la comunidad llama “plataforma de frustrados” a las familias que han denunciado. ¿Cómo se podría reparar a estas familias?

Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid. También casos de corrupción. Durante tres décadas podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al PP de Madrid. ¿Tiene sentido agrupar todas las causas en una sola? Hay un argumento que no se puede rebatir: todo tiene origen en una sola instrucción, en un documento real que existe, que son los protocolos de la vergüenza. Si no se hubieran redactado, firmado y enviado a las residencias, no se hubieran aplicado. Estamos hablando de un punto central del que se emite una orden y todos hemos podido ver en la comisión de investigación cómo responsables de las residencias que habían recibido ese correo lo aplicaron. Hiela la sangre cuando se le pregunta qué pasaba con una persona que estuviera en la residencia que tuviera seguro privado.

Los responsables de la patronal decían: “Llamamos al hospital privado y venían a recogerle en ambulancia”. Hubo una orden firmada por los responsables de la Comunidad para que las personas que no tenían un seguro privado, que necesitaban un hospital público, se quedaran en las residencias. Eso pasó en Madrid.

Hace unos días, la Comunidad de Madrid anunció un nuevo plan de residencias. ¿Qué opina de este plan?

El modelo del Partido Popular es hacer negocio. Con las plazas de la universidad, con la vivienda. Es todo especulativo. Nosotros estamos trabajando para elaborar una propuesta que no vaya solo de residencias, porque creo que muchos mayores lo que necesitan es una buena atención a domicilio. 

Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista que hace esa política, que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables y mucho más de alguien que gobierna

Hoy en día había dos comunidades que tienen mucho retraso por los recortes del PP en las listas de la Ley de la Dependencia, pero le voy a dar dos ejemplos de cómo se hace bien y cómo se hace mal. En Catalunya, la semana pasada, el presidente Salvador Illa hizo un plan especial para revertir esa situación. ¿Qué hace Madrid? Nada, por eso las listas no paran de crecer, también las listas de espera en sanidad. En Madrid, se han recortado los servicios públicos, pero no porque no haya habido recursos: en los últimos siete años, ha recibido más de 40.000 millones de euros extra. Teniendo más recursos, no se hace porque el truco consiste en deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada, sea en educación, sanidad o dependencia. No se puede explicar mejor que como lo hizo el gerente del Hospital de Torrejón, cuando decía que había que alargar las listas para que aumenten los resultados. 

Expliquemos a la gente lo que es la libertad de la señora Ayuso, lo que ellos llaman libertad de elección, que consiste en: ¿qué prefiere, esperar tres meses a que le atiendan en un hospital público o que le atienda uno de Quirón la semana que viene? Y en el de Quirón, financiado con dinero público, por lo tanto, pagamos dos veces. No puede ser que mucha gente no vea que está yendo directamente contra sus intereses para favorecer el privilegio de unos pocos. 

Además de la sanidad, una de las principales preocupaciones de los madrileños es la vivienda. Ustedes han criticado que Madrid expulsa ahora mismo a la gente. Mientras, Ayuso ha cargado contra el Plan Estatal de Vivienda. ¿Qué proponen ustedes para intentar solucionar este problema aquí en Madrid? 

Lo más importante es lo que dijo el presidente del Gobierno: el mercado de la vivienda es imperfecto y hay que intervenirlo. Compiten jóvenes o personas que necesitan alquilar un piso con grandes fondos de inversión o grandes fortunas que compran manzanas enteras. No pueden competir en plano de igualdad. Desde el Gobierno, eliminamos las Golden Visa, hemos puesto en marcha la Ley de Vivienda que se niega a aplicar la señora Ayuso. Con su aplicación, hoy, en Madrid, habría un millón de personas pagando menos de alquiler y medio millón de pequeños propietarios que tendrían un beneficio fiscal.

Hay un Plan Estatal de Vivienda que duplica los recursos para construir vivienda pública en Madrid. La Comunidad salió primero muy chula diciendo que no a ese plan y, ahora, ya está un poquito menos chula. Ese plan tiene una clave, que es la que no le gusta a Ayuso: establece que todo lo que se construya como vivienda pública se va a quedar como pública. El problema es que la vivienda pública que había construida en España ha pasado a manos de especuladores. Todo tiene que ver con medidas que regulen otra de las cosas que dan alergia al PP: los pisos turísticos.

Cuando se disparó el precio de la electricidad, Sánchez dijo que había que intervenir el mercado eléctrico y se nos dijo que era imposible y comunista. Lo hicimos con la solución ibérica, además de apostar por las renovables. Hoy, España tiene una de las energías más baratas. Por tanto, de vez en cuando hay que actuar, hay que intervenir y eso no significa ser un gobierno bolivariano comunista, sino defender el interés general, la justicia y las mayorías. Es lo que yo voy a hacer en la Comunidad de Madrid.  No es verdad que la ley ampare la ocupación. Y no es verdad que haya un problema masivo de ocupación. Lo que hay es un problema masivo de gente que no puede pagar un alquiler o que no puede comprarse una vivienda porque cualquier familia, cualquier joven, no puede competir con un fondo de inversión. Esa es la verdad.

El alcalde de Móstoles avanzó la semana pasada que se iba a querellar contra el delegado del Gobierno después de que este se refiriera al presunto caso de acoso sexual durante una reunión de la Junta Local de Seguridad. El PP sigue mostrando su apoyo a Manuel Bautista. ¿Cómo cree que debería haber actuado el Gobierno de la comunidad?

Espero que tomen nota las mujeres de la Comunidad de Madrid y, no solo las mujeres, todos aquellos que rechazamos cualquier práctica de acoso sexual y laboral, como dice la denuncia. La presidenta tuvo conocimiento al menos durante dos años del asunto y lo que hizo no fue citar a la denunciante, sino al denunciado para darle su amparo y mandar a dos sicarios, en este caso la señora Millán y el señor Serrano, a reunirse con la denunciante para que desistiera con expresiones tan graves como: “No le des un disgusto a tu padre”. Hay una mayoría en Madrid que rechaza esas cosas que está haciendo la Comunidad. Por muchos medios que compre la señora Ayuso, por muchos agitadores pagados que compre, por mucho colaborador también, que lo hay, dentro de la justicia, la verdad es evidente. 

Hace unas semanas, el periodista David Fernández contaba en un libro que acaba de publicar sobre la señora Ayuso que una diputada de Vox denunció ante ella que un exconcejal intentó besarla. Ella le había dicho que ‘no hay tema’. El portavoz del Gobierno de la Comunidad asegura que no les consta este hecho. ¿Qué opina sobre esto? 

Todos hemos visto al señor Serrano en una rueda de prensa preguntar a los periodistas: “Y tú, ¿cómo ligas?”. Pues esa es la pregunta, eso es lo que pone los pelos de punta, cómo consideran estos señores que hay que ligar. 

El empresario Víctor Aldama ha dicho esta semana en el Supremo que llevaba maletines de billetes para financiar ilegalmente al PSOE, aunque no aporta pruebas. ¿Cómo asiste a una acusación tan grave?

El Partido Socialista ha demostrado con auditorías internas y externas que no ha habido financiación irregular. Respeto el derecho de todo el mundo a defenderse, pero quien sí ha aportado pruebas de que no ha habido financiación irregular es el Partido Socialista.

Este lunes declara su excompañero de partido y exsecretario de organización, José Luis Ábalos. El retrato de estos personajes y de su modus operandi que está dejando el juicio es algo que a los socialistas debe provocar una sensación muy parecida a la vergüenza. 

No es agradable, pero cualquier formación política del tamaño del Partido Socialista puede tener casos de esta índole. Lo más importante es que la gente entienda quién actúa y quién no, quién ampara y quién no. Puedo decir con orgullo que mi partido y el Gobierno del que formo parte actuaron con contundencia, con rapidez, sin que hubiera ninguna condena. Y todos hemos visto casos donde se ha alargado la defensa de los acusados, se han destruido pruebas o se han montado policías patrióticas. No es el caso del Partido Socialista. 

Ha mencionado la trama policial del PP en el ‘caso Kitchen’. El inspector Morocho ha detallado una auténtica persecución del gobierno de Mariano Rajoy para dificultarle la investigación. ¿Qué conclusión saca de lo que arroja ese otro gran juicio de corrupción? 

