Año y medio después de que tuviera que dimitir como ministra de Sanidad tras las informaciones que constataron irregularidades en un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid, la socialista Carmen Montón ha sido designada este martes por el Gobierno como la nueva embajadora observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a ese nombramiento a través de un Real Decreto.

Tal y como adelantó eldiario.es en septiembre de 2018, Montón superó con una nota media de 8,43 el citado máster en el curso 2010/2011, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado. Entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE. Son seis materias de un total de 12 (más un trabajo final) en las que sacó tres sobresalientes, un notable y dos aprobados sin tener contacto con sus profesores, como ella misma admitió a este diario.

Uno de estos sobresalientes fue otorgado por el ya fallecido Enrique Álvarez Conde, el director del instituto que organizó los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, que fue imputado en la investigación judicial de estos dos posgrados. El máster lo organizaba el Instituto de Derecho Público de la URJC, que fue clausurado por las numerosas irregularidades destapadas por eldiario.es.

Días después de la información de este diario, La Sexta informó el 10 de septiembre de 2018 de que en 19 páginas de las 52 que conformaron el Trabajo de Fin de Máster de Montón existían numerosos bloques idénticos al de otros autores, cuyas tesis doctorales y artículos académicos habría encontrado en Internet. Algunos fragmentos eran párrafos copiados textualmente de la página web Wikipedia. Al día siguiente de conocer esta información Montón dimitió.

No obstante, en noviembre de 2018, la jueza que instruyó el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, decidió archivar las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. El máster sigue figurando en el currículum de Montón difundido este mismo martes por el Gobierno dentro de la referencia del Consejo de Ministros.

Cuando dejé la empresa privada para presentarme a las elecciones autonómicas de 2015, jamás pensé que asistiría a un bochorno como el que vivimos hace ahora justo un año en la Asamblea de Madrid.

Nunca imaginé que una presidenta autonómica mentiría descaradamente para intentar ocultar que le regalaron, sin ir a clase, un título oficial. Tampoco imaginé que una ministra socialista se vería obligada a dimitir tras conocerse el mar de irregularidades asociadas a la obtención de su máster, ni que PP y PSOE se aliarían para impedir que el líder de los conservadores explicase en sede parlamentaria cómo aprobó su máster, sin pisar el aula ni examinarse.

Sin embargo, lo que más me indigna de todo ello es que, a día de hoy, ninguno ha sido capaz de pedir perdón a los estudiantes de la URJC. Ni a los estudiantes ni a los profesores.

Los implicados han ignorado a quienes madrugan, se dejan los codos estudiando o pierden horas de sueño compatibilizando estudios y trabajo. Se han reído del esfuerzo que padres y familias hacen para poder pagar las matrículas de sus hijos. Y, de paso, han emborronado la imagen de la Universidad y el prestigio de sus títulos.

PP y PSOE no solo se niegan a reconocer el mal que han causado, sino que han pactado para intentar ocultar lo que ha ocurrido y han puesto todos los palos en la rueda que han podido para boicotear la comisión de investigación parlamentaria que Ciudadanos impulsó en la Asamblea de Madrid.

Los 'máster fake' de Cifuentes, Montón y Casado son el síntoma de los males que afectan a algunas de nuestras universidades: politización, endogamia y falta de transparencia.

En Ciudadanos queremos una universidad innovadora, con más becas para quienes se esfuerzan, que favorezca los intercambios con otros países, que sitúe los idiomas en el centro de los planes de estudios y que sea capaz de reclutar a los mejores profesores e investigadores del mundo. Queremos quitar las telarañas que aún perviven en algunas de ellas y convertirlas en el trampolín que los estudiantes necesitan para alcanzar sus metas.

Lamentablemente, los viejos partidos han demostrado que son incapaces de liderar las reformas necesarias, que jamás sacarán sus manos de la universidad por voluntad propia y que seguirán pactando con tal de mantener sus privilegios y sus chiringuitos.

Por eso es más necesario que nunca ganarles. Imagino que los estudiantes nunca llegarán a escuchar el perdón en boca del bipartidismo, pero el próximo 26 de mayo tienen la oportunidad de mandarles a la oposición. Los madrileños merecemos un gobierno que trabaje para situar nuestras universidades entre las mejores de Europa. No podemos permitirnos perder más tiempo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha aparecido en un vídeo difundo en directo en su cuenta de Instagram para denunciar que la exministra de Sanidad Carmen Montón vaya a cobrar “durante años” una indemnización, cuando solo lo hizo durante tres meses.

“La exministra de Sanidad, Montón, que dimitió hace unos meses después de 94 días en el cargo, va a cobrar durante varios años la no despreciable cantidad de 4.500 euros mensuales en concepto de indemnización por haber sido ministra durante apenas 90 días”, asegura Cifuentes en el directo, grabado en la calle durante la noche del jueves.

“Estoy en la calle, hace un poquito de frío”, aclara la expresidenta madrileña antes de relatar esta información que le han “preocupado mucho y que además provoca mucha alarma social en cualquier ciudadano que lo escuche”.

La indemnización de Montón

Tras su dimisión, Carmen Montón solicitó la pensión indemnizatoria por haber ejercido el cargo de ministra, por lo que recibió una cantidad cercana a los 4.700 euros, pero no lo va a “cobrar durante varios años”, como asegura Cristina Cifuentes, sino durante tres meses.

Al finalizar las funciones públicas, la ley incluye una retribución del 80% del sueldo para los ministros de todos los colores políticos, incluidos los del PP, por un tiempo equivalente al que han estado en funciones, y por un plazo máximo de dos años.

Esta pensión se debe solicitar y está contemplada por la Ley de Incompatibilidades para los excargos públicos, que no pueden desempeñarse en actividades privadas relacionadas con su función pública durante los dos años posteriores al cargo en la Administración.

De esta forma, Montón cobró esta cifra desde su salida del Gobierno, en septiembre, hasta diciembre del año pasado.

“No todos los políticos somos iguales”

“Quiero hacer una aclaración, porque ya ha habido un par de personas que me han dicho la tan manida frase de 'todos los políticos son unos sinvergüenzas'. No todos los políticos somos iguales”, asegura en la grabación Cifuentes, que dimitió de sus cargos tras salir a la luz el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y las grabaciones sobre un pequeño hurto en un supermercado.

“¿Sabéis, por ejemplo, cuánto cobro yo después de haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante casi tres años y después de haber sido delegada del Gobierno durante más de tres? Cero euros”, prosigue la expresidenta, para luego añadir que “es como tiene que ser” y que no quiere que “se hagan generalizaciones”.

Cifuentes recuerda a sus seguidores que fue ella quien, en 2015, aprobó mientras era presidenta de la Comunidad de Madrid, la “eliminación del Consejo Consultivo, que suponía un lugar de 'retiro'”. Este órgano fue suprimido por el acuerdo de investidura firmado entre la entonces presidenta madrileña y Ciudadanos.

A través del Consejo, los expresidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González cobraban unos 5.500 euros netos mensuales.

“Lo que os quiero decir es que hay políticos honrados y hay políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos, de nuestro cargo”, insiste, para luego cargar contra los medios de comunicación, porque “silencian” estas noticias, por lo que es “difícil que se conozcan”.

“A la izquierda casi todo se le permite”, sentencia, antes de despedirse (sin aclarar que también lo cobran exministros de derechas) y asegurar que este vídeo ha sido un “aquí te pillo aquí te mato” que no ha podido evitar porque la información falsa que difunde le ha “indignado bastante”.

“Con este tipo de cosas al final lo que se produce es una desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Lo que os quiero decir es que hay políticos honrados y hay políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos, de nuestro cargo”, zanja.

Archivo parcial del caso máster

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, a excepción de Cristina Cifuentes y de otros tres procesados más, que serán juzgados por falsedad documental. Se trata de la falsificación del acta con la que la expresidenta pretendía justificar la defensa de su Trabajo Final de Máster, ante las sospechas de que había obtenido el título sin asistir a clase y sin examinarse.

Cuando eldiario.es publicó la información sobre las irregularidades de su máster, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes grabó otro vídeo en directo –casualmente con una chaqueta del mismo color– para desmentir la noticia y asegurar que no dimitiría. 35 días después presentaba públicamente su dimisión.

Si no quieres perderte ninguna noticia de eldiario.es, síguenos en Instagram y TelegramInstagramTelegram

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, emitió un auto el miércoles en el que decretaba el previsible archivo de la investigación sobre cómo obtuvo la exministra de Sanidad Carmen Montón su Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos. Es la misma decisión que tomó en octubre con los másteres de Pablo Casado y Cristina Cifuentes (esta última será procesada, pero por la falsificación del acta). ¿Por qué la jueza archiva el caso máster al completo? El Tribunal Supremo dijo que el aforado Casado no iba a ser investigado, al no hallar indicios de delito, aunque sí “indicios de trato de favor”. Esto provocó que la magistrada diera carpetazo al caso completo, con todos los beneficiados y los posibles benefactores, a excepción de la fabricación del papel: si Casado no era investigado, tampoco lo podían ser otros alumnos, incluida la compañera del presidente del PP que confesó en sede judicial que le regalaron el máster.

Carmen Montón está en la misma situación procesal que Casado, sin responsabilidad penal y sin proceso judicial en marcha, lo que no obsta para que sus másteres estuvieran plagados de anomalías e irregularidades. Según ha defendido Montón tras conocerse el archivo de su caso, la justicia ha determinado “que no había cometido ninguna irregularidad ni ningún delito” y “que no encuentra trato de favor”, lo que no es del todo cierto: la justicia no ve indicios de que haya cometido ningún delito (como Casado), pero no se ha pronunciado sobre la parte académica ni sobre si hubo trato de favor.

