El agujero de la Ciudad de la Justicia: otro colaborador de Aguirre condenado por corrupción

Los siete años de cárcel impuestos al exvicepresidente Alfredo Prada se suman a las condenas y juicios pendientes de varios de sus cargos más importantes en su época como presidenta de la Comunidad de Madrid: Alberto López Viejo, Francisco Granados, Ignacio González, Beltrán Gutiérrez o Isabel Gallego
— La Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al exvicepresidente Prada por la fallida Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre
— Esperanza Aguirre se desentiende de la condena de su exvicepresidente: “Yo no me invento la Ciudad de la Justicia”

Los colaboradores más cercanos a Aguirre han sido condenados o están a la espera de juicio David Velasco

11 de septiembre de 2024 21:58 h

Actualizado el 12/09/2024 05:30 h

Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alfredo Prada toma posesión de su cargo en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre EFE

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

Esperanza Aguirre en la toma de posesión de su primer gobierno en 2003 con Ignacio González (a su derecha), Alfredo Prada (a su izquierda) y Francisco Granados (fila superior) EFE / Bernardo Rodríguez

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

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