El sindicato CCOO de Castilla y León ha reclamado a la Junta que concrete su compromiso con el Diálogo Social tras la comparecencia en las Cortes del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que es necesario aclarar cómo se dará continuidad a los trece acuerdos actualmente vigentes.

La secretaria general del sindicato en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, ha valorado en una nota de prensa como los principales anuncios del consejero el respaldo al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), la continuidad del Diálogo Social y la elaboración de un estudio sobre el absentismo laboral.

Respecto al Serla, Fernández ha reclamado una financiación propia para este organismo y ha recordado que durante la anterior legislatura, con el Gobierno de coalición PP-Vox, “estuvo en peligro de cierre” al no figurar inicialmente en los presupuestos autonómicos.

Sobre el Diálogo Social, la dirigente sindical ha considerado positivo que el consejero apueste por mantener este instrumento, aunque ha pedido una reunión para concretar “los criterios de continuidad y las nuevas rúbricas” que plantea el Ejecutivo autonómico.

En relación con el anuncio de un estudio sobre el absentismo laboral, CCOO ha rechazado que se utilice ese término para referirse a las bajas médicas y ha sostenido que “hay que dejar de hablar de absentismo para referirse a las bajas laborales”.

Fernández ha defendido que no es necesario elaborar un informe para conocer las causas del aumento de las incapacidades temporales y ha atribuido su duración al “colapso de la sanidad pública” en Castilla y León y a la sobrecarga derivada de las horas extraordinarias no remuneradas.

La secretaria general de CCOO también ha advertido de que la anunciada bajada de impuestos por parte de la Junta puede dificultar la financiación de la futura reforma de la ley de discapacidad y del sistema de dependencia, al recordar que las comunidades autónomas deberán asumir el 50% del coste junto al Estado.

En este sentido, ha defendido que los fondos estatales sirvan también para mejorar las ratios, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el enfoque planteado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en torno a las bajas laborales y el absentismo “no es el más acertado” y ha hecho hincapié en que “no podemos renunciar” a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios a través del “diálogo social”.

García-Page ha remarcado no obstante que las bajas laborales se han incrementado en España y que “hay un problema de fondo”. Sin embargo, considera que “de todos los enfoques posibles”, el planteado por el PP “no es el más acertado”.

El presidente castellanomanchego opina que “lo que se haga” se tiene que realizar “por consenso” con los sindicatos y con la patronal, porque “a todos nos preocupa y a todos nos afecta”.

Dicho esto, ha argumentado que todo este asunto “tiene que ver con un problema mayor”, y es que “llevamos mucho tiempo”, rebajando “mucho” la “autoexigencia colectiva por la cultura del esfuerzo”.

No prescindamos de nuestra propia capacidad para sacar adelante el país

“En realidad en España hay muchísima gente que se apunta a no pagar impuestos, pero al mismo tiempo que todo lo asuma el Estado, a intentar confundir unas cosas con otras y yo creo que no se puede rebajar ni un milímetro el principio de esfuerzo personal y de esfuerzo colectivo para sacar las cosas.

Tras abogar por que los ciudadanos “no prescindamos de nuestra propia capacidad para sacar adelante el país”, ha insistido en el que el PP ha planteado la cuestión “de manera incorrecta” y ha empezado “la casa por el tejado”.

“Puede haber fraude, pero lo cierto y verdad es que para llegar a la conclusión a la que llegó el señor Feijóo hay que pasar muchas metas volantes primero y sobre todo no podemos renunciar a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios”.

En Extremadura, María Guardiola ha inaugurado el Diálogo Social del 50% con los sindicatos. Su pacto con Vox para el gobierno de nuestra comunidad incluye, en el capítulo 10, el epígrafe: “Gastos improductivos”, que contempla la reducción de subvenciones, entre otros, a sindicatos. La aseveración del calificativo de partida marca tendencia. El gobierno extremeño se obliga a justificarlo desde un punto de vista que no sea político, echándole la culpa a la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española. ¡Son tan previsibles!

Esta cesión a la extrema derecha solo puede contemplarse desde un punto de vista ideológico, explicitándose que se minusvalora el papel constitucional de los sindicatos, que el diálogo social nunca fue entendido por la derecha, a veces también por la izquierda, y que molestan. Son esas pequeñas cosas que inciden en desguazar la democracia. Las subvenciones concedidas a los sindicatos, a los empresarios o a las ONG son partidas finalistas que deben justificarse con acciones en el mundo de la empresa o en la participación institucional con la administración, que no deben nunca justificarse como improductivas. La presencia de los sindicatos molesta y, de ahí, la “improductividad” de los sindicatos.

Desde el principio de los tiempos, los sindicatos han sido el chivo expiatorio del poder político y económico. Con la huelga del 27 de enero de 1994, promovida contra la reforma laboral, el despido flexible y la entrada de las ETT de Felipe González, los sindicatos sufrieron una primera andanada de agresividad mediática y política, recibiendo también las amenazas de recortes de supuestas ayudas a los sindicatos. Esa fue la respuesta a una movilización que contó con una participación equiparable a la huelga del 14-D. Se iniciaba la conformación de un relato con intencionalidad, que no era estéril ni gratuito. La criminalización de los diferentes siempre ha sido una estrategia común a los gobiernos que se apartan de los criterios democráticos existentes en nuestra Constitución.

Más allá del debate sobre la cantidad que reciben estas organizaciones en los presupuestos de Extremadura —284.850 euros—, cantidad que vendría a suponer la subvención de cinco corridas de toros, sería muy de agradecer que la secretaria general de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, María Inmaculada Núñez, y las propias organizaciones afectadas pudieran objetivar la productividad social de cada convenio colectivo aprobado; autonómico, provincial, de empresa o sin cobertura, para más de 400.000 trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Extremadura, que se benefician de la negociación colectiva sin necesidad de estar afiliados a un sindicato. Tal vez, con otros criterios, la Ley 2/2015 de Desindexación facultaría al gobierno a dar otra respuesta más razonada.

Por no hablar de la productividad en los acuerdos de pensiones para los 240.000 jubilados extremeños, en las subidas del SMI o la mejora que supone la aprobación de planes de igualdad, de salud laboral, de formación y competencias, con repercusión para generar valor añadido en las empresas. La lista sería muy larga, pero es más fácil crear en el imaginario colectivo que los derechos, cuando se consiguen, caen del cielo. Las cortapisas a los sindicatos facilitan el oscurantismo del poder, tras las cortinas.

Seguro que molestan los sindicatos de clase cuando denuncian que en Extremadura no se pagan más de 1,5 millones de horas extraordinarias, suponiendo más de 18 millones de euros en rentas del trabajo, defraudándose a la Seguridad Social 5 millones de euros en cotizaciones.

No nos engañemos, a estas alturas del partido es mucho más ventajoso dejar fuera de juego a interlocutores que no molesten, porque consumir patria es mucho más lucrativo y debe ser un Malinche de Nacho Cano la “prioridad nacional”, a millón de euros.

La reducción de las partidas finalistas a los sindicatos tiene un objetivo oculto: desvalorizarlos, sembrar la duda mientras las crisis las resolvemos donando dinero a los bancos. Dejemos a la patronal y a los entes económicos que nos hiperregulen las condiciones de vida mientras desregularizamos a los sindicatos.

La antidemocracia

Con la llegada de un partido antidemocrático como Vox a los gobiernos, nos anuncian un proceso de desregulación nada innovador. Los nazis diseñaron, empleando esa misma palabra, el desmontaje de la República de Weimar, incorporando nuevos valores: desigualdad, jerarquía, desregulación de los principios democráticos, darwinismo social, racismo… Solo cuando Hitler, en su discurso ante el Club de la Industria de Dusseldorf, se reúne con más de trescientos patronos en enero de 1932, propugnando su teoría de los mejores, repudiando la democracia en la empresa, cuestionando la duración de la jornada, la semana de cinco días, el principio de representatividad sindical en la empresa y otras formas de cogestión laboral, se hizo la luz para la patronal. Solo entonces, la patronal de Porsche, BMW, Deutsche Bank, Hugo Boss, Thyssen, Von Schroder, Pelikan o Hugenberg… y los nazis habitaron el mismo ecosistema mental. Luego vino la desregulación de todos los derechos alcanzados con su 'Ley de ordenación del trabajo nacional' en 1934, prohibiendo sindicatos, negociación colectiva o derecho a la huelga.

Uno, que viene del futuro, presiente que con un gobierno PP-Vox en España la desregulación nos va a dar muchos dolores de cabeza a trabajadores, mujeres, pensionistas, desempleados o estudiantes. Y entonces, muchos que hoy vociferan contra los sindicatos, se acordarán de ellos.

