En la concentración masiva que tuvo lugar el domingo ante las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla -sede de la Junta de Andalucía- miles de manifestantes exigían a gritos la dimisión del presidente Juan Manuel Moreno por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que tiene en jaque al Gobierno andaluz desde hace un mes. Uno de los gritos de protesta que lanzaba la multitud iba dirigido a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA): “¿Dónde está Canal Sur? ¿Dónde está Canal Sur?”

Días antes de la protesta, un grupo de trabajadores de la RTVA había tratado de responder a esa pregunta promoviendo un manifiesto donde vuelcan su “malestar” por el tratamiento informativo que ha dado la cadena pública a la mayor crisis sanitaria y política que ha vivido Andalucía desde la pandemia de Covid-19.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es una carta firmada por periodistas de Canal Sur con nombre, apellidos y DNI, que han enviado este lunes a la presidenta de la asociación que destapó el escándalo (Amama), Ángela Claverol: “Consideramos que nuestra empresa no ha estado a la altura como medio público andaluz impidiendo a los profesionales realizar su trabajo para garantizar una información libre, plural e independiente a las andaluzas y los andaluces. Le aseguramos que muchos profesionales de la radio y la televisión pública nos sentimos abochornados”.

Un grupo de profesionales de Canal Sur empezó a mover el manifiesto en la redacción central la semana pasada, al principio, al margen del Comité Intercentros de la RTVA, donde están representadas las cinco secciones sindicales mayoritarias: Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, CCOO, UGT, Sindicato de Periodistas de Andalucía y CGT.

La iniciativa, según fuentes del Comité Intercentros, nació del “boca a boca” en una redacción “muy dolida” con la cobertura de la crisis de los cribados, entre otras cosas, porque “hay redactoras y trabajadoras de esta casa que están entre las afectadas por los diagnósticos tardíos de cáncer”.

El sábado, un día antes de la concentración ante San Telmo, se habían recogido casi 200 firmas de periodistas “en el documento original en papel”, y entonces deciden mover el manifiesto a través de WhatsApp entre los compañeros, habilitar un correo electrónico para recepcionar todas las firmas (radiotelevisiondeandalucia@gmail.com) y convertirlo en una “carta” para enviárselo a la presidenta de Amama.

La iniciativa se ha filtrado este lunes a algunos medios, de modo que los promotores decidieron enviarle ya el documento a Claverol con las firmas que por ahora han suscrito la protesta contra la dirección de Informativos: unos 200 trabajadores, según datos facilitados por los responsables. A 1 de enero de 2025, la plantilla de la RTVA ascendía a 1.345 trabajadores, de los cuales 343 son redactores, según las cifras aportadas por Recursos Humanos para las últimas elecciones sindicales.

La dirección general de la RTVA, “sorprendida”

Preguntada sobre la carta que los periodistas de Canal Sur han dirigido a Amama, la dirección general de la RTVA ha evitado pronunciarse porque “desconoce” el documento y porque “no nos ha llegado carta alguna”. “Esta dirección se ha visto sorprendida al saber que, al parecer, hay una carta que no han remitido a la empresa. Desconocemos su contenido y el número de profesionales de la casa que la firman. Sin tener estos datos que nos permitan analizar el grado de malestar, el número de profesionales que sustentan esta carta y los motivos concretos de esta iniciativa, ni podemos ni debemos pronunciarnos, puesto que sería una grave imprudencia entrar en una polémica con un grupo de trabajadores sin datos y por una vía externa impropia de los sistemas internos y formales que tiene la empresa para gestionar estos asuntos”.

El Comité Intercentros de la RTVA no ha hecho un “mailing” para hacer llegar la carta a todos los trabajadores de la plantilla y tampoco ha informado de la iniciativa a la dirección de la empresa porque, dicen, “partió de un grupo de periodistas y enseguida creció mucho y se decidió enviárselo como carta a Amama”.

En origen se trataba de una propuesta que sí se aprobó en noviembre de 2023 en el Comité Intercentros, que consistía en ponerse en contacto vía mail con organizaciones y movimientos asociativos cuyas actividades o denuncias “estaban siendo silenciadas” por los informativos de Canal Sur, “para hacerles llegar el desacuerdo de los periodistas con la dirección”. “El ninguneo de Amama en medio de esta crisis de cribado fue tan gordo, que se decidió dar un paso más y enviar una carta firmada con nombres y apellidos por nuestros redactores, y que no fuera sólo un comunicado institucional de los sindicatos”, advierten estas fuentes.

Entre 30.000 y 8.500 manifestantes ante San Telmo

La manifestación del domingo ante la sede del Ejecutivo andaluz convocó a miles de mujeres y hombres: unas 30.000 según los organizadores; en torno a 8.500 según la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, que desplegó a la Policía Nacional para controlar la protesta.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, decidió dar su propia cifra de participación, de manera inusual, usando como fuente la Policía Local, aunque entre sus competencias no está el seguimiento de una acción de protesta. El Consistorio que dirige José Luis Sanz hizo el cálculo más bajo, en torno a 4.500 manifestantes, que fue la cifra a la que se aferró el PP andaluz para tildar de “rotundo fracaso” la protesta.

La presidenta de Amama ya había denunciado públicamente que Canal Sur tardó “tres días” en ponerse en contacto con la asociación desde que estalló la crisis de los cribados, cuando ya era noticia de ámbito nacional y había salido en todos los medios. La carta que le envían los profesionales del ente público incide en esta misma denuncia: “No compartimos los criterios impuestos desde la dirección de informativos. Entendemos que el tardar 72 horas y 19 minutos en dar la primera información sobre el tema, no obedece al criterio de actualidad”, dice el escrito.

La iniciativa de denunciar el tratamiento informativo ante la asociación que representa a las víctimas de la crisis de los cribados parte de la propia plantilla, en un momento en el que su representación está descabezada tras la dimisión del Consejo Profesional de la RTVA, cuyo mandato ya había caducado, pero no se había iniciado el proceso interno para su renovación.

En el escrito, los trabajadores de Canal Sur se quejan también de que su empresa “no haya contado todavía” con Claverol ni nadie de Amama “en directo”, “cuando ha sido entrevistada en todas las televisiones del país”. “Esto no obedece al criterio de interés. Dedicar cinco veces más tiempo en un día a la presentación del Plan de Choque de la Junta que a las protestas de las mujeres andaluzas por los errores en los cribados de cáncer de mama en una semana, no obedece al criterio de relevancia”, dice el texto, que añade: “La ocultación deliberada, siguiendo un plan, para contrarrestar la indignación social creada, no obedece al criterio de imparcialidad. Sin respeto a los criterios de actualidad, interés, relevancia e imparcialidad, sabemos que no existe la buena práctica del periodismo”.

En primera página desde el 1 de octubre

Las denuncias de Amama por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama saltaron al debate público con una primera información de la Cadena Ser, el pasado 1 de octubre. La entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, respondió que se trataba de “cuatro casos aislados”, pero 48 horas después elevaría la cifra a 2.000 afectadas. Mujeres que se habían hecho una mamografía meses o años atrás y no les habían informado de la detección de un hallazgo “sospechoso” o “no concluyente” que, en algunos casos, degeneró en un tumor maligno por falta de tratamiento.

Hernández dimitió el 8 de octubre, una semana después, cuando el presidente de la Junta ya había pedido disculpas públicas y admitido el “error” en el protocolo de cribados de cáncer de mama. Ese mismo día, miles de mujeres ya salieron por primera vez a la calle a manifestarse, a las puertas del SAS, exigiendo la dimisión de Moreno. Desde entonces, el escándalo de los cribados ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación -incluido Canal Sur- y se ha convertido en centro del debate político, dentro y fuera de Andalucía.

El Ejecutivo de Moreno y el PP andaluz acusan a las izquierdas de “manipular” a las mujeres con cáncer y han afeado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevara el asunto a la última sesión de control en el Congreso.

Con los días, la Junta también ha tensado la cuerda con la propia asociación que destapó el asunto, acusándola de lanzar “infundios” cuando decidió denunciar ante la Fiscalía la supuesta manipulación y desaparición de historiales clínicos en las plataformas digitales del SAS, algo que ha motivado la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

Sobre esto último, los trabajadores de Canal Sur también acusan a la dirección de Informativos de “esconder el error informático por el que desaparecieron las pruebas del portal del SAS y dar voz al consejero que les acusaba de lanzar infundios”. La televisión pública tildó la denuncia de Amama ante la Fiscalía de “escrito” -en los rótulos que acompañaban a la noticia-, algo que rompe “el principio de imparcialidad y de veracidad”, dice el escrito, que también reprocha que se hayan “ocultado” los movimientos judiciales del caso o las dimisiones de responsables.

“Sin independencia, objetividad, veracidad, rigor o pluralismo se quiebra nuestra obligación de servicio público a la hora de garantizar el derecho a la información de los andaluces”, concluye la carta de los trabajadores de Canal Sur a Amama.

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A (Canal Sur) tienen a la vista otro juicio por otra posible vulneración del derecho fundamental de huelga durante el Día Internacional de la Mujer. La vista oral se iba a celebrar este pasado miércoles en la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA, precisamente a las puertas del 8M, pero finalmente se ha aplazado.

El ente público ya ha sido condenada por hechos análogos relacionados a las convocatorias de huelga de CGT con motivo del 8 de marzo, concretamente en los años 2021 y 2022, de las que ha venido informando este periódico. Ambas se referían al mismo centro territorial de Córdoba, y el nuevo caso no es una excepción. El pasado 10 de enero, Canal Sur admitió en directo que vulneró el derecho fundamental de huelga de una empleada el Día Internacional de la Mujer.

Los nuevos hechos denunciados se refieren al año pasado, 2024. CGT había llamado a una huelga “con un contenido reivindicativo marcadamente feminista” en una convocatoria que se viene repitiendo en la misma fecha en años anteriores. Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a este nuevo procedimiento judicial en curso.

Una huelga para “evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras”

Explica la demanda que en el centro de trabajo territorial de Córdoba se realiza una previsión de turnos con carácter mensual que atiende a las diferentes categorías y operarios que deberán laborar a fin de atender los servicios. Así las cosas, en el turno de tarde del 8 de marzo de 2024 estaba prevista únicamente la asistencia de un redactor, de conformidad con los servicios mínimos. Ese día, el informativo de la tarde (El mirador de Andalucía, las Noticias de Córdoba) fue realizado por otra redactora, que trabajó “en virtud de horas extraordinarias, por cuanto que su turno ordinario asignado para esa jornada fue de 8.00 a 15.00 horas”.

La realización de esas horas extraordinarias durante la jornada de huelga “fue una decisión adoptada por la dirección de la empresa”, argumenta CGT, que considera que con esa “medida patronal” y “con el ejercicio de poder organizativo encaminado a suplir a los trabajadores huelguistas e incumplir con los servicios mínimos se merma el derecho de huelga de una convocatoria que pretende precisamente evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras y la transcendencia de su ausencia en la realización de sus actividades profesionales habituales”.

Se trata, según CGT, de un supuesto de lo que se ha dado en denominar esquirolaje interno, en este caso “haciendo uso de horas extraordinarias sin causa ni motivo que habilite a ello”. El esquirolaje interno se produce cuando, en el periodo de huelga en una empresa, el empresario utiliza a trabajadores no huelguistas de la propia empresa, modificando sus condiciones de lugar, tiempo y modo de trabajo para que realicen los trabajos que se han quedado paralizados durante la huelga, con el fin de reducir los efectos de la huelga. Hay casos que ya ha visto el Tribunal Supremo, cuyos jueces declararon que los trabajadores de una empresa asentada en Navarra vieron vulnerado su derecho a huelga en una protesta de 2017 porque varios jefes de departamento se pusieron a trabajar sustituyendo a los huelguistas.

Un derecho fundamental “lesionado”

Añade la demanda que “el esquirolaje interno está declarado ilegal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, máxime cuando –como ocurre en el presente caso- la intención empresarial que tienen esos cambios es eliminar las consecuencias de la huelga”.

Por todo ello CGT solicita mediante “que se declare lesionado el derecho fundamental a la huelga”, reclamando una indemnización de 60.000 euros en concepto de reparación de los daños morales y materiales, pérdida de imagen, afiliación y perspectivas de afiliación del sindicato así como los costes del procedimiento judicial.

