La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado su petición de absolución para los tres acusados en el primer juicio por el presunto acoso a la doctora Elisa Pinto que ha concluido este martes en la Audiencia Nacional. El fiscal, Jorge Andújar, ha expresado en su informe final que las anotaciones en la agenda del comisario Villarejo “no desprenden la energía probatoria suficiente” para que se hubiera celebrado el juicio y nunca para una sentencia condenatoria al policía jubilado, su socio Rafael Redondo y el empresario acusado de contratarle, Javier López Madrid.

Contra los tres, la acusación popular –que ejerce la abogada de Pinto– solicita una condena por cohecho activo (pagar) en el caso de López Madrid (6 años de cárcel) y de cohecho pasivo (recibir la dádiva) para Villarejo (6 años) y Rafael Redondo (4 años). El fiscal ha dicho que las anotaciones en la bitácora del policía, entre ellas en la que escribe “10 a cuenta” en una anotación sobre López Madrid, no están respaldadas por ningún otro hecho de la investigación, como sí ocurre en otras piezas de la macrocausa que lleva el nombre de la Policía y que responden a otros encargos de particulares recibidos cuando estaba en activo. “Son una serie de anotaciones de agenda que han de ser valoradas como elementos aislados”, ha trasladado Andújar.

El representante del Ministerio Público ha concluido que durante la vista no ha quedado “acreditado el pago, la dádiva” y que ha ocurrido lo mismo con la existencia de “un contrato o una hoja de encargo”, como ocurre en otros dosieres elaborados por el comisario desde su agencia de detectives.

La postura contraria ha sido defendida por la letrada Ana Blanco, que ejerce la acusación popular después de que la Sala de Apelación transformase la situación de Elisa Pinto a esa desde la de acusación particular que ejerció durante la instrucción. Blanco ha defendido la consistencia de las notas elaboradas por el Policía, e incautadas durante su detención en noviembre de 2017, en las que informa del caso de acoso y recoge que a “K”, por López Madrid, la letra que utilizaba para referirse a sus clientes, hay que llamarle desde el número “operativo”, el terminal de la Dirección General de la Policía que tenía Villarejo.

Frente a esto, el abogado defensor de Javier López Madrid, el letrado Álvaro Remón ha defendido que “no hay una sola anotación [en la causa]” que aluda a un solo cometido del señor Villarejo para el señor López Madrid“. En cualquier caso, ha explicado Remón, López Madrid nunca supo que Villarejo era policía cuando se lo presentó un amigo común, el presidente de Societe Generale, Donato González, quien se refirió a él como un ”ex comisario“.

Tampoco hubo, ha añadido el abogado de la defensa, “ignorancia debida”, ya que López Madrid conoció a Villarejo en su oficina de Torre Picasso, en el corazón financiero de Madrid, y así era difícil que dedujera que era un policía en activo si nadie se lo dijo. “Lo que hace el señor Villarejo es anotar lo que el señor López Madrid le va contando: llamadas, llamadas, llamadas…”, ha asegurado el abogado sobre la supuesta inexistencia de un servicio del policía para el empresario.

La acusación popular y las defensas han presentado una interpretación opuesta de lo que significa la grabación incautada a Villarejo y registrada en enero de 2017, cuatro años después de la presunta contratación y cuando el comisario ya se ha jubilado. “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”, recoge el audio.

Para la acusación es una prueba clara de que uno y otro mantuvieron una relación de encargo, pero para las defensas es la alusión a “daños y perjuicios” lo que descarta que el comisario hubiera trabajado para el empreario. “Daños y perjuicios no se piden a quien se ha firmado con él un contrato”, ha dicho el abogado de López Madrid. La misma interpretación ha compartido el abogado de Villarejo: “No hubo ningún pago y lo que hubo fue un problema para el señor Villarejo”.

El letrado del policía, Antonio García Cabrera, ha acusado a la abogada de Pinto de realizar “una interpretación subjetiva de toda la prueba practicada erigiéndose en una mente pensante que valoraba lo que al parecer el señor Villarejo escribía”. Ha defendido que el policía registraba sus encargos en la agencia de detectives “con transferencia bancaria y su correspondiente factura”, a diferencia de lo que ocurre con el trabajo para López Madrid.

El abogado de Rafael Redondo ha defendido que su cliente está acusado por haber acompañado a López Madrid a la consulta de la doctora Pinto “y decir tres frases”.

Hace una década Javier López Madrid y el comisario Villarejo estuvieron cerca de librarse del juicio por el acoso y agresión a la doctora Elisa Pinto que se celebrará el próximo febrero. Una jueza archivó la causa contra ellos con un informe policial que daba la vuelta al caso. La culpable, según la Policía, era la mujer. Hasta que en 2018, la Audiencia de Madrid se percató de las maniobras para forzar aquella conclusión y ordenó reabrir el caso contra el empresario y el comisario. Los máximos responsables policiales de aquella actuación han declarado como testigos esta semana en el primero de los dos juicios contra López Madrid y Villarejo. Son un matrimonio de policías. Ella ha admitido que fue su marido, el comisario descubierto arropando a López Madrid y filtrándole los avances del caso, quien le ordenó confeccionar el informe que describía a Pinto como una mujer obsesionada con el yerno de Villar Mir.

En mayo de 2015, la doctora Pinto había reconocido a Villarejo entre una decena de fotografías de hombres similares como el que la había pinchado en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo no era un policía cualquiera. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz había salido a defender en público su trayectoria tras aflorar los oscuros negocios del comisario, entonces en activo. Pieza fundamental de la brigada política, la cúpula de la Policía se movilizó para que Villarejo no fuera imputado en el caso de acoso a Elisa Pinto. 

En ese contexto, el entonces inspector jefe Alberto Carba recibió el encargo de rehacer la investigación desde el principio. La doctora estaba imputada en un juzgado de Madrid como consecuencia de la denuncia de López Madrid. El policía arrancó sus pesquisas basándose en los indicios contra ella y despreciando los que había contra el empresario en otro juzgado. En julio tendría listo un informe que responsabilizaba a la mujer del acoso y que, en consecuencia, exculpaba a López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo Pérez. 

Alberto Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid. La investigación de cualquier delito grave o especializado, diferente del terrorismo, depende de él. En el momento de su participación en el caso de acoso era jefe de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía a nivel nacional.

El atestado policial de Carba recogía afirmaciones contrarias a las evidencias sobre algunos comportamientos de las víctimas en una situación de hostigamiento. Carba decía que es incompatible el acoso y que la víctima continuara con el trato con el agresor. “A juicio de esta Sección de Secuestros y Extorsiones no es habitual estos contactos en un contexto de temor sino más bien lo contrario, se prefiere la lejanía por su seguridad”, escribió el hoy comisario. La doctora explicó en el juicio que tenía miedo del poder de Javier López Madrid y del daño que le pudiera hacer a su vida personal y carrera profesional y que por eso no se atrevía a cortar la comunicación con él. 

Durante el acoso, la doctora ingresó un millón de euros en un fondo de inversión en el que participaba López Madrid. Carba escribió: “A juicio particular de esta Sección cualquier denunciante por hechos tan graves como ser víctima de dos apuñalamientos y de una campaña de mensajes amenazadores, de poder permitírselo, contrataría a personal de seguridad privado pero jamás invertiría dinero en la empresa que dirige quien despierta sus sospechas”.

El cuestionado 'Minority Report' de la Policía

Su informe llevaba adjunto otro confeccionado por el Servicio de Análisis de la Conducta, una estructura policial creada en 2011 e inspirada en las que tienen el FBI y Scotland Yard. Este servicio elabora hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal. A él pertenece la mujer de Carba. Fue él quien encargó al Servicio de Conducta participar en su investigación, según han reconocido esta semana ante el tribunal. 

Fue la propia policía quien aseguró el miércoles ante el tribunal que la Sección de Secuestros y Extorsiones les encargó el informe de conducta de Pinto. La abogada de la dermatóloga le preguntó: “El inspector que estaba dirigiendo la investigación, ¿es su esposo o era entonces su pareja de hecho?”. La policía le corrigió: “Inspector jefe y es mi esposo, lo era entonces y en este momento lo es”. Una vez ofrecida la respuesta, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, intervino para aclarar que la testigo no deponía para aclarar sus circunstancias personales. “Gracias, señoría”, se apresuró a decir la policía del Servicio de Conducta.

En 2015, la esposa de Carba extrajo unos cuantos mensajes recibidos por López Madrid en su teléfono y mostró como “conclusiones” una lista de conjeturas acerca de que la autora tenía que ser una mujer “con un sentimiento de despecho” y que, por tanto, se trataba de “una persona muy cerca a Elisa Pinto o incluso la propia Elisa Pinto”. La agente ha asesorado a al menos una autora de novelas policiacas.

En los mensajes del móvil de Javier López Madrid aparecían algunos con amenazas como los siguientes: “Si quieres te damos nombres de más amigos tuyos que nos van a dar juego” o “Picha brava sin escrúpulos”. Del análisis del contenido de los mensajes, la Sección de Conducta de la Policía especulaba: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.

Los informes policiales de Carba y su esposa provocaron el inmediato archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Pero en 2018, el recurso de la defensa de la doctora fue resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Villarejo y López Madrid volvían a estar imputados y ya veían el camino del banquillo. Otra sección de esa misma instancia judicial pediría después explicaciones a la Policía por las conjeturas y especulaciones contenidas en sus informes. 

Para empezar, los jueces querían saber quién había elaborado el informe del Servicio de Conducta. Carba lo había entregado como un anexo a su informe, por lo que no se identificaba a su esposa ni al otro funcionario que lo escribió. Pero la Policía tuvo que identificar posteriormente a los dos policías que lo elaboraron por orden del juzgado. Uno de ellos resultó ser la policía con carnet profesional 125.756, la esposa de Carba. La retransmisión del juicio en Youtube autorizada por el tribunal mostró a Carba declarando de espaldas. A quien sí se pudo observar frente al tribunal, también como testigo, fue a su mujer. La policía 125.756 sigue destinada en el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía. 

En diciembre de 2018, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid cuestionaba la capacitación de los policías de ese impactante servicio policial al que algunos medios habían bautizado como el ‘Minority Report’ español, en alusión a la película protagonizada por Tom Cruise en el que una unidad policial anticipa los crímenes antes de que se cometan. 