El secretario general del PSOE extremeño, Alvaro Sánchez Cotrina, entendería y animaría que los agentes sociales “salgan a la calle” contra los recortes en las partidas recogidas en los presupuestos de 2026 si no se consigue revertirlo por la “vía oficial” que son las enmiendas parciales.

Sánchez Cotrina ha hecho estas declaraciones con motivo de las reuniones que está manteniendo con los principales agentes sociales y económicos de la región, a quienes ha trasladado el compromiso de presentar enmiendas para revertir el recorte del 50 por ciento que el gobierno de María Guardiola pretende aplicar a las asignaciones destinadas al diálogo social y a la concertación.

El dirigente socialista, que ha precisado que él no quiere ser “el líder de la posición que está todo el día detrás de la pancarta”, si reconoce que lo que se le ha ofrecido es “pelearlo vía oficial en la Asamblea de Extremadura, llegar hasta el final e intentar debatir las enmiendas y conseguir acuerdos”. No obstante, si no se consigue entiende que “ni uno solo de los sindicatos y tampoco la patronal puede descartar salir a la calle, porque no van a salir a la calle porque aumenten el 50 por ciento de los recursos económicos, lo hacen por la defensa de los derechos de los trabajadores”.

“Si ellos no lo hacen, desde luego que le animaremos a salir”, ha remarcado Cotrina, que está convencido de que “la gente al final se remanga por las cosas del comer y si sus trabajadores y sus afiliados le están diciendo que pierden derechos como consecuencia de este choque frontal con el gobierno, pues estoy convencido que se verán en las calles”.

Cotrina ha criticado que la respuesta de la Junta de Extremadura a lo que ha aportado los agentes sociales y la patronal sea “darle un hachazo presupuestario del 50 por ciento” y ha explicado que le están proponiendo a sindicatos y patronal lo que ya se le planteó a la presidenta de la Junta, que es “que ”eche a Vox del gobierno“ y poner encima de la mesa una propuesta que recupere la totalidad de la confianza en el diálogo social”.

Si embargo, como cree que no lo va a aceptar lo que harán es presentar enmiendas consensudas con sindicatos y con la patronal para recuperar ese diálogo social.

Cotrina también ha avanzado que aunque será mañana cuando se informe de las enmiendas parciales que el PSOE presentará a las cuentas de 2026, serán unas 300, basadas en los siete grandes acuerdos que le presentaron a Guardiola. “No estamos hablando de enmiendas al peso sino que tienen que ver con la vida de la gente y hacer su vida más fácil” ha dicho el dirigente socialista. 

UGT y CCOO, que forman parte del mecanismo de Diálogo Social de Castilla y León junto a la patronal y la Junta, han advertido este viernes al Gobierno autonómico de que el informe que emitió este jueves el Comité Europeo de Derechos Sociales ha certificado los incumplimientos e ilegalidades con ese modelo en la anterior etapa de PP y Vox al frente de la comunidad.

En un comunicado, ambos sindicatos han sostenido que “la Junta de Castilla y León no tiene nada que celebrar, porque el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales respalda la existencia de actuaciones contrarias al Derecho y a la Carta Social Europea, que denunciaron ambas organizaciones en junio de 2023, y han alertado de que si hay nuevos incumplimientos irán a los tribunales de nuevo.

Ayer, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, valoró el a su juicio respaldo del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa tras los recortes al Dialogo Social en 2022 aunque refrendó la mano tendida a los sindicatos y patronal para la búsqueda de nuevos acuerdos.

UGT Y CCOO ha sostenido que si el informe de 2026 de dicho organismo señala que en la actualidad no existe vulneración de estos derechos es debido a que las irregularidades ya fueron corregidas una vez se disolvió el gobierno PP-Vox en el verano de 2024.

“El Comité observa que, como se ha expuesto anteriormente, las acciones y omisiones impugnadas del Gobierno Regional, que interfirieron en los mecanismo existentes del Diálogo Social en Castilla, fueron declaradas ilegales por los tribunales nacionales o repudiadas tras la toma de posesión del nuevo Gobierno Regional y que, como resultado, el Diálogo Social ha sido plenamente restablecido”, recoge el informe, según han trasladado ambos sindicatos.

Ambos sindicatos han observado que además el Comité “toma nota” de su alegación sobre que “las acciones y omisiones impugnadas han provocado un deterioro duradero de los mecanismos del Diálogo Social en Castilla y León, a pesar de las medidas correctoras”.

Ya que el Comité reconoce como hechos problemáticos el cierre del SERLA o la retirada de financiación para el desarrollo de programas reconocidos en el Diálogo Social.

Por ello, desde las secretarías generales de CCOO y UGT en Castilla y León consideran que el dictamen les ha respaldado en su reclamación porque reconoce la existencia de actuaciones ilegales por parte de la Junta de Castilla y León, que posteriormente se corrigieron.

Y han recordado que tanto UGT como CCOO son “acérrimas defensoras” del Diálogo Social en Castilla y León, por lo que tiene de positivo tanto para las personas trabajadoras como para el conjunto de ciudadanía.

En ese sentido, han advertido de que “no van a consentir ningún incumplimiento de la legalidad” por parte del nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León.

Y de ser así, “nos veremos en los tribunales”, han zanjado los líderes de UGT y CCOO en la comunidad, Óscar Lobo y Ana Fernández, para quienes la línea a seguir es la que emana del informe adoptado por el Consejo, y en esa línea han trasladado su “mano tendida para abundar en la concertación y entendimiento con el nuevo gobierno autonómico”

La Junta de Castilla y León ha celebrado este jueves que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya respaldado su posición por los recortes aplicados al Diálogo Social durante el anterior Ejecutivo de PP y Vox.

“Se nos da la razón”, ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha justificado el dictamen como una resolución “favorable a los intereses de la Comunidad”. El consejero ha trasladado la “mano tendida” del Gobierno autonómico en esta nueva etapa para negociar nuevos acuerdos.

El fallo del organismo europeo llega después de la denuncia presentada por UGT y CCOO tras la reducción de fondos destinados a programas gestionados por las organizaciones sindicales durante el Gobierno de coalición entre PP y Vox. Los recortes de la Consejería de Empleo, en manos de Vox, fueron anulados por “ilegales” por los tribunales y por sentencia, el Ejecutivo autonómico pagó las cantidades que se debían además de las costas.

Pese a ello, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha rechazado la reclamación sindical al considerar que un eventual riesgo de deterioro futuro del Diálogo Social no constituye por sí mismo una vulneración de la Carta Social Europea. En su resolución, el organismo ha señalado que, aunque toma nota de las críticas de los sindicatos sobre la falta de compromiso del Gobierno autonómico con este modelo de concertación, un escenario hipotético de regreso a políticas contrarias a esos derechos no basta para apreciar una infracción de la Carta.

Fernández Carriedo ha defendido que la resolución demuestra que la Administración autonómica actuó correctamente. “Teníamos razón”, ha apuntado de forma tajante.

“Más allá de una valoración positiva de una decisión que favorece a los intereses de la Comunidad, reafirmamos nuestro compromiso de mano tendida en torno al diálogo social, de búsqueda de nuevos acuerdos”, ha apuntado.

Carriedo ha defendido el papel que desempeñan UGT, CCOO y la patronal CEOE dentro del modelo de negociación al considerar que sus aportaciones resultan necesarias para diseñar políticas públicas orientadas al conjunto de la ciudadanía. “Son necesarios para establecer políticas al servicio del conjunto de los ciudadanos”, ha reconocido.

Tras la conformación del nuevo gobierno autonómico esta función le corresponde al nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asume las competencias en materia laboral. “Esta es la vocación del nuevo consejero con competencias en materia de empleo para favorecer estos acuerdos e intentar alcanzar estas posiciones”, ha afirmado.

El origen de este conflicto radica en los primeros meses de la legislatura iniciada en 2022, cuando el entonces Gobierno de coalición entre PP y Vox impulsó una reducción de las subvenciones destinadas a programas vinculados al Diálogo Social. Aquella decisión fue recurrida por las organizaciones sindicales y terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo de 2025, lo que llevó a la Junta a rectificar la medida y pagar las subvenciones que se retiraron.

Aunque los sindicatos decidieron mantener su reclamación ante las instituciones europeas por considerar que el precedente podía poner en riesgo el modelo de concertación social en la Comunidad, el Comité ha concluido que ese temor, por sí solo, no permite acreditar una vulneración efectiva de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea.

La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se sienta con elDiario.es cuando cumple un año siendo la máxima representante de las pymes en España, como presidenta de la patronal Cepyme, e insiste una y otra vez en la necesidad de dar “más voz” a las pequeñas empresas. Tras una dura batalla interna, se impuso su candidatura –impulsada por el líder de la CEOE, Antonio Garamendi– frente a la de su antecesor en el cargo, el granadino Gerardo Cuerva, que algunos sitúan ahora entre los candidatos a disputar el liderazgo de la gran patronal este otoño.

