El comisario Andrés Gómez Gordo, suspendido de sus funciones por el procesamiento en el caso Kitchen, ha cerrado este miércoles su declaración con una frase que resume su carrera como policía: “Intentar medrar no es delito”. El agente no ha aludido a que para progresar haya tenido necesariamente que delinquir, pero se da la circunstancia de que se sienta en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, malversación y dos delitos contra la intimidad.

Gómez Gordo, además, tiene antecedentes por haber utilizado su posición de funcionario público, en concreto de policía, para propulsarse a otros destinos y ya en instalado en ellos delinquir: está condenado por la Audiencia de Madrid a tres años y medio por prevaricación en concurso con malversación por el caso Ciudad de la Justicia, proyecto fallido del PP madrileño para el que fue elegido jefe de seguridad a razón de 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización. En Kitchen es defendido por el despacho de abogados que defiende a Víctor de Aldama y Julio Iglesias.

La afirmación “intentar medrar no es delito” fue pronunciada por Andrés Gómez Gordo cuando su abogada le preguntó por los intercambios de mensajes con el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, impropios de un jefe de Vigilancias de la UDEF, con un número dos de Interior. Gómez Gordo negó que la información que intercambió con el secretario de Estado sobre la operación Kitchen demostraran su implicación en el operativo ilegal y que respondían a esa intención de “medrar” con el político.

Los miembros de la brigada política del PP fueron recompensados con destinos 'dorados' y medallas pensionadas. El caso de Gómez Gordo es paradigmático. Estuvo cuatro años fuera de la Policía, trabajando para María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. No habían pasado seis meses de su reincorporación a la Policía en 2015 cuando fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito –destinada a quien ha puesto su vida en peligro– y que lleva un aumento de por vida del 10% en la mensualidad. Él ha dicho hoy que con esa condecoración le recompensaban toda su trayectoria en la Policía.

La versión del acusado es que el chófer de los Bárcenas –que también ha declarado este miércoles– se puso en contacto con él porque se conocían de la anterior etapa de Gómez Gordo medrando fuera de la Policía, concretamente a las órdenes procesado por corrupción Francisco Granados cuando este era consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A Sergio Ríos, el chófer, le habían intentado captar “de forma brusca” Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y el conductor pensó en consultar a su antiguo amigo Andrés Gómez Gordo.

La versión de la acusación es que la magnitud del confidente, que tenía en sus manos recuperar el material que incriminaba a Mariano Rajoy y la cúpula del PP en el caso de la caja B, provocó el inmediato regreso de Gómez Gordo de Toledo a Madrid, con la bendición de su jefa allí, María Dolores de Cospedal. Él, sin embargo, ha contado que estaba harto de viajar con la presidenta autonómica y que habló con sus colegas en la policía para que le buscaran un puesto. Dio la casualidad que la jefatura de vigilancias de la UDEF estaba libre. Luego iría en “atribución especial de funciones” durante tres meses a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el nido de la brigada política del PP.

Gómez Gordo tuvo que encargarse de conseguir la cooperación del chófer de los Bárcenas, siempre por orden de sus superiores, y en lo que creyó siempre que era una operación legal contra “el delincuente número uno” en ese momento, Luis Bárcenas. “A mí el señor Ignacio López del Hierro jamás me dijo nada”. Esta es la vez que más cerca ha estado de mencionar el nombre de María Dolores de Cospedal, contra quien no se dirige la investigación gracias al empeño del juez instructor Manuel García Castellón por despreciar los indicios contra ella.

Villarejo, que llamaba 'Andy' a Gómez Gordo, escribió en sus agendas que este iba a aprovechar el verano para “copiar lo que le quitaron a LB (Luis Bárcenas)” y que se alojaba en un despacho de la DAO. Este miércoles, Gómez Gordo ha dicho que Villarejo escribiría eso porque “a lo mejor estaba cabreado” por la “guerra de comisarios” que se vivía entonces. El jefe de Asuntos Internos que ha investigado Kitchen dio total credibilidad a las agendas del comisario durante su declaración en el juicio: “Villarejo no se engañaba a sí mismo”.

Gómez Gordo fue protagonista del intento de 'blanquear' la operación Kitchen como una investigación para intentar descubrir dinero y testaferros ocultos de Bárcenas. Se trata de la tesis mayoritaria en las defensas para, ante las evidencias de seguimientos y robo de documentación, alegar que se trataba de una operación legal que, sin embargo, no conocían el juez ni los policías que de verdad investigaban a Bárcenas. El modo fue incluir en una base de datos los seguimientos para simular que los compartían con los auténticos investigadores.

“Lo único que he hecho es presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati [base de datos] porque me lo han ordenado, y hacer los pagos [de fondos reservados al chófer] porque me lo han ordenado. Me dediqué a cumplir las órdenes, ni siquiera fui a la DAO por decisión mía”, ha declarado Gómez Gordo.

Un arcón de Rosalía con doble fondo

Tras él ha sido el turno de Sergio Ríos Esgueva, el chófer de los Bárcenas que actuó como topo de la brigada política y al que Villarejo apodó 'El Cocinero' o 'Coci'. Policía suspendido en la actualidad, Sergio Ríos ha negado todos los hechos delictivos que se le atribuyen: no facilitó la clave del local de Rosalía Iglesias a la brigada política, tampoco le entregó tres dispositivos móviles en el Vips de Velázquez para ser clonados, ni robó papeles de la mujer de Luis Bárcenas para los comisarios acusados.

Ha explicado que él pensaba que estaba colaborando “con la Policía” y que Villarejo le dijo que él era “responsable de un grupo de inteligencia de la Dirección” del Cuerpo. También ha rechazado que además de los 2.000 euros mensuales como confidente fijo hubiera sido recompensado con el ingreso en la Policía a los 42 años y que el mérito fue solo de él. Villarejo comentó la idea de que ingresara en el Cuerpo al número dos de Interior para tenerle atado y que no desvelara la operación en el futuro. “Acaba de entrar una compañera de 53 años y otro de 51”, ha dicho Ríos ante el tribunal como argumento.

El chófer de la familia Bárcenas ha asegurado también que cuando llevaba a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, sufrieron seguimientos que, por su experiencia, no correspondían a policías ni a periodistas. La afirmación se ha producido durante las preguntas del fiscal Anticorrupción, pero por una aclaración que ha solicitado la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien ha apelado a su experiencia en seguridad para que diese su opinión sobre quiénes podían seguirles. “Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, que manifestó que tenía enemigos, más dentro del partido”.

Ríos Esgueva ha desvelado una característica del supuesto escondite de las grabaciones de Bárcenas a Rajoy que buscaba el operativo Kitchen que no había surgido hasta ahora en el juicio. El arcón –“cajonera”, le ha llamado él– tenía dentro dos cajones que al moverlos abrían un doble fondo, según le contó la propia Rosalía. Bárcenas dijo en su declaración que ahí guardó una copia de los audios con Rajoy pero que al salir de la cárcel ya no estaban. El comisario García Castaño afirmó en fase de instrucción que cuando allanó el local dentro del arcón no había nada.

“*medrar: intr. Dicho de una persona: Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc., especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias” (rae.es)

El juicio del caso Kitchen retoma su actividad tras dos semanas de paréntesis con la declaración de varios mandos de la brigada política que el PP utilizó para sabotear presuntamente el caso de la caja B y también para atacar a independentistas catalanes y Podemos. Entre ellos destaca Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal, quien regresó a la Policía para controlar la colaboración del topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer de la familia, que también declarará este mismo miércoles o en sesiones posteriores.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo. Para entender su entidad en la trama sirve que es la misma condena que solicita el Ministerio Público para el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Gómez Gordo es el paradigma de la corrupción policial en democracia. Dos veces ha dejado la Policía para trabajar al servicio del PP, aunque cuando estuvo en servicio activo también se plegó a los intereses del partido, según se juzga en Kitchen.

Andrés Gómez Gordo trabajó para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En ese periodo conoció al conductor del consejero, un tal Sergio Ríos, exmilitar y guardia de seguridad. De aquel periodo, el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó una condena de tres años y medio de cárcel, impuesta por la Audiencia Nacional, en el caso Ciudad de la Justicia.

Su segunda excedencia en la Policía también está en el origen de su otro problema judicial, el caso Kitchen. Cospedal se llevó a Gómez Gordo a la Presidencia de Castilla-La Mancha y lo nombró director de Documentación. Esa denominación era una maniobra de distracción sobre las auténticas funciones del policía, espía para Cospedal y jefe visible de su escolta. Todavía queda la duda de si él informó de la posibilidad de captar al chófer de los Bárcenas o si la cúpula policial recurrió a él cuando Sergio Ríos rechazó colaborar con el primer comisario que se acercó a él, Enrique García Castaño.

