Raül Romeva ha vuelto este miércoles a sentarse ante una jueza. Condenado por sedición y malversación e indultado, el exconseller catalán de Exteriores se enfrenta a una nueva causa por este segundo delito por una subvención de 40.000 euros otorgada por su departamento a una entidad de promoción internacional de Catalunya. Romeva ha alegado que todos los informes técnicos avalaban la subvención.

La causa que afecta a Romeva se abrió en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona el pasado mes de mayo y supone un nueve frente judicial del procés, que todavía sigue coleando en los juzgados. Se trata de gastos distintos de los que supusieron la condena de Romeva en el Supremo (referentes a los observadores internacionales del referéndum) y, según Fiscalía y jueza, de los que forman parte de la macrocausa de los preparativos del procés que ha investigado el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que está pendiente de juicio.

El único gasto que la jueza atribuye a Romeva es una subvención directa de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) “sin justificar las razones de la no concurrencia” de otras candidatas a recibir los fondos. En la causa hay una decena de investigados.

Según fuentes presentes en la declaración, Romeva ha justificado la subvención porque los informes de la intervención Generalitat previos a su concesión avalaban que fuera sin concurso. Y ha recordado que el informe de evaluación posterior a su otorgamiento también dio su visto bueno a la subvención, algo que ocurrió, ha apostillado, cuando él ya estaba encarcelado en la prisión de Estremera.

Los once gastos investigados en la causa ascienden a 802.138,81 euros y la mayoría se produjeron durante el Govern de Artur Mas, es decir, el anterior del presidido por Carles Puigdemont en el que Romeva fue conseller. Se trata de pagos por trabajos académicos que excederían del ámbito competencial del Govern al versar sobre la internalización del procés y un nuevo Estado catalán y subvenciones directas a entidades de catalanes en el exterior que la jueza no ve suficientemente justificadas.

Los gastos también forman parte de la causa contable que instruye el Tribunal de Cuentas y que está pendiente de juicio después de que el órgano fiscalizador rechazara la fianza que el Govern prestó a la treintena de encausados, entre los que se encuentran el propio Romeva, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia se ha concentrado una delegación de ERC y CUP para apoyar a Romeva. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado la investigación judicial. “Una vez más, los que no ganan en las urnas, aprovechan a los amigos a los aparatos represivos del Estado para imponer la voluntad a la mayoría ciudadana y violentar la democracia”, ha aseverado, acompañado de otros dirigentes de ERC, como Marta Vilalta, de la CUP, como Dolors Sabater y Eulàlia Reguant, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Además de Romeva, este miércoles estaba citado a declarar el que fuera su secretario general en Exteriores, Aleix Villatoro, actual director del Consell Català de l'Esport, también pendiente de juicio por los preparativos del 1-O. Villatoro se ha acogido a su derecho a no declarar porque la Audiencia de Barcelona debe todavía decidir si los gastos que la magistrada del juzgado de instrucción 18 le atribuye deben formar parte del macrojuicio por los preparativos del 1-O que investigó el juzgado de instrucción 13.

El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado, equivalente a la semilibertad, que las prisiones catalanas, la conselleria de Justicia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria habían autorizado a los nueves presos del procés condenados por sedición. El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía, tilda de “prematura” la concesión del tercer grado y acusa a la administración penitenciaria catalana de realizar una “inadmisible reinterpretación” de la sentencia del procés para reducir la estancia en prisión de los líderes independentistas. Además de la semilibertad, el Supremo tumba las salidas laborales de los presos en aplicación del artículo 100.2 del reglamento.

En sus autos respecto a los nueve presos el Supremo acaba en la misma conclusión: los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión antes de que se les pueda conceder el tercer grado. No aclara el tribunal cuántos meses más serían precisos para que los presos pudieran disponer de la semilibertad, pues a juicio del Supremo antes se deberá valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Los magistrados tampoco distinguen entre los presos que ya han cumplido un cuarto de la pena -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquim Forn- y los que no.

Para el tribunal los informes de los profesionales penitenciarios que manifestaban que los presos, sin estar de acuerdo con las penas, reconocían los hechos por los que habían sido condenados y habían reflexionado de forma crítica sobre los efectos del procés son “relevantes” pero “insuficientes” para la progresión al tercer grado. Remarca el Supremo que es necesario que los presos participen en un tratamiento penitenciario que vaya “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juico crítico”.

Vuelve a insistir el Supremo, como ya hizo el pasado mes de julio, que el tratamiento penitenciario debe buscar la reeducación y reinserción de los condenados, lo que debe traducirse en actividades relacionadas con los delitos de sedición y malversación. Se trata de un programa reclamado por la Fiscalía pero que tanto los jueces penitenciarios catalanes como las cárceles habían descartado aplicar porque vulneraría la libertad ideológica de los presos.

Todo lo contrario cree que el Supremo, que reitera que los presos del procés “no han sido condenados por perseguir la independencia” de Catalunya, y considera que la jueza de vigilancia penitenciaria “yerra” al concluir que la luz verde que el tribunal ha dado a los recursos de la Fiscalía “implicarían exigir a los internos que modificaran su ideología”. Para el Supremo la conclusión de que los presos puedan llegar a tener que “renegar de sus convicciones políticas” supone “aferrarse a una línea argumental equivocada que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

Y a este extremo es a lo que cree el Supremo que se ha agarrado la administración penitenciaria de la Generalitat. En una dura crítica a la administración penitenciaria dependiente de la Generalitat, el Supremo recuerda a las cárceles catalanas que no pueden “distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión” impuestas por los tribunales y que “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”.

Insinúa además el Supremo que la administración penitenciaria de la Generalitat se ha convertido en “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

La decisión del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la clasificación penitenciaria de los presos del procés, confirma que los líderes independentistas vuelven a un segundo grado estricto dentro de prisión. Hasta que las cárceles catalanas no revisen su grado penitenciario el próximo mes de enero, los presos no podrán volver a disfrutar de salidas laborales o para cuidar de familiares. Solo los cuatro presos que ya han cumplido un cuarto de la pena podrán tener acceso a permisos.

En la práctica, los siete hombres presos en Lledoners ya habían vuelto al segundo grado desde el pasado mes de julio porque la jueza de vigilancia penitenciaria encargada de revisar su semilibertad la había suspendido cuando la Fiscalía la recurrió por primera vez. Lo contrario decidió el juez penitenciario que revisó el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, quien ha permitido a ambas presas seguir con el tercer grado hasta que el Supremo se lo ha revocado este viernes. Las dos presas ya han reingresado en prisión este viernes por la noche.

Ambos jueces de vigilancia penitenciaria sí coincidieron en avalar el tercer grado a los presos, en contra del criterio de la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, el juez consideró que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado. Por su lado, la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners llegó a afear a la Fiscalía que buscara un “castigo ejemplar” a los condenados por el procés al oponerse a cualquier flexibilización penitenciaria.

Las cárceles catalanas han remitido al Tribunal Supremo sus informes de evaluación penitenciaria de los nueve presos del procés condenados por sedición, que constatan una evolución favorable y adecuada a retomar la vida en libertad. Antes de la decisión definitiva del Gobierno, el Supremo y la Fiscalía también valorarán la concesión del indulto.

Los equipos técnicos de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras, donde cumplen condena los líderes del procés, enviaron sus informes al Supremo entre los días 27 y 28 de octubre pasados, según han indicado fuentes de la conselleria de Justicia de la Generalitat.

Los informes, remitidos por los técnicos penitenciarios sin la supervisión de la Secretaría de Medidas Penales de la conselleria de Justicia de la Generalitat que comanda la republicana Ester Capella, habían sido solicitados por el Supremo, como es preceptivo, para conocer cuál es la evolución de los reclusos, en cuestiones clave para la concesión de cualquier indulto, como son el arrepentimiento o la capacidad de reinserción.

En los dictámenes, adelantados por El Confidencial, las cárceles destacan que los presos han “reflexionado” sobre los hechos por los que fueron condenados y “asumen sus consecuencias”. Se trata de argumentos que los equipos de las cárceles vienen exponiendo para conceder permisos, salidas laborales entre semana de la cárcel y, más recientemente, el tercer grado a los presos del procés.

En esos dictámenes, los técnicos han destacado repetidamente la buena conducta de los líderes independentistas, su bajo índice de reincidencia, las altas posibilidades de reinserción, la estabilidad de su entorno familiar y su autocrítica sobre su actuación en el procés. Sin embargo, la Fiscalía considera que la autocrítica y reflexión de los presos no se puede equiparar al arrepentimiento que el Ministerio Público ve necesario para conceder cualquier beneficio penitenciario así como el indulto.

En estos momentos, los nueve presos tienen avalada la semilibertad por el juzgado de vigilancia penitenciaria, aunque al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis se les ha suspendido a la espera de que el Supremo resuelva los recursos de Fiscalía. El Supremo estudia este jueves los recursos y tiene previsto comunicar su decisión en los próximos días.

Respecto al indulto la última palabra la tiene el Gobierno, pero el Supremo, como tribunal sentenciador, evaluará los informes de las cárceles y, una vez disponga de los de la Fiscalía -todavía pendientes-, emitirá un dictamen sobre su posición ante el indulto. El informe de la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena no vincula la decisión que pueda adoptar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que todavía tardará como mínimo medio año.

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha pedido al Constitucional que anule la condena a trece años que le impuso el Supremo y ha instado al tribunal de garantías a preguntar a la Justicia europea si el Tribunal Supremo actuó conforme a derecho al condenarle a 13 años de prisión por sedición sin pedir previamente al Parlamento Europeo que levantara su inmunidad.

