Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.   

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

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“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún no pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.

Uber Eats ha anunciado este jueves que dejará de repartir con riders autónomos. La multinacional era la única gran empresa que mantenía este modelo investigado por el abuso de falsos autónomos, tras el cambio de Glovo del pasado verano, y da el paso tras la amenaza del Ministerio de Trabajo de acudir a la justicia penal contra Uber Eats para que cumpliera con la llamada Ley Rider.

“Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider”, inicia el comunicado de la multinacional, en palabras de un portavoz.

“Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, prosigue la empresa.

Uber Eats modificó su modelo laboral en 2021, con la entrada en vigor de la Ley Rider. Sin embargo, como Glovo mantuvo a sus mensajeros autónomos en ese momento, la multinacional de mochilas verdes denunció esta situación de competencia desleal y en 2022 regresó al modelo de riders autónomos.

Desde entonces, hace más de tres años, Uber Eats ha mantenido un modelo híbrido, con algunos mensajeros con contratos laborales subcontratados y otros autónomos.

“Los repartidores que todavía utilizan nuestra aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de nuestras flotas colaboradoras”, ha añadido este jueves la compañía. Preguntada por este medio, en Uber Eats no desvelan el número de riders que reparten a día de hoy como autónomos con la plataforma “por motivos de competencia”.

En 2025, la empresa indican que “más de 7.0000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras”.

La amenaza de la justicia penal contra los directivos

Uber Eats da este paso tras la advertencia del Ministerio de Trabajo de llevar a la multinacional ante la justicia penal este inicio de año por un delito de abuso de falsos autónomos, si la empresa persistía en su modelo de repartidores con contrato mercantil.

El aviso de Trabajo tiene un precedente muy claro, que ponía en riesgo a la dirección de Uber Eats. La amenaza se llevó a cabo en el caso de Glovo y sentó en el banquillo a su jefe y fundador, Oscar Pierre, acusado de un delito contra los trabajadores que está penado con hasta seis años de cárcel.

Glovo anunció que modificaría su sistema de contratación justo un día antes de que Pierre declarara ante la jueza en este proceso penal, aún pendiente de resolución. Uber Eats finalmente ha dado el paso antes de que esta demanda penal se concretara.

Según fuentes de la empresa, el anuncio de Uber Eats también llega antes de que la Inspección de Trabajo finalice su investigación sobre el abuso de falsos autónomos por parte de la empresa.

“Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, indica Uber Eats este jueves.

Trabajo celebra “el fin de los falsos autónomos”

El Ministerio de Trabajo ha celebrado la noticia. “Uber Eats pone fin a los falsos autónomos gracias a la Ley Rider”, han sostenido desde el departamento de Yolanda Díaz, donde han destacado también que la empresa “asume sus obligaciones legales”.

Trabajo ha recordado que la Ley Rider determina la presunción de laboralidad de actividades de reparto y también permite conocer las reglas de algoritmos que incidan en salarios y condiciones de trabajo.

“Combatimos la precariedad y garantizamos los derechos de repartidores y repartidoras”, han sostenido en el Ministerio de Díaz.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de sentenciar que seis ginecólogas del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid son falsas autónomas, como concluyó la Inspección de Trabajo en 2021. La condena, que aún no es firme, afecta a la empresa con la que Quirón subcontrata el área de Ginecología y Obstetricia (Onginex SL), en manos del jefe de servicio de esta especialidad, a la que la Seguridad Social exige las cotizaciones sociales impagadas por estas empleadas. Pero también a Quirón, como responsable solidario.

La resolución judicial es además muy relevante para todo el sector, indican múltiples fuentes, dado el elevado uso de contratos mercantiles a médicos en la sanidad privada, que en los últimos años está siendo objeto cada vez de más inspecciones de trabajo. 

Este caso alcanza a una de las principales compañías del sector sanitario privado, Quirónsalud, y a uno de sus mayores hospitales en la Comunidad de Madrid y en España, el situado en Pozuelo de Alarcón. Fuentes consultadas por este medio indican que este mismo esquema de contratos mercantiles a profesionales sanitarios que la Inspección y dos tribunales han considerado irregular se replica en otras especialidades del mismo hospital y en otros centros de Quirón, que se mantienen en vilo ante este proceso judicial.

elDiario.es ha tratado de recabar la versión de Onginex y su administrador único, el jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Pozuelo, sin respuesta. Preguntada Quirón sobre este caso y su modelo laboral, en la compañía han declinado responder y se han limitado a indicar que van a recurrir la sentencia.

Este paso puede tener una gran repercusión. De prosperar el recurso, el Tribunal Supremo analizará el caso y, si entra al fondo del conflicto laboral, sentar jurisprudencia para estos contratos mercantiles de médicos. La Seguridad Social, que actuó de oficio en este proceso judicial para exigir la liquidación de cuotas, tampoco ha respondido a este medio. 

Atención 24 horas, honorarios impuestos y exclusividad 

La sentencia desgrana el modelo de subcontratación del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid de los últimos 20 años. El Grupo Hospitalario Quirón subcontrató en 2006 esta especialidad al profesional designado como jefe de servicio, “comprometiéndose el médico especialista contratante a realizar, con sus medios y organización, en toda su amplitud”. En 2018, se renovó el contrato de subcontratación, a través entonces de una empresa de la que el jefe de Ginecología –todavía hoy en el cargo– es administrador único, que se denomina Onginex SL. 

Los contratos estipulan que el responsable de la subcontratación tenía que atender a los pacientes de Quirón “con sus propios medios y criterios de organización, sin relación de dependencia respecto a la estructura jerárquica y disciplinaria de Quirón, en régimen de exclusividad”. También que “contratará por su cuenta y a su cargo al personal facultativo médico y biólogo de reconocida capacidad y experiencia profesional” para garantizar el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital. Estos profesionales también están sometidos “a las mismas obligaciones y deberes” que Quirón señala en el contrato con el responsable del servicio, aunque en el caso de la exclusividad se recoge que pueden trabajar en la sanidad pública. 

El contrato de subcontratación obliga a que el servicio se realizará en “los locales y dependencias señalados por Quirón”, comprometiéndose cubrir la especialidad de forma continuada y “presencial durante las veinticuatro horas del día”, así como “domingos, festivos y época de vacaciones”. “Si fuera necesario”, el contrato contempla que se disponga “de un sistema de localización propia” para los médicos a cargo del jefe de servicio. Las dos partes fijan los honorarios que deberá pagar Quirón por la prestación de esta especialidad, con una suma anual fija y otros porcentajes según el tipo de asistencia sanitaria, como los partos. 

A partir de este marco, el jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia contrató como autónomas a través de su empresa Onginex a estas seis sanitarias para trabajar en el Hospital Universitario situado en Pozuelo en distintas fechas entre 2012 y 2016, relata la sentencia. Algunas de ellas siguen en activo, según la página web del hospital. 

Los contratos con las ginecólogas obligan a prestar “la totalidad de los actos médicos y quirúrgicos requeridos por los pacientes de Quirón Madrid en la especialidad de Obstetricia y Ginecología”, lo que supone “la cobertura facultativa de forma presencial durante 24 horas”, la exclusividad –salvo para actividades de formación, investigación y divulgación médica, y la sanidad pública– y se autoriza “a incluir su nombre en el cuadro facultativo o guías médicas” que publican las mutuas, las entidades aseguradoras y otras publicaciones del Grupo Quirón. 

También se plasman los honorarios que recibirán las sanitarias: unos porcentajes por las asistencias realizadas (desde cirugías a consultas y ecografías, entre otras) y una cuantía fija por las guardias de 24 horas. 

La legalidad de estos contratos mercantiles entre Onginex y las sanitarias son los que examinó la Inspección de Trabajo y los dos tribunales por los que ha pasado el caso, el juzgado de lo Social número 23 de Madrid y el TSJ de la región. Todos ellos concluyen que no se trata de trabajadoras independientes, sino en realidad de empleadas que deberían haber estado contratadas laboralmente por Onginex SL.