Las pruebas contra Andrés Gómez Gordo son contundentes. Durante la instrucción y el juicio ha quedado acreditado que trató directamente con el topo y que le hizo entrega de partidas procedentes de los fondos reservados. Lo cierto es que Andrés Gómez Gordo dejó su trabajo en Toledo para regresar a la Policía. El comisario Eugenio Pino lo ubicó como jefe de vigilancias de la UDEF, aunque compaginaba su destino con la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Al poco de regresar al Cuerpo fue condecorado con una medalla pensionada.

Además, Gómez Gordo aparece también en los estertores de la operación Kitchen en un episodio destacado. Fue el policía encargado de intentar 'blanquear' el operativo. Ingresó datos sobre los seguimientos a la familia Bárcenas en una base de datos policial para poder argumentar que compartieron el operativo con los verdaderos investigadores de los casos Gürtel y caja B. Ocurrió en 2015, dos años después del episodio central de la operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de una maniobra de distracción en la línea de defensa de todos los acusados: si hay seguimientos acreditados a la familia Bárcenas, si los pagos al chófer con fondos reservados están demostrados, es porque hubo un operativo, pero fue legal. Se trataba, defienden todos ellos, de descubrir el dinero supuestamente escondido por Bárcenas y sus testaferros. La versión de la acusación es que eso es solo una excusa: los policías, por orden de Interior, buscaban los discos duros con las supuestas grabaciones de Rajoy hablando de la caja B. Solo querían ponerlas a salvo del juez Pablo Ruz, como confesó el propio García Castaño en fase de instrucción.

Gómez Gordo desvinculó a su antigua jefa, María Dolores de Cospedal, de cualquier conocimiento de la Operación Kitchen. También al exmarido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo es defendido por el prestigioso y caro despacho de José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama o Julio Iglesias, entre otros. El mismo despacho defiende a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que ha amagado en varias ocasiones con elevar las responsabilidades de la operación Kitchen pero finalmente ha guardado silencio.

El chófer y topo Sergio Ríos

Después de Gómez Gordo llegará el turno para Sergio Ríos, el chófer recomendado a Bárcenas por el jefe de seguridad del PP para que se pusiera al servicio de la familia. Ríos se convirtió en indispensable cuando el extesorero fue enviado a prisión provisional en junio de 2013. Pero no solo para la familia, también para la brigada política del PP. Cobró en dos años más de 50.000 euros de los fondos reservados y se garantizó el ingreso en la Policía a los 42 años, tal y como propone Villarejo en un audio incorporado a la causa.

Sergio Ríos está hoy suspendido de empleo y sueldo e intenta defender que él creía que colaboraba con una investigación judicial. Robó tres dispositivos móviles a la familia para que los clonara la brigada política, sustrajo notas de Rosalía Iglesias e informó de todos los movimientos de la mujer de Bárcenas. Anticorrupción pide para él 12 años y 5 meses de cárcel.

A continuación declararán José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que ejercieron en diferentes periodos de mano derecha de Eugenio Pino, el jefe de la brigada política del PP. Ambos están implicados en todas las maniobras de la guerra sucia del PP si bien su participación en la operación Kitchen es tangencial.

Cerrará el turno de declaraciones José Luis Olivera, el comisario que participó en la operación Cataluña e impulsó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Está previsto que el juicio acabe el 30 de julio con los informes finales de las partes y el visto para sentencia.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado este martes “sumamente desolado y avergonzado” tras la condena del Tribunal Supremo al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, al tiempo que ha respondido al PP que no está legitimado para “dar lecciones a nadie” y que es “el primero que tiene que limpiar su casa”.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha apuntado sobre la sentencia del Supremo que la justicia “tiene que funcionar” y que “el que mete la mano en la caja lo paga”.

“El PP no se pronunció igual cuando Bárcenas fue condenado a 33 años”

Hoy el PP regional ha pedido al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page que “fuerce” a Sánchez a convocar elecciones generales. A preguntas de los medios sobre esta cuestión, Maestre ha lamentado que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, no se haya pronunciado de la manera que lo hacen los socialistas cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de prisión. “Mañana se reanuda la 'Kitchen' y Gómez Gordo va a ser juzgado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, ha añadido.

“Garbanzos negros hay en todos los sitios. Que se aplique la justicia y la ley”, ha manifestado Maestre, quien ha añadido que “cada uno tendrá las sentencias en relación directa con el delito que ha cometido, tanto los 33 años de Bárcenas como los 24 de Ábalos”.

El PP y el juicio por la 'Kitchen'

Precisamente, preguntada por lo que espera el PSOE de la declaración de este miércoles de Andrés Gómez Gordo, que trabajó para el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el juicio por la 'Kitchen', ha señalado que espera “lo de siempre: Que el PP tenga una doble cara y no diga ni mú”.

Con todo, Maestre ha querido reivindicar el “enorme trabajo, compromiso y labor” que hacen cada día los “miles” de dirigentes socialistas que hay en España. “Estamos representados por hombres y mujeres con un firme compromiso de labor social”, ha agregado.

La comparecencia de Pedro Sánchez mañana “será muy dura”

Preguntada por la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, la dirigente socialistas ha dicho que no “tiene que ser muy agradable” ponerse en su lugar al haber tenido que “afrontar muchísimos desengaños”. “Será una comparecencia muy dura y estaremos todos escuchándole con la misma sensación de desolación”, ha afirmado.

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre el Comité Federal que los socialistas celebrarán este sábado para afirmar que el presidente regional y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va “siempre” con “coherencia, honestidad, sinceridad y valentía”. “Ojalá que sea de ejemplo para otros compañeros que coinciden con el presidente pero no se atreven a hablar”, ha concluido.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaba “obsesionada” por si la prensa publicaba anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre “M.Rajoy”. “Estaba convencida de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente”, ha comentado, informa Europa Press. Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio sobre la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

El comisario, que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, se ha referido a la “libretita” de Bárcenas, esto es, una agenda del extesorero de Bárcenas con supuestas anotaciones relativas a la contabilidad B del PP y de algunos dirigentes del partido como el propio expresidente Rajoy, sobre la que Cospedal pidió “parar” –ha dicho– su publicación en medios de comunicación.

“Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso M.Rajoy. (...) La señora Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro”, ha manifestado el mando policial, negando que presionara nunca a ningún periodista para que sacara a la luz cualquier información.

El exmando policial ha restado importancia a estos apuntes, asegurando que “era una elaboración propia” del extesorero que la Audiencia Nacional “ni siquiera tuvo en cuenta” como prueba y que, a la postre, solo tuvo “utilidad política y de medios de comunicación” y que Bárcenas anotaba estas cuestiones para luego filtrarlas a los periodistas.

“El PP jamás me ha encargado nada”

En cualquier caso, el comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello. “El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada”, ha resuelto. Respecto a su actividad privada, el comisario jubilado ha aseverado que jamás la ha mezclado con sus funciones en la policía y que su función como agente de inteligencia no la conocía “prácticamente nadie, solo la élite de cada gobierno”, esto es, el ministro del Interior, el secretario de Estado del ramo, el director de la Policía y el DAO, ha puntualizado.

El comisario jubilado ha explicado que lo que se conoció como 'Operación Kitchen' tenía dos objetivos: por una lado, verificar si las cuentas bancarias y el dinero de Bárcenas en el extranjero “existía”; por otro, confirmar si el extesorero disponía de información sensible “que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado”.

Asimismo, ha asegurado que no participó en los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. “Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada. Era un sujeto que actuaba siempre solo en mis trabajos de inteligencia”, ha explicado.

Villarejo ha señalado que “siempre” estuvo vinculado a la figura del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional “porque era una dependencia directa como agente de inteligencia”, y ha remarcado que se mantuvo en la misma posición bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

***

Episodio relacionado: Hasta la cocina de la corrupción: el gran juicio de la Kitchen

***

Episodio relacionado: El Morocho de los cojones 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha introducido nuevas versiones de la operación Kitchen durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Trece años después del operativo, tras varias declaraciones en fase de instrucción y numerosas entrevistas, Villarejo ha dicho que la investigación estaba dirigida a descubrir, y supuestamente encubrir, la supuesta relación del rey emérito, Juan Carlos I, con el tráfico de armas que dirigía un delincuente internacional de origen árabe. “Pino era muy monárquico”, ha dicho sobre el director adjunto operativo de la Policía que ha declarado antes que él.