Nadie ha acosado tanto a los jueces, a los periodistas y a los policías como el PP. Nadie, nunca. El PP montó una trama corrupta desde el aparato del Estado, una corrupción sistemática en el caso Gürtel para repartir sobres, sobresueldos y comisiones que llegaron a lo más alto de la cúpula del Partido Popular. Y también un ‘caso Kitchen’ para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos y para destruir las pruebas que inculpaban a su partido. Es muy grave el nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno. Pone los pelos de punta porque no es propio de una democracia occidental. 

Desde el Gobierno y el PSOE dan a entender todo el rato que el juez Peinado prevarica en el caso de Begoña Gómez, pero no recuerdo que lo hayan verbalizado expresamente. Como a usted ya le ha puesto una querella y le pide 70.000 euros no sé si querría aclarar aquí por el mismo precio si considera que prevarica o no. 

Yo describo hechos. Se ha hecho una investigación general y prospectiva, se han desatendido en todo momento los derechos de la persona que ha sido denunciada, se han ido contraviniendo decisiones de otras instancias jurídicas y ha llegado a montar dos interrogatorios en La Moncloa, contraviniendo el sentido común y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No creo que sea una instrucción ejemplar para explicar a los estudiantes de Derecho. 

Le decía que a usted le pide 70.000 euros en una querella, pero también lo hace con periodistas. Reporteros sin Fronteras acaba de censurar ese ataque a la libertad de expresión. ¿Qué le parece?

No puedo dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de: “El que pueda hacer que haga”. No puedo evitar pensar en eso. Lamento que haya personas en la justicia, en el periodismo o en la política que crean de verdad que todo vale con tal de derrocar a este Gobierno. Todo, incluso saltarse el Estado de derecho.

Begoña Gómez se ha convertido esta semana en una más de las personas que componen la larga lista de víctimas de acoso por parte del hostigador ultraderechista Vito Quiles. ¿Qué falla en un país como el nuestro para que este tipo campe a sus anchas por las instituciones como si fuese periodista y con tal sentimiento de impunidad como para acosar a la pareja del presidente del Gobierno?

Eso es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal. Un PP que ampara, financia y protege comportamientos ultras antidemocráticos que no eran conocidos en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Lo qué está fallando es un PP que no es capaz de plantarse de una vez por todas y decir: “Nosotros no somos esto. Nosotros no somos esta basura”. Si esa derecha, que debería ser democrática y europea, no amparara esos comportamientos, las cosas serían diferentes. Pero todos hemos visto cómo las comunidades del PP los financian y les invitan a cerrar campañas en mítines.

A este señor se le otorgó una acreditación para trabajar en el Congreso como periodista bajo una presidencia socialista. 

Muy mal hecho, lo he dicho en varias ocasiones. 

Por eso le planteaba la autocrítica de no haber actuado a tiempo o de que el PSOE no ha sido consciente hasta que no ha afectado al Partido Socialista. 

No estoy de acuerdo. Esto no es un problema español, está pasando en el resto de Europa, está pasando en América. Nosotros tenemos una ley en el Parlamento que aplica dos reglamentos europeos: la libertad de medios de comunicación y la de servicios digitales. Y son fundamentales para lo que estamos hablando porque ayuda a saber cómo se financia un supuesto medio de comunicación. Porque hoy hay medios donde hay periodistas que hacen periodismo y compiten con algunos camuflados como medios y periodistas que no lo son. Son agitadores, son máquinas de sembrar odio, son máquinas de sembrar bulos. Y están financiados por alguien. Sepamos quién los financia. Sigamos la pista del dinero y entonces, a lo mejor, lo entenderemos. 

[Vito Quiles] es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal, un PP que ampara, financia y protege comportamientos ultras antidemocráticos que no eran conocidos en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Lo qué está fallando es un PP que no es capaz de plantarse de una vez por todas y decir: nosotros no somos esto, nosotros no somos esta basura

Acaba de arrancar la campaña en Andalucía y tienen previsto volcarse en arropar a María Jesús Montero para una cita muy complicada. ¿Por qué la izquierda no tiene expectativa alguna de tocar poder en un territorio que ha gobernado 37 años?

Los análisis, para después de los resultados. Ahora vamos a intentar ganar las elecciones en Andalucía. Hoy España es uno de los mejores países del mundo, de los más avanzados, de los que tiene un mejor sistema social, de los que más crece de los países grandes. Y todo eso es en gran parte gracias a millones de hombres y mujeres que han votado al PSOE en Andalucía durante años. Si no hubiera sido por esos millones de votantes en Andalucía, este país no sería lo que hoy es. Y apelo a todos ellos para que lo vuelvan a hacer. El segundo mensaje es más personal. He trabajado durante cuatro años con María Jesús Montero. Si de verdad estamos hablando de quién va a gobernar mejor, de quién va a administrar mejor los recursos públicos, ya se lo digo yo porque lo he vivido desde dentro: esa es María Jesús Montero. 

No puedo dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de ‘el que pueda hacer que haga’. Lamento que haya personas en la justicia, en el periodismo o en la política que crean de verdad que todo vale con tal de derrocar a este Gobierno. Todo, incluso saltarse el Estado de derecho

Le pregunto por otro compañero, no sé si tan querido. Dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que en el Comité Federal de 2016 se intentó un pucherazo. 

No entiendo lo que está haciendo García-Page. De verdad que no lo entiendo. Yo le conozco desde hace muchos años, he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces con él y no entiendo lo que está haciendo. Me resulta increíble cuando acabamos de ver en Barcelona cómo todos los gobiernos y todos los partidos progresistas del mundo reconocen al de Pedro Sánchez como estandarte de la socialdemocracia del siglo XXI. Cada vez que salgo fuera de España nos ponen como ejemplo en materia de energía, en materia de paz, de defensa de un sistema multilateral justo, en defensa de un sistema social justo, en defensa del crecimiento económico. Que todo eso se ponga en cuestión no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.

El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al presidente regional del PP, Paco Núñez, que dé explicaciones y pida “perdón” tras la declaración de inspector jefe Manuel Morocho en el juicio del caso 'Kitchen'. “Con este relato, Cospedal no solo estaba en el ajo sino en la sala de máquinas dirigiendo”.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha dicho que Núñez “no puede estar mudo” ante las declaraciones del principal investigador de la trama 'Gürtel'.

“Debería pronunciarse y no tendría sentido que no lo hiciera cuando se ha sabido que Cospedal estaba en el ajo: Hemos escuchado audios con Villarejo, cómo decía la señora Cospedal que había que conseguir esa libretita y hoy sabemos que tenía reuniones, no solamente de manera esporádica en alguna cafetería, sino en el propio Ministerio de Defensa”.

A ello ha unido que Morocho ha desvelado en el juicio cómo Cospedal “recibía documentos importantes para que ella tuviera conocimiento de esto”, por ello ha reiterado que “se hace más urgente que nunca que Núñez diga algo de quien es aún su presidenta de honor y fue su presidenta del PP de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015”, ha reiterado.

“Creo que ha quedado claro que, en un día como hoy, los castellanosmanchegos y las castellanomanchegas nos sentimos avergonzados de las declaraciones que hemos escuchado de la persona que más sabe de este caso de corrupción”, ha aseverado.

Por todo ello, ha vuelto a pedir al líder del PP en la región, “a quien idolatra o idolatraba a la presidenta de honor de su partido”, que dé algún tipo de explicación, “porque hasta el momento la señora Cospedal, que aparece constantemente en estas investigaciones, sigue siendo la presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha”, ha concluido.

El PP responde aludiendo a Hernández Moltó, Bono o Paco Pardo

El PP ha rebatido este jueves al PSOE para afirmar que el único exalto cargo de Castilla-La Mancha que ha sido condenado por la justicia es el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, al tiempo que ha aludido a los “asuntos turbios” de la Hípica y del 'Pocero' del expresidente regional Pepe Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

En rueda de prensa la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha lamentado que los socialistas no hayan puesto el foco en esta jornada de pleno en garantizar que se cumpla el pacto de la carrera profesional o en las necesidades de agua para la región.

“Como el PSOE hace esta casa para lo que le da la gana y utiliza esta sala de prensa para hablar de temas nacionales, lo mismo que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, prohíbe en debate parlamentario, me veo obligada a contestar”, ha argumentado.