También pide CGT que se le indemnice en 18.000 euros, que se declare la nulidad de las decisiones y actuaciones, “ordenándose el cese inmediato de la conducta lesiva de los derechos fundamentales”, y “que se reparen los daños y perjuicios causados, procediendo a realizar una emisión televisiva en idéntica franja horaria preferente centrada exclusivamente en la sentencia que se dicte”, de forma similar a la que se vio obligada a emitir de acuerdo a una de las referidas sentencias ya emitidas y ratificadas por el Tribunal Supremo.

La Dirección de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su sociedad filial, Canal Sur Radio y Televisión S.A., ha cerrado un acuerdo con el comité para la desconvocatoria de la jornada de huelga general convocada para el próximo viernes 28 de Febrero, Día de Andalucía.

Según informa la propia RTVA en un comunicado, el acuerdo suscrito por la dirección con el comité de huelga recoge el compromiso de “seguir trabajando en mejorar la dotación y condiciones de trabajo del colectivo de los cámaras, al igual que en su estabilidad”.

Las principales medidas acordadas son sumar diez nuevos puestos de operador de cámara a los ya cubiertos según un calendario pactado entre ambas partes; recuperar la escuela de espalda para prevenir lesiones musculoesqueléticas y seguir reforzando tecnológicamente al departamento “contando con la opinión del colectivo de trabajadores a la hora de hacer las inversiones”.

La dirección de la RTVA “felicita a todas las partes implicadas y agradece el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad para llevar a buen puerto las negociaciones” que permite desconvocar la huelga y “realizar en el día de todos los andaluces su labor de servicio público como viene haciendo durante más de tres décadas”.

El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, ya expresó su confianza en la mañana de este martes en alcanzar un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga prevista este 28F para poder “cumplir con su obligación de servicio público” en un día como el 28F, e incluso poder seguir con “cierta normalidad una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra tierra, como es el Carnaval de Cádiz”.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha requerido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur), para que dé cumplimiento al fallo de la sentencia del pasado mes de julio, ratificada en octubre por el Tribunal Supremo, “procediendo a la lectura” de la sentencia “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía” y en la que se condenaba a la cadena pública por la vulneración de un derecho fundamental como el del derecho a huelga.

“Canal Sur ha recibido esta mañana de 10 de enero la providencia a la que se refiere y, en el CSN2 de esta noche, en cadena, se dará lectura al fallo”, aseguran a elDiario.es Andalucía fuentes del ente público.

La emisora, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Era, según la cadena pública, “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“, argumentó la RTVA. Pero, según las alegaciones de CGT, el ámbito de la huelga convocada el 8 de marzo de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa forma parte del Comité Intercentros, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

Recordaba CGT que “la emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto de la sentencia”, argumento CGT, que añadía que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

“El militar que gobernó España durante casi 40 años”. Así ha definido al dictador Francisco Franco un presentador de informativos de Canal Sur Televisión, algo que el Consejo Profesional de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha considerado “muy grave” por “el blanqueamiento de la figura de Franco” por parte de la Dirección de Informativos.

El presentador daba paso a una pieza en la que se informaba de la obra del dibujante malagueño José Pablo García, que ha llevado al cómic la biografía de Francisco Franco apoyándose en textos de Paul Preston. El redactor y locutor de la noticia se refiere a Franco como “el dictador” y alude a él, recogiendo la valoración del autor del libro, como un hombre con una “personalidad compleja que siempre se preocupó por su propia imagen”.

“Los profesionales defendemos el compromiso de nuestra televisión con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos”, apunta un mensaje en X el Consejo Profesional de la RTVA, que denuncia el “blanqueamiento” del dictador “en el paso y rótulo” del vídeo, en el que se la cita como “el general Franco”.

Este periódico, al ver el mencionado mensaje en X, ha contactado con la cadena por si quería hacer algún comentario al respecto. En ese sentido, fuentes de la RTVA niegan “rotundamente” que se diera “indicación ni instrucción” en ese sentido “como afirma el Consejo Profesional” y que tanto el texto como el rótulo fueron respetados “tal cual fueron enviados” por parte del periodista que cubrió la información.

El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha declarado la nulidad del despido de un trabajador de Canal Sur y ha condenado a la empresa a readmitirlo y a pagarle 25.000 euros de indemnización por daños morales. Se trata de Ricardo Santos, miembro de Podemos en Sevilla y con una “actividad sindicalista intensa” en el seno de la empresa, de acuerdo a la sentencia, que considera que aquel despido en noviembre de 2020, ejecutado durante su período de prueba, era “manifiestamente inconstitucional”.

La sentencia, que estima la demanda del trabajador, afiliado a CCOO en Andalucía y cuyos servicios jurídicos le han asistido durante el proceso judicial, señala que de la prueba practicada se deduce que la decisión de la extinción contractual provino de quien por entonces asumía la dirección de informativos, Álvaro Zancajo, que saldría de la cadena antes de acabar 2020 tras casi un año ocupando un puesto en el que recibió muchas denuncias por manipulación interpuestas por trabajadores, sindicatos, organismos y asociaciones. En mayo de 2022, Zancajo fichó por Vox como dircom de Macarena Olona de cara a las elecciones andaluzas de 19 de junio, y antes había sido director de informativos de Antena 3 (hasta julio de 2016) y director de Canal 24 Horas de TVE (desde diciembre de 2016 a septiembre de 2018).

El trabajador, por su parte, dentro de Podemos Sevilla participó en varios órganos como el Círculo de Triana en 2015 y fue responsable ante la Junta Electoral Central en las Europeas. También fue contratado en la comisión de comunicación andaluza para realizar tareas audiovisuales en las campañas electorales de Podemos en las autonómicas de 2015 y en las generales del 26 junio de 2016. A nivel local, fue fundador de la candidatura ciudadana municipal Participa Sevilla para las municipales de 2015, y fue responsable del Área de Análisis Político del Consejo Ciudadano de Sevilla entre 2018 y 2020, que compaginó con tareas de comunicación para la coalición electoral Adelante Sevilla de cara alas municipales de 2019.

La empresa negó discriminación

Aunque la demanda no se dirigió contra Zancajo, que actualmente forma parte del Consejo de Administración de RTVA a propuesta de Vox, eso “no exime a RTVA de sus responsabilidades pues, aun cuando se pudiera alegar que la decisión fue sugerida, instada o incluso impuesta por el Sr. Zancajo, fueron sus órganos directivos quienes la adoptaron”. “Dos directivos de RTVA reconocen que el Sr. Zancajo estaba detrás de la decisión adoptada”, dice la sentencia en uno de sus pasajes al exponer los fundamentos jurídicos.

La empresa negó en el juicio, celebrado el pasado 6 de septiembre, la existencia de cualquier tipo de discriminación, indicando que el demandante disfrutó de permiso para participar en una campaña electoral y que, con posterioridad a la extinción impugnada, fue contratado de nuevo, de hecho hasta en cuatro ocasiones entre 2022 y 2024. Actualmente, trabaja como operador de cámara en Málaga a media jornada en virtud de un relevo del 1 de agosto de 2024 al 11 de octubre de 2026. Martín Santos, efectivamente, pidió a Canal Sur en mayo de 2009 un permiso de 15 días para participar en la campaña electoral de las Elecciones Europeas al ser candidato en la lista de Izquierda Anticapitalista-Revolta Global, y al que la empresa accedió.

Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico acerca de la sentencia señalan que no van a pronunciarse sobre la misma ni si van a presentar recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJA.

“La empresa no ha logrado probar ninguno de los hechos alegados en la carta de extinción ni en la contestación a la demanda”, dice la sentencia que, aunque reconoce que la facultad de despedir durante el período de prueba es una facultad unilateral de la empresa que no tiene que responder a causa justificada específica, “en casos como el presente, en que existen indicios de que la toma de decisión pudiera estar viciada por una vulneración de derechos fundamentales, debe acreditarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida”. Además, “RTVA es una agencia pública de forma que el respeto por los derechos fundamentales en el seno de su organización debe ser observado con la mayor de las diligencias”.

El empleado readmitido, que argumentó en la vista oral que el motivo de haber sido contratado de nuevo obedecía a pertenecer a la bolsa de empleo, había encadenado desde 2004 una veintena de contratos (en su mayoría de interinidad por sustitución) hasta que, en octubre de 2020, fue llamado para un contrato de tres meses de duración, prorrogable a otros tres. Se trataba de puesto de Ayudante Técnico Mezclador, a tiempo completo en las instalaciones en la RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), estableciéndose un periodo de prueba de dos meses conforme establece el convenio colectivo de empresa.

En declaraciones a este periódico, Ricardo Martín Santos considera que la sentencia para él “es muy grata en el sentido de que es una restitución moral en toda regla,” porque “la empresa me discriminó ideológicamente”. “No es la primera vez que Zancajo ha tenido una polémica con los trabajadores les intentaba amordazar o les intentaba presionar para que hicieran manipulación informativa en Antena 3 o en el Canal 24 horas, igualmente que le pasó en Canal Sur, porque su paso ese año fue un tornado porque levantó muchas ampollas que terminaron en una huelga de dos días a negro, algo que no se había visto nunca en Canal Sur”, recuerda.

“Opuestos” ideológicamente

Ricardo Martín y Álvaro Zancajo, reflexiona la sentencia, “pertenecen o tienen estrecha vinculación con partidos políticos opuestos”. “La distancia ideológica entre Podemos (o en su caso Izquierda Anticapitalista-Revolta Global) y Vox es notoria. Es evidente que la simple pertenencia o relación con partidos ideológicamente distintos no constituye, per se, indicio de ningún tipo de discriminación, pero puede permitir contextualizar la toma de decisiones si se acompaña de otros hechos objetivos”.

Además de que “no consta” que ambos se conocieran personalmente, “por lo que cabe descartar cualquier enemistad o enfrentamiento por otro motivo que pudiera haber afectado a la decisión extintiva”, el ámbito laboral en que se desarrolla el asunto es “el departamento de informativos de una cadena de televisión pública, donde la presencia de la política es intensa y permanente”. “No sólo el objeto de la noticia está marcado por la política sino que el consejo de administración de RTVA está compuesto por personas propuestas por los partidos políticos” (de hecho Zancajo forma actualmente parte del mismo a propuesta de Vox)

En ese sentido los jueces consideran “evidente” que “el matiz ideológico tiene una relevancia mayor que en otros ámbitos” y que “debe tenerse en cuenta no sólo la pertenencia o relación con partidos políticos sino que, además, ésta es pública, activa y ha condicionado la carrera de ambos”. La sentencia, fechada el 31 de octubre, contextualiza su reflexión y dice que son coetáneas a la misma “las noticias sobre RTVE que corroboran la especial trascendencia política del ámbito enjuiciado”.

En programas de máxima audiencia

Así, Ricardo Martín fue adscrito durante aquel contrato de otoño de 2020 a programas de máxima audiencia en directo como el noticiario de la noche o Andalucía Directo, participando paralelamente en un curso de operación y gestión de mesas de mezclas en el ámbito productivo de la cadena. Un mes después de suscribir ese contrato, concretamente el 23 de noviembre de 2020 la empresa le envió un burofax comunicándole que no había superado “en absoluto” el periodo de prueba, abonándole 868,65 euros en concepto de liquidación de contrato por partes proporcional de pagas extras y vacaciones no disfrutadas.

La presidenta del Comité Intercentros, también de CCOO, acudió en ese tiempo al despacho del director de producción y diseño para informarse de los motivos de la extinción de esa relación laboral. Aunque inicialmente manifestó que había recibido quejas, cuando se le volvió a preguntar manifestó que el trabajador no gustaba al director de informativos, Álvaro Zancajo.

Respecto a esas “quejas” sobre el trabajador dice la sentencia que “no se ha declarado como hecho probado que existieran quejas por parte de coordinadores de mezclas y de realización de informativos al no existir ninguna prueba sobre el particular, ni en relación con la actitud ni con la aptitud” del trabajador. “Las pruebas presentadas al efecto fueron un documento carente de autor, firma y fecha que no fue admitido al carecer de los elementos necesarias para considerar prueba documental y la testifical” del director de producción a la que antes se aludió y que “careció de concreción”.