El comisario jubilado José Villarejo, uno de los principales imputados en la operación Kitchen, ha intentado desvincular este operativo policial ilegal de la información que Luis Bárcenas pudiera tener sobre el Partido Popular y su contabilidad paralela. Ha explicado que fue Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, quien le encomendó a mediados de 2013 mantener una reunión con Eugenio Pino, también acusado y número dos del Cuerpo. Allí le pidieron que entablara contacto con Sergio Ríos, conductor de la familia Bárcenas. Pino también ha señalado a Cosidó en su declaración, pese a no estar investigado y haber declarado ya en el juicio como testigo.

La Fiscalía considera que el objetivo de esta captación era saber si Bárcenas tenía documentación comprometida para el PP que gobernaba entonces. El propio Villarejo dijo en fase de instrucción que buscaban “información nuclear del Gobierno”, pero hoy ha afirmado que en ese momento había sido sometido a “torturas” y que habló con “resquemores”. 

Este lunes, ante el tribunal, Villarejo ha dado una versión distinta y ha afirmado que, en ese primer momento, el objetivo era buscar información sobre viajes que Bárcenas hacía a la “frontera” y sobre “tráfico de armas”. “Era información que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado, decía que tenía información sobre tráfico de armas”. Ha rechazado explicar por qué hay una anotación en su agenda de unos meses previos y que, supuestamente, refleja que habló con un mando de Interior de una “grabación” comprometedora.

El comisario Villarejo ha dicho el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, se aprovechó de la operación Kitchen pese a ser un operativo “legal” para localizar dinero y testaferros de Luis Bárcenas. “Visto lo visto, y a estas alturas, ojalá yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy. Me hubiera hecho mucha ilusión”, ha dicho en respuesta al fiscal Anticorrupción. Ha sido el único acusado hasta ahora que ha accedio a contestar al Ministerio Público.

En la misma línea, Villarejo ha continuado: “El señor Rajoy se aprovechó de esta operación legal y correcta de localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectaba a él pues trincarlo. Lo supe en 2017 y ahora a balón pasado. El secretario de Estado y el ministro fueron engañados por el genio de Rajoy que lo solucionaba todo con Cardhu [prestigiosa marca de whisky]”, ha dicho Villarejo antes de que le cortara el tribunal. Con esta afirmación ha provocado las risas de otros acusados, como ha ocurrido en otros pasajes de la declaración de Villarejo.

Villarejo ha optado por denostar al resto de acusados y al tiempo eximirles de responsabilidad. Por ejemplo, de Pino ha dicho que “no se enteraba de nada; estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes, de medallas... ”. “Es un gran policía pero el puesto [de director adjunto operativo] le venía grande”, ha añadido.

Como acostumbra, Villarejo ha intentado introducir apreciaciones sobre terceros que no estaban en las cuestiones del fiscal o cuestiones de actualidad. Ha llegado a decir que una grabación por la que le preguntaba el fiscal Anticorrupción procede de “las cloacas del PSOE” cuando el audio fue encontrado en una de sus viviendas. Villarejo ha intentado contraponer la actitud de la fiscal del caso de Leire Díez con la de su compañero del caso Kitchen. “Debe andar en un lío personal el señor fiscal”, ha dicho Villarejo antes de que el tribunal le interrumpiera. 

“No voy a reconocer jamás el contenido de ningún audio porque jamás se me hija permitido una copia de todo lo que me saquearon y la mitad de lo que se llevaron jamás ha constado en las actas”, ha dicho Villarejo.

El comisario jubilado Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía durante la operación Kitchen, ha exculpado en su declaración , uno por uno, al resto de los acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. También se ha eximido a sí mismo de responsabilidad al calificar el espionaje a Luis Bárcenas y su familia como “una operación de inteligencia” ante la información de que el tesorero, desde la cárcel, iba a enviar a Suiza al chófer Sergio Ríos en relación con cantidades de dinero supuestamente ocultas en ese país. Pino ha dicho que la operación Kitchen es un término acuñado por un periodista y que nunca fue un operativo ilegal.

El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política del Partido Popular durante el primer mandato de Mariano Rajoy. En su declaración como acusado –Anticorrupción pide 15 años de cárcel para él– ha contestado únicamente a su abogado ya que el tribunal, a quien había accedido a responder, no ha formulado preguntas. Ha dicho que nunca habló del operativo alrededor de la familia Bárcenas ni con el ministro, Jorge Fernández Díaz, ni con su segundo, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía también pide 15 años de cárcel.

Pino ha asegurado que la operación fue legal y estuvo justificada porque la Policía no podía dejar pasar por alto la información acerca de que Bárcenas iba a enviar a Suiza al chófer. Luego, ha contado, quedó desmentida esa primera información y se obtuvo otra que apuntaba a que el dinero estaba en Paraguay y era gestionado por Ángel Sanchís, antiguo cuadro del Partido Popular, lo que provocó su fin.

Eugenio Pino ha acusado al hijo de Bárcenas de cometer delitos pese a que nunca ha estado investigado. El exDAO ha dicho que el joven dijo viajar a Chile y que él cree que estuvo en países de su entorno, entre los que se encuentra Paraguay. “Yo creo que no se había ido a Chile sino a sitios cerca, a mover cosas...”, ha asegurado Eugenio Pino.

Fue en ese momento cuando él, Pino, ordenó cancelar el operativo sobre la familia Bárcenas al considerar que ya no podía prosperar, con el hijo de Bárcenas moviendo dinero en el extranjero, según su versión, y el coche que iba a salir para Suiza aparcado en un garaje sin haberse movido.

El antiguo número dos de la Policía ha señalado a Ignacio Cosidó, que nunca estuvo imputado, como conocedor de la operación Kitchen desde su inicio. Ha declarado que cuando él tuvo conocimiento por Andrés Gómez Gordo –policía en excedencia al servicio entonces de María Dolores de Cospedal– de que “alguien estaba tocando” al chófer de los Bárcenas, montó una reunión con conocimiento del entonces director general Cosidó. Y que fue este, Cosidó, en una llamada telefónica, con Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas –ambos acusados– presentes en su despacho, quien le ordenó que pusiera a trabajar en ello al comisario Villarejo. Así es como habría empezado la operación Kitchen, según Pino. Luego ha dicho que quien había contactado con el chófer, por su propia cuenta y antes de la impliación del resto, había sido Enrique García Castaño, 'El Gordo', comisario que no está siendo juzgado por problemas de salud.

Se da la circunstancia de que Cosidó ya ha declarado en el juicio como testigo y no puede rebatir las afirmaciones de Pino que, como el resto de acusados, pidió declarar después de los testigos. En la misma línea, el comisario jubilado ha implicado en el conocimiento del operativo “legal” a otros testigos que han declarado durante el juicio, caso del exjefe de la UDEF, Manuel Vázquez, 'Fiti', y del comisario general de Policía Judicial de la época, Santiago Sánchez Aparicio, 'Chati'. Ambos dijeron que habían oído algún fugaz comentario sobre un operativo sobre la familia Bárcenas distinto a la investigación de sus subordinados en la UDEF, pero que no tuvieron más conocimiento de ello.

Pino se ha referido a Manuel Morocho como “el chico” y ha negado que le presionara en sus investigaciones sobre Gürtel, de las que nunca quiso saber nada. El inspector jefe al frente de los casos de caja B y Gürtel, Manuel Morocho, declaró en el juicio que Pino le sobrecargó de trabajo y le envió al nido de la brigada política para que revisara el informe PISA contra Pablo Iglesias, entre otra carga adicional de trabajo.

El exDAO Pino ha dicho este lunes que Morocho no llegó “ni a ver” el informe PISA. En otro momento se ha referido a Pablo Iglesias, sin citarle, como “un personaje” al que hubo que investigar porque había una querella contra él en el Tribunal Supremo. Precisamente ante alto tribunal fue presentado el informe PISA y este lo despreció, como haría después la Audiencia Nacional.

Denuncia una presunta maniobra de Baltasar Garzón

Además, Pino ha denunciado una maniobra del abogado Baltasar Garzón. Ha dicho que se ofreció a defenderle y que se lo hizo saber a través de otro comisario, Jesús Figón, destinado entonces en Brasil. Figón era el agregado de Interior y fue detenido, juzgado y condenado tiempo después por matar a su mujer en el país sudamericano. Fue defendido por el despacho de Garzón.

Eugenio Pino ha dicho que fue asistido en un primer momento por un abogado del despacho de Garzón, Ilocad. El exDAO ha explicado que el bufete decidió después asignarle otro letrado. También ha declarado que no ha sabido hasta la celebración del juicio que ese abogado que tuvo en primer lugar pasó a representar a Enrique García Castaño. Con ese otro abogado, García Castaño empezó a colaborar y señaló a Pino como uno de sus superiores que le ordenó robar los discos duros del PP. García Castño, conocido como 'El Gordo', no está siendo juzgado por motivos de salud.