Así lo expone Junqueras en un recurso que ha interpuesto junto al exconseller Raül Romeva, en que piden al Tribunal Constitucional que anule su condena y les deje en libertad de forma inmediata –o al menos mientras resuelva el recurso– al considerar que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales en un “ataque político” para neutralizar al independentismo.

En el recurso, la defensa entiende que el Constitucional tiene ahora la “responsabilidad y obligación” de actuar en el sentido en que debería haberlo hecho entonces el Supremo: dejar en libertad a Junqueras y anular la sentencia, porque se dictó antes de que el TJUE resolviera.

Y en el caso de que el Constitucional mantenga “alguna duda” sobre el alcance de la inmunidad europea de Junqueras “en todo aquello que no hubiera sido expresamente resuelto” por el TJUE en su dictamen -del 19 de diciembre-, la defensa de Junqueras le reta a formular una nueva cuestión prejudicial para que concrete si se podía continuar el proceso penal y dictar sentencia sin que hubiese una solicitud de levantamiento de su inmunidad.

Según el recurso al Constitucional –el último paso de la defensa en el marco de la jurisdicción española antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)–, la condena del Supremo “atenta” contra la libertad ideológica de los acusados, ya que “criminaliza a la disidencia y las manifestaciones públicas de un determinado ideario”.

También ha presentado este viernes su recurso de amparo el exonseller de Interior Joaquim Forn, quien como el resto de condenados sostiene que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley porque la causa del procés debería haberla juzgado el TSJ catalán y no el Supremo. En su recurso, el letrado Xavier Melero apunta además que el Supremo vulneró el derecho a la defensa al denegar pruebas y emitir vídeos durante la declaración de testigos en el juicio así como el principio de legalidad al castigar acciones amparadas por la libertad de reunión y manifestación.

Las prisiones catalanas ya han flexibilizado el régimen penitenciario de siete de los nueve presos del procés cuatro meses después de la sentencia del Tribunal Supremo. Los dos últimos presos a los que la prisión de Lledoners (Barcelona) ha aplicado el artículo 100.2, que permite salidas diarias de prisión para trabajar o realizar labores de voluntariado, son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller de Exteriores Raül Romeva, condenados por sedición a 13 y 12 años de cárcel.

Según ha informado la conselleria de Justicia de la Generalitat, la Junta de Tratamiento de Lledoners ha aprobado permitir a Junqueras y Romeva salir de prisión 6 horas tres días a la semana para trabajar. Se trata de un empleo no relacionado con la política, según explicaron a este diario fuentes jurídicas de ERC cuando Junqueras y Romeva solicitaron el 100.2. Ambos internos reingresarán en la cárcel para dormir y los fines de semana.

La Junta de Tratamiento, integrada por la directora de la cárcel, juristas, psicólogos y educadores, ha acordado aplicar el artículo 100.2 a los dos políticos de ERC, una decisión de aplicación inmediata pero que puede ser recurrida por la Fiscalía y que en última instancia deben ratificar el juzgado de vigilancia penitenciaria y la Audiencia de Barcelona. En la aplicación del 100.2 no interviene la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia. El año pasado en Catalunya este artículo se aplicó a 405 internos.

Salvo a los exconsellers de JxCat Josep Rull y Jordi Turull, las cárceles catalanas ya han aplicado el 100.2 a todos los condenados por sedición: Carme Forcadell y Dolors Bassa salen entre semana de la cárcel para cuidar de sus madres, Joaquim Forn trabaja en Mediapro, Jordi Cuixart en su empresa de embalajes y Jordi Sànchez realiza labores de voluntariado en una fundación de Barcelona.

La Fiscalía se opone a todas estas salidas, que están pendientes de ser validadas por la Justicia. Este mismo jueves, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha argumentado que no es “frecuente” permitir salidas laborales con un periodo tan bajo de cumplimiento de la pena, como es el caso de los presos del procés. “Si la Generalitat ve rehabilitados a los presos debió darles el tercer grado”, ha apostillado.

Junqueras ha cumplido dos años y dos meses de prisión de los trece a los que fue condenado –cumplió dos en prisión preventiva– mientras que Romeva lleva cumplidos dos años, esto es, una sexta parte de la condena. En el resto de los presos a los que se ha aplicado el 100.2 la proporción es similar, salvo en el caso de los 'Jordis', que sí han cumplido un cuarto de la pena.

El exvicepresident Oriol Junqueras y otros cinco exconsellers en prisión por sedición han comparecido este martes en el Parlament en la comisión sobre el 155. Más allá de valorar los efectos de la intervención de la Generalitat en los departamentos del Govern, los dirigentes independentistas han aprovechado su presencia en la Cámara para lanzar varios mensajes tras la crisis abierta entre JxCat y ERC por el escaño de Quim Torra. Junqueras ha enarbolado la bandera del diálogo de los republicanos y ha pedido “aprovechar” la mesa entre gobiernos pactada por ERC y el PSOE.

Aunque ha tildado de “incierta” la mesa, Junqueras ha añadido que es “un paso adelante” porque “es la primera vez que se reconoce un conflicto político”. “Tenemos que aprovecharlo, estar más que nadie, estar siempre”, ha reiterado. En su alegato a favor del diálogo, Junqueras ha asegurado que su “trabajo” es el de hablar “con buen tono y una sonrisa” no solo con los independentistas, también con los que “no comparten legítimamente nuestras ideas”, entre ellos el gobierno español.

“Ofrecemos diálogo a todo el mundo y ofrecemos la posibilidad de establecer mesas de diálogo a diestro y siniestro, también con quienes no tienen ganas de hablar”, ha insistido, y ha defendido que es su “obligación y devoción” hablar en sede parlamentaria.

Las palabras de Junqueras han llegado solo unas horas antes de que se conociera que, finalmente, Sánchez y Quim Torra se verán el próximo 6 de febrero, en un encuentro en Barcelona que pretende abrir la negociación bilateral. “Cuantas más dificultades pongan, más razón moral y política acumularemos para protagonizar el diálogo y la voluntad de acuerdo con todos”, ha remarcado Junqueras en su intervención, en la que ha insistido una vez más que “no hay nadie más independentista” que su partido.

El jefe del Govern ha entrado a la sala acompañado de su sucesor en el cargo, Pere Aragonès, y la plana mayor de ERC, y ha empezado su comparecencia recordando a sus compañeros en el “exilio”, entre ellos Marta Rovira y el expresident Carles Puigdemont. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo, es el primero de los seis exconsellers que desfila por la comisión del 155. Lo harán también Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que vuelven por primera vez a la Cámara catalana desde que entraron en prisión en 2017. Todos ellos han sido recibidos entre aplausos al llegar al recinto.

“Volveremos a ejercer un referéndum”

Junqueras ha combinado su defensa del diálogo con la del legado del 1-O. Y no solo eso, sino que ha proclamado que volverán a celebrar un referéndum. “Es algo normal. Y queremos volverlo a ejercer y volveremos a ejercerlo”, ha afirmado, para luego asumir que necesitan para ello “acumular fuerzas, ser más y más fuertes”. “Algo que aprendimos en octubre de 2017 es que si fuese cuestión estrictamente de democracia y en los platos de la balanza solo se hubiesen contado votos, es indudable que hubiésemos ganado”, ha razonado.

Sobre la aplicación del 155 en octubre de 2017, el exvicepresident lo ha calificado de “aval” de su encarcelamiento, “quizás con la esperanza de quitar del escenario a unos rivales políticos que no podían derrotar en las urnas”. “Pensaron que así sí que ganarían, pero tampoco”, ha expresado. Según su opinión, la entrada en vigor de este artículo que cesó de pleno al Govern y suspendió en Parlament solo sirvió para paralizar las “políticas sociales” que estaban en marcha.

En la comisión, los exconsellers tienen un primer turno de palabra y después los grupos pueden preguntar, aunque no están todas las formaciones parlamentarias, ya que en esta comisión solo participan generalmente JxCat, ERC, la CUP y los comuns. Sin embargo, esta vez Ciudadanos sí ha decidido acudir.

Cs se va y Junqueras pide que se queden

La portavoz de los naranjas, Lorena Roldán, se ha dirigido a Junqueras para preguntarle “si es capaz de sostener la mirada a los catalanes y decirles que se gastaron el dinero de todos en cometer ilegalidades”. “Es una pena que no haya venido aquí a pedir perdón y decir que se equivocaron”, le ha reprochado.

Tras su intervención, los miembros de Ciudadanos han abandonado una comisión en la que hasta hoy no habían participado nunca. Antes de que salieran de la sala, Junqueras se ha dirigido a ellos para tratar de que se quedaran. “¡Ahora que habíamos empezado a dialogar! ¡Qué manía en marcharos!”, les ha reprochado.

En respuesta a la petición de Ciudadanos, aunque el partido ya no estaba en la sala, Junqueras ha asegurado que no se niega a pedir perdón a la ciudadanía que sufrió durante el procés. “Si algún ciudadano piensa que es necesario sentir que le pido disculpas por alguna sensación que sintió, yo no tengo ningún inconveniente si causé malestar”, ha expresado, aunque acto seguido ha añadido: “Pero yo no ordené a nadie pegar palizas a votantes, ni encarcelé a nadie ni tuve la tentación de hacerlo”. “Esta diferencia es substancial, radical, decisiva, entre yo y mis compañeros y quienes aplauden nuestra cárcel”, ha remarcado.

Turull y Romeva reivindican su gobierno

Además de Junqueras, otros miembros del aquel gobierno que hoy están en la prisión han pasado por la comisión del 155 y han opinado tanto sobre los hechos de octubre de 2017 como de la actual situación. “Yo no he venido aquí para pedir perdón, sino por dar las gracias a todos aquellos que han estado con nosotros”, ha asegurado Turull (JxCat), que ha hecho un alegato a favor de la unidad entre los independentistas, un día después del choque entre JxCat y ERC en el Parlament.