Con un perfil aún desconocido para muchos, Ángela de Miguel destaca su trabajo interno por la “unidad” de las pymes en todo el país y para que se las escuche en las mesas de negociación con el Gobierno. En este terreno también tiene competencia, con patronales alternativas como Conpymes y Pimec que quieren entrar en el diálogo social, algo que rechaza de plano por su escasa representatividad, sostiene.

Acaba de cumplir el primer aniversario como presidenta de Cepyme. ¿Qué valoración hace de este primer año al frente de la patronal de pequeñas y medianas empresas?

Como me comprometí, en este año he visitado 53 territorios y me he reunido con 30 sectoriales, y el sentir general vayas donde vayas es que la pyme es la gran olvidada de las políticas públicas y está pasando una situación muy complicada en un momento de crecimiento económico en España. Y la verdad es que produce mucha tristeza porque muchas veces nuestras pymes no están creciendo, no están saliendo fuera, no están ganando tamaño y no se están creando nuevas empresas por barreras artificiales que estamos colocando, no porque haya un entorno económico de crisis. 

Que en algunos momentos lo hay y ahora previsiblemente puede que nos llegue uno. Entonces, ahí es entendible. Pero ¿por qué estamos poniendo tantas dificultades a nuestras empresas más pequeñas? Cuando hacen una función social, no hacen daño a nadie… Todo lo contrario, son la solución. 

Dentro de la organización, estoy muy contenta. Es un orgullo poder defender a las pymes españolas y lo que percibimos dentro de la organización es muchísima unidad y una problemática común, trabajando todos en la misma dirección.

Mencionaba esa posible crisis, esos efectos que estamos ahora experimentando a cuenta de la guerra en Oriente Medio. Esta semana hubo una reunión con el vicepresidente Cuerpo a la que asistió. ¿Cómo valora las medidas que están en vigor?

Muchas medidas han sido muy positivas, son las que solicitamos. Se han adoptado pronto, sobre todo medidas fiscales y de apoyo a los sectores que van a tener más impacto por el aumento de combustibles o energía, como los transportistas y el sector agro. Hemos visto, y ahí están los resultados, que se ha contenido bastante la inflación. Estamos en el 3,2% que es alta, pero más o menos controlable. Si no se hubieran tomado todas estas medidas estaríamos probablemente en torno a un 4,5%, con una subida mucho mayor de los combustibles. Y esto es escalonado. La subida de precios se queda para siempre. 

¿Y a futuro? ¿Qué medidas cree que deberían tomarse?

Estamos pidiendo que estas medidas se mantengan, porque hay una gran inestabilidad. Fue muy positiva la reunión [con el Gobierno], en la que se está trabajando en futuras medidas, que además se mande un mensaje también para que la empresa pueda hacer su estrategia y diseño a unos meses vista. Cuando te dan ayudas para dos meses es muy complicado organizarte, porque los tiempos en la empresa son muchísimo más largos.  

Entonces, creemos que es importante continuar en el tiempo con estas medidas, que creemos que están funcionando y que se pueden asumir en este momento. Hasta que haya cierta estabilidad y que podamos ver que hay esa contención de precios. 

Es importante continuar en el tiempo con las medidas (por la guerra de Irán), que creemos que están funcionando, hasta que haya cierta estabilidad

El otro día Cepyme lanzó un comunicado advirtiendo de la falta de diálogo social, en concreto en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las relaciones con el departamento de Yolanda Díaz? 

Hemos estado reunidos prácticamente en toda España, con todas las sectoriales, y hay un sentir general de que a la pyme no se la está escuchando. Entonces hicimos el comunicado conjunto, que salió de abajo para arriba. 

Se pactó una reforma laboral en el año 2021, en la cual renunciamos a una serie de cosas a cambio de que se cediera en otras. Eso es un acuerdo. Desde el año 2022, ha habido 272 modificaciones laborales unilaterales y sin contar con nosotros. Cuando tú renuncias a posiciones para tener una estabilidad en el medio plazo, lo que no puede ser es: ‘Renuncia a todo esto, que en lo que yo he cedido, al día siguiente te lo voy a cambiar por el poder que tengo como gobierno’. 

Se habla mucho de falta de diálogo social, pero ¿no es más una falta de acuerdo? Porque sí que hay negociaciones que se alargan durante muchos meses en las que están presentes haciendo propuestas y negociando, como la Ley de Riesgos laborales o la de la reducción de jornada. 

Para mí el diálogo es diálogo. No que te digan siéntate aquí, esto es lo que hay. Esto son lentejas. Si quieres las comes y si no, también. Si eso lo queremos llamar diálogo, lo llamamos como queramos, pero el diálogo tiene que ser eficaz. 

Nosotros creemos en el artículo 7 de la Constitución Española, somos muy serios y creemos en el diálogo social porque es un pilar fundamental en España, como una institución que nos da fortaleza al país y que ha ayudado mucho a nuestro crecimiento. Y el diálogo social no es que el Ministerio se siente y diga que no va a mover una coma. Yo quiero las 37 horas y media. Y nos sentamos las veces que quieras, pero son 37 horas y media. Eso para mí no es diálogo. Lo podremos disfrazar y vestir de lo que queramos. 

Curiosamente, en ninguna de las últimas reformas ha habido ninguna opción. Nosotros hemos presentado alternativas, sensatas que la empresa puede cumplir. No estamos en contra de las 37 horas y media. Estamos pactando reducciones de horas en la negociación colectiva, pero creemos que debe hacerse cuando se puede y donde se puede. No dejar sin maniobra a todas las pymes, cuando tenemos un tercio en pérdidas. Porque eso va a suponer que no solamente perdamos 15.000 microempresas, como tenemos ahora, sino que a lo mejor habríamos perdido 100.000. 

Cuando hablan de esas 15.000 pequeñas empresas que se están eliminando, ¿no hay también un cambio estructural en cuanto al tamaño de las empresas? Muchas veces se pone como meta aumentar esa capacidad. ¿Cuánto hay de eso o de jubilación o falta de relevo generacional en sectores como el comercio?

Si tienes una población empresarial envejecida y no permites que entren nuevos operadores en el sistema, esto es la crónica de una muerte anunciada. Que, de las que ya están unas crezcan y otras desaparezcan por la razón que sea, en un momento de crecimiento económico, tendrían que estar entrando nuevos emprendedores al sistema. Pero hay unas barreras de entrada que lo están impidiendo. El 50% de las empresas no sobreviven más de cinco años, con lo cual muchas desaparecen. No deberían desaparecer tantas si tuviéramos un ecosistema favorable. Tenemos un tercio de las pymes con pérdidas en España y la gente resiste porque pone su patrimonio personal. Nos está desapareciendo la empresa más pequeña y son muchísimos los servicios y opciones que nos dan. Mañana se te estropea la lavadora y nadie te la va a arreglar. Ya está pasando.

¿Qué problemas detectan en estas empresas?

Uno de los grandísimos problemas es la cantidad de normativa laboral, el aumento de costes laborales y del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España son 1.900 euros al mes. Al trabajador le llegan 1.200 euros, porque el Estado decide que lleguen 1.200 euros. Pero cuando una empresa y quien contrata y paga el salario mínimo interprofesional tiene que destinar 1.900 euros.

Con el salario mínimo interprofesional, estamos creando la España de las dos velocidades. Hay zonas donde el salario mínimo interprofesional es casi el 80% del salario medio del territorio. Con lo cual, cuando tú te sientas a negociar con los sindicatos solo puedes negociar el 20% de los salarios. 

En esos territorios, la capacidad de negociación, de mejora, la capacidad que tienes tú para competir e igualar a otras zonas que van mucho más avanzadas en España van mejor, te las están reduciendo prácticamente a cero. Y recordamos que, cuando nosotros fijamos salario, lo fijamos de acuerdo con los trabajadores, que saben la realidad de la empresa y hasta dónde pueden llegar. Y las empresas sabemos qué necesitan nuestros trabajadores. Lo que más queremos en nuestras empresas es a nuestros equipos. Sobre todo en las pymes, donde las relaciones laborales son horizontales, cuasi familiares.

¿Y temen la llegada de Vox a gobiernos autonómicos o al central en un futuro? Porque su postura respecto al diálogo social ha sido tratar de eliminar algunas instituciones clave de mediación laboral, como el SERLA en su comunidad autónoma, y defiende eliminar todo tipo de subvención a los agentes sociales.