Una testifical “reveladora”

Precisamente por ese motivo los jueces califican de “reveladora” esa testifical del director de producción “en relación con la existencia de indicios de discriminación” ya que “no fue capaz de concretar ninguna queja en concreto ni quién la había efectuado sino que se limitó a afirmar generalidades sobre la supuesta ineptitud del trabajador”, recuerda la sentencia. “Se insistió en el interrogatorio sobre la identidad de las personas que habían formulado quejas y se limitó a contestar que 'algún compañero y gente de coordinación y realización'”.

Ese directivo sí que hizo referencia a la recepción del documento anónimo al que antes se ha hecho referencia señalando que le fue entregado por los coordinadores de realización, los cuales “no han sido identificados ni llamados a declarar a pesar de tratarse, supuestamente, de prueba primordial para acreditar la supuesta ineptitud del trabajador y la realidad de la no superación del período de prueba”.

“El testigo indicó que 'no daba el nivel' pero no especificó qué funciones no realizó o qué incidencias provocó su quehacer en la cadena. Es más, resultó incoherente lo manifestado al final de su declaración según la cual resultaba imposible que en el plazo de un mes una persona pueda tener la aptitud para ese puesto cuando fue la propia cadena quien lo llamó, sabedora de su cualificación y experiencia para desempeñarlo. De hecho, según lo manifestado, estaría en fase de formación, resultando quimérico el período de prueba. Igualmente, manifestó tener el convencimiento de que volvería a ser contratado al 'tratarse de una persona válida y muy arriba en la bolsa'”.

Dijo recordar que una representante de los trabajadores fue a preguntarle por los motivos del cese de Martín Santos y “si la decisión vino del Sr. Zancajo, y no fue hasta ese momento cuando declaró que era el motivo”, dice la sentencia. La presidenta del Comité Intercentros, también testigo, relató ese episodio en el despacho del director de producción, quien manifestó 'que no le gustaba al director de informativos' porque 'tú ya sabes como es' según se relata en la resolución judicial.

Otros testigos también indicaron que no se había producido ninguna incidencia por parte del trabajador y que podía comprobarse técnicamente, algo que “pudo ser acreditado por la empresa”. En la sentencia se reconoce que esos testigos son miembros del comité de empresa, de CCOO, “pero, además de que su declaración resultó bastante espontánea, los datos ofrecidos resultan coherentes con los datos objetivos obrantes en el procedimiento”, así como con la declaración del director de producción que “fue mucho más vaga”.

Para Ricardo Martín, según relata él mismo a este medio, “le vendieron a muchos compañeros que yo era un inepto, que no daba la talla, que no sabía manejarme en el puesto, y ahora el hecho de que en una sentencia se cambie esa versión y se demuestre que no era cierta me da felicidad, porque fue un sufrimiento para mí que muchos compañeros y compañeras de Canal Sur creyeran en esa versión”.

A su juicio, no se trató de algo “simple” como que hubo un despido porque “Zancajo era de derechas y yo de izquierdas”. “La cuestión era más profunda. Él sabía que venía una huelga en diciembre, que yo era parte de la acción sindical, y que había una lucha contra los trabajadores que estaban por mantener la cadena, mientras que él tenía el propósito de intentar cargarse la cadena como un ente público. Y ahí fue donde se encuadra mi despido. No fue gratuito, porque creo que quiso decirle a la gente que estaba dispuesto a echar a trabajadores si hacía falta”, concluye el empleado readmitido.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la segunda sentencia en menos de dos semanas contra la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer, en este caso de 2022, en el que la organización CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico.

La sentencia, de 30 de octubre, desestima el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Es la segunda sentencia, en menos de dos semanas, en la que el Alto Tribunal falla contra la RTVA en los mismos términos después de la que avanzó este periódico, en la que la sustitución de la habitual conductora de un programa de la radio pública en Córdoba obedeció a “una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”. Precisamente este pasado lunes la emisora tuvo que dar lectura el fallo en directo, como así le obligaba la sentencia:

La sentencia ratificada por el Supremo en este segundo caso ya condenó a las demandadas a abonar a CGT, asesorada jurídicamente por la cooperativa andaluza Autonomía Sur, una indemnización por daño moral de 7.500 euros a la propia CGT y también a proceder a la lectura del fallo en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión, algo que se producirá previsiblemente en próximas fechas. Ahora, se condena además a RTVA y Canal Sur al pago de las costas de su recurso por la cantidad de 1.500 euros.

Su huelga “no tuvo incidencia alguna en el montaje”

Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado y declarado la firmeza de una sentencia que condena a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho de huelga de la presentadora de un programa de radio el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, al ser sustituida por un compañero que estaba en servicios mínimos y mantener la emisión del programa de radio que habitualmente conducía.

El fallo de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al ente público a abonar una indemnización de daño moral por importe de 7.500 euros a la Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, que interpuso la demanda. El Supremo, como pedían la CGT y el Ministerio Fiscal, desestima ahora el recurso de casación interpuesto por la RTVA y por Canal Sur, que deberá dar lectura del fallo de esta sentencia, como noticia, en el programa Canal Sur Mediodía Córdoba que habitualmente presentaba la trabajadora huelguista, que aquel día vio conculcado uno de sus derechos fundamentales, según acaba de ratificar el Supremo en una sentencia contra la que no cabe recurso y que impone además unas costas de 1.800 euros a las demandadas recurrentes.

RTVA y Canal Sur habían sostenido en su recurso que no se había vulnerado el derecho de huelga porque el programa de radio en cuestión carecía en realidad de un presentador habitual, en tanto que tales funciones podían ser realizadas por cualquiera de los diferentes redactores del mismo, de tal manera que la decisión de la empresa de encomendar la presentación del programa a otro de los redactores que no estaba en huelga se enmarcaba dentro del ejercicio ordinario de su poder de organización.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que CGT había convocado huelga general de 24 horas para la jornada del 8 de marzo de 2021 mediante escrito registrado en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La trabajadora, que prestaba servicios en el centro de trabajo de RTVA en Córdoba, era la presentadora habitual del programa informativo de radio Canal Sur Mediodía Córdoba, que se emite de 11.55 a 13.00 horas de lunes a viernes, y en aquella fecha “ejerció su derecho de huelga, secundando la convocatoria de CGT-A”. “Muy ocasionalmente, el programa lo pueden presentar otros redactores del mismo que la sustituyen, cuando ella no trabaja por encontrarse de vacaciones u otra circunstancia análoga”, detallaba la sentencia de primera instancia entre los hechos probados tras el juicio celebrado el 7 de marzo de 2022.

“Una decisión absolutamente extraordinaria”

Pese a los argumentos de las demandadas, el Supremo ahora es tajante: “No se trataba de un supuesto de sustitución ordinaria en el que pudiere concurrir cualquier circunstancia excepcional que justificase el cambio de presentador, por razones incluso ajenas a la voluntad de la presentadora habitual, sino de una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”.

“Una decisión absolutamente extraordinaria, con una concreta y determinada finalidad claramente dirigida a perjudicar el ejercicio del derecho de huelga”, zanja el Supremo a raíz de la actuación de la RTVA y Canal Sur en aquella fecha. Fuentes de la cadena pública consultadas por este periódico no han querido hacer comentario alguno respecto a la sentencia del alto tribunal.

Según la sentencia del TSJA, confirmada ahora, la dirección de la empresa, a través del director territorial del centro de Córdoba, “cinco minutos antes de empezar la emisión” del programa de aquel 8M “le fue dada la orden” a un redactor del programa, que se encontraba de servicios mínimos, de presentar el informativo, lo que normalmente no hacía. No consta que ese año dicho trabajador lo hubiera hecho en alguna ocasión, aunque sí lo hizo en 2020, en un momento temporal coincidente con una baja médica precisamente de la trabajadora afectada que, según insiste la sentencia, es “la presentadora habitual” del programa.

Los jueces del TSJA no accedieron ya en su momento a la petición de que se emitiera un programa de la misma duración que el informativo Canal Sur Mediodía Córdoba. “Es compresible” el interés de la trabajadora en que se conozca el contenido de la sentencia que declara vulnerado su derecho de huelga, pero “es suficiente con que se divulgue la noticia”. “No es necesario un programa de radio de más de una hora de duración”, de manera que “se concreta la condena en que se dé cuenta de la noticia en el programa, en día de la semana lunes, dado que el día 8 de marzo de 2021 era lunes, con lectura del fallo de esta sentencia”.

7.500 euros de indemnización

En cuanto a la indemnización, CGT solicitaba 18.000 euros “pero no se cuantifica, por separado perjuicio material y daño moral, y dado que no se han acreditado perjuicios materiales, ha de entenderse que se reclama solo el daño moral”. Explicó la primera sentencia que “la indemnización no solo cumple una función resarcitoria o reparadora del daño causado, sino también la de prevención y disuasoria de comportamientos vulneradores”, por lo que se fija la indemnización, de acuerdo a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) “para las faltas muy graves” en 7.500 euros.

Relacionado con esta materia, cabe recordar que la Junta de Andalucía ha sido condenada en numerosas ocasiones por vulnerar el derecho a huelga durante diferentes 8M. Ya van una veintena de resoluciones judiciales en las que los jueces, sucesivamente, siguen considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situación de normalidad es contrario al ordenamiento jurídico, si bien los tribunales dejan penalmente impunes las condenas alcanzadas por CGT en el orden social y contencioso-administrativo.

En los últimos seis meses, los informativos de Canal Sur TV han dedicado cien veces más tiempo a hablar sobre la ley de amnistía que sobre las listas de espera en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Esa es una de las conclusiones recogidas en el último informe del Consejo Profesional de la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA), en el que se detallan “350 ejemplos de malas prácticas periodísticas”.

El documento analiza, a lo largo de 44 páginas, la cobertura de los informativos más seguidos de Canal Sur TV (Noticias 1 y Noticias 2) desde octubre de 2023 a marzo de 2024. Tiempo durante el cual se debatió y aprobó la polémica ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Y también durante este periodo el Gobierno de Juan Manuel Moreno actualizó los datos de pacientes en listas de espera, que ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse, tras un año y medio sin publicarse el listado.

Aunque la amnistía figura en el puesto número 39 de los problemas que preocupan a los andaluces según el CENTRA, este ha sido el asunto que ha “monopolizado” las noticias de la cadena pública andaluza en el semestre analizado, acumulando un total de 605 minutos y 54 segundos, frente a los 6 minutos dedicados a informaciones relativas a las listas de espera sanitarias. La citada ley también multiplica por 100 el tiempo dedicado al problema de la vivienda –situado como sexta preocupación de la ciudadanía– y triplica el tiempo invertido en conjunto a la sanidad en Andalucía (183 minutos y 57 segundos), siendo este el segundo tema que más preocupa a los andaluces.

Por todo ello, el órgano encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas en la RTVA considera que “Andalucía y los andaluces se han visto desplazados de los informativos de la televisión pública”. Siguiendo esta línea, el Consejo Profesional acusa a la Dirección de Informativos de Canal Sur de haber “impuesto una línea ideológica por encima de los intereses de los andaluces y del servicio público al que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA” y el resto documentos oficiales “que definen la única línea editorial a la que se debe Canal Sur”. elDiario.es Andalucía ha contactado con el ente público para recoger su valoración respecto al informe, pero RTVA ha optado por no hacer declaraciones.

Casos de “sesgo ideológico” y “desequilibrio informativo”

Tras analizar los informativos del pasado semestre, el Consejo Profesional de RTVA reafirma que “la falta de independencia, la ausencia de pluralismo, la quiebra de la neutralidad y la imparcialidad, y la falta de rigor y veracidad en las informaciones para poner los informativos de Canal Sur al servicio de intereses ideológicos ha quebrado la obligación de servicio público encomendado a la RTVA”.

Como ejemplo del “sesgo ideológico” que le achacan a la cadena pública andaluza, el informe indica que de los 605 minutos dedicados a la amnistía en los últimos seis meses, “más de 500” han versado sobre “críticas y testimonios contrarios a la ley”.