Turull además ha aprovechado su intervención para cargar con dureza contra Ciudadanos por haber abandonado la comisión del 155 pese a haberse referido a los líderes independentistas encarcelados que este martes comparecen en el Parlament. “Es una pena que se hayan ido”, ha dicho Turull, “son unos maleducados y unos cobardes”, ha dicho, recordando después que Lorena Roldán suele referirse a él con calificativos que él no puede contestar porque está encerrado.

También el exconseller de Exteriores Raül Romeva (ERC), ha intervenido en la comisión. “No me arrepiento de nada, de ninguna defensa de los derechos que hice”, ha asegurado en un tono similar a los anteriores. “Hace falta reconocerlo todo”, ha dicho el exconseller. “Hay que reconocer el dolor de determinada gente que no compartía nuestro proyecto, o no lo entendió o que discrepaba de él”, ha apuntado. “Pero es innegable, ha seguido Romeva, ”que el 155 provocó un dolor sumado al que ya se había sentido unas semanas antes en forma de porras“.

Por esta razón, Romeva ha asegurado que el 155 y la calificado la intervención de la Generalitat fue “no solo un error” sino también “un signo de cobardía política”. “Cuando lo que se hace ante una discrepancia política es buscar la desaparición del adversario solo se puede hablar de falta de democracia”, ha asegurado el exdiputado de ERC, que ha asegurado que se aplicó este artículo con una “visceralidad vengativa” y que abrió a la puerta a una “represión que aún dura.

El exconseller de Territorio Josep Rull ha confiado en que se abra un escenario de diálogo para buscar una salida al conflicto catalán, y que se pueda canalizar “con más consistencia”. “Nos sentaremos en todas las mesas de diálogo, como siempre hemos hecho”, ha sostenido en la comisión, donde ha vuelto a apelar a la unidad soberanista: “Juntos hemos sido capaces de hacer cosas extraordinarias, con diálogo y consenso amplísimos”.

También ha hecho autocrítica al admitir que hubo “demasiados catalanes” que no sintieron las urnas del 1-O como propias, y que deben reforzar cuestiones como esta para ganar legitimidad democrática. “Hemos aprendido cosas, pero si lo hubiéramos hecho mejor no estaríamos en prisión”, ha subrayado Rull, tras defender que hay muchos mecanismos para poner urnas pese a que lo negara el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bassa pide dejarse de “peleas de postureo”

Por su lado, el exconseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn (JxCat), ha pedido a las formaciones independentistas que “abandonen la estrategia partidista” y recuperen la “unidad” que “hizo posible el 1 de octubre”. Por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, Forn ha regresado al Parlament para comparecer en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. El exconseller ha afeado a los partidos la división mostrada durante el lunes en la cámara catalana, una jornada que ha calificado de “triste”. “Ayer no nos gustamos”, ha señalado Forn en unos reproches similares a los que ha lanzado unas horas Turull.

Ante la pregunta de si volvería hacer lo mismo que hizo durante su etapa como conseller, ha respondido que “lo habría hecho distinto” y que durante octubre de 2017 “no se hicieron todas las cosas bien”. Forn ha defendido a los Mossos tanto durante ese periódo como durante los disturbios registrados en octubre de 2019. “Nuestra policía es democrática y comparte estos valores”, ha afirmado.

El exconseller también ha defendido el diálogo “desde unos principios claros” con el Gobierno central. “Es necesario dialogar, es necesario sentarse, pero es necesario saber qué quieres y dónde quieres llegar”, ha afirmado Forn, cuya intervención ha acabado con un sonoro aplauso de buena parte de los diputados presentes en la comisión.

La última exconsellera encarcelada por sedición en comparecer ante el Parlament ha sido la extitular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa (ERC). La exconsellera ha mandado un mensaje a los partidos independentistas en medio de la crisis abierta entre JxCat y ERC: ha instado a los independentistas a dejarse de “peleas de postureo” y apostar por el diálogo para “avanzar en el día a día”. “Ahora las batallas no hacen falta. Nos hemos ganado el derecho a no desfallecer”, ha apostillado apostilla Bassa.

La exconsellera también ha criticado a los partidos que “banalizan la palabra cárcel”, y h recordado que la estancia entre rejas ha provocado a los presos independentistas “sufrimiento físico, psicológico y emocional”. “La cárcel dista mucho de ser una comunidad saludable”, ha agregado.

Respecto al objeto de su comparecencia, Bassa ha denunciado que la aplicación del 155 “paró políticas sociales” como la Renta Garantizada de Ciudadanía aprobada en el Parlament por unanimidad. “Siempre me encontrarán al lado del feminismo y la igualdad, por eso como Govern impulsábamos políticas de igualdad sin adjetivos. Soy feminista y de clase trabajadora para construir una sociedad más justa e igualitaria, y lamentablemente el 155 afectó a esto”, ha lamentado.

El exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exonsellers Raül Romeva y Joaquim Forn han aceptado su clasificación en segundo grado y no recurrirán ante el juez para intentar conseguir el tercer grado penitenciario, lo que les permitiría salir a diario de la cárcel para trabajar, según han indicado a este diario fuentes jurídicas de ERC y de la defensa del exconseller de Interior.

La clasificación en segundo grado de los presos del procés por parte de la conselleria de Justicia, que pilota la republicana Ester Capella, generó una polémica política entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Los posconvergentes reclamaban a Justicia clasificar a los presos en régimen abierto o tercer grado, lo que les permitiría acudir a prisión solo a dormir.

Según fuentes jurídicas de ERC, de los cuatro presos republicanos solo la extitular de Trabajo Dolors Bassa estudia presentar recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria contra la decisión de Justicia de clasificarla en segundo grado, apelación en la que el Tribunal Supremo tendría la última palabra por ser el tribunal sentenciador.

Tampoco Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, tiene previsto recurrir su clasificación en segundo grado. Por su lado, consultada por eldiario.es, la defensa de los otros tres presos de JxCat –Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– ha declinado hacer comentarios sobre un recurso, pese a que su letrado, Jordi Pina, había reclamado a Justicia su clasificación en tercer grado al entender que los presos cumplían con los requisitos para ello.

Con todo, la negativa a recurrir ante el juez para conseguir el tercer grado no supone que los presos de ERC renuncien a la flexibilización penitenciaria. Según las mismas fuentes, Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell presentarán ante las juntas de tratamiento de sus cárceles –Lledoners y Mas d'Enric– documentación para que los responsables de los centros les apliquen el artículo 100.2 del reglamento, que permite salidas diurnas de la cárcel, incluso a diario, para trabajar o realizar labores de voluntariado.

El artículo 100.2 está controlado por los jueces de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, la Audiencia de Barcelona. Pero a diferencia de la clasificación en grado penitenciario, no interviene el tribunal sentenciador, esto es, el Tribunal Supremo, que condenó a penas de prisión de entre nueve y 13 años a los líderes del procés. La Fiscalía se opondrá a una concesión rápida del 100.2 al entender que se trata de un tercer grado encubierto.

En paralelo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión desde el 16 de octubre de 2017, aguardan a partir de este martes la decisión de la conselleria de Justicia para disfrutar de su primer permiso penitenciario. De hasta 48 horas, los permisos los concede la conselleria sin autorización del juez y se pueden disfrutar hasta un total de 36 al año. Son salidas puntuales de la cárcel en las que el interno es acompañado en todo momento por un tutor.

Para la concesión de permisos es necesario haber cumplido un cuarto de la pena impuesta. Al haber cumplido casi dos años de prisión preventiva y estar condenados en firme a nueve años, los 'Jordis' son los primeros presos de procés que cumplen un cuarto de la pena. Forn y Rull lo harán este año y el resto a principios de 2021.

ERC ha proclamado a su líder, Oriol Junqueras, cabeza de lista para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Así lo ha decidido el partido en un Consejo Nacional este sábado, aunque Junqueras se vería obligado a apearse de las listas si la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del procés, que se emitirá en el mes de octubre, es condenatoria.

En una carta a la militancia, Junqueras anunció hace diez días que se ponía “a disposición del partido, la ciudadanía y la causa de la libertad” para encabezar la candidatura al Congreso, mientras Raül Romeva hacía lo propio al Senado, tal y como ya ocurrió en las generales del pasado 28 de abril.

“Tienen que saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no pararemos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos”, rezaba la misiva del exvicepresident de la Generalitat.

Si para el 10N ERC quiere revalidar el pacto con Sobiranistes (exmiembros de los 'comuns', debe registrar la candidatura conjunta antes del 9 de octubre. Después de eso, aún tendrían cinco días más para presentar su lista definitiva. El 15 de octubre se publicarían los nombres de todos los candidatos en el BOE, pero el de Junqueras solo podría aparecer ahí si el Supremo no ha dictado antes la sentencia sobre el juicio del procés.

En su intervención en el consejo nacional, el vicepresident de la Generaliat, Pere Aragonès, ha asegurado que el 10 de noviembre ERC quiere repetir victoria electoral en Catalunya y ha pedido el voto a quienes optaron por Podemos y PSOE, ante “la incapacidad de una izquierda española atrapada en sus egos”. “Nos quieren crispados y que nos radicalicemos y les contestaremos con una sonrisa y con una acción política amplia y transversal”, ha apostillado.

“Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia”. Con estas siete palabras el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha concluido este miércoles el juicio del procés tras 52 sesiones que empezaron el pasado 12 de febrero. Antes de que Marchena diera por finalizada la vista oral, los 12 acusados han empleado su derecho a la última palabra para llamar una vez más al diálogo, reclamar al tribunal la absolución y que devuelva el conflicto catalán a la política, así como para criticar con contundencia la Fiscalía. Todo ello con emocionadas menciones a sus familiares.