Dimisión política

La exministra dimitió el 11 de septiembre, antes de que se admitiera a trámite la denuncia anónima sobre su máster. Es decir, dimitió por motivos políticos, no judiciales, ya que en ese momento la magistrada no había abierto el caso (lo hizo el 21 de septiembre). Como la propia Montón ha destacado, con su dimisión perdió el aforamiento, aunque en ese momento no sabía que podía acabar encausada, cosa que finalmente no ha sucedido. Dejó el cargo de ministra de Sanidad un día después de que eldiario.es publicara en qué condiciones había obtenido el posgrado y La Sexta adelantara que el único trabajo que conservaba era un plagio.

Para empezar, aprobó con nota la mitad de las asignaturas de su máster (12 más un Trabajo Fin de Máster) sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores. Como ella misma admitió a tres periodistas de eldiario.es en su despacho, acudió a clase y pisó el campus por primera vez en enero (en ese momento no supo decir en qué campus había estudiado y dio varias veces nombres erróneos), cuando las clases se habían iniciado en septiembre. Sin embargo, en su rueda de prensa posterior cambió la versión y dijo que no había asistido porque se daba la posibilidad de hacerlo a distancia aunque el máster era presencial.

Entonces, Montón era diputada y portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, además de vocal en algunas otras comisiones y su motivación, según explicó en su momento era “ampliar” su formación, aunque a los periodistas de eldiario.es les dijo días antes que su idea era obtener el máster para sacarse un doctorado, lo que abre la puerta a ser profesor universitario.

Montón no tenía ningún correo con profesores ni rastro que probara la entrega de trabajos de las asignaturas. Dijo que los daba en mano, mientras sus compañeras contactadas que quisieron hablar con eldiario.es (y que prefieren mantener el anonimato) dicen que se entregaban por mail o a través de una plataforma online, como constataron también los profesores. La exministra sí pudo acreditar correos con Laura Nuño, directora del máster, número dos de Enrique Álvarez Conde y directora del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la ministra. Son sobre el proceso de matriculación y fechas de entrega. De las otras 12 asignaturas no guarda nada de ningún tipo.

Plagio en el único trabajo que conserva

El único trabajo que pudo acreditar Carmen Montón fue precisamente el TFM que le dirigió Nuño. Aunque permitió acercarse a él y hojearlo durante la crisis, impidió que se fotocopiara o que se revisara con tiempo. Un día después de las declaraciones públicas de la ministra en las que defendía su honestidad, la Sexta reveló que era un plagio de varias autoras. Los sistemas antiplagio revelaron copia y pega sin citar en más de la mitad del trabajo, de unas 50 páginas. Esta semana, Montón ha justificado en la Cadena Ser que “no sabía hacer bien algo que era importante”, pero que lo hizo “sin voluntad de usurpar” ni de “lucrarse de la propiedad intelectual de nadie”.

Cambios en las actas fuera de tiempo

Además, en su máster, cursado en el Instituto de Derecho Público como Casado y Cifuentes, hay manipulaciones de notas en sus actas, sin que se sepa por qué. En julio de 2011, con el curso acabado, el expediente de Carmen Montón tenía una de sus asignaturas calificada con un “no presentado”. El 25 de noviembre de 2011, con las actas cerradas y con el siguiente año académico en marcha, alguien entró en el sistema informático de la URJC y cambió ese “no presentado” por un “aprobado”. En ese momento, la universidad confirmó que investigaba no solo este, sino varios cambios de calificaciones en el expediente de la ministra que se produjeron fuera de tiempo. Esto podría explicar otro misterio de su expediente. Pese a que su curso fue el 2010-2011, su título oficial tiene fecha de junio de 2012, un curso académico después. El resto de sus compañeras tienen un título de 2011, como corresponde por ley. La ministra no supo explicar por qué y lo achacó a un error de la universidad, que guardó silencio al respecto.

Otra duda en su posgrado es la convalidación que tiene la exministra sin haberla solicitado. Una de las profesoras del máster, Sonia Núñez Puente, que en ese curso impartió las clases de ‘Feminismo y construcción de la identidad de género’, confirmó que su asignatura la convalidó: “A Carmen no la recuerdo en clase porque convalidó y yo tampoco sabía que estaba entre las alumnas. Cuando salió publicado en los medios lo del máster revisé mis actas y comprobé que aparece convalidada”, dijo en septiembre a eldiario.es. Sin embargo, la ministra de Sanidad afirma tajantemente que no solicitó ninguna convalidación y que cursó esa asignatura, aunque la docente dice lo contrario.

La Universidad Rey Juan Carlos inició, sin hacerlo público, una investigación académica del expediente de Carmen Montón en el mes de junio. Cuando eldiario.es publicó la noticia de las irregularidades, el 10 de septiembre, la URJC confirmó que ya lo estaba investigando, pero no dio más detalles alegando que seguía trabajando en ello. Ahora, tras solicitar eldiario.es el resultado de esa investigación académica, fuentes de la institución señalan que esos documentos se remitieron a la jueza Rodríguez Medel. Esas mismas fuentes informan de que este expediente de investigación no se va a hacer público y zanjan sobre su contenido que, como la Fiscalía, la universidad no ha visto nada “constitutivo de delito”, sin especificar qué vio el servicio de inspección.

El archivo de la investigación judicial sobre el polémico máster de Carmen Montón ha servido a la exministra para intentar colocarse de nuevo en la casilla de salida y regresar a la primera línea política. No ha habido ofrecimientos expresos por parte de la cúpula del PSOE, ni peticiones claras por parte de Montón que ha iniciado una ronda por los distintos medios de comunicación para dar a entender que está de vuelta. En las entrevistas la exministra de Sanidad deja ver que está dispuesta a ocupar un puesto “donde haga falta”.

En Ferraz dan por hecho que Montón, una dirigente muy cercana al presidente que trató de aguantarla hasta que el caso de su máster se hizo insostenible, será rehabilitada por Pedro Sánchez pero el tema no ha sido abordado por la dirección socialista. Sus opciones más inmediatas pasan por las listas del PSOE de cara a las elecciones europeas o incluso en la futura lista de las generales, en caso de adelanto electoral.

No todos en el PSOE consideran que Montón sea ahora una opción segura para una campaña electoral con la exposición mediática que eso supone. “A día de hoy no es un valor electoral”, aseguran fuentes de la dirección socialista consultadas por eldiario.es. Los mismos dirigentes afirman que existía un compromiso de Pedro Sánchez para buscarle acomodo en caso de que la investigación en los tribunales se archivase.

Tras conocerse la decisión judicial, la exministra ha emprendido un tour por varios medios de comunicación (La Sexta, Cadena Ser, Radiocable, EFE,...) para repetir una idea: “Nunca me he ido de la política, ni tengo intención de irme de la política”. La exministra ha querido dejar claro que su contacto con Sánchez ha sido permanente aún después de abandonar el ministerio. En las últimas horas ha vuelto a mensajearse con el presidente, ha conversado con el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y ha respondido a las llamadas de varios miembros del Gobierno en las que se le ha felicitado por la noticia. En el entorno de Montón se muestran convencidos de que habrá reincoporación a la primera línea política. “Pedro Sánchez tiene una deuda con ella”, aseguran.

El paseo de la exministra por radios, agencias de prensa y televisiones ha estado pactado con la dirección de su partido. Ha sido el PSOE quien se ha encargado de difundir su posición tras el archivo judicial pese a las dudas que algunos de sus compañeros mantienen sobre el máster de la exministra, a pesar del archivo judicial. Las investigaciones de eldiario.es revelaron que Montón no había asistido a las clases, que no sabía dónde se impartía y que varias de sus notas fueron cambiadas en el expediente.

Montón trata de construir ahora un relato de exoneración general sobre su salida del Gobierno. Para ello ha usado argumentos imprecisos y una omisión fundamental: la causa que ahora se archiva se inició cuando ella ya había renunciado a la cartera de Sanidad tras conocerse que su trabajo había sido fruto de un plagio.

Dirigentes del PSOE valenciano mantienen que “su problema no es jurídico” y señalan que si dimitió antes de que un juez se fijase en su máster, el archivo no es motivo suficiente para buscar la restitución de su imagen.

En el entorno del presidente valenciano Ximo Puig están dispuestos, sin embargo, a acogerla en la lista para las europeas: “Nuestra candidata es Inmaculada Rodríguez Piñeiro, pero no es incompatible encontrarle un hueco a Carmen”, aseguran las mismas fuentes. La decisión última está en manos de Pedro Sánchez. Según el entorno del presidente la opción de enviar a Montón a Europa “es una idea” que no está ahora sobre la mesa y califica de “invención” que la decisión esté tomada.

Tras su salida del Gobierno, la exministra, médico de formación, no ha vuelto a trabajar y solo ha cobrado su indemnización como alto cargo por los casi 100 días que estuvo al frente de Sanidad. Esa partida, de aproximadamente 15.000 euros, le ha permitido seguir cobrando durante un tiempo que se acaba en diciembre.

Montón repite ahora que está dispuesta a volver. Lo hace en medio de la catarata electoral que se avecina para los próximos meses y ante un partido que tendrá que cubrir las listas con las que presentarse a las autonómicas, municipales, europeras y, quién sabe, si también a las generales si finalmente se adelantan los comicios. La exposición buscada por la exministra no ha gustado a todos en la dirección de su partido. Un dirigente de Ferraz lo resume del siguiente modo: “Ella siempre ha sido así: yo, yo y yo. Nunca hace un análisis político”.

eldiario.es ha intentado recabar la versión de la exministra, que no ha querido hacer declaraciones a este medio.