Otra muestra de “desequilibrio informativo” recogida en el último informe es el tiempo dedicado al caso Koldo: un total de 139 minutos y 33 segundos entre febrero y marzo. Esto es, “200 veces más tiempo, solo en dos meses, que el dedicado a las sentencias del caso Gürtel en Canal Sur TV los últimos cuatro años”, según puntualizan desde el Consejo Profesional de RTVA. En cambio, a las imputaciones del novio de Ayuso por delitos fiscales “se le han dedicado tan solo 4 minutos y 11 segundos”, desde el 12 de marzo en que estalla el escándalo hasta el 31 de marzo en que concluye el análisis.

Junto a estos casos concretos, el informe menciona otros ejemplos de cómo se excluyen de los informativos temas que comprometen al Partido Popular (como pueden ser las protestas de los jóvenes afectados por el retraso del bono del alquiler o los vínculos familiares de la alcaldesa de Marbella con el tráfico de drogas), mientras que los temas que repercuten al PSOE adquieren en las noticias de Canal Sur un “sobredimensionamiento mediático” (como en el caso Koldo).

En este sentido, el análisis del último semestre sostiene que el tono de las informaciones sobre Juan Manuel Moreno “siempre es elogioso” –tanto es así que se afirma no haber encontrado “ninguna información que pudiera perjudicar la imagen del presidente andaluz”– y, sin embargo, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez “siempre se le vincula a noticias negativas o polémicas”.

Temas de sanidad edulcorados

Entre los 350 ejemplos de “malas prácticas” que recoge el informe, se destaca el tratamiento de la sanidad andaluza en los informativos de Canal Sur TV. A ojos del Consejo Profesional de RTVA, de los casi 184 minutos que se dedican a este bloque temático, la gran mayoría (160) se corresponde con noticias “más cercanas a la propaganda que a la información”. Avances médicos, nuevos tratamientos, congresos, anuncios gubernamentales o el día del cáncer entre otras enfermedades copan el espacio que se dedica en N1 y N2 a la sanidad, el tema más controvertido para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

A modo de ejemplo, el informe señala que el 22 de noviembre, día en que trascienden los datos actualizados de las listas de espera en el SAS, el informativo N1 de Canal Sur apenas dedica 3 minutos al final del programa a informar sobre el tema, mientras que el de N2 ni si quiera lo menciona. En cuanto al desarrollo de la información, se dedican 2 minutos y 16 segundos a la defensa del Gobierno andaluz y 45 segundos a las críticas de los partidos de la oposición, sin aludir a que Andalucía lidera las listas de espera a nivel nacional y que en un año han aumentado un 227% los andaluces por encima del plazo legal. Además, la noticia aparece en el minuto 26 de 30 de informativo, “por detrás de la detención de un gurú budista o el 60 aniversario del asesinato de John F. Kennedy”.

Un mes después, el 21 de diciembre, diferentes medios se hacen eco de la información que publicó en exclusiva elDiario.es Andalucía sobre el repunte del 55% de las listas de espera tras revelarse que los contratos de la Junta para derivar pacientes a la privada no tienen anclaje legal. El informe del Consejo Profesional de RTVA reprocha que esta información no figura esa jornada en las escaletas de Canal Sur TV. 

Igualmente, las dimisiones en el SAS del 27 de diciembre –que se interpretaron como un síntoma de la crisis en la gestión de la sanidad pública andaluza que atravesaba el Gobierno andaluz– “fueron camufladas en los informativos de Canal Sur TV como un revulsivo y el inicio de una nueva etapa”, como indica el informe.

Conclusiones

Amparándose en los datos recopilados, el Consejo Profesional de RTVA concluye que las “350 malas prácticas periodísticas” detectadas en los últimos seis meses constatan “la preocupante situación por la que pasan los servicios informativos de la cadena pública andaluza y la peligrosa deriva, de la que ya avisábamos en anteriores informes, y que ahora muestra toda su crudeza en sus espacios de noticias”.

Para demostrar que la Dirección de Canal Sur TV incurre en una “instrumentalización política de la información” y en el incumplimiento de los documentos a los que se debe, el documento finaliza recordando que “el Estatuto Profesional de la RTVA establece el pluralismo como principio fundamental de los servicios informativos de Canal Sur” y, añade, “no se cumple con ese pluralismo cuando se dedica más tiempo al presidente de la Junta en seis meses que toda la información ofrecida sobre sanidad, educación y dependencia”.

Asimismo, subraya que “la Ley de la RTVA establece en su artículo 2 la obligación de servicio público encomendada a la radio y la televisión de Andalucía”, pero, apostilla, “no es servicio público dedicar 300 veces más tiempo a la amnistía que a las tasas de pobreza en Andalucía”.

En definitiva, el órgano que representa a los trabajadores de Canal Sur entiende que con este último informe se vuelve a poner sobre la mesa “no ya que la manipulación se haya cronificado en los espacios de noticias” de la cadena pública andaluza, “sino que esa manipulación se ha convertido en la herramienta de la Dirección de Informativos, con el consentimiento y la complicidad de la Dirección General y de la mayoría del Consejo de Administración, para imponer una línea editorial incompatible con el carácter público de la RTVA y el servicio que está obligada a prestar a todos los andaluces y andaluzas”, según remata el informe.

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha reprobado a Canal Sur por vulnerar el código deontológico de la profesión periodística en una de sus informaciones. La resolución, que el organismo ha dado a conocer este mismo jueves, parte de una queja presentada el pasado junio por el Consejo Profesional de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), alegando que una pieza emitida en los servicios informativos del ente público relacionada con Doñana faltaba “a los principios de verdad e independencia, y al compromiso con la búsqueda de la verdad”, según los denunciantes.

En concreto, el objeto de denuncia lo constituye un panel emitido el 20 de abril de 2023 en el espacio 'Desmontando bulos' del informativo N2 de Canal Sur, en el contexto de la campaña electoral de las municipales que se celebraron el pasado 28 de mayo. La presentadora de esta espacio informativo trataba de desmentir supuestas fake news relacionadas con la polémica proposición de ley de ampliación de los regadíos junto a Doñana.

Tras analizar el caso, este órgano ético de la profesión a nivel nacional ha concluido que “se han vulnerado” principios generales de la deontología del periodismo, dado que la pieza informativa analizada “resulta incompleta, carente de la fundamentación y atribución propias de una información periodística rigurosa”. Además, la resolución contempla que se han infringido otros preceptos de la práctica periodística como “la necesaria contrastación de las afirmaciones”, “la pluralidad” o “el respeto a la verdad”.

La Junta Electoral Central ya apercibió por estos hechos a la cadena pública andaluza, entendiendo que el enfoque del panel suponía “posicionarse con una de las partes de esta controversia, asumiendo una posición partidista que resulta contraria a las exigencias de neutralidad que el artículo 66.1 de la LOREG exige de los medios de comunicación de titularidad pública durante los periodos electorales”. Por todo ello, instó a Canal Sur Radio Televisión S.A. a mantener en el futuro “una posición de estricta neutralidad en controversias con connotaciones partidistas como la que constituye el objeto de este expediente”.

Hechos denunciados

De acuerdo con el escrito de reclamación presentado por los representantes de los trabajadores de Canal Sur, el panel contenía “algunas de las quejas vertidas desde los grupos políticos de la oposición en Andalucía, las asociaciones ecologistas o la comunidad científica contra la ley”, recogidas bajo el rótulo “Doñana: informaciones falsas”.

Junto a cuatro afirmaciones –la ley afecta a terrenos del Parque Nacional de Doñana, declara una amnistía a pozos o cultivos ilegales, otorga derechos de riego a 1.500 hectáreas y pone en peligro el acuífero y el parque–, “se dibuja un gigantesco FALSO en pantalla sin aclarar las fuentes de información utilizadas, ni el origen de los bulos ni de su supuesto desmentido”, según figura en los hechos denunciados por el órgano de representación de los trabajadores, que ha denunciado en numerosas ocasiones las “asfixiantes injerencias políticas” que dicen sufrir en su rutina diaria por parte de la dirección desde 2020.

Por su parte, la representación de Canal Sur Radio y Televisión se ha defendido de las acusaciones, esgrimiendo que “trabajar en un medio público no significa trabajar para un partido político”. En cuanto a la pieza informativa denunciada, la directora de los servicios informativos del ente público en Andalucía consideraba “un ejercicio de escaso rigor analizar esta pieza informativa de forma descontextualizada” sin ver el informativo completo “para conocer qué informaciones se emiten antes y después, y que complementan esos datos”, como consta en su escrito de alegaciones.

Principios de la FAPE vulnerados

No obstante, una vez analizado el caso, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha coincidido con los denunciantes en que el espacio informativo en cuestión vulnera algunas de las normas que conforman el Código Deontológico de referencia en la profesión periodística, el de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Concretamente, este organismo deontológico considera que se atenta contra el “respeto a la verdad” recogido en el apartado de Principios Generales, toda vez que “de las 12 afirmaciones contenidas en el panel no se aporta evidencia alguna, salvo de una de ellas”. Asimismo, defiende que también se han transgredido Principios de Actuación, que exigen al profesional del periodismo “informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.

De esta forma, la Comisión vinculada a la FAPE resuelve que la pieza de Canal Sur TV “está elaborada sin atender a la necesaria contrastación de las afirmaciones y a la pluralidad de puntos de vista acordes a la complejidad de la cuestión en juego y sin dar oportunidad de manifestarse a quienes, sin citarlos, se les atribuye la condición de difusores de bulos”.

Con esta resolución del organismo deontológico del periodismo, la cadena pública andaluza suma un nuevo apercibimiento por cuestiones relacionadas con la falta de neutralidad en sus informativos. También el órgano de representación de los trabajadores de Canal Sur documentó el año pasado 250 ejemplos de “sesgo ideológico, técnicas de manipulación y propaganda” en noticias minutadas entre abril y septiembre de 2023, incluidas en su último informe sobre las “malas prácticas periodísticas” en los informativos del ente público.

El Parlamento andaluz ha acogido la tarde de este lunes una nueva comisión de control de la Radio y Televisión Pública Andaluza, en la que ha comparecido el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, pero no así el Consejo Profesional de RTVA, órgano que representa a sus trabajadores y que se ha quedado fuera de la mesa al contar con los votos en contra del Partido Popular y Vox. Aun así, “la voz de los profesionales” de este ente público ha logrado colarse en la casa de los andaluces con la celebración de un acto previo al que estaban invitados todos lo grupos parlamentarios, aunque sólo se han presentado PSOE y Por Andalucía.

Desde la sala 1 del antiguo hospital de las Cinco Llagas, los representantes de los trabajadores de Canal Sur han lanzado su particular “basta ya” contra las “asfixiantes injerencias políticas” que dicen sufrir en su rutina diaria desde 2020, tras la llegada de Álvaro Zancajo como director de Informativos (que fue cesado en diciembre de ese año por las graves denuncias de manipulación interpuestas por los propios trabajadores y sindicatos) y su sucesora, Carmen Torres, “con quien la degradación del servicio público ha seguido y aumentado”, según sostienen los miembros del Consejo Profesional de RTVA. No obstante, durante su intervención en la comisión, Mellado ha defendido la gestión de estos cuatro años y su apuesta por mejorar la cadena autonómica, negando que se impongan criterios que difieran de los estrictamente periodísticos.

En cambio, horas antes, además de presentar los datos del último informe publicado sobre las “malas prácticas periodísticas” en los informativos del ente público entre los meses de abril y septiembre de este año, los representantes de los trabajadores de Canal Sur han compartido testimonios y relatado episodios que atestiguan “cómo se está deteriorando el servicio público esencial que tenemos encomendado prestar”, a tenor de “la manipulación, la falta de rigor o la desaparición de la sociedad andaluza en los informativos”, de los que ha advertido la presidenta del Consejo Profesional del ente público, María José Gutiérrez, al término del encuentro.

“Que cesen las injerencias”

Precisamente, el órgano de representación de los profesionales de Canal Sur ha denunciado durante la reunión que los principios de independencia, neutralidad y pluralismo que deberían regir la radio y televisión públicas de Andalucía “se han sustituido por propaganda e ideología”. En ese sentido, acusan a la actual dirección de la RTVA de “vulnerar” el sustento legal sobre el que se cimenta este servicio público esencial, como son el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, el Estatuto Profesional de la RTVA y la Carta de Servicio Público, que está pendiente de renovación y cuya propuesta para el sexenio 2024-2029 se ha presentado este lunes en la segunda parte de la comisión como paso previo a su tramitación parlamentaria.