Nosotros defendemos el diálogo social porque creemos en él y nos dan igual las siglas. Nosotros no estamos en política, hablamos de políticas públicas. Si hay un Ministerio de Trabajo que está tratando de reducir el diálogo social, porque cuando fijo el salario del 80% de los trabajadores, lo estoy eliminando de facto, y si hay otros que dicen que lo quieren eliminar, nosotros vamos a estar ahí, defendiendo el diálogo social. Porque creemos que es importante como país. Los países con instituciones independientes y libres son los más prósperos. Nos da igual la sigla y, cuando alguien haga una política pública que considero que no es la adecuada, la denunciaré.

Mencionaba usted la reducción de la jornada laboral. El Gobierno está inmerso en la reforma del registro horario. ¿Tan difícil es que las pymes puedan tener un registro digital?

Sí, claro. Para empezar, ¿qué vamos a hacer en todos los pueblos y el mundo rural, donde no hay conexión? Además, la pyme española no cuenta con un técnico en su organización. Hay muchísimas empresas pequeñitas en las que la gente no tiene herramientas. Además, las relaciones con los trabajadores de las pymes son de muchísima confianza. No necesitas introducir elementos que no están pensados para una organización horizontal, que están pensados para organizaciones en vertical. ¿Alguien piensa que cuando una persona lleva 20 años trabajando contigo y te dice que tiene que llevar al niño al médico, tiene que rellenar un papel, pedir un permiso, hablar con Recursos Humanos que no existe…? Supone obligar a hacer una inversión a empresas en las que, en muchos casos, el empresario gana menos que el trabajador.

Estamos abiertos a negociar el acuerdo de salarios, pero a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable

El último acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) terminó su vigencia a finales del año pasado. Los sindicatos ya han presentado sus propuestas, pero no sabemos cómo van las negociaciones. ¿Nos puede dar algún avance?

Estamos en el diálogo social y abiertos a negociar. Pero en unas circunstancias como las que estamos ahora mismo, a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable. ¿Se van a aplicar las 37,5 horas? ¿Me vas a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Para qué voy a negociar un salario si ya me lo va a fijar el Gobierno? Nosotros estamos totalmente a favor de tener un marco preparado y necesitamos que acompañe una estabilidad que nos permita hacer una previsión a las empresas. 

¿Y es posible que sea este año?

Todo es posible. Hay que tener buena voluntad por parte de todos, por supuesto. Estamos muy dispuestos a llegar a acuerdos porque creemos que dan un marco estable fundamental para las empresas.

¿Cómo cree que puede afectar al emprendimiento y a la falta de mano de obra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno?

Una de las cosas que le hemos dicho al Gobierno es que hay que vincular esa regularización al empleo. Tenemos que derivar a todas esas personas que estamos regularizando hacia el empleo, porque ahora tenemos dos millones de vacantes sin cubrir en España. Es muy importante acercar a estas personas que se van a regularizar a la formación habilitante, que permitirá cubrir muchas vacantes. Porque, si no, vamos a tener un problema como país.

En cuanto a la actualidad política, estos días estamos conociendo muchas informaciones con respecto a presuntos casos de corrupción. ¿Qué valoración hacen desde Cepyme? ¿Debería el Gobierno convocar elecciones o la oposición presentar una moción de censura?

Nosotros en temas políticos no entramos. Creemos en la estabilidad de las instituciones, porque cuando estamos en un entorno más estable, la economía va mejor y la vida de todos los ciudadanos va mejor. El resto de vicisitudes las tendrán que decir nuestros representantes. 

Pero, cuando hablamos de corrupción, nos fijamos muchas veces en los corruptos y no en los corruptores, que muchas veces son empresarios. ¿Cómo deben castigarse estos comportamientos?

Ya se está castigando. Pero no hay que olvidar que muchas veces no son empresarios, es gente que ha constituido una sociedad. Esto lo quiero distinguir, porque muchas veces son amigos del poder que constituyen una sociedad cuyos ingresos provienen de operaciones con el poder público. A mí me cuesta llamarlo empresario. Para mí esa gente son delincuentes que han constituido una sociedad limitada. Un empresario es el que se levanta todas la mañana, diseña su plan de negocio, invierte su dinero, genera riqueza y empleo y trabaja todos los días. Necesitamos que haya unas reglas claras y juego limpio. Los que más perdemos con este tipo de cosas somos las empresas porque, además del dinero público que se va con la corrupción, perdemos la capacidad de que nuestras mejores empresas y talento puedan crecer. Necesitamos un entorno que permita competir y que el mejor consiga el contrato.

Antes ha mencionado que Cepyme estaba muy unida. ¿Cómo se ha trabajado para volver a la unidad este año? Porque las elecciones que ganó fueron muy duras, reñidas, y salió de esa votación una imagen de división dentro de las pequeñas y medianas empresas.

A los que creemos en la democracia nos parece fantástico que haya diferentes opciones y los empresarios en general somos muy pragmáticos. Es decir, yo puedo tener una posición distinta, pero luego mi presidente es mi presidente y, al día siguiente, todos estamos trabajando por la organización. Estamos ahí por el compromiso de defender a nuestras pymes. Eso está muy por encima de cualquier otra cosa que pueda salir. 

Hay un rumor en el mundo empresarial, ya que este año se tienen que convocar elecciones a la presidencia de CEOE, de que su predecesor, Gerardo Cuerva, se presente a la presidencia de la patronal. ¿Se ve trabajando mano a mano con él como presidente?

Tengo buena relación con Gerardo Cuerva y, por supuesto, trabajaré mano a mano con el que sea mi presidente de CEOE. Evidentemente, no lo he ocultado y no lo voy a ocultar, creo que Antonio Garamendi es un grandísimo presidente y, si decide presentarse, espero que lo siga siendo. Soy demócrata y respeto siempre las decisiones de la mayoría.

La representatividad la tiene Cepyme. Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso

El Gobierno ha planteado una reforma de la representatividad empresarial que podría abrir espacio a otras organizaciones patronales de pymes, como son Conpymes o la catalana Pimec. ¿Teme que Cepyme quede relegada por la entrada de estos actores?

Creo en el diálogo social y en la representatividad y ningún gobierno puede cambiar las reglas del juego para dar un espacio a quien sus representados no se lo han dado. Es como en el Parlamento: nos puede gustar un partido que no tenga representación parlamentaria y podemos creer que debe de estar. Pero si la mayoría de los ciudadanos no lo votan, no lo han votado. Si la gran mayoría de las empresas que pagan sus cuotas a organizaciones empresariales están adheridas a Cepyme, la representatividad la tiene Cepyme.

Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso. Nosotros negociamos más de 4.000 convenios colectivos en España. ¿Cómo se puede discutir nuestra representatividad?

Ni la ausencia de dos organizaciones sindicales -CIG, la mayoritaria en Galicia, y CCOO, la tercera, pero a muy poca distancia de UGT- en el diálogo social, ni sus críticas al plan para limitar el derecho a las bajas de los trabajadores ni el rechazo de todos los colegios médicos a que se vincule la duración de las incapacidades temporales al plus de productividad van a hacer a la Xunta replantearse sus medidas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó este lunes que las conversaciones del diálogo social van a seguir adelante para buscar acuerdos “con los que quieren estar”, que, a estas alturas, son la patronal y UGT.

Hace poco más de un mes, el Gobierno gallego aprobó un decreto para regular el diálogo social, con el fin de dar peso institucional a una mesa en la que, en realidad, ya sabía que iba a faltar la organización sindical mayoritaria, la CIG. Lo hacía en medio de las numerosas críticas al plan contra las bajas laborales y con este asunto como primer punto de la agenda de trabajo.

La fotografía era la de unas negociaciones en las que iban a participar la Xunta, la patronal, UGT y CCOO. Pero esta última organización anunció hace unos días que abandona el empeño. Ve el diálogo social “vacío de contenido real” y carga contra el Gobierno autonómico por impulsar “medidas ejecutivas de forma paralela”, lo que convierte la negociación en “un mero escaparate mediático”. Para Rueda, sin embargo, esta salida de CCOO es “difícil de entender”.

Aquel día trascendía que la Xunta ofrece a los médicos cobrar más si acortan las bajas laborales de sus pacientes. La medida se concreta en que la duración de las incapacidades temporales afecta al plus de productividad y se va a premiar que esa duración esté dentro de los tiempos que el Gobierno gallego considera “estándar”. Médicos de familia y los cuatro colegios profesionales -uno por cada provincia- mostraron su rechazo inmediato. El Consello Galego de Colexios Médicos pidió dar marcha atrás porque la medida, asegura, genera “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia” y es una “presión indirecta” para dar las altas antes.