Los primeros en intervenir han sido el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva. Los dos políticos de ERC se han repartido los papeles: a la breve y concisa llamada al diálogo de Junqueras, Romeva ha añadido una crítica contundente a la Fiscalía, de la que ha dicho que “no ha podido aportar ninguna prueba que demuestre el odio de los que estamos aquí sentados”.

Junqueras había empezado más matizado. “Lo mejor para todos es devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo”, ha apelado el líder de ERC al tribunal. “Hablar y escuchar es la base de cualquier entendimiento”, ha dicho Junqueras, que a diferencia del resto de acusados y de lo que afirmó hace cuatro meses, no se ha declarado preso político.

“Siempre he evitado la mala política que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo y les ha traspasado a ustedes la responsabilidad”, ha agregado, sentado frente a Marchena y los otros seis magistrados que deben decidir si lo condenan a 25 años de cárcel como pide la Fiscalía. “Lo mejor para todos es devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo”, ha concluido.

Romeva ha tomado el testigo y, a diferencia de Junqueras, ha cargado con dureza contra la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. “Las acusaciones han buscado castigar y escarmentar una ideología. No por repetirla mil veces, la mentira se convierte en verdad”, ha dicho Romeva. Pero también ha tenido tiempo para defender que la celebración de un referéndum y “escuchar a todo el mundo” es la solución a una situación a un conflicto político como el catalán. “Era mi convicción y lo sigue siendo”.

En el mismo tono, el extitular de Interior Joaquim Forn ha mostrado sus “dudas” sobre lo sostenido por los fiscales la semana pasada, cuando afirmaron que a los independentistas no se les perseguía por sus ideas. “La realidad de los hechos lo desmiente”, ha replicado Forn, que no ha dudado en asegurar que está en el banquillo “como castigo por la organización del referéndum”.

“Sigo creyendo y defendiendo el derecho a la autodeterminación y condeno cualquier intolerancia y violencia. Solo desde el diálogo seremos capaces de resolver el conflicto”, ha aseverado Forn, que ha negado haber dado órdenes políticas a los Mossos d'Esquadra para facilitar la votación del 1-O e impulsar el procés.

Rull, Turull y Sànchez, emocionados con su familia

Las intervenciones más emotivas por el recuerdo que han tenido a sus familiares han sido las de los exconsellers de Presidencia y Territorio, Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de la ANC, Jordi Sànchez. Ni ellos ni su letrado, Jordi Pina, han podido contener las lágrimas en algunos tramos de sus últimas palabras. Turull ha dado las gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo a los acusados con cartas, actos o visitas a la cárcel.

Rull se ha dirigido personalmente a Manuel Marchena y al resto de magistrados y ha proclamado: “Hasta ahora han decidido que no pueda ver crecer a mis hijos, pero no podrán impedir que les deje la dignidad de haber defendido ideas leales ni el testimonio de nuestro compromiso incansable para conseguir que puedan vivir en una república catalana”.

“Intentamos sentar al Gobierno en la mesa de diálogo y el Gobierno respondió sentándonos a nosotros en el banquillo de los acusados”, ha sentenciado Turull. A continuación ha advertido, citando a Soraya Sáenz de Santamaría: “Descabezándonos a nosotros no se descabeza al independentismo”.

Turull ha criticado duramente a la Fiscalía por “confundir la discrepancia y la protesta con la falta de respeto y la violencia”. “Eso solo existe en mentalidades muy poco seguras de sí mismas o en mentalidades autoritarias”, ha añadido. “Los fuertes pactan, los débiles imponen”, ha zanjado Rull.

Por su lado, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez se ha confesado víctima de una injusticia, “de un dolor que ha causado el Estado, los poderes del Estado, y se ha socializado en Catalunya”. Ha rememorado sus 604 días en prisión y se ha emocionado al asegurar que ese dolor no solo lo sufre el encarcelado sino principalmente sus familiares, a los que ha citado por su nombre.

Más vehemente que Junqueras y Romeva o Forcadell, que han mostrado su confianza en que el tribunal devuelva el conflicto catalán a la política, Sànchez ha sostenido que el Poder Judicial “no puede resolver un problema político”, pero sí ha considerado que los magistrados tienen “una responsabilidad, que es no agravar la crisis política”. “No me gustaría estar en sus pieles para dar respuesta a todo lo que se ha planteado en estos meses. Ojalá su sentencia sirva para resolver lo que la clase poliítica ha sido incapaz de resolver”, ha afirmado.

Cuixart advierte: “No vamos a dejar de protestar”

La intervención más contundente ha sido la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha arrancado con toda una declaración de intenciones: “No hay ningún tipo de arrepentimiento, todo lo que hice lo volvería a hacer”. En un turno de última palabra de profunda carga política, ha advertido de que del resultado del juicio del procés “depende la calidad de la democracia en el Estado español”.

“Ninguna sentencia hará que los catalanes dejen de luchar pacíficamente por su derecho a la autodeterminación”, ha dicho para cerrar su intervención. “Sí, señores fiscales, llamé a la movilización permanente”, ha admitido antes Cuixart, para a renglón seguido llamar, en catalán, a “la movilización pacífica, democrática permanente y que nunca desfallezca”. “No vamos a dejar de protestar”, ha apostillado.

Más matizadas se han mostrado Dolors Bassa y Carme Forcadell. La expresidenta no ha dudado en declararse presa política en su turno de última palabra. “Estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, no por mis actos ni mis hechos”, ha proclamado, aunque al mismo tiempo ha mostrado su confianza en el tribunal de cara a la sentencia. “Espero que esta situación se repare”, ha afirmado para cerrar su intervención

Por su lado, Bassa ha explicado que su generación conoció de sus mayores “el proceso contra Catalunya”, en referencia a la represión franquista, y ha pedido a los jueces que su nieta no tenga que oír hablar de una nueva edición del mismo. “Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. No solo determinará lo que yo pueda hacer a partir de ahora sino que puede ser el principio de una solución para muchas personas. Les pido que piensen en ello y que reflexionen que no será solo mi libertad sino la libertad en mayúsculas de muchas generaciones”, ha dicho Bassa al tribunal.

El exconseller de Empresa Santi Vila, uno de los tres acusados que permanece en libertad provisional y que se expone a siete años de cárcel, ha utilizado su turno para asegurar que siempre actuó “respetando el espíritu y la letra de la Constitución, aquella que definió a España como una nación de naciones”. Vila ha repasado el primer trimestre e 2017 para afirmar que “no fue una ingenuidad pensar que el acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat estuvo a punto de ser posible”.

“Yo mismo intenté este acuerdo con el Gobierno de España para evitar el colapso o la crisis institucional”, ha relatado. En este punto ha querido rebatir las distintas versiones sobre su dimisión: “Lo hice frustrado porque Puigdemont no quería o no podía convocar elecciones ajustadas a derecho”. En su intervención, la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs ha negado la malversación porque, ha asegurado, “el Govern no quiso comprometer a nadie”.

“Este juicio es el resultado de un fracaso de la política. Mi deseo es que los nueve compañeros en la cárcel puedan salir en libertad, regresar y su casa y abrazar a su familia. Sería la mejor noticia para ellos”, ha dicho el exconseller de Justicia, Carles Mundó, en una breve intervención que ha cerrado el turno de palabras. Inmediatamente Marchena ha pronunciado el visto para sentencia. Eran las 19:03h. del 12 de junio de 2019.

Nada de violencia. Solo política. Y un poco de desobediencia. Así se podría resumir el informe final en el juicio del procés del abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Fiel a su estilo, el letrado ha combinado alegatos técnicos con políticos, y no ha dudado en replicar el titular más destacado que dejó la intervención de la Fiscalía la semana pasada, cuando Javier Zaragoza tildó el procés de golpe de estado. “Hablar de golpe de estado es confundir la desobediencia con la rebelión”, ha rebatido Van den Eynde este martes.

Las defensas replican este martes y miércoles los informes finales de las acusaciones de la pasada semana. Los políticos tendrán su turno de última palabra cuando finalicen los letrados. Van den Eynde ha expuesto durante dos horas su informe, en el que ha contestado a las tesis fiscales negando la mayor sobre la violencia y con numerosos alegatos sobre el carácter pacifista y no violento tanto de la estrategia independentista como de la manera de ser de Junqueras y Romeva.

Como ya hiciera en la primera sesión del juicio, Van den Eynde ha apelado al tribunal presidido por Manuel Marchena a que el juicio se convierta en “una oportunidad para superar la crisis y devolver la pelota a la política”. En otras palabras, Van den Eynde pedía al tribunal ya no la absolución sino una condena que no deje durante lustros en prisión a sus clientes, algo que pondría en dificultades una salida negociada al conflicto catalán una vez ERC ha abandonado la vía unilateral y apuesta por una solución dialogada.

En este sentido, Van den Eynde ha destacado que Zaragoza “no estaba equivocado” cuando habló de “golpe de Estado” en línea con las tesis filosóficas de Kelsen. Donde se equivoca la Fiscalía, a criterio de Van den Eynde, es en llevar al terreno penal y al delito de rebelión esta definición política de golpe de estado. “Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión, y para ello se cambian las palabras y se habla de derogación de la constitución o violencia normativa”, ha aseverado Van den Eynde, citando dos de las expresiones más contundentes de la Fiscalía.

A diferencia de la Fiscalía, que hizo alusiones muy puntuales a lo expuesto por los testigos durante el juicio (básicamente los jefes de los Mossos d'Esquadra), Van den Eynde ha trufado su informe de numerosas citadas a guardias civiles, mossos, policías y políticos que han desfilado por el Supremo.