Los jueces decían en su auto: “No se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan”. La Audiencia Provincial ordenaba a la Policía que aclarase a qué se dedicaban los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identificara al funcionario que adoptó tal decisión.

Cuatro años después, en 2022, otros magistrados, los mismos que habían obligado a reabrir la causa contra López Madrid y Villarejo, se empleaban en términos similares al hablar de la actuación policial. Resolvían los recursos contra el procesamiento que presentaron el empresario y el policía y dejaban por escrito que los informes de Carba y su mujer tenían una “fiabilidad empañada”. 

Último intento de soborno

La postración de un grupo de mandos policiales ante el poderoso empresario Javier López Madrid ha atravesado el caso de presunto acoso a la doctora Pinto, desde antes de que arrancase en 2013 y hasta prácticamente hoy. Está pendiente que un juzgado de Madrid decida sobre la denuncia presentada por el comisario que se atrevió a investigar la implicación de Villarejo después de que otro policía jubilado le haya hecho llegar recientemente una oferta económica para que influyera en la doctora Pinto, esta retirara su acusación y el juicio por el acoso y agresión de febrero no llegara a celebrarse. El autor de la oferta, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, dice en una grabación publicada por elDiario.es que actúa por orden de López Madrid. 

Uno de esos mandos policiales que tuvo una polémica relación con el empresario fue Alberto Carba. La UCO de Guardia Civil detuvo en abril de 2017 a López Madrid por un asunto muy diferente, su implicación en el caso de corrupción del PP madrileño denominado ‘Lezo’, por el que el empresario aún debe sentarse en el banquillo. Los guardias se incautaron del teléfono de López Madrid que volvió a ser una caja llena de sorpresas. Mientras Carba investigaba el caso de acoso, el inspector jefe escribía a López Madrid: “Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. 

En el momento de aquella publicación, Carba no quiso ofrecer su versión a este medio. Ante el tribunal que está juzgando por cohecho a López Madrid y Villarejo, el policía aseguró el miércoles pasado que estaba aplicando el Estatuto de la Víctima al empresario y que, en el momento en que se produjo ese intercambio, López Madrid estaba muy nervioso informándole de que se iba a suicidar. “Eran las tres de la tarde, López Madrid me llamó gritando y llorando. Me estoy subiendo a la azotea de mi edificio y me voy a tirar. Como negociador de la policía que era intenté calmarle”, relató ante el tribunal el comisario Carba. 

El comisario aprovechó para expresar su malestar por lo que considera una mala interpretación de la afirmación “este partido lo vamos a ganar”. “Significa ‘mantenga la fe en la justicia y en la investigación que estamos haciendo’ porque temía que se fuera a suicidar. Era una obligación moral”, añadió.

Pese a que los tribunales han enviado a López Madrid y a Villarejo al banquillo porque consideran, indiciariamente, que las conclusiones culpando a la señora Pinto son, cuando menos, erróneas, el policía insistió ante ellas esta semana en la Audiencia Nacional. López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por coacciones, amenazas y agresión. La jueza que investigó a Elisa Pinto archivó las actuaciones contra ella. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión en marzo de 2024.

La doctora Elisa Pinto declara este lunes como testigo en el juicio por cohecho que se sigue contra Javier López Madrid y el comisario José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional. La abogada de la mujer, que ejerce la acusación popular, ha pedido que Villarejo abandone durante su declaración el estrado donde se sitúan los abogados de la defensa cuando llegue el turno de comparecer de Pinto, pero el tribunal ha rechazado esa posibilidad. Villarejo será juzgado, junto a López Madrid, en febrero acusado de pinchar en un costado con un arma blanca a la doctora hace 12 años mientras le decía, en presencia de su hijo, “López Madrid quiere que cierres la boca”.

El tribunal que preside Teresa Palacios ha argumentado que el Estatuto de la Víctima no ampara la petición de Elisa Pinto. Los actos de acoso y la agresión serán objeto del juicio que se celebre en un Juzgado de lo Penal de Madrid, pero en la Audiencia Nacional solo se juzga la contratación de Villarejo para acosar y agredir a la mujer por parte del empresario cuando el primero era un funcionario público, destinado en el corazón de la seguridad del Estado.

La jueza Palacios ha dicho que Villarejo, que está colegiado como abogado y se sienta junto a su letrado vestido con toga, podría voluntariamente abandonar el estrado y colocarse en otro lugar más alejado. El comisario ha rechazado esa posibilidad y ha dicho que la petición de la abogada de Pinto es parte del “show” de la dermatóloga. Villarejo, al ser acusado, no podrá formular preguntas.

Está previsto que durante esta jornada declare Pinto y un grupo de policias que ayudaron a López Madrid durante el conflicto personal que mantenía con la médico. También está convocado el gurú informático de la Púnica, Alejandro de Pedro, a quien también recurrió López Madrid en su presunto acoso a la doctora, según constan mensajes incorporados a la causa.

El principal investigador policial del caso Villarejo ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que el comisario se refería a Javier López Madrid como “cliente” en documentos incautados al policía durante su detención en noviembre de 2017. El inspector jefe de Asuntos Internos ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos efectuados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público y también diferencias, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo.

El inspector jefe Gonzalo Fraga ha declarado durante la segunda sesión del juicio a López Madrid, Villarejo y un socio de este, Rafael Redondo, que responden del delito de cohecho por la contratación del comisario por parte del empresario en el conflicto personal que mantenía con la doctora Elisa Pinto. La acusación popular solicita seis años para el empresario y el policía jubilado y cuatro para Redondo.

Fraga comparecía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no presenta acusación porque considera que no hay prueba del encargo. El fiscal, Jorge Andújar, ha preguntado al inspector jefe de Asuntos Internos si el supuesto encargo a Villarejo por parte de López Madrid respondía al “patrón común” de otros trabajos que realizó ilegalmente el comisario. El policía ha respondido que había “elementos, documentos” que coinciden, pero que faltan otros como los de presupuestos o acerca de los medios empleados para satisfacer el encargo que no han sido localizados por la Policía. Tampoco el “informe tipo” que elaboraba Villarejo al principio de su trabajo.

Sin embargo, ha admitido Fraga, se han encontrado “bastantes anotaciones” en relación con los hechos que se juzgan. Entre ellas ha destacado una anotación del 4 de septiembre de 2013, al día siguiente de que conste la primera reunión entre López Madrid y Villarejo, en el que este último escribe “10 a cuenta”. “Es la anotación más significativa”, ha declarado el inspector jefe a preguntas del fiscal Andújar.

A preguntas de la abogada de Pinto, que ejerce la acusación popular, el policía ha respondido afirmativamente a la pregunta de si Villarejo utilizaba la letra “K” para referirse en sus documentos a los clientes, lo que ocurre también con López Madrid. No se encontró el documento habitual de presupuesto donde se reflejaba esa cantidad “a cuenta”.

Juicio por la contratación

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El empresario Javier López Madrid ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber contratado al comisario José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto cuando el policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado. López Madrid ha defendido ante el tribunal que acudió a Villarejo porque así se lo recomendó un amigo común mientras vivía un estado de “zozobra”, producido por las 1.500 llamadas amenazantes que recibieron él y su entorno, y de las que ha responsabilizado a la dermatóloga. También ha dicho que su amigo le presentó a Villarejo como un “ex policía” y, en ese momento, “detective”.

López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de seis años de cárcel, y un socio del policía a cuatro, por el presunto encargo mientras el comisario estaba en activo. Se trataría de un delito de cohecho activo en el caso de López Madrid y de cohecho pasivo en el del funcionario policial. “El señor Villarejo nunca me pidió dinero. Nunca le ofrecí dinero. Nunca hablamos de dinero. A mí nunca me pidió un dinero a cuenta ni yo por supuesto se lo entregué”, ha declarado Javier López Madrid en la primera sesión del juicio.

En las fechas del contacto entre el comisario y el empresario, en 2013, constan 130 llamadas de López Madrid al policía y 60 en el sentido contrario. Sin embargo, López Madrid ha declarado que acudió al que él creía que era “un detective” como hizo con otra “mucha gente”, que le quisiera “escuchar” por la situación “tan dramática” que vivía con llamadas constantes de amenaza que se extendían a su mujer, sus hijos, sus amigos y las mujeres de estos. “Llegué a pensar en quitarme la vida”, ha afirmado.

El empresario ha culpado en todo momento a Elisa Pinto de las llamadas de amenaza pese a que la causa contra ella se archivó en un juzgado de Madrid tras ser investigada durante años. Otro juzgado, el que investigaba a López Madrid por el acoso, envió el caso a juicio y este se celebrará el próximo mes de febrero. Villarejo y López Madrid se enfrentan en ese segundo juicio a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por acoso, coacciones y agresión con arma blanca.

En el presente juicio, que celebra la Audiencia Nacional solo se juzga el cohecho, esto es, la contratación prohibida a un funcionario público, el comisario Villarejo. López Madrid ha relatado que la única ayuda que recibió del policía fue que le escuchó y que le recomendó denunciar, poniéndole en contacto con otros policías. “El señor Villarejo me mandó a denunciar y me dijo que le dejara en paz”, ha afirmado.

“No supe que era policía hasta cuatro años después”

La abogada de la doctora Pinto, Ana Blanco Vázquez de Prada, ejerce aquí la acusación popular porque la Fiscalía no aprecia indicios del pago y no presenta acusación. Blanco ha preguntado a López Madrid si habló tantas veces con el comisario con el objetivo último de que Villarejo “simplemente le escuchara”. López Madrid ha respondido que luego supo que Villarejo llamaba al “secretario de Estado y al CNI”. No sé por qué lo hacía y hoy sigo sin entenderlo. Si se dedicaba a sacarme información es cosa del señor Villarejo“, ha añadido.

En las agendas de Villarejo hay anotaciones sobre supuestos pagos a López Madrid, una que alude a 211.000 euros y otro a “10”, pero el empresario ha insistido en negar que la atención del policía fuera remunerada por él. Al ser preguntado cuando supo que Villarejo era policía, López Madrid ha respondido que cuatro o cinco años después de conocerle, “en 2017 o 2018”. Las primeras informaciones periodísticas sobre el comisario Villarejo aparecieron publicadas en 2014.