“La materialización del servicio le vienen impuesta a los profesionales contratados que no pueden alterarlas, mediatizarlas, modificarlas o negarlas”

Aunque la línea entre la relación laboral y la mercantil a veces es compleja de determinar, por cierta autonomía e independencia de algunos profesionales en el desempeño de sus tareas, los magistrados del TSJ madrileño coinciden en que las ginecólogas no son verdaderamente autónomas. Argumentan que la subcontratación de la Ginecología y Obstetricia entre Quirón y Onginex establece determinadas condiciones “que se asumen voluntariamente por ambas partes porque tienen facultad y dominio para hacerlo, pero tales circunstancias, cuando se refieren a la materialización del servicio, les vienen impuestas a los profesionales contratados que no pueden alterarlas, mediatizarlas, modificarlas o negarlas”. Desde la exclusividad, la garantía de prestación del servicio de 24 horas, el lugar y los medios de trabajo, que facilitan entre Quirón y Onginex. 

La empresa Onginex intentó justificar ante los tribunales que las ginecólogas se “auto-organizaban” de manera independiente a través de un grupo de WhatsApp, en el que hablaban de cambios de turnos, vacaciones y sus agendas, entre otras cosas. Los magistrados responden que, “aunque pueda aparentar otra cosa”, este chat es “una evidencia más del vínculo dependiente” con Onginex ya que “tiene lugar en ejecución del compromiso de prestación de servicios las 24 horas del día” y “no puede obviarse que es el administrador y socio único de Onginex que, además, actúa como Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia” quien “impone la prestación de 24 horas del día y determina con los profesionales el servicio personal de cada uno de ellos”.

Sobre la retribución, por ejemplo, el TSJ subraya que “viene impuesta por Onginex en cuanto esa es la que ha pactado con IDCQ Hospitales y Sanidad”, filial del grupo Quirón, y por ello “los profesionales no pueden alterar esa percepción porque no tienen el dominio sobre lo pactado”. “Y lo percibido por Quirón, además, es lo pactado con los clientes (Mutuas, Aseguradoras, particulares y Servicio Público de Salud o, en su caso, los clientes privados) lo que aleja todavía más al profesional de la libertad de fijar la retribución”, sostienen los jueces. 

“Colofón de todo lo expuesto, tal y como hemos ido expresando, es que el vínculo entre Onginex y los profesionales es de naturaleza y carácter laboral”, concluyen los jueces, que confirman la sentencia de instancia y rechazan los recursos de Onginex y de Quirón, que es responsable solidaria. Es decir, que en caso de sentencia firme y que la empresa del jefe de Ginecología no pudiera sufragar las cotizaciones sociales que le reclama la Seguridad Social (cuya cuantía no figura en la resolución judicial), sería el Grupo Quirón el que tendría que abonar ese dinero a las arcas públicas. 

Los médicos “autónomos”, claves en la sanidad privada 

Los contratos mercantiles a médicos especialistas en la sanidad privada son “muy frecuentes”, responden los responsables de esta área en los sindicatos Amyts, UGT y CCOO. “Algunos son verdaderos autónomos”, precisa Teresa Benavides, de UGT, especialmente profesionales de renombre y agendas propias, muchas veces con plaza en la sanidad pública y que atienden también a sus pacientes en clínicas privadas. “Pero muchos acuerdos esconden en realidad relaciones de dependencia”, matiza Jesús Vargas, responsable de sanidad privada en CCOO, como ha resuelto esta sentencia.

Algunos hospitales privados han ido reduciendo los contratos mercantiles y “laboralizando servicios y especialidades”, explica Eloy Cebrián, responsable de sanidad privada de Amyts, pero reconoce que aún se da esta figura en muchos centros, pese a que los sindicatos no disponen de cifras al respecto. “No podemos decir un porcentaje de autónomos, falta mucha transparencia por parte de las empresas”, coincide Jesús Vargas. 

elDiario.es ha preguntado sobre el uso de estos contratos mercantiles a sanitarios a las principales empresas de la sanidad privada –Quirón, Vithas, HM hospitales y Sanitas–, pero han declinado responder y han remitido a la patronal del sector, ASPE. La organización empresarial, sin embargo, lamenta no poder facilitar la información a este medio, ya que “se trata de datos que dependen directamente de cada centro sanitario y forman parte de su gestión interna”. “ASPE no dispone de cifras propias ni puede ofrecer estimaciones, ni siquiera de carácter aproximado”, sostiene la patronal de la sanidad privada. 

La asociación de autónomos UPTA cifró el año pasado “en 60.000 los falsos autónomos sanitarios”, una situación de fraude masivo que sigue denunciando en la actualidad su presidente, Eduardo Abad. UPTA pone el acento en el gran aumento de autónomos en los últimos años en el sector sanitario, de los más pronunciados por ramas de actividad. Su número ha aumentado en cerca de 20.000 personas desde 2022, un crecimiento del 14%, hasta un total de casi 141.500 autónomos sanitarios. Las cifras de trabajadores asalariados en actividades sanitarias se han incrementado en la mitad en el mismo periodo, un 7%, hasta rozar un total de 1,2 millones de trabajadores de alta. 

En los últimos años, la Inspección de Trabajo ha aumentado sus actuaciones en la sanidad privada, confirman varias fuentes, como el Colegio de Médicos de Madrid, lo que está desincentivando cada vez más el uso de contratos mercantiles. “El problema estriba en que no existe seguridad jurídica ni para quien contrata ni para el contratado”, considera Carlos Hernández Martínez-Campello, jefe de Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos. “Determinar si estamos ante una relación laboral, o no, se define por los indicios de cada caso concreto, en los que hay que identificar si existen o no rasgos de dependencia y ajenidad. El propio Tribunal Supremo tiene reconocido que ambos ”son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado“, añade Martínez-Campello.

Desde los sindicatos reconocen que “hay muy pocas denuncias” de los sanitarios de este tipo de contrato. Por un lado, porque hay muchos profesionales a los que les compensa económicamente un contrato como autónomos, porque “ganan más dinero”, indican fuentes del sector. En el Colegio de Médicos también sostienen que “está muy extendida la voluntad de los profesionales de preferir prestar sus servicios profesionales en distintos sitios sin someterse a la organización, estructura e instrucciones derivadas de una relación laboral por cuenta ajena (ejercicio liberal de la profesión)”. Además, el organismo recuerda que hay “un evidente ahorro de costes para quien contrata” con esta modalidad mercantil. Es decir, para las empresas.

En CCOO matizan que hay “diferentes escalafones” entre los profesionales sanitarios y, si bien algunos prefieren estos contratos como autónomos y los exigen, especialmente los que tienen más estatus y poder de negociación sobre sus honorarios con las empresas, hay otro colectivo de sanitarios que se ven abocados a ser autónomos sin quererlo. “Y esto desencadena una falta de derechos laborales de los profesionales”, explica Jesús Vargas, como la no remuneración en vacaciones. En estos casos, a veces tampoco se denuncia la situación, por miedo a la repercusión y quedar señalado entre los profesionales, indican fuentes sindicales. 

Aunque hay alguna otra resolución judicial en los últimos años de sanitarios falsos autónomos en Quirón y en otras empresas, sobre todo a raíz de denuncias individuales, esta nueva sentencia “es muy relevante” por desmontar la legalidad del modus operandi de una especialidad de un gran hospital, que pertenece a una gran empresa y a raíz de las pesquisas de la Inspección de Trabajo, indican fuentes sindicales. Un espejo en el que pueden reflejarse muchas otras compañías, con la mirada puesta en la futura resolución del Tribunal Supremo. 

El Ministerio de Trabajo baraja llevar a Uber Eats ante la Fiscalía a comienzos de 2026 por un delito de abuso de falsos autónomos si la multinacional persiste en su modelo de repartidores con contrato mercantil, según fuentes de este departamento. Es la última gran empresa que sigue usando mensajeros autónomos pese a la Ley Rider tras el cambio al modelo laboral anunciado este verano por Glovo, cercada por varias causas judiciales. 

En estos momentos, la Inspección de Trabajo está ultimando su investigación estatal sobre los repartidores de Uber Eats, conocida el pasado julio, cuya resolución se espera de manera inminente y que será clave para ver la reacción de la empresa y los siguientes pasos que tome el ministerio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Uber Eats funciona en estos momentos con un modelo híbrido, de mensajeros con contratos laborales subcontratados a través de “flotas” y también de repartidores autónomos. Aunque la plataforma de reparto de comida a domicilio abandonó los riders autónomos con la entrada en vigor de la Ley Rider, los recuperó un año después ante la insumisión de Glovo al modelo laboral al que emplazaba la nueva regulación.