En línea con sus tesis de defensas y para remarcar las contradicciones de las tesis de la Fiscalía sobre el plan independentista o el papel de los Mossos, Van den Eynde ha destacado que el supuesto “periodo insurreccional” del mes de octubre de 2017 estuvo marcado por los intentos del Gobierno y la Generalitat de negociar una salida política al conflicto, tal y como atestiguó el lehendakari Urkullu.

“Hubo reuniones en despachos, llamadas de teléfono, mediadores [en referencia a Urkullu], hubo política y voluntad de diálogo, no violencia”. “El clima de indignación o desafección no es violencia”, ha apostillado Van den Eynde, hilando así su tesis de defensa consistente en que el la protesta del 20-S y el 1-O están amparados por los derechos de reunión y manifestación con la apelación al tribunal para una salida dialogada. Y es que “cuando no hay negociación, hay protesta e indignación”, ha advertido el letrado citando la “desafección” de la sociedad catalana respecto al Estado de la que alertó el expresident José Montilla tras la sentencia del Estatut.

Asimismo, en un apartado del informe más centrado en la personalidad y la experiencia política y profesional de Junqueras y Romeva, Van den Eynde ha destaca que los acusados “reniegan de cualquier forma de violencia” y, a su juicio, las acusaciones no han encontrado “un solo mensaje” en que Junqueras y Romeva promuevan la violencia.

Gemma Domènech, directora general de Memoria Democrática de la Generalitat, se refirió en Mauthausen a los presos políticos catalanes del 1-O, encarcelados por la organización del referéndum de autodeterminación de Catalunya el 1 de octubre de 2017. En el campo de exterminio austriaco se celebraba por primera vez el ‘Día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración nazis’, y en los actos participaban el Gobierno de España y el Govern catalán. Cuando Domènech pronunció esas dos palabras -presos políticos- la ministra de Justicia, Dolores Delgado, abandonó la escena porque, declaró después, “cualquier actuación de exclusión choca frontalmente con el espíritu que surgió de este campo de exterminio donde murieron defensores de la libertad”.

Mucha gente se ha escandalizado con la noticia, aunque en realidad la mayoría se ha escandalizado con la manipulación de esa noticia. Importantes medios dieron a entender que la ministra Delgado abandonó el acto porque Domènech había comparado a los presos del nazismo (presos políticos, pues eran exiliados republicanos del franquismo) con los presos catalanes. Pero Domènech no hizo esa comparación. Lo que hizo fue recordar que la placa ante la que estaban la había puesto allí el conseller Raül Romeva, que lleva casi dos años en prisión preventiva. Se ha querido mezclar a los presos del nazismo con los presos del españolismo porque, a fin de cuentas, lo de menos es el rigor y lo de más, la criminalización de una buena parte de Catalunya.

Es muy fácil escandalizarse cuando no eres tú mismo, ni tu hermano, ni tu pareja, ni tu padre, quien está injustamente encarcelado: si el privado de libertad fuera tu padre o tu hermano, aprovecharías la más mínima ocasión para visibilizar su situación. También es fácil, y extremadamente pueril, cambiar el orden de los términos como si fueran los factores de una cuenta de primaria, y que quienes están en la cárcel por sus ideas y sus actos de desobediencia pacífica pasen a ser políticos presos. A la ministra (de Justicia, ni más ni menos) le ha importado más ese orden de los términos que los derechos vulnerados y la democracia devaluada. Al irse de ese acto presidido por una placa que colocó Romeva, al irse porque se recuerda que Romeva y los otros políticos catalanes están presos por acciones políticas pacíficas, puede decirse que es la propia ministra quien los utiliza de manera espuria.

Los del Gobierno de Sánchez se ponen tan nerviosos con Catalunya que pierden los papeles. Ya le pasó a Borrell frente a un periodista alemán que le hizo preguntas pertinentes, y ahora le ha pasado a la misma ministra que hizo comentarios homófobos y machistas al comisario Villarejo. Los del partido de la Memoria Histórica se ponen tan nerviosos porque saben que se han empecinado en una postura frente al conflicto catalán que no es digna de una formación, de un gobierno, que se siga diciendo socialista. Sin querer entender que la historia del presente es memoria histórica del futuro, se ven acorralados por la situación y, en lugar de tener la humildad de bajar de la soberbia para no seguir en el callejón, salen por peteneras. Peor para todos. Claro que una mujer que reconoce preferir los tribunales de hombres porque se lleva mal con “las tías” no parece que tenga el criterio ni la autoridad moral para determinar quién es y quién no un preso político, ni para hacer en Mauthausen el numerito de la “exclusión”. Por muy ministra de Justicia que la hayan hecho.

Es incómodo salir del aura del pasado, por oscura y horrenda que esta sea, para que te ciegue el foco de una actualidad que no se puede ni debe comparar. A mucha gente, alimentada por ciertos medios, le ha resultado inoportuno, impertinente, escandaloso que se mencione a los presos catalanes donde tuvo lugar la violencia más extrema. Pero es que (aparte de que el primer recuerdo oficial a aquellas víctimas lo tuvieron precisamente algunos de los encarcelados hoy) la injusticia de la larga prisión preventiva que sufren los catalanes merece mención en cualquier circunstancia. Nos guste o no. Nos gustaría si fuésemos, por nuestros actos políticos no violentos, la persona privada de libertad.

Los cabezas de lista de ERC al Congreso y al Senado, Oriol Junqueras y Raül Romeva, han pedido este jueves al tribunal del procés que les deje en libertad provisional para poder participar en la campaña electoral del 28A. En un escrito, el abogado de los exconsellers de ERC, Andreu Van den Eynde, solicita que se atenúe la prisión provisional de sus clientes para “proteger” sus derechos políticos así como la “normalidad institucional, el pluralismo político y demás fundamentos del sistema democrático”.

Junqueras y Romeva se suman así a la petición de libertad de este miércoles de los acusados y candidatos de JxCat al 28A –Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull–. Los dirigentes de ERC, a diferencia de los de JxCat, no ofrecen la totalidad de su patrimonio como compromiso de que no huirán.

Argumenta Van den Eynde que el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena “tiene un amplio haz de opciones para determinar medidas cautelares alternativas que garanticen la sujeción de los acusados” al juicio que se celebra en el Supremo y al mismo tiempo “compatibilizarlo con la protección de los derechos políticos” de Junqueras y Romeva.

El letrado pone como ejemplo una fianza o bien la vigilancia policial constante o la prohibición de abandono de un determinado domicilio o zona geográfica. Indica además el abogado que las ocho semanas “de intenso y agotador juicio están haciendo mella en las capacidades de acusados y equipos de defensa”.

“El transcurso del tiempo y la situación actual abogan por la desaparición de un eventual riesgo de fuga que en su día fue objeto de valoración en circunstancias que han variado tras el desarrollo ya de múltiples sesiones de juicio y la certeza de que los acusados están afrontando el enjuiciamiento con voluntad de participación plena”, asevera Van den Eynde para rechazar que exista riesgo de que sus clientes huyan.

Jordi Turull entró en la cocina del 1-O a tres meses de la consulta pero no se enteró de lo que pasaba. Así lo ha defendido el exconseller de Presidencia, número tres del Govern de Puigdemont, este martes en su largo interrogatorio en el Tribunal Supremo, donde ha emulado la estrategia seguida por el expresident Artur Mas en su juicio por el 9-N hace dos años: negar o descargar en terceros la mayor parte de los hechos imputados por la Fiscalía, y enmarcar los que sí reconoce dentro de la legalidad. 

Tanto Artur Mas como Jordi Turull se han desentendido de la organización de las respectivas consultas. Ante el TSJC, el expresident dejó en manos de los 40.000 voluntarios del 9-N la logística de la votación. El exconseller de Presidencia también se ha desvinculado de las responsabilidades sobre las urnas, el censo y el registro de voluntarios para el 1-O.

Lo ha hecho, además, diferenciando, al igual que Mas, entre el impulso político de las consultas y su actuación una vez el Constitucional las había suspendido. Mas se declaró “ideólogo y responsable político” del 9-N, pero explicó que cuando el Constitucional entró en escena “se dio la oportunidad a los ciudadanos de organizar un proceso participativo”.

Para Turull, una cosa es la “implicación” del Govern en el 1-O y otra distinta haber ejecutado sus consecuencias. En este sentido, Turull insistió en que el Govern “no desarrolló ningún elemento fáctico” de la votación, tampoco el decreto de convocatoria y el acuerdo que firmaron todos los exconsellers el 6 de septiembre, que habilitada a la Generalitat a gastar dinero público en el referéndum.

Además, Turull ha insistido en que dicho acuerdo se firmó un día antes de que el Constitucional lo suspendiera, por lo que rubricarlo no era, a su juicio, desobedecer al tribunal de garantías. “Cuando firmamos el decreto y el acuerdo la ley del referéndum no estaba suspendida”, ha repetido en dos ocasiones.

Y cuando ha tocado entrar en materia, Turull ha dicho no saber nada de los aspectos logísticos claves de la votación, que ha deslindado por completo de la acción del Govern. El fiscal Jaime Moreno ha puesto en duda las tesis exculpatorias de Turull y le ha lanzado una batería de preguntas que el exconseller ha esquivado con evasivas.

“No lo sé, no lo sé”, ha respondido sobre quién encargó el censo universal que el propio Turull anunció a los medios en la mañana del 1-O. “Ese día también dije que había urnas y yo no las había visto. No sé desde dónde se hizo el censo universal ni las urnas, desde mi departamento no se hizo”, ha agregado. Si no sabía nada de dónde salieron, menos aún de cómo se pagaron (y por lo tanto de la presunta malversación). “No se gastó ni un euro en el referéndum”, ha defendido Turull, tal y como hiciera Oriol Junqueras.