La previsión del Gobierno, expresada sin recato por alguno de sus corifeos mediáticos, es que de la multa a Borrell se deje de hablar dentro de pocos días. Y eso es lo más probable. Sí, el episodio quedará inscrito indeleblemente en el currículo del ministro. Pero se sumará a la lista, ya insoportablemente larga, de trasgresiones de la moral pública que no tienen trascendencia política alguna. Declarando su “apoyo total” al ministro, Pedro Sánchez ha traicionado los compromisos de regeneración que hizo hace seis meses y aunque la gravedad del asunto es mucho menor se ha comportado como lo hace el PP con sus casos de corrupción: mirando para otro.

En una democracia idílica, y en algunas con nombre y apellido también, Borrell no habría aceptado el cargo de ministro sabiendo que tenía pendiente una sanción por algo que a algunos les parecerá una tontería, pero que no deja de tener su miga. Vender acciones de Abengoa dos días antes de que se hundieran en el mercado sabiendo que eso iba a ocurrir porque él formaba parte de la dirección de la compañía no solo viola las normas. De ahí la multa. Es también un comportamiento indigno que convierte al titular de exteriores en una persona de la que la ciudadanía no puede fiarse. Porque esa disponibilidad para la trampa podría volver a aparecer en situaciones de mucho mayor calado que la venta de acciones por valor de 10.000 euros.

En un escenario como el que el asunto ha creado no se trata de pedir dimisiones, de ser justiciero para quedar bien con la audiencia. Quien habría de haber tomado la iniciativa y salir de la foto era el propio Borrell, como acertadamente señaló Pablo Iglesias. Pero él y Pedro Sánchez debieron convenir que eso no les convenía políticamente. Y santas pascuas. Aquí no ha ocurrido nada. Pasemos a otras cosas.

Y así estamos. Con una exministra de sanidad que celebra como un triunfo que la justicia haya decidido no procesarla por obtener irregularmente un master en la Universidad Rey Juan Carlos. Y sus correligionarios aplaudiendo. Como si los hechos que llevaron a su dimisión nunca se hubieran producido.

¿En qué se diferencia sustancialmente esa actitud, la suya y la de los que le aplauden, de la que adoptó Pablo Casado el día que supo que los tribunales no le iban a procesar por sus irregularidades académicas y sus ocultaciones al respecto?

En esos episodios, y en otros muchos más, se confirma que las normas de comportamiento de los políticos siguen pautas que nada tienen que ver con las que rigen en el resto de la sociedad. En el mundo cerrado que es la política el criterio determinante es la relación de fuerzas. Salvo casos extremos de incumplimiento flagrante de las leyes, y a veces ni siquiera en esos, lo que preside las decisiones ante situaciones conflictivas de ese tipo es si los adversarios van a ser capaces de utilizarlas para doblar el espinazo a su rival y, lo que es lo mismo pero al revés, si se tiene la fuerza necesaria para superar la tormenta que viene por intensa que esta vaya a ser. El manejo de las influencias que se tienen en los medios de comunicación es un elemento crucial en la gestión de esas situaciones. Por ambas partes. Y los entendimientos con otros partidos para que refuercen una u otra postura también

Cualquier otro criterio no cuenta en esa dialéctica. Es el juego del poder. En el que no tienen sitio más que los que lo tienen asignado con antelación. Antes, cuando la movilización social tenía un papel en la dinámica política, lo que algunos llamaban “las masas” podían invitarse por su cuenta y hasta alterar significativamente el rumbo del poder. El sucedáneo actual de esa influencia es el voto. ¿Pero cuántos se acordarán del asunto Borrell o de las trampas de Pablo Casado cuando les toque meter su papeleta en una urna? Los habrá, pero no serán muchos. Y eso, además, no es la democracia.

Pero es lo que tenemos. Y así va a seguir. Desde luego no parece que Pedro Sánchez vaya a cambiarlo sustancialmente, decepcionando a quienes creían que había llegado para hacerlo. Está demasiado apretado por las limitaciones que se dificultan su gestión como para meterse en el berenjenal de la moralización de la vida pública. Que, en primer lugar, hasta podría reventar la aparente estabilidad interna del PSOE si caminara en esa dirección. Nadie ahí dentro quiere ser un chivo expiatorio.

Y en este terreno de Pablo Casado es casi mejor ni hablar. Su fuga hacia delante le lleva hacia la xenofobia –vuelve a estar clara la mano de Aznar– y no le permite entretenerse con otras menudencias. Por eso el PP ha archivado el asunto del mensaje de Ignacio Cosidó a sus parlamentarios, tranquilizándoles en el sentido de que el Tribunal Supremo seguía controlado. Aunque eso comprometa gravemente la imagen de independencia que pretende tener el juez Manuel Marchena y ponga aún más en cuestión la supuesta imparcialidad del tribunal que va a juzgar a los independentistas catalanes.

Y el PP calla también sobre las grabaciones del excomisario Villarejo. Que por muy manipuladas que puedan estar no dejan de describir a la anterior cúpula del partido como una guarida de delincuentes sin escrúpulos. Casado ha dicho que él no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿cómo creerle si era ya un dirigente destacado del partido cuando se producían esos hechos?

Ciudadanos y Unidos Podemos esperan obtener ventajas electorales de unos y otros comportamientos. Pero no parece que el eventual ascenso de esos partidos vaya a tener la dimensión necesaria para propiciar un cambio sustancial en los modos de la política española. Al menos por ahora. O sea, que habrá que aguantar.

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido archivar las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha atendido al criterio de la Fiscalía, que se pronunció en contra de abrir una investigación contra Montón, y ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones “al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”.

La jueza, que ya archivó el grueso del caso Máster que se inició con Cristina Cifuentes, abrió diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación - los mismos por los que pidió al Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado - tras una denuncia anónima que llegó al juzgado.

Rodríguez-Medel solicitó a la universidad que le remitiera toda una serie de documentación en relación al máster de la exministra como la identidad del director del título de posgrado y también del responsable del Instituto de Derecho Público en el curso 2010-2011, cargo que ostentaba el principal imputado del caso máster, Enrique Álvarez Conde.

Solicitó a su vez el listado de asignaturas del posgrado, de los profesores que las impartían en ese curso y de los alumnos que cursaron el máster, así como toda la documentación que tuviera la URJC sobre el citado título académico en ese año académico.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tendrá que hacer pública documentación clave del polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que organizó los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Lo hará obligada por una resolución del Consejo de Transparencia que da la razón a Podemos, que pidió conocer su reglamento interno, las subvenciones recibidas o el sueldo de sus empleados, entre otros datos, a través de los cauces que establece la legislación sobre acceso a la información pública para cualquier ciudadano.

La URJC negó al partido esa información alegando que hacerlo podría entorpecer la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre la gestión económica del IDP tras una denuncia presentada por su rector, Javier Ramos. La universidad llevó la gestión de este ente a los tribunales tras detectar, en una auditoría interna, que “nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial”. 

Esta causa es independiente de la que instruye la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre el acta falsificada del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta madrileña. El instituto, que en la práctica actuaba como una empresa satélite con autonomía de ingresos y gastos, estaba dirigido por Enrique Álvarez Conde. El catedrático está imputado en los dos procedimientos citados: en el primero por malversación y en el segundo por falsedad documental. El Consejo de Gobierno de la URJC aprobó por unanimidad el cierre administrativo del IDP el pasado septiembre, medio año después de que este periódico desvelara las primeras informaciones que apuntaban a que Cifuentes había obtenido un título de forma irregular en ese centro. 

En estos meses, los responsables de la URJC vienen afirmando que su apuesta es por la regeneración y que están haciendo todo lo posible para limpiar la imagen del campus. Sin embargo, este documento evidencia que se han negado a hacer pública información clave del instituto que ha estado en el centro de la polémica. 

Transparencia aporta en su resolución numerosa jurisprudencia de tribunales españoles que avala que la restricción del derecho de acceso a la información alegada por la universidad en base a un artículo de la Ley de Transparencia tiene límites. Y subraya que sólo está justificada cuando se trata de documentación que puede perjudicar de forma “constatable” a la igualdad de las partes en un procedimiento judicial, algo que no logró acreditar el campus.

El Consejo de Transparencia señala que la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información. También recuerda que el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos y varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han considerado que la restricción del derecho a la información pública cuando hay de por medio un procedimiento judicial sólo es de aplicación para documentos que han sido elaborados expresamente para esa causa. 

Subvenciones y donaciones 

No es ese el caso de la información solicitada por Podemos, que reclamó tener acceso a las actas de las reuniones de sus órganos directivos desde su creación, en 2005; las cuentas anuales hasta el último ejercicio cerrado; o su reglamento de régimen interno. También pidió conocer los datos del modelo 347, que es la declaración que las empresas tienen que aportar anualmente a Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros de más de 3.005 euros; y del modelo 182, donde se detallan los donativos, donaciones y aportaciones recibidas. 

Asimismo, pidió el detalle de las subvenciones y convenios suscritos con la administración pública por el IDP durante sus 13 años de actividad; las remuneraciones recibidas por su personal, tanto los contratados en el régimen laboral como en el no laboral durante todo ese periodo; o el detalle de la oferta formativa desde su creación, con el detalle de los flujos de ingresos por las matrículas y los gastos asociados a cada curso. 

