En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento inicia los trámites para formar por fin el Consejo de Trabajo Autónomo, un órgano consultivo que lleva atascado casi dos décadas, ha adelantado en su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es que se está celebrando desde el miércoles hasta este viernes.

Atascado “casi dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo”, ha anunciado Díaz, que ha advertido que “parece fácil, pero no lo es, por eso no se hizo en 20 años”, ya que “se juega la representatividad” de los colectivos de autónomos que se sientan en el diálogo social con el Gobierno para negociar las medidas que afectan a este colectivo de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras.

En efecto, el principal obstáculo para la constitución de este órgano consultivo ha sido el sistema de medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, con muchos intereses enfrentados entre los hasta ahora considerados principales colectivos: ATA, UPTA y UATAE.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que su equipo inicia “los trámites para constituir el Consejo del Trabajo Autónomo”, previsto en la Ley de Trabajo Autónomo de 2007. Tras un intento fallido para formarse en 2011, por el entonces ministro socialista Valeriano Gómez, este órgano no se ha constituido nunca.

El Consejo es una fórmula de participación de las asociaciones de autónomos en la creación de las políticas públicas destinadas a este tipo de empleo, y un mecanismo de diálogo social institucionalizado para sus colectivos más representativos.

Díaz además se ha mostrado “absolutamente a favor de la transposición del IVA franquiciado”, una medida que no había tomado todavía el Gobierno de coalición –con acciones incluso en los tribunales de la Comisión Europea– y que ahora saldrá adelante para conseguir el voto favorable de Junts al decreto con la mayoría de medidas anticrisis por el conflicto en Irán.

“Irresponsabilidad” del PP ante la guerra de Irán

Yolanda Díaz también se ha referido al contexto actual de crisis por la guerra de Irán, que ha lamentado que no parece tener “una salida próxima” por la falta de “un plan de salida” por parte de quien la inició, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Díaz ha defendido los decretos del Gobierno de coalición con las primeras medidas para hacer frente a los daños económicos y sociales de este conflicto en Oriente Medio. Tanto el decreto más amplio, con el conjunto de ayudas y medidas por valor de 5.000 millones de euros, como el decreto para congelar los alquileres.

Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos, ya que el decreto está ahora en vigor, aunque todo apunta a que decaerá dentro de un mes por la negativa de las derechas en el Parlamento.

La responsable de Trabajo ha denunciado la “irresponsabilidad” de la oposición, y en especial del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que se prevé que votará en contra de los dos decretos.

Yolanda Díaz ha sostenido que el PP se sitúa así en contra de la “gente de su país”, tanto de los empresarios como de la gente trabajadora y las personas más vulnerables, en un conflicto que está empobreciendo económicamente a España y al resto del mundo, y que solo beneficia “a unos muy pocos”, como los “magnates del petróleo”, del fracking y los oligarcas tecnológicos “amigos de Trump”, ha denunciado la vicepresidenta.

En el terreno más político, la líder de Sumar en el Gobierno –que ya no será la líder de la izquierda confederal en las próximas elecciones– ha llecho un llamamiento a dar “esperanza” y “tranquilidad” a la ciudadanía. “Sé que el contexto político es muy malo, pero la extrema derecha y las políticas del odio y la destrucción no son una ola imparable”, ha sostenido. “Se puede ganar a la extrema derecha, que España no es una excepción, somos la inspiración y vamos a volver a serlo”, ha afirmado Yolanda Díaz.

Insiste en que reforzará el registro horario

La vicepresidenta segunda ha insistido este jueves en que sacará adelante el refuerzo del registro de jornada, que ha recibido la oposición interna del Ministerio de Economía y dos varapalos de los órganos consultivos que tenían que evaluar el real decreto, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, créanme, es que este registro sea eficaz, que valga para algo, como nos ha dicho el TJUE (la justicia europea)”, ha sostenido Díaz, en referencia a las sentencias que reclaman que el registro sea fiable, objetivo y accesible.

El Ministerio de Trabajo se ha abierto a hacer “pequeños cambios” en su actual texto, aunque ha situado como líneas rojas que el control horario sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Díaz insistió en que sacaría adelante el refuerzo del registro horario “aunque fuera lo último” que hiciera, lo que avecina una nueva pugna dentro del Gobierno. El ministerio de Economía de Carlos Cuerpo consideró esta semana que había que asegurar “una implementación equilibrada” del registro para las empresas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León ha recibido el medio millón de euros de la Junta de Castilla y León que le correspondía tras pedir la ejecución de las sentencias que ganaron UGT y CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León después de los recortes “ilegales” de Vox. CEOE no judicializó la retirada de la subvención, pero ahora sí ha pedido la extensión de los efectos de las sentencias del TSJ y ha reclamado su parte correspondiente a la participación institucional de 2023.

La Consejería de Industria, que durante unos años dirigió Mariano Veganzones, acabó aprobando parte de la subvención anual que recibían los integrantes del Diálogo Social, aunque no lo promocionó tanto como cuando anunció el fin “ilegal” de estas subvenciones. Faltaba, por lo tanto, entregar a la CEOE la cuantía restante correspondiente al periodo 2022-2023: ha recibido 494.491 euros. CEOE se ha negado a hacer declaraciones al respecto y consideran que se trata de “un procedimiento administrativo que se ha tramitado por los cauces institucionales habituales”.

Esta entrega se aprobó en el Consejo de Gobierno del 30 de diciembre de 2025, aunque no se incluyó en el dosier de prensa que la Junta suele entregar a los medios de comunicación. El Ejecutivo no ha querido aclarar el porqué de esta opacidad, y solo se ha podido conocer esta entrega a través del portal de Transparencia. El del 30 de diciembre es uno de los últimos consejos de gobierno antes de que Fernández Mañueco disuelva las Cortes de Castilla y León y convoque elecciones autonómicas para el 15 de marzo.

Una decisión que solo recurrieron los sindicatos

Precisamente fue en marzo del año pasado cuando el TSJ autonómico condenó al Ejecutivo de Fernández Mañueco después de que permitiera que Vox, estando en el gobierno, retirara la subvención que establecía la Ley de Diálogo Social a los sindicatos y la patronal. Esta subvención directa está vinculada a su representatividad sindical y empresarial y no puede depender de la aprobación de esta partida en los Presupuestos. El TSJ reconoció “el derecho del sindicato a la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional”.

Vox suprimió esta cantidad (normalmente no supera los 4 millones de euros entre las tres organizaciones) en los Presupuestos y, aunque luego sí hizo una aportación parcial, el TSJ le obligó a entregar la que faltaba. Eso sí, la Justicia resolvió en 2025, un año después de que Vox se marchara de los gobiernos de coalición que mantenía con el PP. El gobierno de Fernández Mañueco anunció entonces que no iba a recurrir las sentencias y que pagaría las cuantías fijadas por la Justicia.

La Justicia fue muy contraria a determinadas políticas iniciadas por Vox durante su mandato en Industria y Empleo, como el calendario laboral de 2023, que la Justicia declaró nula porque Veganzones se saltó el procedimiento y la Justicia consideró “ofensivas e innecesarias” las acusaciones formuladas por Veganzones contra los sindicatos, aunque en esta ocasión el TSJ no vio infracción penal. También en 2023, el Consejo Económico y Social de Castilla y León tuvo que desmentir al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que acusó a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad.

'Se acabó' del Ministerio de Trabajo a los empresarios en la mesa para renovar la Ley de prevención de riesgos laborales, tras más de 20 meses de negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado esta tarde que el Ministerio da por cerrada la negociación tripartita ante la “actitud dilatoria” de las patronales, que ha tachado de “burla al diálogo social”, y negociará solo con CCOO y UGT para cerrar un acuerdo lo antes posible.

“El Gobierno está profundamente decepcionado y lo tengo que decir así. Es una decepción enorme por parte del equipo de este Ministerio. Yo llevo ya algunos años al frente de esta mesa y no he visto nunca una actitud dilatoria, una actitud tan inconsecuente y una actitud básicamente de rémora, de no avanzar en lo que se está negociando”, ha denunciado Pérez Rey en referencia a la actitud de la patronal, recoge la agencia Europa Press.

Esta mesa de negociación pretende reducir la siniestralidad laboral, atascada en España en los últimos años (y en alza en sectores como la construcción y la industria), con un número de muertes muy elevado, de alrededor de 800 víctimas mortales al año. Muchas de ellas que pierden su vida en accidentes evitables, precisamente por la falta de medidas de prevención.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han compartido la crítica a la postura de las organizaciones empresariales, que han tachado de “bloqueo”. El secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, ha explicado que CEOE “ha cuestionado prácticamente todo el trabajo realizado y planteado que el consenso al que habíamos llegado es un 'buen borrador' para empezar a trabajar”. La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha argumentado que no pueden “permitir que se bloqueen los avances porque las patronales hayan tomado una decisión política”.

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han lanzado un comunicado conjunto en el que critican que Trabajo se ha “levantado de la mesa” y sostienen que “se ha impedido una negociación real”. “Se ha limitado la consulta con las organizaciones empresariales y se nos ha culpado del desenlace de una mesa que CEOE y CEPYME consideramos esencial para desarrollo del trabajo en nuestro país”, han respondido las organizaciones empresariales.

“Seguir negociando hasta ver si cae el Gobierno”

“La patronal española, lo que nos ha querido decir es que quiere seguir negociando hasta ver si cae el Gobierno. Si no, no se puede explicar de otra manera. Ha puesto excusas inasumibles, porque buena parte de las cosas que han dicho las ha suscrito en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo con este Gobierno, sólo para postergar esta reforma y esperar que el Gobierno no la pueda hacer”, ha afirmado Pérez Rey.

El 'número dos' de Trabajo ha subrayado que el diálogo social tiene que dar una respuesta a las más de 800 personas que pierden su vida al año trabajando. “Y, por tanto, esta actitud inconsecuente, inasumible y desleal con el diálogo social no puede pasar inadvertida. El Gobierno no amenaza con seguir gobernando. Es que el Gobierno tiene que gobernar, y el Gobierno tiene que dar respuesta al enorme drama que la sinestralidad laboral es en nuestro país”, ha recalcado.

A la búsqueda de un pacto con los sindicatos

Así, el secretario de Estado ha afirmado que Trabajo negociará sólo con los sindicatos un texto que “ya está muy avanzado” y que, por tanto, no debería tardar en cerrarse. “Vamos a seguir adelante, vamos a hablar con los sindicatos para acercarnos a ellos, a un texto que podamos consensuar y un texto que dé respuesta a este enorme drama que es la enfermedad, los accidentes y perder la vida en el trabajo”, ha explicado. La intención es que pueda alcanzarse un acuerdo antes de fin de año, aunque Pérez Rey ha preferido no dar plazos a esta última fase de la negociación.

En CCOO han explicado que han “exigido al Gobierno que próximamente nos reunamos para que nos den una alternativa para seguir adelante con la ley o establecer las modificaciones normativas vía reales decretos para modificar los aspectos estructurales de la ley”, conscientes de la complejidad de apoyos en el Parlamento. No obstante, el 'número dos' del Ministerio de Trabajo ha confiado en que el Congreso pueda respaldar un proyecto de ley para reducir la siniestralidad.

“No vamos a perder el tiempo sine die mientras los trabajadores siguen muriendo cada día”, ha subrayado la responsable de UGT.

Gobierno de La Rioja y Universidad de La Rioja crean la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva, una iniciativa que “es fruto de la colaboración entre ambas instituciones y que supone una apuesta por el conocimiento, la calidad de las relaciones laborales y por el futuro de La Rioja”, ha asegurado al consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, que ha estado acompañada por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón.