Más allá de denunciar “sesgo ideológico, técnicas de manipulación y propaganda” (avalados por los 250 ejemplos de noticias minutadas en los últimos seis meses que recoge el informe), el Consejo Profesional de RTVA ha condenado la falta de pluralismo y de libertad con la que tienen que lidiar los profesionales en las redacciones diariamente. En el caso de la delegación de Madrid, los periodistas (algunos con más de 30 años de trayectoria profesional) ejercen como “amanuenses o secretarios personales de la delegada”, en tanto que su función se ha visto limitada a “seguir las señales” que dicta la responsable. De su lado, en las delegaciones provinciales, el trabajo de los redactores ha quedado relegado a un papel “testimonial”, que se limita a trasladar la información en bruto a la central para que desde allí se procese “según convenga o no a San Telmo”.

Por todo ello, critican que la actual dirección de RTVA “desprecie” a los profesionales, al desechar o cambiar sus textos, imponer criterios políticos en lugar de periodísticos e impedir que cumplan con su función de “vertebrar el territorio”, mientras dedican tiempo del informativo local a temas de carácter regional o nacional marcados por la agenda política y no por la social. De ahí que Pedro Lázaro, uno de los miembros del órgano encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas en la RTVA, haya dicho “basta ya” en nombre de sus compañeros de Canal Sur, exigiendo a los responsables públicos “que nos dejen trabajar” y “cesen las injerencias políticas en el trabajo de los profesionales” de los medios públicos andaluces.

Información “en mal estado”

A continuación, en aras de trasladar “la preocupación por la degradación” que siente la plantilla, Lázaro ha hecho un paralelismo entre el clima que se respira en la trastienda del ente público y las negligencias que se podrían dar en otros ámbitos. “Si un camarero sirve comida en mal estado, se intervendría el restaurante; si una farmacia dispensara fármacos caducados, se abriría una investigación; pues Canal Sur está poniendo en las radios, televisiones, móviles y ordenadores de los andaluces información en mal estado”, ha alertado con el afán de exigir “remedios” para garantizar que los profesionales tengan “las manos libres” y puedan cumplir “con criterios periodísticos ese servicio público esencial para la ciudadanía que vertebra Andalucía y respeta el derecho de información de los andaluces”.

Tras escuchar la voz de los profesionales de la RTVA, la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha acusado al Partido Popular de deteriorar la democracia imponiendo el “veto” a cualquier voz “que no sea la suya”. “Cada vez que alguien molesta con la realidad que vivimos los andaluces y andaluzas todos los días, se veta en este Parlamento”, ha criticado la diputada socialista, quien ha asegurado que desde su formación política van a “seguir denunciando esta manipulación y pérdida de calidad democrática” que se refleja en el “uso partidista” de la radio y televisión públicas, que considera “tan importantes” como otros servicios públicos como la sanidad o la educación.

En línea similar se ha expresado el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien ha reprochado al Gobierno de Juan Manuel Moreno que permita al presidente de la Federación Andaluza de Caza comparecer en una comisión parlamentaria (como lo hará el próximo jueves), pero “vete” a quienes “tienen miedo porque vienen a contar verdades contrastadas”, como los representantes de los trabajadores de Canal Sur o los científicos y agricultores críticos con la ley de regadíos en Doñana. Por eso, ha acusado al presidente andaluz de “corrupción política” con los medios públicos y le ha exigido que “devuelva el servicio a la ciudadanía”.

Comparecencia del director general de RTVA

Horas después, ha arrancado la comisión de control de la RTVA, en la que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha presentado la propuesta de Carta del Servicio Público para el sexenio 2024-2029. Pero antes, el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, se ha sometido a las preguntas de los grupos que forman el arco parlamentario andaluz.

Mientras que desde el PP se ha puesto en valor la inversión y el trabajo que ha desempeñado Mellado los últimos cuatro años para “corregir la herencia” recibida de la etapa socialista, la izquierda representada por los diputados Mario Jiménez (PSOE) y Alejandra Durán (Por Andalucía) ha trasladado las voces críticas de los trabajadores con los que se habían reunido por la mañana.

A preguntas del grupo socialista, el director general de Canal Sur ha aseverado que la radio y televisión públicas se guían por los mismos “criterios profesionales y periodísticos” de independencia, neutralidad, pluralidad e imparcialidad que “cualquier manual de periodismo”. De esta forma, Mellado ha negado las acusaciones del Consejo Profesional de la RTVA (escogido por los propios trabajadores). “Puede que haya una palabra, un caso concreto que a alguien no le guste, pero no se pueden cuestionar cientos de horas de informativos por un caso puntual”, ha declarado el director general de Canal Sur para minimizar el discurso del órgano de representación de la plantilla.

No obstante, los grupos de la oposición presentes en la reunión de la mañana se han recordado al responsable de la RTVA las protestas de sus trabajadores, apelando a los datos del informe relativos a cuota de pantalla, así como a los testimonios de los profesionales que avalan, según Alejandra Durán, que los medios públicos en Andalucía se han convertido en una “herramienta de comunicación política e institucional” al servicio del Ejecutivo andaluz.

Por su parte, su homólogo del grupo socialista ha puesto sobre la mesa de la comisión el caso de la delegación de Madrid como “epítome” de las prácticas de coacción y restricción de la libertad de los profesionales a quienes dictan “cómo tienen que hacer su trabajo”. En su turno de réplica, Mellado ha dicho que tales denuncias tienen “mil matices” y ha defendido a la coordinadora de la delegación en la capital española como responsable que “también sufre presión y se le acusa de falta de profesionalidad”.

Amenaza de “reprobación”

El tono de la comisión se ha elevado cuando el diputado Mario Jiménez ha manifestado que no descarta solicitar en el Parlamento la “reprobación” del director general de la RTVA, en caso de que se demuestre que se corrigió la “baja presencia” de Vox en los informativos de Canal Sur, tal y como desveló la formación ultraderechista al transmitirle su agradecimiento durante una sesión anterior de la comisión parlamentaria de control de la cadena autonómica.

“Metió la pata hasta el corvejón y reconoció públicamente que manipulan los informativos con intereses políticos”, ha espetado Jiménez a Mellado, subrayando que “estamos ante un hecho muy grave”. Después de pedirle explicaciones “convincentes”, el diputado del PSOE andaluz ha avanzado que desde su formación van a plantearse “muy seriamente si debe seguir al frente de la RTVA”. “Si no es capaz de hacer cumplir la norma del papel que [Canal Sur] tiene que jugar, no merece estar al frente” de un ente, ha dicho el diputado socialista, que ha subrayado que “no es un medio más”, sino “un servicio público que nos afecta a todos los andaluces”.

La programación provincial en la televisión y en la radio pública de Andalucía se verá suprimida a partir del mes de julio cuando arranque la campaña electoral para los comicios del 23 de julio. “Es la primera vez que no habría desconexiones provinciales en unas elecciones que tienen circunscripción provincial”, indican fuentes del Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur. Apoyado por el Consejo Profesional, el Comité Intercentros rechaza “rotundamente” la “decisión unilateral” de la dirección de eliminar “la perspectiva local de la información y del debate político, en unas elecciones donde la circunscripción es provincial y esta visión es fundamental para mantener la cercanía que nos reclama la sociedad”.

En Andalucía, donde está prohibido por ley convocar comicios autonómicos en meses veraniegos por las altas temperaturas, es la primera vez que se da una circunstancia tan particular debido a la fecha elegida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que puede tener efectos disuasorios para la participación. Al margen de ello, el Comité Intercentros denuncia “la intención de centralizar la información electoral de los comicios generales del próximo 23 de julio”.

Según han lamentado en un comunicado, los argumentos de la dirección son “simplistas” y “no convencen” a los empleados. “Ni la culpa es de la plantilla que solicita sus vacaciones en tiempo y forma, ni es de la convocatoria de elecciones. El problema de fondo es la escasa contratación y previsión de los recursos humanos, que no se sustituyan las vacaciones o que los contratos realizados sean precarios y demasiado cortos en el tiempo”.

Además, las vacaciones solicitadas en todos los centros “posibilitan que las desconexiones provinciales se realicen hasta mediados de julio, pues así estaba previsto”. “Para cubrir el restante periodo electoral, o sea una semana más, sin afectar a las desconexiones de televisión o radio, solo hace falta voluntad”, comentan.

El Comité Intercentros, que ha convocado concentraciones este jueves en todos los centros de trabajo para denunciar esta coyuntura, ha ofrecido al director general, Juan de Dios Mellado, negociar un pacto de trabajo que, desde la voluntariedad de quienes se adhieran, permita cubrir las elecciones desde todos los centros y delegaciones territoriales. “Hasta ahora la respuesta de la dirección ha sido negativa”.

Fuentes oficiales de la RTVA consultadas por este periódico han declinado pronunciarse acerca de este asunto.

Informar con veracidad

Por su parte, para el Consejo Profesional eliminar las desconexiones provinciales durante el mes de julio en radio y televisión “menoscaba la credibilidad de Canal Sur” y “redunda en el progresivo deterioro del servicio público que venimos denunciando”. “Hasta en dos ocasiones hemos interpelado a los responsables de la empresa sobre este plan y en ninguna hemos obtenido respuesta”, lamentan.

“La decisión de suprimir toda la programación local durante la campaña electoral va en contra del artículo 5 de la Carta de Servicio Público, el punto 9 del Contrato Programa, del artículo 32 de la Ley de la RTVA y el artículo 4 del Estatuto Profesional, cuyo espíritu recoge la idea de que Canal Sur debe estar dotado con los medios suficientes para actuar como agente vertebrador y cohesionador social y territorial de Andalucía y ayudar a la libre formación de la opinión pública al informar con veracidad sobre los acontecimientos de relevancia”, informa el Consejo Profesional.

Añaden que “una campaña electoral supone un gran esfuerzo de recursos humanos y materiales, como otros despliegues especiales de Canal Sur”, pero “la obligación de la dirección de la empresa es proporcionar y organizar los medios necesarios para que podamos hacer nuestro trabajo”. “Nos parece una falta de respeto a los y las profesionales de esta casa que la dirección general intente justificar la decisión de suprimir las desconexiones alegando que la plantilla se coge vacaciones”.

Denuncia del PSOE

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, ha solicitado la convocatoria extraordinaria de la comisión de control de la RTVA y sus sociedades filiales del Parlamento andaluz para que comparezca Juan de Dios Mellado e informe de la cuestión. Según su portavoz, Ángeles Férriz, en Andalucía se están viendo cosas “verdaderamente escandalosas” durante la etapa de gobierno de Juan Manuel Moreno, al que ha acusado de cometer una “cacicada” con la decisión de suprimir los informativos en julio.

Férriz ha aseverado que eso no había ocurrido antes “en la historia de la democracia de Andalucía”, y lo ha vinculado a la “manipulación” y al “control político” que, a su juicio, quiere ejercer el PP-A para esta campaña electoral, en la que “sus comisarios políticos de Sevilla son los que van a marcar la censura y la manipulación para seguir haciendo lo que han hecho durante todos estos años con Canal Sur, un instrumento político al servicio electoral del PP sin ningún pudor, sin ninguna ética y sin ninguna decencia”, según ha sostenido.

Las asociaciones de la prensa andaluzas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía junto a las facultades de Comunicación de Sevilla y Granada, y la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola han trasladado a la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) una serie de “objeciones” a la última convocatoria de bolsas de trabajo externas aprobada para las categorías de redacción, ayudantes de realización, operador/a de sonido y eléctrico de iluminación.

Después de valorar “positivamente” que se convoque una oferta “esperada y demandada desde hace años” por el sector, las citadas entidades académicas y profesionales del Periodismo y de la Comunicación expresan su disconformidad con “algunos de los requisitos y baremaciones” que se contemplan. En primer lugar, condenan que “se excluya” para el puesto de redactor/a “la titulación y el grado de Comunicación Audiovisual como requisito específico cuando los puestos a cubrir serán de radio y televisión” y se contemple sólo el grado en Periodismo “y equivalente”.