Ahora, el Consejo de Transparencia da de plazo a la URJC hasta el próximo 6 de diciembre para que traslade a Podemos la información solicitada y remita una copia al organismo público. La citada resolución pone fin a la vía administrativa, si bien la universidad sí puede recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el caso de que siga optando por no hacer pública esta documentación. Tiene dos meses de plazo para hacerlo.

El Gobierno ha decidido responder a sus últimas crisis quejándose de que están sufriendo un “acoso brutal” y denunciando una auténtica cacería política contra el presidente y los ministros.

“Nos acosan”, claman en Moncloa y en los Ministerios cada mañana intentando provocar la reacción de los militantes y votantes socialistas y progresistas. Esa estrategia de victimismo puede servir para salvar, mal que bien, un par de ruedas de prensa de los viernes, pero multiplica la sensación de debilidad y está condenada al fracaso por varias razones.

Primero, porque a un gobierno no se le elige para que ande lamentándose por las esquinas. Un ejecutivo tiene una enorme capacidad y margen de maniobra para marcar la agenda y llevar la iniciativa; lo que pasa es que hay que hacerlo y hacerlo bien.

Segundo, porque sería no conocer a la derecha española si alguien esperaba que, tras ser desalojados del poder con una moción de censura, les iba a dar un ataque de responsabilidad. El PP y sus medios afines son siempre así en la oposición; su estrategia es la de tierra quemada y Casado además tiene como mentor a Aznar, así que solo los ingenuos se pueden llamar a engaño.

Tercero, porque en la cacería que denuncia el Gobierno también estarían participando algunos de sus socios. Podemos, Esquerra y el PNV han pedido la dimisión de la ministra de Justicia por sus relaciones con Villarejo y, al menos los de Pablo Iglesias, también la de Pedro Duque por la historia fiscal de su sociedad patrimonial.

La mayoría de las crisis que ha tenido este Gobierno han multiplicado sus efectos por graves errores internos. Goles en propia meta que diría la ministra Magdalena Valerio.

Si el presidente del Gobierno hubiera colgado en la red del Ministerio de Educación su tesis hace 3 años, cuando se empezó a dudar de su autoría y de plagio, se hubiera ahorrado el tanto político que se apuntó Albert Rivera y también en parte el morbo que ha habido en torno a ella y a su libro.

Si Dolores Delgado hubiera reconocido el primer día sus tres reuniones con Villarejo, las grabaciones de ese presunto delincuente chantajista hubieran tenido mucho menos eco, aunque la verdad es que repugna escuchar a una fiscal de la Audiencia Nacional augurar éxito garantizado a una “agencia de modelos” montada por el expolicía para conseguir según sus palabras “información vaginal”. Eso es un delito y debió denunciarlo.

Y si Pedro Duque hubiera preparado bien su primera comparecencia y hubiera dado todos los datos y mostrado todos los papeles, se habría ahorrado la cadena de versiones y contra versiones en la que ha entrado.

El Gobierno debe asumir además el listón moral y ético con el que llegó y que puso el propio presidente. Ese rigor provocó las dimisiones de Màxim Huerta y de Carmen Montón mientras a Pablo Casado en su entorno nadie le pide responsabilidades por el trato de favor que recibió. Ese mismo listón es con el que han tropezado Dolores Delgado y Pedro Duque, pero ahora el Gobierno ha decidido enrocarse y que no haya ni una dimisión más. Como dice Pablo Iglesias, la mayoría de las veces, dimitir te hace más fuerte. En cambio, la decisión en Moncloa es culpar al enemigo exterior, incluidos los medios de comunicación. Otro grave error, apelar ahora a que la libertad de expresión tiene que tener límites. Muy mal síntoma.

El Gobierno debe decidir si tiene capacidad para seguir adelante a pesar de la extrema debilidad parlamentaria que tiene y sabiendo lo que hay enfrente. PP y Ciudadanos no le van a dar ni un respiro mientras que Podemos, PNV y sobre todo los independentistas catalanes van a poner muy caro su apoyo a los presupuestos. Si cree que esta travesía va a ser muy penosa, que convoque a los ciudadanos y que ellos decidan quien gobierna y si piensa que puede continuar, que recomponga la figura y se ponga a gobernar que hay muchas cosas que hacer: pensionistas, jóvenes, trabajadores con empleos precarios, familias que no llegan a fin de mes y mujeres que siguen siendo maltratadas, vejadas y asesinadas por la violencia de género están esperando.

Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos están llamados a la huelga este jueves para pedir la dimisión del rector, Javier Ramos, y la limpieza y regeneración de la universidad. Siete asociaciones de estudiantes del centro, agrupadas bajo la denominación URJC Crítica, convocan el paro, al que solo se ha sumado un sindicato, Somos Sindicalistas, minoritario en el campus. Sin noticias del resto (CC OO, UGT, CSIF, CSIT), informan los estudiantes.

Cerca de 40 estudiantes se han encerrado en varios edificios de los campus de Fuenlabrada y Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos, donde pretenden pasar la noche, según ha podido saber eldiario.es.

Las asociaciones convocantes (Frente de Estudiantes, ACM, Res Publica, UEPA, Virtual Souls, Ángulo Abierto y EPU) habían solicitado al rector que durante la jornada de huelga no hubiera actividades evaluables. Ramos replica que lo cree “razonable”, pero que “se trata de un día lectivo más y, lógicamente, las actividades docentes han de avanzar con normalidad”.

Las asociaciones de estudiantes valoran que el rector “está asustado por lo que pueda pasar”, y destaca que en su misiva ha obviado que piden su dimisión pero que a la vez reconoce que hay motivos para la huelga.

La jornada de protesta, primera huelga como tal desde que estallaron los escándalos que sacuden a la URJC, incluye concentraciones a las 12.30 y a las 16.30 en el campus de Vicálvaro y otra a las 18.30 frente al rectorado.

Los estudiantes de la URJC están cansados de los plagios, de las contrataciones irregulares de profesores y tratos de favor a políticos, de los rectores que salieron a cerrar filas cuando no había manera de contener la marea. De las medidas cosméticas y otras de algún calado más, pero solo con el objetivo de “alejar a los medios de comunicación de la universidad”, dicen los alumnos.

Y, llegado a ese punto, huelga. El objetivo del parón es lograr la dimisión del rector del centro, Javier Ramos, la investigación externa de la URJC, la “limpieza completa” de la universidad y la regeneración de los órganos de Gobierno.

¿Qué expectativas tienen los estudiantes de seguimiento? Un portavoz de URJC crítica explicaba que “hay mucha gente en contra de todo lo que está pasando en la universidad, pero sabemos lo que pasa aquí”, explica en alusión a la omertá que impera en el centro por temor a las represalias.

“Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello (...) nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos, conscientes de que no toda la URJC participa y permite los escándalos que nos vemos empujados a afrontar”, reza la convocatoria.

Desde URJC Crítica consideran que el rector solo ha realizado operaciones cosméticas desde que se hiciera público que el Instituto de Derecho Público (IDP) del centro había regalado un máster a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

“Aunque ha dado pasos en la limpieza de la URJC, con el tiempo se ha visto que estos solo tenían como meta alejar a los medios de comunicación de la universidad”, aseguran. “Nunca quiso hacer una verdadera limpieza la institución, nunca asumió que el problema era estructural y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector”, sostienen en una nota.

Con este movimiento los estudiantes se confirman como el grupo que más se está moviendo dentro de la universidad para exigir responsabilidades por la gestión de la URJC y los escándalos que la han asolado en los últimos meses. Ellos han sido protagonistas de las principales protestas en la calle y ellos son los que amenazan al rector con una moción de censura a través del claustro, aunque para eso necesitan el apoyo de profesores y personal de administración. De los sindicatos, más allá de algún comunicado, no se tienen noticias.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en el debate de política general de la Comunitat Valenciana de esta semana que antes de las elecciones autonómicas -previsiblemente en junio de 2019- se revertirá para la sanidad pública el hospital de Dénia como ya hizo el pasado mes de abril con el hospital de la Ribera, en una estrategia anunciada en el programa electoral que lideró la exconsellera y exministra de Sanidad, Carmen Montón. 

En el caso del hospital de Dénia, gestionado por la concesionaria Marina Salud (65 % DKV y 35 % Ribera Salud), sí que se tratará de un rescate porque en el hospital de la Ribera expiraba la concesión y se trataba de una finalización del contrato. Así, la Generalitat deberá poner encima de la mesa una buena oferta para que la concesionaria de devuelva la gestión a la administración, ya que el acuerdo entre la administración y la empresa no caduca hasta 2023.

La intención del presidente de la Generalitat, apuntan fuentes conocedoras de la operación, es conseguir el cien por cien de Marina Salud para conseguir una gestión pública al cien por cien. Un cambio de estrategia porque, en un primer momento, se habló de adquirir la parte de DKV para tener la mayoría y compartir el accionariado con Ribera Salud hasta 2023 en una especie de empresa mixta.

Fuentes de DKV confirman a eldiario.es que se han mantenido reuniones con la Generalitat de cara a una reversión anticipada del contrato, pero que no ha habido una oferta formal. “Estamos dispuestos a seguir hasta el final de la concesión, pero si nos viene una oferta razonable podríamos hablar”, explican en la multinacional. 

El equipo del presidente está trabajando a marchas forzadas para presentar una buena oferta que nadie ha querido cuantificar. Algunas fuentes conocedoras de la operación explican que la propuesta de la Generalitat buscará reducir costes alegando que no hay lucro cesante puesto que la concesionaria está en pérdidas desde el primer año de contrato, mientras que las empresas querrán rentabilizar la inversión hecha en el área sanitaria. La negociación se augura complicada.