Tampoco este descontento va a afectar a las decisiones de la Xunta. Rueda sostiene que la medida no es nueva, y que lo que ocurre es simplemente que está ahora más “de actualidad por el decidido impulso” de su equipo en la materia. Lejos de hacer autocrítica, se ha mostrado satisfecho. La estrategia contra las bajas, dijo, ya está dando resultados y las cifras muestran que la duración ha “mejorado sensiblemente” este año con respecto al anterior.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha expresado su preocupación ante las declaraciones realizadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en las que anuncia como objetivos para este año el encarecimiento del despido y la modificación de las reglas de representación en el diálogo social.

En un comunicado recogido por Europa Press, la CEG ha considerado “especialmente grave” cuestionar la representatividad de las organizaciones empresariales y tratar de debilitar la participación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en la negociación de cuestiones que afectan directamente a miles de pequeñas y medianas empresas.

“Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial gallego y español y son esenciales para el empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad económica, especialmente en el ámbito rural”, han reivindicado desde la CEG.

El presidente del empresariado gallego, Juan Manuel Vieites, recuerda que “el diálogo social debe sustentarse en el respeto institucional, la pluralidad y la seguridad jurídica”. “Cualquier intento de alterar unilateralmente los equilibrios de representación supone deteriorar un modelo que ha contribuido durante décadas a la estabilidad económica y laboral de nuestro país”, ha criticado.

Asimismo, advierte que “nuevas medidas orientadas a incrementar los costes empresariales, como el encarecimiento del despido, se suman a un contexto ya especialmente complejo para las empresas, marcado por el aumento continuado de los costes laborales, la presión fiscal, la inflación regulatoria y la creciente burocracia administrativa”.

“Las empresas gallegas, y particularmente las microempresas y pymes, necesitan estabilidad, certidumbre y medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo, no nuevas cargas que dificulten su viabilidad. Resulta especialmente preocupante seguir impulsando reformas laborales sin una evaluación rigurosa de su impacto real sobre las pequeñas empresas y los autónomos”, ha sentenciado Vieites.

Las provinciales

En la misma línea ha hablado la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), subrayando que el diálogo social es “el pilar de toda democracia”. “Si queremos que nuestras empresas se conviertan en un referente, si queremos una economía próspera y la proliferación de organizaciones punteras, debemos escucharlas. La situación no es la misma en todo el territorio nacional, ni todos los negocios cuentan con el mismo volumen de actividad e ingresos”, ha añadido el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Para él, tomar decisiones que afectan al empleo y a la competitividad sin contar con quienes representan a las empresas es un “error” que tiene “consecuencias reales”.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) también ha defendido el diálogo social ante el anuncio del Gobierno de adoptar medidas en al ámbito laboral excluyendo a los agentes sociales.

En un comunicado, ha compartido la “inquietud” trasladada por Cepyme respecto a la proliferación de anuncios y decisiones adoptadas sin una negociación efectiva previa. “El diálogo social ha sido una de las herramientas más valiosas para garantizar estabilidad económica, seguridad jurídica y cohesión social en nuestro país. Debilitarlo mediante planteamientos unilaterales o fórmulas de interlocución meramente formales supone poner en riesgo un modelo que ha permitido afrontar con éxito etapas especialmente complejas para el país”, ha insistido la CEO.

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento inicia los trámites para formar por fin el Consejo de Trabajo Autónomo, un órgano consultivo que lleva atascado casi dos décadas, ha adelantado en su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es que se está celebrando desde el miércoles hasta este viernes.

Atascado “casi dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo”, ha anunciado Díaz, que ha advertido que “parece fácil, pero no lo es, por eso no se hizo en 20 años”, ya que “se juega la representatividad” de los colectivos de autónomos que se sientan en el diálogo social con el Gobierno para negociar las medidas que afectan a este colectivo de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras.

En efecto, el principal obstáculo para la constitución de este órgano consultivo ha sido el sistema de medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, con muchos intereses enfrentados entre los hasta ahora considerados principales colectivos: ATA, UPTA y UATAE.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que su equipo inicia “los trámites para constituir el Consejo del Trabajo Autónomo”, previsto en la Ley de Trabajo Autónomo de 2007. Tras un intento fallido para formarse en 2011, por el entonces ministro socialista Valeriano Gómez, este órgano no se ha constituido nunca.

El Consejo es una fórmula de participación de las asociaciones de autónomos en la creación de las políticas públicas destinadas a este tipo de empleo, y un mecanismo de diálogo social institucionalizado para sus colectivos más representativos.

Díaz además se ha mostrado “absolutamente a favor de la transposición del IVA franquiciado”, una medida que no había tomado todavía el Gobierno de coalición –con acciones incluso en los tribunales de la Comisión Europea– y que ahora saldrá adelante para conseguir el voto favorable de Junts al decreto con la mayoría de medidas anticrisis por el conflicto en Irán.

“Irresponsabilidad” del PP ante la guerra de Irán

Yolanda Díaz también se ha referido al contexto actual de crisis por la guerra de Irán, que ha lamentado que no parece tener “una salida próxima” por la falta de “un plan de salida” por parte de quien la inició, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Díaz ha defendido los decretos del Gobierno de coalición con las primeras medidas para hacer frente a los daños económicos y sociales de este conflicto en Oriente Medio. Tanto el decreto más amplio, con el conjunto de ayudas y medidas por valor de 5.000 millones de euros, como el decreto para congelar los alquileres.

Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos, ya que el decreto está ahora en vigor, aunque todo apunta a que decaerá dentro de un mes por la negativa de las derechas en el Parlamento.

La responsable de Trabajo ha denunciado la “irresponsabilidad” de la oposición, y en especial del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que se prevé que votará en contra de los dos decretos.

Yolanda Díaz ha sostenido que el PP se sitúa así en contra de la “gente de su país”, tanto de los empresarios como de la gente trabajadora y las personas más vulnerables, en un conflicto que está empobreciendo económicamente a España y al resto del mundo, y que solo beneficia “a unos muy pocos”, como los “magnates del petróleo”, del fracking y los oligarcas tecnológicos “amigos de Trump”, ha denunciado la vicepresidenta.

En el terreno más político, la líder de Sumar en el Gobierno –que ya no será la líder de la izquierda confederal en las próximas elecciones– ha llecho un llamamiento a dar “esperanza” y “tranquilidad” a la ciudadanía. “Sé que el contexto político es muy malo, pero la extrema derecha y las políticas del odio y la destrucción no son una ola imparable”, ha sostenido. “Se puede ganar a la extrema derecha, que España no es una excepción, somos la inspiración y vamos a volver a serlo”, ha afirmado Yolanda Díaz.

Insiste en que reforzará el registro horario

La vicepresidenta segunda ha insistido este jueves en que sacará adelante el refuerzo del registro de jornada, que ha recibido la oposición interna del Ministerio de Economía y dos varapalos de los órganos consultivos que tenían que evaluar el real decreto, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, créanme, es que este registro sea eficaz, que valga para algo, como nos ha dicho el TJUE (la justicia europea)”, ha sostenido Díaz, en referencia a las sentencias que reclaman que el registro sea fiable, objetivo y accesible.

El Ministerio de Trabajo se ha abierto a hacer “pequeños cambios” en su actual texto, aunque ha situado como líneas rojas que el control horario sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Díaz insistió en que sacaría adelante el refuerzo del registro horario “aunque fuera lo último” que hiciera, lo que avecina una nueva pugna dentro del Gobierno. El ministerio de Economía de Carlos Cuerpo consideró esta semana que había que asegurar “una implementación equilibrada” del registro para las empresas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León ha recibido el medio millón de euros de la Junta de Castilla y León que le correspondía tras pedir la ejecución de las sentencias que ganaron UGT y CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León después de los recortes “ilegales” de Vox. CEOE no judicializó la retirada de la subvención, pero ahora sí ha pedido la extensión de los efectos de las sentencias del TSJ y ha reclamado su parte correspondiente a la participación institucional de 2023.

La Consejería de Industria, que durante unos años dirigió Mariano Veganzones, acabó aprobando parte de la subvención anual que recibían los integrantes del Diálogo Social, aunque no lo promocionó tanto como cuando anunció el fin “ilegal” de estas subvenciones. Faltaba, por lo tanto, entregar a la CEOE la cuantía restante correspondiente al periodo 2022-2023: ha recibido 494.491 euros. CEOE se ha negado a hacer declaraciones al respecto y consideran que se trata de “un procedimiento administrativo que se ha tramitado por los cauces institucionales habituales”.

Esta entrega se aprobó en el Consejo de Gobierno del 30 de diciembre de 2025, aunque no se incluyó en el dosier de prensa que la Junta suele entregar a los medios de comunicación. El Ejecutivo no ha querido aclarar el porqué de esta opacidad, y solo se ha podido conocer esta entrega a través del portal de Transparencia. El del 30 de diciembre es uno de los últimos consejos de gobierno antes de que Fernández Mañueco disuelva las Cortes de Castilla y León y convoque elecciones autonómicas para el 15 de marzo.