Ha dicho así al PSOE que “si quiere seguir ese camino” el PP está dispuesto a llevar al Parlamento autonómico iniciativas en este sentido. “Si hablamos de asuntos turbios hay mucho que hablar, empezando por los expresidente de Castilla-La Mancha. A todos ellos le une Emiliano García-Page porque con todos ha trabajado y con todos ha estado”, ha agregado.

Tras afirmar que hoy es un día complicado para el PSOE porque comparece en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos, Agudo ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que se pronuncie para decir si sigue opinado de él que es “un buen compañero que tenía en su actuación el interés del Estado”.

“O qué tiene que decir del 'número 1' de la trama al que lleva manteniendo con sus votos diez años en el Gobierno de España”, ha dicho en referencia a Pedro Sánchez. “Si el PSOE quiere hablar de expresidentes, desde el PP no tenemos ninguna duda en que podemos empezar a hacerlo, pero debatiendo en el pleno de las Cortes”, ha zanjado.

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha comparecido como testigo en el juicio del caso Kitchen en una declaración que continuará el jueves. Esta primera parte de su testimonio ha dejado dos vectores nítidos: el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “sin control judicial” que no tenía como fin contribuir a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP, sino que iba “contra” del trabajo del propio Morocho y sus agentes; y, por otra parte, el relato de varios años de presiones de la cúpula policial en tiempos de Mariano Rajoy para sabotear su trabajo sobre la corrupción de la formación política.

En este segundo apartado, Morocho ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy como perceptor de sobresueldos pagados por el partido, sin declarar a Hacienda, y procedentes del dinero negro aportado por los empresarios, tal y como constaba en los papeles de Bárcenas.

Morocho solo supo en mayo de 2015, casi dos años después de que arrancara la operación Kitchen, que la Dirección Adjunta Operativa, sin atribuciones para ello, había realizado investigaciones a Bárcenas y a su entorno que se le habían ocultado. En ese mes de 2015 se le hizo una cesión de información a través de las bases de datos policiales que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue una manera de tratar de blanquear el espionaje parapolicial. 

Esa cesión de información tardía supuso para el inspector jefe Morocho la constatación de algo que ya sospechaba, la existencia de una “operación policial sobre Bárcenas” que se había realizado “contra” él y sus policías, auténticos investigadores de las causas de corrupción del PP.

Morocho ha confirmado que nunca supo de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas, en alusión al chófer Sergio Ríos. Tampoco que se hubiera descubierto dinero de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. Estas maniobras de los autores de la operación Kitchen son presentadas por sus defensas como un intento de demostrar que no fue un espionaje ilegal, sino su contribución a la investigación al extesorero. A ellas se sumó el expresidente del Gobierno, que se alineó con las tesis de las defensas durante su declaración como testigo, y que hoy ha quedado desmentido por el investigador de la caja B.

El policía Morocho ha confirmado también la existencia de una segunda operación Kitchen en prisión cuando ha contestado al fiscal que nunca supo de las averiguaciones hechas por la dirección de la prisión de Soto del Real y los miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro preso que debía destruir unas grabaciones presuntamente de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. 

Morocho ha acudido al juicio con intención de reiterar las acusaciones de acoso y sabotaje a sus trabajos por parte de sus superiores, pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle que se ciña a las preguntas que le formulan las partes. A diferencia de otras jornadas, la declaración del testigo Morocho ha reunido en el banquillo a todos los acusados, que no tienen obligación de acudir a cada sesión.

Toda la “cadena de mando”

El policía investigador del caso de la caja B ha relatado en el juicio del caso Kitchen cómo sus superiores en la Policía durante la época de Mariano Rajoy en el Gobierno sabotearon su trabajo. La “escala de mando” de Morocho le transmitió, según ha contado, que los papeles de Bárcenas eran “una ideación de Bárcenas, que no tenía verosimilitud”.

El inspector jefe ha añadido que sus superiores, que no están en el banquillo de los acusados, le trasladaban que los papeles de Bárcenas eran “cosas de él, pero no de la formación política para la que trabajaba”.

Manuel Morocho ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que sus mandos le presionaron para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el informe principal. En este sentido, el policía ha explicado que su escala de mando se reunía antes de citarle a él y que alguno de ellos tomaba la palabra en esa reunión. En este caso se trató del máximo responsable de la comisaría general de Policía Judicial, José García Losada, quien le trasladó la inconveniencia de incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno. 

El inspector jefe Morocho ha nombrado uno por uno a todos los protagonistas de esas presiones: inspector jefe Miguel Ángel Cuevas, inspector jefe Jose Manuel Álvarez Luna, el jefe de la Brigada, José Luis Gudiña, el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, y los comisarios generales de Policía Judicial José García Losada y José Antonio Sánchez Aparicio. Ninguno de ellos se sientan en el banquillo por haber participado en la operación Kitchen. 

De ellos ha declarado como testigo, Manuel Vázquez, 'El Fiti', quien atribuyó esa supuesta coacción a desencuentros profesionales y al carácter de Morocho. De entre los acusados, Morocho ha señalado a José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF y que después de dejar el cargo le seguía reclamando información sobre investigados en la pieza de la caja B del PP. 

“Ellos me plantaban una serie de objeciones ceñidas a la construcción de la prueba del indicio, a la propia naturaleza de los papeles: si era una contabilidad extracontable o no, concatenación de la contratación de para procesos electorales, la no aparición de una persona de cargo público en los mismos… ya se ponía tela de juicio de pagos caja b y la reforma de la sede de la formación política”, ha declarado Morocho.

El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.

Como ya hiciera en fase de instrucción, Manuel Morocho ha contado las penurias que vivió en la Policía al ser instructor de los casos Gürtel y caja B. Su antiguo jefe en la UDEF, José Luis Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa muy bien remunerado. Cuando lo rechazó le dijo que podía escoger la embajada que prefiriera –es ahí donde se perciben los sueldos más altos en la Policía– algo que también rechazó, ha continuado Morocho, por su “compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir así principios democráticos y corresponsabilizarme del mandato que tenía por el magistrado, que era ser el responsable de la unidad de auxilio judicial” en la causa de Gürtel.

“Buscaban quitarme de en medio”

Las presiones de sus jefes policiales buscaban causar en él y sus agentes del grupo “desasosiego” y que orientara sus conclusiones con “cosas” que él “no veía”, ha explicado. Uno de sus jefes directos “iba diciendo por los pasillos que yo era la bestia del Partido Popular”, ha relatado. “Me acusaban de dar titulares a la prensa. Yo no estoy para dar titulares, no lo hago. Había mucho interés en la prensa por la naturaleza de lo que investigábamos”, ha continuado.

Morocho ha explicado cómo algunos informes policiales pasaban meses en manos de sus jefes antes de que pudiera entregárselos al juez. Ocurrió con uno que implicaba a Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad, en los regalos de la trama Gürtel. Estuvo más de un año en la mesa de sus jefes.

Manuel Morocho ha recuperado el episodio de cómo el Gobierno utilizó a la Unidad de Asuntos Internos para acusar al inspector jefe y sus subordinados de haber filtrado un informe de Gürtel que tenían decenas de abogados y que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. “Fue un elemento de castigo, de presión, que nadie pudo parar”, ha dicho. Entonces, el jefe de Asuntos Internos era uno de los acusados en Kitchen, el comisario Marcelino Martín Blas.

El siguiente paso fue intentar “quitarle de en medio” poniéndole la carga de un segundo destino al tiempo que tenía que seguir investigando la caja B. Estuvo un año y medio destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tuvo encargos como analizar la incompatibilidad de los negocios del comisario Villarejo. Cuando entregó sus conclusiones, el DAO Eugenio Pino no le aceptó el documento.

Los miembros de la cúpula del Gobierno y del Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy han logrado hacer de sus comparecencias como testigos en el caso Kitchen un cómodo trámite. Su escasa voluntad de colaborar se ha beneficiado de la jibarización del caso por parte del instructor, Manuel García Castellón, que adelgazó la trama hasta dejarla en una idea de Jorge Fernández Díaz ejecutada por un grupo de policías. En consecuencia, ninguna acusación pesa en este juicio sobre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, cuyos testimonios se han movido entre el desconocimiento y la desmemoria.

El periodista Alfonso Pérez Medina tituló su libro sobre dos décadas de corrupción con tres fórmulas estereotipadas a las que recurrían constantemente los acusados en grandes procedimientos como Gürtel, Púnica o 3%: “No lo sé. No me consta. No recuerdo”. Es el paraguas que han utilizado un expresidente del Gobierno y una antigua jefa del servicio secreto para que los márgenes de protección que estableció García Castellón no se desbordaran durante sus declaraciones. 