El hecho de que el presidente de la Generalitat haya elegido Marina Salud no es un capricho, puesto que existen otras tres concesiones sanitarias más que expiran en los próximos años. Puig ha propuesto la recuperación del hospital de Dénia porque ha sido el más problemático y cuya gestión más han criticado y denunciado ha sido los usuarios. 

Aquí puedes repasar todas las tiras de Bernardo Vergara y Manel Fontdevila

Si en los documentales de National Geographic o de David Attenborough en BBC se ocuparan de la corrupción, podrían catalogar las especies estudiadas en tres tipos de políticos en función de sus reacciones al verse obligados a dimitir: el mártir, el inocente y el valiente. De los dos primeros tendrían múltiples imágenes para el montaje del programa.

El mártir es el tipo que se sacrifica con una generosidad inaudita para favorecer intereses más altos. “Me voy para que el ruido de esa jauría no rompa el proyecto de Pedro Sánchez”, dijo Màxim Huerta tras menos de una semana de ministro de Cultura. “Es parte del precio de haber mantenido tolerancia cero contra la corrupción”, alegó Cristina Cifuentes, que se presentó como la víctima después de caer por su máster obtenido de forma fraudulenta. “Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne”, afirmó, supuestamente como servicio al partido.

Es una idea calcada a la que se escuchó a Francisco Camps. “Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno”, anunció en 2011. Camps se había inmolado por Rajoy, por el PP y por España (“para que España sea esa gran nación que los españoles queremos”). El combo completo.

El inocente también se puede detectar con facilidad en la jungla de la política. Es el que no ha hecho nada reprobable, ni por acción ni por omisión. “He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con toda convicción y la conciencia muy tranquila”, argumentó la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón, con otro máster conseguido gracias a los privilegios que concedía la Universidad Rey Juan Carlos. Ella ni siquiera tenía claro dónde se celebraban las clases. Pero dijo que fue honesta.

“En ningún caso yo he recibido ningún regalo”, dijo Pablo Casado sobre otro máster sospechosamente fácil de conseguir. “Hice lo que se me pidió. No me pareció extraño. Si hubo algo que no estaba bien, lo desconozco”. Inocente y también víctima, porque si hubo chanchullos, él no se enteró de nada. Sí recuerda que recibió el título.

La especie menos frecuente

Con numerosos testimonios en las categorías de mártir e inocente, habría que pasar a la tercera, la del valiente, la persona honesta que reconoce que cometió un error o que hubo irregularidades que debería haber detectado. Y que incluso pide disculpas. David Attenborough tendría que hacer mucho trabajo de campo para descubrir imágenes de esa especie en España. Es posible que tuviera que alertarnos y catalogarla como especie en vías de extinción.

En España, muchos piensan que los políticos no dimiten y sólo lo hacen cuando la situación es ya insostenible. Que no asumen la responsabilidad por sus errores. Lo cierto es que las búsquedas en internet en 2012 y 2013 arrojaban múltiples resultados de esa indignación muy presente entre los ciudadanos. El chiste “Dimitir no es un nombre ruso” apareció hasta en una pintada.

A partir de 2014, las cosas comenzaron a ser diferentes. Para empezar, dimitió el rey Juan Carlos. Con los monarcas es otro nivel y se le llama abdicación. Por corrupción, errores políticos graves, responsabilidad en el nombramiento de altos cargos corruptos o derrotas electorales, los políticos renunciaban a sus puestos con una frecuencia desconocida hasta entonces.

Sin embargo, la gente no termina de creérselo. “Sigue instalada la idea de que en España no se dimite cuando se debe y de que hay una resistencia muy alta entre los políticos a asumir la responsabilidad de errores graves”, explica a eldiario.es Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor político y director de la empresa Ideograma. No es porque los ciudadanos no se enteren de las dimisiones, sino por una crisis de confianza que va más allá de la lucha contra la corrupción. La desconfianza general hacia los políticos y sus partidos está detrás de esa actitud. “Estos diez años de crisis económica y social se han llevado por delante la capacidad de la política de ordenar el interés general”, dice Gutiérrez-Rubí. Y eso ha tenido un precio.

Una pérdida de credibilidad

Lo que se llama desafección de forma eufemística es algo mucho más grave. Revela una profunda pérdida de credibilidad de los políticos, porque no están haciendo su trabajo, y eso se torna en ira en los casos de corrupción.

“La desconfianza en la política desgraciadamente está fundamentada”, dice Adela Cortina, catedrática de Ética y autora de numerosos libros sobre la relación entre ética y política. Cortina va más allá del valor de las dimisiones, porque considera que hay una carencia más profunda y de repercusiones más preocupantes: “La responsabilidad política consiste en tratar los problemas fundamentales de la sociedad y encontrar soluciones. Vivimos en lo que llamaría democracias electoralistas, que están perpetuamente en campaña electoral y en las que los políticos se agreden de forma continua y no se ocupan de los problemas de la gente”.

Con respecto a los últimos acontecimientos sobre tesis y másters obtenidos con favores, Cortina ha observado “un juego constante de descalificaciones y agresiones mutuas sin que haya propuestas constructivas”. En su opinión, eso hace que la opinión pública “se pueda sentir desmoralizada, porque cree que está en un país mucho más inmoral de lo que es”.

Cortina no resta importancia a la transgresión de leyes o a conductas corruptas, pero tiene claro que los ciudadanos tienen como prioridad buscar soluciones a los problemas que les afectan, y se refiere en concreto a la lucha contra la pobreza o a ese “precariado insultante” al que están sometidos muchos trabajadores. Las agresiones entre políticos no servirán de nada a la hora de afrontar esos problemas.

Los políticos no hacen su trabajo

José Juan Toharia, catedrático y presidente de Metroscopia, tiene un ejemplo respaldado por muchas encuestas sobre esa frustración popular con los partidos: su incapacidad de pactar, especialmente ahora que no hay partidos en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta. “Con la aparición de nuevos partidos, los sondeos destacan que los ciudadanos hasta en un 66% prefieren un sistema multipartidista a uno bipartidista”. Lo primero exige acuerdos para que haya mayorías que puedan gobernar. La resistencia de los partidos a hacerlo merma su prestigio: “Cuando un partido llega a un acuerdo, preguntas en las encuestas si lo consideran sentido de responsabilidad o traición a las ideas propias, y en torno a un 60% dice lo primero. Sondeo tras sondeo, la gente quiere que los políticos pacten”.

Sobre corrupción y dimisiones, Toharia destaca que el sistema político español tiene carencias en comparación con otros países. “Los políticos se acogen aquí al sofisma de que mientras no haya condena jurídica no hay responsabilidad política. En otros países basta una conducta impropia para exigir la dimisión”. Allí sucede que un error grave no impide que años después esa persona que ha dimitido vuelva a la política, explica Toharia. “En otros países se puede volver, porque no hay una condena eterna. Aquí saben que salir es la muerte definitiva, y por eso se agarran todo lo posible al cargo”.

Hay políticos que renuncian a un cargo, pero no al poder que ostentan. José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria, no porque las empresas de su familia hubieran tenido cuentas en paraísos fiscales, sino por mentir sobre ello. Aún controla buena parte del PP de Canarias. Su poder quedó reflejado en el voto de los delegados de su comunidad en el último congreso del PP. Soria quería que Sáenz de Santamaría fuera derrotada porque la consideraba responsable de haber forzado su caída y por tanto la victoria de Casado fue recibida por él como un triunfo personal.

Cómo te vas es un factor casi tan importante como el hecho de dejar la política. Gutiérrez-Rubí destaca que a veces lo peor son las explicaciones. Hay una forma ética de presentar la dimisión que pasa por reconocer el error. “Lo que ocurre es que los dimisionarios se presentan como víctimas. Si no has hecho nada malo, ¿por qué dimites? Tiene que llevar aparejada una contricción, sobre todo en la política. Has traicionado la confianza de la gente”, argumenta.

Pone como ejemplo a los países anglosajones en los que es frecuente ver pedir disculpas a los que dimiten. “Aquí no me parece que eso ocurra”.

El diputado Odón Elorza fue uno de los pocos socialistas que se atrevió a opinar sobre la dimisión de Montón resaltando lo importante que es saber despedirse. Incidió en algo que los políticos olvidan con frecuencia: “El ejercicio de dimitir tiene un gran valor ético cuando es voluntario y se hace a tiempo. Cuando es forzado por otros te deja muy mal cuerpo y resta confianza al Gobierno y al partido”.

Adela Cortina, que ha trabajado como profesora en el extranjero, también explica que “en países con tradiciones protestantes hay una tendencia a exigir responsabilidades más rápidamente”. Sí aprecia una mejora en nuestro país: “En España eso ha cambiado mucho afortunadamente. Ha habido un aumento de la transparencia. La exigencia ahora está al nivel de otros países europeos”. Con una salvedad. Tiene que haber un límite en el castigo: “La vergüenza pública me resulta desagradable. Todo lo que sean linchamientos públicos me parece más propio de países totalitarios”.

¿Por qué existe en España la idea de que la corrupción sale gratis cuando hay ya ejemplos de tantas dimisiones por ese motivo y otros? “Lo que propicia la sensación de que no se castiga la corrupción es el factor de la lentitud de la justicia”, dice Toharia.

A mucha gente le sorprenderá saber que la justicia británica o la italiana son tan lentas como la española. Sólo los regímenes autoritarios pueden presumir de celeridad, pero no de justicia. Sobre este asunto, Toharia recurre a los sondeos para explicar que la gente cree que los partidos tienen más interés en controlar la justicia que en solucionar los problemas que tenga, como el de la falta de medios: “Piensan que a la justicia se le intenta presionar de forma constante”.