Con la transición de Glovo el pasado julio, Uber Eats se quedó como la última gran empresa de repartos que opera con mensajeros autónomos y el Ministerio de Trabajo ya anunció que no toleraría que ninguna compañía se mantuviera “al margen de la ley”. Pese a todo, Uber Eats ha mantenido a los riders autónomos y ha defendido la legalidad de su modelo.

Ahora, además de la actuación de la Inspección por la vía administrativa, en el departamento de Díaz estudian ya la posibilidad de activar la vía penal contra Uber Eats, como se utilizó en el pasado contra Glovo y que ha sentado en el banquillo a su fundador, Oscar Pierre, en una causa judicial todavía abierta y en la que se enfrenta a pena de cárcel.

Hasta seis años de prisión

En el Ministerio de Trabajo siempre han insistido en que la vía penal es el último paso ante los incumplimientos laborales, pero también en que no cabe la insumisión a la ley por parte de ninguna compañía. Precisamente, la huida de Glovo del modelo laboral de la Ley Rider impulsó un cambio en el Código Penal por parte del Gobierno, aprobado en 2022, para perseguir el abuso reiterado de los falsos autónomos.

En concreto, el artículo 311 del Código Penal, que castiga varios delitos contra los trabajadores con penas de prisión de hasta seis años, incluyó uno más: “Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Con Glovo, Trabajo acudió a la Fiscalía por su falta de respuesta a los requerimientos de la Inspección de Trabajo, mientras que en el caso de Uber Eats en el ministerio se plantean esta posibilidad por el mantenimiento en el tiempo de esas “condiciones ilegales”, indican estas fuentes.

El equipo de Yolanda Díaz insiste en que todas las compañías deben cumplir con el mandato de laboralidad de la Ley Rider, sin diferencias entre ellas, para lo que el Ministerio de Trabajo utilizará todas las herramientas posibles. Incluida la penal.

“Todo venía del CEO”. Así se ha expresado ante el juez la exjefa legal de Glovo. Según han explicado fuentes jurídicas, la antigua directora jurídica de la compañía ha indicado que las decisiones sobre los falsos autónomos las tomaba su fundador y consejero delegado, Óscar Pierre, y que ella se limitaba a ejecutarlas.

Ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha declarado este miércoles como testigo la exjefa legal de Glovo en la causa abierta por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre por incumplir, según la Fiscalía y la acusación que ejerce el sindicato CGT, las sentencias que obligaban a la compañía a contratar como empleados a los repartidores y terminar con el modelo de falsos autónomos.

La exresponsable legal de la firma, que según fuentes jurídicas ha explicado que no es experta en derecho laboral, ha indicado que las decisiones sobre los sucesivos modelos laborales de falsos autónomos que ha implantado Glovo (solo el pasado mes de diciembre, tras su imputación, Pierre anunció que regularizaría a los repartidores) provenían de Pierre.

Sin embargo, han añadido las mismas fuentes, la jurista no ha detallado ningún correo electrónico o elemento objetivo para corroborarlo. Cuando alguna de las partes ha insistido para saber cómo actuó concretamente la compañía respecto a los repartidores que han comparecido como testigos y que contaban con sentencias firmes que obligaban a Glovo a contratarles, la exjefa jurídica ha expresado consideraciones generales sobre los cambios de modelo laboral tras las sentencias del Supremo.

Según han indicado fuentes jurídicas, la exdirectiva ha explicado que después de la sentencia del Supremo de 2020 que obligaba a que los riders fueran contratados como empleados, se produjo un “apagón” de la antigua plataforma con la que Glovo se relacionaba con los repartidores. Y fue decisión de Pierre, ha agregado, el lanzamiento de la nueva plataforma y del nuevo modelo laboral, que las acusaciones cuestionan que se ajustara a la sentencia del Supremo y que solo sirvió, a su juicio, para mantener los falsos autónomos.

El caso en el que está investigado Pierre llega así a un momento determinante de la instrucción tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a Glovo en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó a principios de septiembre una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

Tras declarar todos los testigos del caso y Pierre como investigada, una acusación popular de un colectivo de 'riders' ha pedido que el caso pase a la Audiencia Nacional, si bien el juez todavía no se ha pronunciado.

Tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que “caerá el peso de la ley” sobre Uber Eats ante los “incumplimientos” de la Ley Rider que “presuntamente” está llevando a cabo la multinacional en España. Se trata de la única gran compañía de reparto de comida a domicilio que sigue operando con mensajeros autónomos, tras el cambio al modelo laboral de Glovo en julio tras numerosas multas y una intensa batalla judicial al respecto, que aún continúa.

“Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país”, ha avanzado la vicepresidenta segunda en la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto, como recoge la agencia Europa Press. Un portavoz de Uber Eats ha respondido a este medio que “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera”.

En 2021 se aprobó en España la llamada 'Ley Rider', tras un acuerdo con patronal y sindicatos, con el objetivo de acabar con el abuso de falsos autónomos de los trabajadores que reparten a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders', que había acumulado numerosas multas de la Inspección de Trabajo y sentencias en los tribunales.

Uber Eats en un inicio acató la nueva norma, con un cambio a un modelo laboral, pero en agosto de 2022 –tras denunciar la competencia desleal de Glovo que mantenía a autónomos– volvió a repartir con autónomos. Este verano, Trabajo comunicó que la Inspección había abierto una investigación a Uber Eats por el abuso de falsos autónomos.

Nuevo delito con hasta seis años de cárcel

Yolanda Díaz ha recordado este jueves que el Gobierno ha llegado incluso a reformar el Código Penal incorporando un precepto que regula el uso de falsos autónomos de las plataformas de reparto, no “para nada”, sino para erradicar una “deficiencia grave”. Este delito contra los derechos de los trabajadores, penado con hasta seis años de cárcel, ha llevado al banquillo al fundador de Glovo, Oscar Pierre.

“Lo hicimos ya con otra empresa [Glovo] y quiero dejar claro que lo vamos a volver a hacer ahora mismo ya con Uber”, ha sostenido Yolanda Díaz, tras remarcar que por muy grande que sea una empresa, no se va a colocar “por encima de la ley”.

“En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen. Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”, ha indicado un portavoz de Uber Eats a elDiario.es.

33 millones en salarios recuperados para los trabajadores

La ministra de Trabajo ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo en la lucha contra los falsos autónomos en estas plataformas digitales. “La ley Rider”, ha recordado Díaz, “no hubiera sido posible sin el trabajo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Y es una ley que no admite escapatoria”.

Yolanda Díaz ha aportado algunos datos de la actuación del organismo público en lo que va de año, entre los que ha destacado que ha detectado “46.000 falsos autónomos”, que ha recuperado para las personas trabajadoras salarios dejados de percibir por importe de “33,5 millones de euros”, así como que ha transformado “26.000 contratos temporales” fraudulentos en contratos indefinidos y otros “33.000 contratos fijos discontinuos” irregulares en indefinidos ordinarios, ha detallado.

Importante victoria de la Seguridad Social frente a Glovo en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional ha tumbado una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo ha utilizado hasta el momento en varias de sus causas judiciales abiertas. Por ejemplo, la de competencia desleal con Just Eat y en la imputación de su fundador, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Audiencia Nacional estima el recurso de la Tesorería de la Seguridad Social en una de las 20 sentencias favorables a Glovo en lo contencioso-administrativo, todas ellas de primera instancia, reconocen en Glovo a este medio. En concreto, los magistrados anulan la Sentencia del 23 de julio de 2024 del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 10, que tumbó el acta de liquidación de cuotas que le exigía la Seguridad Social a la empresa por el procedimiento de la Inspección de Trabajo abierto en Valencia. En concreto, cinco millones en cotizaciones y 10,7 millones en una sanción añadida.

Ahora, la Audiencia Nacional rechaza la conclusión de este juzgado y concluye que la empresa utilizaba falsos autónomos. Los magistrados recuerdan que, con los mismos hechos o muy similares, la sala de lo Social del Tribunal Supremo concluyó en septiembre de 2020 que los mensajeros deberían ser asalariados.

