“Trabajé allí durante siete años y, si tuviera que resumirlos en una sola frase, diría que empezó siendo una farsa esperanzadora y acabó en una tragedia llena de oscuridad y arrepentimiento. Yo era una de las personas que asesoraban a la cúpula de la empresa, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, mientras ellos ingeniaban cómo negociaría Facebook con los Gobiernos del planeta. Al final contemplé desesperanzada cómo se plegaban ante regímenes autoritarios como China y engañaban a la opinión pública como si nada”.

Es un fragmento de las memorias de Sarah Wynn-Williams, la que fuera directora de Políticas Públicas de Facebook de 2011 a 2018, su momento de máxima expansión. Esta diplomática neozelandesa acaba de publicar Los irresponsables (Editorial Penísula), donde denuncia la cultura de poder, encubrimiento y abuso dentro de la compañía hoy renombrada como Meta.

La autobiografía de Wynn-Williams habla de las ambiciones de poder de Mark Zuckerberg, del falso idealismo de la cúpula y buena parte de la plantilla, de las presiones políticas, de la censura y de cómo todo esto se mezcló para crear Facebook, una corporación que priorizó el crecimiento y el beneficio económico por encima de cuestiones éticas que afectaban a miles de millones de personas.

Su valor es el de testimonio directo, una mirada desde dentro y con abundantes detalles tanto a una empresa tecnológica clave en la revolución digital, como a su fundador, la segunda persona más rica del mundo, y sus principales colaboradores. “Volaba en el jet privado de Mark el día en que por fin entendió que probablemente Facebook había colocado a Donald Trump en la Casa Blanca”, resume la propia autora.

El libro, sin embargo, no incluye ningún hecho que no hubiera salido ya a la luz. Facebook ha sido una de las empresas más escrutadas del planeta y sus vergüenzas han sido levantadas tanto desde fuera como desde dentro. No hay noticias escabrosas en las páginas de Los irresponsables. Pese a ello, la compañía ha prohibido a Wynn-Williams hablar del libro o hacer cualquier declaración sobre él. El día siguiente a su publicación en inglés (12 de marzo) invocó una cláusula de no difamación que la autora firmó al salir de la compañía para censurarla.

“La autora no está disponible para entrevistas a causa de la orden provisional de un tribunal de arbitraje estadounidense que, a petición de Mark Zuckerberg, le prohíbe hacer cualquier tipo de promoción del libro”, lamenta la editorial.

Desde entonces Wynn-Williams se ha mantenido en silencio. Meta lo ha hecho todo por ella, generando un efecto Streisand de manual sobre su libro: se convirtió en un best seller del New York Times llegando al número 1 de su lista de no ficción, fue número 3 en biografías Amazon o número 2 de Apple Books en la lista de libros de pago. En el Reino Unido ha vendido más de 100.000 copias y ha sido traducido al castellano en tiempo récord: ha salido a la venta esta semana.

¿Por qué ahora?

Han pasado más de ocho años desde la salida de Wynn-Williams de la corporación de redes sociales. Su libro, sin duda, habría sido mucho más útil entonces que ahora. El escándalo de manipulación electoral de Facebook y Cambridge Analytica estalló en marzo de 2018. “En Estados Unidos, pusieron a trabajadores de Facebook a disposición de la campaña de Trump para ayudarlo a organizar la guerra de la desinformación, el troleo y las mentiras que le dieron la victoria en las elecciones”, revela.

Mientras, en verano de ese mismo año la ONU empezó a documentar que la red social tampoco había sido capaz de detectar los llamamientos a la violencia contra los rohingya en Myanmar. Su algoritmo amplificó el odio y permitió que el ejército birmano usara la plataforma para incitar al genocidio.

La empresa tardó meses en reaccionar y acabó reconociendo que no hizo lo suficiente, entre otras cosas porque no contaba con suficientes moderadores que hablaran birmano. La violencia contra los rohingya terminó con más de 25.000 muertos y cerca de 700.000 personas obligadas a huir a Bangladés, según estimaciones de Naciones Unidas. Un genocidio retransmitido en directo en la mayor red social del mundo sin que esta se diera cuenta de lo que ocurría.

La responsable del caso me dijo que no creía que infringiera nuestras normas, pero que no podía encontrar a nadie que hablara birmano y Google Translate no traducía del birmano, así que no podía asegurarlo a ciencia cierta

Wynn-Williams también habla de estos hechos en el libro, con información que habría sido muy relevante en su momento. “Estaban provocando violencia real —seguía habiendo disturbios, las turbas budistas estaban atacando los negocios musulmanes, había muertos—, así que parecía estar claro que infringían nuestros estándares. Pero el equipo de operaciones de contenidos, con sede en Dublín, no quería eliminar las publicaciones. La responsable del caso me dijo que no creía que infringiera nuestras normas, pero que no podía encontrar a nadie que hablara birmano y Google Translate no traducía del birmano, así que no podía asegurarlo a ciencia cierta”, narra.

“Recurrí a su superior, un hombre que se puso en contacto con el mismo trabajador externo que habían contratado hacía unos meses —un birmano con residencia en Dublín— para que revisara el material. Pasaron cinco horas”, continúa: “¿Cuánto crees que tardará?, pregunté. Había disturbios en las calles por culpa de aquello. Necesitaba que se eliminaran esas publicaciones. Me temo que no lo sé —respondió mi contacto en Dublín—. No está conectado. Le he mencionado en Facebook y espero que lo vea y se ponga en contacto conmigo”.

“Cuando hay gente muriendo, ese no puede ser el sistema al que tenga que recurrir Facebook”, lamenta su ex directora de Políticas Públicas.

Con todo, hay incluso un aspecto más en el libro sobre el que Wynn-Williams podría haber alertado al resto de la sociedad. Es un problema que está revelándose ahora en su gravedad real: la voluntad de parte de la junta directiva de Facebook de potenciar los discursos de extrema derecha en su beneficio.

Uno de los miembros de la junta sugirió a nuestra cúpula, en su mayoría judía, que a Facebook le conviene estrechar lazos con los partidos políticos de la extrema derecha en Europa porque el poder se está desplazando hacia ahí

“Uno de los miembros de la junta sugirió a nuestra cúpula, en su mayoría judía, que a Facebook le conviene estrechar lazos con los partidos políticos de la extrema derecha en Europa porque el poder se está desplazando hacia ahí”, revela: “En su propuesta, el susodicho miembro de la junta sugería aprovechar el apoyo electoral y las herramientas para hacer campaña que ofrecíamos a los candidatos presidenciales estadounidenses (y que Donald Trump estaba usando de manera agresiva en su campaña de 2016) y ofertárselos a Alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana, y a Marine Le Pen y el Frente Nacional, la extrema derecha francesa”.

“Acercarse a estos partidos políticos y ayudarlos a llegar al poder sería la manera más eficaz de evitar que los Gobiernos regularan Facebook”, propuso el directivo, según el relato de Wynn-Williams. La autora también escribe que la plataforma sabía de la existencia de más de doscientos grupos extremistas en la plataforma que violaban las normas de discurso de odio, pero que hizo “apenas nada” para eliminarlos.

Si Wynn-Williams tenía toda esta información, ¿por qué ha esperado ocho años para alertar de ello al resto de la sociedad? Esta sería una de las principales preguntas a realizar en una entrevista, que Meta no permite que se celebre.

Siguen siendo gente descuidada. Le han cambiado el nombre a la empresa, de Facebook a Meta. Pero los leopardos no cambian de manchas. El ADN de la empresa sigue siendo el mismo. Y cuanto más poder tienen, más irresponsables se vuelven

La exdirectiva argumenta en el libro que la motivación para publicarlo en 2025 es impedir que Meta siga comportándose como hasta ahora, también durante la revolución de la inteligencia artificial. “Siguen siendo gente descuidada. Le han cambiado el nombre a la empresa, de Facebook a Meta. Pero los leopardos no cambian de manchas. El ADN de la empresa sigue siendo el mismo. Y cuanto más poder tienen, más irresponsables se vuelven”, avisa.

“Estuve presente en los primeros encuentros de tanteo entre Mark y los mandatarios mundiales. Y fui testigo de la exploración y del acopio de un poder que ha seguido expandiéndose. En la actualidad, Meta es una de las empresas más poderosas del mundo. Y avanzamos por la dirección que ha señalado. Vivimos en un mundo al que han dado forma estas personas y su indiferencia letal. Por no hablar del futuro. Si no abordamos lo que ya se ha encubierto, repetiremos los errores de Facebook”, concluye.

¿Qué dice Meta?

Básicamente, que todo lo escrito en Los irresponsables es mentira o está sacado de contexto. Preguntada por elDiario.es, la compañía se remite al comentario oficial que hizo cuando pidió al Tribunal de Arbitraje que lo parara. “Esta sentencia confirma que el libro falso y difamatorio de Sarah Wynn-Williams nunca debió publicarse. Esta urgente acción legal se hizo necesaria porque Williams, más de ocho años después de ser despedida por la empresa, ocultó deliberadamente la existencia de su proyecto de libro y evitó el proceso estándar de verificación de datos de la industria con el fin de apresurarse a publicarlo en las estanterías después de esperar ocho años”, declara.

Sin embargo, lo que afirma Meta en esa declaración no está sustentado por lo que dice la resolución de arbitraje publicada. El árbitro no ha entrado a valorar la validez del contenido, solo determinó que existía un riesgo contractual y legal por incumplimiento de la cláusula de no difamación, lo cual justificó la medida cautelar de bloquear las entrevistas de Wynn-Williams.

En concreto, el laudo prohíbe a Sarah Wynn‑Williams promocionar el libro y hacer “comentarios despectivos, críticos o perjudiciales” sobre Meta, sus ejecutivos o sus trabajadores. También le obliga a eliminar los comentarios en esta línea que haya realizado previamente y estén bajo su control. Pero no hace valoraciones sobre la veracidad de la obra. La resolución es, además, temporal, solo hasta que se resuelva si Los irresponsables viola efectivamente la cláusula que su autora firmó con Meta.

Andy Stone, el jefe del equipo de Comunicación de Meta, recopiló en su momento las impresiones de una decena de ejecutivos y trabajadores de la compañía que apoyaron en redes sociales el posicionamiento de esta, destacando las “exageraciones” de libro o contradiciendo el punto de vista de su autora en algunos aspectos.

Las declaraciones de Wynn-Williams, no obstante, están en línea con otros ex ejecutivos de la compañía que han decidido levantar la voz. Filtradores como Arturo Béjar, que destapó en entrevistas y en el Congreso de EEUU la desprotección de Meta con los menores de edad; o Frances Haugen, cuyo testimonio sirvió de base para lanzar una investigación a gran escala contra la compañía.

También resulta llamativo que la compañía evoque a la “verificación de datos de la industria” para afear la publicación del libro. Se trata del mismo mecanismo que Mark Zuckerberg ha eliminado de todas sus redes sociales para congraciarse con Donald Trump y la extrema derecha internacional, que llevaban años con profesionales en su punto de mira.