Uno de los episodios que ha aparecido en la declaración es la visita que realiza López Madrid al despacho de la doctora en compañía del tercer acusado, Rafael Redondo, socio del policía. La grabación del encuentro muestra a un López Madrid amenazante. Advierte a la mujer que la Policía está de su lado, ayudándole. Sin embargo, López Madrid ha dicho hoy que lo que quería decir es que ya había denunciado, aunque aún no lo había hecho, y que se trataba de “un farol” para que le “dejara en paz”.

Javier López Madrid vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. El empresario será juzgado a partir del lunes en el caso Villarejo, concretamente en la pieza que investiga la contratación por su parte del comisario, cuando estaba en activo, para que acosara a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal. La Fiscalía no presenta acusación porque considera que no hay pruebas del pago al policía mientras que la representación de Pinto solicita seis años de cárcel para él, otros tantos para Villarejo y cuatro para el socio de este último, Rafael Redondo. 

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El anterior juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó auto de apertura de juicio oral en octubre de 2023. En la resolución, el juez exponía que en el verano de 2013, López Madrid entró en contacto con Villarejo a través de Donato González, presidente de Societé Generale, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal con María Elisa Pinto Romero”. En la causa constan documentos incautados al policía en los registros practicados durante su detención con las evidencias de que en esas fechas elaboró notas sobre Elisa Pinto en las que se refería a López Madrid como “K”, la letra que utilizaba Villarejo para aludir a los clientes de sus encargos.

García Castellón destacaba un episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2013, cuando López Madrid se presentó en el despacho profesional de la doctora acompañado de Rafael Redondo, el socio de Villarejo. El empresario, según la grabación del encuentro, advierte a Elisa Pinto que la Policía está detrás de ella y que ha dejado “rastro” de que es la responsable de las llamadas amenazantes que asegura están recibiendo él y su entorno. En aquel momento no había ninguna investigación policial abierta, ni contra Elisa Pinto ni contra Javier López Madrid. 

Durante 2014, el comisario “se dedicó a hostigar a María Elisa Pinto, en cumplimiento de lo pactado con Javier López Madrid, con fines privados”, señala el auto de García Castellón. Villarejo habría realizado “seguimientos”, intentado impedir que la doctora denunciase al empresario por acoso, “empleó medios policiales para desacreditar a la mujer”, “accedió a su información privada sin autorización” e intentó “interferir” en la investigación policial, continúa el juez. 

Ayudado por la cúpula policial del PP, que lo protegía, Villarejo intentó escapar de la rueda de reconocimiento en la que la doctora lo reconoció como el hombre que la había pinchado mientras le tapaba la boca y le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. 

No solo Villarejo: policías al servicio de López Madrid

El auto del juez se detiene en un aspecto que transformó el caso y convirtió un conflicto entre particulares en una trama de corrupción policial: la “estrecha relación” que, según los guardias civiles que analizaron el teléfono de López Madrid, este mantenía con un grupo de destacados mandos policiales. García Castellón citaba al ex jefe de la unidad de “fontanería” de la Policía, Enrique García Castaño, y a Alberto Carba, comisario que rehizo la investigación para responsabilizar del acoso a la denunciante. Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid, ascendido por el actual Ministerio del Interior. En ese teléfono también estaban los mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid después de que se publicaran las pruebas de sus gastos con la 'tarjeta black' de Caja Madrid y cuando estaba investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

A excepción de Enrique García Castaño, aquejado de las graves consecuencias de un accidente cardiovascular, los policías que mantuvieron relación con López Madrid declararán como testigos en el juicio. A Carba hay que sumar el que entonces era jefe operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y para el que Anticorrupción solicita 15 años de cárcel en el caso Kitchen. 

Por el juicio por acoso a la mujer irán prestando su testimonio una parte importante de los miembros de aquella brigada política, procesados en el caso del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Es el caso de José Luis Olivera, también procesado en Kitchen y detrás del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. O Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal. 

En la causa constan numerosos contactos telefónicos entre López Madrid y Villarejo, así como un audio incautado al comisario que fue grabado el 26 de enero de 2017. En el mismo, Villarejo dice: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

El comisario basará su defensa en denunciar la contaminación de toda la macrocausa que lleva su nombre, un montaje según él para quitarle de en medio con el CNI como gran urdidor. En enero de 2018, tres antiguos directores operativos de la Policía, bajo cuyo mando trabajó Villarejo, remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional defendiendo la legalidad de la figura del policía “encubierto”. Esos tres ex DAO están llamados a declarar como testigos en el juicio que empieza el lunes a petición de Villarejo. La duda radica en cómo defenderán, si es que lo hacen, al comisario. Cuando han tenido que comparecer con posterioridad a presentar los escritos, ya fuera en fase de instrucción o en un juicio oral, han matizado mucho ese apoyo. 

Por su parte, la defensa de Javier López Madrid defenderá que nunca supo que Villarejo era un policía en activo cuando contactó con él a través del presidente de Societe Generale, que declarará como testigo, porque se lo presentó como un “ex policía”. Esta es la principal baza de la defensa si se atiende al desarrollo de otras causas del caso Villarejo, en las que el comisario, sorprendentemente, ha sido absuelto de cohecho bajo el argumento de que no se sirvió de la condición de policía para elaborar los dosieres que vendía a sus clientes privados. Asimismo, López Madrid defiende que no hubo “encargo”, solo una consulta insatisfecha, y que nunca pagó un euro al comisario. 

La proximidad de las fechas señaladas para los juicios a López Madrid devuelven a primer plano el ruido de la cloaca. Según desveló elDiario.es, el comisario jubilado Jaime Barrado, primer investigador del caso de acoso, acudió en octubre pasado a la Guardia Civil a denunciar el intento de soborno por parte de otro comisario jubilado, que estaría cumpliendo un encargo de López Madrid para Barrado contribuyera a que la dermatóloga retirara la acusación que se dirimirá en el Juzgado de lo Penal en febrero y el juicio no llegue a celebrarse.  

El hecho de que el juicio en la Audiencia Nacional, con mejores perspectivas para López Madrid y Villarejo que el que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, arranque antes responde a una maniobra de la defensa del empresario que alegó razones médicas de uno de sus abogados y retrasó más de un año su inicio. 

La 'chapuza' de García Castellón

El 27 de octubre de 2023, el entonces juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón dictó auto de apertura de juicio oral, pero el caso aún viviría varios vaivenes antes del juicio que empieza el lunes. En febrero de 2025, la Sala de lo Penal rectificó la decisión del magistrado y ordenó el archivo de las actuaciones. Alegaba que la acusación particular, en este caso la doctora Pinto, no podía actuar por un delito como el cohecho, cometido contra la Administración pública. Al no acusar la fiscalía ni participar acusación popular alguna el juicio no debía celebrarse. 

Pero apenas un mes después, la propia Audiencia Nacional daba un nuevo giro al caso. La máxima instancia del tribunal especializado, la Sala de Apelación daba un rapapolvo a García Castellón por haber permitido que la doctora ejerciera la acusación particular y transformaba su condición a la de acción popular, ordenando que el juicio se llevara por fin a término. 

Como testigo también declarará Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica, a quien López Madrid envió la dirección exacta de la doctora Pinto, según consta en los mensajes recuperados por la Guardia Civil del teléfono del empresario tras su detención en el caso Lezo. “He estado con los hackers que llevan los temas de policía”, le decía De Pedro. 

Javier López Madrid fue condenado por las tarjetas Black, absuelto –como el resto de los acusados en la causa matriz de Bankia– y aún tiene pendiente dos juicios por corrupción en el marco de los casos Púnica y Lezo. El juicio por acoso a la doctora hasta el martes, 20 de enero. El 4 de febrero arrancará en un juzgado de Madrid la otra vista por el acoso y la agresión con arma blanca contra Villarejo y el empresario. 

Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo. 

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso. 

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra. 

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda. 

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Villarejo, a sueldo de López Madrid

Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel. 

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)

La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales. 

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación

El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? No podíamos tener una semana tranquila. Donald Trump tenía que provocar otro terremoto al aprobar la orden ejecutiva que establece aranceles del 50% al acero y al aluminio importado a EEUU. En este caso lo ha argumentado como una necesidad por “amenazas a la seguridad nacional”. Y este no es un farol, el arancel está aprobado desde el martes. A pesar del varapalo, la UE ve avances “a buen ritmo” en la negociación con EEUU tras la reunión de los responsables de comercio, aunque se mantiene la amenaza de la Comisión Europea de adelantar las contramedidas de los 27, que entrarán en vigor el 14 de julio si no hay un acuerdo.

Mientras, en nuestro país lo que ya se debería comenzar a considerar una amenaza para la seguridad nacional es el problema de la vivienda. Así lo ven incluso desde fuera de nuestras fronteras. Bruselas avisa de que la crisis de vivienda amenaza la economía española. “La escasez de viviendas y su efecto en el precio de la vivienda repercute en la renta disponible de los hogares y representa un reto, especialmente para las familias con rentas bajas y los jóvenes”, recoge el informe elaborado por la Comisión Europea.

No es la primera vez que Bruselas alerta de los riesgos de la falta de vivienda asequible y de los disparados precios del alquiler en España. Ahora incluso dan una serie de recomendaciones para abordar el problema: “Aumentar la oferta de viviendas completando la reforma de la ley del suelo, reduciendo los plazos de tramitación de permisos, eliminando los cuellos de botella administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Reforzar la oferta de viviendas sociales y asequibles”.

Además, en su informe sobre la situación económica apunta a que es necesario más presión fiscal sobre la propiedad inmobiliaria: “Seguir reforzando la sostenibilidad fiscal revisando y simplificando el sistema tributario, entre otras cosas desplazando parte de la carga fiscal del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles, para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica y digital”.

A pesar de esta situación el Partido Popular (PP) no parece que quiera solucionar el problema de la vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso por carta a los presidentes autonómicos un pacto para triplicar la inversión pública en vivienda, que se podría cerrar en la cumbre de Barcelona de este viernes. El anuncio se ha hecho en mitad de la ofensiva del PP contra el Gobierno por los presuntos casos de corrupción. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha mantenido la estrategia del no a todo, que ya anticipa una conferencia de comunidades autónomas sin acuerdos, respondiendo “la vivienda no puede ser el juguete electoral de un presidente en apuros”.