Los dos fiscales anticorrupción que impulsaron el caso Villarejo calificaron la actuación de García Castellón como “cordón o inaceptable línea roja” de protección alrededor de quienes han declarado las dos últimas jornadas como testigos. Este martes, su compañero César de Rivas, que representa a Anticorrupción en el juicio, ha saltado como un resorte para cortar una pregunta a Sáenz de Santamaría porque entendía que desbordaba el procedimiento. Es la segunda vez que lo hace. 

Una enfermedad hizo que la oposición renunciara a citar a Soraya Sáenz de Santamaría a la comisión de investigación del Congreso, así que esta era la primera ocasión que tenía de declarar sobre la operación Kitchen. Cuando esta se produjo, la abogada del Estado era vicepresidenta del Gobierno y responsable del Centro Nacional de inteligencia (CNI). 

Sáenz de Santamaría despachó con un monosílabo –“no”– a las primeras preguntas, formuladas por el abogado de Podemos. Luego creció en palabras para decir que se enteró de la operación Kitchen por la prensa, aunque no llegó a pronunciarlo. Solo dijo “sí” cuando le plantearon esta posibilidad. 

La exvicepresidenta contaba para su comparecencia con una carta que no manejan el resto de testigos: la actividad del CNI está clasificada como secreta. La exvicepresidenta no necesitó recurrir a ese comodín. El letrado le preguntaba si algo le constaba. Y ella decía, por sistema, que no. 

Por no constarle, ni supo que en el CNI había “animadversión” a Villarejo. Los hechos dejan en evidencia sus palabras. Esa “animadversión”, justificada o no, está detrás de la caída en desgracia del comisario, como coinciden todos los conocedores del conflicto larvado entre el policía y el servicio secreto. El propio denunciante de Villarejo dijo en un periódico que era colaborador del CNI. 

Además, esa “animadversión” se concretó en uno de los errores cometidos por el director general del CNI entonces, el general Félix Sanz Roldán, subordinado de Sáenz de Santamaría. El general respondió a las bravuconadas del comisario con una querella por injurias y calumnias. En el juicio, Sanz Roldán dijo que había acudido a Londres a “convencer” a Corinna Larsen con que recondujera su animosidad contra su anterior pareja, el rey Juan Carlos I, por “amistad” con el monarca, como una actividad privada. Y cuando se le preguntó por los detalles dijo que no podía darlos porque la actividad del CNI está protegida por el secreto. Todo ello con la asistencia letrada de un abogado del Estado y, por tanto, con cargo a los fondos públicos. Villarejo resultó absuelto. 

La sombra del conocimiento o participación del CNI en el espionaje a Luis Bárcenas, fuera de sus competencias, se cierne sobre el sumario de Kitchen. Su presencia aflora también en el último tramo de la causa. El escrito de defensa de Francisco Martínez, el primero en señalar en sus anotaciones del móvil la participación del CNI, revela un dato desconocido hasta ahora: el Centro colocó cámaras en el chalé de Bárcenas en la estación de Baqueira. Se desconoce con qué autorización judicial. 

En el escrito de Martínez se solicitaba la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Las imágenes, añade, fueron remitidas a Interior el viernes, 2 de agosto de 2013, en pleno apogeo de la operación Kitchen.

Los líderes del PP y la primera línea del Gobierno de Rajoy han trasladado durante el juicio que tres noticias que sacudieron la política española en 2013 apenas interesaron en el partido ni en el Ejecutivo. A saber, la publicación de los papeles de Bárcenas –prueba a la postre de que el partido se financió durante más de dos décadas con dinero negro de empresarios–, la fortuna que su tesorero escondía en Suiza, y la existencia de una operación en el Ministerio del Interior para sabotear el caso de la caja B.

Soraya Sáenz de Santamaría respondió con cierto desdén al abogado Gorka Valle, de Podemos, cuando este le preguntó por si su papel de portavoz del Gobierno le hizo indagar en el asunto de la operación Kitchen. “No”, fue la respuesta de la testigo. Javier Arenas, exsecretario general del PP, miembro de la Ejecutiva del partido cuando se desarrolló el operativo, fue consultado por Gloria Pascual, abogada del PSOE, por la reacción de la dirección de la formación política a las noticias de los ‘papeles’ del tesorero y su botín escondido. “En el partido no observe ninguna inquietud”, dijo Arenas en su declaración en Kitchen como testigo. 

Los miembros de la cúpula del PP y de aquel Gobierno han tenido una senda marcada cuando les ha tocado declarar. El primero en comparecer fue Mariano Rajoy, el jefe de todos ellos. Rajoy no contradijo hechos conocidos y relevantes, sino que se llevó la contraria a sí mismo. Los mensajes con el tesorero que recordó en el juicio de Gürtel, cuando todavía era presidente, se le han olvidado. 

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP de la época, dijo que no recordaba haber hablado en su vida por teléfono con Villarejo. Lo dijo pese a la grabación en la que le encarga “parar” la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Me parece un milagro que, cuatro días después de su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, todavía nadie haya publicado una columna titulada “La importancia de llamarse Mariano Rajoy”. Con lo que nos gusta a los columnistas parafrasear títulos famosos (Crónica de una muerte anunciada es de los más manoseados), y sin embargo he googleado sin encontrar nada. Así que no me queda más remedio que escribirla yo, venga.

La broma cae sola: la obra de Oscar Wilde (La importancia de llamarse Ernesto) va de un personaje del que todo el mundo habla (el tal Ernesto) pero que en realidad no existe, es el nombre falso que el protagonista usa para ocultar una doble vida. Más o menos como el tal M. Rajoy, M.R., M. Raj., Mariano, El Asturiano, El Barbas, que aparece por todas partes: en los papeles de Bárcenas, en las conversaciones de la trama Kitchen, en las declaraciones de testigos, en mensajes de WhatsApp…, pero que por lo visto no es Mariano Rajoy. Quizás eran seudónimos usados por otros, no lo descartemos. Además, Wilde juega en el original inglés con la homofonía entre Ernest y Earnest, que significa “serio” en el sentido de honesto, fiable y sincero. Nada earnest ha sido el expresidente Rajoy haciéndose el tonto ante el tribunal contra toda evidencia.

Pero sobre todo, el título viene al pelo porque en el juicio Kitchen, como en su día en las investigaciones sobre Gürtel, el caso Bárcenas, los sobres y la financiación ilegal del PP, lo que una y otra vez resurge es precisamente la importancia de llamarse Mariano Rajoy: son tantas las menciones al expresidente en todas sus variantes, que resulta increíble que solo comparezca como testigo, que no tenga cuenta alguna que rendir, y que se acabe yendo limpio de tramas tan turbias, y con la chulería esa de “yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere”.

Una vez pasado el mal trago, Rajoy puede seguir su vida plácida, y puede seguir escribiendo libros edificantes como El arte de gobernar, donde “comparte los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder”, “la experiencia convertida en sabiduría política”, “con la autoridad de quien ha gobernado España durante una de sus crisis más graves”, “una mirada sin concesiones sobre el arte de gobernar”, “una obra esencial para comprender los fundamentos de la política como servicio público”. Igual que podrá seguir dando conferencias y participando en actos de su partido para darnos lecciones, venga, que sí.

Daría risa si no diese rabia: cualquiera que apareciese tantas veces nombrado y de forma tan sospechosa como nuestro Mariano Rajoy, si escapase ileso daría gracias por su suerte (y lo que no es suerte), se retiraría totalmente de la vida pública, y hasta se cambiaría el nombre para que no le sigan confundiendo con ese otro que aparece en papeles, grabaciones y declaraciones de testigos, y que por lo visto, hay que creérselo, no es Mariano Rajoy.

Unos arqueólogos han descubierto en una momia romana en Egipto un papiro con un fragmento de La Ilíada, atribuida a Homero. Un gran hallazgo. Me quiero imaginar que tal vez en un tiempo muy allá, un grupo de arqueólogos descubrirá en una momia, pongamos que en Madrid, partes o la totalidad de los papeles del juicio de la Kitchen.