Esta cátedra ha nacido con “vocación de formar, investigar y difundir conocimiento riguroso en un ámbito esencial para el desarrollo económico y la cohesión social”. “Se trata de un proyecto pionero que refuerza el compromiso con el diálogo social como herramienta esencial para el progreso económico y la cohesión social. El diálogo social no es solo un principio constitucional, sino que también es un motor de estabilidad y competitividad. La negociación colectiva, la mediación y la solución extrajudicial de conflictos laborales son instrumentos que permiten construir relaciones laborales más equilibradas, modernas y resistentes”, ha incidido León.

“Este proyecto no solo responde a una necesidad regional, sino que se alinea con las recomendaciones europeas y con las mejores prácticas internacionales. La Universidad de La Rioja aporta su rigor científico y su capacidad de formación, mientras que el Gobierno de La Rioja garantiza el apoyo institucional y financiero”, ha agregado la consejera.

 Por su parte, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha señalado que la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva va girar sobre tres ejes: “la formación, la investigación y la sensibilización” y ha celebrado la importancia que se le va a dar a la “formación independiente de los agentes del diálogo y negociación colectiva”.

En este sentido, ha apuntado la oferta de una microcredencial, que empezará a impartirse en 2026, dirigida tanto a profesionales, como empresarios y estudiantes (estos, con matrícula gratuita); y que la dirección de la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva recaerá en personal del área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en colaboración con el resto de integrantes, así como de otras áreas y universidades.

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el marco de la cátedra, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo concede a la UR una subvención de 30.000 euros anuales. 

Reconocimientos y formación

Dentro del convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Departamento de Derecho convocarán los Premios a los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, con el fin de destacar y gratificar la excelencia en la obtención de las competencias y resultados de aprendizaje de los trabajos defendidos en el curso 2024-2025.

Estos reconocimientos, ha detallado Pilar Simón, “tienen por objeto premiar a los alumnos que aborden aspectos relativos a las relaciones laborales, diálogo social, negociación colectiva, políticas sociolaborales y cualesquiera otras de interés para la cátedra en el marco del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”.

Los premios serán otorgados a dos estudiantes de la UR que acaben de finalizar su formación en el Grado de Relaciones Labores y Recursos Humanos, Grado en Derecho, Grado en Trabajo Social o Máster de la Abogacía y la Procura durante el curso 2024-2025 y que hayan obtenido una calificación igual o superior a ocho puntos.

Habrá un primer premio de 700 euros y un segundo de 300 euros. 

Asimismo, la formación se llevará a cabo a través de un curso en solución extrajudicial de conflictos laborales, cuyo programa va dirigido tanto a personal docente como estudiantes universitarios, egresados, así como a profesionales del ámbito de las relaciones laborales, sector empresarial y laboral, representantes sindicales o personal empleado público, entre otros.

Se fomentarán también actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva que impulsen el conocimiento y la solución de los problemas específicos a los que se enfrenta el sistema de relaciones laborales español. En este sentido, están previstos dos encuentros de expertos en áreas de interés de la cátedra. En el ámbito de la sensibilización y divulgación, se difundirá el valor de estas herramientas y se pondrá en valor el papel de los agentes sociales.

“El diálogo social va camino de la UVI”, denunció hace unos días el líder de los empresarios en España, Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE lanzaba la crítica contra el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, justo en la misma semana en la que las patronales han dado un paso determinante en contra de la negociación tripartita: renegar de la cotización por ingresos reales de los autónomos, una reforma clave pactada hace solo tres años y en pleno despliegue, comprometida además con Bruselas y por cuyo retraso España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de euros en fondos europeos. Y no solo eso. La patronal también se ha levantado de la negociación sobre el despido nada más comenzar.

Son los dos últimos ejemplos de un giro en la actitud de los empresarios en contra de casi cualquier medida que plantee el Gobierno de coalición –y sobre todo el Ministerio de Trabajo– que, aunque empezó hace tiempo, se ha ido acrecentando. Se trata de un “no a todo”, indican fuentes sindicales, “que no haya ningún acuerdo en nada” que pueda dar aire al Ejecutivo de coalición progresista.

Una muestra significativa, de hace apenas unos días, fue la reacción de Antonio Garamendi a la voluntad del Gobierno de ampliar el permiso por fallecimiento a los 10 días y crear un nuevo permiso para cuidados paliativos, un tema sensible para mucha población. El dirigente patronal tachó la medida de “ocurrencia” en un discurso que ridiculizó la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”, afirmó. Tras la polémica suscitada por sus palabras, el empresario matizó que su crítica no iba dirigida a la propuesta, sino “a las formas” del ministerio.

Ruptura del acuerdo de autónomos

Más allá del tono y del clima de oposición a las nuevas negociaciones, la sorpresa ha llegado con la postura de ATA –el colectivo de autónomos dentro de la patronal– y de la propia CEOE respecto al acuerdo alcanzado en 2022 para que los trabajadores por cuenta propia coticen por lo que ganan en 2032. Ahora, cuando debe negociarse la senda de aumento de los próximos años hacia esa cotización por ingresos reales, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirma que “los autónomos ya cotizamos por ingresos fiscales” y da por “cumplido” el pacto suscrito, pese a la gran brecha de cotización que todavía persiste, sobre todo entre quienes más ganan.

Ni en ATA ni en CEOE aclaran por qué suscribieron entonces una meta en 2032, que en la propia ley aprobada aparece como la fecha a partir de cual los autónomos cotizarán por “la totalidad de los rendimientos netos obtenidos”.

En plena ofensiva de las patronales y varios partidos de derechas contra el aumento de las cuotas en los próximos años, y con críticas también desde la izquierda a su primer planteamiento, el Ministerio de Seguridad Social ha optado por una propuesta de mínimos solo para 2026.

Los colectivos progresistas de autónomos UPTA y UATAE reivindican volver al acuerdo suscrito. “No se puede frivolizar con la protección social ni con las cotizaciones”, sostiene Eduardo Abad (UPTA), que pide “no esconderse” y “dar la batalla” para culminar la reforma consensuada. En el mismo sentido se expresa María José Landaburu (UATAE), algo más pesimista ante el contexto político actual. “La situación es muy muy complicada”, lamenta.

Los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han alertado sobre la trascendencia de la ruptura del acuerdo de autónomos por parte de los empresarios. No solo por el hecho de incumplir un pacto ya suscrito en el diálogo social, sino porque pone en riesgo la llegada de millones de euros en fondos europeos a España y el propio sistema de pensiones públicas, ya que la medida estaba incluida en las últimas reformas para reforzar los ingresos de la Seguridad Social.

Los empresarios se han levantado también de la mesa de negociación para reformar el despido, con el objetivo de adaptarlo a la Carta Social Europea, que acaba de abrir el Ministerio de Trabajo. “No nos vamos a sentar en la mesa, porque la premisa es falsa”, ha justificado el líder de CEOE, respaldándose en la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el actual sistema de indemnización por despido improcedente frente a las decisiones contra España del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Antonio Garamendi ha afirmado también que reformar el despido incumple la reforma laboral pactada en 2021, que excluyó esta materia y se centró en otras cuestiones, como la reducción del empleo temporal y el refuerzo de la parte trabajadora en la negociación colectiva. “Vamos a seguir hablando y dialogando, pero no podemos sentirnos engañados, día sí y día también, saltándose los acuerdos como el caso de la reforma laboral”, ha afirmado el empresario vasco en este caso.

Ofensiva también en los tribunales

Además, se prevé que las patronales recurran ante la justicia el real decreto que prepara el Gobierno para endurecer el registro horario después de que fracasara la ley para reducir la jornada laboral (que también incluía esta medida), que las patronales trabajaron intensamente para boicotear en el Parlamento. La CEOE considera que los cambios en el control horario que pretende incorporar Yolanda Díaz no pueden aprobarse con un reglamento, sin pasar por el Congreso de los Diputados.

También se espera una maniobra similar en los tribunales contra la intención de Trabajo de impedir que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pueda absorberse a través de pluses, otra regulación que las patronales insisten en que no puede articularse vía real decreto, sino que exige rango de ley.

Respecto al aumento del salario mínimo en sí mismo, casi nadie espera una actitud negociadora de la CEOE para la subida de 2026, ya que es un tema que vienen rechazando los empresarios casi todos los años y que genera mucha contestación en algunas patronales, especialmente en las pequeñas y algunas sectoriales, como las del campo.

Este viraje al “no a todo” de las patronales se explica por un cambio sustancial de contexto respecto a la primera legislatura del Gobierno de coalición progresista, en el que se alcanzaron múltiples acuerdos del diálogo social, incluso en materias muy complejas como la reforma laboral, las de pensiones y la Ley Rider, entre otras. Por un lado, el Ejecutivo ahora tiene muchísimas dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, debido al contexto interno en la patronal CEOE, que se encamina al fin del segundo mandato de Garamendi, en el pasado cuestionado por sus pactos con el Ejecutivo y con una 'línea dura' a la que conquistar si quiere seguir al frente de los empresarios españoles.

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha instado este jueves a tener en cuenta a las empresas a la hora de avanzar en derechos laborales como la ampliación del permiso por fallecimiento propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En una conferencia de prensa en Luxemburgo, Cuerpo ha señalado que el Gobierno busca de manera “constante” seguir “conquistando derechos para los trabajadores” y “mejorando las condiciones laborales”, pero ha considerado que a la hora de realizarlo “hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de las empresas” como ya se ha hecho “en otros grandes proyectos”.

El titular de Economía se ha pronunciado así preguntado por su opinión sobre la propuesta de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días y de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos, anunciada hoy por Díaz, quien ha indiccado que se iniciarán los trámites para ello vía decreto ley.

Cuerpo, que no ha respondido sobre si había sido informado de la medida antes del anuncio, ha insistido en que la ambición del Gobierno en materia de derechos para los trabajadores es “máxima”, como demuestran también otros expedientes como la reducción de la jornada laboral, pero subrayó que debe contarse con las compañías.

“Tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia delante que tenga en cuenta también, por supuesto, a las empresas y la capacidad que tienen de seguir avanzando en este círculo virtuoso que estamos encontrando, y conquistar derechos y seguir siendo capaces de crecer de manera significativa”, ha dicho.

Tras el anuncio de la vicepresidenta segunda, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no le ha comunicado su intención de ampliar el permiso y tachó de “ocurrencia” el anuncio de una medida que no ha querido valorar porque no tiene información alguna al respecto.

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado la futura ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos como “una buena noticia”, aunque consideraron que debía haberse abordado antes en el marco del diálogo social.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE de Castilla y León, los agentes que forman parte junto con la Junta del Diálogo Social en esa comunidad, recibirán en conjunto 3,9 millones este 2025, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno.

Se trata de subvenciones correspondientes al ejercicio 2025 y que dan cumplimiento a la legislación vigente, facilitando la participación institucional y el ejercicio de las funciones que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas tienen atribuidas por ley.

La aportación económica permitirá a los dos sindicatos y la patronal sufragar una parte de los gastos directamente relacionados con su participación institucional y con la defensa de los derechos económicos y sociales que tienen atribuidos en la legislación vigente, incluyendo acciones de promoción sociolaboral y formación.

La aportación económica destinada a cada uno de los sindicatos es de 1.237.702 euros; mientras CEOE Castilla recibe 1.484.456 euros.

Las ayudas irán destinadas, fundamentalmente, a sufragar los gastos de personal, salarios, cotizaciones, prestación de servicios, asesoría jurídica, suministros y gastos corrientes derivados de las labores de representación y la defensa y promoción de los intereses que les son propios y que están reconocidos tanto por la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Con la aprobación de estas subvenciones directas se da también cumplimiento a la Ley para la creación del Consejo del Diálogo Social, así como a los derechos de financiación por participación institucional reconocidos en la vía jurisdiccional.