Una comedia trágica

Wynn-Williams escribe sobre un período clave en la historia de Internet. Los movimientos de Facebook en la pasada década han ayudado a definir la red de hoy y la redistribución del poder hacia las manos de uno pocos tecno-oligarcas, inmortalizados en la fotografía de la toma de posesión de Donald Trump.

Pero no hay épica en su relato. Más bien, como ella misma reconoce, su historia es una comedia trágica. “La mayoría de los días, trabajar en temas políticos para Facebook tenía mucho menos de interpretar capítulos que parecían redactados por Maquiavelo y mucho más de cuidar de una pandilla de chavales de catorce años a los que les habían dado superpoderes y una suma impía de dinero mientras volaban alrededor del mundo intentando comprender qué les había otorgado y comportado ese poder”, avisa.

El libro de Wynn-Williams está lleno de anécdotas y situaciones que justifican esa declaración, pero ella no puede hablar abiertamente de ellas. Meta dice que todo es falso, pero que haya tratado su libro como una amenaza puede que termine revelando más sobre la empresa que muchas de sus páginas.

Mark Zuckerberg está preparando a las redes sociales de Meta para “el siguiente capítulo”. Uno en el que “las recientes elecciones parecen un punto de inflexión cultural”, pero que comenzó antes de la victoria de Donald Trump. El giro incluye un cambio propio, tanto en su mensaje como de imagen. Zuckerberg, que durante una década fue un referente del estilo Silicon Valley marcado por las camisetas básicas, vaqueros, zapatillas deportivas y ausencia de complementos, se caracteriza ahora por la ostentación y las camisetas anchas con locuciones en latín y griego. Dicen “o Zuck o nada”, “aprender a través del sufrimiento” o “Cartago debe ser destruida”.

Con esta nueva armadura, el fundador de Facebook avisó el pasado septiembre que el tiempo de pedir perdón había terminado para él. Ahora cree que sus comparecencias para disculparse por haber permitido que la industria de la desinformación manipule Facebook e Instagram o no poner medidas ante el abuso infantil fueron un “error de cálculo político”. Uno que ha durado “20 años”.

“Algunas de las cosas que afirmaban que estábamos haciendo o de las que éramos responsables, en realidad no creo que lo fuéramos”, afirmó entonces Zuckerberg: “Cuando se trata de un problema político… hay gente que actúa de buena fe, que identifica un problema y quiere que se solucione algo, y hay gente que simplemente busca a alguien a quien culpar”.

Este martes Zuckerberg dio el mayor golpe de efecto de esta nueva etapa eliminando el programa de verificación de datos independiente de Facebook e Instagram. Era la gran herencia de la etapa en la que Zuckerberg pedía perdón y que ahora quiere dejar atrás, ya que el proyecto se puso en marcha para impedir un nuevo escándalo como el de Cambridge Analytica.

Los verificadores y la narrativa ultra

El programa de verificación se encomendó a organizaciones periodísticas especializadas, encargadas de analizar las publicaciones virales y contrastar si lo que afirman es verídico o no, aportar explicación adicional, detectar imágenes manipuladas o señalar cuando están sacadas de contexto. Estas organizaciones han sufrido las iras de Donald Trump y la extrema derecha estadounidense desde su primera etapa en la Casa Blanca, pero la pandemia universalizó la campaña contra ellas. Agitadores ultras de todo el mundo han colocado a los verificadores en el centro de sus ataques, acosando a sus miembros y acumulando condenas en los juzgados.

Con un reloj 900.000 dólares (antes de impuestos) en la muñeca, Zuckerberg asumió la narrativa ultra que estos actores han utilizado para desacreditar a los verificadores. Los acusó de “censura”, de perjudicar la libertad de expresión y de ser responsables de que Facebook tenga que “retirar” publicaciones que no son desinformación por culpa de sus fallos. “Incluso si censuran accidentalmente solo el 1% de las publicaciones, eso significa millones de personas, y hemos llegado a un punto en el que son demasiados errores y demasiada censura”, afirma.

Vamos a trabajar con el presidente Trump para hacer frente a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses y presionan para censurar más

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

“Vamos a trabajar con el presidente Trump para hacer frente a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses y presionan para censurar más”, asevera Zuckerberg siguiendo otra de las principales líneas argumentales de los movimientos antisistema. Esta asegura que los verificadores actúan al servicio de los poderes nacionales, que los usan para desacreditar a aquellos que, supuestamente, exponen sus mentiras.

El problema es que no es así como funciona el programa de verificación de datos de Meta. “Es mentira que la verificación suponga el borrado del contenido, como ha dicho Zuckerberg. Solo añade una etiqueta que dice: cuidado, que esto que se dice aquí es mentira. Es una advertencia para aquellos que están pensando en compartirlo”, explica Carlos H. Echeverría, jefe de Políticas Públicas de Maldita, una de las organizaciones a las que Meta contrató para llevar a cabo esta verificación en España.

Es mentira que la verificación suponga el borrado del contenido

Carlos H. Echeverría — jefe de Políticas Públicas de Maldita

El especialista destaca que cuando la corporación de redes decide borrar un contenido, se basa en sus políticas internas y el trabajo de sus moderadores contratados, no en el programa de verificación. “Nosotros jamás le hemos pedido a Meta que borre nada ni lo haríamos nunca. No solo porque no es nuestra motivación, sino también porque pensamos que empeora la situación respecto a la desinformación. Cuando las publicaciones desaparecen se dificulta la investigación, ya que te encuentras links muertos que impiden saber lo que ha pasado o medir la dimensión del problema”, continúa en conversación con elDiario.es.

El programa de verificación no solo ha recibido críticas del entorno ultra. Por ejemplo, no son pocos los juristas que han expresado dudas de que sean trabajos periodísticos y no resoluciones judiciales los que se usen para marcar si una publicación es verídica o veraz. También se ha puesto en cuestión su efectividad, ya que pese a todos los esfuerzos, los bulos siguen teniendo una viralidad mucho mayor que los desmentidos. Además, en el período en el que el programa ha estado activo, no solo no ha bajado la desinformación y la polarización en las redes, sino que ha aumentado.

No obstante, los expertos destacan que el fin de la verificación independiente tendrá efecto inmediato en EEUU (aunque Meta no ha aclarado cuándo se extenderá al resto del mundo) “curiosamente ahora, cuando lo ha pedido la nueva Administración y sus asesores”, destaca Echeverría: “Lo preocupante de verdad no es el fin del programa, sino este argumentario falso que se ha utilizado para justificarlo”.

Los verificadores de hechos no han sido tendenciosos en su trabajo: esa línea de ataque viene de aquellos que sienten que deberían poder exagerar y mentir sin ser refutados

Angie Drobnic — directora de la International Fact-Checking Network

Una denuncia que ha compartido Angie Drobnic, directora de la International Fact-Checking Network, la asociación que agrupa a las organizaciones de verificación a nivel mundial: “Es lamentable que esta decisión se produzca a raíz de la extrema presión política ejercida por la nueva administración y sus partidarios. Los verificadores de hechos no han sido tendenciosos en su trabajo: esa línea de ataque viene de aquellos que sienten que deberían poder exagerar y mentir sin ser refutados”.

La forma en la que Zuckerberg va a “deshacerse” de los verificadores tras más de un lustro de asociación ha llevado a otros expertos a cuestionar su compromiso real con la lucha contra la desinformación. “El costoso experimento de Meta con el fact-checking fue siempre un esfuerzo por desviar la responsabilidad de los daños que sus plataformas amplifican, distrayendo la atención de su modelo de negocio principal: explotar su dominio para captar la atención y rastrear implacablemente a los usuarios, ética y precisión al margen”, dice Jason Kint, CEO de Digital Content Next, reconocido defensor de la transparencia en la publicidad digital.

“La retórica de Mark Zuckerberg sobre «dar prioridad a la expresión» no es más que complacencia política para proteger los beneficios, todo ello a expensas de los consumidores y los anunciantes”, ha publicado el experto en Bluesky.

La dirección trumpista

La decisión de poner fin al programa de verificación ha llegado justo tras una serie de nombramientos estratégicos en su equipo directivo. Personas conocidas por ser próximas a los posicionamientos de Trump y que engrasarán su relación con la Casa Blanca.

El principal llegó la semana pasada, cuando se anunció que Joel Kaplan asumirá el cargo de presidente de Asuntos Globales de Meta sucediendo a Nick Clegg. Kaplan fue uno de los principales asesores de George W. Bush durante sus ocho años en la Casa Blanca, cuando llegó a ser la mano derecha de su jefe de gabinete. Fichado por Facebook en 2011 para su equipo de políticas públicas, ha sido una de las voces señaladas por medrar para evitar que los verificadores y los algoritmos de la plataforma tuvieran tanto efecto en las declaraciones de Donald Trump.

Su primera acción en el cargo ha sido redactar el post que detalla la decisión de Meta de acabar definitivamente con el programa de verificación. En él señala que estas organizaciones han ido “demasiado lejos” por culpa de su “propensión a los sesgos”, lo que ha comparado con estar en prisión. “Se censura demasiado contenido inofensivo, demasiadas personas se encuentran injustamente encerradas en la 'cárcel de Facebook' y, a menudo, somos demasiado lentos para responder cuando eso sucede”, ha escrito sobre los efectos de etiquetar los bulos.

Todavía más polémico ha sido el fichaje para el consejo directivo de Meta de Dana White, CEO de la UFC, la mayor empresa mundial de artes marciales mixtas, que organiza combates profesionales entre luchadores de diversas disciplinas. White ha sido acusado de violencia machista después de que un vídeo de él golpeando a su pareja en un bar se compartiera en redes sociales. También es conocido por realizar comentarios agresivos contra periodistas y sus propios luchadores.

White tiene una relación cercana con Donald Trump, quien apoyó a la UFC en sus primeros años al permitirle realizar eventos en sus casinos de Atlantic City cuando otras sedes rechazaban la organización. Él se lo ha agradecido respaldándole públicamente a partir de entonces, llegando a comparecer en las convenciones nacionales republicanas.

El historial violento de White ha provocado que la incorporación a Meta se cuestione también de puertas adentro. Según ha revelado 404 Media, la compañía ha eliminado comentarios que protestaban contra el fichaje del foro de publicación interna de sus empleados, llamado Meta Workplace.

Puedo disculpar a la gente por no estar al tanto, pero Meta sin duda hizo su debida diligencia con White y concluyó que lo que hizo está bien. Me siento como si estuviera en otro planeta

Empleado de Meta, sobre el fichaje de Dana White para la junta directiva

“Es un poco desalentador ver a gente en los comentarios celebrando a un hombre que aparece en un vídeo agrediendo a su mujer”, comentaba uno de ellos, refiriéndose a White. “Puedo disculpar a la gente por no estar al tanto, pero Meta sin duda hizo su debida diligencia con White y concluyó que lo que hizo está bien. Me siento como si estuviera en otro planeta”, publicaba otro. “Hemos perdido completamente el rumbo”, se quejaba un tercero según recoge el citado medio, creado en 2023 por un grupo de los principales periodistas de tecnología de EEUU.