El problema también es que los populares no tienen una posición clara con el problema de la vivienda. Aunque la solución que proponen siempre es la de construir más y más, sin entrar en facilitar el acceso a las capas de población que tienen rentas más bajas, unos días tienen un argumento y otros días, otro. Así ha ocurrido con la decisión de las comunidades autónomas gobernadas del PP y su negativa a poner en marcha límites del precio del alquiler en zonas tensionadas.

A Coruña, municipio gallego gobernado por el PSOE, ha conseguido que la Xunta acepte su solicitud para ser declarada zona tensionada y se convertirá en la primera ciudad de una comunidad del Partido Popular en poder aplicar el control de precios de alquiler que habilita la Ley Estatal de Vivienda. Aunque parezca raro, desde el PP aseguran que “en Aragón, Cantabria, Madrid, Valencia y Extremadura ha habido municipios que lo han pedido. Se ha rechazado y se seguirá rechazando, porque ese es el criterio. Galicia es la excepción”.

Si hay una excepción, puede haber más. Según los datos de la Generalitat de Catalunya, los precios donde se ha aplicado como zonas tensionadas bajaron en torno a un 5%, mientras se mantiene igual donde no hay control de precios. No hay duda de que hay que construir más viviendas, pero el problema es el acceso por los altos precios. Es necesario intervenir el mercado para que haya un límite de precios en el alquiler.

El gráfico

¿Estamos sufriendo otra vez los efectos de la burbuja inmobiliaria? Uno de los síntomas fue que en nuestro país llegó a haber el 30% de todos los billetes de 500 euros impresos por el Banco Central Europeo (BCE). De otra manera, pero el misterio se vuelve a repetir: al Banco de España le devuelven más billetes respecto a los que distribuye que a ningún otro banco central de la zona del euro. Aunque en teoría la explicación podría ser por la llegada masiva de turistas de otros países europeos, especialmente alemanes, que viajan con efectivo y dejan sus billetes disfrutando de sus vacaciones, la realidad es que el fenómeno conocido como “emisión neta negativa” de billetes también se da durante los meses que no son la temporada veraniega. Todo apunta a que también podrían ser operaciones al contado en el mercado de la vivienda. Aquí tienes más información sobre el misterio del récord de billetes devueltos en España.

El dato

329 millones de euros

De multa le ha impuesto la Comisión Europea ha multado a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio. Bruselas lanzó una investigación antimonopolio contra Glovo con una inspección por sorpresa en su sede. Las conclusiones señalan que las dos plataformas se dividieron el mercado europeo para no competir entre ellas y compartieron información privilegiada desde que la compañía alemana adquirió a la española. Por primera vez, la UE sanciona la denominada estrategia “no poach”, que supone llegar a un acuerdo con la competencia para no robarse talento. Aquí te explicamos la sanción al cártel de la comida a domicilio: la UE multa con 329 millones a Glovo y Delivery Hero.

No es la única sanción que hemos conocido esta semana. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 3,2 millones de euros a Carrefour por múltiples infracciones graves relacionadas con la seguridad y privacidad de los datos personales de 118.954 de sus clientes. La sanción llega una investigación que ha revelado fallos significativos en la protección de información sensible, que se vio comprometida tras seis ciberataques sufridos por la cadena en 2023.

Entrepreneurs

Nuestro entrepreneur de la semana es Javier López Madrid, presidente ejecutivo de Ferroglobe, yerno del fallecido ex ministro Juan Miguel Villar Mir y pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto. Ferroglobe es la metalúrgica de la familia Villar Mir. En sus cuentas reconocen que sigue arrastrando una “debilidad” en el control interno de su información financiera. La compañía pagará en junio el último tramo del rescate de 34,5 millones de la SEPI. Ferroglobe viene reconociendo estas “debilidades” desde el ejercicio 2020. En 2024 apunta a una “debilidad material en nuestro control interno sobre la información financiera” relacionada con “la revisión de la correcta eliminación de la actividad intragrupo y aplicación de los tipos de cambio para la conversión de los costes presupuestados” de moneda local a dólares. Aquí te explicamos cómo los Villar Mir ultiman la devolución del rescate al Estado tras admitir fallos en el control de sus cuentas.

Otro gran entrepreneur es Víctor Madera, presidente y consejero delegado de Quirónsalud. Gracias a un cambio del Plan Urbanístico de la capital aprobado en 2023 por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y tras un informe favorable de la Consejería de Sanidad madrileña, Madera va a construir un nuevo hospital privado en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa. Aunque parezca extraño, la Comunidad de Madrid calificó la infraestructura de “necesaria” y descartó construir allí ningún equipamiento para la red sanitaria pública de Madrid. Aquí te contamos cómo el presidente de Quirón construye otro hospital privado en Madrid tras el visto bueno del Gobierno de Ayuso.

Cada vez que habla sube el pan

La motosierra llega a Madrid

Madrid Economic Forum 

Es uno de los lemas del encuentro de agitadores, ultraliberales y conspiranoicos que se organiza en Madrid este fin de semana. En teoría se vende como un foro económico, pero entre sus ponentes se recogen las consignas propias de la ultraderecha con especial obsesión por atacar los postulados woke. Digo vender porque la entrada básica cuesta 100 euros, el acceso a eventos VIP es por 1.450 euros y hay un tercer tipo de 7.500 euros que permite departir con los ponentes. El principal reclamo es la participación del presidente de Argentina, Javier Milei. Curiosamente, se trata de un evento auspiciado por una de las mayores plataforma cripto española, que se celebrará mientras continúa la investigación de la presunta estafa de Libra, una criptomoneda que se hundió en febrero justo después de que Milei la promocionara. El Madrid Economic Forum surgió en 2023 vinculado al Andorra Economic Forum, ambos organizados por las firmas andorranas Racks Labs y Abast Global. En este enlace puedes leer más sobre quién está detrás del foro que juntará a Milei con agitadores y conspiranoicos.

Bien Público

Es una de las plagas de estos nuevos tiempos con la vida llena de pantallas. En tan solo dos meses, se han bloqueado cerca de 14 millones de llamadas falsas con las medidas impulsadas por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública contra los delitos de ciberestafa. Estamos hablando de una media de 235.600 llamadas y 10.000 SMS al día. El próximo día 7 se prohibirá también el uso de números móviles para llamadas comerciales y “tendrán que hacerse desde un prefijo de una provincia o bien desde un número 800 o 900”. Este sábado también entrará en vigor la prohibición de recibir llamadas y SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano. Las operadoras que no acaten estas se exponen a multas de hasta dos millones de euros. En los últimos 10 años, los delitos informáticos relacionados con este tipo de fraude han aumentado más de un 500%. Aquí te explica Carlos del Castillo el plan del Gobierno contra las estafas telefónicas.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Finalizamos. Volveremos el próximo jueves con más información y análisis económico. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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Ferroglobe, la metalúrgica de la familia Villar Mir, ultima la devolución del rescate de 34,5 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió en marzo de 2022, según confirma en sus últimas cuentas anuales, que reconocen que sigue arrastrando una “debilidad” en el control interno de su información financiera que espera solventar este ejercicio.

El préstamo del fondo de la SEPI para ayudar a empresas afectadas por el Covid estaba dividido en dos tramos que vencían en febrero y junio de este año. El primero se devolvió en marzo, por importe de 17,96 millones, y el rescate será “plenamente repagado en 2025”, dicen las cuentas. Fuentes del grupo confirman que el segundo tramo de 17 millones “será pagado en junio de 2025”, en línea con lo anunciado en febrero por su directora Financiera, Beatriz García-Cos.

En las cuentas remitidas a la SEC, el regulador bursátil estadounidense, la empresa explica que “bajo la supervisión y con la participación de nuestro consejero delegado [el italiano Marco Levi] y nuestra directora Financiera, la dirección del grupo ha evaluado la eficacia de nuestro control interno sobre la información financiera a 31 de diciembre de 2024”. 

Y un año más, “sobre la base de dichos criterios, nuestra dirección, incluidos nuestro Consejero Delegado y nuestro Director Financiero, concluyó que nuestro control interno sobre la información financiera no era eficaz” debido a la existencia de una “debilidad material”, relacionada esta vez con la forma de contabilizar el deterioro del valor de los activos de larga duración. 

Se trata de un problema recurrente en Ferroglobe, cuyo presidente ejecutivo es Javier López Madrid, yerno del fallecido ex ministro Juan Miguel Villar Mir y pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto.

El ejecutivo, que hace años fue noticia por el apoyo que le dieron los Reyes de España (el famoso “compi-yogui”) tras estallar el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid (por el que fue condenado en firme por el Supremo en 2018), disparó en 2024 su retribución en Ferroglobe (entre sueldo fijo, variable y bonus) un 18%, hasta 2,63 millones de dólares (unos 2,3 millones de euros), según la convocatoria de la Junta de Accionistas del próximo 26 de junio.

Ferroglobe viene reconociendo estas “debilidades” desde el ejercicio 2020. En el caso del ejercicio 2024, se trata de una “debilidad material en nuestro control interno sobre la información financiera” relacionada con “la revisión de la correcta eliminación de la actividad intragrupo y aplicación de los tipos de cambio para la conversión de los costes presupuestados” de moneda local a dólares.

“Esta deficiencia material dio lugar a un error en los estados financieros consolidados que se corrigió antes de su publicación” y ha motivado que el auditor de la sociedad, KPMG, emitiera “una opinión adversa sobre la eficacia del control interno de la Sociedad sobre la información financiera”.

Por eso, la dirección del grupo ha llegado a la conclusión de que, a cierre de 2024, “nuestros controles y procedimientos de divulgación no eran eficaces para registrar, procesar, resumir y comunicar puntualmente la información que debe incluirse en las presentaciones periódicas en virtud de la Ley de Bolsas de Valores”. 

Una “debilidad material”, como explica el informe de auditoría de KPMG, es una “deficiencia de control, o una combinación de deficiencias, en el control interno sobre la información financiera, de tal forma que existe una posibilidad razonable de que no se evite o detecte a tiempo una incorrección material en los estados financieros anuales o provisionales”.