“Resulta procedente ajustarse a lo decidido por el Tribunal Supremo al respecto y afirmar el carácter laboral de la relación en las fechas a las que el acta se refiere y, con ello, estimar el recurso”, recoge la sentencia de la Audiencia. Las liquidaciones afectan al periodo de 2018 a agosto de 2021, cuando entró en vigor la Ley rider y Glovo aplicó algunos cambios a su modelo, aunque siguió funcionando con autónomos.

El tribunal respalda la liquidación de cuotas impuesta por la Seguridad Social, con un 20% de recargo por la demora, pero tumba la sanción impuesta a la empresa por culpabilidad. Los magistrados consideran que “la infracción apreciada por falta de cotización toma como punto de partida una cuestión jurídicamente controvertida en aquel momento” y “que no permite apreciar el elemento subjetivo de la culpabilidad, consistente en el dolo (acción conscientemente enderezada a la realización del tipo infractor) o culpa, entendida como desprecio consciente del cumplimiento de la norma que se sabe aplicable”.

Precedente clave en una batalla millonaria

El doctor y profesor en Derecho del Trabajo Adrián Todolí destaca la importancia de la sentencia, que ha analizado en su blog, por el precedente que supone para todas las sentencia de primera instancia de lo contencioso-administrativo que había ganado y destacado en estos años como ejemplos de la procedencia de su modelo de autónomos. “El criterio de la Audiencia Nacional es muy claro y es lo que espera para el resto de casos”, indica Todolí.

Es decir, que todas estas sentencias que anularon las liquidaciones millonarias de cuotas que Glovo debía pagar se prevé que sean anuladas y se respalde el criterio de la Seguridad Social. Recientemente, Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo, puso en duda la continuidad de la empresa de repartos española por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral, que ya alcanzan los 450 millones reclamados por la Seguridad Social.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, algo sobre lo que Glovo no ha respondido a este medio. Hasta la fecha, y así lo preveía Delivery Hero en su último informe semestral de resultados, Glovo ha mantenido una política de recursos constantes en los tribunales, lo que ha demorado durante años la regularización de sus mensajeros y las derivadas de este proceso.

Relevancia para otras causas

El profesor Adrián Todolí recuerda que estas sentencias de lo contencioso-administrativo, y en concreto esta de julio de 2024 del Juzgado central número 10, han sido utilizadas por Glovo para su defensa jurídica en varias causas judiciales abiertas. Por ello, añade que su anulación también puede tener alguna consecuencia en estos otros procesos.

“El tribunal entiende que hasta que el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de septiembre de 2020 resolvió sobre el asunto había duda jurídica razonable lo que exime de culpabilidad. Esto parece indicar que sí se podrá sancionar la no aplicación de la laboralidad a los riders de Glovo a partir del 25 de septiembre de 2020”, valora Todolí.

Por ejemplo, la polémica sentencia del magistrado Álvaro Lobato que tumbó la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal se basó, entre otras, en esta sentencia en concreto para argumentar la ausencia de falsos autónomos en la multinacional. Este lunes, Just Eat ha presentado recurso a esta resolución judicial.

Por otro lado, está el procedimiento penal contra el fundador de Glovo, Oscar Pierre, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores al persistir en un abuso de falsos autónomos, que está penado con hasta seis años de cárcel tras la última reforma del Código Penal. En este procedimiento, su defensa también se apoyó en sus victorias en lo contencioso-administrativo para justificar su modelo laboral.

Fuentes de Glovo precisan que “esta sentencia hace referencia a un modelo que ya no existe en nuestro país, correspondiente a los años 2018 y hasta agosto 2021, que es cuando entró en vigor la Ley Rider”, y recuerdan que “desde el 1 de julio de 2025 todos los repartidores que operan en Glovo en España lo hacen con un modelo laboral”. Respecto a la sentencia de la Audiencia, indican que han “recibido 20 sentencias a favor y ahora esta en contra, lo que confirma que el debate jurídico acerca de la colaboración de los repartidores sigue abierto en nuestro país”.

Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de la empresa de repartos española por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral, que ya alcanzan los 450 millones reclamados por la Seguridad Social, por el uso de mensajeros o riders que han sido considerados falsos autónomos.

“Con respecto a los riesgos de reclasificación existentes de los repartidores en la filial consolidada del grupo Glovoapp23 España, que pueden exponer a esta filial a cargas sociales adicionales y sanciones, destacamos que, si estos riesgos se materializaran de forma integral, dichos pagos no podrían satisfacerse dentro de sus actividades comerciales operativas sin el apoyo financiero adicional de Delivery Hero”, indica el informe semestral publicado por la empresa alemana y recoge la agencia Europa Press.

“En consecuencia, existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo España para continuar como empresa en funcionamiento”, advierte Delivery Hero.

450 millones de euros que pueden casi duplicarse

A 31 de julio, la Seguridad Social ha reclamado a Glovo el pago de 450 millones de euros en concepto de multas y cotizaciones sociales por la reclasificación de sus repartidores como asalariados, informa la multinacional alemana. Glovo ha sido sancionada por este fraude laboral antes y después de la llamada 'Ley Rider', que el Gobierno aprobó en 2021 para intentar acabar con el abuso de falsos autónomos presente en las principales empresas del sector de reparto de comida a domicilio.

Según consta en el informe de resultados del primer trimestre del año de Delivery Hero, en julio de este año comenzó a recibir las decisiones definitivas de reclasificación laboral de sus repartidores por parte de las autoridades españolas, exigiéndole el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. En total, 450 millones de euros.

No obstante, esta cifra podría quedarse corta. “Si, como resultado de las investigaciones, los tribunales españoles reclasificaran a la flota de repartidores como empleados, el Grupo podría enfrentarse a reclamaciones en España por cotizaciones a la Seguridad Social, recargos por mora y multas, así como reclamaciones de IVA por un importe total de entre 520 y 860 millones de euros aproximadamente”, apunta la empresa.

Pese a la Ley Rider, Glovo siguió usando mensajeros autónomos, con algunos cambios en su modelo, por lo que las investigaciones de la Inspección de Trabajo se han alargado durante años. En este periodo, el Gobierno endureció también el Código Penal por el abuso de falsos autónomos y, en estos momentos, el fundador de la compañía, Oscar Pierre, se enfrenta a un proceso penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. En medio de esta causa judicial, Glovo anunció el cambio de su modelo a uno laboral, que desplegó el 1 de julio.

La plataforma alemana asegura que Glovo no reconocerá las reclasificaciones de los mensajeros, sino que mantiene la posibilidad de seguir defendiendo la condición de autónomos de sus repartidores a través de todas las instancias disponibles, “cumpliendo con las solicitudes de pago en la segunda mitad de 2025”.

Delivery Hero afirma también que no ha reconocido ninguna provisión en sus cuentas, ya que considera que la reclasificación de la flota de repartidores “no es probable” y defenderá cualquier caso judicial que se presente.

“Aunque Delivery Hero se esfuerza por cumplir plenamente la normativa en cada país, la situación jurídica de los trabajadores de plataformas es una cuestión controvertida a nivel normativo, ya que las características de este tipo de trabajo relativamente nuevo no se ajustan a las definiciones de empleado”, alega la empresa. El grupo señala que esta “incertidumbre” existe principalmente en algunos países de Europa y América Latina.

Delivery Hero menciona también la demanda de Just Eat por competencia desleal contra Glovo, al considerar que su modelo de falsos autónomos suponía una desventaja competitiva injusta. En julio de 2025, el tribunal de primera instancia desestimó la demanda en una polémica sentencia, en la que el magistrado criticaba “la España sindicalizada” y la labor de las inspectoras de trabajo, en un fallo tachado de “misógino” por el sindicato de inspectores UPIT. Delivery Hero apunta que “no revelará más información” sobre este procedimiento, porque podría perjudicar “gravemente la posición del Grupo en el litigio”.

Rebaja en la previsión de resultados

Según su cuenta de resultados difundida este jueves, la plataforma alemana propietaria de Glovo facturó 7.185 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más si se incluyen ajustes por motivos de inflación, detalla Europa Press.

No obstante, la multinacional ha revisado a la baja sus previsiones para 2025. Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se quedará entre los 900 y 940 millones de euros frente al rango previo de 915 a 1.025 millones de euros.