El “equipo de Relaciones con la Comunidad Interna” de Meta eliminó estas publicaciones alegando que “es importante mantener un entorno de trabajo respetuoso”. “Insultar, criticar o antagonizar a nuestros colegas o miembros de la Junta no está alineado” con las reglas de la corporación, argumentaron. Esto provocó aún más estupor y comentarios críticos, que se multiplicaron este martes tras la publicación del vídeo de Zuckerberg en el que justifica el final del programa de verificadores independientes en la “censura” que supuestamente provocan.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Meta para contrastar esta versión e incluir su posicionamiento sobre los hechos, pero no ha contestado a los requerimientos. En declaraciones a 404 Media, una portavoz de la corporación ha manifestado que las críticas borradas violaban las reglas de la plataforma interna de trabajadores: “También hay varios comentarios que han expresado críticas que no violan las reglas y que siguen publicados”, ha destacado.

La microsegmentación política está prohibida en la UE. Esta práctica consiste en impactar con anuncios políticos a segmentos muy específicos de la población en función de su perfil, incluyendo intereses, historial de navegación o consumo. Pese a este veto, en los últimos años se han destapado casos de partidos europeos que todavía la utilizan. Una campaña lanzada por varias organizaciones hacktivistas del continente pide la colaboración de los usuarios para vigilar las redes en las próximas elecciones europeas y detectar a aquellos que lo hagan.

La iniciativa se denomina “Who targets me”? (“¿De quién soy blanco?”) y pivota sobre una herramienta especialmente diseñada para detectar este tipo de anuncios personalizados lanzados a través de Facebook e Instagram. Se trata de una extensión del navegador que “captura” la propaganda que se le muestra al usuario y la compara con las listas oficiales de anunciantes políticos que las grandes redes sociales están obligadas a hacer públicos.

La prohibición de la microsegmentación en la UE fue una consecuencia del escándalo de Cambridge Analytica que rodeó la victoria electoral de Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca de 2016. El uso de estas estrategias puede llevar a que los votantes solo reciban anuncios que coincidan con sus propias creencias o sesgos, sin que lleguen siquiera a conocer lo que ese mismo candidato está diciendo a otros segmentos de población. Esto a su vez fomenta la desinformación, ya que hace imposible fiscalizar qué dice cada político a cada usuario, posibilitando la discriminación por sexo, raza u orientación sexual.

En 2021 la ONG proprivacidad Noyb, presidida por el abogado Max Schrems —cuyas denuncias han tumbado los dos acuerdos para la transferencia de datos personales a gran escala entre la UE y EEUU por violar los derechos de los europeos— llevó a cabo un análisis con la extensión Who targets me en las elecciones alemanas. El resultado fue que todos los partidos que entraron al Bundestag recurrieron a la microsegmentación, lo que terminó en una cascada de denuncias.

Gracias a la microsegmentación “los partidos políticos pueden hacer innumerables promesas a grupos específicos de votantes y pueden ocultar esas posturas personalizadas al público en general”, denunció entonces Noyb. “Esto puede generar expectativas muy diferentes en los votantes, que la política nunca podrá cumplir. El resultado es una sociedad polarizada”, añadía.

Ahora una coalición de organizaciones de Francia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Austria, Alemania y España piden a los usuarios hacer la misma investigación de cara a las europeas que se celebrarán el 9 de junio. “Cuantos más participantes haya, de más datos dispondremos para comprobar si aquí también existe perfilado masivo según razones políticas”, expresa Xnet, el colectivo que coordina la campaña en España.

La iniciativa ya está recogiendo datos de prácticamente todos los países europeos a partir de los voluntarios que instalaron la extensión Who targets me con anterioridad. En la información disponible para España ya puede visualizarse la inversión de cara a las elecciones en el País Vasco, con el PNV gastando la segunda mayor suma en publicidad en Facebook e Instagram de todos los partidos a nivel estatal.

Consecuencias

“El proyecto culmina con la elaboración de un informe que será publicado tras las elecciones”, anticipa Xnet. De detectarse que los partidos políticos españoles recurren a la microsegmentación “cualquier persona u organización podrá emprender acciones legales, y seguir luchando a favor de la rendición de cuentas democrática de partidos e instituciones y en contra del uso opaco e ilegal de nuestros datos y de la vigilancia masiva”, explica el grupo hacktivista.

Además de la prohibición del microsegmentación política en la UE, el escándalo de Cambridge Analytica llevó a la imposición de varias medidas de transparencia sobre la propaganda electoral en redes sociales. Una de ellas fue la biblioteca de anuncios de Meta (propietaria de Facebook e Instagram) que recoge cada uno de los anuncios, así como información sobre el público al que iba dirigido y quién lo ha pagado. La herramienta permitió a elDiario.es destapar una campaña sucia del PP en la que se hizo pasar por militantes de otros partidos para intentar convencerles de que no fueran a votar.

Sin embargo, de cara a las elecciones de 2024 un nuevo peligro aparece en el horizonte. La desinformación potenciada con inteligencia artificial, con contenidos falsos tanto en formato de texto como en imágenes o vídeos, amenaza con impactar de lleno los próximos comicios. A finales de marzo, la Comisión Europea publicó una serie de recomendaciones para las grandes plataformas para impedir la difusión de este tipo de contenidos artificiales.

Entre las directrices, Bruselas pide a las plataformas que tengan presentes los riesgos locales de cada país de la UE y tengan el personal necesario para hacerles frente. También recuerda la necesidad de que todo contenido generado con IA y toda propaganda política se etiquete adecuadamente para que no lleve a engaño a los usuarios.

La Comisión planea también realizar a finales de este mes un “test de estrés” para poner a prueba estas directrices y el modo en que las redes las han implantado antes de que comience la campaña electoral. El Ejecutivo comunitario publicará los resultados de este examen pero también ha pedido a las plataformas que publiquen una versión no confidencial de dichos análisis para que se sometan al comentario de la opinión pública.

Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, ha acordado pagar 725 millones de dólares (682 millones de euros) para resolver una demanda colectiva que acusaba a la red social de compartir sin permiso datos de los usuarios con la firma británica de investigación de mercados Cambridge Analytica.

El acuerdo, que requiere la aprobación del juez federal encargado de supervisar la demanda, pondría fin al caso abierto en 2018 por usuarios de Facebook tras revelarse que Cambridge Analytica, vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, accedió a los datos de hasta 87 millones de usuarios de la red social.

Es “la mayor recuperación jamás lograda en una demanda colectiva de privacidad de datos y la mayor cifra que Facebook ha aceptado pagar para zanjar una demanda colectiva privada”, destacó en la presentación judicial del acuerdo el bufete Keller Rohrback, encargado de representar los intereses de los demandantes.

“Buscamos un acuerdo porque es lo mejor para nuestra comunidad y accionistas”, comenta un portavoz de Meta en una declaración remitida por correo electrónico.

“Durante los últimos tres años, renovamos nuestro enfoque de la privacidad e implementamos un programa integral de privacidad. Esperamos continuar construyendo servicios que la gente ame y en los que confíe con la privacidad en primer plano”, añade.

En el verano de 2019, Facebook fue multada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) con sendas multas de 5.000 y 100 millones de dólares (4.709 y 94 millones de euros), respectivamente, por el caso Cambridge Analytica.

Además, la FTC instó entonces a la multinacional a crear una nueva estructura corporativa con el fin de que Facebook fuera más responsable de las decisiones que tomase con respecto a la privacidad de sus usuarios.

Se está quedando un otoño buenísimo para un Twitter europeo. Y aquí europeo no significa hecho en la UE, aunque lo será, sino regulado, es decir, al servicio de los usuarios y la sociedad, que nos proteja de la desinformación y favorezca un debate público de calidad. La alternativa distópica es lo que existe: un Twitter al servicio del enriquecimiento o los delirios de grandeza de una persona.

No voy a hablar de Elon Musk, porque hace tiempo que dejé de creer que el periodismo relevante es el que le canta las verdades al poder. Es tanto lo que ha mutado en la última década el poder, ahora asentado en las grandes empresas tecnológicas, que sus dirigentes saben perfectamente lo que hacen, ¿para qué desgañitarnos? Están muy lejos, pero determinan nuestras vidas, sin ningún mecanismo de corrección. Y no entienden, porque como escribió Upton Sinclair, “es muy difícil que alguien entienda algo si su sueldo depende de que no lo entienda”. La riqueza de Musk depende ahora en gran parte de no entender hasta qué punto la red social puede deteriorar o mejorar la democracia.

Para los que creemos en un periodismo dirigido a los pequeños seres con ganas de escuchar y comprender lo que sucede, la cuestión no es lo que haga el libertador Musk, aunque admito que da juego narrativo como celebrity. No nos distraigamos hablando de su disfraz de Julio César en la fiesta de Heidi Klum o de su entrada en cacharrería con un lavabo en la mano. El debate sobre lo que suceda con Twitter es el debate sobre cómo se configurará la libertad de expresión y deliberación en las sociedades digitales. La pregunta crucial es previa a cualquier idea de Musk y no debemos pasarla por alto: ¿debe una sola persona -o un consejo directivo, tanto da- tener el poder de diseñar la libertad de expresión en las sociedades democráticas?

La respuesta es clara: no.

Fui de las que se sintió aliviada cuando Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump, entonces presidente en rebeldía instigador de acciones violentas. Sin embargo, aquello modificó radicalmente los conceptos de libertad de opinión, prensa y expresión, tal como los concebimos. En teoría, no aceptamos la censura previa, artefacto del siglo XIX que fue de hecho aplicado a Trump, y esperamos que el discurso prohibido quede fijado en leyes, aprobadas por parlamentos y aplicadas por jueces que deben sustentar jurídicamente sus decisiones y someterse a un sistema de recursos. Es algo tan relevante que su regulación y aplicación corre a cargo del Estado. Hoy este sistema de garantías y equilibrios respecto a la libre expresión está en cuestión.

La llegada de Musk a Twitter ofrece una ocasión excelente para que los europeos debatamos sobre esto. Porque no resulta aceptable que un solo hombre decida cómo se regula la libertad de expresión en todo el mundo, pero se me antoja una forma torpe de caer en su propia lógica el sentir alguna nostalgia sobre cómo funcionaba hasta ahora una red social en la que decisiones tan trascendentales eran tomadas por un puñado de directivos. Sin el ecosistema creado por las redes sociales en la última década, no se entiende el deterioro del debate público y de la propia democracia. Facebook fue decisiva en el clima de 2016 que llevó al éxito del Brexit y a la victoria electoral de Trump, mediante el escándalo de Cambridge Analytica. También tuvo su parte alícuota en genocidios como el de los rohingya en Birmania. La lista de fakes y desinformación es interminable.