“Nuevos controles”

Fuentes del grupo subrayan que “la compañía ha reducido las debilidades materiales de 3 en 2023 a 1 en 2024, y se encuentra en disposición de remediarla de forma efectiva en 2025”. Durante 2024 y para subsanar otras dos “debilidades” detectadas en el área de Tecnología y en Ferroglobe France, la empresa “expandió los departamentos de Contabilidad y Financiero y contrató nuevos empleados con experiencia significativa en el reporte a la SEC y en controles internos sobre información financiera”. También se crearon “nuevos controles” y se reforzaron los existentes.

La compañía reconoce el riesgo de que la percepción de los inversores pueda “verse afectada si se detectan deficiencias, lo que podría provocar un descenso de la cotización de nuestras acciones”.

“Si no corregimos esta deficiencia material o si no descubrimos y subsanamos cualquier otra deficiencia de control, podrían producirse inexactitudes en nuestros estados financieros y también podría verse afectada nuestra capacidad para cumplir los requisitos de información financiera aplicables y presentar a tiempo los documentos reglamentarios correspondientes. En consecuencia, nuestra actividad, situación financiera, resultados de explotación y perspectivas, así como el precio de cotización de nuestras acciones, podrían verse afectados de forma significativa”.

Ferroglobe es líder global en la producción de silicio metal, aleaciones de silicio y aleaciones de manganeso. Con sede central en Londres y oficinas administrativas en Madrid, surgió de la alianza entre Villar Mir y Globe Special Metals. Los antiguos dueños de la constructora OHL (hoy OHLA) son sus mayores accionistas con algo más del 36%. 

Con unos 3.300 empleados a cierre de 2024 (cerca de 600 en España), el año pasado los ingresos de Ferroglobe fueron de 1.664 millones de dólares, un 0,4% menos, y sus beneficios se hundieron un 93,7%, hasta 5,2 millones. El hecho de cotizar en EEUU propició que en 2022 la empresa revelara a los inversores detalles de ese rescate de la SEPI que en España permanecían ocultas al público.

La devolución de ese préstamo del Estado permitirá a la compañía levantar las restricciones relacionadas con la venta de participaciones o filiales, los préstamos intragrupo o el pago de dividendos. 

No obstante, esa restricción en el pago de dividendos solo afecta a las dos filiales que recibieron ese rescate, que fueron Ferroglobe Spain Metals y Ferroglobe Corporate Services. La cabecera del grupo, Ferroglobe PLC, lleva repartiendo dividendos a sus accionistas desde el primer trimestre de 2024. “Recientemente hemos anunciado el incremento de los dividendos en un 8%”, recuerdan desde Ferroglobe.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, la máxima instancia en el seno del tribunal especializado, ha rectificado la decisión de la Sala de lo Penal de archivar la causa contra Javier López Madrid por contratar al comisario Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto. Finalmente, el empresario, el comisario jubilado y un socio de este serán juzgados por la contratación del policía cuando estaba en activo y operaba en el corazón de la seguridad del Estado.

De este modo, López Madrid se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de cohecho, en concreto por la contratación de un funcionario público, Villarejo, cuando este era un agente destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. No es el mayor problema judicial que enfrenta el yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir. Más allá de la contratación del comisario, la Audiencia de Madrid le juzgará por las coacciones y la lesión con arma blanca a la doctora. El policía y el empresario se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel por parte de la Fiscalía en este segundo juicio por los actos en que consistió el acoso, distintos de la contratación del comisario.

El pasado enero, la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el archivo definitivo de la causa contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal. Estaban acusados de cohecho activo, el empresario, y pasivo, el comisario, por haber cobrado por el encargo.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dejaban sin efecto el auto de apertura de juicio oral y daban la razón a la defensa del empresario, asegurando que la abogada de la doctora Pinto no está legitimada para acusar como acusación particular por un delito de cohecho. Al no existir otra acusación en la causa –la Fiscalía no acusaba– el procedimiento decaía, según el auto dictado. Pero el recurso de la doctora contra esa decisión, al que se sumó sorprendentemente la Fiscalía, ha motivado una resolución de la Sala de Apelaciones, la instancia superior, que devuelve la condición de acusación popular a la doctora y, en consecuencia, se ratifica la apertura de juicio oral.

La defensa de la abogada alegaba que, si no se le aceptaba ejercer la acusación particular por tratarse de un delito de cohecho a funcionario público, se le permitiera ejercer la acción popular, al estar persiguiendo un “interés público” en la distracción de las funciones del comisario Villarejo, y siempre según de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo con el denominado 'caso Atutxa'. La Sala de Apelaciones considera que “debe perfectamente operar” dicha mutación de una acusación a otra “por obvias y garantistas razones de justicia”.

Decisiones “bizarras” de García Castellón

La sentencia, de la que es ponente la magistrada Manuela Fernández de Prado, califica de “bizarras” las decisiones adoptadas por el juez Manuel García Castellón, ahora jubilado, al frente del Juzgado que instruyó la causa por cohecho, y le responsabiliza del embrollo jurídico que la propia Sala de Apelaciones resuelve con esta sentencia.

No entiende la Sala de Apelaciones que García Castellón, instructor de las distintas piezas del caso Villarejo, permitiera actuar a la doctora como acusación particular durante la instrucción tratándose de un delito de cohecho. Y no solo entonces. También en el momento de presentar escrito de acusación, lo que derivó en la apertura de juicio oral.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado el archivo definitivo de la causa contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal. Se trata de una causa distinta a la del acoso y la agresión que supuestamente cometió contra la mujer el comisario a las órdenes de López Madrid. La Audiencia Nacional solo investigaba la contratación de un funcionario público en ejercicio, Villarejo, por parte del empresario.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta dejan sin efecto el auto de apertura de juicio oral y dan la razón a la defensa del empresario, asegurando que la abogada de la doctora Pinto no está legitimada para acusar por un delito de cohecho, y al no existir otra acusación en la causa.

El caso del contrato de López Madrid a Villarejo fue una pieza que abrió el juez Manuel García Castellón a propuesta de la Fiscalía dentro de la macrocausa contra el comisario y que, durante años, corrió paralela a la investigación de un juzgado de Madrid que sí aborda el hecho nuclear, la estrategia de acoso, coacciones y la agresión orquestada presuntamente por López Madrid y por la que la Fiscalía pide para el policía y el empresario trece años de cárcel.

Para los magistrados de la Audiencia Nacional, la solución no podía “ser otra que la solicitada por la defensa de López Madrid”, que era decretar “la nulidad de las actuaciones, en concreto del auto de apertura de juicio oral, y el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al carecer de legitimación la acusación particular, única que interesaba la condena” de los acusados.

Esta decisión llega después de que, el pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional acordase suspender el juicio que iba a arrancar contra los tres acusados. Lo hizo, en concreto, por enfermedad de la letrada de la doctora Pinto, anunciando el tribunal que resolvería “las cuestiones previas de modo anticipado a la celebración del nuevo juicio”.

Ya entonces, fuentes de la defensa de López Madrid apuntaron que, de cara a las cuestiones previas, sostendrían que la acusación particular, única que acusa en este procedimiento, no era suficiente para llevar a alguien a juicio cuando se trata de delitos de “interés difuso”, toda vez que en el supuesto de que hubiese existido ese cohecho no se lesionaba interés particular alguno, sino, en todo caso, el general de la Administración de Justicia.

Según recoge el auto, la defensa de López Madrid alegó que no cabía abrir juicio oral “en la medida en que el Ministerio Fiscal interesa el sobreseimiento, no hay acusación popular y la acusación particular no ostenta legitimación ni como ofendida ni como perjudicada”.

Además, sumaba a esto que en esta pieza separada de Tándem se iba a enjuiciar si López Madrid “incurrió en la comisión de un delito de cohecho activo” y que Pinto “se personó invocando una supuesta condición de acusación particular mediante escrito de 2 de octubre de 2019”. “Dicha personación se fundaba no en el presente procedimiento, sino en relación con otros distintos procesos judiciales pendientes (DP 487/2014) del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid”, añadía la defensa.

Y explicaba que Pinto no ostentaba la condición ni de perjudicada por el delito de cohecho ni el de ofendida, porque “estos casos de delitos contra la Administración Pública no es factible la acusación particular, sino tan sólo la popular”, que ostentó Podemos hasta que desistió de ejercerla en diciembre de 2022 en la causa.

El tribunal entra a valorar la pretensión de la defensa de López Madrid y recuerda que efectivamente la Fiscalía interesó incluso en junio de 2022 durante la instrucción “el sobreseimiento de las actuaciones, no sólo por no existir indicios suficientes de la comisión del delito de cohecho, sino porque además los mismos, eran ya objeto de investigación judicial (...) en otra causa diferente”.

Y tras fundamentar su decisión en diversas sentencias anteriores del Tribunal Supremo, resalta que “la decisión de expulsión del proceso de la acusación particular, en este momento procesal, después de haber sido tenida como tal a lo largo de las fases de instrucción e intermedia del mismo, no es lesiva para el derecho a la tutela judicial de la misma, ni puede calificarse de extemporánea o sorpresiva”.

De hecho, recuerda que la propia defensa de Pinto en un momento dado “y percatándose de que se trataba de una cuestión cuando menos controvertida” el hecho de que acusara por el delito de cohecho, “interesaba subsidiariamente la personación en calidad de acusación popular, para evitar así su expulsión”.

Sobre esa posibilidad, el tribunal deja claro que “el ejercicio de la acción popular no resulta procedente para la defensa de situaciones jurídicas individualizables o individualizadas, sino para la defensa de intereses supraindividuales, ya sean colectivos o difusos”.

Además, menciona el procedimiento que se sigue en los juzgados madrileños por coacciones a Pinto y recalca que “si se examina detenidamente el relato fáctico de ambos procedimientos, la similitud y la relación causal de medio a fin es evidente, así como las circunstancias locativas y temporales de los hechos”.

Y por eso, “al estar, cuando menos, gran parte de los hechos mencionados en este procedimiento yuxtapuestos con la investigación seguida ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid (...) ninguna indefensión material causa esta expulsión del procedimiento en su calidad de acusación particular”.

Además, la AN explica que el cierre anticipado del proceso penal “además de no causar indefensión a la parte (...) despeja el camino para la defensa integra de sus postulados ante el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, frente al largo peregrinaje que aún tendría que soportar en la presente causa, debido a la imposibilidad de señalar el juicio oral en fechas próximas”.