García Castaño reconoció en fase de instrucción que la operación Kitchen existía, que estaba al margen de la causa judicial contra el PP en la Audiencia Nacional y que él recibió la orden de Pino y del secretario de Estado Martínez de robar los discos duros del PP con presunta información sobre la caja B. Pino ha dicho este lunes que cree que es mentira que García Castaño allanara un local de Rosalía Iglesias en busca de una grabación de Mariano Rajoy y que él nunca supo que había clonado tres teléfonos de Bárcenas, ambas actuaciones reconocidas por el comisario García Castaño, conocido como 'El Gordo'.

Pino ha dicho que García Castaño le fue a visitar ya estando jubilado y que le trasladó un mensaje: “Dice la Fiscalía que no les des tanta caña, que si colaboras ahora con la Operación Cataluña te tratarán bien”. Según ha dicho Pino, García Castaño le trasladó un mensaje de Baltasar Garzón: “Si lo cuentas todo, la Fiscalía tiene para ti una prevaricación”. Aludía una acusación por un delito menor, pero Pino ha añadido que se negó porque es “inocente”.

En el momento de esos hechos, Baltasar Garzón era ya pareja de Dolores Delgado, por entonces fiscal general del Estado. La defensa que el despacho de Garzón hizo de Pino y García Castaño en aquella época fue objeto de polémica por la vinculación entre el abogado y la fiscal general. Después esa polémica se recrudeció cuando Dolores Delgado no accedió a renovar en Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que había impulsado los casos Kitchen y Villarejo.

Desde hace unos días estamos viviendo un torbellino de noticias desde el escándalo de Zapatero, las nuevas informaciones sobre el caso Leire Díez que apuntarían a una red de miembros del PSOE que intentaba dificultar acciones judiciales y las acusaciones del uso de la justicia con la intención de derrocar al gobierno de coalición progresista. Todo esto, por si fuera poco, con el telón de fondo de las sesiones del juicio del caso Kitchen, una red de corrupción policial orquestada por el PP para sacarle al tesorero Luis Bárcenas la documentación que pudiera tener vinculada a la caja B del partido.

El contexto solamente llama al desconcierto y el desánimo. El alud de información proveniente de medios de comunicación hace dudar sobre si existen tramas de corrupción impensadas en los dos grandes partidos del bipartidismo o si efectivamente existe una operación de los sectores más poderosos del país para acabar con un gobierno que les es incómodo. Seguramente hay parte de ambas cosas pero, en cualquier caso, el ambiente deja poca esperanza de que la integridad pública y el estado de derecho efectivo no sean más que una quimera en España.

Frente a todo esto, en primer lugar, se requiere un análisis sosegado, completo y que acepte que la duda, no solamente es humana, sino parte indisociable del análisis de las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, la duda sobre hechos que solo podemos conocer parcialmente no debe llevarnos a olvidar algunas certezas políticas que son indispensables.

Por un lado, la respuesta social más evidente a todo este contexto es la desesperanza, el distanciamiento (aún mayor) de la política y el convencimiento de que solamente el interés personal mueve a las personas que se dedican a la cosa pública. Pero no hay que dejar de pensar, en primer lugar, que hay muchos ejemplos en nuestro país de políticos que han ejercido cargos de relevancia y nunca han estado envueltos en casos de corrupción y, por supuesto, de otros países donde los niveles de corrupción son mucho menores debido a la existencia de instituciones y normas que han creado y reforzado una cultura de integridad pública.

Debemos romper este círculo vicioso de la corrupción donde las noticias de escándalos generan desafección y nos llevan a distanciarnos de la política e incluso a ser menos exigentes con ella. Los argumentos del “son todos iguales” no valen. Por una parte, porque ninguna generalización es cierta y, como decíamos, seguro que todos podríamos pensar en ejemplos de políticos dignos de admiración por su inquebrantable dedicación al interés general. Por otra parte, porque este círculo de desafección profundiza la degradación de nuestras instituciones. Una ciudadanía activa, atenta y exigente en el cumplimiento de las responsabilidades públicas con integridad es parte fundamental de una democracia plena, es decir, sin corrupción.

Por otro lado, nuestro país ha vivido lamentablemente casos flagrantes de lawfare donde la justicia se ha usado para intentar socavar proyectos políticos molestos para sectores que siguen considerando que la cosa pública es su feudo. Ha pasado claramente con el ayuntamiento de Barcelona bajo los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, con Mónica Oltra en la Comunitat Valenciana o con dirigentes de Podemos, así como en el ámbito de la justicia en casos como el del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la evidencia de este reiterado uso torticero de los procedimientos judiciales no debe hacernos bajar nuestro nivel de exigencia con los servidores públicos y quienes lo han sido. Al mismo tiempo, debemos autoanalizarnos también con exigencia y saber que estudios académicos han demostrado que tendemos a ser más tolerantes con la corrupción si viene de sectores o líderes políticos que nos son afines. Hay que estar atentos, en este sentido, a no buscar excusas para comportamientos execrables y que destruyen nuestra democracia, sean aprovechar un cargo público para el beneficio privado o el desvío de la justicia para destruir a adversarios políticos.

La ausencia de corrupción, un país donde las instituciones públicas funcionen con integridad, es decir, movidas solamente por el interés público y no por el particular, no es solamente posible y socialmente deseable, como lo demuestran países de nuestro entorno, sino que es indispensable para una democracia real, sólida y socialmente justa.

Frente a la abrumadora realidad que mezcla evidencias claras de corrupción, dudas indiscutibles sobre comportamientos políticos al menos poco éticos y certezas del repetido uso de la justicia con objetivos privados, no debemos dejar de exigir a políticos y servidores públicos la más absoluta integridad en sus comportamientos. No existe democracia ni justicia social con corrupción. No existen tampoco recetas mágicas para terminar con ella, sino reformas legales e institucionales necesarias que deben generar un círculo virtuoso de cultura de integridad, donde todos los ciudadanos seamos partícipes y controladores de una democracia íntegra. No encontraremos soluciones rápidas ni infalibles contra la corrupción, pero exigir con tesón terminar con ella es un paso indispensable y frente al que nunca debemos bajar los brazos.

En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez, han optado por la sordina en el juicio de Kitchen. Contra ambos pide la Fiscalía Anticorrupción una condena de 15 años de cárcel como máximo responsable y coordinador, respectivamente, del espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. 

Al pacto de no agresión entre ambos se suma su decisión de contestar únicamente a las preguntas de sus abogados, con lo que ambos dibujaron el siguiente escenario: ‘nunca conocí la Kitchen’ (Fernández Díaz) y ‘algo hubo, pero fue legal’ (Martínez). 

La conservadora estrategia de ambos acusados de no responder al fiscal auxilia al Partido Popular, que presencia como el expresidente Mariano Rajoy o la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal no son mencionados, o lo son de pasada.

Estas son las cuestiones que ignoraron los dos principales acusados en Kitchen durante su declaración en el juicio. 

Los mensajes ante notario

El ministro Fernández Díaz pudo pronunciarse ampliamente sobre los cuatro mensajes que muestran su conocimiento de la operación Kitchen desde prácticamente su inicio y cómo es informado de los logros que van obteniendo los policías. Su estrategia durante todo el juicio pasa por negar que él sea el autor de los mismos y apoyar su negación mayor, que nunca supo de la operación Kitchen. Y en esa línea respondió a las preguntas de su abogado.

¿Y Francisco Martínez? El secretario de Estado acudió a dos notarios para entregar esos mensajes cuando se adivinaba su imputación y leía entrevistas de Fernández Díaz desvinculándose de la evidencia de que la operación Kitchen había existido. 

Después fue rebajando las expectativas de delatar a sus superiores y en el juicio ha puesto la guinda a esa estrategia. Ni una sola pregunta de su abogado se refirió a los mensajes. Y cuando se vio en la obligación de explicar que el ministro sabía de la identidad y el papel del chófer lo hizo sin precisar que así consta en uno de los textos que Fernández Díaz le envió. 

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz escribió a Martínez la constatación de cómo seguía al minuto la operación Kitchen y las ilegalidades que ella incluía, como el robo de tres dispositivos a Bárcenas para clonarlos sin autorización judicial. 

“La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)”, apuntó. A continuación añadió: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo”. 

Ninguna pregunta al respecto fue formulada por el abogado de Martínez. Tampoco por la presidenta del tribunal, que tenía oportunidad de hacerlo. 

Villarejo y el ministro

Al menos en los últimos años, Jorge Fernández Díaz ha ido amoldando su versión de los hechos a los descubrimientos que hacía la investigación. El ministro había mantenido que no conocía al comisario Villarejo, pero una grabación de diciembre de 2012 le muestra junto a Pino y al citado policía de las cloacas planificando la operación Cataluña. Así que su abogado optó el jueves por preguntarle si había tratado con el comisario entre 2013 y 2015. 