Resulta más necesario que nunca un Twitter europeo, una red social que permita el debate -con las limitaciones ya consolidadas en nuestra tradición legislativa-, que aliente una discusión constructiva, poniendo coto al discurso de odio y a los mecanismos virales que, como está demostrado, facilitan la divulgación de desinformación y vician cualquier debate democrático. Europa es hoy el territorio que más protege a los ciudadanos en la jungla digital, sus datos, su privacidad, su anonimato, su desconexión. Esto se ha logrado como se logran las cosas en las democracias: con leyes. La reciente Ley de Servicios Digitales apunta en el sentido de lanzar plataformas europeas propias que compitan con las redes sociales estadounidenses para proteger los datos y la privacidad ciudadana. Estamos en el buen camino, pero hace falta ir mucho más rápido.

Ese Twitter europeo debería disponer de mecanismos legales de protección de la libertad de opinión y pensamiento similares a los que operan en el mundo físico, pero rápidos, con medidas cautelares, jueces ad hoc, que antepongan los derechos y libertades individuales, y sobre todo el derecho a recibir información veraz, a una cuenta de resultados empresarial. En suma, personas con criterio jurídico y democrático que actúen como garantes de la calidad del debate público, reconocidas por toda la sociedad y que accedan a esos puestos mediante un sistema público de selección.

Esto sólo lo puede hacer Europa y nos jugamos mucho en ello. La democracia es un régimen de opinión pública, el debate honesto es el combustible que la alimenta y, si no funciona, o lo hace al albur de los caprichos de un lunático, o es la propia democracia la que está en riesgo. 

El 10 de febrero alguien que decía ser “Juan Martín Díez” pagó por promocionar un anuncio político en Facebook. Quería aumentar la visibilidad de un contenido de Alerta Nacional, una web que aseguraba que la justicia de EEUU iba a detener a los ministros Pablo Iglesias y José Luis Ábalos por su relación con Venezuela. Deberían haber saltado todas las alarmas: “Juan Martín Díez” no existe; Alerta Nacional es una página ultra marcada como difusora de desinformación por los propios verificadores independientes que trabajan para Facebook; el contenido es obviamente un bulo de contenido político. Pero no importó. Facebook aceptó el dinero, difundió el contenido tóxico entre sus usuarios y ninguna de las herramientas que la red social ha implementado en los últimos años para impedir este tipo de casos lo impidió.

El anuncio siguió activo hasta que eldiario.es preguntó a Facebook por la situación. En ese momento la red social lo desactivó. El perfil de “Juan Martín Díez”, que como informó este medio un día después ni siquiera se había tomado demasiadas molestias en hacerse pasar por una personal real, también desapareció. Su nombre era un seudónimo tomado de un militar que combatió en la Guerra de Independencia como líder de las guerrillas que hostigaron a las tropas francesas. El perfil falso pasó todos los filtros de Facebook para anuncios de contenido político pese a que utilizaba el tanto el sobrenombre (El Empecinado) como el lugar de nacimiento (Castrillo de Duero, Valladolid) de este famoso militar, y a que no tenía ninguna referencia personal a excepción de la foto de una pistola.

Desde que salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica y la injerencia rusa en las elecciones de EEUU, cuando varias redes de páginas falsas intoxicaron el debate político en la red social para beneficiar a Donald Trump, Facebook ha establecido una serie de herramientas que permiten rastrear quién publica anuncios políticos y quién los paga. Durante un mes, eldiario.es ha solicitado a Facebook más información sobre por qué los bulos que Alerta Nacional distribuyó (“Juan Martín Díez” pagó por aumentar la difusión de al menos otros dos contenidos de la página antes del que afectaba a Ábalos e Iglesias) pasaron esos los filtros. La respuesta de Facebook es que está analizando el caso “internamente”.

No obstante, esta página ultra que promocionó sus contenidos con un pagador falso es solo la punta del iceberg. Según un estudio de la Universidad de Nueva York que ha analizado durante un año los anuncios políticos que se hacen en la plataforma, hay decenas de miles de ejemplos como ese. “Los procesos de monitorización y aplicación de la política de anuncios políticos de Facebook tienen defectos sistémicos que permiten que entidades extranjeras o negocios turbios sigan pagando publicidad a pesar de haberlas violado repetidamente”, denuncia la Universidad.

Los investigadores analizaron los anuncios políticos publicados para los usuarios estadounidenses de Facebook desde mayo de 2018 hasta junio de 2019 y publicaron los resultados el pasado viernes. En ese periodo detectaron 20.000 casos como el de Alerta Nacional, en los que los anuncios violaban las políticas de Facebook “al no indentificar correctamente el origen de la financiación”. El volumen es tan elevado que equivale a más de la mitad de todo lo que recaudó Facebook en ese período gracias a los anuncios políticos: 37 millones de dólares, el 55% del dinero que dejó este tipo de publicidad en la plataforma, provenía de fuentes sospechosas.

El estudio identificó hasta 16 redes de anuncios falsos que “usaban tácticas de desinformación similares a las empleadas por la Internet Research Agency rusa”. “Estas tácticas incluían segmentar a los usuarios por raza, género, pertenencia a sindicatos o a las Fuerzas Armadas, marcadores de identidad bien conocidos por ser altamente efectivos en la distribución orgánica de mensajes”, señalan los investigadores.

La red social ha querido responder a la investigación. “Nuestras medidas de transparencia han cambiado significativamente desde que se llevó a cabo el estudio. Ofrecemos más transparencia la publicidad política que la televisión, la radio o cualquier otra plataforma digital”, explica una portavoz de la compañía.

Facebook, recoge el estudio, tardó una media de 210 días en retirar los anuncios fraudulentos. Esto es mucho más que la vida media de estos anuncios, que suelen estar activos unos pocos días. En conclusión, los investigadores apuntan que las nuevas herramientas de Facebook han servido para aumentar la transparencia, pero no para frenar el impacto de estas campañas tóxicas ni su intervención en procesos electorales, algo que también ha ocurrido en España.

La campaña del PP para neutralizar el voto de la izquierda: un éxito de camuflaje

El caso de Alerta Nacional no es ni la primera ni la más grave disfunción de las herramientas de Facebook con los anuncios políticos en España. En plena precampaña electoral del 10N, eldiario.es reveló la existencia de una red de páginas falsas que estaban intentando desmovilizar al electorado progresista bajo el lema “No contéis conmigo” escrito sobre las imágenes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La red se sirvió de anuncios políticos pagados por personas muy cercanas al PP, como un militante de Nuevas Generaciones o un empleado del consultor político Aleix Sanmartín, miembro del equipo de campaña de Pablo Casado.

Estas personas invirtieron unos 50.000 euros en total para neutralizar el voto de los rivales del PP, supuestamente a título individual. Las herramientas de transparencia de Facebook ofrecieron poco más que su nombre: no daban detalles de contacto ni datos sobre su afiliación. Uno de ellos, de hecho, falsificó su nombre en varios de los anuncios intercambiando el orden de sus apellidos o poniendo solo uno de ellos. Esta transparencia limitada permitió a Javier Ager, el militante de Nuevas Generaciones, mantener durante meses la misma estrategia de intoxicación, con páginas en las que se hacía pasar por simpatizantes de todos los partidos para desmovilizar a su electorado.

Las pantallas que los pagadores de la trama interpusieron entre sus nombres reales y los que utilizaron para bordear el descargo de responsabilidad de Facebook fueron suficientes para que la Junta Electoral rechazara las denuncias del PSOE y Más País y decidiera no llevar a cabo ninguna acción contra el PP o los responsables de la trama. De hecho la campaña sucia se reactivó tan solo unas horas antes de las elecciones, durante la jornada de reflexión.

La importancia creciente de Facebook en las campañas electorales de todo el mundo contrasta con la ausencia de auditorias externas sobre el dinero que recibe por parte de los anunciantes y de dónde proviene (los investigadores de la Universidad de Nueva York destacan que “hasta donde ellos saben, su estudio es el primero” que arroja algo de luz en esta cuestión). La ronda de comparecencias de su fundador y máximo responsable, Mark Zuckerberg, ante el Congreso y el Senado de EEUU y ante una comisión especial del Parlamento Europeo consiguió frenar la imposición de medidas de control público a su plataforma.

Las disculpas de Zuckerberg y su promesa de más autorregulación bastaron para contrarrestar los testimonios de que Facebook supo desde el principio que una trama de desinformación estaba invirtiendo mucho dinero y recursos para beneficiar a Donald Trump. Las elecciones generales de noviembre serán una prueba de la efectividad de las medidas de control establecidas por la red social.

La red social Facebook ha presentado este lunes su nuevo logotipo. El cambio obedece, según la compañía liderada por Mark Zuckerberg, a un deseo de “ser más claros sobre los productos que vienen de Facebook”. La nueva imagen de Facebook presenta una tipografía más fina y una variedad cromática mayor. El azul ya no es el único color corporativo.

En un comunicado, la compañía asegura que “la gente debe saber qué compañías hacen los productos que usan”. Entre las aplicaciones creadas o compradas por Facebook se cuentan, entre otras, las muy populares Instagram, WhatsApp y Messenger. A partir de ahora todos esos programas mostrarán la nueva imagen corporativa de Facebook.

Este lavado de cara coincide con una recrudecimiento del escrutinio público y de las críticas hacia el gigante informático. La semana pasada la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez acusó en sede parlamentaria a Zuckerber de conocer de antemano las actividades de Cambridge Analytica, una consultora política que recolectaba información personal de millones de usuarios de la red social para influir en las elecciones estadounidenses que llevaron al ultraconservador Donald Trump a la Casa Blanca.

En España, eldiario.es lleva varios días publicando cómo esta red social ha servido de plataforma de una campaña sucia de anuncios políticos cuyo único beneficiario es el Partido Popular. Las polémicas de este tipo, así como las que respectan a la censura de contenidos o a la privacidad de los usuarios de sus diferentes apps, han sido una constante en los últimos años de la compañía.

Aun así, Facebook facturó en 2018 más de cincuenta mil millones de euros siendo su fundador, Mark Zuckberg, la cuarta persona más rica del mundo, según la revista Forbes. Más 2.300 millones de personas utilizan Facebook y la compañía tiene en nómina a más de 39.000 empleados en todo el mundo.

Promover la abstención de los rivales políticos haciéndose pasar por un movimiento afín. La campaña de intoxicación para desmovilizar a los contrincantes políticos del PP, desvelada por eldiario.es, ya fue ejecutada con éxito por Cambridge Analytica en Trinidad y Tobago por primera vez. La consultora, luego cuestionada por su papel en la victoria del Brexit y Donald Trump, ya llevó a cabo una táctica similar a través de la filial SCL para los comicios del país caribeño en 2010.