Suma a esto que se da una “dificultad de alcanzar una hipótesis condenatoria en la presente causa a la vista del contenido del escrito de calificación provisional llevado a cabo por el Ministerio Fiscal, y la propia acusación particular, dado el importante escollo acreditativo de algunos de los elementos esenciales del cohecho, como es el pago de la dádiva”.

El magistrado Francisco Martel, presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se ha referido hoy, en plena vista, a los retrasos que sufren los señalamientos de juicios en el tribunal especializado. “Nos da hasta vergüenza”, ha dicho Martel al verse obligado a suspender un juicio, por enfermedad de una abogada, contra el comisario José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid, y valorar que este aplazamiento supondrá que no se vaya a celebrar, probablemente, hasta la segunda mitad de 2026.

“Mal de muchos, consuelo de tontos”, ha proseguido el juez, al asegurar que otras secciones de la Sala de lo Penal se encuentra en una situación similar, con procedimientos atascados por la falta de fechas. La Audiencia Nacional es un órgano judicial más de los que sufren inmensos retrasos que arrastran aún la crisis provocada por la epidemia de Covid-19 o la huelga de secretarios judiciales del pasado año. Cuestiones estas que se suman al lento funcionamiento tradicional de la justicia. 

Este lunes debería haber dado comienzo el juicio por una de las decenas de piezas que se investigan contra el comisario Villarejo en la causa denominada Tándem. En esta ocasión se sientan en el banquillo el policía jubilado, su socio Rafael Redondo y el empresario Javier López Madrid. Este último está acusado de haber contratado al policía para acosar a la doctora Elisa Pinto. 

La abogada de la víctima presentó el viernes una baja por enfermedad pero tachó información que consideraba reservada de sus dolencias. En consecuencia, el tribunal dictó una providencia descartando el aplazamiento. La letrada ha presentado esta mañana un segundo informe médico sin tachaduras y actualizado y, ya en la sala, el tribunal ha decidido aplazar el juicio. 

Las defensas de Villarejo y Redondo no se han opuesto, pero el abogado de Javier López Madrid se ha mostrado contrario a la suspensión por considerar que no había motivación suficiente. Se da la circunstancia de que otro juicio con los mismos protagonistas en la Audiencia Provincial de Madrid se suspendió recientemente, siendo el abogado del empresario quien alegó un cuadro de ansiedad, que no conllevaba baja, y que le obligaría a descender la carga de trabajo, según prescripción médica. 

Contratación de Villarejo

En ese juicio que se suspendió en la Audiencia Provincial se iba a juzgar el presunto acoso en sí y la agresión que habría sufrido Pinto por parte de Villarejo. La instrucción de la causa se ha demorado durante más de una década. La fecha que se fijó fue octubre de 2025, pero el abogado del comisario tiene señalada otra vista en esas fechas, así que, si no se vuelve a retrasar, el juicio se celebrará en febrero de 2026. 

En el caso del juicio suspendido este lunes en la Audiencia Nacional solo se iba a juzgar la contratación de un funcionario público en activo (Villarejo) por parte de un particular (López Madrid) sin que se fuera a entrar a valorar las consecuencias del presunto acoso y agresión que sufrió la doctora Pinto. Con la suspensión es probable que se regrese al orden original, y que el juicio con más carga, el de la Audiencia Provincial, se celebre antes que el de la Audiencia Nacional.

La abogada de Pinto se ha presentado en la sala de vistas pese a su baja alegando que el tribunal le rechazó el aplazamiento. En su intervención ha relatado temblores y malestar y, tras unas gafas de sol, ha añadido que ella busca la suspensión de todo el procedimiento, no solo la suspensión de la vista. “Por ahora resolvemos lo que tenemos encima de la mesa si son otros planteamientos o demás historias ya suenan a dilaciones y cosas extrañas”, ha respondido el presidente del tribunal.

La defensa de Javier López Madrid ha logrado que se retrase hasta octubre de 2025 el juicio por acoso, coacciones y lesiones a Elisa Pinto que se iba a celebrar a partir del lunes contra el empresario y también contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El 23 de septiembre, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se fijó hace diez meses y, tras la negativa de la jueza, tres días después presentó un parte médico por ansiedad que ha terminado por provocar el aplazamiento de la vista un año.

El retraso del juicio al poderoso empresario y al comisario de las cloacas abunda en la lentitud del proceso contra ambos. La primera denuncia de la doctora Pinto por el presunto acoso de López Madrid data de octubre de 2013, hace ahora 11 años. La vista ha sido fijada en distintas sesiones entre el 6 de octubre y el 31 de octubre de 2025, según la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid.

El Juzgado decidió aplazar la vista pese a que López Madrid está representado en la causa por tres abogados y después de que el principal presentara el parte de ansiedad. El médico que le atendió ni siquiera le dio la baja laboral. Solo le recomendó reducir el trabajo y tomar un ansiolítico al día.

En la diligencia, la letrada de la Administración de Justicia previene contra nuevas maniobras al asegurar que “este plazo de señalamiento es suficiente para poder preparar adecuadamente el juicio, así como para plantear todas las cuestiones que sean de interés para las partes con la antelación necesaria a la fecha de inicio, con tiempo para su resolución y las impugnaciones que procedan”.

La proximidad del juicio contra López Madrid y el comisario Villarejo habían despertado movimientos que reproducen la época más efervescente de las cloacas policiales y sus entornos. A once días de la que iba ser fecha de arranque de la vista, un abogado presentó un escrito ante el tribunal asegurando que la imputación de Villarejo resulta de la manipulación y el concierto entre la doctora Pinto y un comisario, Jaime Barrado, que investigó el acoso a la mujer durante un tiempo. 

Los hechos que denuncia ahora ese abogado ocurrieron hace más de nueve años, cuando la doctora reconoció a Villarejo en un reconocimiento fotográfico al que la citó el comisario Barrado. Según el letrado denunciante, tanto él como otro abogado escucharon de boca del comisario Barrado que todo era un montaje para acusar a Villarejo. 

La lista del testigos que desfilarán por el juicio incluye a algunos de los más destacados miembros de la brigada política del PP, incluido su artífice, el comisario Eugenio Pino, director operativo de la Policía entonces. O el comisario Andrés Gómez Gordo, recientemente condenado en el caso Ciudad de la Justicia y que se sentará en el banquillo de la operación Kitchen junto a Pino. 

En el juicio por el acoso a la mujer, ambos policías deberán responder sobre las maniobras para evitar que Villarejo se sometiera a la rueda de reconocimiento que finalmente tuvo lugar en 2017 y que precedió a su imputación por haber pinchado presuntamente a la doctora tres años antes mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel para cada uno de los dos acusados, Villarejo y López Madrid. 

La defensa de Javier López Madrid ha logrado que se retrase hasta el próximo año el juicio por acoso, coacciones y lesiones a Elisa Pinto que se iba a celebrar a partir del lunes contra el empresario. Se sentará en el banquillo junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Hace tres días, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se fijó hace diez meses y, este jueves, tres días después, el letrado ha presentado un parte médico por ansiedad que la jueza ha estimado como motivo suficiente para aplazar la vista. 

La proximidad del juicio contra López Madrid y el comisario Villarejo ha despertado movimientos que reproducen la época más efervescente de las cloacas policiales y sus entornos. A once días de la que iba ser fecha de arranque de la vista, un abogado presentó un escrito ante el tribunal asegurando que la imputación de Villarejo resulta de la manipulación y el concierto entre la doctora Pinto y un comisario, Jaime Barrado, que investigó el acoso a la mujer durante un tiempo. 

Los hechos que denuncia ahora ese abogado ocurrieron hace más de nueve años, cuando la doctora reconoció a Villarejo en un reconocimiento fotográfico al que la citó el comisario Barrado. Según el letrado denunciante, tanto él como otro abogado escucharon de boca del comisario Barrado que todo era un montaje para acusar a Villarejo. 

La identidad de estos dos abogados resulta trascendental para entender la denuncia de última hora presentada por uno de ellos. Quien firma el escrito es José Luis Moreno Cela, un nombre que se repite en el sumario del caso Villarejo como miembro del entorno del comisario. 

De hecho, Moreno Cela ha estado imputado recientemente en una de las piezas acusado de haber participado en las maniobras para atacar al abogado de Luis Bárcenas e impedir la publicación de información perjudicial para el PP que guardaría el letrado. La conocida como ‘Kitchen jurídica’ también contó con la imputación del número dos de Interior en esa época, Francisco Martínez, y del propio Villarejo, pero acabó siendo archivada por el juez Manuel García Castellón. 

En la denuncia, Moreno Cela asegura que el comisario Barrado habría hecho esa confesión también en presencia de otro letrado, José Aliste, quien estaría dispuesto a corroborarlo. ¿Y quién es José Aliste? Pues otro habitual de las agendas del comisario Villarejo e imputado en un juzgado de Madrid por participar en un episodio de la guerra sucia contra Podemos, el caso Caranjuez, a cargo de la brigada política durante el Gobierno del PP. 

La titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que juzgará el presunto acoso, coacciones y lesiones a la doctora, reaccionó dictando una diligencia de ordenación con tres líneas en las que acordaba dar traslado a las partes del escrito y, “una vez verificado”, se devolviera a su autor. 

El escrito no ha tenido, por ahora, más repercusión en el proceso. Pero sí fuera de él. El diario ABC tituló: “Un nuevo testigo acusa al comisario del caso de la doctora Pinto de manipular las pruebas”. La publicación en el periódico es del 26 de septiembre y no menciona la respuesta de la jueza devolviendo el escrito, acordado en una diligencia del 18 de septiembre, ocho días antes de la publicación.

Aplazado el juicio once años después

La primera denuncia por acoso en la Policía de la doctora Pinto fue presentada en el otoño de 2013. Cuando parecía que, once años después, por fin llegaba el momento de juzgar los hechos, otro movimiento ha provocado su aplazamiento hasta 2025. Pese a que López Madrid está representado por tres abogados personados en el procedimiento, el cuadro de ansiedad que recoge un parte médico presentado por quien encabeza el equipo jurídico ha convencido a la jueza del aplazamiento. 

Según informan fuentes jurídicas, ese parte es de un centro médico que asegura que el letrado describe ansiedad relacionada con su trabajo, por lo que le recomienda 15 días reduciendo sus tareas y la ingesta de un ansiolítico. El colapso de la justicia obliga a que el aplazamiento suponga meses de espera. Una amplia lista de comparecientes, en jornadas que se iban a prolongar durante un mes, no encontrarán una sala de vistas disponible en la Audiencia Provincial hasta ya entrado el próximo año. 