Asimismo, Turull ha desplegado una peculiar tesis para desmentir el resto de aspectos de la rebelión con malversación de fondos públicos de los que le acusa el fiscal, por la que le pide 16 años de cárcel. La publicidad del referéndum del 1-O, ha sostenido, no costó dinero a la Generalitat porque era un servicio público como las campañas de tráfico y porque se “reaprovechó” una campaña previa sobre civismo que había quedado desierta. En cualquier caso, ha rematado, todo se efectuó antes de la suspensión del 1-O. 

También fue anterior al auto del Constitucional que impedía la consulta el impulso del registro de voluntarios, que Turull además ha desvinculado del 1-O al ligarlo a campañas de voluntariado de asuntos no relacionados con la votación. Sobre las facturas de las notificaciones para los miembros de las mesas, Turull ha expuesto como prueba de descargo el hecho de que la empresa de mensajería no reclame el dinero a la Generalitat.

Mas, en su juicio, no dejó de insistir en que los aspectos que sí impulsó la Generalitat, como las urnas de cartón, se acordaron antes de que el Constitucional suspendiera la consulta. Y Turull ha tomado la misma senda aprovechando que, a diferencia de otros miembros el Govern, él entró en el Ejecutivo catalán a tres meses del 1-O y solo recibió un aviso del Constitucional para no impulsar la votación, frente a la media docena que tenían el resto de consellers. “Cuando llega la sentencia del Constitucional sobre los presupuestos el 5 de julio yo no era conseller”, ha defendido.

En cuanto a los incumplimientos del Govern sobre las resoluciones del Constitucional, Turull ha aludido a “un ejercicio de ponderación”. “Un político debe ponderar todas las leyes”, ha dicho, en referencia a que el Govern “se debe al Parlamento de Catalunya”. Además, ha continuado, el Congreso español había despenalizado en 2005 convocar referéndums. “Ponderar que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia, ponderar lo que es nuestro compromiso con los ciudadanos de Catalunya”, ha dicho.

Romeva, en la línea de Junqueras

Turull y el resto de acusados tienen un dilema: la defensa que más les conviene para intentar salir absueltos puede resultar desastrosa políticamente, más en medio de la pugna total entre JxCat y ERC por liderar el espacio independentista. El exconseller de Exteriores Raül Romeva ha seguido la línea marcada por Oriol Junqueras y ha renunciado a la defensa jurídica para realizar un alegato político en defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya. 

Al responder solo las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, Romeva no ha entrado a valorar los gastos en el alojamiento y minutas de los observadores internacionales del 1-O de los que le acusa la Fiscalía. En lo que sí han coincidido Turull y Romeva es en quitar valor a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la consumación del delito de rebelión para los fiscales y que ambos acusados han rebajado a una “expresión política” como cualquier otra que se vota en un Parlamento.

La huelga de hambre de los presos de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Turull no será secundada por todos los presos independentistas. Los presos de ERC, los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell han declinado sumarse al ayuno indefinido. Tampoco lo hará el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Las razones que han llevado a los dirigentes de ERC encarcelados a rechazar sumarse a la huelga de hambre son tanto de índole personal y familiar como por la proximidad del juicio en el Tribunal Supremo, que quieren afrontar en las mejores condiciones físicas y psicológicas posibles. Según fuentes del partido, se ha valorado en especial el hecho de que Junqueras y Romeva tengan hijos pequeños, priorizando que los menores no tengan que ver en sus padres las mermas en la salud propias de un ayuno prolongado. La experiencia de tener un padre en prisión ya es suficientemente dura, añaden.

El mismo planteamiento realizan desde el entorno de Cuixart, que tiene un hijo que todavía no ha cumplido los dos años. Por su lado, Rull emprende desde este martes la protesta pese a que también es padre de un niño de tres años. “Es una decisión meditada, fruto de muchas horas de introspección y reflexión que nos han llevado a concluir que no tenemos otra opción que emplear este forma extrema de protesta pacífica en defensa de nuestros derechos fundamentales”, han expresado Rull y Forn en un comunicado.

“Según nos dicen, los peores días son los dos primeros. El cuerpo aún se resiste un poco... Por lo tanto, adelante”, han explicado Sànchez y Turull en sendos tuits en su tercer día de huelga de hambre para protestar contra el bloqueo que, a su juicio, somete el Tribunal Constitucional a sus recursos de amparo. Aunque no se sumen al ayuno, los presos apoyan a Sànchez, Turull, Rull y Forn, como quisieron demostrar el viernes al distribuir la primera fotografía de 'los siete de Lledoners', denominación de los siete políticos y activistas encarcelados en están en la prisión de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Los cuatro políticos de JxCat tendrán que preparar en huelga de hambre su estrategia de cara al juicio en el Supremo, que está previsto que empiece a mediados o finales de enero. En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y facultativo de ambos presos, Jaume Padrós, advirtió este sábado de que no se han descrito casos de “supervivencia” de presos en huelga de hambre más allá del mes y medio o los dos meses, aunque matizó que no espera “llegar a esta situación”. También señaló que el traslado a Madrid para asistir al juicio sería una “dificultad”.

Además de su estrategia judicial, Sànchez, como viene haciendo desde hace semanas, seguirá diseñando desde la cárcel, y ahora en huelga de hambre, el proyecto político de la Crida, el movimiento lanzado por Puigdemont. El expresident, centrado desde Waterloo en la proyección exterior del proceso soberanista, ha bendecido al exlíder de la ANC para que asuma las riendas de la Crida. De esta manera se otorga a la prisión de Lledoners todavía más peso en la política catalana y, de paso, se intentar contrarrestar el liderazgo de ERC que Junqueras ejerce también desde la misma prisión. En su visita a Lledoners, Pablo Iglesias se vio con Junqueras para abordar los presupuestos, pero también con Sànchez y Cuixart.

Mientras, el Constitucional ha respondido oficialmente este lunes a los presos en huelga de hambre. La “complejidad” de los recursos y su trascendencia al tratarse de derechos fundamentales obliga a llevar a cabo al tribunal una “labor minuciosa” de estudio, ha indicado el Constitucional en un comunicado. En el caso del amparo solicitado por Sànchez contra la prisión provisional ordenada por la Audiencia Nacional, el Constitucional admitió a trámite en febrero de este año el recurso presentado en noviembre de 2017, y todavía no lo ha resuelto, lo que impide agotar la instancia nacional y acudir a la Justicia europea.

El Supremo acelera

Asimismo, el Supremo da esta semana nuevos pasos para que la vista oral pueda empezar a finales de enero. La denominada Sala del 61, comandada por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ya puede resolver las recusaciones que los acusados promovieron contra el presidente del tribunal del juicio al 'procés', Manuel Marchena.

Se da por descontado que se confirmará a Marchena como presidente del tribunal. De hecho, este lunes se ha rechazado la principal propuesta de las defensas: que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, declare como testigo para que explique los whatsapp en los que alardeó que con Marchena como presidente del Poder Judicial se podría controlar “desde atrás” la sala que enjuiciará el caso 'procés'.

Por su lado, la Fiscalía se pronunciará este martes previsiblemente en contra de que la causa se juzgue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en vez del Supremo, tal y como han pedido las defensas. Una vez el tribunal confirme después de una breve vista (que podría celebrarse la semana del 17 de diciembre) que el juicio se celebrará en el Supremo, las defensas tendrán diez días para presentar sus escritos, y todo estará listo para el arranque de la vista oral.

En Lledoners, pese a su ayuno, los presos seguirán sujetos al régimen penitenciario, lo que implica mantener los horarios y las actividades, incluida su presencia en el comedor de la cárcel durante las comidas. Los médicos del centro monitorizan cada dos días el estado de salud de los internos en huelga de hambre mediante el control de su presión, su peso y analíticas de sangre, entre otras pruebas.

Quien ya ha visitado a los presos este lunes es el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a “hacer de altavoz” ante la “injusticia que viven los presos políticos”. Torra ha asegurado que los presos en huelga de hambre “están bien de salud” y son “tratados correctamente” por los servicios penitenciarios, competencia en manos de la Generalitat, y que por lo tanto sería la administración que, en última instancia y por orden judicial, tendría que proporcionar alimentación forzosa mediante la inyección de suero a los internos.

Reacción conjunta de los dirigentes independentistas en prisión preventiva al terremoto en el Poder Judicial provocado por los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han pedido al Tribunal Supremo que el magistrado Manuel Marchena, que ha renunciado a la presidencia del Poder Judicial, se aparte del juicio al proceso soberanista por su proximidad al PP.

Si a primera hora el propio Marchena comunicaba que renunciaba a presidir el Poder Judicial, antes del mediodía los independentistas han presentado ante el Tribunal Supremo sendas peticiones de recusación contra el magistrado. Al no ascender Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seguirá presidiendo la Sala de lo Penal del Supremo. En consecuencia, será el encargado de presidir el tribunal del juicio al 'procés' y de redactar la sentencia.

Los escritos de todos los dirigentes comparten dureza contra Marchena, al que acusan, en base al whatsapp de Cosidó, de ser un magistrado próximo al PP, y por lo tanto incapaz de contar con la imparcialidad necesaria para presidir al tribunal. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva llegan a calificar de “whatsapp de la vergüenza” el mensaje en el que Cosidó alardeó de que el ascenso de Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suponía “controlar desde atrás” la sala que juzgará el 1-O.