El PSOE denuncia que el Equipo de Gobierno de Conrado Escobar ha bloqueado y paralizado la participación del Consejo Social, lo que se traduce en un “errático modelo de participación ya que apenas se han desarrollado propuestas e iniciativas”. De esta forma, el grupo municipal socialista constata el “fracaso absoluto del modelo de gestión participativa del PP, presuntamente basado en el diálogo y la escucha, puesto que hasta el día de hoy la convocatoria de los grupos de trabajo del Consejo Social es muy deficiente”.

Y es que el Consejo Social constituyó en marzo de 2024 cinco grupos de trabajo que iban a trabajar en diferentes áreas como movilidad y accesibilidad, Plan General Municipal e infraestructuras, vivienda, barrios y dotaciones públicas e identidad logroñesa.

El mejor ejemplo del bloqueo de este órgano es el grupo de trabajo creado para abordar los barrios de la ciudad ya que no es solo que no se ha convocado, es que desconocemos completamente la intencionalidad del mismo ni cuáles son los objetivos a alcanzar.

Estas deficiencias participativas son una buena muestra acerca de cómo el PP ha desatendido a los barrios de Logroño y ha descuidado las necesidades que pudieran tener en múltiples asuntos, tal y como demuestran las constantes quejas en las reuniones de las Juntas de Distrito. Otra prueba de esta errante manera de entender la participación ciudadana es que, en apenas dos años, se modificó la estructura del Gobierno Local y el área de Participación Ciudadana pasó de las manos del concejal Francisco Iglesias a las de Leonor González Menorca.

Los constantes cambios en el Equipo de Gobierno del PP evidencian el errático deambular de un Conrado Escobar sin proyecto alguno para la ciudad, que renuncia y paraliza proyectos, devuelve fondos europeos y bloquea el diálogo y la participación.

Los sindicatos CCOO y UGT y Cecam han coincidido en calificar el día de hoy como uno “importante” que pasará a la “historia” ya que, después de 43 años, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha vuelve a reformarse con el consenso de PP y PSOE blindando el diálogo social y los derechos sociales como la sanidad y la educación.

En declaraciones a los medios tras aprobarse el texto en las Cortes castellanomanhegas, la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, ha asegurado que para el sindicato que lidera, “hoy es un día muy importante” ya que “se ha aprobado un texto que nos hace avanzar en derechos y en garantías para la ciudadanía”.

Aunque falta su tramitación en el Congreso, donde espera que haya “el mismo entendimiento y el mismo consenso” que el que ha habido en Castilla-La Mancha, la líder de UGT ha señalado que la aprobación de la proposición del nuevo Estatuto supone blindar cuestiones que para el sindicato “son importantes” como el diálogo social.

Igualmente, ha recordado, este estatuto blinda los servicios públicos y las políticas sociales. “Servicios públicos que dan cobertura al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas castellanomanchegos y ofrecen garantías y protección para las mujeres, para los jóvenes y para los colectivos más vulnerables”.

“Hoy tengo más presente que nunca a la clase trabajadora y cómo este estatuto va a suponer para todos ellos, más bienestar, más derechos y más oportunidades”, ha sentenciado.

CCOO: Es un texto “absolutamente participado”

De su lado, la secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha aplaudido que este nuevo estatuto llegue con el consenso de PP y PSOE y, además, llegue “absolutamente participado”.

“Para nosotros era fundamental que fuera un texto que estuviera al servicio de las personas” y, por tanto, “el objetivo era que este estatuto recogiera los derechos fundamentales que hacen que la ciudadanía no vaya a dos velocidades”, ha señalado.

Igualmente, ha valorado la importancia de la defensa de lo público, de los servicios sociales, de la educación y de la sanidad, así como que recogiera la importancia y la defensa del empleo en la región. Por eso, se ha felicitado de que sea un Estatuto que “refleje la justicia social y que no deje a nadie atrás”.

Cecam valora la reforma porque “es un estatuto que ya tenía años”

Desde la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), su presidente, Ángel Nicolás, ha valorado y “mucho” la aprobación de la reforma del estatuto, puesto que “es un estatuto que ya tenía años”. “La economía no es lo mismo, la sociedad no es la misma, la sanidad no es la misma, la educación no es la misma y hacía falta adaptar el estatuto al siglo XX”.

Dicho esto, se ha congratulado de que Cecam haya conseguido algo que pretendían los agentes sociales, que era que se consagrara de alguna manera, al igual que está en la Constitución española, el diálogo social en Castilla-La Mancha, ya que considera que es “un valor que hay que preservar y que está dando buenos resultados”.

También ha apuntado Nicolás se ha dado “un paso al siglo XXI”, porque “vamos a gestionar unos fondos que antes no existían”, y también se va hablar de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías.

El presidente de Cecam admite que ha oído durante el debate algunas cosas que le han llamado la atención, aclarando que “en un estatuto es difícil que podamos hablar que hay que reparar un camino o arreglar una escuela”. “Eso es más de táctica que de estrategia”.

“Ahora estamos en la estrategia, y la estrategia es dotarnos de un marco adecuado que nos permita, con buena táctica, hacer todo lo que necesitamos hacer en Castilla-La Mancha, que aunque hemos avanzado mucho, tenemos muchísimas cosas por hacer”.

CSIF afirma que el proyectó hará que “aumente la desafección” ciudadana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha rechazado el posible aumento del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Para la formación, el proyecto “supondrá un aumento del gasto público al contemplarse hasta un máximo de 55 diputados en concepto de salarios, dietas y asignaciones por actividad parlamentaria, así como personal administrativo, asesores y más recursos materiales”.

Este aumento, recalcan, es “difícilmente justificable ante la ciudadanía”, que se encuentra “tremendamente afectada por el alza de los precios”. “Es más, supondrá aumentar la desafección ante la clase política, más preocupada por mantener y aumentar sus privilegios que por los asuntos verdaderamente importantes de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que erosionaría la confianza en las instituciones”, han recalcado. “CSIF sí está de acuerdo en otros puntos del Estatuto que velan por el futuro de la región, pero en ningún caso con el aumento de la composición de las Cortes”, han concluido.

La Mesa del Tercer Sector apoya la reforma tras meses de trabajo y diálogo

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha agradecido que el “75 por ciento de sus propuestas” hayan sido recogidas de manera literal en la nueva reforma del Estatuto de Autonomía. Romero ha asegurado que desde la Mesa del Tercer Sector están satisfechos por la aprobación de este nuevo texto después de meses de trabajo y diálogo con el PSOE y el PP.

Ha querido agradecer el trabajo que han desempeñado las entidades sociales de Castilla-La Mancha. “Estamos satisfechos, en gran medida, con el enfoque de derechos humanos y con ese enfoque inclusivo y de justicia social que tiene este nuevo estatuto de autonomía”.

“Queremos destacar, sobre todo, que la accesibilidad universal se recoge en el estatuto de autonomía, algo que veníamos demandando también todos los CERMIs autonómicos y todas las entidades del Tercer Sector”.

Finalmente, ha afirmado que este tipo de acuerdos “refuerzan que la ciudadanía de Castilla-La Mancha tenga esa confianza en las instituciones”.

La Universidad regional celebra los “avances” de los derechos de la ciudadanía

La secretaria general de la Universidad de Castilla-La Mancha, Isabel Gallego, ha celebrado el “día histórico” para la región y ha aseverado que la institución acoge “con mucha satisfacción” la reforma del marco jurídico e institucional de la comunidad autónoma. Además, ha destacado que el papel de la Universidad castellanomanchega en la “transformación de la región” en los últimos años ha sido “innegable”, desde la “vertebración territorial” y la “democratización” del acceso a la enseñanza superior. “Creo que también a la hora de crear conciencia de comunidad política”, añadió.

Gallego valoró que el texto reconoce el derecho a recibir una enseñanza pública, inclusiva y de calidad, por un lado, y que también se reconocen las competencias de la comunidad autónoma en materia de enseñanza superior. Asímismo, destacó que se reconocen competencias en materia de investigación e innovación. “La simbiosis entre la comunidad autónoma y la Universidad de Castilla-La Mancha es total”, afirmó.

Nueva reunión del Consejo de Diálogo Social de La Rioja en la que se han abordado los aranceles de Estados Unidos y las infraestructuras y comunicaciones riojanas. Un encuentro, presidido por el presidente riojano, Gonzalo Capellán, y en el que se ha dado la bienvenida oficialmente al nuevo presidente de la FER, Eduardo de Luis, y al nuevo secretario general de CCOO, Rodrigo Alfaro.

Los asuntos abordados en esta reunión son “de gran interés en el seno de este órgano colegiado de participación, concertación y diálogo institucional entre las organizaciones sindicales y empresariales y el Ejecutivo regional”. En este encuentro presidido por Capellán, han participado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez; la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón; así como el presidente de la FER, Eduardo de Luis; el secretario de la FER, Eduardo Fernández; el secretario de CCOO, Rodrigo Alfaro; y el secretario de UGT, Jesús Izquierdo.

Durante la reunión, se ha analizado la afección en las empresas riojanas tras el anuncio de Estados Unidos de implantar aranceles a la importación de productos procedentes de España -y otros países-, así como la situación de las infraestructuras y comunicaciones de esta Comunidad Autónoma. “Son dos asuntos de gran trascendencia que pueden limitar el emprendimiento empresarial y perjudicar la competitividad empresarial, así como el desarrollo económico en esta región”, apuntan desde el Gobierno e La Rioja.

Sindicatos, Patronal y Junta de Castilla y León han ratificado este viernes cinco acuerdos por los que se destinarán 2.100 millones en materia de empleo, educación e igualdad en el periodo 2025-2028. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los secretarios generales autonómicos de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Vicente Andrés, y el presidente de la CEOE en la Comunidad, Santiago Aparicio, han remarcado la importancia del acuerdo tras los recortes durante el gobierno de coalición de PP y Vox.

Patronal y sindicatos han hecho hincapié en la recuperación de las visitas a empresas sobre la prevención de riesgos laborales, una política que fue eliminada en la etapa de PP y Vox cuando el exconsejero Mariano Veganzones, de Vox, ostentaba la cartera de Industria, Comercio y Empleo. “Por desgracia alguien no lo entendió en su momento y decidió quitarlo”, ha lamentado Aparicio sobre este tema .

Mañueco ha evitado pronunciarse por las políticas tomadas por su gobierno de coalición con la extrema derecha y ha remarcado que bajo su presidencia Castilla y León ha logrado firmar “17 acuerdos” en el seno del Consejo del Diálogo Social, “una seña de identidad” de Castilla y León fruto del “compromiso inquebrantable” con el Diálogo Social. Para el Ejecutivo autonómico los acuerdos constituyen “una hoja de ruta esencial” para el futuro socioeconómico de la Comunidad.

Sin presupuestos autonómicos que recojan este gasto, al menos para el año 2025, Mañueco ha garantizado el cumplimiento de los acuerdos. “Los últimos presupuestos no hace un año que los aprobamos y van a cumplirse, como los hemos cumplido en otros momentos cuando los presupuestos estaban prorrogados”.

Tanto el presidente de la patronal como los representantes sindicales han recordado las dificultades vividas para el Diálogo Social durante los años de Vox en la Consejería de Empleo. “Es un éxito después de la que ha caído llegar aquí”, ha valorado Andrés.

En septiembre de 2024 los mismos protagonistas de este viernes firmaron cuatro nuevos acuerdos en materia de Vivienda, Educación, Dependencia y Transición Justa y que movilizarán 980 millones de euros hasta 2027.