Una estrategia queda bien explicada en el documental El Gran Hackeo. Aunque la cinta está más centrada en lo ocurrido en Estados Unidos y Reino Unido, dedica unos minutos a la estrategia seguida en Trinidad y Tobago con el testimonio de un portavoz de la empresa. “Somos una agencia de cambio de conducta. El santo grial de la comunicación es poder cambiar comportamientos”, explica este empleado. “Trabajamos para los indios”. Se refiere al Congreso Nacional Unido (UNC), que representa a la población minoritaria de este origen. Estos querían arrebatar el Gobierno al Movimiento Nacional Popular (PNM), que concentra el voto de los afrodescendientes tras diez años en el poder.

“Fuimos al cliente y le dijimos: queremos centrarnos en los jóvenes, intentaremos aumentar la apatía”, continúa en su relato sobre las elecciones de 2009 en el país centroamericano, que cuenta con algo más de un millón de habitantes. Los ciudadanos de origen indio y los afrodescendientes están repartidos en proporciones iguales, aunque los primeros son ligeramente más numerosos.

¿Cómo llevaron todo esto a cabo? “La campaña no podía ser política, porque a los chavales no les interesa la política. Tenía que ser intuitiva porque son vagos. Se nos ocurrió una campaña basada en que hicieran algo bueno y formaran parte de un movimiento”, detalla el portavoz. El resultado fue 'Hazlo' [Do So], en referencia al hecho de no votar. En Cambridge Analytica lo planificaron como “un símbolo de la resistencia contra los políticos y votar”, y tuvo mucho éxito. Movilizaciones sociales, vídeos virales creados por los propios jóvenes e, incluso, llegó a haber una pintada de 'Do So' en la fachada del domicilio del entonces primer ministro, Patrick Manning.

El UNC obtuvo seis escaños más, pero, recalca la cinta de Netflix, la diferencia de participación en personas de hasta 35 años fue del 40%. “Cuando llegó la votación, sabíamos que los chavales afrocaribeños no iban a votar gracias al 'Do So', pero los chicos indios hacían lo que les decían sus padres, que era ir a votar. Se divertían mucho haciendo aquello, pero no iban a contradecir a sus padres”, zanja. “Eso cambió la votación en un 6%, que era lo que necesitábamos en unas elecciones muy reñidas”. La primera ministra electa fue Kamla Persad-Bissessar, del UNC, que concurría en coalición con otros partidos.

Aunque desde el UNC se ha negado en todo momento su relación con Cambridge Analytica, uno de los partidos que integraban su coalición, Congreso Popular, ha rechazado que firmaran contratos, pero sí ha admitido que mantuvieron conversaciones con la consultora.

Tras la publicación de este documental la pasada primavera, el fiscal trinitense Faris Al Rawi ha pedido al exempleado de Cambridge Analytica Christopher Wylie que acuda al país para declarar sobre el papel de la consultora en aquel proceso electoral. Una solicitud que ha sido aceptada, a la espera de resolver algunas cuestiones relacionadas con la seguridad del testigo, según recoge la prensa local.

“Ya sabemos cómo va esto, ahora vamos a usarlo”

Wylie fue el trabajador que filtró a The Guardian toda la documentación sobre las estrategias de Cambridge Analytica. La periodista que publicó toda esa información, Carole Cadwalladr, explica que “todas las campañas que hicieron en el mundo en vías de desarrollo buscaban poner en práctica nuevos trucos o tecnologías para convencer a la gente, para reducir o aumentar la participación”. Una vez conseguido esto, añade, “dijeron: vale, ya sabemos cómo va esto, ahora vamos a usarlo en Reino Unido y Estados Unidos”.

Aleix Sanmartín, el gurú electoral del PP, ha negado toda relación con la campaña de uno de sus empleados, Josep Lanuza, para promover la abstención. También ha hecho lo propio el partido de Pablo Casado. En cualquier caso, en las últimas elecciones andaluzas estuvo detrás de una plataforma llamada 'Socialistas por el cambio', que criticaba duramente a Susana Díaz para promover la desmovilización del votante del PSOE.

Lo que pasa en Facebook no se queda en Facebook y un nuevo agujero ha dejado expuestos hasta 419 millones de números de teléfonos vinculados a los perfiles personales de sus usuarios. Se encontraban almacenados en un servidor desprotegido, así que cualquiera podía acceder a ellos. Es el último problema relacionado con la privacidad de la red social de los 2.300 millones de usuarios.

Según detalla TechCrunch, que ha tenido acceso a las bases de datos que configuraban los 419 millones de números, hay más de 133 millones de teléfonos de los EEUU, 18 millones de Reino Unido y más de 50 millones de Vietnam. Poco o nada se sabe del resto: la compañía de hosting en la que se almacenaba la web desde donde se podían descargar eliminó la URL cuando el medio estadounidense les avisó.

Este diario se ha puesto en contacto con Facebook, que no puede confirmar ni desmentir que entre los 218 millones de teléfonos restantes no haya alguno con prefijo español (34). Sin embargo, la compañía de Mark Zuckerberg especifica que la mayoría son números duplicados y que hasta ahora solo han podido confirmar la validez de la mitad de la cifra que publica TechCrunch.

Cada entrada de la base de datos contenía el identificador de cada usuario en Facebook (o Facebook ID, un número asociado al perfil que permite localizar fácilmente cada página personal) y el número de teléfono. Otras, además, incluían el género, el país y el nombre de la persona. Aunque a veces el nombre real no tiene por qué coincidir con el de la cuenta de Facebook, el identificador es siempre el mismo: por eso es fácil saber, a partir de este número, la identidad de una persona en la red social.

Datos viejos, números que no tienen por qué serlo

“Este conjunto de datos es viejo y parece tener información obtenida antes de que hiciéramos cambios el año pasado para eliminar la capacidad de las personas de encontrar a otras usando sus números de teléfono”, explica la red social a eldiario.es. “No vemos ninguna prueba de que las cuentas de Facebook se hayan visto comprometidas”, continúan.

En abril del año pasado, Facebook decidió que los números de teléfono nunca más podrían utilizarse para buscar a otros usuarios dentro de la red social. “Los actores maliciosos han abusado de estas características para obtener información pública del perfil enviando números de teléfono o direcciones de correo electrónico que ya tenían a través de la búsqueda y la recuperación de cuentas”, explicaron entonces.

Un ciberinvestigador de la GDI Foundation, Sanyam Jain, descubrió el servidor desprotegido a mediados de agosto. Aunque al principio intentó contactar con el propietario del dominio donde se encontraba la base de datos, le fue imposible y por eso habló con TechCrunch. La publicación estadounidense tampoco pudo localizar al propietario de la base de datos, así que puso el hecho en conocimiento del proveedor que alojaba la web. Fue esta empresa quien decidió eliminar el archivo de Internet.

Facebook hace hincapié en que los datos son “viejos” y que se remontan a antes de que la red social prohibiera usar el número de teléfono para buscar a otros usuarios. Sin embargo, todos sabemos que si bien es algo común cambiar de teléfono móvil cada uno o dos años, no así el número, que se suele mantener. A pesar de que la base de datos esté anticuada, probablemente muchos números aún serán válidos.

Según TechCrunch, el archivo que contenía los datos fue subido al servidor desprotegido a finales de agosto, algo que no implica necesariamente que los números sean nuevos ni que se hayan subido allí por primera vez. Entre los interrogantes quedarán durante cuánto tiempo han circulado esos números por Internet, quién los extrajo y cuándo lo hizo.

¿Quién es Brittany Kaiser? El documental El gran hackeo, distribuido por Netflix, busca responder a esta pregunta durante casi dos horas y, spoiler, se queda a medias. Tampoco es culpa de Karim Amer y Jehane Noujaim, los directores de la cinta, pero Kaiser es un personaje difícil de ubicar, por decirlo de alguna forma. Un poco de contexto: pasó de ser becaria de la campaña electoral de Barack Obama a trabajar para Cambridge Analytica en favor del Brexit y la candidatura de Donald Trump. Después, declaró en contra de ellos y tras pasar una temporada alejada del mundo en Tailandia ahora vive en Ginebra (Suiza).

El nombre de Kaiser no aparece hasta pasados treinta minutos de documental, en una piscina paradisíaca -vegetación y vistas al mar incluidas- de una mansión. Una camarera lleva una copa de balón hasta el agua mientras suena música chill: se ve por primera vez a la protagonista, que no interrumpe su baño para hacer declaraciones. Quizá no sea la forma más simpática de presentar ante el público a una exdirectora de Cambridge Analytica con un pasado un tanto truculento y que, hasta la publicación del filme, era una desconocida para el grueso de la población.

“Aquí estoy: la persona que quiere desbancar a dos administraciones y a las empresas más poderosas de todo el mundo. Todo a la vez”, celebra mientras ríe y se baña en la piscina. También hace unos cuantos comentarios manidos sobre la importancia de los datos -“El recurso más valioso de la Tierra”; “Son el nuevo petróleo” (chupito)- para acabar desvelando por qué decidió dar el penúltimo volantazo en su vida personal y profesional: “No quiero seguir defendiendo a estos hombres blancos poderosos que obviamente no se preocupan por la mayoría”. Según cuenta, se empezó a cuestionar su trabajo cuando un amigo le preguntó si le parecía bien lo que hacía.

Mientras sale de la piscina, el documental presenta a Paul Hilder, tecnólogo político que dejó “todo lo que estaba haciendo” para trabajar con Kaiser. “Su correo y disco duro son un tesoro de información truculenta, y solo estamos arañando la superficie”, apunta Hilder mientras se mensajea con ella. Siguiente escena. Vuelven los paisajes paradisíacos, pero la extrabajadora de Cambridge Analytica cambia ahora la piscina por el yate. Allí está el tecnólogo político para entrevistarle sobre el efecto que tuvo la actividad de Cambridge Analytica, la empresa de la que fue vicepresidente Steve Bannon y que le convirtió en gurú de la extrema derecha internacional.

Aunque el negocio consistía en “identificar a la gente que considera diversas opciones” para persuadirles, Kaiser considera que esto no afecta al libre albedrío: “Al final van a ellos a votar y toman su propia decisión”. La sorpresa de Hilder es tal que le recuerda que le está entrevistando “como Brittany Kaiser, no como Cambridge Analytica”. Y reformula la cuestión.

-“¿Crees que Cambridge Analytica ha estado involucrada en la violación de los Derechos Humanos?”

-“No, pero insisto en que me empiezo a cuestionar muchas cosas cuanto más escucho. Toda mi carrera la he dedicado a luchar por los Derechos Humanos antes de esto. No hace tanto tiempo, solo una década”.

“Me hice más pija”

Kaiser entró en política de adolescente. Era 2008 y el aspirante demócrata Barack Obama representaba toda una referencia para ella. Entró como becaria del equipo que gestionaba -sorpresa- su cuenta de Facebook. Después trabajó para Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Eso sí, le perseguía cierta frustración porque “no podía ver resultados de lo que hacía, no sabía si estaba malgastando el tiempo”.