Una decisión que solo recurrieron los sindicatos

Precisamente fue en marzo del año pasado cuando el TSJ autonómico condenó al Ejecutivo de Fernández Mañueco después de que permitiera que Vox, estando en el gobierno, retirara la subvención que establecía la Ley de Diálogo Social a los sindicatos y la patronal. Esta subvención directa está vinculada a su representatividad sindical y empresarial y no puede depender de la aprobación de esta partida en los Presupuestos. El TSJ reconoció “el derecho del sindicato a la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional”.

Vox suprimió esta cantidad (normalmente no supera los 4 millones de euros entre las tres organizaciones) en los Presupuestos y, aunque luego sí hizo una aportación parcial, el TSJ le obligó a entregar la que faltaba. Eso sí, la Justicia resolvió en 2025, un año después de que Vox se marchara de los gobiernos de coalición que mantenía con el PP. El gobierno de Fernández Mañueco anunció entonces que no iba a recurrir las sentencias y que pagaría las cuantías fijadas por la Justicia.

La Justicia fue muy contraria a determinadas políticas iniciadas por Vox durante su mandato en Industria y Empleo, como el calendario laboral de 2023, que la Justicia declaró nula porque Veganzones se saltó el procedimiento y la Justicia consideró “ofensivas e innecesarias” las acusaciones formuladas por Veganzones contra los sindicatos, aunque en esta ocasión el TSJ no vio infracción penal. También en 2023, el Consejo Económico y Social de Castilla y León tuvo que desmentir al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que acusó a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad.

'Se acabó' del Ministerio de Trabajo a los empresarios en la mesa para renovar la Ley de prevención de riesgos laborales, tras más de 20 meses de negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado esta tarde que el Ministerio da por cerrada la negociación tripartita ante la “actitud dilatoria” de las patronales, que ha tachado de “burla al diálogo social”, y negociará solo con CCOO y UGT para cerrar un acuerdo lo antes posible.

“El Gobierno está profundamente decepcionado y lo tengo que decir así. Es una decepción enorme por parte del equipo de este Ministerio. Yo llevo ya algunos años al frente de esta mesa y no he visto nunca una actitud dilatoria, una actitud tan inconsecuente y una actitud básicamente de rémora, de no avanzar en lo que se está negociando”, ha denunciado Pérez Rey en referencia a la actitud de la patronal, recoge la agencia Europa Press.

Esta mesa de negociación pretende reducir la siniestralidad laboral, atascada en España en los últimos años (y en alza en sectores como la construcción y la industria), con un número de muertes muy elevado, de alrededor de 800 víctimas mortales al año. Muchas de ellas que pierden su vida en accidentes evitables, precisamente por la falta de medidas de prevención.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han compartido la crítica a la postura de las organizaciones empresariales, que han tachado de “bloqueo”. El secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, ha explicado que CEOE “ha cuestionado prácticamente todo el trabajo realizado y planteado que el consenso al que habíamos llegado es un 'buen borrador' para empezar a trabajar”. La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha argumentado que no pueden “permitir que se bloqueen los avances porque las patronales hayan tomado una decisión política”.

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han lanzado un comunicado conjunto en el que critican que Trabajo se ha “levantado de la mesa” y sostienen que “se ha impedido una negociación real”. “Se ha limitado la consulta con las organizaciones empresariales y se nos ha culpado del desenlace de una mesa que CEOE y CEPYME consideramos esencial para desarrollo del trabajo en nuestro país”, han respondido las organizaciones empresariales.

“Seguir negociando hasta ver si cae el Gobierno”

“La patronal española, lo que nos ha querido decir es que quiere seguir negociando hasta ver si cae el Gobierno. Si no, no se puede explicar de otra manera. Ha puesto excusas inasumibles, porque buena parte de las cosas que han dicho las ha suscrito en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo con este Gobierno, sólo para postergar esta reforma y esperar que el Gobierno no la pueda hacer”, ha afirmado Pérez Rey.

El 'número dos' de Trabajo ha subrayado que el diálogo social tiene que dar una respuesta a las más de 800 personas que pierden su vida al año trabajando. “Y, por tanto, esta actitud inconsecuente, inasumible y desleal con el diálogo social no puede pasar inadvertida. El Gobierno no amenaza con seguir gobernando. Es que el Gobierno tiene que gobernar, y el Gobierno tiene que dar respuesta al enorme drama que la sinestralidad laboral es en nuestro país”, ha recalcado.

A la búsqueda de un pacto con los sindicatos

Así, el secretario de Estado ha afirmado que Trabajo negociará sólo con los sindicatos un texto que “ya está muy avanzado” y que, por tanto, no debería tardar en cerrarse. “Vamos a seguir adelante, vamos a hablar con los sindicatos para acercarnos a ellos, a un texto que podamos consensuar y un texto que dé respuesta a este enorme drama que es la enfermedad, los accidentes y perder la vida en el trabajo”, ha explicado. La intención es que pueda alcanzarse un acuerdo antes de fin de año, aunque Pérez Rey ha preferido no dar plazos a esta última fase de la negociación.

En CCOO han explicado que han “exigido al Gobierno que próximamente nos reunamos para que nos den una alternativa para seguir adelante con la ley o establecer las modificaciones normativas vía reales decretos para modificar los aspectos estructurales de la ley”, conscientes de la complejidad de apoyos en el Parlamento. No obstante, el 'número dos' del Ministerio de Trabajo ha confiado en que el Congreso pueda respaldar un proyecto de ley para reducir la siniestralidad.

“No vamos a perder el tiempo sine die mientras los trabajadores siguen muriendo cada día”, ha subrayado la responsable de UGT.

Gobierno de La Rioja y Universidad de La Rioja crean la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva, una iniciativa que “es fruto de la colaboración entre ambas instituciones y que supone una apuesta por el conocimiento, la calidad de las relaciones laborales y por el futuro de La Rioja”, ha asegurado al consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, que ha estado acompañada por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón.

Esta cátedra ha nacido con “vocación de formar, investigar y difundir conocimiento riguroso en un ámbito esencial para el desarrollo económico y la cohesión social”. “Se trata de un proyecto pionero que refuerza el compromiso con el diálogo social como herramienta esencial para el progreso económico y la cohesión social. El diálogo social no es solo un principio constitucional, sino que también es un motor de estabilidad y competitividad. La negociación colectiva, la mediación y la solución extrajudicial de conflictos laborales son instrumentos que permiten construir relaciones laborales más equilibradas, modernas y resistentes”, ha incidido León.

“Este proyecto no solo responde a una necesidad regional, sino que se alinea con las recomendaciones europeas y con las mejores prácticas internacionales. La Universidad de La Rioja aporta su rigor científico y su capacidad de formación, mientras que el Gobierno de La Rioja garantiza el apoyo institucional y financiero”, ha agregado la consejera.

 Por su parte, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha señalado que la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva va girar sobre tres ejes: “la formación, la investigación y la sensibilización” y ha celebrado la importancia que se le va a dar a la “formación independiente de los agentes del diálogo y negociación colectiva”.

En este sentido, ha apuntado la oferta de una microcredencial, que empezará a impartirse en 2026, dirigida tanto a profesionales, como empresarios y estudiantes (estos, con matrícula gratuita); y que la dirección de la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva recaerá en personal del área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en colaboración con el resto de integrantes, así como de otras áreas y universidades.

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el marco de la cátedra, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo concede a la UR una subvención de 30.000 euros anuales. 

Reconocimientos y formación

Dentro del convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Departamento de Derecho convocarán los Premios a los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, con el fin de destacar y gratificar la excelencia en la obtención de las competencias y resultados de aprendizaje de los trabajos defendidos en el curso 2024-2025.

Estos reconocimientos, ha detallado Pilar Simón, “tienen por objeto premiar a los alumnos que aborden aspectos relativos a las relaciones laborales, diálogo social, negociación colectiva, políticas sociolaborales y cualesquiera otras de interés para la cátedra en el marco del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”.

Los premios serán otorgados a dos estudiantes de la UR que acaben de finalizar su formación en el Grado de Relaciones Labores y Recursos Humanos, Grado en Derecho, Grado en Trabajo Social o Máster de la Abogacía y la Procura durante el curso 2024-2025 y que hayan obtenido una calificación igual o superior a ocho puntos.

Habrá un primer premio de 700 euros y un segundo de 300 euros. 