La Generalitat de Catalunya no se sumará a las quejas que el Ministerio de Trabajo o sindicatos como CCOO han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las opiniones antisindicales y contra la Inspección de Trabajo que el magistrado Álvaro Lobato expuso en la sentencia por la que descartó una demanda por competencia desleal contra Glovo.

La central que comanda Unai Sordo a nivel estatal y Belén López en Catalunya había instado al Ejecutivo catalán a sumarse a las quejas por el “sesgo ideológico y misógino” de la sentencia de juez para desestimar la demanda Just Eat contra Glovo. El magistrado Lobato llegó a vincular algunas conclusiones de las inspectoras de trabajo que testificaron sobre el modelo de falsos autónomos de la compañía con “tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

Consultada por elDiario.es, una portavoz del departamento de Empresa y Trabajo del Ejecutivo catalán ha declinado comentar los motivos de la negativa, si bien ha añadido que, a su juicio, la Inspección de Trabajo a la que se refería la sentencia era la estatal y no la que depende de la Generalitat, además de agregar que CCOO no ha trasladado “formalmente” a la conselleria la petición.

La central sindical fue la última entidad en sumarse a las reclamaciones oficiales ante el órgano de gobierno de los jueces. Preguntado por este diario, el CGPJ ha indicado que se ha empezado a tramitar la queja del Ministerio de Trabajo contra el magistrado Lobato y se ha dado traslado del escrito al promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

CCOO denunció el “marcado sesgo ideológico y misógino” de la sentencia dictada por el juez Lobato, al que además afeó que “sustituyera el análisis legal por un discurso ideológico alejado de los principios del Derecho”.

Además de su cuestionamiento a las funcionarias, el magistrado, que ha difundido ideología antisindical y liberal en vídeos de la fundación en la que participa, trasladó parte de este ideario a la sentencia del caso que juzgó: defendió la economía de mercado y criticó el “eco de la España sindicalizada”, que, en su opinión, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.

Tampoco se ahorró su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula, incluida la conocida como Ley Rider, resulta “controvertido y obsoleto”.

Las opiniones personales del magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional también causaron preocupación en la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), que consideró “especialmente preocupante” que, en lugar de analizar con rigor jurídico los hechos, la sentencia “sembrara dudas sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Los inspectores denunciaron que Lobato convirtió una sentencia “en una suerte de columna de opinión de índole política, impregnada de valoraciones psicológico-filosóficas sobre la actuación de la Inspección de Trabajo”. Cabe recordar que la expresión “España sindicalizada” que el juez emplea en la sentencia había sido el titular del artículo de opinión que el magistrado había publicado a principios de año.

“Advertimos del grave precedente que supone cuestionar sin fundamento la legitimidad de actuaciones inspectoras cuando afecta a los derechos de la población trabajadora”, alertaron los inspectores, que apoyaron la queja que el Ministerio de Trabajo ha presentado ante el CGPJ para denunciar los pronunciamientos del juez.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz pidió al Consejo que valorara tomar medidas disciplinarias contra el magistrado al tildar sus manifestaciones sobre las inspectoras de Trabajo “totalmente improcedentes”, “impropias de una sentencia judicial” y “carentes de justificación” objetiva.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a través de su área de Extranjería, ha impuesto una sanción de 847.640 euros a la multinacional Glovo por emplear en la capital andaluza a 64 trabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo en España. La infracción, calificada como “muy grave” en la Ley de Extranjería, fue detectada durante una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y ha dado lugar a un expediente sancionador, cuya resolución ya ha sido notificada a la empresa y se encuentra en periodo de recurso, según ha podido saber este periódico.

Esta empresa de reparto a domicilio suma ya multitud de sanciones por su modelo basado en falsos autónomos, que ha mantenido incluso después de entrar en vigor la conocida como Ley Rider en 2021. Según Inspección, Glovo acumula actas de infracción por la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España, a los que no ha dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de operar bajo su organización y control, existiendo una relación laboral directa.

Sin embargo, la última sanción –resuelta por la Subdelegación el pasado 25 de julio– añade un nuevo elemento al fraude laboral que se le viene atribuyendo a Glovo por su modelo de falsos autónomos: no solo reafirma que ha existido una relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores, sino que constata que al menos 64 de ellos carecían de “la preceptiva autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena en España”. Es decir, fueron empleados pese a encontrarse en situación irregular, sin reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Infracción “muy grave” de la Ley de Extranjería

Estas actuaciones inspectoras sobre Glovo en Sevilla se han llevado a cabo entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024. Como resultado, se han levantado dos actas de infracción por ocupación irregular de trabajadores extranjeros: una relativa a 20 repartidores (con un importe total de 210.649,43 euros) y otra por 44 trabajadores (por valor de 636.990,59 euros).

La suma total asciende a 847.640,02 euros, incluyendo tanto las multas (de 10.001 euros por trabajador, en su grado mínimo) como las liquidaciones de la Seguridad Social. La resolución concluye que Glovo vulneró la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, al emplear a personas extranjeras sin haber obtenido la correspondiente “autorización administrativa previa para residir y trabajar”, que exige la norma. Una conducta tipificada como infracción “muy grave”.

Las actuaciones se enmarcan dentro de la campaña de control sobre plataformas digitales de reparto que impulsa la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo a nivel estatal. La inspección confirma que, hasta 2024, Glovo ha seguido recurriendo a falsos autónomos, eludiendo el pago de cotizaciones sociales por sus repartidores, pese a los “múltiples pronunciamientos judiciales” que obligan a “reconocerles su condición de trabajadores por cuenta ajena”.

Cabe recordar que Glovo, cercada por varias multas y causas judiciales, anunció a principios de verano que todos sus riders serían asalariados a partir del 1 de julio (medio año después de comprometerse a adoptar el cambio al modelo laboral).

Preguntado por este periódico, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha preferido no pronunciarse sobre expedientes abiertos, pero ha asegurado que “por parte del Gobierno de España, a través de la Inspección de trabajo y el área de Extranjería, se está luchando contra la precariedad laboral y especialmente contra la explotación de los más vulnerables como pueden ser las personas migrantes”.

Relación laboral encubierta y sin permisos en Sevilla

La infracción en materia de extranjería se suma así a los hallazgos que la ITSS ha venido documentando sobre la relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores. Según el acta, los repartidores trabajaban “bajo la dirección, control y organización de la empresa”, lo que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, los convierte en trabajadores por cuenta ajena, aunque Glovo nunca los contrató como tales ni los dio de alta en la Seguridad Social.

La novedad ahora es que muchos de estos trabajadores, además de no contar con contrato, carecían de autorización para trabajar en España, según declararon personalmente en las entrevistas mantenidas con la Inspección Provincial de Trabajo.

Esta situación de irregularidad ha sido verificada mediante la aplicación Adextra, que confirma que los 64 repartidores no disponían de la autorización administrativa requerida durante el periodo en el que prestaron servicios para Glovo.

Se suele decir que los jueces solo hablan en sus sentencias. El magistrado Álvaro Lobato lo ha mostrado sobremanera en su rechazo a la demanda que Just Eat interpuso contra Glovo por competencia desleal. La resolución va más allá de resolver el caso concreto e incluye alabanzas a la compañía de Óscar Pierre y críticas políticas propias de la ideología neoliberal a la regulación laboral y a la Inspección de Trabajo. El magistrado incluso traslada a su sentencia el título de un artículo de opinión que escribió a principios de año: “La España sindicalizada”.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace tres años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad es, además, secretario de la fundación Fide.

En círculos jurídicos barceloneses se conoce el talante liberal de este magistrado, pero los abogados consultados no recuerdan en sus resoluciones digresiones ideológicas como las que Lobato ha incluido en su sentencia de este jueves. Las mismas fuentes agregan que un juez de lo mercantil no suele tratar grandes casos mediáticos.

Uno de los fragmentos más llamativos de la sentencia de Lobato del caso Glovo es la crítica que realiza a las inspectoras de Trabajo que vigilaron si la compañía de Óscar Pierre cumplía con la sentencia del Supremo del año 2020 que anuló su modelo de falsos autónomos. El magistrado llega a cuestionar la profesionalidad de las funcionarias, a las que atribuye “un indiscutible sesgo de grupo” y las señala porque, a su juicio, desconocen que la ley rider sí permite a las plataformas tener a repartidores como autónomos.