El ministro relató que en el acto de despedida por jubilación de Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía se saludó con Villarejo. Jorge Fernández se refirió a la escena como si de un primer encuentro se tratara. “Había un policía que estaba de paisano, que se me acercó: 'a la orden, señor ministro, comisario Villarejo'”. En el audio de 2012, cuatro años antes, se oye a Fernández Díaz decirle a Pino y a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”.

El vínculo entre el ministro del Interior y el policía que soporta una petición de pena más alta de Anticorrupción por la Kitchen (19 años) queda así sin aclarar, sin que nadie pudiera repreguntar. El resto de acusados han decidido seguir la senda de los dos primeros y solo contestar, a partir del lunes, a sus defensas. Resta por saber qué hará Villarejo. 

Las grabaciones a Cospedal, los indicios contra Rajoy

Los interrogatorios dirigidos a la exculpación sin posibilidad de contraste con otras preguntas benefician a los antiguos jefes de los acusados, que son los primeros interesados en que su nombre no vuelva a aparecer en la causa. Sin embargo, el presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido una constante en el juicio y no solo durante su declaración como testigos. 

El jefe policial de la investigación confirmó su informe en el que concluía que las continuas alusiones a que un tal ‘Barbas’ y ‘Asturiano’ conocía la operación Kitchen se referían a Mariano Rajoy. De Cospedal se han reproducido grabaciones haciendo encargos a Villarejo, entre ellos frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Cospedal, pese no poder mentir como testigo, dijo que nunca había hablado por teléfono con el policía. La grabación se reprodujo durante la vista, pero solo pudo ser seguida por aquel que se desplazara a la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal decidió cortar la retransmisión esos días para proteger la intimidad de cuantos eran mencionados en los audios. 

Fernández Díaz, enrocado en que no supo nada de Kitchen, no fue preguntado por el conocimiento que pudieran tener sus superiores en el Gobierno y en el partido. Martínez, que conoció un operativo “legal”, se limitó a decir que apenas departía con la secretaria general del PP.

La agenda del comisario 

De las únicas agendas de las que se habló durante el interrogatorio a Francisco Martínez son de las que podía guardar Luis Bárcenas. Ni mención a las del comisario Villarejo. El investigador principal del caso Kitchen dijo durante su declaración que las anotaciones de ese dietario merecían toda credibilidad. “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”, respondió el inspector jefe de Asuntos Internos. 

En esas agendas hay anotaciones como esta que habla de una reunión entre Villarejo y otro de los acusados, Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal. “ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”. 

Martínez habría tenido oportunidad de desmentir que él no diera órdenes directas de la manipulación del confidente, Sergio Ríos Esgueva, y acerca de qué policía tenía que tratar con él. 

¿Un número dos que no informaba al ministro?

La tesis del escrito de la acusación de la Fiscalía es que todo lo que conocía por los policías Francisco Martínez era puesto en conocimiento del ministro de forma inmediata. Sin embargo, y pese a las evidencias, Fernández Díaz se ha enrocado en que él supo de la operación Kitchen por la prensa, como pronto en 2015, dos años después de su inicio.

Por contra, la defensa de Martínez se basa en defender, ante los indicios del espionaje, que se trató de una “operación de inteligencia” y que, hasta donde sabe él, no incluyó ninguna actividad delictiva. De ser así, nadie en el juicio pudo preguntar –el tribunal no quiso– al ministro Fernández Díaz si su número dos le ocultaba cuestiones tan relevantes como una investigación a Bárcenas y su entorno cuando el Gobierno y el Partido Popular estaban en vilo por los papeles del extesorero. 

El espionaje en la cárcel

El comisario Enrique García Castaño, al que se archivó la acusación por motivos de salud, declaró en fase de instrucción que recibió órdenes de Martínez y de Pino para robar los discos duros de Bárcenas. También dijo que sus agentes siguieron al preso al que el extesorero habría pedido destruir una grabación incriminatoria de Rajoy porque alguien les avisó de su identidad y de a qué hora salía de permiso.

Es uno de los indicios de que Bárcenas también fue espiado ilegalmente dentro de Soto del Real. Todo quedó despachado en el interrogatorio a Martínez con la afirmación de este de que desconocía los hechos y que el régimen en prisión “es muy estricto” y hubiera impedido tal espionaje. Aquí habló por su experiencia de una semana recluido por otro asunto. 

Sin embargo, la brigada política tenía información del interior de la cárcel, lo que implicaría a otro departamento del Ministerio del Interior, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias. El juicio tampoco ha servido para ahondar en el espionaje en la cárcel, una de las puertas del caso que el juez García Castellón decidió no abrir durante la instrucción. 

Entre el Palacio de la Moncloa y el número 70 de la calle de Ferraz de Madrid hay apenas dos kilómetros de distancia, pero Pedro Sánchez intenta aumentar el trecho que separa lo ocurrido en la sede del PSOE de la acción del Gobierno. Con poco éxito. Los éxitos económicos, la creación de empleo, el 'no' a las guerras o el antitrumpismo no serán eximente en ninguna de las causas judiciales que investigan los tribunales. Y mucho menos serán tenidas en cuenta por una derecha política y mediática ávida de acabar con la carrera política del secretario general del PSOE. Feijóo ha prometido hacer “todo lo posible” por cambiar al Gobierno. “Y cuando digo todo, es todo”, advierte. 

En La Moncloa saben que no solo anda en ello, sino que ese “todo” incluye llevar a Pedro Sánchez al banquillo. El cómo, el cuándo, en qué calidad y por qué lo desconocen, pero que “el objetivo último es que un juez llame como testigo o como investigado al presidente del Gobierno está claro”. Lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez con sus célebres “p'alante” con los que suele anticipar las resoluciones de algunos jueces. Lo ha deslizado Miguel Tellado en sede parlamentaria. Lo cacarea el PP por todos los cenáculos madrileños. Lo susurran los antisanchistas de primera generación. Y hasta lo han escrito ya algunos periodistas parapetados en fuentes judiciales.

Nada que no haya ocurrido antes en democracia: llegar al límite, subir el listón de la crítica, desestabilizar las instituciones, polarizar —antes, crispar—, buscar un mundo de irregularidades y quebrar al presidente del Gobierno. Ocurrió en 1996, aunque Felipe González lo haya olvidado, y el periodista Luis María Ansón lo confesara, años después, en una entrevista con Santiago Belloch. 

Lo que hoy vive España se parece mucho a lo de entonces, cuando los tribunales marcaban el ritmo de la política y de la agenda mediática en un clima de confrontación permanente. ¿Quiere eso decir, como diría Rajoy, que todo lo que investiga la justicia y afecta al PSOE es mentira menos alguna cosa? “Quiere decir que el caso Leire Díez o el de Zapatero no se pueden comparar con la instrucción de Peinado, que es un lawfare de manual. Y tampoco con el del hermano del presidente, pero que existe una sincronía escandalosa entre el PP jueces, fiscales y medios de derechas para dibujar un país putrefacto sin que responda a la realidad y con el claro objetivo de tumbar a Sánchez es un hecho indiscutible”, responde un ministro socialista.

La Moncloa delegó esta semana en Óscar Puente la más feroz de las respuestas a la decisión del juez Pedraz de entrar en la sede central del PSOE en busca de información sobre una supuesta trama financiada por el partido que habría tenido como objetivo desestabilizar las causas judiciales que afectan a los socialistas. Y, sin paños calientes, el titular de Transportes habló claramente de una operación “con métodos nada democráticos” para derribar al Ejecutivo y de la coincidencia en el tiempo de algunos autos con la celebración del juicio de la Kitchen sobre la mal llamada policía patriótica del PP.

Puente es de entre los pocos ministros de Sánchez de perfil político el que más conecta con las bases y el electorado progresista. Pero aunque lo que dice les sale al resto de miembros del Gobierno de las entrañas, ni Sánchez ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se manifestarán en esos términos, lo que no quiere decir que desaprueben las palabras de Puente aunque circule por carril propio. Todo lo contrario.

En el Gobierno y en el PSOE están preparados para que la ofensiva judicial escale hasta Pedro Sánchez porque ven en el auto de Pedraz sobre el caso Leyre “claros e innecesarios” señalamientos al presidente. Hasta 15 han contabilizado. Y en conversación privada con algunos de sus ministros, según ha podido saber elDiario.es, el presidente ha negado que conociera los tejemanejes de Santos Cerdán con Leire Díez, y mucho menos que mantuviera con ella más de una veintena de encuentros. En la misma línea se expresa otro miembro del Gobierno que defiende que el ex secretario de Organización “manejaba esa trama para defenderse a sí mismo, a Ábalos y a Koldo”.