Será digno de estudio, quizá de estupor por el tiempo pasado. La civilización que lo descubra no sé si comprenderá qué es eso de las líneas rojas en un proceso penal. Un hallazgo que inmediatamente convocará el auxilio de los forenses judiciales. Nadie lo consiguió aclarar contemporáneamente, constan consultas a magistrados en ejercicio –no se pisan la toga– y a cesantes con opiniones de todo tipo. Lo cierto es que desde que la Fiscalía, refiriéndose a la instrucción del caso Kitchen, que será encontrada en un pendrive, el antiguo papiro, quizá dentro de mil años, señalaba cómo un juez había decidido recortar la investigación, someterla a un adelgazamiento forzoso, para que las aguas de la cocina no llegaran ni a la Moncloa ni a Génova, quizá nombrada para entonces como Palermo, topónimo más adecuado a una inercia que no creo que acabe en este caso.

En el papiro aparecerá el papel, valga la redundancia, de la magistrada presidenta del tribunal, vigilante de que no se ampliara el corralito rojo que había precintado su juez instructor y que el juicio parezca amputado y abiertamente cachondeable. Y los arqueólogos judiciales se preguntarán, ¿en qué consistía la línea roja? ¿Qué naturaleza procesal tenía? ¿Quién determinaba los límites? ¿A quién protegía, quién estaba detrás? Quizá piensen que algo de Estado profundo latía en todo el trasunto del expediente aparecido, pero vaya usted a saber cómo estará España dentro de mil años.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada

La misma curiosidad arqueológica, consultarán a arqueólogos politólogos, tendrán sobre el papel de un enigmático personaje, M. Rajoy, que no se acordaba de nada ni de nadie, ni tenía remotas ideas de casi nada. Con apoyo de la bibliografía disponible descubrirán que era el presidente del Gobierno de entonces y del partido que mandaba, el PP. Desconcertante, no se acordaba de que era presidente y jefe, por tanto, de su ministro de Interior y de la ministra de Defensa, también secretaria general del mismo partido citado. La conclusión es que declaraban como testigos para decir verdad, pero que debían tener una red, quizá roja, que, si mentían, impediría aunque resbalasen que se dieran de cabeza en el suelo de la sala. Así consta en el papiro hallado.

Uno que fue director general de la Policía también aparece en el papiro. No se había dado cuenta de que más de 70 policías y ocho comisarios a sus órdenes habían estado protegiendo a su partido en una operación subversiva y antidemocrática para estropear todo tipo de pruebas. En el papiro también figura un estrafalario tipo vestido de cura, pero sin más detalles.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada. Es más, el sospechoso no está claro si era un noble galaico nombrado como M. Rajoy u otros que responden a nombres como el Barbas o el Asturiano.

El papiro termina en el año de gracia de 2026, mes de abril, y queda para nuevos hallazgos de la arqueología judicial cómo quedó el asunto. Algún guasón parece que incluyó en el féretro de la momia madrileña una foto de Pedro Pacheco. Esto inquietará porque los arqueólogos judiciales no sabrán descubrir cómo encaja la foto en el caso, pero creo que acabarán sabiéndolo.

Hace tiempo, escribí que convocar a un político a una comisión de investigación en el Parlamento no te suele llevar a ninguna parte. Lo mismo si tiene que declarar como testigo en un juicio. No es que los políticos mientan siempre –no es cierto–, sino que han desarrollado una gran habilidad para no contar toda la verdad, específicamente la parte de la verdad que les perjudica políticamente. Si se trata de un juicio y hay delitos de por medio, la amnesia alcanza niveles inauditos.

Por todo ello, estaba claro que la declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen iba a ser una demostración de desmemoria y cinismo. El expresidente tuvo que comparecer como testigo en las instrucciones de Gürtel y la propia Kitchen y ya demostró entonces que es capaz de negar la evidencia hasta extremos difíciles de creer. El PP nunca se financió con donaciones de empresarios no declaradas, decía. Él no tomó la decisión de reformar por entero la sede central del partido ni supo que la obra se pagó con dinero negro. El tesorero Luis Bárcenas nunca le informó de todos esos asuntos. Rajoy era el líder indiscutido del PP, pero no se engañen. Él sólo pasaba por allí. No le consultaban nada.

Con la desgana que siempre le caracterizó cuando le tocaba hablar de temas que no le gustaban, Rajoy negó los hechos conocidos, incluidos los mensajes que envió a Bárcenas y que supusieron un escándalo al aparecer en los medios de comunicación. El tesorero le pidió ayuda y él respondió en 2013: “Hacemos lo que podemos”. ¿Lo recuerda? En absoluto. Sólo le suena lo de “Luis, sé fuerte” y eso es porque lo lee todos los años en los periódicos. 

Desde luego que estaban haciendo lo que podían. Por eso se está celebrando un juicio en la Audiencia Nacional. La cúpula policial estaba intentando hacerse con los documentos de Bárcenas que podían perjudicar al Gobierno. Ya se había comportado igual haciendo de policía privada del PP al buscar pruebas que no existían contra los dirigentes de Podemos. Pero Rajoy está convencido de que todo fue legal. “Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. ¿Encontrar el dinero? Fue Suiza la que aportó esa información después de que la pidiera el juez Ruz. Esa parte también la ha olvidado Rajoy.

A lo que hay que unir que la operación se realizó fuera de cualquier tipo de control judicial, por tanto, sin informar al juez que investigaba a Bárcenas, y sin ninguna intención de entregarle los resultados de la investigación. Si no hubiera sido así, ¿por qué la fiscalía pide quince años de prisión para su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz?

Con María Dolores de Cospedal, ocurrió tres cuartos de lo mismo con el agravante de que negó cosas que ella misma había dicho en sus conversaciones con Villarejo y que el policía había grabado. Sobre lo de parar “la libretita” de Bárcenas, nada. A cuenta de contratar los servicios de Villarejo, que ya dijo su marido que no se estirara con la factura porque “estamos tiesos”, nada de nada. 

Cuando fue necesario, la magistrada Teresa Palacios intervino para frenar las preguntas de la acusación popular del PSOE que consideraba que estaban fuera de la causa enjuiciada. Tampoco se puede tratar a un testigo como si fuera un acusado. Al final, Rajoy jugaba en casa. El fiscal ni siquiera se molestó en hacerle una pregunta. Sólo faltó que le pusieran en la mesa una caña y algo de picar.

En definitiva, la justicia no podrá dictaminar un balance definitivo de lo que fue el Gobierno de Rajoy. Contra lo que piensa la derecha, los tribunales no establecen la verdad sobre la gestión de un Gobierno. Ahora pretenden que sean los jueces los que expulsen a Sánchez de Moncloa. Todos sabemos lo que ocurrió entonces en la Kitchen. Lo contaron hasta los medios de derecha. No importa cuántas veces Rajoy hable de la importancia de que se cumplan las leyes. Su Gobierno utilizó a la Policía para defender sus intereses y para atacar a sus rivales políticos. Que es precisamente, y perdón por el giro inesperado, lo que Donald Trump quiere que hagan el Departamento de Justicia y el FBI contra sus enemigos. Con poco éxito hasta ahora. A Rajoy no le fue tan mal.

¿Susana Díaz víctima? ¿En serio?

Hablaba antes de cinismo y tengo un ejemplo aún mejor, o al menos más divertido. Esta semana, The Objective ha sacado vídeos de la reunión del Comité Federal del PSOE en 2016 que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez. Esos días ofrecieron un espectáculo surrealista sobre la autodestrucción de un partido político, algo parecido a lo que pasó al PP cuando ajusticiaron a Pablo Casado. Algunos de los protagonistas de ese carnaval de Ferraz en el que los periodistas no podían creer lo que estaban viendo han reaccionado vistiéndose de actores interpretando un guion que no han escrito ellos, pero al que se han sumado gustosamente.

La mejor ha sido Susana Díaz. Sobre el momento en que Sánchez pide una votación secreta y algunos de los suyos preparan una urna para llevarla a cabo antes de que se haya decidido dar ese paso, la exlíder del PSOE andaluz ha dicho: “No lo he podido ver. Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar”. Siempre es alucinante que un político adicto al juego sucio se haga pasar por una débil anciana arrollada por un coche en un paso de cebra. Pensar que Díaz podía ser la víctima de alguien era algo que nadie hubiera creído en ese momento. Ella fue la ejecutora de los acontecimientos de ese día.