“Rechazamos esa discriminación, como también la que se hace de las licenciaturas y grados en Periodismo en los requisitos de otras categorías laborales que están previstas para posibles nuevas bolsas de trabajo”, continúan apuntando desde el gremio en lo relativo al apartado de requisitos, que “según la dirección de Recursos Humanos de la RTVA, son los fijados en el reglamento de la Mesa de Contratación y que fueron acordados, en 2020, por la empresa y una mayoría de sindicatos”, como se recoge en el escrito.

Cursos por delante de un doble grado

En cuanto a los criterios de baremación de la formación, las asociaciones andaluzas rechazan “que no se haya tenido en cuenta la existencia de los dobles grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual, como mérito adicional y que, en cambio, otros cursos relacionados con el puesto de trabajo con bastantes menos horas que un grado sí puntúen”. Igualmente critican que “no se valoren las titulaciones oficiales de idiomas”.

Por todo ello, instan a la dirección de RTVA que “se modifiquen los requisitos y baremaciones de la actual convocatoria, que tantas expectativas han generado entre los profesionales de la información”, en un mercado laboral “seriamente afectado por una serie de crisis sistémicas encadenadas”, como recuerdan las entidades firmantes.

“También pedimos que para futuras bolsas de trabajo externas se valoren debidamente las licenciaturas y grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, y los dobles grados, para que puedan acceder a todas las categorías laborales que son propias de estas titulaciones y de las que se les excluye, considerando como méritos preferentes uno u otro título, según los casos específicos del puesto al que opten”, concluye el escrito.

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha anunciado este martes en el Parlamento que están estudiando recurrir por la vía contencioso-administrativa ante la sala tercera del Tribunal Supremo (TS) el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que afea a la cadena autonómica su “posición partidista” a favor del Gobierno andaluz del PP-A en relación a la proposición de ley para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

“Ni ha habido sanción ni expediente ni nos ha apercibido”, según ha señalado Mellado ante comisión parlamentaria, apuntado que la JEC se ha limitado a “afear” 110 segundos de un informativo que no ha sido analizado en su globalidad. Ha apuntado que la Junta Electoral Central se limita a instar a Canal Sur a que “en el futuro mantenga una posición de estricta neutralidad”, algo que será así como ha ocurrido en anteriores campañas electorales, según ha apuntado Mellado.

Mellado ha querido dejar claro que los espacios informativos de Canal Sur son “plurales, imparciales y objetivos” y que él, sin duda, toma nota de lo que ha dicho la JEC, informa Europa Press. Ha indicado que los informativos de CSTV han dado cuenta de la proposición de ley sobre los regadíos en Doñana de la manera “más didáctica y explicativa posible” y en ningún momento se ha “ocultado información” o se han obviado las críticas de los partidos políticos de la oposición. “Se ha informado de la actualidad y de los enfoques de los distintos partidos y organizaciones”, ha apuntado.

Mellado ha acusado al PSOE-A de tratar de “confundir” a la sociedad sobre el contenido de los informativos de Canal Sur y de “presionar” a los profesionales, y le ha recordado que en la anterior campaña electoral por los comicios autonómicos de junio de 2022 “perdió” todos los recursos que interpuso ante la Junta Electoral contra Canal Sur.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha denunciado que aún no ha empezado la campaña electoral y Canal Sur ya tiene un apercibimiento de la Junta Electoral Central por la “manipulación perversa a favor” de Juanma Moreno y su Gobierno. En su opinión, Canal Sur ha utilizado la proposición de ley sobre los regadíos como “banco de pruebas de lo que nos tienen reservado para las elecciones del día 28”.

Según Jiménez, el 75 por ciento de los tiempos en los informativos N1 y N2 de CSTV se utilizó para emitir exclusivamente la posición de la Junta sobre el asunto de los regadíos de Doñana, mientras que a la comunidad científica no se le ha otorgado “ni un diez por ciento del tiempo”. Ha acusado a Canal Sur de hacer un “seguidismo estratégico de la metedura de pata monumental” de Juanma Moreno con esa proposición de ley.

Ha insistido en el “espectáculo lamentable y bochornoso” que se está viendo en la cadena autonómica y por el que deberían “rodar cabezas en la dirección de informativos” de Canal Sur, que constituye “el equipo de fake news”. “Son una máquina permanente de bulos”, ha denunciado Jiménez, quien ha aconsejado a Mellado que no siga por ese camino.

En la historia reciente del Carnaval gaditano hay un hito insoslayable: el programa El ritmo del Tangai de Canal Sur, el primero íntegramente dedicado a esta fiesta, que durante tres décadas ha venido desvelando todos los entresijos del mundillo carnavalero y proyectándolo en todo el mundo. Ahora, un libro, Generación Tangai (Alfar) hace memoria de esta aventura mediática a través de las voces de sus artífices y protagonistas, encabezados por los periodistas Manolo Casal y Modesto Barragán.

“Hace 30 años, la afición carnavalera estaba concentrada en la provincia de Cádiz y el valle del Guadalquivir”, recuerda Casal. “Era un fenómeno que se desconocía en profundidad, y ahí la radio y la televisión tuvieron un papel fundamental para contarle al mundo lo que pasaba en Cádiz. Y lo que pasaba era que, desde hacía 200 años, un número indeterminado de personas –unos 5.000– protagonizaba una fiesta cantada, en la que más de 200 autores producían cada año unas 15 o 20 letras originales analizando su realidad, y componiendo, a menudo sin saber solfeo, músicas que no tampoco repiten. Hasta que la tele no llega y levanta la manta, a esto no se le daba la dimensión que tiene, una concentración de talento y creatividad sin parangón en el resto del mundo”.

“Nunca pensamos que fuera a ser tanto”, interviene Modesto Barragán. “Manolo y yo habíamos empezado con 25 años en la radio, a los dos nos gustaba mucho el Carnaval, y nos lanzamos en principio en las bambalinas del Teatro Andalucía, porque el Falla estaba de obras. Creo que hacíamos retransmisiones diferentes, amenas… No éramos conscientes de que estábamos creando un lenguaje nuevo, porque entonces las retransmisiones eran muy planas, muy serias. Nosotros le quitamos dramatismo, pusimos tono didáctico para que se entendiera lo que decíamos en toda Andalucía, y contamos con muy buenos elementos técnicos. Cuando pasamos a la tele, aplicamos la fórmula”.   

Los entresijos y el argot

Así, la historia del Tangai –que en el habla gaditana significa jaleo, bulla, desorden– germina en el medio radiofónico y florece con la propia creación de la televisión autonómica, en 1990. Según evoca Casal, los responsables de la cadena buscaban elementos vertebradores de Andalucía para su programación, y el Carnaval se destacó desde el principio como uno de ellos. A mediados de los 90, El ritmo del Tangai se ponía en marcha, y la respuesta del público no se hizo esperar.

El corazón del programa consistía en compartir los secretos de la creación, cómo se elaboraban los repertorios, cómo se articulaba la escala de voces, cómo se tocaba la caja o el pito de caña, qué era el llamado ritmo de 3 x 4… Y, de paso, explicar el argot particular de la fiesta y de Cádiz en general, con vocablos tan genuinos como contraflecha o cambembo.

“Fue un antes y un después”, prosigue Barragán. “Por primera vez había un programa de Carnaval incluso fuera de la temporada carnavalesca, y que en Carnaval hacía una retransmisión muy completa: semifinales del concurso, pregón, cabalgata... Pero no fuimos conscientes del eco que tenía hasta que la gente no empezó a saludarnos en las peñas, por la calle. Fue una explosión. Ahora encuentras a un tío de Honolulú que sabe más que tú de Juan Carlos Aragón”.    

Llegó la digitalización

En ese boom colaboró decisivamente el surgimiento de una nueva generación de autores que renovó por completo los parámetros de la fiesta: Selu García Cossío, Antonio Martínez Ares, Juan Carlos Aragón o Yuyu desataron un “fenómeno fan” insólito hasta la fecha, que se nutrió de la televisión y repercutió en ésta. Por primera vez en la historia, las agrupaciones carnavalescas actuaban en la Gran Vía madrileña, compitiendo con los grandes musicales, o conquistaban el Liceo de Barcelona, “un hito para mí comparable a la actuación de Paco de Lucía en el Teatro Real, que abrió este coliseo para el flamenco”, apunta Barragán. “Que uno de los grandes teatros del mundo recibiera a los carnavaleros así fue algo indescriptible. Vimos a gente llorando, y nosotros mismos acabamos igual. No lo olvidaré nunca”.

Lo cierto es que, en la medida en que el Carnaval cambió el rumbo de la televisión autonómica, el propio medio influyó en la evolución de la fiesta, especialmente del concurso. “Queríamos que Cádiz nos usara a nosotros y no al revés, pero todo lo que toca un medio de comunicación de masas cambia”, admite Manolo Casal. “Quisimos que el Carnaval se contara a sí mismo, que apareciera la esencia por si sola, y no fue difícil porque en Cádiz la gente parece casi profesionales de la comunicación. Sobre todo, creo que hemos influido en el sentido estético, en las escenografías y las puestas en escena, y no en la letra y la música, como sí está haciendo la digitalización”.

En efecto, tanto el Tangai como el mismo Carnaval han vivido la irrupción de las nuevas tecnologías: una nueva revolución. “La televisión no es ya el medio más importante, y lo digital ha hecho que los autores no sientan la misma libertad que antes a la ahora de escribir sus repertorios”, explica Casal. “Están amedrentados por el eco que estos pueden tener inmediatamente en las redes. El ciclo empezaba antaño por conseguir una entrada para el teatro y recordar las letras, luego llegaron la radio y la televisión y las cintas VHS que grababan el concurso. La digitalización ha cambiado el ciclo, el espectador es prosumidor y el chiste se tiene desde el primer minuto, y se quema también en seguida. Ya no valen tres, ahora necesitas 14 chistes. Pero el Carnaval se adaptará a esto, como se ha adaptado a todo”.

Juan en la memoria

En el lado triste de la memoria, la pérdida reciente de Juan Manzorro, el micrófono en los camerinos del Gran Teatro Falla, el tercer mosquetero del Tangai, que no obstante aparece como prologuista del volumen. “Habíamos hablado muchas veces de que Juan prologara este libro. Lo comentamos con su viuda, Modesto tenía varios textos suyos y decidimos componerlos para que encabezaran el libro”, dice Casal. El sumario, estructurado a modo de repertorio carnavalesco, incluye también textos de personalidades como Antonio Martín, Selu, Julio Pardo, Ana López Segovia, Adela del Moral, Yuyu o El Canijo, así como la única opinión que el también llorado Juan Carlos Aragón pronunció sobre la labor de la televisión en el carnaval durante una conferencia en Lucena (Córdoba).

Cuando se les pregunta si son tan jartibles o insaciables con el carnaval como parecen, o si alguna vez se han sentido saturados al respecto, Modesto Barragán sonríe. “Quien diga lo contrario, miente: todos los toreros han pensado alguna vez en retirarse, pero todos vuelven. Nosotros también, llega septiembre y caemos, y en febrero otra vez al Falla. Es cierto que demasiadas veces hemos visto de cerca los granos en la piel, las impurezas de la fiesta. Creemos que en el Carnaval se sufre demasiado, hay un exceso de pasión que en ocasiones lleva al dramatismo. Pero luego te puede el cariño de la gente, es como un combustible. A Canal Sur le han dado fuerte y flojo en las letras, porque la tele es siempre la tele, pero también hemos oído muchas a favor. Damos gracias por haber vivido todo eso, todos los días”.

“Tentadero para todas las edades”. El presentador del veterano programa de la Radio y Televisión Pública de Andalucía 'Toros para todos' jaleó este pasado domingo la actuación de “novísimos talentos” de la tauromaquia durante la “memorable tarde vivida en el tentadero inaugural de la ganadería Monte Toro, radicada en la Sierra de Córdoba, en concreto en el municipio de Villaharta, según explica la propia web de la RTVA, y donde participaron ”viejas glorias y novísimos talentos“. Cabe recordar que, en las Observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, en su último informe para España, Naciones Unidas expone en la observación número 25 lo siguiente: ”Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia“, recuerda Unicef a preguntas de elDiario.es Andalucía a ese respecto.