Page vuelve a quedarse solo

Pero si en algo coinciden todos los interlocutores es en que la próxima pieza a batir es Pedro Sánchez. “Por supuesto que le llevarán a declarar ante la Audiencia Nacional”, afirma un socialista que coincide con la versión monclovita de que “cuanto más duro le aticen, más aguantará”, en alusión a que en la cabeza del presidente no están ni el escenario de unas elecciones anticipadas ni la moción de confianza que ha sugerido Emiliano García-Page. El castellano-manchego ha vuelto a quedarse solo en la crítica ante los micrófonos. En privado, son muchos quienes coinciden, aunque con matices, en su análisis de que una huida hacia delante no puede más que desangrar al partido, llevarse por delante el poder municipal de los alcaldes y destrozar la marca durante años.

En el fondo, unos y otros convergen en que tener el Gobierno no significa tener el poder y que este está en manos de las derechas. Tienen el poder económico, el judicial, mediático y hasta el legislativo con la mayoría absoluta del Senado. “Solo les queda el ejecutivo y es el que, con votos o con autos, pretenden con su ofensiva actual”, defiende otro miembro del Gobierno. 

Mientras, en la dirección socialista saben que en el próximo Comité Federal del PSOE del 27 de junio habrá voces que plantearán que las generales se celebren antes de municipales y autonómicas para que alcaldes y presidentes autonómicos no paguen en las urnas el desgaste del Gobierno. Pero ese es un escenario que, aunque podría estudiarse, no será antes de septiembre. Diciembre, febrero o marzo… “Hay posibilidades, si bien Sánchez no está en ninguna de ellas, sino en la de aguantar. Es como un toro bravo que se crece ante las dificultades”, defienden en su núcleo duro. Y quien esté haciendo cábalas sobre una posible dimisión, que renuncie a la candidatura de las generales y ceda el paso a otro o que tire la toalla, se equivocará. 

Este lunes será la primera vez que intervenga ante la dirección federal, después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz. Y, aunque hay miembros de la Ejecutiva que en privado emiten señales de agotamiento y declaran que “esto tiene que acabar ya”, no levantarán la voz, tras testar el pulso de algunas federaciones, comprobar que nadie está por la labor de transitar por dirección distinta a la que marque el secretario general y colegir que nadie quiere abrir en canal el partido.

Manual de Resistencia, enésima entrega.

La presión sobre el Gobierno sigue aumentando por los escándalos del caso Zapatero y Leire Díez. El PP ha vuelto a pedir este viernes que los socios hagan caer al Ejecutivo en palabras de su vicesecretaria sectorial, Alma Ezcurra. “Va a tocar elegir entre responsabilidad o complicidad. Van a tener que levantar el teléfono y decir que esto se ha acabado”, ha dicho sobre los partidos que sostienen a Pedro Sánchez. En ese sentido se ha pronunciado Junts, que hoy ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno debe convocar elecciones y que ellos no van a “sostener” al Ejecutivo. Miriam Nogueras ha señalado que Junts acudirá a “escuchar las explicaciones” que ofrezca Sánchez en la comparecencia a petición propia ante el Congreso de los Diputados, aunque ha recordado que hace menos de un año el presidente ya anunció medidas anticorrupción que, según ha criticado, no se han materializado

En cuanto al frente judicial, el juez de la Audiencia Nacional, José Luís Calama, ha decidido que todas las acusaciones de la causa de Zapatero se agruparán bajo el mando del Partido Popular, algo que ya sucedió con el caso Koldo. El PP, explica el juez, fue el primero en personarse correctamente en las diligencias que afectan a Zapatero y la aerolínea Plus Ultra. Vox lo intentó antes pero no aportó toda la documentación necesaria. Mientras tanto, el PSOE se ha vuelto a quejar de que los conservadores  tienen “información privilegiada” en las investigaciones judiciales que afectan al partido y que juegan “con las cartas marcadas”.

La amnesia repentina suele ser una dolencia inevitable cuando un acusado tiene que prestar declaración en su juicio. Para hacerla más llevadera, tiene el derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y hacerlo solo con las de su abogado. El problema viene cuando el acusado es un ministro o secretario de Estado y la gente sabe a qué se dedican los políticos cuando disponen de mucho poder y hay comisarios dispuestos a cumplir sus órdenes. Su testimonio puede ser recibido con incredulidad y hasta risas, pero lo importante es no acabar en la cárcel.

La declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez en el juicio de la Operación Kitchen ofreció momentos singulares y hasta insólitos. Aparentemente, el ministro de Interior durante cinco años en el Gobierno de Rajoy no se enteró de nada ni se preocupaba por nada. Cuando los medios de comunicación estaban llenos de noticias a cuenta de los sobresueldos en la dirección del PP y de lo que sabía el tesorero Luis Bárcenas, Fernández Díaz vivía una existencia plácida y sosegada. Él no había recibido ningún sobresueldo, por lo que todo eso no le preocupaba lo más mínimo. Todo era además un remanso de paz en el partido. “Nadie me transmitió (en el PP) ninguna preocupación o inquietud sobre ese asunto”, sobre lo que sabía Bárcenas o lo que podía contar, dijo al tribunal.

Echemos la vista atrás y recordemos el impacto de la publicación a principios de 2013 de la lista de sobresueldos en la cúpula del partido y las incógnitas que generó sobre la financiación ilegal del PP. Luego, la aparición en julio de ese año de los SMS que Mariano Rajoy había enviado a Bárcenas para que se tranquilizara sobre sus problemas legales (“hacemos lo que podemos”).

La reputación del presidente estaba en juego y sus explicaciones no convencían a muchos. Fernández Díaz era amigo personal de Rajoy desde años atrás. Nada de eso molestaba al ministro ni ocupaba su tiempo. En el PP, todos parecían estar muy relajados con lo que salía en los medios sobre Bárcenas.

Cuando se conoció el montaje de Kitchen con el que se quiso conseguir que las revelaciones de Bárcenas no perjudicaran al Gobierno de Rajoy, todo eso le pilló al ministro leyendo la prensa. “Yo me entero como el común de los mortales por los medios de comunicación”, dijo. Y no pasó de ahí. Respondió con esa frase cuando su abogado le preguntó si había hablado del asunto con Martínez, su número dos del Ministerio. Si hay que creerle, hay que suponer que no habló de unas acusaciones tan graves con su secretario de Estado ni con el director operativo de la Policía. No se enteró de nada. No vio nada. No quiso saber nada. Él solo iba al despacho y leía la prensa.

Cómo está el mundo, pensaría. Qué cosas dicen de Mariano. No le llamo para no preocuparle más. Bueno, ya son las dos y habrá que pensar en ir a comer.

Lo de Francisco Martínez fue parecido, pero más traumático, porque en la fase de instrucción había afirmado lo contrario sobre lo que le pidió su jefe. Decir que derrapaba en las curvas cuando hizo el giro de 180 grados es quedarse corto. No podía negar, y no lo hizo, su intensa relación profesional con el comisario José Manuel Villarejo. Pero el resultado fue el mismo. No se enteró de nada. ¿Los discos duros de Bárcenas? Pero qué me está contando.

Martínez contó que conoció a Villarejo gracias a una orden que le dio Fernández Díaz. El ministro le llamó para decirle que Juan Cotino –director general de la Policía en el Gobierno de Aznar– le había comunicado que era urgente que el Ministerio se pusiera en contacto con Villarejo para recibir una información. Martínez declaró que cumplió la orden y se vio con el comisario en abril de 2012. El mensaje tenía tintes preocupantes. Decir, como había hecho Fernández Díaz en el Congreso, que la investigación al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, era ilegal “se iba a volver en su contra”, avisó el policía.

“Cotino había dicho a Fernández Díaz que Villarejo era alguien fiable y que nunca había dado una mala información”, declaró Martínez. Es seguro que informaría de inmediato al ministro.

Cuando preguntaron después a Fernández Díaz si conocía a Villarejo, volvió a negar cualquier asomo de cercanía. Supuestamente, casi ni sabía de él. Dijo que no tuvo ningún contacto con el comisario entre 2013 y 2015, cuando se produjeron los hechos delictivos de la Kitchen. Solo lo vio en 2016 al saludarlo brevemente en una comida organizada por la jubilación de Eugenio Pino, su DAO (director adjunto operativo).

Martínez describió sus frecuentes reuniones con Villarejo a preguntas de su abogado. Se vio claramente que había quedado fascinado por el polémico comisario que lo grababa todo y que sabía cómo engatusar a sus superiores, que siempre recibían algo a cambio. Villarejo era “un torrente de información”, aunque a veces se limitaba a contar “chascarrillos”. Desde luego nunca escuchó a Villarejo “hablar de algo ilegal”.