En sus consideraciones contra la Inspección de Trabajo, el juez apostilla: “En todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”.

En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene…….. excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad

Álvaro Lobato — Juez del caso Glovo

¿A qué se refiere el juez Lobato con “el eco nostálgico de la España sindicalizada”? El propio magistrado lo había explicado en un artículo en enero en El Confidencial: “Un incremento gradual pero significativo de la presencia e intervención del Estado en múltiples ámbitos de la actividad social, económica y cultural”. Un fenómeno negativo, en opinión de Lobato, que también aprovechaba su tribuna para arremeter contra “la izquierda paleolítica anclada en un universo cultural e ideológico totalmente periclitado que continúa idolatrando lo 'público' como un icono sagrado”.

En un vídeo de hace once meses de la fundación de la que es secretario, el juez había ido más lejos y había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, arrancaba el juez Lobato.

Proseguía su argumentación el juez con un entierro del marxismo. “La empresa no es hoy un terreno de la lucha de clases, no digo que no haya escenario de eso, pero el capitalismo ha cambiado y esa visión tan beligerante no se corresponde con la realidad”, sostenía.

“Seguimos teniendo estructuras que defienden posiciones colectivas en un escenario que está desapareciendo. No quiero sumarme a eso, pero tiendo a pensar que este tipo de organizaciones [los sindicatos] ya defienden solo los intereses de sus miembros, que cada vez son menos, o de las propias burocracias que generan. ¿Tiene algún sentido el sindicalismo clásico, del siglo XIX o XX, en una empresa que ya no genera confrontación como Marx lo relataba?”, apostillaba el juez Lobato en la grabación.

“No sé nada del Derecho Laboral”, admitía el juez en otro de los vídeos de su fundación en los que ejerce de entrevistador a un socio del bufete Sagardoy, habitual en la defensa de las empresas en conflictos laborales con los sindicatos y que diseñó la reforma laboral del PP de 2012.

“Vivimos una revolución industrial que ha convertido el trabajo en algo caso individual. Tengo la impresión de que las grandes instituciones intermedias representativas de estos colectivos han perdido pertinencia. ¿Qué sentido tienen hoy los sindicatos?”, lanza el juez a su interlocutor, en una intervención en la que considera a la clase obrera “en trance de desaparición”.

En su sentencia de este jueves, el juez Lobato también se hace preguntas. “¿Cuál es la razón por la que no se permite elegir a los trabajadores el modo de prestar su servicio en la plataforma?”, se cuestiona, para responderse a renglón seguido: “En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene…….. excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”.

El “acoso” a Glovo

El reverso de la “España sindicalizada”, según se desprende de la propia sentencia del juez Lobato, es Glovo. El magistrado se deshace en elogios a la empresa, en contraste con el “brumoso laberinto normativo” que, a criterio del juez, impuso la ley rider en 2021 al introducir “rigidez” y “elevando costes” laborales.

Al contrario que las sentencias de los jueces de lo social que han desenmascarado el modelo de falsos autónomos de Glovo y han equiparado su modelo de negocio a las empresas de reparto tradicionales, Lobato presenta a Glovo como una empresa con una actividad “claramente innovadora” y “en permanente innovación tecnológica”.

“¿Cómo deberían haber actuado un grupo de emprendedores que habían adoptado la iniciativa de aventurarse en un negocio novedoso, tecnológicamente avanzado y sin una definición clara de un marco laboral consolidado? Realmente, en mi criterio hicieron lo que debían hacer: poner en marcha su negocio”, señala el magistrado.

El juez no solo descarta que el modelo de falsos autónomos con los que operó Glovo desde su fundación en 2015 hasta, según lo anunciado por la propia empresa, el pasado 1 de julio, suponga competencia desleal a Just Eat. El magistrado respalda los cambios de modelo que Glovo ha venido realizando desde la sentencia del Supremo que tumbó su modelo laboral para mantener a sus repartidores como autónomos pese a lo dictaminado por el Alto Tribunal y la ley rider.

“Es evidente que la compañía ha ido adaptándose a las exigencias e imperativos legales que han experimentado intensas variaciones”, indica el magistrado, que comprende que Glovo “optase por el marco laboral que minimizara los costes y favoreciera la viabilidad del negocio” ante “un entorno de acentuada incertidumbre legal”.

El juez también aprovecha su resolución para definir como “tuitiva y proteccionista” la “naturaleza” del derecho del trabajo. Muchos más elogios le merece la libertad de empresa, que considera “el mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”.

En suma, el juez convierte su sentencia de un pleito mercantil sobre competencia desleal en un aval a la actuación de Glovo que está siendo cuestionada por la vía penal. La Fiscalía acusa al fundador de la compañía, Óscar Pierre, de un delito contra los derechos de los trabajadores precisamente por mantener su modelo de falsos autónomos. Las tesis del juez Lobato de un caso que queda fuera de su jurisdicción se sitúan en la línea de la tesis de defensa de Pierre.

“Hay que hacer un esfuerzo de contención para no calificar como denodada e incansable persecución, el continuo acoso de la inspección de trabajo mediante levantamiento de actas y la imposición de sanciones sistemáticamente revocadas, o las modificaciones legales en el ámbito penal enderezadas específicamente a sancionar la conducta de los directivos de la compañía”, concluye el magistrado Lobato, un juez que habla, y mucho, en su sentencia.

Glovo ha empezado a despejar su horizonte judicial este jueves. El juez ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, en la que la estaban en juego 295 millones de indemnización. La resolución, más allá de desestimar las pretensiones de Just Eat, se adentra en una defensa de la economía de mercado y en una crítica al “eco de la España sindicalizada”, que, a juicio del magistrado Álvaro Lobato, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.

Según Just Eat, que mantiene a sus repartidores como empleados o subcontratados a otras empresas, los falsos autónomos de Glovo le suponían una competencia desleal al no poder operar en el mercado con las mismas reglas.

El juez lo descarta e incluso va más allá al afirmar que los dos modelos de autónomos que usó Glovo después de la histórica sentencia del Supremo de 2020, y que tanto Inspección de Trabajo como la Fiscalía consideran una burla a la normativa laboral y al Código Penal, “garantizan sobradamente la autonomía e independencia de los riders para configurar una relación jurídica autónoma”.

Es más, el juez no puede evitar elogiar el modelo laboral de Glovo (pese a que la compañía ha anunciado la laboralización de los repartidores): “Es difícil imaginar una empresa en régimen de trabajo asalariado que conceda a sus trabajadores tan extraordinario grado de autonomía para organizar libremente su trabajo y disponer de su tiempo”.

El juez se muestra especialmente duro contra las tres inspectoras de Trabajo que siguieron la pista a Glovo y constataron que sus cambios de modelo de autónomos seguían vulnerando la normativa laboral. En las declaraciones de ambas funcionarias “parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, critica el magistrado.

En una valoración del testimonio poco habitual en un procedimiento mercantil, el juez asegura que las palabras de las funcionarias “deben relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo”. Incluso señala a las inspectoras por sus “atajos heurísticos y sesgos conductuales”. “Los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”, apostilla el juez.

El magistrado asegura ser “plenamente consciente” de que “la clave de bóveda” de la demanda de Just Eat contra Glovo era el derecho laboral, pero recuerda que su jurisdicción es la mercantil para concluir que “el escenario regulado por el derecho de la competencia tiene poco que ver con la naturaleza tuitiva y proteccionista del derecho del trabajo”.

Tampoco se ahorra su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula resulta “controvertido y obsoleto”.

Sobre el objeto concreto del pleito, el juez descarta que el modelo de falsos autónomos permitiera a Glovo ahorrar costes laborales para dedicarlos a acuerdos exclusivos con restaurantes. Just Eat y Glovo, según el juez, presentan modelos de negocio diferentes, ya que el 80% del negocio de la primera es el mercado físico y el 20% a domicilio, mientras que en la segunda sucede “lo contrario”, por lo que la laboralización de los riders no es la única diferencia.