El escrito de los exconsellers de ERC, al que ha tenido acceso este diario, considera a Marchena “protagonista” del pacto entre el PP y el PSOE “para controlar el Poder Judicial”. En concreto, el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, argumenta que Marchena “está vinculado a una determinada orientación política [el PP] que hace dudar de su imparcialidad” para presidir el tribunal que juzgará el 'procés'. “A la politización general de la justicia, no podemos dejar de vincular la politización concreta del presente pleito”, asevera la defensa de los exconsellers.

Remarca el escrito de Junqueras y Romeva que la vinculación de Marchena con el PP no es un argumento que aporta la defensa, sino que lo ha desvelado “nada más y nada menos que un senador [Cosidó] encargado de negociar y acordar su candidatura a la presidencia del CGPJ para la persecución de unos intereses políticos públicamente conocidos ya”.

Por su lado, la defensa de Sànchez, Rull y Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, ha considerado que el pacto entre PP y PSOE para que Marchena fuera presidente del CGPJ muestra que el magistrado es una “correa de transmisión de los designios” de los populares. De ser ciertos los mensajes de Considó, añade la defensa, se confirmarían los “vínculos” con el PP de Marchena, lo que no garantiza a los exconsellers un juicio imparcial.

La proximidad de Marchena con el PP, a criterio de las defensas, implica que el magistrado tiene un “interés directo” en la causa del 'procés' (en concreto, en condenar a los dirigentes independentistas), uno de los motivos que marca la ley del poder judicial para promover la recusación de un juez. Además, la expulsión de Marchena del juicio al 'procés' se pide “sin perjuicio de la abstención” del magistrado. En otras palabras, una invitación a que Marchena renuncie a presidir el juicio a los 18 dirigentes independentistas, tal y como ha hecho con el GGPJ. También se pide que Cosidó testifique para que confirme “la veracidad” del mensaje.

Cabe recordar que las defensas ya plantearon la recusación de Marchena, que fue descartada por el tribunal en septiembre. Sin embargo, a criterio de los abogados, los whatasapps de Cosidó (que a su vez han provocado la ruptura del pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ) son un nuevo ejemplo de que no contarán con un tribunal imparcial, sino con una presidencia orientada a posiciones cercanas a los populares. Todo ello en un contexto de crisis en el Supremo por el cambio de criterio con el impuesto a las hipotecas y a las puertas del juicio al 1-O.

Más tiempo y cambio de tribunal

Por otro lado, los dirigentes independentistas han presentado otro escrito por el que piden que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y no el Supremo quien juzgue el caso del 'procés'. Alegan los acusados que el Supremo no es el tribunal competente para juzgar la presunta rebelión.

En un minucioso escrito, Pina argumenta que ni los escritos de acusación ni la investigación de la causa exponen qué elementos internacionales justifican que la causa se juzgue en el Supremo en vez del TSJC. Recuerda Pina que el elemento clave del presunto delito de rebelión (el supuesto alzamiento violento), y que marca dónde se tiene que juzgar el caso, sólo se pudo cometer en Catalunya, por más que en la preparación del presunto delito se observen vínculos con el exterior –contratar a observadores internacionales o registrar a los votantes extranjeros. Por todo ello la causa debe ir al TSJC, zanja.

Por su lado, la defensa de Jordi Cuixart, que ejerce la letrada Marina Roig, ha recordado al Supremo que en el caso de la consulta del 9-N, donde también se articuló un registro exterior de votantes, Artur Mas y el resto de dirigentes procesados fueron juzgados por el TSJC. El Supremo solo enjuició a Francesc Homs, en aquel momento diputado en el Congreso. Cuixart también ha reclamado la traducción íntegra de la causa al catalán y ha alegado que la celebración del juicio en el TSJC “permitiría el uso indistinto del catalán y el castellano sin necesidad de intérpretes”.

La sala del Supremo que juzgará a los dirigentes independentistas dio este lunes 10 días a las defensas de los 18 acusados para que presentaran sus escritos de defensa. La ley de enjuiciamiento criminal permite no obstante a las defensas plantear, antes de presentar sus escritos, cuestiones relativas a derechos fundamentales, como por ejemplo la competencia del tribunal para juzgar los hechos. Se trata de los llamados artículos de previo pronunciamiento.

Las defensas han solicitado además que el plazo de diez días para presentar los escritos de defensa quede en suspenso hasta que el Supremo resuelva qué tribunal juzgará la causa, aunque todos ellos son conscientes de que el Alto Tribunal rechazará desprenderse del caso. Asimismo, Sànchez, Rull y Turull han solicitado al Supremo que amplíe hasta 90 días el plazo para presentar sus escritos para “garantizar” el derecho a la defensa. De acordarse, el juicio, previsto para el mes de enero, se retrasaría y terminaría en plena campaña electoral de las municipales.

Las defensas de los exconsellers y activistas independentistas han propuesto este lunes nuevas diligencias a la sala del Tribunal Supremo que les juzgará. El exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva han solicitado revocar el auto por el que el juez Pablo Llarena cerró la instrucción el pasado 10 de julio y que la causa del Supremo asuma el caso sobre los preparativos del 1-O que investiga un juez de Barcelona así como la de la Audiencia Nacional contra el exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, ha presentado un escrito ante la sala penal del Supremo en el que solicita una serie de nuevas diligencias, antes de que el caso se envíe definitivamente a juicio.

El abogado ha aprovechado este trámite procesal para solicitar que el Supremo acumule en su causa por el “procés” las diligencias que tiene abiertas el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del referéndum, en que están imputadas cerca de 40 personas, y, en caso contrario, que se incorpore al alto tribunal toda la información contenida en este caso. Misma petición se realiza respecto a la causa en la que están procesados en la Audiencia Nacional Trapero, la intendente Teresa Laplana y la antigua cúpula política de la conselleria de Interior.

Argumenta la defensa que la información contenida en estos dos sumarios “no puede mantenerse ajena” a la causa por rebelión del Supremo para garantizar el completo derecho a la defensa y porque algunos informes policiales contenidos en las mismas sí han sido reclamados por el juez Llarena durante la instrucción.

Asimismo, los exconsellers reclaman una copia de la investigación de un juez de Barcelona sobre las cargas policiales del 1-O, con la que su defensa busca replicar el relato sobre el “impulso” de la violencia en la jornada de la votación que el juez Llarena atribuye a los políticos independentistas. En este sentido, la defensa también solicita una pericial médica a la cincuentena de agentes lesionados el 1-O para determinar si las heridas fueron causadas por votantes “u otras causas”, como la propia acción policial.

También solicita el abogado que se aclare, a través de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo, los criterios que se aplicaron para designar a Llarena instructor de la causa del “procés”, ante supuestas “irregularidades” en su designación. Y reclama además que una prueba pericial informática sobre cómo la Guardia Civil ha analizado el material informático incautado en distintas conselleries de la Generalitat a lo largo de la investigación.

Las nuevas peticiones de Junqueras tienen pocos visos de ser atendidas por la sala, a juzgar por una resolución anterior a las alegaciones formuladas por el exvicepresident este lunes. En una providencia, la sala ha rechazado un recurso presentado por Junqueras y Romeva en el que se pedía ampliar el plazo del trámite de instrucción dado a las partes una vez que el juez Pablo Llarena dio por concluido el sumario al entender que forma parte de “una estrategia dilatoria” contraria a “las más elementales exigencias de buena fe”.

Los intentos del Govern para traer a observadores internacionales del referéndum quedaron constatados en los documentos y los correos electrónicos que la Guardia Civil incautó al exconseller de Exteriores, Raül Romeva, y a sus colaboradores. El intercambio de mensajes en los meses previos al 1-O incluye una parte poco conocida de la operación: las negociaciones sobre los honorarios que se tenían que abonar a los observadores y a las organizaciones internacionales que viajaron a Catalunya en la fase unilateral del 'procés'.

“Nos tenemos que ajustar a un máximo de 60-70.000 euros”, reza el correo que envió el pasado 31 de mayo el por entonces jefe de gabinete de Romeva, Iván Altisent, a Romeva; el secretario general de la conselleria, Aleix Villatoro; y el secretario general del Diplocat, Albert Royo. Se refiere Altisent a la propuesta del canadiense Instituto de Investigación sobre la Autodeterminación de los Pueblos y las Independencias nacionales (IRAI, por sus siglas en francés).

Además de hablar de dinero, el correo concreta que la propuesta a IRAI excluye la logística y la estancia en Barcelona de la delegación internacional. “Tenemos que valorar cómo lo haremos”. Y también detalla que la organización canadiense “gestiona o coordina pero el documento es de los expertos que lo entregan al Govern”.

Royo contestó un día después el correo. El jefe del Diplocat recalcó que había conseguido recortar los gastos en “honorarios” y en el “experto mediático” del IRAI, y que el monto ascendía a 66.660 euros. “Ok a la idea que el informe es de los expertos y estos lo entregan al Govern. Proponen que se diga en algún sitio que el IRAI ha coordinado el informe o que se ha hecho bajo su paraguas”, añadió. “Perfecto, gracias por todo a todos”, respondió Romeva.

Una semana antes, Romeva, Villatoro, Royo y el resto de la cúpula de la conselleria recibieron por correo electrónico el memorándum que firmaron el IRAI y el departamento “sobre la observación del referéndum de autodeterminación del [...] de 2017”. Cabe recordar que Puigdemont no anunció que la votación sería el 1 de octubre hasta el 9 de junio del año pasado.

El presidente del IRAI, Daniel Turp, presentó en Barcelona el 14 septiembre del año pasado un informe en que defendía que el “éxito” del 1-O dependería de la participación. Su estudio también avalaba la ley del referéndum aprobada por los independentistas pese a que fue aprobada en una tensa sesión donde la oposición denunció constantes vulneraciones de derechos por parte de la mayoría.