Para impresionar al tribunal –no cabe otra interpretación– dijo que “la primera vez que oí hablar del estrecho de Ormuz fue por el señor Villarejo en 2012”. Es evidente que Martínez no estaba muy ducho en materia de relaciones internacionales y geografía.

El ex secretario de Estado era como el pececillo eternamente agradecido cuando le echan comida a la pecera. Lo que él no era consciente de sus contactos con comisarios de ética dudosa era que no estaba nadando en una pecera, sino en un acuario inmenso lleno de tiburones.

Tantos contactos con Villarejo le debieron de ser muy útiles. No sobre Kitchen. Ni sobre la información que podía conservar Bárcenas o las pruebas que este guardaba en sus ordenadores, uno de los motivos centrales de la operación que ahora se juzga y que también originó los contactos de Cospedal con el comisario para obtener información (“la libretita”) con la que proteger al PP.

Ahí Martínez no tuvo reparos en saltar al vacío: “Los discos duros de Bárcenas son una especie de leyenda mediática”, comentó sin inmutarse. En la fase de instrucción, el comisario García Castaño, que no está en el banquillo de los acusados por su estado de salud, declaró que fue Martínez quien le ordenó encontrar los discos duros. El tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar ese testimonio en el juicio.

Otro momento involuntariamente ridículo ocurrió cuando negó saber si Sergio Ríos, el confidente al que se pagó para vigilar a Bárcenas mientras le hacía de chófer, había recibido trato de favor para ingresar en la Policía. “Es imposible amañar un procedimiento de selección en la Policía Nacional”, dijo. Eso fue precisamente lo que sucedió, porque con ello ciertos comisarios tenían controlado a Ríos para el futuro.

Solo se salió un poco del guion pactado cuando dijo que el ministro le pidió que confirmara algo que había sabido no se sabe de quién, y es que habían colocado a un confidente cerca de Bárcenas. Hizo la gestión sin decir con quién y se lo confirmó a Fernández Díaz.

El exministro ni siquiera se dignó a mencionar esa cuestión. Fernández Díaz solo sabía que Bárcenas existió y que fue tesorero del PP. Nada más.

El pacto de no agresión entre ambos fue tan evidente que es realmente difícil creer que pueda colar. Todo fue muy distinto a lo que contó Martínez en la instrucción, a los mensajes que dijo recibir de su jefe y que luego depositó ante notario y al tenso careo que tuvieron a finales de 2020 en el que cada uno se mantuvo en sus posiciones.

Ahora les salía más rentable sostener en el juicio que nunca se enteraron de nada y que la Kitchen fue una invención periodística. La Fiscalía pide quince años de prisión para ambos. Es un razonable incentivo para mentir ante un tribunal.

La atenta observación de cualquier declaración, siquiera un gesto, de Francisco Martínez ha cumplido seis años como actividad obligada para analizar el caso Kitchen. La responsabilidad de ello recae en el propio ex secretario de Estado de Seguridad que, viéndose acorralado por la investigación y abandonado por el Partido Popular, comenzó a tomar notas en su móvil y a depositar ante notario mensajes con su antiguo jefe. ¿Cumpliría la amenaza que deslizaban esas anotaciones? ¿Terminaría por descargar en sus superiores la responsabilidad de la operación de espionaje a Luis Bárcenas? Su declaración en el juicio que le enfrenta a 15 años de prisión se antojaba como un momento ideal para despejar las dudas.

Y ese momento llegó este jueves. Martínez no se apeó de la relectura crítica del momento de su vida en el que pareció proclamar: 'si caigo, no lo haré solo'. Su declaración, y la que le siguió –del exministro Jorge Fernández Díaz–, sirvió para escenificar un pacto de no agresión entre ambos que pone fin, por ahora, al brusco enfrentamiento que protagonizaron durante la instrucción del caso. Ambos hablaron del otro con respeto, incluso con admiración. Pero, sobre todo, apenas dijeron nada que pudiera incriminar a jefe o subordinado. 

El beneficiario evidente de este pacto es Fernández Díaz. El exministro se sienta en el banquillo por aquel Francisco Martínez que prometió morir matando. Los mensajes depositados ante notario por Martínez sitúan al que fuera ministro como conocedor del espionaje al tesorero desde casi el mismo momento que se puso en marcha.

Pero ese Francisco Martínez ya no existe. En el gran día de las declaraciones de ambos, el abogado de Martínez no preguntó a su cliente por los mensajes. El acusado solo traspasó una línea perjudicial para su antiguo jefe al explicar que el 13 de julio de 2013, con Bárcenas en prisión y a punto de confesar la caja B al juez Ruz, el ministro le preguntó si conocía la existencia de un colaborador en el entorno de Bárcenas. Él preguntó al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, y antes de contestar a Fernández Díaz este le suministró la identidad del chófer, Sergio Ríos Esgueva.

Martínez logró hablar de los hechos sin mencionar ni siquiera el mensaje que le envió Fernández Díaz al respecto, el primer rastro en el sumario de la operación Kitchen. El secretario de Estado extendió el conocimiento de la “operación de inteligencia” también al CNI. Para ello contó un episodio desconocido hasta ahora. Aseguró que dentro del contencioso entre el comisario Villarejo y los espías, él acordó una reunión con Félix Sanz Roldán para que un interlocutor del Centro se viera con Villarejo y este le informara de “los hechos que aquí se juzgan”. 

El matiz es importante porque Martínez, como otros acusados, admiten que hubo seguimientos a la familia Bárcenas, obligados como están ante las evidencias de partes y testimonios. Pero añaden que se trataba de un operativo legal, “de inteligencia”, para averiguar si Bárcenas escondía aún más millones de los 47 que habían aparecido y si mantenía testaferros ocultos. 

En la reunión, Villarejo también debía contar al CNI lo que sabía del gestor de la Gürtel en Ginebra, Arturo Fasana, “una persona sensible en cuanto a los patrimonios que ha gestionado”, según Martínez. Es público que Fasana manejó fondos del rey emérito ocultos a la Hacienda española. Resulta difícil tomar el comentario como una advertencia, por lo estéril de su efecto a estas alturas. 

Al término de su declaración, Martínez aludió a su tratamiento psiquiátrico para explicar un momento en el que estaba “roto” y por eso escribía mensajes contra sus jefes en el Gobierno. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, había escrito el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Así que la estrategia de defensa de Fernández Díaz consiste en desacreditar los mensajes que entregó a dos notarios Martínez. El ministro asegura que él no los envió y su abogado ha presentado a un perito que apunta a una posible manipulación. Además, los notarios a los que acudió Martínez han declarado que no comprobaron si el número desde que los recibió el exnúmero dos de Interior perteneciera en realidad a Jorge Fernández Díaz.

El exministro tenía derecho a mentir para defenderse, como acusado que es en Kitchen, y es conocida la complicada relación con la verdad que mantiene desde hace tiempo. En el juicio dio a entender que conoció a Villarejo durante la despedida por jubilación de Eugenio Pino, en 2016, cuando un audio publicado por El País le muestra hablando con Villarejo y Pino en 2012, cuatro años antes, para planificar la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”, afirma en el audio. Su abogado tuvo la precaución de preguntarle si había tenido relación con Villarejo entre 2013 y 2015, después de esa grabación, y él describió una escena en que Villarejo se le presentaba en el citado acto de 2016. Ya en el pasado había negado conocerle, antes de que se publicara la grabación. En su momento, Jorge Fernández atribuyó a una supuesta inteligencia artificial de 2016 pasajes de otra grabación. Fue con el director de Antifrau grabado en su despacho, cuando decía “la Fiscalía te lo afina”.

Martínez y Fernández Díaz se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno, según la petición de Anticorrupción. Si el tribunal no aprecia una operación ilegal en el espionaje a Bárcenas y su familia, ambos resultarán absueltos. Si la sentencia reconoce que el operativo incluyó varios delitos, Fernández Díaz se puede salvar, pero resulta casi imposible que lo haga Martínez. La absolución de Fernández Díaz dependerá en gran parte de los mensajes que hoy su subordinado no ha querido mencionar.

La sentencia y el Partido Popular

Una absolución para Fernández Díaz rebajaría la gravedad del caso para el Partido Popular, ya beneficiado de una instrucción abortada por el juez Manuel García Castellón, quien impidió seguir adelante con la investigación a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Fernández Díaz está dado de baja formalmente del Partido Popular y según la tesis del juez que ha llegado a juicio constituiría la X de la guerra sucia del PP, pero sin la colaboración del PP, ni el conocimiento de su presidente.

Por su parte, Francisco Martínez solo ha militado en el PP los dos años que fue diputado de la formación, tras salir del Ministerio, tal y como ha recordado en el juicio. Él es un extraño en el partido, según traslada. Si el cambio de ciclo político llega, los recursos ante el Supremo serán resueltos durante el próximo Gobierno del PP, con capacidad de indulto.