Aquel momento de confusión llegó en 2014, a la vez que su primer encuentro con el jefe de Cambridge Analytica. Decidió que lo mejor para salir del paso era trabajar para ellos: “Me parecía muy emocionante trabajar para una empresa en la que se veía el impacto que tenía”. Empezó a ganar dinero a raudales y a cambiar sus hábitos -“Me hice más pija”- hasta el punto de acabar siendo parte de la Asociación Nacional del Rifle. “Solo para entender cómo piensa esa gente”, se excusa.

Durante la comisión que investiga la influencia de las noticias falsas en el referéndum del Brexit, también le preguntaron por esta cuestión.

-“Parece que cambió mucho de ser una becaria idealista en la campaña de Barack Obama a trabajar en una organización que mantenía contactos muy desagradables y redactar discursos para partidos políticos de extrema derecha. ¿Eso no le parecía incómodo?”

-“Creo que sí me cuestionaba la ética de todo esto, pero me habían ofrecido presentarme a clientes con los que me negué a reunirme, como Alternativa por Alemania o el partido de Marie Le Pen”.

-“¿Pero no con el UKIP?” [Partido de la Independencia de Reino Unido]

-“No con el UKIP”

En una escena posterior, Kaiser cuenta los problemas económicos de su familia. Así, asegura que pese a haber trabajado para Obama, Amnistía Internacional y la ONU, nadie le quería contratar. “Cuando tu familia pierde todo su dinero y la casa familiar; cuando tu padre pasa por cirugía neuronal y no puede volver a trabajar; tienes que trabajar para la gente que te paga”, dice afligida.

“No me puedo quedar callada solo porque voy a molestar a gente importante”, espeta a su madre al llegar a Londres para declarar ante la comisión. La conversación acaba derivando en que su progenitora no tiene dinero para pagar una factura y ella le ofrece hacerse cargo. Finalmente, esta le dice que no lo necesita “de momento”. Puede que relatado por escrito resulte un episodio extraño, pero en vídeo el asunto no cambia mucho.

5.000 entradas de datos por votante

Tras este repaso por el currículo de Kaiser, se vuelve a detallar cómo “los ingresos de Facebook provienen de la monetización de los datos personales de sus usuarios”, motivo suficiente para que se llevaran “la mayor parte del presupuesto de las campañas políticas”. O lo que es lo mismo, hasta cerca de un millón de dólares diarios para campañas personalizadas de Trump. Las 5.000 entradas de datos de cada votante estadounidense eran de gran ayuda. “No nos dirigíamos a todos los votantes por igual (...) Les bombardeábamos a través de todas las plataformas imaginables hasta que veían el mundo como nosotros queríamos; hasta que votaban a nuestro candidato”.

Ella misma lo define como un efecto boomerang: recogen tus datos y vuelven convertidos en forma de discurso político, cuando no de bulo. Una afirmación que casa difícilmente con la “propia decisión” de la que había hablado antes. No es la única vez que ocurre a lo largo de la cinta: acaba pidiendo que las psicografías de votantes tengan la misma consideración que las armas.

Ya es abril de 2018, el escándalo ha estallado y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acude al interrogatorio del Congreso de EEUU por la investigación a Cambridge Analytica. Mientras, Kaiser publica un artículo en el Financial Times con un título de lo más ilustrativo: Facebook debería pagar a sus 2.000 millones de usuarios por el uso de sus datos personales. “No veo la parte donde dice: ayudé a construir este monstruo que arrasó el mundo, nos llevará décadas recuperarnos de ello y me siento fatal”, ironiza al leerlo el profesor y tecnólogo David Carroll, encargado de la narración.

En El gran hackeo también se puede ver cómo Kaiser niega todo lo que va diciendo Zuckerberg ante el Congreso. Y mientras, el que fuera director de operaciones de Cambridge Analytica, Julian Wheatland, muestra su confusión por la actuación de la que fuera su empleada y amiga: “Cuando el mundo se pone patas arriba, la gente se comporta de distintas formas. Puede que ni ellos sepan por qué hacen lo que hacen”.

En esos días, The Guardian revela que Kaiser se reunió con Julian Assange para hablar sobre las elecciones estadounidenses. “Trabajé para Cambridge Analytica cuando tenían datos de Facebook, viajé a Rusia una vez mientras trabajaba para ellos, visité a Assange mientras trabajaba para ellos, hice una donación en bitcoins a Wikileaks y formé parte de la campaña de Trump”, relaciona Kaiser que, en cambio, lamenta que “todo esto hace que parezca que estoy metida en una locura enorme”. “Lo veo y no lo puedo rebatir”, continúa, para replantear: “Puede que tenga que repensarme la forma en la que he hecho las cosas en los últimos años”.

La publicación del artículo en el periódico británico no le gusta del todo, se agobia y decide marcharse de Washington al momento. “Coco Mademoiselle me hace sentir mejor, por lo menos huelo bien”, sonríe aliviada mientras disfruta del perfume y abandona la ciudad. Una semana después vuelve porque quiere seguir cooperando en la investigación del fiscal Mueller. “Mientras estábamos contando los votos, no pensaba que algunos de ellos fueran de gente que había visto noticias falsas en su Facebook pagadas por Rusia”, apunta antes de comentar que “puede que solo quisiese creer que Cambridge Analytica era la mejor”.

“Puede” quizá sea la expresión verbal más usada por Kaiser a lo largo de la cinta. Y “me enfado conmigo misma por estar en una reunión así y no dimitir inmediatamente después” lo más cercano a la autocrítica.

La demanda que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Facebook por no informar ni solicitar autorización a sus usuarios para utilizar sus datos ha sido admitida a trámite, ha informado esta organización en un comunicado, en el que se felicita por “este paso en la defensa de los derechos”.

Según la OCU, el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid ha admitido esta demanda, presentada el pasado mes de octubre, y por la que se pide una indemnización de 200 euros para cada uno de los usuarios de la red social en España. Esta fue una de las acciones llevadas a cabo a raíz del escándalo de Cambridge Analytica (consultora que cerró tras ser acusada de acceder a información de 87 millones de usuarios con fines políticos) por las organizaciones del grupo Euroconsumers de España (OCU), Portugal (Deco-Proteste), Italia (Altroconsumo) y Bélgica (Test-Achats) en nombre de los más de un millón y medio de consumidores que representan.

No obstante, la demanda no hace referencia a ninguno de estos escándalos, sino al modelo de negocio de la compañía, basado en la recopilación, utilización y monetización de los datos de los usuarios.

A juicio de la OCU, la red social no solicita la autorización expresa ni informa a los usuarios sobre la utilización de sus datos, haciendo un uso abusivo de sus condiciones de contratación.

“La admisión de la demanda supone un paso más en la defensa de los derechos de los usuarios de Facebook”, asegura la organización de consumidores en el comunicado, en el que recuerdan que los avances de la demanda se pueden seguir en www.misdatossonmios.org

Los datos personales tienen un valor que no se está calculando: identificando patrones se pueden prever comportamientos humanos. Y también se pueden hacer perfiles no sólo de consumo, sino ideológicos. Y, partir de ahí, retroalimentar esas comunidades con algoritmos que personalizan la navegación en las redes sociales individuales. Eso sí, hasta ahora, esos datos personales no siempre se recopilan con permiso del usuario y, eso sí, en todo caso se recopilan gratis a pesar de su poderoso valor.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo paneuropeo –no perteneciente a la arquitectura institucional de la UE– compuesto por 47 países y con sede en Estrasburgo, ha aprobado este viernes por unanimidad una resolución que defiende una mayor protección de los datos personales –que se requiera siempre el consentimiento previo y que los datos de la navegación se queden en el ordenador personal de cada uno–; y que haya mayor vigilancia sobre las plataformas de desinformación.

“Al cuestionar el modelo de negocio dominante de la economía actual de Internet, un modelo basado en la recopilación, análisis y uso de nuestros datos personales, este informe busca provocar la reflexión”, dicen las conclusiones de la resolución redactada por el senador socialista José Cepeda tras dos años de trabajo: “¿Deseamos aceptar este modelo como el precio que tenemos que pagar para utilizar los servicios ofrecidos por las compañías de Internet? ¿O podemos llegar a otra solución viable?”

“Lo de Cambridge Analytica sucede porque nadie sabe lo que se hace con los datos y con productos a venta de ideas. Las democracias están en peligro porque el populismo usa esto como un instrumento, las desinformaciones que generan sentimientos y visceralidad y se segmenta en torno a eso. La visceralidad por encima de la razón es un riesgo”.

“En la medida en que las plataformas de medios sociales se han convertido en importantes distribuidores de noticias y otros contenidos periodísticos”, dice el texto, “dicha distribución no puede ser impulsada exclusivamente por el objetivo del beneficio. Las compañías de medios sociales deben respaldar ciertas responsabilidades de interés público con respecto al rol editorial que algunas plataformas ya están desempeñando, pero no de la manera más transparente, y la explotación masiva de datos personales”.

Así, se afirma que “la cuestión del uso de datos personales no es solo una cuestión de proteger nuestro derecho a la privacidad; también se trata de poder controlarnos de forma subrepticia y sesgar el funcionamiento de la democracia, por lo que no tiene sentido”.

Cepeda reconoce que no intenta ofrecer “una solución milagrosa o una respuesta definitiva”, sino “reflexionar sobre cómo, juntos, podemos volver a poner al individuo en el centro del debate sobre el papel y las responsabilidades de las redes sociales”.

“Es la primera vez que un senador español lleva un trabajo así en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, explica Cepeda, “ha una gran preocupación con las noticias falsas y su incidencia en las democracias. Hay que reactivar a los Gobiernos y las empresas”.

Cepeda explica que exigen “que se pongan leyes para que los individuos sean dueños de sus propios datos, y reprogramar la navegación para que los datos queden en el ordenador. Y si los cedes, que sea todo absolutamente transparente”.

La resolución recomienda a los Estados que cumplan con las obligaciones internacionales, con el convenio europeo de derechos humanos. “Hace dos años me encargan este informe”, dice Cepeda, “por la relación entre los límites de las redes sociales y los derechos humanos, por los sistemas de filtrado de datos y sus consecuencias políticas de radicalización. Se retroalimentan perfiles generando minúsculos elementos radicalizados que amplifican discursos de odio”.

“Hay que legislar para garantizar los derechos humanos en torno a la libertad de expresión”, sostiene Cepeda, “y está la libertad de información: que las informaciones sean veraces y objetivas, como hemos trabajado con Reporteros Sin Fronteras, AFP y la BBC. Si la información es real y objetiva, es el gran pilar para que las democracias sean un instrumento válido, por lo que incentivamos el factchecking”.