15 acuerdos vigentes del Diálogo Social

Estos cinco nuevos acuerdos se suman a los diez que se encuentran vigentes para Castilla y León. “Volvemos a demostrar que el Diálogo Social está en plena forma”, ha celebrado Mañueco. Patronal y sindicatos también han sido optimistas: “el Diálogo Social está más vivo que nunca”, ha significado Aparicio, mientras desde CCOO han apuntado que son “cinco acuerdos importantísimos” derivadas de “muchas horas de trabajo” , como ha reconocido el líder de UGT.

Además del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Aparicio ha remarcado la importancia de la mesa especializada de Educación y Empleo, que busca adaptar la formación a las necesidades de las empresas. Lobo ha señalado que las visitas de asesoramiento harán “más seguros los entornos laborales”.

El ugetista ha reconocido que con los acuerdos se va a promover la salud mental el trabajo, se van a acreditar competencias en FP o se van a desarrollar de planes de igualdad además de incluirse la protección en caso de EREs o contratar colectivos con especiales dificultades. En resumen, “cinco grandes acuerdos que contemplan más de un centenar de medidas e importantes compromisos presupuestarios” para “consolidar políticas públicas que benefician a los trabajadores y a las personas en desempleo”.

El líder de CCOO ha reconocido el esfuerzo de las partes a la hora de negociar. Andrés ha querido señalar la importancia de la acreditación de competencias, las políticas de igualdad o los 50 millones para contratar 4.900 trabajadores, entre las medidas más necesarias.

IV Estrategia Integrada

Cuatro de los cinco acuerdos se encuentran vinculadas a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la Consejería de Educación y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Concretamente, se trata del Acuerdo de Empleo de Castilla y León 2025-2028; el Plan General de Formación Profesional de Castilla y León 2025-2028; el VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2025-2028; y el Plan de Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2025-2028.

La IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 2025-2028 se configura como “una herramienta fundamental para reducir el desempleo, fomentar la cualificación permanente de las personas trabajadoras, promover la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades en el acceso y la promoción del empleo, según recoge el Ejecutivo autonómico”, han explicado desde la Junta.

El Acuerdo de Empleo cuenta con una dotación presupuestaria de cerca de 1.000 millones de euros, y se centra en las políticas activas de empleo para “prevenir y luchar contra el desempleo, mejorar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo empresarial”.

Por otro lado, el Plan General de Formación Profesional 2025-2028 cuenta con un presupuesto total de 1.000 millones euro y busca “garantizar y mantener una idónea cualificación profesional, dando respuesta a las necesidades del tejido productivo y del empleo a lo largo de toda la vida laboral, y facilitando el acceso, en condiciones de igualdad, a las diferentes modalidades de la formación profesional”, ha afirmado en un comunicado. Entre otros aspectos, busca alcanzar los “55.000 alumnos de FP en el curso 2028-2029; aumentar un 25% la oferta de cursos de especialización, y mantener la inserción laboral media por encima del 85%”.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León para el período 2025-2028 prevé una inversión de más de 48 millones de euros. Este acuerdo busca consolidar las actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, actuando desde “la prevención, promoviendo entornos laborales saludables e impulsando medidas para atender a los retos derivados de los cambios en la organización del trabajo y las transiciones digital, demográfica y climática”. Por ello, el documento aborda la salud laboral desde una perspectiva integral que incluye el bienestar físico, mental y social.

Entre los objetivos específicos contemplados en este Plan figuran: promover y fomentar la cultura preventiva, integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión de pymes y autónomos, reforzar las acciones sobre aquellos colectivos que precisan de una mayor protección, integrar la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, impulsar y desarrollar la seguridad y salud laboral en el ámbito rural, o impulsar la innovación y la investigación en materia de seguridad y salud laboral.

Finalmente, dentro de la Estrategia, el Plan para la Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2025-2028 movilizará una inversión de 54 millones de euros con el objetivo de seguir avanzando en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo; mejorar la conciliación laboral, personal y familiar; y fortalecer la participación juvenil en el mercado laboral.

Las actuaciones previstas en el mismo van dirigidas a promover la igualdad de género en el empleo, impulsar la corresponsabilidad, mejorar las condiciones laborales de la juventud, e impulsar políticas activas de empleo adaptadas a las características y necesidades del actual mercado de trabajo. En línea con estos objetivos, el documento incluye, entre otras, medidas de difusión, sensibilización, formación y orientación; así como ayudas, subvenciones y otros incentivos dirigidos a apoyar la inserción, permanencia y promoción profesional de las mujeres en el ámbito laboral en términos de igualdad, con especial atención a aquellas que residen en el medio rural.

Plan de Empleo, Formación, Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales

El Consejo del Diálogo Social ha firmado también el Plan de Empleo, Formación, Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales 2025, que constituye el despliegue de las políticas activas de empleo para el presente ejercicio, con un presupuesto de más de 294 millones de euros destinados a prestar apoyo a más de 145 mil personas trabajadoras. Entre las principales actuaciones previstas en este Plan figuran los programas destinados al impulso de la contratación, con un presupuesto global de 151 millones de euros y una previsión de más de 23 mil beneficiarios.

El apoyo de Unidas por Extremadura (UPE) a la enmienda a la totalidad del PP a la propuesta de ley de Vox para recortar las subvenciones a sindicatos y patronal ha permitido que esta sea devuelta y, por tanto, impide que su tramitación parlamentaria siga adelante.

Aunque en el pleno de este jueves se han debatido otras dos enmiendas a la totalidad de esta propuesta de socialistas y UPE, ninguna ha conseguido el respaldo de los votos necesarios y han sido rechazadas. Así, la enmienda del PSOE ha tenido el apoyo de UPE, pero el voto en contra del PP y Vox, mientras que la de la UPE solo ha tenido a favor sus cuatro votos, porque tanto el PSOE como PP se han abstenido.

Durante el debate de esta mañana, ni PP ni PSOE habían desvelado el sentido de su voto por lo que, aun mostrándose estos dos grupos en total desacuerdo con la iniciativa, dejaba en el aire la continuidad de su tramitación parlamentaria. Unidas por Extremadura había desvelado su voto a favor de las presentadas por PP y PSOE, pero esto no era trascendente debido a la aritmética parlamentaria.

El diputado socialista José María Vergeles ha advertido al PP que “van a tener que sudar un poquito la camiseta” y ha dicho que “no va a ocurrir lo que ha pasado en la Ley de Memoria Histórica o en la ley LGTBI”, que si no es por el PSOE “a día de hoy estarían derogadas” como pedían sendas propuestas de Vox. Se ha referido así al hecho de que las propuestas hayan sido tumbadas gracias a que el PSOE votó a favor de la enmienda a la totalidad del PP, algo que no ha sido recíproco, por lo que le ha recordado que la de los socialistas se vota primero.

“Usted dice que la suya (la enmienda) es la primera, yo le digo que la nuestra es la última, usted tiene razón y nosotros también”, le ha espetado el diputado popular Juan Luis Rodríguez Campos.

En su iniciativa Vox propone como sindicatos mayoritarios aquellos que en Extremadura hayan obtenido un 3 % o más del total de delegados o miembros del comité de empresa; y organizaciones empresariales a aquellas que agrupen el 5% o más de las empresas de la región.

El portavoz del grupo, Óscar Fernández, ha argumentado que con esta reforma buscan “un diálogo social despolitizado” y “transparente”, que acabe con el “vergonzoso monopolio” de dos sindicatos y una organización empresarial, a los que ha definido como “parásitos” y ha señalado al PP que “cuando quede un año y estos señores (mirando a la bancada socialista) toquen a corneta, van a salir todos de los restaurantes y se le van a comer por una pata”.

Tanto PP como PSOE y Unidas por Extremadura, quienes han coincidido en poner en valor el diálogo social y la negociación colectiva, han indicado que esta propuesta de Vox vulnera el ordenamiento jurídico y, en concreto su norma suprema, la Constitución española, y han acusado a los de Abascal de hacer “populismo” con el único objetivo de conseguir “rédito político”.

“Esta ley nacería jurídicamente muerta”, ha indicado Rodríguez Campos, quien ha mencionado además que el debate de su contenido es competencia del Congreso de los Diputados, pero -ha agregado- prefieren hacer oposición al Gobierno de María Guardiola “con cualquier motivo, aunque sea sin ningún tipo de razón”.

Un Ejecutivo que por primera vez cuenta con una consejería de Diálogo Social y del que ha ensalzado sus acuerdos alcanzados en materia de autónomos, empleados públicos o bomberos forestales en el seno de la concertación social.

Por su parte, Vergeles ha manifestado que “la historia del PSOE junto a su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores, está ligada íntimamente a las conquistas sociales y laborales de este país” y ha lamentado el “debate demagógico” de Vox acerca de la representatividad institucional, una cuestión amparada por la ley, de una importante función social y elegida por la ciudadanía.

El parlamentario de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha asegurado que Vox propone un modelo que defiende a los “poderosos”, en el que “molesta” el “contrapoder de los trabajadores y trabajadoras organizados”, que avanza “hacia la disfunción de lo común para la construcción de una sociedad salvaje en la que predomina el individualismo y el narcisismo social”.

Movimiento del Ministerio de Trabajo en el esquema de las organizaciones patronales más representativas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha firmado una orden por la que se reconoce a la organización Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) la legitimación para formar parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Por ello, cesa a los vocales de CEOE y Cepyme e insta a un nuevo reparto de los asientos entre las tres organizaciones empresariales.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que Pimec solicitó su inclusión en esta Comisión adscrita a la Dirección General de Trabajo, del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. El escrito considera que Pimec tiene el estatus de “más representativa” de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, “lo cual conlleva la legitimación para estar representada en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos”.

La Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Entre sus funciones figuran la “resolución de consultas, sin carácter vinculante, sobre el ámbito funcional de los convenios” y “ funciones de observatorio de negociación colectiva (información, estudio, documentación y difusión de la negociación colectiva)”, entre otras.

La decisión es relevante y puede tener trascendencia más allá del nuevo esquema de este órgano. En Pimec, organización liderada por Antoni Cañete, defienden que el actual sistema de representatividad de las pymes no es adecuado y reclaman su papel como voz de las pequeñas y medianas empresas. elDiario.es ha preguntado si Pimec será incluida en las mesas de negociación del diálogo social, dado este estatus de “más representativa”, pero en Trabajo han indicado que por el momento la decisión se ciñe a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. CEOE y Cepyme ya han manifestado su negativa a una posible incorporación de Pimec.

Pimec ha adquirido además un rol más relevante en el último año en uno de los asuntos centrales para el Ministerio de Trabajo: la reducción de la jornada de trabajo. Sin la garantía de los votos de Junts para que la ley salga adelante, el debate se ha ubicado mucho en Catalunya, con más atención a la reacción de las patronales catalanas en la materia, entre las que se sitúa Pimec, menos beligerante que Foment (integrada en CEOE) en este tema.

Este nuevo esquema en la representatividad de las patronales también llega en un momento delicado en las organizaciones empresariales, con una batalla total entre las direcciones de CEOE y de Cepyme, lideradas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, con el foco en las próximas elecciones de Cepyme, que se celebrarán el 20 de mayo.

Cese de cargos patronales y nuevo reparto

La orden publicada este jueves en el BOE recoge también el cese de las seis vocalías con las que cuenta el lado empresarial (5 las ocupa CEOE y una, Cepyme) e insta “a todas las organizaciones legitimadas a alcanzar un acuerdo sobre la composición del mismo”.

La ministra de Trabajo da diez días a CEOE, Cepyme y Pimec para comunicar a la Dirección General de Trabajo “el acuerdo unánime” sobre la nueva distribución de las vocalías.