Los indicios contra Martínez se acumulan en la causa. El tribunal ha escuchado las declaraciones en fase de instrucción del comisario García Castaño, que reconoció los delitos y aseguró que Martínez le había puesto a buscar los discos duros de Bárcenas con la supuesta grabación de Rajoy hablando de la caja B. Mensajes con otros acusados confirmarían su conocimiento del espionaje.

Los dos acusados evitaron contestar este jueves al fiscal Anticorrupción y el resto de las partes. El representante del Ministerio Público reaccionó solicitando que se reproduzcan en la vista las declaraciones de ambos en fase de instrucción. Podemos añadió a esa petición la de que se pueda asistir durante el juicio al tenso careo entre ambos que tuvo lugar en noviembre de 2020. El tribunal no ha decidido aún. 

El antiguo secretario de Estado explicó durante su declaración que Jorge Fernández Díaz le hizo secretario de Estado de Seguridad porque es el único que siempre confió en él. Al término de su declaración, Jorge Fernández Díaz fue a dar la mano uno por uno a todos los acusados. Al llegar a Francisco Martínez le dijo: “Al final, la verdad siempre prevalece”.

El principal acusado en el juicio del caso Kitchen, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha declarado este jueves que no supo nada de la operación hasta que comenzaron las publicaciones en los medios dos años después de arrancara. A él, ha dicho, no le preocupó la publicación de la contabilidad extracontable porque no salía en los papeles: “Yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”.

Aquí las cinco frases más relevantes de su declaración:

“Me entero de la Operación Kitchen cuando aparece en los medios”

Sobre si el PP estaba preocupado por los papeles de Bárcenas: “Nadie en el PP me lo transmitió”

Sobre si presionó para que Morocho cambiara sus informes: “Esa llamada no la he hecho”

“Bastantes problemas tenía uno en casa como para salir a la calle a buscar más”

Sobre los mensajes con Francisco Martínez: “No los reconozco”

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que nunca supo de ese operativo hasta que comenzaron las publicaciones en los medios de comunicación dos años después de que arrancara. La afirmación contradice lo que acababa de declarar su número dos en la comparecencia que le precedió, cuando Francisco Martínez ha aludido a un intercambio con el ministro del Interior el 13 de julio de 2013 sobre la existencia de un confidente en el entorno de Bárcenas y que incluyó que el propio Fernández Díaz le llegara a compartir la identidad del chófer de los Bárcenas.

“Yo tuve conocimiento [de la Kitchen] cuando comenzaron a aparecer en los medios las informaciones”, ha dicho, ubicando este conocimiento a finales del año 2015. “Yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba ni por abajo ni a la derecha ni a la izquierda, nadie me habló de esa operación Kitchen”, ha declarado el exministro del Interior. Tampoco sabía, ha dicho, que el chófer de la esposa de Bárcenas estaba siendo usado para espiar a la familia. “En absoluto”, ha zanjado ante el tribunal. 

A diferencia de Martínez, el exministro ha optado por negar cualquier conocimiento de un operativo. Martínez, ante las evidencias de la existencia del mismo y el conocimiento que él tenía de él, ha preferido reconocer que supo de una “operación de inteligencia” en la que no habrían cabido ilegalidades.

Fernández Díaz ha afirmado en su declaración como imputado en el juicio de la operación Kitchen que ni él ni el Partido Popular estaban preocupados por la publicación de la contabilidad extracontable del partido conocida como “los papeles de Bárcenas”. A él personalmente, ha dicho, no le preocupó porque no salía en los papeles: “Yo no estaba porque yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”. 

Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en este juicio, procura desvincularse así del operativo policial irregular con el que la cúpula de Interior, supuestamente, intentó robar y destruir documentación comprometedora para el PP que obraba en poder de su extesorero, Luis Bárcenas.

Según su versión, esos papeles ni siquiera preocupaban al Partido Popular. “A mi desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés, si la tenían desde luego a mi no me la transmitieron, nadie me transmitió a mi desde el PP ninguna inquietud, no digo que no la tuvieran, a mi no me la transmitieron”.

El abogado de Fernández Díaz ha sacado a colación los cuatro mensajes aportados ante notario por Francisco Martínez, el indicio que supuso la imputación y posterior procesamiento del ministro. El antiguo titular de Interior ha negado la autenticidad de esos mensajes, en el sentido de que él no es su autor. Contrasta con la actitud de Martínez, al que su abogado no ha preguntado por los mensajes durante su declaración, dentro del pacto de no agresión que practican ambos acusados desde que empezó el juicio.

Presiones a Morocho

Fernández Díaz ha negado que telefoneara al comisario José Luis Olivera mientras este se entrevistaba con Manuel Morocho, policía principal de los casos caja B y Gürtel. En esa reunión, Olivera tentaba a Morocho con un puesto en Lisboa, muy bien remunerado, que le apartaría de los casos de corrupción del PP. 

En un momento de la reunión, a Olivera le sonó el teléfono y el comisario dijo a Morocho que era el ministro que respaldaba en persona el ofrecimiento, según relató Morocho en el juicio. “Yo no he hecho esa llamada en la vida”, ha dicho Fernández Díaz.

El ministro Fernández Díaz ha asegurado que conoció personalmente a Villarejo en el homenaje a Eugenio Pino, el DAO que se sienta en el banquillo de los acusados, por su jubilación. El exministro se empeña en negar la grabación del encuentro con Villarejo en el que planean la operación Cataluña y Fernández Díaz dice: “Negaré bajo tortura esta reunión”. La grabación fue realizada en 2012.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha publicado este jueves una columna de opinión en La Razón sobre la “situación inaudita” del caso Leire Díaz justo el mismo día que declara en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

A pesar de su situación procesal, Fernández Díaz ha sacado tiempo para, como hace habitualmente de forma diaria, comentar la actualidad este jueves en La Razón. “Los acontecimientos que se producen en la política nacional quedan opacados por los que suceden al día siguiente de tener conocimiento de los mismos”, asegura en su columna de opinión.

Según describe el exministro, “ver a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, accediendo, por orden judicial, a la misma sede de la Dirección General de la propia Benemérita en el marco de la investigación que lleva a cabo por el denominado caso Leire, resulta absolutamente inaudito”. Cabe recordar que la tesis del juez de la Audiencia Nacional, es que Fernández Díaz ideó la operación Kitchen, una especie de policía patriótica pagada con fondos públicos reservados, para destruir pruebas de la caja b del PP y pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

El exministro también destaca en su columna, que “esa noticia” quedó opacada por “la irrupción en la misma sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por agentes de la misma unidad, también por orden judicial, para investigar cuestiones vinculadas a dicho asunto”.

“Mientras, Sánchez comparecía en Roma tras su audiencia con León XIV para informar de su agenda internacional. Haciendo coincidir su visita a la FAO y al Vaticano con su preceptiva obligación de comparecer en el Congreso en la sesión de control, para informar no de su agenda mundial, sino de la suya nacional y judicializada”, continúa Fernández Díaz que también califica esta situación de “inaudita” al tiempo que destaca que los socios y aliados parlamentarios del Ejecutivo mantienen “al sanchismo en el Gobierno” mientras “miran para otro lado”.

“Contrasta intensamente esta actitud con la que mantuvieron ahora hace 8 años con el gobierno del PP, promoviendo una moción de censura para acabar ”con la corrupción“, añade Fernández Díaz en su columna de opinión, obviando que entonces existía una sentencia en firma sobre el caso Gürtel.

Para Fernández Díaz, que Sánchez no convoque elecciones porque “no responde al interés general”. “Al parecer, el interés general de España es el interés de Bildu, Junts, ERC y el PNV, ya que todas y cada una de ellas tiene en su mano acabar rápidamente con esta inaudita y degradada situación”. Según el exministro, son “formaciones políticas que hasta ahora no parece que estén particularmente interesadas en trabajar para defender ese interés español”.

“A partir de ahora será necesario efectuar todas las reformas legales –y en su caso constitucionales– necesarias para impedir que en el futuro pueda reproducirse una situación como la actual”, asegura Fernández Díaz que también dice que está “okupando el Gobierno” una coalición “sin mayoría parlamentaria, sin poder legislar y sin Presupuestos”.

“Si a ello le añadimos la corrupción, queda retratado lo que es un gobierno progresista. Y lo que realmente son: el paradigma de la democracia y la libertad. Como es bien sabido”, concluye Fernández Díaz en La Razón pocas horas antes de declarar por la operación Kitchen después de que lo haga su número dos, Francisco Martínez, que ha negado que existiera y dice que solo hubo una “operación de inteligencia”.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.