La responsabilidad de los periodistas

Las instituciones deberían tener instrumentos para autovigilarse. Está claro que la universidad no cree necesario contar con ellos. En los casos de expedientes académicos fraudulentos, no se habría producido ninguna dimisión si no hubiera sido por el trabajo de los medios de comunicación. “Cada vez que hay un caso de vigilancia hecha por los medios, eso hace que el listón de la moralidad pública sea más alto”, dice Gutiérrez-Rubí.

Cortina valora como impresionante el trabajo de los medios en muchos aspectos, pero no oculta que le preocupan los efectos de la saturación, en concreto cuando las tertulias televisivas repiten una y otra vez el mismo tema: “Todo ese empecinamiento de hablar hasta la saciedad tiene que ver también con mantener la audiencia. Pediría a los medios que si el tema se judicializa, dejen que sean los tribunales los que lo resuelvan y vuelvan a hablar de los problemas fundamentales de la sociedad”.

Aun así, la exigencia desde los medios, o en algunos casos de algunos medios, de hacer algo al respecto es bien recibida en general. “Los periodistas tienen una credibilidad mucho más alta que los políticos en los sondeos”, explica Toharia. “Son los que dan la alerta cuando algo malo ocurre”. Cuenta que los periodistas están en la mitad de la tabla de las profesiones por su valoración social: “Los políticos salen los últimos, junto a las entidades financieras y los obispos”.

Por impactante que sea, la dimisión no es el final del problema sobre la limpieza de la política. No es la solución si hablamos de problemas estructurales de la sociedad. La realidad es que los políticos no solventarán sus problemas de credibilidad con más dimisiones, aunque eso mantenga muy ocupados a periodistas y jueces. La sociedad aspira a que su voto sirva para solucionar cuestiones gravísimas que castigan a su vida cotidiana, y no están viendo que eso ocurra. El problema de los políticos empieza ahí.

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló “no actuará por ahora motu proprio” ante el posible plagio de la exministra de Sanidad Carmen Montón a la profesora del Departamento de Filosofía y Sociología del campus castellonense Ana Martí, sino que deriva cualquier actuación a la Universidad Rey Juan Carlos.

En un comunicado institucional hecho público este miércoles se asegura también que la profesora comparte la posición oficial de la UJI, se declara al margen de este asunto y no hará declaraciones sobre la cuestión.

Las mismas fuentes consideran que al margen de la “polémica política”, la cuestión constituye un “problema de carácter académico”.

La universidad madrileña ha iniciado ya una investigación interna para dirimir las posibles irregularidades en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género del Instituto de Derecho Público (IDP), que ha sido recientemente clausurado.

Según varias informaciones periodísticas hechas públicas este martes, el trabajo final de máster (TFM) que presentó en su día Carmen Montón podría contener varias páginas copiadas de otros textos académicos.

Entre ellas figura la tesis doctoral de la profesora Martí, “Maternidad y técnicas de reproducción asistida. Un análisis, desde la perspectiva de género, de los conflictos y experiencias de las mujeres usuarias”, defendida en marzo de 2011 y publicada en abierto en el repositorio digital de la Universitat Jaume I.

La UJI entiende que este caso, “al margen de la polémica política, es un problema de carácter académico que la Universidad Rey Juan Carlos sabrá resolver adecuadamente en cuanto finalice la investigación que mantiene abierta ahora mismo”.

Una vez se conozcan los resultados de la investigación, la Jaume I considera que es un tema que se debería abordar en el marco de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para garantizar la calidad del sistema universitario español.

La profesora tampoco denuncia

La profesora presuntamente plagiada seguirá en principio el criterio marcado por la UJI de no denunciar a la exministra, según explica el diario El Mundo. Por otro lado, según se informa desde Levante-EMV Martí se habría enterado el mismo martes del supuesto plagio de Carmen Montón por las informaciones periodísticas, y la profesora añadía que no habían tenido ningún tipo de contacto académico en el pasado.

En la actualidad Ana Martí es directora del Departamento de Filosofía y Sociología de la UJI, donde ha impartido docencia desde 1991. En estudios de Postgrado, imparte actualmente: 'La teoría del sistema sexo/género', 'Herramientas para incorporar la perspectiva de género' y 'Obras de referencia en investigación feminista y de género, en el Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado', y la de 'Indicadores de los planes de igualdad: del diagnóstico a la evaluación', en el curso de postgrado 'Especialista en agente de igualdad'.

Antes de cumplir los 100 días que se les da tradicionalmente a los Gobiernos que llegan al poder, el presidente, Pedro Sánchez, ha tenido que hacer frente a la tercera dimisión en su Gobierno, la segunda dentro del Consejo de Ministras.

El listón que el Ejecutivo se ha fijado ha obligado a Sánchez prescindir de tres altos cargos ante de que se cumpla el período de gracia. Dos de ellos, Máxim Huerta, y Carmen Montón, han tenido que renunciar por prácticas ajenas a su gestión. Su pasado le ha estallado en los periódicos y ha obligado al presidente, que llegó al poder impulsado por una moción de censura tras la sentencia de Gürtel, y que llama a su propio gabinete “Gobierno de la dignidad” a dejar caer a los tres altos cargos. 

El líder socialista admitió que el martes no fue un buen día: “He perdido a una amiga como ministra”, dijo sobre Carmen Montón, a quien trató de aguantar a pesar de las irregularidades sobre su máster y la presión interna para que la dejara caer. 

Montón era una de las principales apuestas ideológicas de Sánchez por su gestión en la Sanidad valenciana, donde revirtió la privatización y recuperó la universalidad de la atención. El presidente estaba determinado a sostener a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; a pesar de las irregularidades destapadas en su título obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos, pero el plagio de 19 páginas en su Trabajo Fin de Máster cambió definitivamente los planes. 

Sánchez se vio obligado entonces a prescindir de Montón tras haberla apoyado horas antes contra el criterio de muchos miembros de su círculo más cercano, que le advertía de que quedarse con la valenciana supondría un desgaste para el Gobierno y dejaba al PSOE sin la baza de la “coherencia” respecto a otros casos, como el de Cristina Cifuentes o el de Pablo Casado, donde el partido había sido implacable en las críticas (en Madrid, incluso registró una moción de censura contra la entonces presidenta regional). 

El presidente no ha esperado y en la primera ocasión que ha tenido en la sesión de control ha recurrido a ese discurso que el día antes los socialistas daban por perdido: “Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. La señora Montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que a otros tanto les cuesta emprender”, dijo respondiendo a la bancada del PP durante la sesión de control al Gobierno. Para entonces Albert Rivera ya había reabierto el debate sobre el “misterio” de la tesis de Sánchez y el PSOE se apresuraba a subir el tono reclamando la dimisión de Casado. 

A Sánchez le costó más desprenderse de Montón, una mujer de partido que había permanecido a su lado cuando 17 miembros de la dirección del PSOE trataron de apartarle, que de Màxim Huerta, el periodista y presentador fichado por el socialista en una de las apuestas más arriesgadas del autodenominado 'Gobierno de la dignidad'.

Aunque en un primer momento, desde Moncloa se trató de defender al responsable de Cultura por su fraude a Hacienda, como sucedió en el caso de Montón, Huerta duró tan solo unas horas. La ministra conservó su cartera durante un día y medio después de que estallara su escándalo.

Sánchez logró reponerse rápido de la caída del responsable de Cultura, que fue uno de los nombramientos que más rechinaron en las filas socialistas. 

Sánchez no salió personalmente en defensa de Huerta en ningún momento ni siquiera se despidió por Twitter para agradecerle los siete días que formó parte de su gabinete. La despedida de Montón ha sido, en comparación, mucho más dolorosa. A la responsable de Sanidad se le rindieron honores.

Los motivos de las dimisiones son distintos, pero también lo son las circunstancias. La de Huerta llegó en el nacimiento de un Gobierno que llegaba en medio de una ola de ilusión mientras que la de Montón se ha producido tras un arranque atropellado de la acción de Gobierno, repleto de rectificaciones, que reconoce la propia Moncloa. 

La cabeza de una directora general

Uno de los tropiezos más sonados fue la autorización del sindicato de trabajadoras sexuales (OTRAS) por parte del Ministerio de Trabajo que levantó en armas a un importante sector del socialismo y que acabó también en una dimisión inducida desde la Moncloa. 

La prostitución es uno de los temas controvertido en los ámbitos feministas. Objeto de debate también en los foros socialistas, en el PSOE se impuso el abolicionismo y el partido ha abrazado esa bandera. Por eso desde Igualdad aseguraban que la autorización de OTRAS no se podía dejar pasar. “Me han metido un gol por la escuadra”, aseguró la ministra Magdalena Valerio. 

A pesar de que Sánchez consideraba que el asunto se había “sobredimensionado”, reconoció a los periodistas que cubrieron la gira latinoamericana que lo abordaría con Valerio: “Tengo que hablar con la ministra de eso. No se quién ha estado inmerso”. Un aviso a navegantes. Después recordó que cuando alguien se integra en un Gobierno lo hace “con todas las consecuencias”. Sánchez aterrizó el sábado por la mañana y el lunes a primera hora en el Gobierno ya daban por hecho la salida de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual. Su dimisión la anunció en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin esperar a que Pascual saliese de su reunión con la ministra. 

Pero no es el único fallo de coordinación que ha obligado al Ejecutivo a rectificar. La decisión de Margarita Robles de paralizar una venta de armamento a Arabia Saudí provocó la primera crisis diplomática de Sánchez y un levantamiento de los trabajadores de Navantia ante el temor de que el reino absolutista cancelara un contrato multimillonario. Moncloa desautorizó a la ministra de Defensa al asegurar que se trataba solo de una “declaración de intenciones”. Finalmente, el Gobierno acabará vendiendo ese armamento a Arabia Saudí, según publicó este viernes El Periódico. 