Transcurrido el plazo inicial de diez días sin que se haya comunicado un acuerdo, la Dirección General de Trabajo determinará el número de personas que corresponde proponer a cada organización y dará traslado a éstas de dicha distribución, para que, en el plazo de diez días, comuniquen las personas titulares y suplentes propuestas para su nombramiento, informa la agencia Europa Press.

Para la distribución de las vocalías en caso de falta de acuerdo se seguirán los siguientes criterios: a cada organización más representativa, ya sea estatal o de comunidad autónoma, le corresponderá una vocalía. Una vez adjudicadas las vocalías anteriores, las restantes se adjudicarán del siguiente modo: “en el caso de la renovación del grupo de representación empresarial, si se debe a la entrada de una nueva organización, se reducirán en una las vocalías de la organización que contara con más vocalías en la distribución anterior a la entrada de la nueva organización”, recoge la regulación de la Comisión.

Contra esta orden firmada por Díaz, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados a partir de mañana viernes. Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, ante el Ministerio, en el plazo de un mes contado también a partir de mañana, 11 de abril.

El Gobierno ha defendido este jueves que responderá “de manera unida y proporcionada” y “apelando a la negociación” a los aranceles que ha impuesto EEUU a la Unión Europea. “Queremos trasladar a la ciudadanía un mensaje de confianza. Hoy mismo pondremos en marcha un plan de respuesta que complemente la respuesta europea”, señalan fuentes de Moncloa horas antes de la reunión que mantendrá Sánchez con representantes del sector productivo e industrial español. Ese plan “activará los instrumentos comerciales y financieros” a disposición del Estado “para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados”.

Sobre el impacto que podrían tener los aranceles sobre la economía española, fuentes del Gobierno señalan que es pronto para tener una cifra precisa. España “tiene una exposición directa limitada”, pero el efecto indirecto por la afectación de sus principales socios europeos “es mayor” y hay sectores para los que las exportaciones a EEUU suponen una parte importante de su cifra de negocios.

El Gobierno argumenta que “ni España ni la Unión Europea desean el conflicto comercial”, pero tampoco pueden “ignorarlo”. “Tenemos las herramientas necesarias para proteger los intereses de nuestros ciudadanos y empresas si no hay espacio para la negociación”, señalan fuentes de Moncloa, que abogan por que Europa mantenga “su propia hoja de ruta” y aproveche su “mercado interior”.

Encuentro con sindicatos y líderes patronales

En un encuentro este miércoles en La Moncloa con seis ministros, Pedro Sánchez transmitió a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y a los líderes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, su voluntad de abrir una mesa de diálogo social permanente para articular la respuesta a la amenaza arancelaria, explican fuentes presenten en la reunión.

“Creo que ha habido una voluntad por parte de los agentes sociales de participar de forma decidida en esa mesa de diálogo social en la que también se decida y se negocie cómo se canalizan los recursos que hipotéticamente puedan servir para reforzar o para proteger a los sectores que se vean afectados de forma más grave por las decisiones arancelarias de Estados Unidos”, afirmó Unai Sordo, líder de CCOO, tras la reunión.

En el Ejecutivo han tratado de mandar un mensaje de confianza en la reacción de las administraciones públicas, desde la propia Unión Europea al Ejecutivo español, que asegura estar preparado “para cualquier escenario” y que actuarán para proteger a las empresas y a los trabajadores, como destacó también este miércoles la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Plan de respuesta

Esa respuesta se prevé que se empiece a concretar este jueves. Una vez se conozca el anuncio del presidente estadounidense, Pedro Sánchez comparecerá en la Moncloa tras reunirse con representantes del tejido productivo para “abordar la respuesta a la amenaza arancelaria”.

Según las fuentes consultadas en el Ejecutivo, para esa respuesta se contemplan diferentes escenarios que en todo caso dependerán del nivel de agresión comercial que termine por concretar Estados Unidos. Y aunque esas mismas fuentes aseguran que la apuesta europea es, antes que ninguna otra, la del entendimiento, las perspectivas en el equipo del presidente no eran optimistas en la víspera al anuncio de Trump.

Fuentes del diálogo social indican que la previsión es que la Comisión Europea mañana trate de “negociar” una vez Trump realice su anuncio, pero que también se mostrará contundente. En los sindicatos mayoritarios reclaman que Bruselas responda en dos direcciones: con aranceles de respuesta a los que ordene EEUU, en una guerra comercial que consideran negativa pero inevitable, y también con “fondos de contingencia” que ayuden a los sectores que se puedan ver más afectados por la amenaza comercial, con especial atención a la protección de los trabajadores.

Desde hace semanas, y ante la deriva norteamericana, los contactos con representantes de los diferentes sectores industriales y productivos se han sucedido en la búsqueda de soluciones que protejan a la economía española de las imprevisibles consecuencias de una guerra comercial con un aliado como era, al menos hasta ahora, Estados Unidos. En esos contactos han estado implicados los ministerios de Economía, Trabajo, Agricultura, Industria, Hacienda y Asuntos Exteriores.

Aunque en la Moncloa piden extremar la prudencia hasta no conocer la dimensión exacta de las medidas que anuncie el inquilino de la Casa Blanca, las fuentes consultadas apuntan a que el paquete de medidas que prepara el Ejecutivo se centrará en ayudas a los sectores más afectados, como el agrícola, el alimentario, el automovilístico o el metalúrgico, entre otros.

Más allá de las medidas, la intención de Sánchez es que a esos sectores que ahora están en el punto de mira y cuya viabilidad puede poner en riesgo la guerra comercial emprendida por Trump les llegue un mensaje nítido del Gobierno: que igual que ocurrió con la crisis de la COVID o con la espiral inflacionista por la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo está dispuesto a desplegar políticas públicas de protección a la economía, en general, y a las empresas y los trabajadores, en particular.

“En nuestra opinión, en aquellos sectores donde pudiera haber alguna afectación en el empleo también hay que buscar fórmulas que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo y, de forma general, Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica. Reducir la dependencia exterior de países como Estados Unidos o de Rusia mediante un despliegue de la autonomía energética, de la política industrial, y rehacer relaciones comerciales con otras áreas del mundo como pueda ser América Latina o China, por citar dos ejemplos”, insistió Unai Sordo.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hizo un llamamiento a reforzar la “relación estratégica” de España con Estados Unidos, pero reiteró que ante la imposición de medidas “injustas e injustificadas”, Europa se defenderá.

El Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (PEMS) aspira a movilizar 1.889 millones de euros de recursos públicos hasta 2030 para garantizar una movilidad “de calidad” a los extremeños con independencia de su lugar de residencia, combatiendo el reto demográfico y aumentando el uso de los medios de transporte colectivo.

Son algunos de los propósitos de este documento que el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha calificado de “muy ambicioso” tras firmarlo en Mérida con las secretarias generales de CCOO y UGT en Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, y el de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado.

El objetivo principal es garantizar “una movilidad de calidad” a la ciudadanía fuera y dentro de la región, ha resaltado Bautista, que ha valorado que Gobierno, sindicatos y patronal vayan “de la mano” en sus reivindicaciones en este ámbito.

El plan refleja las reivindicaciones de Extremadura, poniendo sobre papel las necesidades de la región “de una manera muy realista”, ha expresado. Con este fin contempla 77 actuaciones estructuradas en cinco ejes de actuación -movilidad funcional, movilidad sostenible, movilidad segura, movilidad conectada y educación para la movilidad- con una previsión de movilización de 1.574 millones de euros del Estado, 126 de la Unión Europea y 189 de Extremadura.

Con ellas se busca implantar formas de desplazamiento más sostenibles en favor de los sistemas de transporte colectivo y menos contaminantes partiendo de la premisa de que “las comunicaciones son fundamentales para el progreso de nuestra tierra”, ha explicado.

Y paralelamente, ha añadido Bautista, adoptando un modelo de movilidad que haga frente al reto demográfico y fomente el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

Entre sus numerosas medidas, algunas ya están en marcha y otras en desarrollo, ha mencionado el servicio de transporte a demanda -en especial en los núcleos rurales-, la conectividad de los centros de salud con sus centros de referencia, los aparcamientos disuasorios, los carriles bici, los caminos escolares seguros, una nueva licitación del mapa concesional de transporte y mejoras en las estaciones de autobuses.

También la mejora de las conexiones con el aeropuerto, así como la instalación de un sistema antiniebla en esta terminal, además de la demanda de que el AVE Madrid-Badajz sea una realidad en 2030 porque es una cuestión de “justicia”, ha indicado el consejero.

En esta línea, ha reclamado más compromiso al Ejecutivo central porque su falta de inversión, ha denunciado, “está lastrando las oportunidades de desarrollo y de futuro” de Extremadura.

Entre las aspiraciones de este plan, la secretaria general de CCOO ha citado la reducción, en un 20% , de los gases de efecto invernadero, así como la sensibilización y formación de la ciudadanía para alcanzar una movilidad verdaderamente sostenible.

Ha reconocido, además, que han quedado pendientes algunas de las pretensiones de su sindicato, como estaciones intermodales en más ciudades y también más aparcamientos disuasorios.

La dirigente de UGT, por su parte, ha argumentado que una región tan extensa y envejecida como Extremadura necesita de una movilidad que ofrezca “calidad de vida” a ciudadanos a los que, ha subrayado, debe garantizarse su “derechos al transporte”.

Tras mostrarse contraria a la eliminación de conexiones que ahonden en la despoblación, ha incidido en la importancia de la movilidad laboral tras el incremento, en un 17%, de los accidentes in itinere en los últimos cuatro años, por lo que ha abogado por planes en esta materia en las empresas.

En opinión del secretario general de la Creex ,el plan es “muy de futuro” para combatir las dificultades de movilidad que los extremeños viven en su día a día, intentando también impulsar la competitividad de las empresas con mejoras en el transporte de mercancías.

“Tenemos que ser capaces entre todos de que se ejecute”, ha manifestado Peinado, que ha pedido también una discriminación positiva hacia Extremadura por parte del Estado para poder equiparse con el entorno. 

Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total, según los últimos datos de la Seguridad Social. Aunque son un colectivo muy relevante y con un gran peso en la economía del país, tienen una importante tarea pendiente institucional y democrática: establecer un sistema que mida la representatividad de sus asociaciones. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo.

Ser una asociación “representativa” de los autónomos supone ciertos derechos y privilegios, también responsabilidades. Por ejemplo, “ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo” y “colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos”. También formar parte de –un todavía teórico– Consejo del Trabajo Autónomo, previsto como “órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo”.

En 2007, se aprobó el Estatuto del Trabajo Autónomo, que regula los derechos y las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. En su artículo 21, la ley contempla algunas líneas generales de cómo deben ser las organizaciones que alcancen el rango de “representativas” a nivel estatal, aunque emplaza a concretar los criterios reglamentariamente. Por ejemplo, para acreditar cierto nivel de afiliación de trabajadores autónomos dentro de estos colectivos.

Ese reglamento con unas reglas claras sobre la representatividad de las asociaciones de autónomos sigue pendiente a día de hoy. 18 años después.

En el Ministerio de Trabajo reconocen que esta representatividad “no está regulada”. En el departamento que dirige Yolanda Díaz anuncian que “recientemente se ha constituido un grupo de trabajo formado por técnicos de este Ministerio a los efectos de que elaboren un primer borrador de reglamento que establezca los criterios que determinen la representatividad de las asociaciones del trabajo autónomo”.