Mark Zuckerberg ha reconocido que Facebook, la red social que fundó y dirige, no está en disposición de asegurar que su plataforma no volverá a ser usada para manipular unas elecciones. En una entrevista concedida a la cadena de televisión pública irlandesa esta semana, Zuckerberg ha admitido que las herramientas destinadas a segurar la transparencia de las actividades políticas en Facebook son “defensas”, pero no corregirán el problema.

“Hemos hecho muchos progresos construyendo defensas que protejan la integridad de las elecciones... pero... no. No creo que nadie pueda garantizar... en un mundo en el que otras naciones están tratando de interferir en los procesos elecciones, no hay una sola cosa que podamos hacer que nos permita decir: ok, hemos arreglado esto”, expresó el responsable de la mayor red social del mundo.

A pesar de que la pregunta del periodista se refería tan solo a “la integridad de las elecciones” y la efectividad que espera de las nuevas herramientas, Zuckerberg centró su respuesta en la posibilidad de una injerencia extranjera en los próximos comicios europeos que se celebrarán entre el 24 y el 26 de mayo. Lo hace en un contexto en el que se acumulan las pruebas de que buena parte de la actividad de manipulación en su plataforma se realizó desde empresas occidentales: esta semana el medio británico The Guardian ha destapado en exclusiva que una compañía de lobby próxima al exministro Boris Johnson invirtió un millón de libras (1,17 millones de euros) en anuncios en Facebook para impulsar un Brexit duro; mientras que a finales de marzo, el fiscal estadounidense Robert Muller cerró la investigación sobre la vinculación de la campaña de Donald Trump con Rusia al no hallar pruebas concluyentes.

En cambio, en estos dos años se han documentado ampliamente las maniobras de intoxicación de Cambridge Analytica, una empresa británica que aprovechó los agujeros de privacidad de Facebook para intoxicar el debate político de ambos procesos electorales. Brechas como la que se ha hecho pública este jueves, cuando se ha conocido que más de 540 millones de registros con datos personales de sus usuarios, entre los que se incluyen fotografías, música, eventos, reservas de hotel e información de otros amigos, estaban expuestos sin cifrar y sin contraseña en la nube de Amazon.

Sirviéndose de agujeros como este y del perfilado ideológico que la red social de Zuckerberg hace de sus usuarios, Cambridge Analytica preparó una campaña masiva de mensajes ultrasegmentados y noticias falsas destinados a atacar sus miedos y sus puntos débiles, incitando a votar a Trump como elemento de seguridad o intentando desincentivar el voto a Hillary Clinton.

“Hemos mejorado mucho desde las elecciones de 2016 en EEUU”, defiende Zuckerberg: “Lo que puedo decir es que, ante las próximas elecciones europeas, hemos traído la batería completa de medidas, todas las estrategias y herramientas que han funcionado muy bien en muchas elecciones importantes”, continuó en su entrevista ante la cadena irlandesa, donde Facebook ha instalado un gran centro de datos.

“Vamos a verificar las identidades de todos los que quieran poner anuncios políticos o gestionar las páginas más grandes. Van a tener que darnos una identificación válida del gobierno antes de que puedan hacerlo. Vamos a tener un archivo público de todos los anuncios políticos, sea quien sea el que lo publica, para que cualquiera pueda ver a quién iban dirigidos, cuánto pagaron por ello, y el resto de anuncios que ese anunciante tiene activos”, resumió.

Las nuevas herramientas, presentadas por la compañía la pasada semana, mejorarán la transparencia de los anuncios políticos. No obstante, Facebook no ha implementado ningún cambio que impida que los partidos políticos y las agencias a su servicio, como Cambridge Analytica, diseñen complejas campañas basadas en el perfilado ideológico de los ciudadanos en función de parámetros asignados en su actividad en la plataforma.

España se someterá a sus terceras elecciones generales en tres años el próximo 28 de abril. Pero los comicios convocados por Pedro Sánchez no serán como los anteriores. El pasado noviembre los partidos acordaron cambiar las reglas de juego: se autorizaron a rastrear Internet en busca de información ideológica de los ciudadanos para enviarles mensajes electorales personalizados a través de WhatsApp o las redes sociales sin consentimiento previo. La legislación europea prohíbe esta práctica a cualquier empresa u organización, pero los partidos políticos españoles idearon una excepción que les cubriera solo a ellos basada en un supuesto “interés público”. Un grupo de juristas expertos en protección de datos pretende impedir que esas prácticas sean legales el 28A.

Según ha podido saber eldiario.es, abogados especializados en Internet y organizaciones de defensa de los derechos digitales preparan una reclamación ante el Defensor del Pueblo para que este presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Entienden que la legalización del perfilado político de los ciudadanos y la creación de bases de datos con información ideológica viola la Carta Magna, por lo que intentarán que este órgano interceda ante el Tribunal Constitucional para lograr su anulación.

Solo el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas o un grupo de 50 diputados o 50 senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. El filtro para el resto de la sociedad es el Defensor del Pueblo, la otra institución que puede hacerlo, que puede hacer suyas las reclamaciones que reciba y defenderlas ante el Constitucional.

“Estamos trabajando con abogados especialistas en protección de datos y con expertos constitucionalistas, porque es un tema complejo”, revela Borja Adsuara, el jurista que promueve la iniciativa. Según ha podido saber este medio, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de Internautas ya han dado el sí, mientras que otras organizaciones representativas de la abogacía española están valorando sumarse a la iniciativa. “No queremos que esto parezca una pataleta, sino demostrar que los especialistas estamos indignados con este tema”, explica.

Muchos de estos especialistas fueron los que alertaron en un primer momento sobre el riesgo que entraña la medida, camuflada como disposición final tercera de la Ley de Protección de Datos, que a su vez modifica la Ley de Régimen Electoral General. Lo denunciaron como “la legalización del Cambridge Analytica español”.

Si finalmente el Defensor del Pueblo tramita su recurso, la institución no se encontrará en el Tribunal con Unidos Podemos. Tras haberla apoyado durante todo su recorrido parlamentario, el grupo rechazó ratificar la ley en la votación definitiva del Senado y anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra ella si llegaba a aprobarse. El voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos provocó que así fuera. No obstante, el partido no presentará finalmente recurso alguno, informa Aitor Riveiro, y optará por derribarla a través de trámite parlamentario en la siguiente legislatura.

Plazo hasta el 6 de marzo

A la espera de que la reclamación de los abogados expertos en protección de datos se consolide, el Defensor del Pueblo ya ha recibido otra reclamación contra la misma ley, como adelantó El Confidencial y ha podido confirmar eldiario.es. La presentó la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE). “Nos veíamos obligados a dar este paso —explica a este medio un portavoz de la asociación— pero nos preocupa la lentitud de la justicia, que puede provocar que empiecen a generarse esas bases de datos ideológicos y una serie de protocolos y actividades para recogerlos. Si esto no se para ya, en tres años va a ser muy difícil de desmontar”, advierten.

La cuenta atrás para impedir que los partidos puedan elaborar perfiles políticos de los ciudadanos y mandarles mensajes en función de sus intereses (o sus miedos) durante la campaña para las elecciones del 28 de abril comenzó el 6 de diciembre. El día de la Constitución se publicó en el BOE la Ley de Protección de Datos y comenzó la cuenta de tres meses para presentar recursos de inconstitucionalidad.

El Defensor del Pueblo aguardará al 6 de marzo, la fecha límite, para decidir si presenta el recurso. Su estrategia habitual es agotar los plazos a la espera de que puedan llegar más recursos contra la ley. “Nunca tomamos la decisión antes porque podría llegarnos otra solicitud, que podría hacernos ver argumentos por otro lado”, exponen fuentes de la institución.

“Máximas garantías”

El grupo que redactó la medida que ha dado pie a la polémica fue el PSOE. En una entrevista con este medio, el diputado socialista Artemi Rallo defendió que esta se incluyó con objetivo de “dotar de las máximas garantías” a una práctica que, probablemente, los partidos y las agencias de marketing político a su servicio ya están realizando. En cualquier caso, Rallo recalcó que “la ley no permite crear bases de datos basadas en ideología de los ciudadanos ni el spam político masivo”.

“Eso de autorizar con garantías... una vez que lo autorizas, ¿quién se cree que los partidos no lo van a explotar?”, inquiere Borja Adsuara. “Lo que hay que hacer no es autorizarlo, sino perseguirlo y multar al que lo haga. Esa es la mejor garantía”, recalca.

Cuando los padres de internet idearon esta herramienta que ha cambiado por completos nuestras vidas, no podían siquiera imaginar que acabaría pasando lo que recientemente ha sucedido. Que gran parte de los beneficios sociales que podría reportar se esfumarían, y en su lugar todo acabaría derivando en un negocio con los datos de los usuarios. Aunque no es el primer episodio, los últimos escándalos de Facebook han puesto a la luz los aspectos más turbios que encierra tras de sí toda la Red. Al final, por unos motivos u otros, todo ha quedado en manos de un puñado de compañías valoradas en miles de millones de dólares, que hacen caja gracias a la información que reúnen de los usuarios que cada día visitan sus plataformas. Pero, pese a todo, aún hay esperanza.

Son muchos los proyectos que tratan de dar la vuelta a la situación y convertir internet en un lugar en el que también haya espacio para la privacidad, donde los datos de los usuarios no queden tan expuestos y donde exista una mayor transparencia por parte de los gigantes tecnológicos que obtienen millonarios beneficios a costa de los internautas. Y lo más llamativo es que existen iniciativas que parte de aquellos mismos que en su día también se lucraron utilizando las mismas artimañas que ahora critican. Este es el caso de David Magerman, un multimillonario que amasó una gran fortuna en Renaissance Technologies, un fondo de inversión de alto riesgo que utilizaba algoritmos para influir en los mercados financieros.

Allí trabajó a las órdenes del ingeniero informático Robert Mercer, director ejecutivo por entonces de esta compañía y que más tarde se convertiría en uno de los principales donantes a la campaña de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2016. Además, también fue el creador de la firma Cambridge Analytica, que gracias a los datos recopilados a través de internet habría ayudado primero a la campaña del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP) para el triunfo del Brexit, y después a Trump para llegar a la Casa Blanca.

De un bando a otro

Antes de que todos los trapos sucios de esta última compañía de Mercer salieran a la luz, David Magerman ya se había percatado de todo lo pernicioso que se escondía detrás de plataformas aparentemente inofensivas como Facebook o Twitter. Pero no fue hasta el momento en que su jefe en Renaissance Technologies comenzó a estrechar vínculos con Trump, cuando abrió los ojos y decidió comenzar a actuar. No tuvo reparo en expresar públicamente su preocupación por lo que estaba ocurriendo, lo que le llevó a ser despedido de la compañía en la que había trabajado durante 20 años.