A finales de junio del año pasado, Royo informó a Romeva de que había “una posible organización interesada en la observación”, a la que pidió detalles del proyecto. El conseller le dio el visto bueno, y un mes después, Royo recibió de parte de un hombre llamado Lloyd un correo por el que le detallaba los honorarios de la misión de observadores.

“Notará que la tarifa diaria es considerablemente más alta, pero creemos que será el mínimo necesario para que un candidato de alta calidad represente a la misión”, reza el correo en inglés, en el que se adjunta una tabla con los honorarios y gastos de manutención y transporte para el jefe de la misión y distintos tipo de analistas –legal, político, mediático. El conjunto asciende a 145.771, 94 (no se precisa si euros u otra moneda). Romeva aceptó la propuesta el 29 de junio. “Entiendo que tenemos que decir que sí. No tenemos margen para negociar más. Hagamos nuestro trabajo y si revienta que quede claro quién ha cumplido y quién no”, dice el exconseller en un correo enviado a Villatoro y Altisent.

La Guardia Civil vincula este correo y este grupo de observadores con los pagos por valor de 164.821,61 euros que el Diplocat –no la conselleria– abonó la empresa de la exdirectora de la comisión electoral de Nueva Zelanda Helena Catt. Los catorce expertos recibieron 112.993 euros en concepto de honorarios, a los que hay que sumar otros 52.000 euros en los gastos de alojamiento y transporte. La lista de observadores incluye a Lloyd Dalziel y John Ault, cuyos nombres de pila aparecen en los correos.

El Instituto Armado ha acreditado que el Diplocat pagó aviones y el hotel de estos observadores en el Passeig de Gràcia, pese a que Royo certificó que los gastos no tenían relación con el 1-O. Cuando acudió a declarar como imputado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Royo sí admitió que el Diplocat pagó el viaje a los observadores, pero negó que fuera por orden de la Generalitat.

En este sentido, Royo recordó que el Diplocat no forma parte de ninguna conselleria del Govern, sino que es un consorcio público privado con personalidad jurídica propia. En su consejo, además del Govern, participan varios ayuntamientos como el de Barcelona y el de Lleida, las diputaciones provinciales, sindicatos, entidades del tercer sector, bancos y el F.C. Barcelona. No obstante, en base a los correos entre Royo y Romeva los investigadores ven claro que la conselleria de Exteriors y el Diplocat estaban coordinados para traer a observadores el 1-O.

La relación entre la conselleria de Exteriores y el Diplocat, sin embargo, no siempre fue tan estrecha. En los correos incautados a Romeva se incluye un e-mail que el por entonces conseller envió el 27 de septiembre del año pasado a sus colaboradores por el que propone trasladar a Royo que algunos medios de comunicación usan el Diplocat “con voluntad de menospreciar el trabajo del departamento de Exteriores”. “No conviene a nadie que se instale la idea de que el Diplocat va a la suya y que los éxitos exteriores son sólo del Diplocat”, reza el texto de Romeva.

“Me preocupa que haya alguien que, amparándose en la necesaria discreción [de la conselleria], quiera menospreciar el trabajo hecho desde Exteriores”, reza el texto que Romeva envió a Altissent y  a Villatoro. Del análisis del correo de Romeva efectuado por la Guardia Civil se desprende que la queja al Diplocat no se llegó a enviar.

El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión como diputados de Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC) así como de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) ordenada por el magistrado Pablo Llarena. En un auto, la sala de lo penal del Alto Tribunal avala el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal que aplicó el juez Pablo Llarena sobre los cinco diputados presos y Carles Puigdemont, y recuerda que no fue fruto de una “decisión discrecional” del instructor sino la aplicación automática de la ley.

El tribunal rechaza los recursos presentados por los cinco diputados suspendidos presos pero no menciona el de Puigdemont. Precisamente la suspensión del expresident motivó un agrio enfrentamiento entre Junts per Catalunya y ERC. Los de la lista de Pugidemont estaban de acuerdo con aplicar la figura del diputado sustituto que propuso el juez Llarena pero tan solo a los presos, mientras que los republicanos rechazaron hacer distinciones entre el expresident, que permanece en Bélgica, y los encarcelados.

Todos los diputados suspendidos ya no cobran, pero la Mesa deberá concretar y formalizar su sustitución a la vuelta del verano. La suspensión aplicada en base al artículo 384 bis, que suspende de cargo público a todos los procesados por rebelión en prisión provisional, es el paso previo a la inhabilitación de los políticos, que solo se puede aplicar una vez haya sentencia.

Los diputados presos alegaron que el juez Llarena había obviado la jurisprudencia sobre el 384 bis, en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional que vinculó el delito de rebelión al uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos y a las bandas terroristas. El Supremo rechaza este argumento y reitera que el concepto de “rebeldes” es equiparable al de banda armado debido a “sus finalidades y al grave ataque al orden constitucional que representan”.

En este sentido, los tres magistrados que revisan las decisiones de Llarena remarcan que los diputados suspendidos protaganizaron unos hechos “que atentan contra la misma esencia del Estado democrático”. Y rechaza que su suspensión sea desproporcionada “ante la gravedad de unos hechos que pretendían, con el auxilio de previsibles actos de violencia, alterar los límites territoriales, no solo de España, sino de la Unión Europea”.

A criterio de los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, la suspensión automática del 384 bis aplicada por el juez Llarena no precisa de mayores justificaciones porque “la gravedad de los hechos resulta de tal evidencia que autoriza una motivación implícita perceptible por cualquiera”.

Los exconsellers del Govern Puigdemont no influyen en el Govern Torra, y por lo tanto no pueden repetir el otoño soberanista de 2017. Así lo sostienen el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva, que han reclamado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo su puesta en libertad provisional antes del juicio al 1-O.

Alegan ambos exconsellers que si les excarcelan no podrán “incidir” en actuaciones de la Generalitat que pudieran “asimilarse” a los hechos que han llevado a su procesamiento, por lo que desaparece el riesgo de reiteración delictiva. Argumentan además que seguir en prisión afectaría a su presunción de inocencia de cara al juicio y que tendrían que afrontar un “inmerecido calvario de traslados” desde la cárcel hasta el tribunal.

En el escrito, el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, resalta que ni uno ni otro forman ya parte del gobierno catalán y que el ejecutivo presidido por Quim Torra “está actualmente desarrollando su actividad con normalidad”. Asimismo, resaltan que la reclusión está afectando sobre todo a sus esposas e hijos menores de edad, y recuerda “la necesidad de hacer esfuerzos para evitar afectar a dicha relación paterno-filial en la medida de lo posible dada la situación de prisión”.

“La soltura de mis mandantes no puede incidir en lo más mínimo en actuaciones de gobierno que pudieran remotamente asimilarse a los ilícitos por los que se ha procesado”, subraya el recurso para argumentar que no existe riesgo de reiteración delictiva si Junqueras y Romeva quedan en libertad tras permanecer entre rejas 257 y 115 días, respectivamente.

La nueva y definitiva petición de libertad de los políticos independentistas en prisión forma parte de una estrategia conjunta de las defensas para poner a prueba a la nueva fiscal general del Estado tras el cambio de Gobierno así como para intentar aprovechar la negativa alemana a la rebelión.

Este lunes también han presentado un escrito pidiendo su libertad los diputados de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Todos los exconsellers ha planteado al Supremo medidas menos gravosas que la prisión provisional, como por ejemplo como las comparecencias diarias, el control policial, los dispositivos de rastreo telemático o la prisión domiciliaria. Sin embargo, a diferencia de Junqueras y Romeva, los diputados de JxCat han ofrecido la totalidad de su patrimonio personal “para dejar bien claro que su propósito es permanecer en territorio español y afrontar el próximo juicio”.

Los políticos independentistas que se encuentran en prisión provisional en cárceles madrileñas y que han solicitado su acercamiento a prisiones de Catalunya serán trasladados serán trasladados. Así lo ha anunciado la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano ejecutivo.

Celáa ha asegurado que cumplen los requisitos establecidos en la ley de “arraigo” y también por haber solicitado su voluntad de ser acercados a Catalunya. “Se procederá al traslado de estas personas a prisiones catalanas”, ha afirmado la portavoz del Gobierno.

“Parece que ambos requisitos se han cumplido. Por tanto, está abierto ya el traslado pero no puedo determinar ni qué fecha ni en qué orden”, ha reconocido Celáa. La portavoz tampoco ha concretado qué presos serán trasladados.

El Gobierno ya manifestó su intención de trasladar a los políticos catalanes encarcelados una vez concluyera la instrucción de la causa abierta contra ellos. “Llarena ha firmado que ha concluido ya con las diligencias”, ha aseverado Celáa.

Los encarcelados incluidos en el expediente sobre el que se ha pronunciado Llarena son el excandidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y la exconseller Dolors Bassa.

Ni progresión de grado ni excarcelaciones para etarras

El Ejecutivo también procederá al acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi, pero Celáa ha sido contundente en la negación de que el Gobierno pretenda excarcelarlos o concederles el tercer grado: “Este Gobierno no a a abordar ni la progresión de grado ni hay pacto para el acercamiento de presos”. “Ni progresiones de grado, que no haría ningún gobierno ni excarcelaciones”, ha reiterado. “La progresión de grado no se hace por los gobiernos”, ha repetido la portavoz, que ha recordado que son decisiones que responden a un procedimiento reglado en el que intervienen Instituciones Penitenciarios y las juntas de tratamiento de las cárceles.

“Procuremos aparcar las especulaciones infundadas porque solo generan malestar en las víctimas”, ha dicho Celáa, que ha asegurado que el acercamiento será “individualizado” y que se realizará con “transparencia” así como de “manera empática” con las víctimas.