Quiénes negocian: ATA, UPTA y UATAE

Como no se ha regulado esta representatividad, no se ha creado el Consejo del Trabajo Autónomo, por ejemplo. No obstante, sí hay colectivos de trabajadores por cuenta propia que se sientan a negociar con el Gobierno y que ejercer este papel institucional de hablar en nombre de los trabajadores autónomos. Por ejemplo, cuando se abordan leyes o ayudas para el colectivo, como ha ocurrido con la prestación por cese de actividad, la ordinaria y durante la pandemia de COVID, así como la importante reforma de la cotización según sus ingresos, en marcha desde 2023.

Son tres: ATA, UPTA y UATAE. En primer lugar, ATA está integrada en la patronal CEOE y está dirigida por Lorenzo Amor desde hace 21 años, recientemente reelegido en unas elecciones a las que la asociación llevó a decenas de empleados y sus familiares a votar. La organización dice estar “integrada por más de 290.000 autónomos socios de cuota que sumados a los de cesión de representación llevan a ATA a casi 850.000 autónomos que confían en nosotros”.

UPTA, vinculada a UGT, está liderada por Eduardo Abad desde hace nueve años, cuando fue elegido en 2016, aunque en la actualidad lleva más de dos años con prórrogas de una comisión gestora por cuestiones “internas” de la organización. “Toca Congreso al año que viene”, indica Abad, en el que subraya que votan “autónomos o profesionales colegiados (abogados, arquitectos) no las trabajadoras de la casa”. UPTA explica que tiene 221.303 afiliados directos y 459.911 “indirectos”.

Y, en tercer lugar, UATAE, afín a Comisiones Obreras y presidida por María José Landaburu, al frente desde hace 14 años. “Cada miembro inscrito tiene derecho a un voto y ninguno vale más que otro. El mandato de la Junta Directiva es de cuatro años, sin límite de reelección”, apuntan. UATAE enfrenta en estos momentos un proceso penal por presuntas irregularidades por la percepción de subvenciones. La organización dice que tiene “más de 300 asociaciones integradas” y “cerca de 400.000 autónomos asociados de manera directa o indirecta”.

A falta de estas reglas sobre cómo medir el apoyo en afiliación y representatividad de los autónomos que deben tener las organizaciones “más representativas”, los tres colectivos se sientan en las mesas de negociación en los últimos años por ser las entidades con “más implantación”. Es decir, las más grandes, considerando que tengan un carácter intersectorial, sede en al menos tres comunidades autónomas y la cantidad de personal contratado, pero no se mide el respaldo de los autónomos en afiliaciones o convenios con organizaciones de autónomos.

Este criterio de “implantación” es el que se valora para conceder las subvenciones del Ministerio de Trabajo en “gastos de funcionamiento” de las organizaciones de autónomos. Las últimas, de 2024, han sido: 368.476 euros para ATA, 129.445 euros para UATAE y 107.527 euros para UPTA.

En Trabajo destacan que estas ayudas son “el 20%” del total de subvenciones de su cartera a colectivos de autónomos. “Actualmente el criterio principal que se sigue para otorgar subvenciones a las asociaciones profesionales del trabajo autónomo no es su implantación, sino la calidad de los proyectos que se presentan”.

En UPTA y UATAE consideran que el criterio de “implantación” no es el adecuado para medidar el respaldo de las organizaciones de autónomos, ni para conceder las ayudas por gastos de funcionamiento. En ATA no han respondido al respecto a elDiario.es.

Eduardo Abad destaca que estos criterios premian a las asociaciones por su capacidad económica de contratar a más personal, algo que les “penaliza”, porque UPTA “no ejecuta programas de formación”. “Entonces, tenemos menos trabajadores que el resto”, indica, pero eso no quiere decir que menos respaldo entre los colectivos de autónomos.

En UATAE coinciden. “Estas subvenciones, teóricamente se conceden en función de la implantación, sin embargo, de facto, son concedidas en función de la capacidad económica de las organizaciones beneficiarias y sus entidades vinculadas en cada provincia”, sostienen.

Precisamente, UATAE está imputada en la actualidad por la justicia penal por presunta falsedad documental y fraude en las subvenciones de gastos de funcionamiento de varios ejercicios pasados, por simular una ampliación de personal gracias a un acuerdo con la patronal Pimec que no era cierta, lo que le dio derecho a más subvención. En UATAE no responden sobre estas acusaciones. “Se trata de un procedimiento judicial en fase de instrucción y en tanto permanezca en ese estado ejerceremos nuestra defensa en sede judicial”, indican a elDiario.es.

Intento de reglamento en 2011 y atasco con distintos gobiernos

Hubo una resolución del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011, que estableció unos criterios y unas asociaciones más representativas: UPTA, ATA, FOPAE (desaparecida), UATAE y CEAT, por orden de puntos. Si embargo, fue recurrida en los tribunales por ATA y CEAT –miembros de la patronal CEOE– y, aunque la justicia respaldó el sistema aprobado, cuando llegó el Gobierno del PP de Mariano Rajoy anuló estas reglas y después no se llegado a regular de nuevo este sistema de representatividad.

En 2017, el Gobierno de Rajoy llegó a ponerse un plazo de un año para aprobar el Consejo de Trabajo Autónomo, así como para definir esas reglas de representatividad necesaria para determinar quiénes se sentarían en este órgano, pero no cumplió.

Después, los Gobiernos de Pedro Sánchez también lo han asumido siempre como compromiso, ya fuera el monocolor del PSOE o las coaliciones con Unidas Podemos y con Sumar, pero tampoco se ha llevado a cabo hasta ahora. El último acuerdo de coalición recoge que “se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos”.

En el Ministerio de Trabajo no adelantan los criterios que se pretenden incluir en este reglamento. “Una vez redactada la propuesta, se dialogará y negociará con las asociaciones de autónomos y autónomas”, sostienen.

En UPTA, Eduardo Abad defienden que “se certifique las organizaciones y los autónomos que pagan cuota” a las asociaciones. “El voluntarismo no lo comparto”, indica sobre las asociaciones que cuentan como afiliados a colectivos y organizaciones que no pagan por formar parte de ellos.

Es el caso de UATAE. “La Unión parte de la premisa de que el colectivo es, en gran medida, vulnerable y precario, por lo que la participación en la Unión no está condicionada al pago de una cuota”, explican en UATAE, que defiende un sistema de representatividad a través de elecciones directas: “Nuestro lema es Un autónomo un voto. Creemos que es la forma más democrática de medir la representatividad. Los y las autónomas deben poder expresar libremente quién quiere que les represente”.

En ATA no han respondido a este medio sobre sus propuestas de cara al sistema de representatividad. Tampoco sobre si todos sus autónomos y organizaciones miembro pagan cuota para ser parte de ATA.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el Gobierno autonómico, en su etapa PP-Vox, por retirar las subvenciones a CCOO de forma “ilegal”, UGT también ha recibido un fallo favorable al recurso presentado en 2023. El sindicato ha asegurado que el Ejecutivo autonómico tendrá que pagarles 743.000 euros.

El sindicato se ha referido a la época de a Consejería que estuvo liderada por Mariano Veganzones, de Vox, que en 2022 redujo a la mitad las subvenciones nominativas al Diálogo Social. El secretario general autonómico, Óscar Lobo, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la cifra a pagar por la Junta sale de los 1,237 millones de euros que fija la sentencia, menos 494.000 euros de una subvención directa posterior de la Junta, y que supone la segunda condena al gobierno castellano y leonés por el mismo asunto, tras la de CCOO, informa EFE.

Según ha expresado UGT, la sentencia del TSJCyL expresa que se reconoce “el derecho del sindicato demandante a percibir, para el año 2023, la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, condenándose a la Administración demandada a concederle la subvención por importe de 1.237.702 euros con la actualización derivada de la variación del IPC”.

El secretario general del sindicato, Óscar Lobo, ha celebrado el fallo del TSJ como “un triunfo para la comunidad y para el espíritu que hizo posible la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007” en la que se incorporó como seña de identidad el Diálogo Social en Castilla y León“, aprobada por unanimidad en las Cortes.

En este sentido, Lobo ha señalado que el artículo 16.1 de la Ley 8/2008 es concluyente al disponer que con la finalidad de fomentar la participación institucional “La Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma consignará anualmente una partida presupuestaria que, como subvención nominativa, irá destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

A este respecto, el secretario general ha ironizado con que le gustaría que “las costas de este proceso judicial, que ahora salen del bolsillo de los ciudadanos de Castilla y León, las desembolsarán directamente Veganzones y García Gallardo”.

Además, ha recordado que UGT y CCOO solicitaron una investigación sobre la legalidad de la convocatoria “excepcional” de la subvención directa a la participación institucional que Veganzones llevó a cabo en mayo de 2023 y que, después de 7 meses sin respuesta. “UGT solicitó dicha subvención directa por una cuantía de 494.000 al mismo tiempo que mantuvo la demanda ante el TSJ reclamando la cuantía que estipulaba la ley”, ha apuntado.

Según ha explicado Lobo, “la sentencia del TSJ confirma que eran perfectamente compatibles y legales la solicitud de subvención y la demanda, era un derecho”.

“Ni se conforman” ,“ni se achantan” ante la extrema derecha

Por lo tanto, desde UGT han indicado que “ni se conforman” “ni se achantan” puesto que “aquí no hay subvenciones falsas o dinero envenenado, sino parte de un derecho. UGT nunca ha sucumbido a la extrema derecha”.

El líder ugetista ha remarcado que esta sentencia “remata el proceso judicial de los sindicatos de clase contra las tropelías y abusos de poder de Vox y supone pasar página a la etapa más negra para la concertación y el Diálogo Social en Castilla y León”.

Lobo ha recordado la visita de Santiago Abascal este domingo a Valladolid para participar en una comida con afiliados y simpatizantes y ha opinado que sus representantes tienen que explicar “quién va a pagar las costas precisamente por esta irresponsabilidad y por una ilegalidad que cometieron a conciencia, con interés y con alevosía porque sabían que se estaban saltando la legislación”.

Lobo ha recordado que su sindicato inició el proceso judicial en febrero de 2023 pocos días después de CC.OO, cuando el entonces consejero de Vox redujo a la mitad las subvenciones a los sindicatos mayoritarios y a la patronal y que el tiempo les ha dado la razón, aunque hayan tenido que pasar dos años que han supuesto un esfuerzo extraordinario que “ha recaído sobre la espalda, la solidaridad y el esfuerzo” de los sindicalistas.

“Sabíamos que era cuestión de tiempo, dos años que se hacen largos, y esta sentencia también confirma que era perfectamente compatible y legal la solicitud que este sindicato hizo en su momento a esa subvención directa, porque era parte de un derecho y el TSJ nos da la razón de que hicimos lo adecuado”, ha remarcado.

A preguntas de los periodistas, Lobo ha indicado que el juzgado aún no ha fijado la cantidad que tendría que pagar la Junta en concepto de costas y, aunque cabría la posibilidad de recurso, ha reconocido que entiende que no va a hacerlo después de que la vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco, señalara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la semana pasada que los Servicios Jurídicos les han recomendado no hacerlo. 

Oskar Martín (San Sebastián, 1973) acaba de renovar al frente de UGT Andalucía con un mayoritario respaldo de los delegados asistentes al XIII Congreso Regional celebrado esta semana en Granada. Recién llegado a la sede del sindicato, recibió el jueves a elDiario.es Andalucía con evidente cansancio. “Tres días de batalla”, resume, no tanto por que le haya costado salir reelegido (no tenía rival) sino por el trabajo que conlleva un cónclave de este tipo. “Yo estoy con la clase trabajadora”, repite durante esta entrevista pero con la mirada en dirigir la labor de los 15.000 delegados sindicales que UGT tiene en toda Andalucía.