No fue el primer choque interno. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, intercedió ante Sánchez para que Justicia reconsiderara su negativa a pagar la defensa del juez del procés Pablo Llarena. España pagará finalmente a los abogados del magistrado en Bélgica frente a la demanda que presentó contra él Carles Puigdemont. Unos días después, Sánchez reconocía que había cambiado de opinión respecto al futuro del Valle de los Caídos echando por tierra la propuesta del PSOE de “resignificarlo”. 

A pesar de esos traspiés, el presidente está convencido de que estar en el Gobierno no le desgasta tanto como seguir en la oposición (y sin escaño). Ni siquiera la amenaza de la desaceleración de la economía que hacen prever algunos indicadores parece inquietarlo. “La economía va bien y la política, mejor”, ha respondido en la primera sesión de control al Gobierno tras el parón estival. 

Por mucho que le pese a Arcadi Espada, esto del caso Máster de Carmen Montón poco tiene que ver con el feminismo. Tratar de desprestigiar a la exministra menospreciando el contenido de un Máster que todavía está por ver si cursó, es querer matar dos pájaros de un tiro sin saber usar un fusil. Más allá de obtener los aplausos de fieles y amigos y un poquito de esa popularidad que da el que hablen de uno, aunque sea mal, creo que su buena escritura, sarcasmo y originalidad no aporta mucho a este asunto de la Universidad Rey Juan Carlos, los cargos públicos y los tratos de favor. Pero ahí queda su aportación como parte de ese saludable hábito que es la libertad de expresión, aunque no sea la perspectiva de género lo que esté ahora en cuestión.

Sin embargo, este caso, aunque tenga muy poco que ver con las demandas del movimiento feminista, nos debería interpelar. ¿Por qué? Porque el supuesto trato de favor que parece esconder el máster de Laura Nuño hacia la ministra Montón, de ser así, es una mala noticia. Si no queremos escandaleras, hagámoslo en la intimidad, pero nos toca reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre esas alianzas que se pueden llegar a construir entre nosotras cuando ocupamos posiciones y lugares donde somos parte o tenemos acceso a ‘el poder’. Preguntarnos por qué, para qué y, lo más importante, para quién construimos estas relaciones con otras mujeres feministas no está de más cuando, más allá de los hechos, puede estar el cohecho, ese delito que tanto se aleja de la sororidad.

Construir relaciones, aunque sea entre mujeres, en base a afinidades ideológicas, intereses partidarios y tratos de favor no puede llamarse sororidad. De hecho, esa manera de actuar se aleja mucho de ese feminismo que debe ser interseccional y que lucha contra quienes jerarquizan, engañan y acaparan poder, contra quienes actúan pasando por alto que la igualdad y la universalidad de los derechos no admite excepciones, por mucho que creamos que nuestra causa lo merece o que nosotras lo valemos. Es más, la sororidad, esa de la que habla Marcela Lagarde, tiene más que ver con las diferencias entre nosotras que con nuestras semejanzas. La sororidad es poder debatir sobre lo que nos separa y superar el patrón patriarcal de la enemistad entre mujeres. Es trabajar por ese cambio de sociedad que solo es posible si queda claro que las mujeres somos diversas y diferentes, que no todas pensamos igual, aunque nuestra lucha sea la igualdad. Esa sororidad es la que desmontará los cimientos del sistema patriarcal, pero nunca se podrá tejer si nosotras construimos redes clientelares que premien los tratos de favor e instrumentalizan un movimiento que no es de nadie y es de todas.

Si se confirmarse que el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género de Laura Nuño era un brazo más de esa máquina de hacer contactos y malversar dinero que era el instituto de Álvarez Conde, para mí no es la intachable trayectoria política de Carmen Montón lo que estaría en cuestión. Para mí, como feminista de esto sacaría una lección a aprender: que una mujer feminista comprometida con la igualdad también se puede embriagar con el poder, y al hacerlo se olvida que la lucha de las mujeres es por un mundo justo y libertario donde la responsabilidad ética está por encima de la ambición personal.

Si todo esto se confirma no está de más que aprovechar y hacérnoslo mirar. E incluso aprovechar para revisar alguno de los últimos debates que estamos afrontando y que tenemos que resolver, no vaya a ser que no lo estemos haciendo desde la sororidad, sino desde el binomio enemistad/amistad.

La dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón por las irregularidades de su máster ha trasladado la presión al presidente del Partido Popular. Desde primera hora de este miércoles, los portavoces del PP han intentado remarcar las diferencias entre la ya exministra y Pablo Casado. El principal argumento que esgrimen los conservadores es que ambos casos “no son iguales” porque el presidente del PP no plagió sus trabajos.

“Lo que se está poniendo en cuestión sobre el máster del señor Casado no son sus trabajos ni si ha habido falsificaciones”, aseguró el vicesecretario del PP Javier Maroto en la Cadena Ser, donde volvió a defender que “Casado es una víctima” y que no tiene por qué enseñar sus trabajos, que aún oculta. Sin embargo, sí hay plagios en el currículum del presidente del PP.

Tal y como ya publicó en exclusiva eldiario.es a finales de julio, Pablo Casado plagió páginas enteras para un capítulo de un libro que publicó en 2012 el Ministerio de Exteriores. El hoy presidente del PP copió y pegó párrafos completos de la web del Congreso de los Diputados. El capítulo de Casado en ese libro se titula ‘La democracia parlamentaria“ y está prologado por el exministro José Manuel Soria, dimitido por ocultar sus empresas en paraísos fiscales. El libro está editado por Exteriores en la Colección de Escuela Diplomática, y se titula ‘Retos de nuestra acción exterior: diplomacia pública y marca España’.

El corta-pega de Casado es sistemático. Cuatro de las nueve páginas recogen párrafos completamente plagiados. Y en ningún momento se cita o se entrecomilla la procedencia original de los textos: varias páginas divulgativas dentro de la web del Congreso sobre la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el Consejo de Europa o la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Párrafos completamente calcados se intercalan con otros que incluyen ligeras modificaciones, pero todos ellos siguen exactamente el mismo patrón y estructura que la web del Congreso de los Diputados. 

La explicación que aportó ante este plagio el Partido Popular es que Pablo Casado no necesitaba citar porque la web del Congreso no está firmada. “Se trata de información institucional y pública que en el propia web aparece sin autor”, sostuvieron a eldiario.es desde el entorno del presidente del PP. Sin embargo, esos textos sí tienen autores: funcionarios del Congreso de los Diputados que elaboran y actualizan los materiales de la web. Así lo confirmaron a eldiario.es fuentes de la Cámara que explican que estos textos se publican tras una revisión del letrado director de las Cortes. El contenido recogido en su web está protegido bajo una licencia de Creative Commons que implica que cualquier persona pueda utilizarlo con la condición de citar la fuente. Los textos se publicaron en esta web cinco años antes de que Casado publicase su artículo. 

El líder conservador está pendiente de una posible imputación por parte del Tribunal Supremo después de que una investigación judicial, iniciada a consecuencia del trabajo periodístico de eldiario.es, demostrara que había recibido un título de máster sin cumplir los requisitos pertinentes en el Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde en la URJC, el mismo centro donde obtuvieron sus títulos de máster fraudulentos la imputada Cristina Cifuentes y la dimitida Carmen Montón. Álvarez Conde sigue imputado por los delitos de falsedad documental y prevaricación. En las declaraciones ante el juez, varios de los investigados le han señalado como el responsable de esas prácticas.

Tal y como explicó en su escrito al Supremo la juez que investigó su máster, Casado, igual que Cifuentes y otros alumnos VIP, recibió un claro trato de favor respecto al resto de los compañeros de promoción. No fue a clase. No elaboró ningún trabajo de fin de máster. Convalidó la inmensa mayoría de las asignaturas a través de una vía que solo se ofreció a los alumnos “escogidos” por Álvarez Conde, como los llama la juez. Sacó el máster con sobresalientes solo con cuatro trabajos cuyo contenido no ha querido enseñar. Otra alumna, imputada por el mismo máster y con las mismas convalidaciones y sobresalientes sin ir a clase que Casado, ya ha confesado ante la juez que le regalaron el máster sin realmente cursarlo ni hacer ningún trabajo a cambio.

Pese a las irregularidades en su expediente y sus plagios previos, Pablo Casado sigue negándose a difundir sus trabajos en el máster de la URJC. Solo ha enseñado las carátulas de los mismos y no hay ninguna evidencia de que los realizara en el año en el que cursó ese título.

En un primer momento, en rueda de prensa, Casado aseguró que había recuperado esos trabajos porque los guardaba en un viejo ordenador portátil que conservaba pero, después de que la jueza que investiga el máster pidiese al Supremo que ordenase un peritaje informático de ese viejo portátil, desde el PP han afirmado que ven “difícil” que ese ordenador aparezca.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de España abrirá “una reflexión” sobre los mecanismos de control en las universidades a raíz de las irregularidades detectadas en los últimos meses en los másteres cursados por varios dirigentes políticos y que han supuesto, por el momento, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), y de la ministra de Sanidad, Carmen Montón (PSOE).

“Por supuesto es uno de los temas que pondremos sobre la mesa”, ha manifestado el ministro a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado al Instituto de Hidráulica de Cantabria (IHC) acompañado por el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, y el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, entre otros.