Esa lista de testigos incluye a algunos de los más destacados miembros de la brigada política del PP, incluido su artífice, el comisario Eugenio Pino, director operativo de la Policía entonces. O el comisario Andrés Gómez Gordo, recientemente condenado en el caso Ciudad de la Justicia y que se sentará en el banquillo de la operación Kitchen junto a Pino. 

En el juicio por el acoso a la mujer, ambos policías deberán responder sobre las maniobras para evitar que Villarejo se sometiera a la rueda de reconocimiento que finalmente tuvo lugar en 2017 y que precedió a su imputación por haber pinchado presuntamente a la doctora tres años antes mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel para cada uno de los dos acusados, Villarejo y López Madrid. 

Guerra sucia en Internet

La defensa de la doctora Pinto ha solicitado al Juzgado de lo Penal que intervenga la difusión de dos canales de Youtube creados los pasados días 13 y 21 de septiembre que intentan difundir y posicionar en los buscadores de Internet la tesis de las defensas, según la cual, la doctora Pinto se inventó el acoso de López Madrid cuando ella era quien perseguía al empresario, yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir. 

La doctora estuvo imputada por una denuncia de López Madrid en ese sentido, pero un juzgado de Madrid acabó por archivar las actuaciones, que siguió durante años, después de que la jueza que investigaba al empresario, con respaldo de la Audiencia Provincial, propusiera juzgarle junto a Villarejo. López Madrid fue condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid y aún tiene pendiente sentarse en el banquillo en la Audiencia Nacional por contratar a Villarejo y en el caso Lezo, por corrupción junto a Ignacio González. 

En el contencioso judicial que mantienen desde hace ocho años el empresario Javier López Madrid y la dermatóloga Elisa Pinto hay alguien que va perdiendo a pesar de haber contado con la ayuda de destacados mandos policiales. La advertencia que recogió en un atestado la Guardia Civil en noviembre de hace ocho años –López Madrid mantiene “relaciones estrechas” con un grupo de comisarios– es hoy una certeza asumida por dos juezas de Madrid, sus compañeros de la instancia superior, la Audiencia Provincial, y por un instructor de la Audiencia Nacional. 

Esos jueces han descrito en distintos autos el trato de favor que, como poco, recibió el yerno de Juan Miguel Villar Mir por parte de la Policía, si no los delitos que cometió junto a uno de esos comisarios, José Manuel Villarejo Pérez. La última vez ha sido esta misma semana, cuando la jueza Concepción Jerez ha archivado la causa que abrió en 2014 a raíz de una denuncia de López Madrid contra la doctora. En su escrito, la jueza pone “en duda” los informes policiales que culpaban a la mujer del acoso. 

El primer movimiento registrado de estas maniobras se produce el 17 de marzo de 2014 al denunciar Javier López Madrid las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

Nadie puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, según cuenta el propio Conde, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre muy habitual en los medios en los últimos años por ser el abogado de Juan Carlos I.

José Luis Conde aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura junto a un tal “Gabriel”, al que el comisario Conde no menciona. 

'Nino' Conde, como se le conoce en el Cuerpo, era el jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, un hecho que a la luz de los acontecimientos reviste de especial gravedad aquella entrevista, según la jueza que acaba de exculpar a Pinto. La magistrada Concepción Jerez recupera la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que “está carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuáles se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario.

El amigo de Felipe VI

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, contra quien se suspendió en mayo el primer juicio de la causa Tándem (Villarejo) por haber sufrido un grave accidente vascular. García Castaño aseguró a este periódico hace tres años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono de López Madrid que ordenó la jueza Jerez. Pese al borrado anterior que había hecho el empresario, la Guardia Civil logró recuperar el intercambio de llamadas con los comisarios y unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid, según reveló elDiario.es. Los mensajes con los reyes de España se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta Black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, según consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Solo un policía en el banquillo: Villarejo

Ninguno de estos policías ha sido imputado de delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. En la causa que se siguió en otro Juzgado, el de la magistrada Belén Sánchez, la Fiscalía solicita condenas de 13 años para cada uno de los acusados por un delito continuado de coacciones, otro de amenazas, un delito contra la Administración de Justicia y dos delitos de lesiones. El hecho de la contratación de un funcionario en activo está pendiente de apertura de juicio oral como pieza separada del caso Villarejo.

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía encarcelado tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados. 

La citada instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de por entonces diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La cúpula policial de entonces, al frente de la que estaba el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso dio así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Como consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar la causa contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

“Este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, una caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el celular del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba, al frente hoy de la comisaría de Distrito Centro de Madrid.

De regreso al auto conocido esta semana, la jueza Jerez dice sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su investigación concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

El origen de la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid fue la incautación en octubre de 2014 de una agenda a Francisco Granados en la que aparecían anotaciones de entradas y salidas de dinero. Allí aparecían las iniciales del gerente Beltrán Gutiérrez. Y las de un empresario afín al partido, Javier López Madrid. Ocho años después, esa agenda es papel mojado, al menos en lo que se refiere al empresario, que es exculpado por Anticorrupción con el argumento de que no hay más indicio contra él que ese.

López Madrid, yerno del fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, es uno de los cerca de cien investigados para los que Anticorrupción pide el archivo de las actuaciones en esta pieza 9 del caso Púnica. Y lo es con los mismos indicios que sirvieron para imputarle en su momento, hace ya cinco años, tras las investigaciones de la Guardia Civil y la petición de la propia Fiscalía especializada. 

El criterio general de Anticorrupción es que el tiempo pasado entre unas elecciones autonómicas y otras (2007-2011), en las que Esperanza Aguirre arrasó con la ayuda de un delito electoral, elimina la posibilidad de que hubiera un delito continuado en el tiempo y por tanto se aplica la prescripción que sirve para archivar la causa contra decenas de investigados. 

Respecto de López Madrid, el fiscal Alejandro Cabaleiro, el único de los tres del caso que ha firmado el escrito de conclusiones, afirma: “El único hecho presuntamente que no se encontraría prescrito [para López Madrid] es el vinculado con el delito electoral de las elecciones autonómicas del año 2011 y, respecto de las mismas, más allá de las anotaciones manuscritas de Francisco José Granados Lerena, en orden a sumas que entran, salen y cómo se reparten, no existe otro indicio que permite afirmar que Francisco Javier López Madrid hubiese realizado aportación irregular”.

Según aportaron de forma indiciaria la propia Fiscalía, la Guardia Civil y los dos jueces del caso, Granados y López Madrid se repartieron 500.000 euros de una partida de 2,1 millones de euros que la constructora OHL habría prestado a la financiación del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2011 o las europeas de 2014.

En la página 119 de la citada agenda aparecían dos columnas y debajo de cada una de ellas, anotaciones. En una se leía IN y en otra, OUT. La Guardia Civil concluyó que debajo de la primera había entregas de dinero negro para el partido. Bajo la segunda estarían las salidas de esas cantidades para los gastos del partido. 

La relevancia de aquella agenda es vital para la causa. El hallazgo precedió a otro que permitió demostrar la caja B del partido porque provocó la autorización del registro de la casa del gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. En el suelo de un armario, como si se hubiera deslizado desde una prenda, los agentes de la UCO hallaron el pendrive que delataba el sistema de financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. 

El suegro Villar Mir, también exculpado

La exculpación de López Madrid por Anticorrupción apunta a que el yerno seguirá el mismo camino que Juan Miguel Villar Mir, para quien la Sala de lo Penal dictó el archivo de la causa con la oposición de Anticorrupción. En realidad, con la oposición de las fiscales que llevaban el caso en aquel momento porque su compañero Cabaleiro se limita a repetir en su escrito de conclusiones las que presentaron los jueces de la segunda instancia: “Examinados los libros y archivos del órgano de gobierno de OHL, no consta que ninguna de las referidas operaciones mercantiles, por su escasa cuantía, fueran elevadas al conocimiento o consideración del Consejo de Administración de OHL ni de ninguna de sus comisiones”.

Contra López Madrid, escribe Cabaleiro, “lo cierto es que únicamente son dos hechos que le vincularon a la presente [pieza 9], a saber, las posibles existencias de entregas de dinero en efectivo de forma irregular para financiar las campañas electorales del Partido Popular de Madrid, así como aportaciones a a Fundescam a través de su hermano y de la empresa OHL”.

“Sin embargo, la única aportación que ha podido ser claramente constatada en cuanto que existió sin duda alguna, fue la realizada a la fundación Fundescam por Germán López Madrid (20.000 euros) en el año 2007”. A continuación añade que se desconoce por qué el hermano de Javier López Madrid hizo aquello y que tampoco se puede responsabilizar a los familiares de los actos de otros.

López Madrid e Ignacio González, también exculpado en la citada pieza 9, se sentarán en el banquillo por otra ramificación del caso Púnica, la del tren a Navalcarnero. La Fiscalía pide en este caso seis años de cárcel para López Madrid por el amaño de la adjudicación de las obras en beneficio de OHL. Se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documento mercantil.

En el escrito de Anticorrupción, de 860 páginas, aparece López Madrid mencionado en otros puntos no vinculados a los indicios contra él. Por ejemplo cuando dice que fue el exconsejero delegado de Indra, expresidente de PRISA y actual presidente de Openbank, Javier Monzón, quien le presentó a Alejandro de Pedro, el gurú informático de la trama. Se da la circunstancia de que el sumario de Púnica recoge conversaciones entre López Madrid y De Pedro en las que el primero le traslada al segundo la dirección exacta de la doctora Elisa Pinto. Por el acoso a la mujer y las lesiones que le produjeron, López Madrid será juzgado junto al comisario Villarejo.

La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del empresario Javier López Madrid por un delito de cohecho en torno al hostigamiento a la doctora María Elisa Pinto, con la que el exconsejero de OHL mantenía un conflicto privado, lo que aboca el procedimiento a juicio oral.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que rechaza el recurso de apelación de López Madrid contra el auto del titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, que acordó su procesamiento por cohecho activo, como también al comisario jubilado José Villarejo y a su socio Rafael Redondo, aunque en su caso por cohecho pasivo.