Ese Comité Federal se tuvo que convocar porque Díaz quería forzar la dimisión de Sánchez, que se oponía a conceder la investidura a Rajoy con la abstención. La andaluza ordenó la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva federal y envió a Verónica Pérez a Ferraz para que se autoproclamara “la única autoridad” del partido, otro momento chusco inolvidable. En la reunión del Comité, no aceptó la votación en urna. Sabía que pocos se atreverían a votar contra ella en público en una votación a mano alzada.

Hasta derramó unas lágrimas en una intervención mientras decía que “estaban matando al PSOE”. Igual que un pirómano que llora viendo quemarse el monte con la lata de gasolina en la mano. Ketty Garat, periodista de The Objective que ha conseguido las imágenes, afirma ahora que “con la imagen de Susana Díaz, casi se saltan las lágrimas”. Como no sea de la risa. Por cierto, el audio de ese discurso se conoció ese mismo día. Más allá del valor de las imágenes, no hay ninguna revelación que no se supiera ese día.

Emiliano García Page es otro de los que han aprovechado las imágenes para ajustar cuentas con Sánchez. Él estaba en el bando de Susana Díaz y ahora ha acusado al líder del PSOE de ser el responsable de lo peor de ese día: “Ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis”. Parece que en las próximas elecciones de Castilla La Mancha vamos a tener dos candidaturas antisanchistas, la del PP y la del PSOE.

Fue una lucha descarnada por el poder en la que todos dieron un espectáculo deplorable. Pero le viene bien al PP para sostener que Sánchez llegó al poder con un “pucherazo”, como ha dicho en numerosas ocasiones. Su victoria ocurrió después –parece mentira tener que recordarlo– cuando Sánchez ganó las primarias a Díaz contra el pronóstico de la mayoría de los medios y dirigentes socialistas. Sobre el incidente de la urna preparada detrás de una cortina, tampoco hay nada nuevo. Todos los medios lo contaron con bastante detalle, porque además era otro ejemplo del caos y la estupidez de esa jornada. 

La muerte os sienta tan bien

Como decía, el PP utilizó esos vídeos para continuar sus ataques al PSOE. Tellado dijo que ese Comité Federal fue “la primera prueba de que Sánchez era capaz de todo por el poder”. Vamos a ver, Sánchez es un amateur comparado con la futura alcaldesa de Lugo. Elena Candia ha aprovechado el fallecimiento de tres ediles socialistas y el apoyo de una tránsfuga del PSOE para presentar una moción de censura que tiene los números para salir adelante. Para que luego digan que la muerte es el final de todo.

La foto

Después de amarrar la investidura con el apoyo de Vox, María Guardiola pensó que se merecía algo parecido a una boda. Se llevó el acto protocolario de la toma de posesión al Anfiteatro Romano de Mérida que para eso es la presidenta de Extremadura. Puestos a hacer teatro, mejor a lo grande. Podría haber sido peor. Podría haber elegido la plaza de toros de Badajoz y aparecer vestida de torera. 

Imaginen que, al comprar un coche, les ofrecen dos opciones: hay una marca cuyos modelos apenas se averían, pero si lo hacen, no los reparan; otra, en cambio, tiene vehículos menos fiables, pero si fallan los arreglan sin demora. ¿Por cuál se decantarían? Imaginen un país donde hay poca corrupción, pero cuando se descubre no se castiga, mientras que en otro, con políticos más corruptos, estos siempre terminan en el banquillo y castigados. ¿Cuál de los dos países entenderían ustedes como más fiel a los principios democráticos propios de una sociedad moderna? ¿Podría ser más honesto y decente el país más corrupto? Probablemente, porque la impunidad es la peor de las corrupciones. Aquí está la clave: los políticos son siempre el blanco de las dianas, pero no sólo está en sus manos la llave de la virtud pública; también está en las manos de los jueces, porque la ejemplaridad ética de una sociedad no depende de que el coche no se averíe nunca, sino de garantizarse los medios para solventar el problema cuando aparece.

Por esta razón el juicio de la Kitchen nos muestra un fracaso especialmente desolador, porque no solo expone ante la ciudadanía unos delitos ejecutados por el mismísimo Gobierno de España, orientados por la villanía de ocultar otros anteriores cometidos por el Partido Popular, sino también porque pone sobre el tapete las maniobras que han conllevado la impunidad programada de sus más altos dirigentes.

En este juicio hijo de la Gürtel, madre de todas las tramas, quedan retratados políticos pero también jueces. Retengamos el nombre de tres, suficientes para triangular el drama de la impunidad: el primero sería Baltasar Garzón, aquel que se atrevió a hincarle el diente a esta urdimbre corrupta; fue expulsado de la carrera por haber tomado una decisión que le había solicitado la Fiscalía y que, cuando el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue adoptada nuevamente por Antonio Pedreira Andrade, a quien nadie inquietó. “Se va a jubilar pronto, está enfermo”, me dijo un magistrado del Tribunal Supremo para intentar explicarme por qué le habían perdonado a este su (supuesto) delito; la pieza a cazar era otra.

El segundo juez de este drama sería Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado que protegió a Rajoy de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo en el juicio de la Gürtel y que, concluido este, firmó un imaginativo voto particular a la sentencia sosteniendo que Luis Bárcenas había llevado la contabilidad extracontable del Partido Popular “a espaldas del propio partido”. No se rían, no, que aquel voto le llevó directo al Tribunal Supremo.

Y la tercera pata del taburete es, lógicamente, Manuel García-Castellón. Menudo papelón el de este magistrado, que va por las esquinas lamentándose de que le llamen prevaricador. Ignoro si lo es, aunque cualquiera de las crónicas explicando sus maniobras —pueden quedarse con alguna de Pedro Águeda— podría trasponerse sin mucha dificultad como hechos probados en una sentencia. En el Partido Popular suspiraban por el regreso de García-Castellón a la Audiencia Nacional, suplicando (reconozcamos que sin mucha altura lírica) para que el juez provisional se retirara a Ontinyent; regresó el convocado y, con un conjunto de decisiones incomprensibles, fue el encargado de echar el freno al proceso para dejar fuera a los dirigentes del partido que tanto le añoraba.

En la película Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup se debate violentamente al afrontar en juicio la pregunta definitiva: ¿ordenó usted el código rojo? En la alternativa de reconocer que dio la orden o, por el contrario, asumir que no se enteraba de lo que pasaba bajo su mando, el prurito profesional del coronel le lleva a reconocer que sí, que la dio, porque en su orgullo prefiere quedar de delincuente que de inepto. Este debate ético entre el mando y el pellejo, que he visto tantas veces en responsables de empresas donde se comete un delito, no le alcanza desde luego a Rajoy, que para salvar el pellejo renuncia al mando. El Partido Popular se financió ilegalmente recolectando dinero de empresarios; su presidente no sabía nada. Reconstruyó la sede de Génova ‘a fundamentis’ con dinero negro; su presidente no se enteró. Pagaron con sobres a ‘M. Rajoy’; su presidente no sabe quién es. Ordenó perseguir a Bárcenas para quitarle la “libretita”; su presidente seguía en Babia. No hay quien se crea este nivel de inopia, pero a Rajoy le sale gratis porque no le votaron por enterarse de las cosas sino por fingir ignorancia sobre ellas, en ese sutil ejercicio de cinismo que consiste en hacerse el tonto y, con ello, hacer quedar de tontos a los demás.

Rajoy purgó su mala conciencia añadiendo que respecto a aquella operación de la que usted me habla y de la que no sé nada, solo sé que fue legal. No hay que descartar que, en caso de condena, acompañe a su ministro del Interior a la puerta de la cárcel, que la lealtad de un subordinado suele ser más barata que la del superior.

¿Y ahora qué hacemos? Pues cualquier opción es complicada. Algunas voces reclaman reabrir la investigación, en la esperanza de que la Audiencia Nacional deduzca testimonio para que se investigue ahora a Rajoy o a Cospedal. Varios de los delitos que son objeto de acusación en esta causa tienen plazos de prescripción de quince años, gracias a las largas penas de inhabilitación que llevan aparejados, lo que ampararía la posibilidad de investigar de nuevo lo sucedido entre 2013 y 2015. Pero, francamente, es poco probable que el tribunal se decante por esta opción, como ya ha adelantado al denegar la cuestión previa solicitada en tal sentido. Bárcenas se ha encargado de dilapidar su propio crédito, así que las pruebas contra estos dirigentes tendrían que ser especialmente elocuentes como para superar las líneas rojas que su día impidieron enjuiciarlos.