Asimismo, la formación se llevará a cabo a través de un curso en solución extrajudicial de conflictos laborales, cuyo programa va dirigido tanto a personal docente como estudiantes universitarios, egresados, así como a profesionales del ámbito de las relaciones laborales, sector empresarial y laboral, representantes sindicales o personal empleado público, entre otros.

Se fomentarán también actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva que impulsen el conocimiento y la solución de los problemas específicos a los que se enfrenta el sistema de relaciones laborales español. En este sentido, están previstos dos encuentros de expertos en áreas de interés de la cátedra. En el ámbito de la sensibilización y divulgación, se difundirá el valor de estas herramientas y se pondrá en valor el papel de los agentes sociales.

“El diálogo social va camino de la UVI”, denunció hace unos días el líder de los empresarios en España, Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE lanzaba la crítica contra el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, justo en la misma semana en la que las patronales han dado un paso determinante en contra de la negociación tripartita: renegar de la cotización por ingresos reales de los autónomos, una reforma clave pactada hace solo tres años y en pleno despliegue, comprometida además con Bruselas y por cuyo retraso España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de euros en fondos europeos. Y no solo eso. La patronal también se ha levantado de la negociación sobre el despido nada más comenzar.

Son los dos últimos ejemplos de un giro en la actitud de los empresarios en contra de casi cualquier medida que plantee el Gobierno de coalición –y sobre todo el Ministerio de Trabajo– que, aunque empezó hace tiempo, se ha ido acrecentando. Se trata de un “no a todo”, indican fuentes sindicales, “que no haya ningún acuerdo en nada” que pueda dar aire al Ejecutivo de coalición progresista.

Una muestra significativa, de hace apenas unos días, fue la reacción de Antonio Garamendi a la voluntad del Gobierno de ampliar el permiso por fallecimiento a los 10 días y crear un nuevo permiso para cuidados paliativos, un tema sensible para mucha población. El dirigente patronal tachó la medida de “ocurrencia” en un discurso que ridiculizó la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”, afirmó. Tras la polémica suscitada por sus palabras, el empresario matizó que su crítica no iba dirigida a la propuesta, sino “a las formas” del ministerio.

Ruptura del acuerdo de autónomos

Más allá del tono y del clima de oposición a las nuevas negociaciones, la sorpresa ha llegado con la postura de ATA –el colectivo de autónomos dentro de la patronal– y de la propia CEOE respecto al acuerdo alcanzado en 2022 para que los trabajadores por cuenta propia coticen por lo que ganan en 2032. Ahora, cuando debe negociarse la senda de aumento de los próximos años hacia esa cotización por ingresos reales, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirma que “los autónomos ya cotizamos por ingresos fiscales” y da por “cumplido” el pacto suscrito, pese a la gran brecha de cotización que todavía persiste, sobre todo entre quienes más ganan.

Ni en ATA ni en CEOE aclaran por qué suscribieron entonces una meta en 2032, que en la propia ley aprobada aparece como la fecha a partir de cual los autónomos cotizarán por “la totalidad de los rendimientos netos obtenidos”.

En plena ofensiva de las patronales y varios partidos de derechas contra el aumento de las cuotas en los próximos años, y con críticas también desde la izquierda a su primer planteamiento, el Ministerio de Seguridad Social ha optado por una propuesta de mínimos solo para 2026.

Los colectivos progresistas de autónomos UPTA y UATAE reivindican volver al acuerdo suscrito. “No se puede frivolizar con la protección social ni con las cotizaciones”, sostiene Eduardo Abad (UPTA), que pide “no esconderse” y “dar la batalla” para culminar la reforma consensuada. En el mismo sentido se expresa María José Landaburu (UATAE), algo más pesimista ante el contexto político actual. “La situación es muy muy complicada”, lamenta.

Los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han alertado sobre la trascendencia de la ruptura del acuerdo de autónomos por parte de los empresarios. No solo por el hecho de incumplir un pacto ya suscrito en el diálogo social, sino porque pone en riesgo la llegada de millones de euros en fondos europeos a España y el propio sistema de pensiones públicas, ya que la medida estaba incluida en las últimas reformas para reforzar los ingresos de la Seguridad Social.

Los empresarios se han levantado también de la mesa de negociación para reformar el despido, con el objetivo de adaptarlo a la Carta Social Europea, que acaba de abrir el Ministerio de Trabajo. “No nos vamos a sentar en la mesa, porque la premisa es falsa”, ha justificado el líder de CEOE, respaldándose en la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el actual sistema de indemnización por despido improcedente frente a las decisiones contra España del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Antonio Garamendi ha afirmado también que reformar el despido incumple la reforma laboral pactada en 2021, que excluyó esta materia y se centró en otras cuestiones, como la reducción del empleo temporal y el refuerzo de la parte trabajadora en la negociación colectiva. “Vamos a seguir hablando y dialogando, pero no podemos sentirnos engañados, día sí y día también, saltándose los acuerdos como el caso de la reforma laboral”, ha afirmado el empresario vasco en este caso.

Ofensiva también en los tribunales

Además, se prevé que las patronales recurran ante la justicia el real decreto que prepara el Gobierno para endurecer el registro horario después de que fracasara la ley para reducir la jornada laboral (que también incluía esta medida), que las patronales trabajaron intensamente para boicotear en el Parlamento. La CEOE considera que los cambios en el control horario que pretende incorporar Yolanda Díaz no pueden aprobarse con un reglamento, sin pasar por el Congreso de los Diputados.

También se espera una maniobra similar en los tribunales contra la intención de Trabajo de impedir que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pueda absorberse a través de pluses, otra regulación que las patronales insisten en que no puede articularse vía real decreto, sino que exige rango de ley.

Respecto al aumento del salario mínimo en sí mismo, casi nadie espera una actitud negociadora de la CEOE para la subida de 2026, ya que es un tema que vienen rechazando los empresarios casi todos los años y que genera mucha contestación en algunas patronales, especialmente en las pequeñas y algunas sectoriales, como las del campo.

Este viraje al “no a todo” de las patronales se explica por un cambio sustancial de contexto respecto a la primera legislatura del Gobierno de coalición progresista, en el que se alcanzaron múltiples acuerdos del diálogo social, incluso en materias muy complejas como la reforma laboral, las de pensiones y la Ley Rider, entre otras. Por un lado, el Ejecutivo ahora tiene muchísimas dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, debido al contexto interno en la patronal CEOE, que se encamina al fin del segundo mandato de Garamendi, en el pasado cuestionado por sus pactos con el Ejecutivo y con una 'línea dura' a la que conquistar si quiere seguir al frente de los empresarios españoles.

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha instado este jueves a tener en cuenta a las empresas a la hora de avanzar en derechos laborales como la ampliación del permiso por fallecimiento propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En una conferencia de prensa en Luxemburgo, Cuerpo ha señalado que el Gobierno busca de manera “constante” seguir “conquistando derechos para los trabajadores” y “mejorando las condiciones laborales”, pero ha considerado que a la hora de realizarlo “hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de las empresas” como ya se ha hecho “en otros grandes proyectos”.

El titular de Economía se ha pronunciado así preguntado por su opinión sobre la propuesta de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días y de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos, anunciada hoy por Díaz, quien ha indiccado que se iniciarán los trámites para ello vía decreto ley.

Cuerpo, que no ha respondido sobre si había sido informado de la medida antes del anuncio, ha insistido en que la ambición del Gobierno en materia de derechos para los trabajadores es “máxima”, como demuestran también otros expedientes como la reducción de la jornada laboral, pero subrayó que debe contarse con las compañías.

“Tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia delante que tenga en cuenta también, por supuesto, a las empresas y la capacidad que tienen de seguir avanzando en este círculo virtuoso que estamos encontrando, y conquistar derechos y seguir siendo capaces de crecer de manera significativa”, ha dicho.

Tras el anuncio de la vicepresidenta segunda, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no le ha comunicado su intención de ampliar el permiso y tachó de “ocurrencia” el anuncio de una medida que no ha querido valorar porque no tiene información alguna al respecto.

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado la futura ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos como “una buena noticia”, aunque consideraron que debía haberse abordado antes en el marco del diálogo social.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE de Castilla y León, los agentes que forman parte junto con la Junta del Diálogo Social en esa comunidad, recibirán en conjunto 3,9 millones este 2025, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno.

Se trata de subvenciones correspondientes al ejercicio 2025 y que dan cumplimiento a la legislación vigente, facilitando la participación institucional y el ejercicio de las funciones que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas tienen atribuidas por ley.

La aportación económica permitirá a los dos sindicatos y la patronal sufragar una parte de los gastos directamente relacionados con su participación institucional y con la defensa de los derechos económicos y sociales que tienen atribuidos en la legislación vigente, incluyendo acciones de promoción sociolaboral y formación.