Sin tiempo para el descanso, este sábado tenía anunciada su presencia en el 15º Congreso del PSOE de Andalucía pero quizá ese cansancio acumulado ha derivado en algo más que le ha privado de estar finalmente. Desde julio de 2023 está en el cargo y ahora piensa en su principal objetivo: “pelear contra las políticas que erosionan, que castigan y que perjudican a la clase trabajadora en Andalucía”. A ese respecto asegura que “vamos a ser escrupulosamente contundentes y combativos contra eso, porque ese es el origen y ese es el sentido de la UGT”.

¿Cuál ha sido su primera decisión en estas primeras horas en el cargo renovado?

Bueno, sobre todo lo que he hecho ha sido atender cuestiones de orden interno y, ahora mismo, conceder esta primera entrevista. Pero sobre todo organizar y planificar ya un poco de cara a la próxima Comisión Ejecutiva Regional, donde se diseñan las tareas de cada Secretaría y se dibuja la hoja de ruta para la nueva andadura, con los objetivos que nos marcamos. 

Dijo el miércoles que el objetivo principal que se marcaba usted es la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas. Eso a nivel estatal pero, ¿puede concretarnos algún objetivo a nivel de Andalucía?

Ese objetivo estatal es una estación de tránsito, de parada, pero la estación final para la UGT va a ser la de la jornada de 32 horas en cuatro días. En Andalucía, efectivamente, tenemos algunas cuestiones concretas, y la que más nos preocupa, porque de ello depende la vida de personas, es la de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. A pesa de que firmamos en 2023 un plan de choque contra la siniestralidad, las cifras siguen siendo muy negativas: 123 fallecidos en 2024 (un incremento del 10% respecto al año anterior), un muerto en el trabajo o camino de él cada dos días y medio. Vamos a ser tajantes y muy contundentes porque tanto a la administración, en la responsabilidad que le compete, como a los empresarios por la parte que les toca, en la que escatiman en la seguridad y salud de los trabajadores, en la prevención, en los equipos de protección individual. No es un gasto sino una inversión para las empresas. 

Este año vamos a actuar con más contundencia en el ámbito de la siniestralidad y a volver a intentar hacer pedagogía al Gobierno de la Junta de Andalucía para que entienda que hay que apostar de una manera clara y decidida, porque la siniestralidad laboral hay que reducirla, porque es una lacra y se puede reducir porque hay medidas para ello pero hay que poner los recursos. Los empresarios, por supuesto, también tienen que poner los recursos y los medios a disposición de los trabajadores. Y vamos a reivindicar una vez la figura del delegado territorial y sectorial para las empresas que no tienen esa capacidad de poder destinar recursos a la prevención. Ese modelo funciona en La Rioja, en Asturias, y tenemos que intentar implementarlo en Andalucía para reducir los accidentes.

No sabemos exactamente el impacto real de cada medida que se acuerda, que se implementa y que se ejecuta por parte de la administración porque no se realiza una evaluación de las políticas públicas de manera rigurosa

Pero ustedes tienen firmado ese plan de choque al que se ha referido. ¿Es que no están funcionando?

Ese plan, como todos los planes que se ponen en marcha con la administración, hay que evaluarlo tras un seguimiento riguroso y luego. La administración tiene debilidad en la evaluación de las políticas públicas que se implementan. Porque no sabemos exactamente el impacto real de cada medida que se acuerda, que se implementa y que se ejecuta por parte de la administración porque no se realiza una evaluación de las políticas públicas de manera rigurosa para saber dónde estamos fallando realmente, y a partir de ahí poder modificar, adaptar o rectificar lo que sea conveniente. 

¿De qué manera le pueden hacer ver al Gobierno andaluz que ese tipo de planes acordados con sindicatos y patronal deben ser evaluados?

En las diferentes mesas del diálogo social, de la concertación, o en el mismo Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, desde la UGT estamos reclamando una estrategia de seguridad y de salud muchísimo más ambiciosa precisamente para eso. Y en ese órgano no hemos apoyado la estrategia actual porque entendemos que no cumple con los objetivos, es una medida continuista y queremos una estrategia mucho más contundente. Si entendemos que la administración no termina de ver el planteamiento que hace la UGT pues tendremos que ir escalando esa presión. 

Hilando un poco con eso, se ha aprobado recientemente la Ley de Participación Institucional, que le da a los sindicatos potestades para influir en la acción política. ¿Confía en ello pese a la mayoría absoluta del PP y las críticas por la falta de consenso en algunas de sus decisiones?

Vamos a ser muy estrictos y muy rigurosos. Primero porque, por fin, Andalucía consigue esa Ley de Participación Institucional. Éramos solo tres las comunidades que quedaban pendientes en todo el territorio nacional y en Andalucía llevaba más de 20 años pendiente de materializarse. Y ha sido gracias al trabajo de la UGT y a la presión que hemos ido haciendo en este tiempo. No es una ley para los sindicatos, porque ya tenemos voz y representación como mandata la Constitución Española, sino para los andaluces y las andaluzas, para que Andalucía pueda funcionar de una manera mucho más fluida, más eficiente y más eficaz de cara a la resolución de problemas, de cara al planteamiento de cuestiones que los sindicatos de clase recogemos en la calle, en la sociedad, en los centros de trabajo y que las trasladamos como correa de transmisión al gobierno de turno y en la que buscamos soluciones.

Insisto, ¿confía en la aplicación de la ley en todo sus aspectos?

Estamos esperando a que se reúna la mesa de seguimiento y, lógicamente, empezar ya a andar y a normalizar esa ley. Vamos a estar ahí muy, muy vigilantes porque creemos que estamos hablando de una cuestión de orden mayor: la Ley de Participación Institucional es el instrumento de todos los andaluces y andaluzas, y no vamos a permitir que se ningunee, ni mucho menos. Lo que se firma es para cumplirlo, y la UGT cuando firma algo, responde y lo cumple. Y, por lo tanto, a la contraparte se le va a exigir lo mismo.

Nuestra obligación como sindicato de clase es construir esos puentes para intentar conseguir las mejoras cuestiones que la clase trabajadora necesita

Decía usted recientemente en otra entrevista que tenía “aprecio personal” al presidente Moreno, que es “algo un poco químico cuando conoces a alguien y te cae bien”. ¿Es realmente compatible esa buena sintonía con sus reivindicaciones, con esa presión al Gobierno de la Junta, teniendo en cuenta además que dirige con mayoría absoluta?

Hay que separar lo personal de lo profesional. Hay un refrán que dice que “lo cortés no quita lo valiente”. Por poner un ejemplo extremísimo, en la guerra de Israel contra Palestina ha habido encuentros diplomáticos para intentar crear puentes y construir espacios de diálogo y de paz. Nuestra obligación como sindicato de clase es construir esos puentes para intentar conseguir las mejoras cuestiones que la clase trabajadora necesita. Nosotros estamos obligados a trabajar por y para los trabajadores, independientemente del gobierno de turno que esté en San Telmo.

Lo difícil como sindicato de clase de orientación de izquierda es sentarte con tu antagonista político y dialogar, trabajar, buscar el consenso y conseguirlo. Eso es lo realmente complicado, porque con un gobierno de sintonía o de ideología más o menos similar sería mucho más fácil. Aquí hay un doble esfuerzo en ese trabajo del diálogo social, de la participación institucional y de la concertación en el que nos tenemos que zafar bien para intentar arañar y conseguir elementos positivos para la clase trabajadora de Andalucía. Y lo hemos conseguido.

Pero una cosa no hay que mezclarla con la otra. Somos, en este caso, ideologías antagonistas pero hay un objetivo común. Y el objetivo común para la UGT es que Andalucía tiene que prosperar, tiene que crecer, tiene que mejorar y en esa lucha está la UGT y se la reivindicamos al gobierno de turno que esté en San Telmo. En este caso nos ha tocado trabajar y negociar de manera dura contra un gobierno, en este caso de un partido que es el Partido Popular. 

Después de esas declaraciones, ¿nadie le ha dicho internamente que un sindicato hermanado históricamente con el PSOE no debería tener “algo químico” con su “antagonista político”, como usted mismo reconoce?

Hay que explicarlo bien. Yo creo que el sindicato de clase no va contra un signo político porque eso sería antidemocrático. Hay que ir contra las políticas que erosiona, que perjudica y que hacen daño a la clase trabajadora. Y UGT va contra una política de la privatización de la sanidad pública, contra eso estamos atacando, vamos a seguir combatiendo y vamos a dejarnos la piel en conseguir que Andalucía vuelva a recuperar una sanidad pública universal, gratuita y de calidad.

Y nos vamos a dejar la piel en pelear por que nuestra educación vuelva a recuperar los espacios que tenía hace años, donde había una mayor calidad asistencial educativa, donde los orientadores tenían muchos menos alumnos que orientar, donde la carga burocrática de los docentes era mucho menor. Y nos vamos a dejar la piel en pelear y en conseguir que el sistema de dependencia de Andalucía funcione, porque no funciona bien, con una lista de espera de más de 20 meses, con 50.000 usuarios a la espera de evaluación, etc. Nuestro objetivo es pelear contra esas políticas que erosionan, que castigan y que perjudican a la clase trabajadora aquí en Andalucía. Vamos a ser escrupulosamente contundentes y combativos contra eso, porque ese es el origen y ese es el sentido de la UGT.

Este Gobierno progresista ha sabido ser sensible a las demandas, en este caso de los sindicatos de clase, de la UGT, y se han ido dando pasos y avanzando y poniendo en el centro de la política pública a la gente, a las personas

Ustedes han recurrido al Tribunal Supremo la sentencia contra su antigua cúpula directiva y ha esgrimido su acuerdo con la Junta de devolver 36 millones para evitar responder por el fraude de subvenciones. ¿De qué manera influye en el nivel combativo de UGT hacia el Gobierno?

Es muy sencillo. Nuestras federaciones, que son los marcos de actuación, o nuestras delegaciones en los centros de trabajo, son extremadamente combativas. Ahora mismo estamos de manifestaciones en los hospitales recogiendo firmas, mancomunadamente con los sindicatos de la mesa del sector de sanidad. Estamos haciendo asambleas conjuntas, estamos planteando determinadas cuestiones de cara a enfocar la situación de la sanidad. Por lo tanto, la reivindicación de la UGT Andalucía es palpable, es constante, es evidente. Lo otro es una cuestión administrativa, en la que se llegó a un acuerdo y se está cumpliendo con esa responsabilidad. Y una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra para nada. 

Viene del congreso de UGT, ahora va hacia el congreso del PSOE. En el primero coincidió con Yolanda Díaz y ahora se verá con María Jesús Montero. ¿Cuál es su posicionamiento acerca de la tributación del SMI? ¿Es usted más de Díaz o de Montero?

Yo soy de la clase trabajadora y, como he dicho antes, soy de las políticas que ayudan, que contribuyan y que favorezcan a mejorar la vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y al político que camine en esa senda pues lógicamente la UGT lo va a entender y lo va a comprender porque nos estaría entendiendo a nosotros en nuestras reivindicaciones y nuestras aspiraciones de mejora de vida.

Es algo objetivo que en estos años el Gobierno denominado progresista ha hecho una serie de actuaciones claras respecto al Salario Mínimo Interprofesional, que es el sueldo que nos hemos dotado para dignificar el trabajo en nuestro país y que se ha incrementado un 61%. Eso ha sido un logro de este país, como país y gracias a las políticas del Gobierno. Si hablamos de pensiones, un gobierno del PP que con una reforma laboral del año 2013 nos planteaba una subida, creo recordar del 0,25, si no me equivoco, frente al 8,5 del gobierno progresista pues estamos hablando del día y de la noche para un pensionista.