Aparte de eso, el transcurso del tiempo pesa como un escollo. “Al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal”, denunciaba Alonso Martínez al presentar en 1882 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía hoy vigente. Recordaba aquella advertencia al ver a las acusaciones forcejear inútilmente con el tribunal para formular a Rajoy alguna pregunta comprometedora. Comprendo sus protestas cuando se las denegaban, como también entiendo las decisiones que protestaban. Se llama a un testigo a juicio para que informe de lo que ha visto u oído, pero no se le puede formular bajo juramento una pregunta cuya respuesta pueda incriminarle. La Audiencia Nacional ha permitido algunas, en lo que entiendo que responde a una práctica cada vez más asentada. Sin ir más lejos, en el juicio de las mascarillas que se tramita en el Tribunal Supremo en paralelo a este, se preguntó a Carlos Moreno si había pedido o recibido un soborno; esa no es una pregunta para un testigo que va a juicio sin abogado.

En cualquier caso, Bárcenas, Rajoy y Cospedal han prestado declaración, exponiendo al tribunal lo que tuvieron a bien. Los tres han declarado como testigos, con obligación de decir verdad; visto que sus declaraciones son contradictorias, sobre todo las de Bárcenas y Rajoy, alguno de los dos ha tenido que mentir al tribunal. Se ha cometido un delito de falso testimonio y espero que los jueces investiguen cuál de los dos ha sido; por aquí se abriría un resquicio para valorar la eventual responsabilidad de Rajoy no tanto por su implicación en la trama sino simplemente por mentir. Por lo demás, Bárcenas reprochó a Rajoy la comisión de un hecho grave que lesiona la dignidad del aludido, así que estemos vigilantes para ver si este pide permiso a la Audiencia Nacional para querellarse contra Bárcenas por injurias, si es que tiene su versión por falsa.

Rajoy compareció en el Congreso en diciembre de 2021 para decir que nunca había pisado la ‘cocina’ que ahora se enjuicia. El delito de falso testimonio en una comisión de investigación, que el Partido Popular pretendió usar contra Santos Cerdán, prescribe a los cinco años, así que se podrá revisar el contenido de aquella comparecencia y contrastarlo con lo que está saliendo ahora en el juicio. Pero también sería una opción de recorrido incierto.

En fin, mucho que decir y poco que contar, como lamentó Arsenio Iglesias en la rueda de prensa más triste del mundo. Reactivar la investigación de esta trama corrupta para dirigirla ahora contra quienes fueron orillados es muy complejo. La estrategia que nos ha llevado hasta esta impunidad ha tenido éxito. Por eso, en mi opinión este juicio no es sólo un proceso contra la operativa político-mafiosa dirigida a eliminar pruebas de delitos; los recientes testimonios lo convierten también en un proceso contra la operativa político-judicial que mediante un peculiar tráfico de destinos (un juez a la calle, otro al Supremo y un tercero “a tomar por culo a Onteniente”) consiguió que los jueces no hicieran lo necesario para que Rajoy o Cospedal se sentaran en el banquillo. En fin, “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”, dijo Aznar. “El que pueda no hacer nada, que se esté quietecito”, debió añadir.

El expresidente del PP Mariano Rajoy solo tenía “una relación profesional” con Luis Bárcenas, el tesorero del partido, que no le ocupaba “demasiado tiempo” porque él de los asuntos económicos no se encargaba. Cuando supo que Bárcenas escondía 47 millones en Suiza su opinión “cambió”. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, solo vio “ocho o nueve veces” a José Manuel Villarejo. “Siempre” a iniciativa del comisario. “Un café de cinco minutos” en el centro de Madrid y reuniones en su despacho. “No teníamos amistad ni me iba a tomar una copa con él, ni nada por el estilo”.

Así describieron Rajoy y Cospedal sus respectivas relaciones con Luis Bárcenas y el comisario Villarejo durante la comparecencia como testigos en el juicio de Kitchen del pasado jueves. Regresar al contexto político y judicial en el que se dieron algunos episodios de esos contactos cambia por completo el escenario que quisieron dibujar Rajoy y Cospedal. También se debe viajar al 26 de julio de 2017, cuando Rajoy compareció como testigo en el juicio del caso Gürtel, siendo presidente del Gobierno, y recordó y reconoció los mensajes que el pasado jueves olvidó durante su declaración.

Rajoy intentó evitar personalmente que Bárcenas expusiera al PP a la mayor crisis que ha tenido en su historia, con las consecuencias que tendría para él que trascendiera que había cobrado 355.000 euros de dinero negro. Está acreditado que Rajoy interactuó con Bárcenas después de cambiar su opinión sobre él, aunque no lo recordara durante su declaración. Cospedal recurrió al comisario en ese mismo periodo de 2013. Y ya lo había hecho antes, en 2009, cuando estalló el caso Gürtel y le anticipó que le encargaría “trabajos puntuales”. Pero esta parte tampoco ella la recordó el jueves ante el tribunal.

Este es un repaso cronológico por los olvidos y falsedades en las que incurrieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

26 de febrero de 2012. “Hacemos lo que podemos”

A finales de febrero de 2012, Bárcenas estaba intranquilo. El PP había logrado respirar por fin cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, en quien recayó la instrucción de Gürtel por el aforamiento de varios imputados, archivó la causa contra el tesorero y otros. En marzo, la suerte de Bárcenas cambiaría y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvería a concederle la condición de investigado. El 23 de febrero, el tesorero escribe a Rajoy y este le responde tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”, contestó a la pregunta sobre ese mensaje que le hizo el abogado de Podemos. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le pregunta el letrado Jaime Montero. “No”, contesta Rajoy.

La escena torna en más sorprendente al recuperar la declaración de Rajoy en el juicio de Gürtel de 2017. Entonces fue el abogado del Partido Socialista de Madrid quien le preguntó por los mensajes. “Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos”, respondió Rajoy. “Hasta ahí llego”, replicó el abogado. Y Rajoy, displicente, apuntilló: “Eso es opinable”. Luego, el testigo insistiría en que nunca hizo nada para interferir en la investigación de la caja B del PP.

Rajoy declaró entonces desde el estrado en uno de los episodios más relevantes de su periodo como presidente del Gobierno y que ahora no recuerda. La sentencia que derivó de aquel juicio motivó una moción de censura y su salida de la Moncloa.

18 de enero de 2013. “Luis, sé fuerte”

Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España una comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian el 18 de enero. Esa mañana, El Mundo publicó que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”.

Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda. Pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

5 de marzo de 2013. “Mariano, os estáis equivocando”

En el juicio de Kitchen, Rajoy pasó de negar rotunda y escuetamente cualquier relación o conocimiento del espionaje ilegal al tesorero a presentar importantes lagunas de memoria en otra cuestión que ocurría paralelamente, sus contactos con el tesorero. Las acusaciones populares creen que son dos actuaciones complementarias: ambas buscaban evitar que las pruebas de la caja B le estallaran al PP y sus dirigentes.

A principios de marzo ya habían ocurrido varios acontecimientos que tenían en vilo al Partido Popular. El 31 de enero, El País publicó las anotaciones manuscritas del tesorero del PP con la contabilidad en B de dos décadas. En las primeras semanas, Bárcenas aguanta y niega su veracidad. Pero en marzo, la investigación judicial acorrala a Bárcenas, que ya se siente abandonado por el partido.

“Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente, de Álvaro [Lapuerta] y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras”, escribió Bárcenas el 5 de marzo de 2013. Y Rajoy dijo en el juicio el jueves: “No lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si mando este señor o no. Reconocerlo... puedo reconocerlo o no porque no lo he mandado yo”.

6 de marzo de 2013. La llamada perdida de Rajoy

Al día siguiente del mensaje de Bárcenas, a las 9:52 de la mañana, el entonces presidente del Gobierno telefonea al extesorero, que tiene el móvil apagado. Luis Bárcenas escribe a Rajoy: “Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no me has cogido”. La abogada del PSOE, Gloria Pascual, le requirió al respecto y pidió que se mostrara el mensaje. La respuesta de Rajoy fue: “¿Esto me lo ha mandado el señor Bárcenas? No tengo la más remota idea”. “Efectivamente, no lo recuerda”, soltó la letrada con ironía y se volvió a llevar una reprimenda de la jueza Teresa Palacios.  