La aportación económica destinada a cada uno de los sindicatos es de 1.237.702 euros; mientras CEOE Castilla recibe 1.484.456 euros.

Las ayudas irán destinadas, fundamentalmente, a sufragar los gastos de personal, salarios, cotizaciones, prestación de servicios, asesoría jurídica, suministros y gastos corrientes derivados de las labores de representación y la defensa y promoción de los intereses que les son propios y que están reconocidos tanto por la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Con la aprobación de estas subvenciones directas se da también cumplimiento a la Ley para la creación del Consejo del Diálogo Social, así como a los derechos de financiación por participación institucional reconocidos en la vía jurisdiccional.

El PSOE denuncia que el Equipo de Gobierno de Conrado Escobar ha bloqueado y paralizado la participación del Consejo Social, lo que se traduce en un “errático modelo de participación ya que apenas se han desarrollado propuestas e iniciativas”. De esta forma, el grupo municipal socialista constata el “fracaso absoluto del modelo de gestión participativa del PP, presuntamente basado en el diálogo y la escucha, puesto que hasta el día de hoy la convocatoria de los grupos de trabajo del Consejo Social es muy deficiente”.

Y es que el Consejo Social constituyó en marzo de 2024 cinco grupos de trabajo que iban a trabajar en diferentes áreas como movilidad y accesibilidad, Plan General Municipal e infraestructuras, vivienda, barrios y dotaciones públicas e identidad logroñesa.

El mejor ejemplo del bloqueo de este órgano es el grupo de trabajo creado para abordar los barrios de la ciudad ya que no es solo que no se ha convocado, es que desconocemos completamente la intencionalidad del mismo ni cuáles son los objetivos a alcanzar.

Estas deficiencias participativas son una buena muestra acerca de cómo el PP ha desatendido a los barrios de Logroño y ha descuidado las necesidades que pudieran tener en múltiples asuntos, tal y como demuestran las constantes quejas en las reuniones de las Juntas de Distrito. Otra prueba de esta errante manera de entender la participación ciudadana es que, en apenas dos años, se modificó la estructura del Gobierno Local y el área de Participación Ciudadana pasó de las manos del concejal Francisco Iglesias a las de Leonor González Menorca.

Los constantes cambios en el Equipo de Gobierno del PP evidencian el errático deambular de un Conrado Escobar sin proyecto alguno para la ciudad, que renuncia y paraliza proyectos, devuelve fondos europeos y bloquea el diálogo y la participación.

Los sindicatos CCOO y UGT y Cecam han coincidido en calificar el día de hoy como uno “importante” que pasará a la “historia” ya que, después de 43 años, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha vuelve a reformarse con el consenso de PP y PSOE blindando el diálogo social y los derechos sociales como la sanidad y la educación.

En declaraciones a los medios tras aprobarse el texto en las Cortes castellanomanhegas, la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, ha asegurado que para el sindicato que lidera, “hoy es un día muy importante” ya que “se ha aprobado un texto que nos hace avanzar en derechos y en garantías para la ciudadanía”.

Aunque falta su tramitación en el Congreso, donde espera que haya “el mismo entendimiento y el mismo consenso” que el que ha habido en Castilla-La Mancha, la líder de UGT ha señalado que la aprobación de la proposición del nuevo Estatuto supone blindar cuestiones que para el sindicato “son importantes” como el diálogo social.

Igualmente, ha recordado, este estatuto blinda los servicios públicos y las políticas sociales. “Servicios públicos que dan cobertura al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas castellanomanchegos y ofrecen garantías y protección para las mujeres, para los jóvenes y para los colectivos más vulnerables”.

“Hoy tengo más presente que nunca a la clase trabajadora y cómo este estatuto va a suponer para todos ellos, más bienestar, más derechos y más oportunidades”, ha sentenciado.

CCOO: Es un texto “absolutamente participado”

De su lado, la secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha aplaudido que este nuevo estatuto llegue con el consenso de PP y PSOE y, además, llegue “absolutamente participado”.

“Para nosotros era fundamental que fuera un texto que estuviera al servicio de las personas” y, por tanto, “el objetivo era que este estatuto recogiera los derechos fundamentales que hacen que la ciudadanía no vaya a dos velocidades”, ha señalado.

Igualmente, ha valorado la importancia de la defensa de lo público, de los servicios sociales, de la educación y de la sanidad, así como que recogiera la importancia y la defensa del empleo en la región. Por eso, se ha felicitado de que sea un Estatuto que “refleje la justicia social y que no deje a nadie atrás”.

Cecam valora la reforma porque “es un estatuto que ya tenía años”

Desde la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), su presidente, Ángel Nicolás, ha valorado y “mucho” la aprobación de la reforma del estatuto, puesto que “es un estatuto que ya tenía años”. “La economía no es lo mismo, la sociedad no es la misma, la sanidad no es la misma, la educación no es la misma y hacía falta adaptar el estatuto al siglo XX”.

Dicho esto, se ha congratulado de que Cecam haya conseguido algo que pretendían los agentes sociales, que era que se consagrara de alguna manera, al igual que está en la Constitución española, el diálogo social en Castilla-La Mancha, ya que considera que es “un valor que hay que preservar y que está dando buenos resultados”.

También ha apuntado Nicolás se ha dado “un paso al siglo XXI”, porque “vamos a gestionar unos fondos que antes no existían”, y también se va hablar de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías.

El presidente de Cecam admite que ha oído durante el debate algunas cosas que le han llamado la atención, aclarando que “en un estatuto es difícil que podamos hablar que hay que reparar un camino o arreglar una escuela”. “Eso es más de táctica que de estrategia”.

“Ahora estamos en la estrategia, y la estrategia es dotarnos de un marco adecuado que nos permita, con buena táctica, hacer todo lo que necesitamos hacer en Castilla-La Mancha, que aunque hemos avanzado mucho, tenemos muchísimas cosas por hacer”.

CSIF afirma que el proyectó hará que “aumente la desafección” ciudadana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha rechazado el posible aumento del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Para la formación, el proyecto “supondrá un aumento del gasto público al contemplarse hasta un máximo de 55 diputados en concepto de salarios, dietas y asignaciones por actividad parlamentaria, así como personal administrativo, asesores y más recursos materiales”.

Este aumento, recalcan, es “difícilmente justificable ante la ciudadanía”, que se encuentra “tremendamente afectada por el alza de los precios”. “Es más, supondrá aumentar la desafección ante la clase política, más preocupada por mantener y aumentar sus privilegios que por los asuntos verdaderamente importantes de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que erosionaría la confianza en las instituciones”, han recalcado. “CSIF sí está de acuerdo en otros puntos del Estatuto que velan por el futuro de la región, pero en ningún caso con el aumento de la composición de las Cortes”, han concluido.

La Mesa del Tercer Sector apoya la reforma tras meses de trabajo y diálogo

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha agradecido que el “75 por ciento de sus propuestas” hayan sido recogidas de manera literal en la nueva reforma del Estatuto de Autonomía. Romero ha asegurado que desde la Mesa del Tercer Sector están satisfechos por la aprobación de este nuevo texto después de meses de trabajo y diálogo con el PSOE y el PP.

Ha querido agradecer el trabajo que han desempeñado las entidades sociales de Castilla-La Mancha. “Estamos satisfechos, en gran medida, con el enfoque de derechos humanos y con ese enfoque inclusivo y de justicia social que tiene este nuevo estatuto de autonomía”.

“Queremos destacar, sobre todo, que la accesibilidad universal se recoge en el estatuto de autonomía, algo que veníamos demandando también todos los CERMIs autonómicos y todas las entidades del Tercer Sector”.

Finalmente, ha afirmado que este tipo de acuerdos “refuerzan que la ciudadanía de Castilla-La Mancha tenga esa confianza en las instituciones”.

La Universidad regional celebra los “avances” de los derechos de la ciudadanía

La secretaria general de la Universidad de Castilla-La Mancha, Isabel Gallego, ha celebrado el “día histórico” para la región y ha aseverado que la institución acoge “con mucha satisfacción” la reforma del marco jurídico e institucional de la comunidad autónoma. Además, ha destacado que el papel de la Universidad castellanomanchega en la “transformación de la región” en los últimos años ha sido “innegable”, desde la “vertebración territorial” y la “democratización” del acceso a la enseñanza superior. “Creo que también a la hora de crear conciencia de comunidad política”, añadió.

Gallego valoró que el texto reconoce el derecho a recibir una enseñanza pública, inclusiva y de calidad, por un lado, y que también se reconocen las competencias de la comunidad autónoma en materia de enseñanza superior. Asímismo, destacó que se reconocen competencias en materia de investigación e innovación. “La simbiosis entre la comunidad autónoma y la Universidad de Castilla-La Mancha es total”, afirmó.