La “libertad de empresa” de Just Eat, concluye el magistrado, no se ha visto afectada por los falsos autónomos de Glovo. Tampoco su presencia en el mercado, indica la sentencia, que incluye un alegato en favor del libre mercado: “Reglas, cuantas menos mejor, para todos iguales y el resto debe ser el resultado de las interacciones en el mercado porque, sin duda, se trata del mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”. La sentencia es recurrible ante la Audiencia de Barcelona.

Los ritmos de la Justicia son casi igual de lentos que los de Glovo a la hora de regularizar sus falsos autónomos. Un juzgado de lo social de Barcelona ha estimado la demanda que la Seguridad Social interpuso en mayo de 2019 contra la compañía y un total de 3.572 repartidores fruto del modelo de falsos autónomos empleado por la compañía entre 2015 y 2019.

La sentencia llega cinco años después de la demanda de la Seguridad Social y en vísperas a que Glovo ponga fin a su modelo de falsos autónomos y, según lo anunciado por la propia empresa, empiece a contratar como empleados a los repartidores a partir del próximo 1 de julio. La decisión de la compañía llegó tras años de pleitos, sanciones de Inspección de Trabajo y hasta la imputación de su fundador, Óscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Todo por el modelo de falsos autónomos.

La resolución del juzgado de lo social 11 de Barcelona no se aparta de la jurisprudencia del Supremo que ya declaró la relación laboral entre los repartidores y Glovo. La sentencia estima la demanda de la Seguridad Social y condena tanto a Glovo como a los 3.572 riders “a estar y pasar por esta declaración de derecho [esto es, que son empleados y no autónomos] y por las consecuencias que se deriven de la misma”.

“Los repartidores no organizaban su trabajo, no negociaban condiciones ni recibían el pago directamente de los clientes. Su autonomía se limitaba a elegir el medio de transporte y la ruta a seguir, lo que demuestra la existencia de las características esenciales de una relación laboral”, reza la sentencia.

La magistrada constata que el sistema de asignación algorítmica de servicios, la supervisión “constante” y la posibilidad de sanción revelan “un poder empresarial efectivo” de Glovo sobre sus repartidores incompatible con la pretendida relación de autónomos que alegaba la empresa.

El pleito laboral solventado este jueves en primera instancia, y cuya sentencia no es firme porque se puede recurrir, es solo uno de los frentes judiciales que mantiene abiertos Glovo. Además de las decenas de procedimientos instados por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, el modelo de falsos autónomos de Glovo ha comportado sendos procedimientos en la vía mercantil y la penal.

La semana pasada quedó visto para sentencia el juicio por una demanda de competencia desleal que interpuso Just Eat contra Glovo, mientras que el caso abierto a Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores sigue abierto y declarará un testigo más después del verano antes de que la jueza decida si lo envía a juicio.

¿Una fiesta de cumpleaños puede formar parte de una estrategia legal? La pregunta surge a raíz del alegato de uno de los abogados de Glovo en el arranque del juicio contra la compañía por competencia desleal a Just Eat, en el que la firma de Óscar Pierre se expone hasta a 295 millones de euros en indemnizaciones.

El letrado de Glovo ha aportado como “hecho nuevo” al pleito la fotografía de este lunes entre el fundador y jefe de Glovo, Òscar Pierre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y líderes de la patronal y sindicatos con motivo de los diez años de la firma. Según ha agregado el letrado, el anuncio del cambio de modelo laboral de Glovo “tiene el apoyo de sindicatos y patronal”.

La clave del juicio que arranca este martes es el modelo de falsos autónomos con el que ha operado Glovo durant su primera década de vida (y que según la firma se eliminará a partir del 1 de julio). Según Just Eat, que mantiene a sus repartidores como empleados o subcontratados a otras empresas, los falsos autónomos le han supuesto una competencia desleal al no poder operar en el mercado con las mismas reglas.

Al inicio de la vista, cada una de las partes puede introducir nuevos datos o documentos para sustanciar el pleito. Just Eat no ha señalado ninguno, pero Glovo ha querido aportar tanto las cuotas de mercado de cada compañía de este 2025 como la noticia del económico Expansión sobre el acto de este lunes, titulada “Glovo sella la paz laboral con los sindicatos”, y que según el letrado muestra que el nuevo modelo laboral anunciado por la empresa de Pierre tiene “el apoyo de sindicatos y patronal. El abogado ha mencionado explícitamente la presencia del president de la Generalitat en el acto.

No ha mencionado el letrado de Glovo otro hecho nuevo sucedido el pasado 2 de junio: la multa de 329 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de comida a domicilio.

El modelo de falsos autónomos de Glovo es el centro del pleito que se celebrará hasta el viernes en el juzgado mercantil 2 de Barcelona. Incluso el magistrado que preside la vista, Álvaro Lobato, ha preguntado a uno de los testigos si “desde el punto de vista económico el modelo de autónomos es más eficiente”. “¿El problema es la rigidez de la ley laboral?”, ha insistido el juez al director general de Just Eat España, Íñigo Barea.

El directivo ha admitido que Just Eat “evaluó” en 2016 la contratación de autónomos en vez de empleados, pero ya entonces tuvieron “clarísimo” que la relación tenía que ser laboral si querían cumplir la ley. “Los abogados nos recomendaron no cambiar el modelo por motivos legales”, ha remachado Barea. En esa época empezaban los juicios laborales por falsos autónomos de Glovo que terminaron con la sentencia de Supremo de 2020.

Barea también ha mencionado el acto de aniversario de este lunes de Glovo y las palabras del president Illa, que felicitó a la compañía de Pierre y la animó a “respetar la normativa vigente”, en referencia al cambio de modelo laboral anunciado. “No sé exactamente qué han cambiado ni cómo han cambiado ni si es una contratación a través de flotas de empleados”, ha agregado el directivo de Just Eat.

En síntesis, la tesis de Just Eat sostiene que el hecho de tener que contratar a sus repartidores y cumplir con la normativa laboral le ha supuesto más costes laborales, lo que le ha impedido destinar ese dinero a aspectos clave del mercado que sí ha podido sufragar Glovo, como acuerdos de exclusividad con restaurantes y marcas.

Según sus cálculos que ahora se expondrán ante el juez, Just Eat España estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que ha permitido a la compañía de Pierre adquirir una ventaja competitiva significativa, pero sustentada en una ilegalidad.

“Glovo ha tenido unos costes laborales que le han permitido ser tremendamente agresivo con restaurantes y usuarios”, ha denunciado Barea, que ha considerado “imposible para una cuenta de resultados” de una empresa “cumplir la ley y hacer marketing” con un competidor en el mercado como Glovo. “Nosotros no podíamos trasladar los mayores costes laborales a los usuarios o a los restauradores porque quedaríamos fuera del mercado”, ha apostillado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado a Glovo por su décimo aniversario en un acto celebrado por la compañía en el que el jefe del Govern ha bendecido el cambio de modelo laboral anunciado por la empresa, inmersa en plena crisis judicial por los falsos autónomos con los que ha operado desde su fundación.

“He venido aquí para acompañar [a Glovo] en esta nueva etapa, porque las empresas tienen que crecer, pero respetando la normativa vigente”, ha manifestado el president en un acto que ha contado con la presencia del líder de UGT, Pepe Álvarez, y el exresponsable de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco.

Illa ha arropado a Glovo por su décimo aniversario en un momento en el que la compañía no pasa por su mejor momento judicial debido a su modelo laboral basado en los falsos autónomos. El fundador de la empresa, Óscar Pierre, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que este martes arrancará en un juzgado mercantil de Barcelona el juicio contra la empresa por competencia desleal.

En su intervención, Pierre ha tildado la contratación del personal como “un cambio inédito” para “abrir un nuevo capítulo donde no haya conflicto” tras la querella de la Fiscalía y las sucesivas multas de Inspección de Trabajo.

Por su lado, Illa ha defendido el “progreso tecnológico al servicio del bien común y del interés general”, y ha pedido “que la tecnología respete los derechos de todo el mundo”. “Muchas felicidades, y a vuestro lado”, ha concluido el president.

Los falsos autónomos en los que se ha sustentado Glovo desde su fundación han traído una cascada de pleitos a la empresa de Pierre. Primero fueron los laborales, tras los que durante un lustro de juicios por toda España el Supremo sentenció que los riders de la compañía de Pierre debían contratarse como empleados.