La defensa de la dermatóloga Elisa Pinto pide seis años de prisión para López Madrid por supuestamente contratar a Villarejo, para quien también solicita otros seis años de cárcel, cuando este aún estaba en activo en la Policía para hostigar a la doctora. 

Esta pieza del caso Villarejo se instruye al margen del procedimiento que ha investigado el juzgado de instrucción número 39 de la capital, donde López Madrid y José Villarejo están procesados por los presuntos delitos de acoso, amenazas y lesiones hacia Pinto, que pide para ellos 22 años de prisión. 

Además, existe un tercer procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 26 de la capital en el que López Madrid pide procesar a Pinto por acoso y ella solicita el archivo. 

En su recurso, el letrado del empresario pidió a la Sala “el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de Javier López Madrid, al no existir conducta merecedora de reproche penal en lo que a él se refiere ni indicios de criminalidad” ya que “no realizó ofrecimiento o entrega de dádiva, promesa o retribución alguna en favor de Villarejo, razón por la que no hay prueba alguna”.

Y, con carácter subsidiario, solicitó revocar el auto de procesamiento y continuar la instrucción recabando testimonio íntegro de las diligencias del Juzgado número 26 de Madrid.

Pero la Sala destaca que existen “indicios de la posible comisión de un delito”, por lo que la decisión del magistrado de procesar a los investigados “resulta acertada y correcta”.

“Lo que no puede pretender con éxito una parte investigada es imponer el sobreseimiento o la continuación de la fase de instrucción, mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación, al instructor, en contra del criterio de éste”, añade.

Además, la Sala avala el criterio de García Castellón de “que en este Juzgado no se investiga el supuesto acoso que experimentó María Elisa Pinto, sino que los hechos objeto de instrucción se ciñen a la existencia de un delito de cohecho (...) existencia de indicios de la contratación de los servicios de un comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo en el momento de producción de los hechos”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tenido que abonar 39,1 millones más tras la demora en el pago por el litigio del tren a Navalcarnero y alega que la causa de corrupción por la que Ignacio González se sentará en el banquillo ha influido en el retraso. La Constructora OHLA, la antigua OHL fundada por Juan Miguel Villar Mir, ha comunicado este 28 de diciembre que la Comunidad de Madrid le ha abonado más de 162 millones de euros por un proyecto que nunca acabó, el tren a Navalcarnero, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

El despropósito alrededor de este proyecto de infraestructuras de Esperanza Aguirre no ha acabado con ese desembolso millonario de dinero público; aún resta que la Audiencia Nacional juzgue a Ignacio González, número dos de aquel Ejecutivo y luego presidente del Gobierno madrileño, por haber cobrado presuntamente una comisión a cambio de adjudicar el proyecto a la empresa fundada por Juan Miguel Villar Mir, empresario donante de la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas.

En la comunicación de la CNMV se especifica que de esos 162.389.692,28 euros a cargo del bolsillo de los madrileños, un total de 39,1 millones corresponden a intereses de demora del pago que debía efectuar la Comunidad de Madrid por la “liquidación del contrato” de la obra pública correspondiente a la “Nueva Línea de Transporte Ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero”.

Las obras nunca acabaron y ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que sea el Ministerio de Fomento y el Gobierno central quienes terminen de financiar la infraestructura, según adelantó El País. El actual Ejecutivo autonómico argumenta que si en su momento fue el Gobierno de Esperanza Aguirre el que acometió en 2005 el fracasado plan del tren a Navalcarnero fue porque el gabinete que presidía José Luis Rodríguez Zapatero se negó. 

“Se tenía que dar una infraestructura de transporte público a los vecinos de los municipios afectados”, alega un portavoz de la Consejería de Transportes. En el momento de aprobación del plan para el tren a Navalcarnero la consejera de Transportes madrileña era María Dolores de Cospedal. elDiario.es ha preguntado también al Ministerio de Fomento por su postura sobre el futuro de las obras pero al cierre de esta edición no había obtenido contestación. 

¿Y los más de 39 millones por las demoras en el pago? El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justifica ese recargo que saldrá de las arcas regionales porque ha tenido que esperar “un estudio de informe técnico” y otro de naturaleza jurídica, éste último por estar afectada la obra por la pieza del caso Lezo que investiga las tramas de corrupción de Gobiernos regionales anteriores de su propio partido. 

La del tren a Navalcarnero es solo una de las piezas del caso Lezo y está aún pendiente de sentencia. En junio, el juez Manuel García-Castellón abrió juicio oral contra Ignacio González y el exresponsable del grupo de construcción Francisco Javier López Madrid, yerno de Villar Mir. La Fiscalía pide para González cuatro años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho. Anticorrupción eleva a seis años la pena de cárcel que solicita para López Madrid. 

A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó fuera del caso al fundador del grupo, el exministro Juan Miguel Villar Mir y circunscribe la responsabilidad del caso de corrupción a su yerno, López Madrid. En total se sentarán seis personas en el banquillo de los acusado, entre ellas Adrián de la Joya, histórico colaborador del comisario Villarejo y quien recibió los 2,5 millones de euros en comisiones procedentes de una cuenta de OHL en México. 

El dinero de las comisiones no ha aparecido y todos los acusados niegan su participación en los hechos. De la Joya asegura que ese dinero que fue a parar a una de sus cuentas en Suiza corresponde a un dinero que le adeudaba OHL por un proyecto en África. Ignacio González pide la nulidad de las actuaciones porque toda la investigación internacional habría partido de un chivatazo con datos manipulados del comisario Villarejo, cumpliendo, según su defensa, órdenes de los “rivales políticos” del expresidente de la Comunidad. 

El tren a Navalcarnero es hoy un conjunto de 14 kilómetros de obras abandonadas desde 2010. La adjudicación se había producido tres años antes en aquella era en que Aguirre presentaba obras faraónicas una tras otra. Las máquinas comenzaron a hacer su trabajo pero el proyecto se detuvo porque la concesionaria quebró, lo que dio pie a a los litigios que la empresa mantiene con la Administración. OHL defiende una reclamación judicial de 370 millones de euros a la Administración, una cifra que según el Ejecutivo autonómico no corresponde a las “valoraciones técnicas” realizadas, que lo rebajan a los 122 millones abonados, más el recargo por la demora en el pago. Las acciones de OHLA se impulsaron este martes más de un 3% tras la comunicación de la CNMV del pago de los 162,5 millones de euros por la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

Nueva petición de cárcel para Javier López Madrid. La doctora Elisa Pinto, que también ejerce la acusación por acoso en un juzgado de Madrid, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando seis años de cárcel para el empresario por contratar al comisario Villarejo, cuando éste aún estaba en activo, dentro de una estrategia de acoso a la víctima. Para Villarejo, la representación de Pinto pide la misma condena. A ambos les atribuye un delito de cohecho.

El juez Manuel García Castellón instruye una pieza dentro del caso Villarejo sobre la presunta contratación del comisario por parte de López Madrid para hostigar a la doctora y el pasado julio dicto el auto con el que ponía fin a la instrucción y dictaba el pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años. Esta investigación de García Castellón se suscribe únicamente a esa relación comercial entre ambos, prohibida a un funcionario público, y no a la propia estrategia de acoso y agresión a la mujer que habría ordenado López Madrid y ejecutado Villarejo. Esos otros hechos son investigados en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. 

Precisamente, la jueza titular de ese juzgado de Madrid, Belén Sánchez, cerró la instrucción el pasado año y propuso juzgar a Javier López Madrid por los delitos de acoso y amenazas, mientras que a Villarejo le atribuía un presunto delito de agresión con un elemento peligroso. Se refiere en este punto la magistrada al pinchazo que recibió presuntamente la doctora por parte de Villarejo en abril de 2014 mientras le decía “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía elevó el pasado marzo su petición al considerar a López Madrid también “coautor” de la agresión, como persona que habría encargado la misma al policía a cambio de dinero.

Los fiscales del caso Villarejo consideraron desde el primer momento que la pieza que se abriera en el marco de esa causa debería abordarse como un encargo más por los que el policía cobró sirviéndose de su condición de funcionario público, destinado entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Quedaría fuera por tanto el presunto acoso cometido por el empresario a la mujer, por el que está procesado, y que todavía mantiene imputada en otro juzgado de Madrid, el 26, a la propia doctora Pinto. 

El escrito de acusación de la representación de Pinto considera acreditado que López Madrid entró en contacto con el comisario a través del directivo de banca Donato González. En el citado escrito se recogen los apuntes de la agenda del comisario y los extractos de las grabaciones que acreditarían el acuerdo comercial entre López Madrid y el policía. La abogada de Pinto, Ana Blanco, asegura que el comisario realizó “seguimientos telefónicos”, accedió a “información privada” e “intentó interferir en la investigación policial” a López Madrid que se había abierto consecuencia de las reiteradas denuncias de la mujer contra el empresario. Entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, López Madrid llamó en 135 ocasiones a tres números de teléfono de Villarejo.

Respecto a las grabaciones de Villarejo, el escrito de la acusación particular reproduce, entre otros, este extracto: “Yo, cuando termine todo, cuando meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ponme un poquito de pasta porque me ha metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

La abogada de Pinto no se detiene en José Manuel Villarejo. “También cabe significar la estrecha relación mantenida por Javier López Madrid con otros policías que mantuvieron un llamativo y estrecho contacto con él mientras duró la investigación de los hechos denunciados por Elisa Pinto sobre el acoso de Javier López Madrid. Así, menciona, entre otros, al policía que asumió la investigación por orden de la brigada política, el hoy comisario del distrito Centro, Alberto Carba. Este comisario aparece en unos mensajes incautados por la Guardia Civil a López Madrid dando ánimos al empresario investigado y trasladándole detalles de la investigación. ”Este partido lo vamos a ganar“, le llega a decir. 

La doctora Pinto pide igualmente dos años de cárcel para Rafael Redondo, socio de Villarejo, y que declaren como testigos los policías citados, así como el procesado en el caso Villarejo y la Operación Kitchen, Andrés Gómez Gordo, el policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal. También pretende que preste declaración Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica que, como refleja el sumario de este hecho, recibió en un mensaje de López Madrid la dirección exacta de la doctora Pinto. López Madrid ha recurrido el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez García Castellón en julio.