14 de marzo de 2013

Mariano Rajoy tampoco recuerda cómo acabó definitivamente su relación con el responsable de las finanzas del partido que, a la postre, provocaría su salida del Gobierno en la primera moción de censura triunfante de la democracia. A las 20:06 horas del 14 de marzo de 2013, Bárcenas dictó su propia sentencia: “Tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido”. Pese a la trascendencia de la advertencia, Rajoy se permitió decir en el juicio de Kitchen: “Este es un mensaje de hacer más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena”.

La secretaria general, su marido y el comisario

Rajoy no recordó los mensajes incorporados a la causa y Cospedal negó grabaciones en las que ella misma aparece hablando por teléfono con Villarejo. De las que reconoció dio una versión que se enfrenta a la definición, por ejemplo, de la palabra “trabajo” que ofrece la Real Academia de la Lengua y que en ninguna de sus acepciones es sinónimo de “pregunta”. Cospedal declaró, con obligación de decir verdad, que ella no realizó “encargos” de trabajos a Villarejo: solo le formuló “preguntas”.

21 de julio de 2009. Villarejo y Cospedal se conocen

El empresario Ignacio López del Hierro ha explicado en el juicio de Kitchen que conoce al comisario Villarejo “desde hace más de 30 años” y que fue él quien le presentó a quien era en 2009 su esposa, María Dolores de Cospedal. Ella dijo el jueves que el empresario tenía interés en conocerla y que ella aceptó. Le vendría bien, según su versión, para preguntarle por las filtraciones del sumario de Gürtel que afectaban a su amiga Rita Barberá porque el policía “conocía a todos los periodistas”. Además, ella estaba preocupada por el espionaje que el PP estaba sufriendo “de alguien vinculado al Ministerio del Interior”.

La simple escucha de aquel encuentro, recogido por la grabadora de Villarejo, ofrece una versión distinta. Empezando por el final, el comisario se despide de Cospedal y de Ignacio López del Hierro después de que este último, mientras ella asiente, le proponga hacer “trabajos puntuales”. Cospedal aseguró el jueves que Villarejo era un policía que estaba en excedencia y que tenía empresas. Es falso. En 2009 se habían cumplido 16 años del regreso de Villarejo de la década que estuvo fuera del Cuerpo. “Yo le hice encargos. Solo preguntas. Son dos cosas distintas”, afirmó.

El policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado en ese momento y el PP vivía una de sus peores crisis con el estallido del caso Gürtel. Villarejo era, y sigue siendo, amigo íntimo del jefe de la UDEF entonces, José Luis Olivera. Y junto a él comenta en una grabación que, si no llega a ser por ellos, el caso habría alcanzado a la cúpula del partido.

6 de diciembre de 2012. “Cospe me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”

Uno de los testimonios más relevantes hasta la fecha del juicio de la operación Kitchen ha sido el de su investigador principal, el inspector jefe Gonzalo Fraga, de la Unidad de Asuntos Internos. En un pasaje de sus más de 12 horas de declaración, Fraga se refirió a las agendas incautadas al comisario Villarejo. Les dio total credibilidad y dejó esta frase: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”.

En esas agendas se recoge uno de los episodios más graves de impunidad que atribuir al juez Manuel García Castellón, artífice de la exculpación de María Dolores de Cospedal. Hasta en ocho referencias comprendidas entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2014, Villarejo hace anotaciones sobre pagos ordenados por la secretaria general del Partido Popular al comisario y el método en el que, al menos parte de ellos, debe ser empleado para los mismos, a través de una empresa pública llamada Enresa.

El jueves, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, preguntó a Cospedal por el asunto hasta donde le permitió la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. “¿Le solicitó Villarejo pagos?”, formuló la abogada. “No”, contestó Cospedal. “No tenía por qué”, añadió. Si no tenía relaciones comerciales con el policía, continuó la letrada, “¿cómo interpreta que se dirija a José Luis Ortiz –jefe de gabinete de Cospedal– reclamando un pago pendiente?”, continúa Pascual. En ese momento, terció la jueza: “No conteste”.

En las agendas, Villarejo recogió el 6 de diciembre de 2012: “Cospe. Apoyo a tope en todo. Me enviaron a Jose L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. El 21 de junio de 2013: “Orti. Toque para hablar. Aviso de pago pendiente (...). Queda en comentarlo con la Cospe”. El 6 de noviembre de 2013: “Cospe. Muy preocupada con los 5 pagos de 200. Me pide por favor que le mantenga informada”. El 12 de junio de 2014: “Enresa. Fco. Gil (contacto de Cospe). Opción para abonar el pago pendiente”.

En aquel momento, el presidente de Enresa era Francisco Gil-Ortega, quien había sido vicepresidente del Parlamento de Castilla-La Mancha y alcalde de Ciudad Real. La inacción de la Justicia no ha permitido profundizar en los presuntos pagos y si estos respondían a los trabajos de Villarejo en la Operación Cataluña, a la Kitchen o a cualquier otra maniobra de la cloaca de Villarejo para el Partido Popular.

20 de enero de 2013. “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

María Dolores de Cospedal aseguró ante el tribunal de Kitchen que ella no ha hablado nunca por teléfono con el comisario. Lo dijo pese a que en 2022 fue portada del diario El País su conversación telefónica con Cospedal en pleno estallido del caso de la caja B. El comisario grabó a la secretaria general del PP mientras hablaban de los rumores de las anotaciones manuscritas de Bárcenas sobre la contabilidad extraoficial del partido entonces en el Gobierno. Fue el 20 de enero de 2013, once días antes de que la publicación de los 'papeles de Bárcenas' pusieran del revés la política española.

En la grabación, Cospedal, quien asegura que nunca hizo encargos a Villarejo, le dice al comisario de las cloacas: “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”.

Cospedal también dijo en su declaración que en las “ocho o nueve” veces que vio a Villarejo los encuentros siempre fueron a propuesta del comisario. En una declaración posterior, también el jueves, su jefe de gabinete entonces, José Luis Ortiz, dijo que en alguna ocasión fue su jefa quien mandó llamar al policía.

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“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que José Luis Ortiz, exjefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal, ha dejado por “mentirosa” a su jefa ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen'.

A preguntas de los medios en Azuqueca de Henares (Guadalajara), ha dicho -a raíz de la declaración de Cospedal en el juicio Kitchen- que “todos los españoles tienen claro que es verde y con asas”. “Lo que pasa es que lo tienen que ver así de claro también los jueces, que es una garantía constitucional”, ha declarado.

Según ha incidido, “todos los españoles yo creo que tienen muy claro lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas”. Y “si alguien tenía alguna duda”, ha dicho, “es bastante elocuente el desmentido que ha hecho ni más ni menos que el mano derecha de Cospedal”.

“Su jefe de Gabinete no ha dicho cualquier cosa. Ha dejado sinceramente por mentirosa a su jefa”, ha advertido el presidente castellanomanchego, quien ha tildado de “lamentable” e “indecente” la 'Operación Kitchen', una operación para “intentar tapar la corrupción y de frenar las investigaciones policiales y judiciales”.

“De otras personas a lo mejor podría hasta dudarlo”, ha añadido García-Page, “pero visto lo que vimos en Castilla-La Mancha, creo que no hay nadie en Castilla-La Mancha que no se crea” lo que el jefe de Gabinete de Cospedal dice de su jefa. “Al menos en Castilla-La Mancha no hay duda ninguna de qué tipo de comportamiento se podía esperar”.

Amaga con “contar con detalle” el Comité Federal 2016 

García-Page también se ha pronunciado al respecto de los vídeos publicados por The Objective filmados durante el Comité Federal del partido en 2016, asegurando que fue el “peor día” de su vida, en el que lo que se pudo presenciar fue “el intento de un pucherazo cutre”. Ha dicho que ve esos vídeos con “pavor”, algo que no le desea “a nadie”.

Las imágenes muestran cómo se “tocó con los dedos el colapso del Partido Socialista”, un momento en el que “muchos, con opiniones distintas” acabaron “abrazados para que no cayera el PSOE, para que no se viniera abajo”.

“Fue bochornoso, se intentó que mucha gente no pudiera votar, un trampantojo democrático, en definitiva, un pucherazo. Afortunadamente, la situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación. Pero es enormemente doloroso”, ha añadido.

Por ello, ha asegurado que va a explicar “con detalle” lo que ocurrió. “Yo, particularmente, me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer”.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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