Ahora han llegado sendos casos en la vía mercantil y la penal. Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados, reclama a Glovo 295 millones de euros en este juicio por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones. Además, está la causa por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre.

A los pleitos en España hay que sumar la multa de 329 millones de euros que la Comisión Europea impuso hace unas semanas a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio.

En el plano político, la presencia de Illa en la celebración de los 10 años de la empresa supone un apoyo que contrasta con la manifiesta oposición a las prácticas laborales de la empresa que ha encabezado el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tanto en la etapa anterior a la sentencia del Supremo sobre los riders como en las posteriores campañas de inspección por vulnerar la nueva ley.

La presión de la Inspección de Trabajo y de la Justicia provocó que, en la víspera de la declaración como imputado de Pierre el pasado mes de diciembre, la compañía anunciara que ponía fin a su modelo de repartidores falsos autónomos. Finalmente, según la propia compañía, el cambió será definitivo el próximo 1 de julio.

Glovo está subcontratando repartidores de flotas externas mientras no completa el cambio hacia la regularización de la plantilla en España. Así lo ha avanzado SER Cataluña y lo ha confirmado la ACN de fuentes de la compañía, que ha añadido que una de las empresas con las que trabaja es Fliits.

Un portavoz de la empresa ha justificado la decisión para “garantizar la operativa en este tráfico” y detalla que esta subcontratación “varía según la ciudad” donde ofrece el servicio. El responsable de transición digital de CCOO en Catalunya, Daniel Cruz, dice que esta práctica es una “cesión ilegal” y que el sindicato está recogiendo información para denunciar el caso a la Inspección de Trabajo, tal como ya ha hecho el sindicato a Navarra.

Cruz subraya que esta praxis está recogida en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y que está identificada como una de “las más graves”, con sanciones “muy elevadas”. El sindicalista apunta que hay “indicios que Fliits funciona de pantalla” y que lo haría con “contratos de baja calidad”.

Los dos administradores que figuran a Fliits (Jose Maria Ferreria y David Naval) son exdirectivos de Glovo, un hecho que el mismo portavoz de la firma de las mochilas amarillas apunta que “han emprendido un nuevo camino profesional dentro del sector”.

Glovo explica que desde mayo ha propuesto más de 34.000 ofertas de contratos a todos los repartidoresde España. De estos, más de 5.000 han aceptado la oferta del negocio que dirige Oscar Pierre. La voluntad de la empresa es que el 1 de julio tenga el 100% de los trabajadores regularizados. Aun así, considera que “todavía es pronto” para conocer “el universo final”, porque desconoce el número de empleados que lo aceptarán.

Glovo vuelve al juzgado por sus falsos autónomos. Un juzgado mercantil de Barcelona ha admitido la demanda que interpuso la empresa Just Eat (que sí contrata a sus repartidores) por competencia desleal y ha acordado que la compañía fundada por Òscar Pierre vaya a juicio. Just Eat reclama 295 millones de euros a Glovo.

Tal y como ha adelantado Ser Catalunya y ha confirmado elDiario.es, la vista se celebrará ante el juzgado de lo mercantil 2 de Barcelona entre los próximos 17 y 20 de junio.

Al ser un juicio mercantil, en la vista por la demanda de Just Eat se dirime es una indemnización millonaria, pero no se puede castigar a la compañía con penas de prisión. El fundador de Glovo sí se podría exponer a eventuales condenas de cárcel en la causa penal contra él por un delito contra los derechos de los trabajadores que sigue otro juzgado de Barcelona y que encara la recta final de la fase de instrucción.

El modelo de falsos autónomos en el que se sustenta Glovo ha traído una cascada de pleitos a la empresa de Pierre. Primero fueron los laborales, tras los que durante un lustro de juicios por toda España el Supremo sentenció que los riders de la compañía de Pierre eran falsos autónomos.

Ahora han llegado sendos casos en la vía mercantil y la penal. Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados, reclama a Glovo 295 millones de euros en este juicio por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones. Además, está la causa por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre.

Just Eat alega, pese a ofrecer los mismos servicios que Glovo, se encuentra en una “clara situación de desventaja competitiva”, ya que sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, tal y como exige la ley, lo que eleva sus costes laborales.

Según sus cálculos que ahora se expondrán ante el juez, Just Eat España estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que ha permitido a la compañía de Pierre adquirir una ventaja competitiva significativa, pero sustentada en una ilegalidad.

La demanda, presentada el año pasado, se juzgará solo unos días después de que la Comisión Europea haya multado con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio. La investigación que Bruselas comenzó en julio de 2022 ha concluido que las dos plataformas se dividieron el mercado europeo para no competir entre ellas y compartieron información privilegiada.

El pasado mes de diciembre, ante la declaración como imputado de Pierre en la causa penal, Glovo anunció que contrataría como empleados a sus repartidores tras un lustro de conflictos legales y laborales por su modelo de falsos autónomos, un cambio que todavía está pendiente de implantarse por completo.

La jueza que investiga al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ha citado a declarar como testigos a una exdirectiva y a un abogado externo de la compañía. A petición de la Fiscalía, la magistrada quiere que ambos testigos respondan sobre la presunta falta de regularización como empleados de los repartidores que operaban como falsos autónomos.

Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada de Barcelona que mantiene imputado a Pierre ha citado a los dos nuevos testigos del caso el próximo 19 de mayo. La exdirectora asociada en materia laboral de Glovo y el abogado externo son las dos personas que contestaron a los requerimientos de la Inspección de Trabajo sobre la regularización de falsos autónomos y que, según han declarado los inspectores, fueron ignorados en su mayoría.

Este miércoles han comparecido ante la magistrada los responsables de la Inspección de Trabajo que realizaron el informe que se derivó a la Fiscalía y que ha terminado con la imputación de Pierre. Tal y como hicieron sus compañeras hace dos semanas, los inspectores jefe han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La versión de los inspectores de Trabajo es que Glovo no regularizó a los repartidores a los que la Justicia había reconocido como falsos autónomos. Según fuentes jurídicas, uno de los inspectores ha mantenido este miércoles que la compañía “se resistió” a contratar como empleados a los riders, pese a las sentencias judiciales a su favor.

Por el contrario, la defensa de Pierre alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

La defensa de Pierre aduce además que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa de autónomos para cumplirlos. En suma, que no se ha cometido delito alguno. En los últimos meses, además, su nuevo modelo de autónomos ha recibido el espaldarazo de varias sentencias de la Audiencia Nacional, en paralelo a la apertura de la causa penal en Barcelona contra su fundador.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.

Cinco inspectoras de Trabajo han ratificado ante la jueza que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos, según han informado fuentes jurídicas.

Ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona, que tiene abierta la primera causa penal de España por los falsos autónomos de Glovo y mantiene imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores al fundador de la compañia, Oscar Pierre, han comparecido este lunes cinco inspectoras de Trabajo de Badajoz, Cantabria, Salamanca y Oviedo.

Se trata de las funcionarias que indagaron si la compañía había regularizado a los repartidores a los que la Justicia había reconocido como falsos autónomos. Según fuentes jurídicas, las inspectoras han expresado que Glovo “no dio cumplimiento” a las sentencias judiciales.

Por el contrario, fuentes de la defensa de Pierre han mantenido que las inspectoras han explicado que enviaron distintos requerimientos de información a Glovo sobre los repartidores, pero que no se trataba de órdenes concretas para que fueran contratados como empleados.

La defensa de Pierre aduce que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa de autónomos para cumplirlos. En suma, que no se ha cometido delito alguno. En los últimos meses, además, su nuevo modelo de autónomos ha recibido el espaldarazo de varias sentencias de la Audiencia Nacional, en paralelo a la apertura de la causa penal en Barcelona contra su fundador.

En las comparecencias de las inspectoras de este lunes, han explicado fuentes jurídicas, las funcionarias también han relatado que las respuestas a los requerimientos por parte de Glovo eran incompletas o bien señalaban directamente que los repartidores ya no trabajaban en la empresa.

Es más, las inspectoras han considerado que la empresa “emmascaró” en varias de sus respuestas a los requirimientos que los repartidores seguían operando como falsos autónomos, según las mismas fuentes.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

En cambio, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores.

Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.