El Partido Animalista PACMA, que denunció recientemente a España ante la ONU por no proteger a los niños contra la tauromaquia, recogió en sus redes sociales la emisión en televisión del mencionado tentadero, una prueba de selección genética en las ganaderías según se explica en la web Aprende de Toros. Se trata de hembras de aproximadamente dos años que se prueban en la denominada 'plaza de tientas'. PACMA denunció en un tuit la presencia de “un menor toreando en Canal Sur, un canal público, en pleno 2023”. Fuentes oficiales de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a esta emisión.

Once formaciones políticas registraron en abril una enmienda a la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se encuentre actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, para que se considere “contenido perjudicial” las retransmisiones televisivas en las que “se maltrate o dé muerte a animales”, lo que impedirá que puedan televisarse corridas de toros en horario infantil. PACMA, por otra parte, presentó este pasado noviembre un informe ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que denuncia a España porque considera que el Gobierno no protege a los niños contra la tauromaquia.

El informe 'Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España' aseguró que el Gobierno ha ignorado “deliberadamente” las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño con “constantes y reiterados incumplimientos” de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. El Comité de Derechos del Niño, en su última revisión a España en 2018, incluyó la tauromaquia entre los “principales motivos de preocupación relacionados con la violencia contra los niños”.

PACMA recordaba que España volverá a ser evaluada este año por el Comité y que ese era el motivo por el que presentó a la ONU su informe, en el que defiende que solo en Baleares está prohibida la asistencia de menores a las corridas de toros. En Galicia está prohibida a menores de 12 años y, en el resto de comunidades, cualquier niño o niña, a cualquier edad, puede asistir a estos espectáculos. En cuanto a su participación en los festejos taurinos, el PACMA asegura que tan solo en Cantabria está prohibida la participación de menores. En el resto pueden participar a partir de los 16 años y, en algunas, incluso a partir de los 14. Respecto a las escuelas taurinas, Andalucía, Aragón y País Vasco establecen, respectivamente, la edad mínima de 10 y 12 años para poder ser alumno. En el resto de comunidades no hay una edad mínima para poder empezar a ser instruido en el “arte” de matar, explican. Además, los menores a partir de los 14 años pueden ya participar en las clases prácticas, en las que se utilizan armas como puyas, banderillas, estoques o puntillas con los animales.

“Apuesta” andaluza por la tauromaquia

Apenas unos días después de PACMA advirtiera de esas circunstancias, la Junta de Andalucía anunció que la comunidad autónoma iba a impulsar la Comisión Técnica para avanzar en los trabajos de la reforma del reglamento taurino de Andalucía, vigente desde 2006. En ese sentido, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que presidió el 11 de noviembre la primera reunión del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA) en la nueva legislatura, también anuncio que el Gobierno andaluz iba a promover el consenso y el diálogo entre todas las comunidades autónomas para reformar el reglamento taurino se unifique en uno solo para todo el territorio español.

“Estamos convencidos de que nos podremos poner de acuerdo para que no existan 17 reglamentos taurinos, sino un solo reglamento para toda España con los mismos criterios y avances que fortalezcan la Fiesta de los Toros”, manifestó Sanz por entonces, remarcando “la apuesta del Gobierno por la tauromaquia es clara, rotunda y sin complejos”. A mitad de la legislatura pasada, Vox propuso que Canal Sur hiciera un talent de toreros fijándose en el estilo de 'MasterChef.

En 1991, Canarias fue la primera región española en prohibir los toros y le siguió Cataluña en enero de 2012, aunque en octubre de 2016 el Tribunal Constitucional anuló la prohibición de Catalunya. En Baleares también está prohibida la entrada a los toros de menores de 16 años, mientras que en Euskadi los menores de 16 años solo pueden entrar si van acompañados de un adulto. En el verano de 2018 entró en vigor el reglamento taurino gallego en el que se prohibía la entrada a las corridas a menores de 12 años de edad. En el año 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España.

Por Andalucía va a registrar una proposición de ley para modificar la composición actual de los consejos de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y del Audiovisual, órganos de extracción parlamentaria de los que han quedado fuera tras su pobre resultado en las elecciones del 19 de junio, en las que obtuvo cinco diputados, el mínimo para lograr grupo parlamentario.

La coalición de izquierdas denuncia que el reparto de asientos pactado finalmente por PP, PSOE y Vox vulnera los “criterios de proporcionalidad y pluralismo político” recogidos en la ley que regula unos órganos que vigilan el cumplimiento de la pluralidad de los informativos públicos.

La propuesta de Por Andalucía pasa por modificar un artículo de dicha norma para que no haya un número fijo de consejeros, como ahora -nueve miembros en la RTVA y nueve en el Audiovisual-, y que la composición se amplíe o reduzca en cada legislatura para garantizar que todos los partidos tienen representación en dichos órganos de extracción parlamentaria, sin alterar la correlación de fuerzas surgida de las urnas. Esa fórmula, en la práctica, implica ampliar el número de consejeros de los nueve actuales a once miembros, permitiendo así la entrada de un representante de Por Andalucía.

La portavoz de la coalición, Inma Nieto, ha revelado una reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios, que tuvo lugar a mitad de julio, tras constituirse el Parlamento, en la que supuestamente negociaron la modificación de la ley que regula la RTVA y el Audiovisual para garantizar la presencia de todos los partidos, en consonancia con el reglamento de la Cámara en relación a la composición de la Mesa.

Nieto ha asegurado que en aquella reunión, de la que formó parte la entonces secretaria general del PP andaluz, Dolores López, y la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, se trabajó sobre una nueva redacción de la ley que blindaba la pluralidad de todos los grupos en los consejos de los medios públicos andaluces. Férriz ha corroborado la versión de Nieto, pero el actual portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha matizado que “sólo hubo conversaciones”, y que “no hubo ningún acuerdo ni se firmó nada”. “Nieto confunde la realidad con el deseo. El problema de Por Andalucía no es de representación en los órganos de extracción parlamentaria sino de falta de confianza de los ciudadanos que no les han votado”, ha advertido Martín.

En el mes de julio, la posibilidad de reformar la ley que regula la RTVA y el Audiovisual con una ampliación de miembros para dar cabida a Por Andalucía estaba sobre la mesa, fue una cuestión que planteó la coalición de izquierdas y que PSOE y PP valoraron. Vox lo rechazó de plano desde el principio. Sin embargo, pasadas las vacaciones de verano, los populares alcanzaron un acuerdo de renovación de ambos órganos con los socialistas y con el grupo de extrema derecha, un reparto de los sillones de ambos consejos, la garantía del trabajo de su plantilla y los criterios comunes de pluralidad para los informativos de Canal Sur.

Nieto sostiene que se enteró de esos acuerdos entre PP, PSOE y Vox por los medios de comunicación y mostró su estupor porque, un mes antes, habían iniciado una negociación con los dos grandes partidos para reformar la ley. Los socialistas, pese a compartir esa modificación legal en aras de un mayor pluralismo político, optaron finalmente por firmar un pacto bilateral con el PP para garantizarse su representación proporcional tanto en la RTVA como en el Audiovisual.

Férriz ha explicado este miércoles que si la iniciativa de Por Andalucía llega al Pleno de la Cámara la apoyarán, lo cual enmienda el acuerdo suscrito ya con el PP. Martín ha adelantado que su grupo no lo va a apoyar y eso, habida cuenta de la mayoría absoluta de los populares, da por finiquitado el debate. Los populares destacan los dos acuerdos firmados con PSOE y Vox, que concilia a 102 de los 109 diputados, y afea a la coalición de izquierdas que quieran cambiar la ley porque el resultado electoral que obtuvieron les haya dejado fuera de algunos órganos de representación.

Los nombres de la RTVA

Mientras la iniciativa de Por Andalucía empieza su largo trámite parlamentario, hasta ver si culmina en el Pleno para su votación, el resto de grupos ya ha registrado los nombres de sus propuestas a consejeros de ambos órganos. El PP ha rescatado a la consejera de Igualdad y referente de Ciudadanos en el anterior Gobierno, Rocío Ruiz, para ocupar uno de sus asientos en el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Es uno de los nombres más llamativos junto el de Verónica Pérez, ex secretaria general del PSOE en Sevilla y persona de confianza de Susana Díaz, que ocupará un sillón en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a propuesta de los socialistas; y el de Álvaro Zancajo, el jefe de campaña de Macarena Olona y ex jefe de Informativos de Canal Sur, que se incorpora también a la dirección del ente público a propuesta de Vox.

En el consejo de la RTVA repite como presidente Rafael Porras. El resto de consejeros propuestos por el PP son Marivi Romero, dirigente del partido que renueva su puesto; Andrés Muriel, periodista vinculado en los últimos años a la Oficina del Portavoz del Gobierno de Juan Manuel Moreno. También se incorpora Curro Rodríguez, periodista y asesor en comunicación política, y Elena Segura, la primer economista que entra en el consejo, con quien los populares han querido apostar por un perfil distinto, más enfocado al control presupuestario del ente público.

El Consejo Audiovisual estará dirigido por otro periodista veterano, Domi del Postigo. Repiten en nombre del PP los periodistas Mateo RÍsquez y Pilar Jimeno, y se incorpora la ex consejera de Igualdad, Rocío Ruiz -“que aporta el perfil de protección y respeto de la infancia, la mujer y el colectivo LGTBI en el mundo audiovisual”, explican en el PP; y el ex director de ABC, Álvaro Ybarra.

Los consejeros propuestos por el PSOE para Canal Sur serán Verónica Pérez y los periodistas Miguel Ángel Vázquez y Eva Suárez, ambos vinculados desde hace años al PSOE. Vázquez fue director general de comunicación del partido, senador consejero de Cultura y portavoz en el último Gobierno de Susana Díaz. Espadas no le incluyó en las listas electorales, pero lo ha mantenido cerca como parte de su equipo de campaña.

En el Consejo Audiovisual, el PSOE ha elegido a la periodista Isabel Pedrote, que ha desempeñado casi toda su carrera en El País, formó parte de la Oficina del Portavoz de la Junta con los gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz, y en la actualidad es articulista de eldiario.es. Junto a ella estará otra ex dirigente susanista sin cargo, la ex consejera de Educación y ex secretaria provincial del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, y un perfil más profesional: Mar Ramírez, ex decana de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla.

Vox ha sido el último en confirmar a sus consejeros. Será Álvaro Zancajo, actual jefe de prensa del grupo parlamentario, quien ocupe un puesto en el consejo de la RTVA. Zancajo trabajó en los informativos de Antena 3 y tiene su plaza en la RTVE, pero en los últimos años ha desarrollado su carrera periodística en Andalucía.

Fue el segundo jefe de Informativos de Canal Sur bajo el Gobierno de Moreno, destituido a los nueve meses por el director general del ente público bajo reproches de falta de neutralidad, y más tarde recalaría en Vox. En las últimas elecciones fue nombrado jefe de campaña de la candidata, Macarena Olona, que obtuvo unos resultados muy por debajo de los previstos -se barruntaba su entrada en el Ejecutivo-, dimitió tras celebrarse el segundo Pleno de la investidura y terminó abandonando el partido y rompiendo con su antigua formación.

El primer gran pacto de la recién estrenada legislatura en Andalucía ya está aquí y, como ocurrió en 2019, tiene como protagonistas a los órganos que designa el Parlamento andaluz, aunque no todos por ahora. El acuerdo, suscrito por el PP con el PSOE por un lado y Vox por otro, trae como principal novedad la llegada del periodista malagueño Domi del Postigo a la presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en sustitución de Antonio Checa, a la vez que se mantienen en sus puestos el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, y el presidente del Consejo de Administración de la RTVA, Rafael Porras.

El otro titular que deja este pacto es que no ha prosperado la propuesta para ampliar el número de integrantes de ambos consejos, con lo que Por Andalucía y Adelante Andalucía –que integra el grupo mixto– se quedan fuera. En el caso de la coalición liderada por Inmaculada Nieto, es la primera vez que un grupo parlamentario (lo que implica un mínimo de cinco diputados) se queda sin representación en estos órganos desde su fundación.