La reforma laboral ha vuelto a poner la ultraactividad, ha recuperado la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales a los de empresa, la 'ley rider', los ERTE... En definitiva una serie de elementos objetivos, reitero, que este Gobierno progresista ha sabido ser sensible a las demandas, en este caso de los sindicatos de clase, de la UGT, y se han ido dando pasos y avanzando y poniendo en el centro de la política pública a la gente, a las personas. Creemos que eso es lo correcto porque lo material, en la vida, debe ser una cosa secundaria. 

Le preguntaba por la tributación del SMI...

Entendemos que un país se nutre de los impuestos y de los tributos que sus ciudadanos aportan al sistema. Y para poder tener un sistema de servicios públicos, potente, en condiciones, de calidad, hay que tributar. En este caso en concreto, hay una directiva europea que marca que el SMI debe de alcanzar el 60% del salario medio de nuestro país y ahora mismo está en 1.184 euros. Es decir, le queda todavía un margen de mejora para poder alcanzar ese 60% y entendemos que los salarios más bajos, que son el SMI, no deben de tributar en tanto en cuanto no alcancen ese 60% porque son los salarios que reciben los trabajadores que cobran menos, que son normalmente las mujeres y los jóvenes.

Lo que sí planteamos es que, si hablamos de tributación, lo que habría que plantear en este país es ya una reforma fiscal bien estudiada, bien planteada, rigurosa, progresiva y que, lógicamente, lo decimos siempre, que pague el que más tiene. No puede pagar lo mismo o de manera igualitaria el que cobra 1.184 euros que el que cobra 120.000 euros. No puede ser. 

Nosotros amamos, cuidamos y trabajamos por la democracia, y por lo visto en este país no todo el mundo piensa así. Hay algún partido que va en sentido contrario, en friccionar a la sociedad, en socavar las libertades, en abrir zanjas o trincheras y en fracturar a la sociedad. Nosotros vamos en dirección totalmente opuesta: consolidar derechos, avanzar y cohesionar una sociedad que quiere vivir en paz, con respeto y con igualdad

Al ser reelegido, hacía una mención especial a la necesidad de un sindicalismo joven. ¿Cómo pretende hacer que la juventud se sume a un sindicato como el que lidera en Andalucía?

El problema de los jóvenes lo tenemos en UGT y yo creo que lo tienen la mayoría de organizaciones, porque se ve el sindicalismo de clase se ve como antiguo, del pasado. Y yo creo que esa concepción hay que cambiarla. Y para cambiarla hay que trasladar un nuevo mensaje a la ciudadanía de que el sindicato es un instrumento por y para la sociedad, en este caso para una parte de la sociedad que es importantísima como son los jóvenes, que son el presente pero, sobre todo, son el futuro. Y ahí es donde queremos intentar romper esa desafección que hay hacia los sindicatos, hacia los partidos, hacia la política. Como país, deberíamos hacer una pedagogía política, sindical y social para poner en valor los partidos, los sindicatos, las instituciones, el gobierno, y no dejar que se tome la deriva que se está tomando en estos tiempos de que todo es malo, nada sirve y todo es superfluo. Fortalecer esa pedagogía fortalece la democracia, fortalece las libertades y mejora la convivencia de nuestro país, porque hay que intentar cohesionar la convivencia y no abrir zanjas ni brechas.

¿Qúe datos de nuevas afiliaciones tiene de UGT en Andalucía?

Estamos satisfechos, pero somos ambiciosos. La afiliación en Andalucía en este último mandato ha tenido 51.000 nuevas altas de mujeres y hombres que han confiado en nuestra organización y que es un síntoma de buena salud sindical. Y otro dato contundente es que tenemos 15.000 delegados y delegadas en Andalucía, que todos los días, con sus horas sindicales, trabajan para solucionar problemas de sus compañeros y compañeras, para que las empresas sigan funcionando bien, para que Andalucía avance. Es un trabajo que hay que reconocer, que hay que honrarlo, que tiene un gran mérito porque se hace desde el absoluto altruismo, desde el convencimiento ideológico y desde la responsabilidad de querer contribuir desde lo unipersonal a un proyecto colectivo.

Los sindicalistas, lejos de todo ese estigma que se nos ha ido echando encima, somos trabajadores y trabajadoras normales que lo que queremos es ayudar, con una convicción personal de que creemos en la solidaridad, en el internacionalismo, en un Estado del bienestar, en la justicia social. Hay que dignificar el trabajo sindical que hacen todos los sindicatos, especialmente los sindicatos de clase, que tenemos un papel, que mucha gente no lo sabe, en la Constitución Española, que nos dota de esa capacidad de defender los derechos y los intereses de la clase trabajadora.

¿Cómo está viviendo las dudas que se están promoviendo desde algunos sectores respecto a derechos adquiridos por las mujeres o por la comunidad LGTBI, por ejemplo?

Hay una involución social que se quiere implantar, promovida por la extrema derecha fundamentalmente, en la que se quiere deteriorar a los sindicatos partidos, al Estado, a las instituciones, a los gobiernos. Se quiere plantear un escenario del 'sálvese quien pueda', retrocediendo en derechos, en libertades, en igualdad. Nosotros tenemos un compromiso contundente con la igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la base de una sociedad justa. Si no hay igualdad, no hay justicia social. Y defendemos a los colectivos LGTBI. El amor es una cuestión libre y hay que respetarla, y el respeto es la base de la democracia. Nosotros amamos, cuidamos y trabajamos por la democracia, y por lo visto en este país no todo el mundo piensa así. Hay algún partido que va en sentido contrario, en friccionar a la sociedad, en socavar las libertades, en abrir zanjas o trincheras y en fracturar a la sociedad. Nosotros vamos en dirección totalmente opuesta: consolidar derechos, avanzar y cohesionar una sociedad que quiere vivir en paz, con respeto y con igualdad. 

Yo creo que algunos consejeros y algunos partidos no entienden el papel de los sindicatos de clase. Nosotros tenemos un papel de reivindicación, pero de reivindicación enfocada a la resolución de los problemas, no de la reivindicación per se

Llevan meses reivindicando un buen funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para que la Junta de Andalucía atienda a sus reivindicaciones y las mejoras lleguen realmente a la ciudadanía?

El tema de la sanidad es una de nuestras principales preocupaciones. Yo suelo decir que la mayor democracia que hay es cuando dos personas de diferente estatus social se encuentran en la puerta de un hospital. La salud ahí equipara a todo el mundo. La sanidad en Andalucía viene tomando una deriva muy preocupante y alarmante. No porque lo diga la UGT, no porque lo digan los propios profesionales, que también, sino porque lo dice la sociedad. Esto es como la madre que iba a ver a su hijo desfilar al servicio militar y cree que todos van con el paso cambiado menos su niño que lo lleva bien. Todos los andaluces y andaluzas creo que no se pueden equivocar. Nosotros le hemos pedido a la consejera en varias ocasiones primero poder presentarnos, porque no la conocemos, y sentarnos para darle nuestro diagnóstico, nuestro punto de vista y nuestras aportaciones.

¿Por qué cree que no se quiere sentar con los sindicatos?

Yo creo que algunos consejeros y algunos partidos no entienden el papel de los sindicatos de clase. Nosotros tenemos un papel de reivindicación, pero de reivindicación enfocada a la resolución de los problemas, no de la reivindicación per se. No hacemos del medio un fin, sino que nosotros intentamos aportar, construir desde nuestra experiencia, desde nuestras exigencias, pero buscando soluciones. Y yo creo que la consejera en este momento no está entendiendo lo que la UGT de Andalucía le quiere trasladar, que es que queremos aportar soluciones, y las soluciones hay que construirlas, hay que trabajarlas y ella tiene ahora mismo la responsabilidad, y no está recibiendo ni siquiera los representantes de los trabajadores de la Mesa de Sanidad.

Ese no es el mejor camino para entender que, cuando hay un problema, se puede solucionar entre todos. Y ahí llegaremos hasta el final, porque de lo que estamos hablando es de la vida de las personas, de la salud de las personas. Y ahí la UGT está en una reivindicación absoluta de que el sistema de sanidad es una joya del conjunto de nuestra comunidad y que la vamos a defender hasta el final, recuperando que los sanitarios y los profesionales recuperen su carrera profesional, que se pongan en marcha las bolsas, que se cumpla con los acuerdos de atención primaria, que se atienda con calidad asistencial en la atención primaria y secundaria, que se reduzcan las listas de espera de operaciones, de pruebas diagnósticas. Vamos cubriendo etapas en función de la deriva que se vaya tomando y vamos a pelear con todos nuestros recursos y resortes para recuperar esa sanidad pública gratuita y de calidad. 

La Asamblea de Extremadura ha parado el intento de Vox de llevar a pleno una ley de la extrema derecha que modifica la participación institucional de los sindicatos y la patronal, y, además, elimina las subvenciones nominativas públicas que reciben precisamente por los gastos derivados de esta participación.

La extrema derecha registró su propuesta a finales de enero, pero la Mesa del parlamento extremeño ha decidido no admitir a trámite el proyecto legislativo porque afecta a competencias estatales recogidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores.

La Mesa está presidida por el PSOE, que tiene tres miembros en este órgano, dos tiene el PP y uno Unidas por Extremadura. Vox se quedó fuera porque durante la constitución de la Asamblea al inicio de la legislatura aún no habían llegado a buen puerto las negociaciones con el PP, que permitieron la investidura de María Guardiola.

Fruto de ese entendimiento posterior, el PP tendría que haber facilitado a su entonces socio un puesto en la Mesa, pero el intento se frustró cuando el partido de Santiago Abascal rompió los pactos de gobierno en todos los ayuntamientos. No obstante, Vox volvió a exigir al PP puestos en la Mesa de la Asamblea durante la negociación de los presupuestos de 2025, que se rompieron en diciembre.

La extrema derecha hablar de “persecución política”

Por eso, la extrema derecha ha recurrido la decisión adoptada por la Mesa de la Asamblea, que, a su juicio, es “sectaria” y una muestra más de lo que considera una “persecución” hacia la formación por parte del órgano de dirección de la Cámara para “silenciarles”.

El portavoz de esta formación, Óscar Fernández, ha recordado que su iniciativa pretendía modificar la Ley 3/2003 sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos al objeto de ampliar la representación a más organizaciones y acabar así con el “monopolio” que existe actualmente de dos sindicatos (UGT y CCOO) y una organización empresarial (CREEX). En su propuesta también se recoge que sean los sindicatos y las organizaciones empresariales las que asumen los gastos.

Además, Vox defiende que su ley “cumple escrupulosamente” con la normativa para esa reforma que se plantea sobre una ley que “se ha hecho en Extremadura y con carácter autonómico”, por lo que no afecta a competencias estatales. “Nuestra modificación en modo alguno interviene o interfiere con la norma estatal, simplemente con esa adaptación de la norma estatal al ámbito autonómico”, ha puntualizado Fernández.

En este sentido, ha trasladado el “tremendo malestar” de Vox debido a la “persecución política” a este grupo parlamentario por parte de dicho órgano parlamentario, con la que se está intentando “silenciar” y “apartar de la vida política” en la Asamblea “a los representantes de 50.000 extremeños”.

A la formación de Santiago Abascal le parece “significativo” además que esto ocurra cuando atañe de alguna manera u otra al PSOE o en este caso a los sindicatos, a los que la formación ha calificado como “satélites de la izquierda y del PSOE”.

Como ejemplo de ello ha mencionado que se denegó en su día la comparecencia en Comisión de Cultura de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, quien está siendo investigado por su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.

“Tenemos serias dudas del papel que están ejerciendo los miembros de la Mesa, si están poniendo impedimento a este normal ejercicio de la labor parlamentaria, unos por acción, otros por omisión o algunos incluso instigando de manera torticera”, ha apostillado Fernández.