Al respecto, Pedro Duque ha dejado claro que esa revisión sobre los sistemas de inspección ha de ser “con el consenso de todos los actores y respetando la autonomía de las comunidades autónomas y de las universidades”. “Es una reflexión que se va a hacer seguro”, ha insistido.

No obstante, el ministro también ha salido en defensa de la “calidad” de la enseñanza de la universidad española y ha recordado que “todos los másteres están calificados con gran esfuerzo tanto por agencias regionales como nacional”. En este sentido, ha hecho un llamamiento para no desprestigiar de forma generalizada a estas instituciones educativas.

Cuestionado por el arranque del nuevo Gobierno, con la dimisión de dos ministros en cien días, Duque ha respondido que “da mucho miedo que a uno le miren hasta lo que hizo durante su infancia” y ha asegurado que “resulta muy difícil estar en este tipo de tareas” de gestión con tanta exposición pública. “En estos tiempos no sabes qué es lo que va a pasar”, ha manifestado mirando fijamente a Revilla, al que parecía pedir que le echara un cable para salir del atolladero.

Finalmente, en torno a las acusaciones que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho en torno al doctorado de Pedro Sánchez, el ministro ha asegurado “no entender” porqué se han sembrado las dudas sobre su trabajo. “En cada universidad, todas las tesis doctorales, incluida la del presidente, están abiertas a la consulta pública. Hace cuatro o cinco años que ya han ido a la universidad, la han leído, han dicho lo que han visto e incluso la han pesado... No veo cuál es el problema”, ha zanjado.

Pedro Duque ha hecho estas declaraciones pese a que inicialmente se había negado a hacer cualquier tipo de valoración sobre la dimisión de su ya excompañera Carmen Montón como consecuencia de las irregularidades en su máster desveladas por eldiario.es. El ministro está este miércoles en Cantabria, donde además de visitar el Instituto de Hidráulica clausurará los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que está “muy tranquilo” porque su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no tiene “nada que ver” con el caso de la ya exministra Carmen Montón, que presentó anoche su dimisión por la polémica que ha rodeado a su máster en la misma universidad. Y ha hecho hincapié en que ya mostró sus cuatro trabajos en abril ante 60 periodistas y ha evitado responder si los entregará. Fuentes del partido han señalado después que no se plantean en este momento enseñar el contenido de esos trabajos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Casado ha desvinculado su caso del de la exministra recordando unas palabras de la propia Montón cuando en su primera comparecencia pública afirmó que no todos son “iguales” (en alusión al PP) y negó irregularidades en su máster. El mismo argumento que sostienen otros cargos del partido: “El asunto de Pablo Casado es un asunto completamente distinto”, ha dicho también este miércoles Javier Maroto.

“Escuché a la ministra decir que no todos los casos son iguales y, en efecto, en este caso hubo una supuesta falsedad de documento público y del propio registro de las notas que probablemente ha hecho que haya precipitado su dimisión”, ha manifestado. Maroto ha aclarado que las diferencias están en que “lo que está en cuestión [en el caso de Casado] es si las convalidaciones se han hecho por ser él o era un criterio general en la universidad”.

Casado ha asegurado que es el Ejecutivo del PSOE el que tiene que ofrecer explicaciones acerca de por qué ha dimitido Montón “como hoy ha hecho el presidente del Gobierno”. Eso sí, ha señalado que había “muchos más motivos” para pedirle explicaciones por su “gestión” al frente de Sanidad.

¿Dimitirá si el Supremo le imputa?

Al ser preguntado si se planteará dimitir en caso de que sea imputado por el Tribunal Supremo --que decidirá en las próximas semanas si le cita como investigado por su máster--, el líder del PP ha afirmado que está “muy tranquilo” porque lleva “cinco meses dando explicaciones”.

Dicho esto, ha señalado que su máster “nada tiene que ver” con el asunto que ha afectado a Montón. “Yo sí hice todo a través de Secretaría, guardé toda la documentación y además, apenas 10 horas después de conocer por la noche la información de ese curso de doctorado, hasta 60 compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas”, ha declarado.

En abril, en un encuentro con los periodistas en la sede del PP, Casado exhibió cuatro trabajos para demostrar la legalidad de su máster pero los medios de comunicación no pudieron acceder a su contenido. Además, explicó entonces que su máster en el 2008 --en el que le convalidaron 18 de 22 asignaturas-- se regía por la legislación antes del plan Bolonia y, en ese marco, no era necesario presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM).

Casado ha señalado que aunque ha “oído alguna vez” decir que solo se “enseñaron las carátulas”, ha recalcado que los periodistas que acudieron a ese briefing hasta le preguntaron “por la biografía, el número de páginas, las sentencias que citaba e incluso la época en la que lo hacía”.

“Llevo cinco meses dando explicaciones”

El líder del PP ha recordado después que a primeros de agosto --cuando se conoció que la jueza había enviado una exposición razonada al Supremo para que decida si le imputa o no-- “retrasó” un viaje a Colombia para comparecer de nuevo ante la prensa. “Llevo cinco meses dando explicaciones”, ha abundado, para insistir en su tranquilidad porque no ha “cambiado en absoluto” lo que dijo desde el principio.

“Yo era un alumno más, no conocía los que realizaban ese curso del doctorado y creo que ésta es una diferencia también con el caso de ayer, en el que hubo correos electrónicos y una relación personal”, ha indicado, para añadir además que su máster “no era habilitante finalista” sino un “curso de doctorado” con “otra normativa” en el que “los trabajos aportados no son públicos”. “Yo al final no escribí la tesis y no son tampoco un mérito académico”, ha apostillado.

Casado ha dicho que entiende que es “muy difícil” explicar a los alumnos que están haciendo un máster que él pagase solo 600 euros para un curso que “se superaba con cuatro asignaturas y el resto convalidadas”, pero antes de Bolonia, eso “es lo que se hacía”.

“Por tanto, hacer analogías con otros casos en los que ha habido supuestamente falsedad documental, modificación de intranet oficial en la universidad y convalidaciones del propio Instituto Público, en mi caso eran del propio rectorado.... Y sobre todo creo que después de cinco meses de explicaciones, permítanme que diga que el PP está en lo importante”, ha proclamado, aludiendo a lo que está ocurriendo en Cataluña o la “desaceleración económica”. “Creo que España no está para seguir hablando de un curso de doctorado de hace 10 años”, ha asegurado.

Preguntado expresamente si va a entregar el ordenador en el que están sus trabajos de máster, el líder del PP se ha limitado a decir que le preguntaron por ese asunto en Colombia el pasado agosto y ya respondió. Preguntado de nuevo si enseñará esos trabajos, no se ha pronunciado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este miércoles de que, tras la dimisión de la ministra Carmen Montón, “la pelota está en el tejado de Pablo Casado”. Además, ha instado al líder del Partido Popular a mostrar todos los trabajos relacionados con su máster para certificar su regularidad.

“Enseñar la tesis de fin de máster es decir 'Viva el rey'”, ha ironizado Iglesias en declaraciones en los pasillos del Congreso en alusión a la proclama monárquica que lanzó Casado en un discurso el pasado sábado.

A preguntas de los periodistas, el dirigente de la formación morada ha señalado que el presidente del PP debería mostrar los trabajos de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la misma donde Montón cursó los estudios que ayer le costaron la dimisión.

Tras la decisión de Montón, Iglesias habló ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le expresó su pesar por que “una de las ministras que había mostrado más compromiso con lo público tuviera que dimitir”. En su opinión, la dimisión era una exigencia porque “otro máster que parece fraudulento” no es “aceptable para la dignidad de la universidad pública española” ni tampoco “una tesis copiada”.

“Tiene la posibilidad de dimitir por indicios similares”

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha asegurado que tras la dimisión de Montón, Casado tiene la oportunidad de dimitir por los “indicios similares” de ambos casos. En una entrevista en TVE, Colau ha señalado que es “el turno de Casado”.

“Hay una exigencia de la ciudadanía de que haya transparencia y cuando no se da y, después de que venimos de un Gobierno del PP donde ha habido varios casos en relación con estos títulos, el PSOE tuvo esa exigencia para pedir dimisiones y lo lógico es predicar con el ejemplo”, ha subrayado la alcaldesa.

La marcha de Montón ha puesto en relieve el caso del dirigente popular que se vio envuelto en una presuntas irregularidades por la obtención de su máster en Derecho Autonómico también en la URJC cuando era presidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad de Madrid y diputado de la Asamblea regional. Actualmente se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si procede ser investigado.

Para Colau, la marcha de Montón se ha producido “mucho más rápido” que otros casos del PP por casos que ha definido como “similares o peores” como el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se vio envuelta también en una polémica por la obtención de su máster lo que provocó, junto a la publicación de un vídeo en el que se la puede ver robando unas cremas en un supermercado, su dimisión como líder regional.

ERC recomienda a Casado que se “mire en el espejo”

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha recomendado al presidente del PP, Pablo Casado, que se “mire en el espejo” y se pregunte qué tiene que hacer él tras la dimisión de Montón, habida cuenta de que también hay dudas sobre su máster.

“La actitud de Montón debería comportar algún movimiento en el PP”, ha comentado Tardà en los pasillos del Congreso, tras elogiar la decisión de la ministra que, a su juicio, ha hecho “lo que tenía que hacer”.

Desde su punto de vista, ahora Casado, “debería actuar en consecuencia” porque “no vale pedir a los demás una forma de actuación y un rigor procedimental” que no te aplicas a ti mismo, si “hablar de la honestidad solo de los otros”. “Que se mire al espejo y se pregunte: ¿Qué tengo que hacer para hacer más creíble el discurso de mi partido?”, le ha aconsejado.