Tras la reforma legal acometida en 2019, los partidos con presencia en el Parlamento andaluz tenían un año para renovar estos consejos y nombrar nuevos responsables, que ahora están en funciones. Esto obligaba al PP a negociar y sellar un pacto, ya que los 58 parlamentarios de su mayoría absoluta allanan mucho el camino pero no son suficientes al requerirse el respaldo de tres quintos de la Cámara. Al final ha habido acuerdo con PSOE y Vox para esta renovación (suman 102 de los 109 diputados), pero no ha prosperado la propuesta que lanzó Por Andalucía para aumentar el número de miembros en ambos consejos de 9 a 11, lo que le habría hecho un hueco.

Consejo con PP, PSOE y Vox

Esto implicaba un nuevo cambio legal, y tampoco hubiese garantizado la presencia de Adelante, ya que el PP se habría reservado uno de los dos nuevos consejeros para así garantizarse la mayoría absoluta a la que tiene derecho en ambos foros. Finalmente, las cosas se quedan como hasta ahora, con una composición que viene marcada por los resultados electorales del pasado 19 de junio, lo que se traduce en cinco miembros del PP, tres del PSOE y uno de Vox. La formación de ultraderecha, por cierto, no se opuso inicialmente a una posible ampliación de los consejos para entrase la izquierda.

Al margen de la tormenta que esto ha generado desde Por Andalucía y Adelante, que cargan contra la falta de pluralidad con la que nacen los nuevos órganos, el acuerdo beneficia especialmente al PP, que refuerza así la imagen de diálogo que intenta transmitir desde el inicio de la legislatura pese a su mayoría absoluta. Una mayoría absoluta, por cierto, con la que le hubiese bastado el acuerdo con Vox en solitario, una imagen precisamente que rehúyen los populares.

¿Y qué lectura tiene para el PSOE? Los socialistas, conscientes de no tenían nada que hacer con respecto al reparto de sillones, han puesto el acento en el modelo de lo que tienen que ser los medios de comunicación oficiales de Andalucía. En este sentido, y aunque los textos de los acuerdos que el PP ha suscrito con ambas formaciones son básicamente iguales, el PSOE ha añadido un párrafo en el que se subraya que la RTVA deber ser “vehículo de información veraz, neutral y plural”, pero también “tiene que dar voz a la ciudadanía, garantizando el acceso de la sociedad civil a través de sus representantes y promoviendo la participación y el debate democráticos con igualdad de oportunidades para todos y todas”.

Un representante de los trabajadores en el consejo

En ambos casos, se incide en que debe incorporarse un representante de los trabajadores (con voz pero sin voto) al Consejo de Administración de la RTVA, lo que ya se acordó la legislatura pasada pero no llegó a aplicarse. Vox, por su parte, ha introducido una frase en la que se tiene que poner “especial esmero en combatir la propaganda gubernamental y todo intento de manipulación política en todos los contenidos emitidos”.

El acuerdo se ha firmado este mismo lunes, y los encargados de poner la rúbrica han sido los portavoces parlamentarios Toni Martín (PP), Ángeles Férriz (PSOE) y Manuel Gavira (Vox). Los populares han incidido en el “avance democrático” y la “altura de miras” de los partidos, los socialistas confían en que se garantice una información “veraz, independiente y plural” en la cadena autonómica y la formación de ultraderecha ha resaltado que logra que “no se incremente el gasto económico” en los dos consejos de extracción parlamentaria.

Las cosas no se ven igual desde la izquierda, y es que Por Andalucía critica que el pacto se ha alcanzado “a espaldas” de esta formación, lo que en su opinión deja el “pluralismo” de estos órganos como su principal “damnificado”, además de incidir en que “nunca antes, en toda la historia de estos órganos, se había excluido de la composición” de los mismos “a ningún grupo parlamentario”. Adelante Andalucía, por su parte, ha cargado contra el “acuerdo de mesa de camilla” para repartirse los puestos “dejando fuera” a esta formación, un pacto “totalmente antidemocrático” que evidencia “falta de pluralidad, ya que deja fuera a dos grupos políticos, casualmente los más a la izquierda de la cámara andaluza”.

En cuanto al acuerdo en sí, PP, PSOE y Vox “se comprometen a abrir una vía de diálogo” para aprobar una nueva Carta de Servicio Público para renovar a la aprobada en 2010, “para adaptar prioridades y estrategias a los cambios tecnológicos y a los nuevos hábitos de consumo del público salvaguardando siempre los principios inspiradores y la función de servicio público de la radio televisión andaluza”. También se incluye el compromiso de mantenimiento y estabilidad laboral del conjunto de la plantilla, la dotación de recursos humanos y materiales y una apuesta decidida por la producción propia para aprovechar el talento y buen hacer de sus profesionales.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha advertido este lunes de que su grupo parlamentario no dará un “cheque en blanco” al PP-A como el que, en su opinión, dio en la pasada legislatura para acordar la renovación de la dirección de Canal Sur Radio y Televisión, y en esa línea ha subrayado que “algo tiene que cambiar” en la radio televisión pública andaluza (RTVA) para llegar a un acuerdo para la renovación de órganos de extracción parlamentaria que, por otra parte, el líder socialista considera “fundamental” para la democracia en Andalucía.

El también presidente del Grupo Parlamentario Socialista se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur Televisión, y en respuesta a preguntas sobre si los grupos parlamentarios están manteniendo negociaciones para la renovación que, con el cambio de legislatura tras las elecciones del 19 de junio, se tienen que acometer en órganos de extracción parlamentaria como son el consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

El PP-A “tiene que mover ficha”

Juan Espadas ha comentado que “las conversaciones se iniciaron a finales de julio”, pero “el Gobierno (andaluz) nos trasladó que no tenía una propuesta definida totalmente, y que en septiembre volveríamos a hablar”.

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha apuntado que entiende que el portavoz del Grupo Popular --Toni Martín-- “se dirigirá a nosotros --los socialistas-- cuando finalmente decidan si llevan la renovación de estos órganos al próximo Pleno de final de septiembre”.

En todo caso, el representante socialista ha indicado que en su grupo están “preparados y dispuestos” para llevar a cabo esa renovación, pero es el Gobierno de la Junta, del PP-A, quien “tiene que mover ficha”, en tanto que es “el que tiene la iniciativa política”.

Espadas ha añadido que, en la reunión que el pasado jueves mantuvo con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en el Palacio de San Telmo, le trasladó al también líder del PP-A “con confianza” que los socialistas quieren, en el caso de la RTVA, “garantías” de que el ente público “va a tener un control que permita garantizar el pluralismo político y el tratamiento informativo que reciben las acciones, opiniones, reivindicaciones de la oposición y de los andaluces que puedan no estar conformes con las medidas del Gobierno andaluz”.

“Los resultados no han sido los que esperábamos”

Y en ese sentido, según ha continuado Espadas, le trasladó a Moreno “la preocupación” asentada en el PSOE-A “por la deriva que en los últimos dos años y, sobre todo, en el último”, marcado por una “situación tan larga de precampaña” como la que, en su opinión, se ha vivido en Andalucía, “entendemos que no ha sido la idónea”.

“Queremos revertir esa situación y tener garantías de que se van a producir los controles adecuados para que esto garantice de alguna manera la equidad entre los grupos y en relación con el Gobierno”, según ha aseverado el líder socialista antes de apostillar que, “más allá de eso, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero no vamos a dar más cheques en blanco”, ha advertido.

Al respecto, Espadas ha puesto de relieve que, en la pasada legislatura, el Grupo Socialista “acordó la dirección de Canal Sur con el PP”, pero “los resultados no han sido los que esperábamos”, por lo que “algo tiene que cambiar para que demos ese respaldo” al PP-A para renovar la dirección de la radiotelevisión pública andaluza, y desde el PSOE-A reclaman que se pongan “encima de la mesa” ante ese posible acuerdo “garantías” de esos cambios que piden los socialistas.

En esa línea, Espadas ha incidido en que esto “no solo va del número de puestos que tengamos un grupo u otro” en el consejo de administración, sino, sobre todo, “de qué televisión pública queremos, de qué contenidos informativos y cómo le llega la información a los andaluces”, según ha remarcado antes de concluir que “en esto tiene que haber un acuerdo político fundamental en bien de la democracia sobre todo”.

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha declarado “desierto” el expediente para contratar un servicio de consultoría externo para su proyecto de “racionalización organizativa” abierto a finales de 2021, que ha vuelto así a sacar a licitación pública.

En concreto, la RTVA ha publicado recientemente un expediente para licitar, por un importe total de 209.232,63 euros, IVA incluido, un contrato para un servicio de consultoría para dicho proyecto de racionalización organizativa, según la documentación incluida en el portal de licitaciones de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.

Nuevo mapa de puestos

La duración prevista del contrato es de seis meses, y su licitación se produce después de que la RTVA haya descartado adjudicar el mismo a alguna de las cuatro propuestas de empresas que, en el expediente declarado posteriormente desierto, presentaron el pasado mes de enero ofertas económicas para optar a dicho trabajo.

El órgano de contratación de la RTVA acordó el pasado mes de agosto la exclusión de la última de las cuatro propuestas que concurrieron a la licitación abierta en diciembre de 2021, al entender, a partir de la documentación presentada por la firma en cuestión, que ésta “no alcanza a reunir todos los requisitos de solvencia técnica exigidos” en uno de los puntos del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, relativo a la presentación de certificados de trabajos realizados en el sector público entre los años 2017 y 2021.

Según se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el servicio de consultoría que se quiere contratar está vinculado al “proyecto de racionalización organizativa” de la RTVA “para diseñar una nueva configuración organizativa que permita concretar el nuevo mapa de puestos y los perfiles requeridos en los mismos, y definir el soporte organizativo necesario acorde con el nuevo contexto de trabajo marcado por la digitalización y con las nuevas prestaciones de servicios”.

“Necesidad permanente de adaptación al cambio”

En esa línea, el citado pliego, firmado por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, argumenta que “la necesidad de este servicio de consultoría es manifiesta al objeto de diseñar una estructura organizativa óptima que permita alcanzar los objetivos” que la RTVA “establece en el Contrato-Programa 2021-2023, en la propuesta de Carta de Servicio Público 2021-2026 y en el PEER --Plan de Eficacia, Eficiencia y Racionalización de los Recursos de la Radio y Televisión de Andalucía para 2021--, para racionalizar y adaptar su organización al nuevo escenario de digitalización del sector de los medios de comunicación”.

“Se considera que la mejor manera de satisfacer esta necesidad” de la RTVA “es contratar una empresa que haya prestado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato dentro del sector público, tenga acreditada experiencia en este tipo de trabajos y que garantice la puesta a disposición del proyecto un equipo de profesionales consultores con conocimientos y experiencia en los aspectos concretos y peculiares del objeto de contratación, incidiendo en el carácter público de la organización”, se puede leer también en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El Contrato-Programa suscrito entre la Junta de Andalucía y la RTVA para el periodo 2021-2023, acordado por el Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2020 y consultado por Europa Press, señala “la necesidad de permanente adaptación al cambio que caracteriza a un sector productivo tan dinámico y mutante como el audiovisual por las constantes reconfiguraciones en los modos de prestación de servicios que conllevan esos avances normativos suscitados por la innovación tecnológica del ámbito digital”.

Flexibilidad

El documento argumenta que, como “consecuencia de esa necesidad de adaptación al cambio del entorno emana otra relevante necesidad instrumental, como es la flexibilidad en la respuesta de actuación de la RTVA y de los medios de Canal Sur para poder cumplir de forma eficiente y eficaz con su obligación de servicio de comunicación social en el muy exigente y competitivo mercado multimedia digital”.

Un mercado --continúa el contrato-programa-- que “exige ágiles respuestas empresariales determinadas por la optimización y eficiencia en la gestión de los recursos disponibles; por la adecuada inversión y dotación tecnológica conforme a los fines; y por la convergencia e interoperabilidad de la integridad de los procesos productivos del operador, que ha de generar imprescindibles sinergias de sistemas, equipamientos, procesos y personal en todos los eslabones de la cadena de valor productiva para alcanzar el rango de un moderno, avanzado y sostenible operador público digital multiplataforma”.