Magerman llevó a Mercer a juicio tras su despido, acusándolo de despido injustificado, y fue entonces cuando hizo públicas sus propuestas en contra de Donald Trump. No obstante, cuando más repercusión mediática consiguió fue al alzarse portavoz y mecenas de un movimiento crítico contra Facebook. Este informático se convirtió en el principal patrocinador de la iniciativa Freedom from Facebook (FFF). Aunque en principio se trataba de una donación anónima de 400.000 dólares (más de 351.000 euros), más tarde Magerman apareció públicamente para reconocer que había sido él quien había puesto su dinero.

El propósito de esta iniciativa no es otro que instar a la Comisión Federal de Comercio del gobierno de Estados Unidos a que exija una mayor privacidad y transparencia a la compañía de Mark Zuckerberg, y evitar que esta empresa pueda alterar las reglas de la democracia. Aunque su objetivo es ir un paso más allá. Al margen de Facebook, su intención es cambiar internet tal y como lo conocemos. Para lograrlo y construir una Red más responsable socialmente, quiere ayudar a que los usuarios entiendan el valor que podía llegar a tener la información personal que entregaban a las grandes compañías tecnológicas, que luego acababan modelando sus ideas.

Una nueva internet... ¿es posible?

Para alcanzar su objetivo, David Magerman se ha sumado a Differential Ventures, un fondo de capital riesgo que está comenzando su andadura. En esta firma, este millonario concienciado con el valor social de internet, trabajará mano a mano con Nick Adams y Alex Katz, dos ‘business angels’ con experiencia en la creación de ‘startups’ en el sector del ‘big data’. De esta forma, Magerman pretende torpedear las intenciones de redes sociales como Facebook, para que los usuarios dejen de ser sus trabajadores no pagados, como él suele llamarlos.

Gracias a los esfuerzos que realice desde este nuevo puesto de trabajo, apoyando tanto en el apartado económico como a través de su experiencia a las compañías en las que decidan invertir, lo que pretende David Magerman es crear una nueva “capa” en internet. Gracias a un mayor cifrado, apuesta por renovar los conceptos de privacidad y transparencia, para proteger de forma eficaz los datos de los internautas, haciendo de la Red un lugar más seguro en el que los usuarios tengan el poder y no las grandes compañías tecnológicas. Pero, obviamente, no lo va a tener nada fácil.

En un entorno donde las compañías buscan ser rentables y generar beneficios para sus inversores, aún no está del todo claro cómo pueden lograrlo al tiempo que crean esa nueva internet más responsable. “No ven cómo monetizarlo y creo que eso es verdad”, explica sin tapujos Magerman. Es por ello que, para él, son los gobiernos los primeros que deben de actuar para tratar de revertir la situación. Este millonario considera que una compañía como Facebook debería tener una valoración de 10.000 millones de dólares (más de 8.700 millones de euros), en lugar de los 500.000 millones (438.000 millones de euros) en los que está valorada actualmente. Y para ello, la acción del Gobierno de Estados Unidos se torna fundamental.

Porque en un mercado donde la gran mayoría de las firmas han dejado de lado su responsabilidad social, quien se posicione en el bando contrario será considerado un parásito, no solo por la propio industria sino también por los inversores que deben de financiar su desarrollo. Es por ello que, pese a que las intenciones de David Magerman son buenas, tendrá que trabajar muy duro para convencer a todos los implicados de la necesidad de construir una internet más ética.

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Las imágenes de este artículo son propiedad de Linkedin y Book Catalog.

¿Son las redes sociales corporativas espacios adecuados para hacer política? Este 2018 se ha empeñado en ponerlo en duda. Desde el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica se han sucedido las investigaciones que han mostrado su vulnerabilidad a las campañas de marketing político que buscan generar apoyos, conflictos o polémicas creados artificialmente. Cualquiera con un poco de dinero puede contratar una agencia que pondrá a su servicio influencers, cuentas falsas, enjambres de bots o una combinación de ellas para trucar a su favor el debate digital. Pero la política también es un gran mercado para las plataformas y ha sido precisamente Facebook la que ha demostrado que su voluntad es seguir explotándolo.

La red social de Mark Zuckerberg implantó este lunes en Estados Unidos una nueva funcionalidad que permitirá a sus usuarios impulsar reclamaciones políticas desde la plataforma. Se llama Community Actions (Acciones Comunitarias) y tras varios meses de prueba en algunos estados, ha dado el paso de instaurarla todo el país. Consultada por eldiario.es, una portavoz de Facebook no ha podido adelantar si la empresa planea extender Community Action a España u otros lugares del mundo.

“Construir comunidades informadas y comprometidas cívicamente es el núcleo de la misión de Facebook. Todos los días, las personas se reúnen en Facebook para abogar por las causas que les interesan, incluso contactando a sus funcionarios electos, lanzando una recaudación de fondos o formando un grupo. A través de estas y otras herramientas, hemos visto personas que buscan apoyo para obtener resultados en temas que les interesan. Community Actions es otra forma en que las personas pueden abogar por cambios en sus comunidades y asociarse con funcionarios electos y agencias gubernamentales para encontrar soluciones”, relatan las mismas fuentes.

Ahora los usuarios de Facebook podrán pedir a sus representantes en las instituciones que construyan un nuevo polideportivo o arreglen los baches de una calle. Es decir, la nueva funcionalidad no se parecería tanto a Change.org, donde se puede recoger firmas para prácticamente cualquier cosa, como a Decide Madrid, la herramienta del Ayuntamiento de Madrid con la que los ciudadanos deciden en qué invertir los 100 millones de euros que la ciudad destina cada año a sus presupuestos colaborativos.

Algunas de las peticiones en marcha en los estados donde se ha testado son mejorar la seguridad vial cerca de una escuela de Filadelfia, o una moratoria para las nuevas perforaciones en busca de petróleo o gas cerca de zonas urbanas en Colorado hasta la elaboración de un reglamento que incluya medidas de seguridad para estas prospecciones.

Su funcionamiento es sencillo: un usuario redacta una petición, cita a los políticos o instituciones responsables del asunto, añade fotos o contenido adicional y la publica. Esta pasará a tener página propia en Facebook, con un botón de “Apoyar” que podrá pulsar cualquier otro usuario. Una vez que lo haga, podrá debatir en los comentarios los detalles de la propuesta. Aquí surge una de las primeras dudas sobre la utilidad de Community Actions, puesto que para escribir en el muro, “apoyar” la petición es condición sine qua non. Si no se está de acuerdo con una solicitud, Facebook aconseja que se lance otra opuesta. Si los usuarios optan por suscribir de forma ficticia la original y criticarla en los comentarios, los datos de apoyo reales que refleje la plataforma distarán de ser reales. 

El objetivo de Facebook es que la herramienta se destine a lo local, a la comunidad. No se podrá citar, por ejemplo, a Donald Trump como responsable de escuchar la petición. La pregunta es: ¿cómo evaluará Facebook si la propuesta esconde un ataque a las minorías o ha sido impulsada artificialmente? eldiario.es ha elevado también esta cuestión a los portavoces de Facebook, pero no han ofrecido una respuesta concreta.

El perfilado político, la auténtica gallina de los huevos de oro

Community Actions no es la primera herramienta de uso exclusivamente político que pone en marcha Facebook. En EEUU tiene activas otras dos: la funcionalidad Town Hall (Ayuntamiento) que ayuda a los usuarios a encontrar a todos los candidatos con página en Facebook por los que pueden votar en las diferentes elecciones (locales, estatales o nacionales); y otra que permite a estos grabar vídeos directamente a cámara presentándose a sí mismos y a sus políticas.

Como todas las herramientas de Facebook, el usuario no tiene que pagar dinero por usarlas. Las financia con sus datos personales. Gracias a la motivación política que alimenta las interacciones con estas herramientas, Facebook puede perfilar la ideología de sus usuarios en base a su rastro de apoyos o calculando de forma automática en qué tipo de peticiones o candidatos ha mostrado más interés.

Facebook no revela quién invierte más dinero en su plataforma para hacer propaganda personalizada. Sin embargo, en los últimos tiempos los estudios académicos han arrojado luz sobre la razón por la que Facebook está cada vez más interesada en los contenidos que le permiten perfilar políticamente a sus usuarios. Por un lado, una investigación de la Universidad de Oxford expuso que los candidatos políticos y sus partidos son los principales clientes de las agencias de marketing que se dedican a manipular el debate en redes sociales. Por otro, un estudio de la Universidad Carlos III demostró que Facebook sobreperfila a sus usuarios debido a que, en realidad, no tiene datos personales suficientes como para satisfacer la demanda de anuncios personalizados: según los datos recolectados por los investigadores españoles a lo largo de dos años, solo el 22% de los anuncios que ven los usuarios están realmente relacionados con sus intereses.

El mercado del perfilado político está en auge entre plataformas digitales y candidatos. En España ha sido recientemente legalizado. En noviembre el Parlamento aprobó una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que permite a los partidos elaborar bases de datos basadas en información ideológica y enviar propaganda personalizada a través de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales sin el consentimiento previo del usuario.

Mark Zuckerberg ha dejado claro cuáles son los propósitos de Facebook para el próximo año: subsanar tres afecciones concretas de la red social que han demostrado tener consecuencias severas fuera del espacio digital. Son las inferencias en los procesos electorales, la propagación del discurso de odio y el control individual de la información. Escándalos como el de Cambridge Analytica han marcado un antes y un después en la historia de la plataforma y aun así Zuckerberg ha asegurado que se siente “orgulloso” de los avances que han conseguido.

“Somos una compañía muy distinta a la que eramos en 2016, e incluso hace un año”, ha escrito el fundador de Facebook en su perfil personal de la página. “Hemos alterado de manera sustancial nuestro ADN para centrarnos en prevenir daños en nuestros servicios”: asegura que hay más de 30.000 personas trabajando por mejorar la seguridad de los usuarios al usar la plataforma con un presupuesto de billones de dólares anuales. Eso no ha evitado que Zuckerberg haya tenido que responder ante el Parlamento británico y el Congreso de EEUU para dar cuenta de sus grietas.

Las nuevas herramientas y la dedicación de un mayor número de personas para solucionar estos problemas no asegura que se ponga freno a “cada actor perjudicial implicado y cada contenido inadecuado será eliminado”, dice en la publicación. Los problemas concretos que enumera Zuckerberg son de compleja solución y admite que “suponen un reto que no se soluciona solo en un año”. Es más, asegura que el problema con las inferencias electorales y el discurso de odio “nunca se podrán resolver del todo”.

A pesar de la multa elevada multa de Reino Unido (y la que podría estar en camino por parte de EEUU), Zuckerberg considera que ha cerrado el año con buenas perspectivas. “Estoy orgulloso del progreso que hemos hecho en 2018 y agradecido con las personas que han ayudado a hacerlo (...) Estoy centrado en continuar con estos avances en estos temas tan importantes al entrar en el nuevo año”. Su hoja de ruta está fijada.

Contra la influencia en las elecciones

Facebook fue consciente en todo momento que Cambridge Analytica había accedido de forma ilícita a la información de sus usuarios, que supuestamente se pudo llegar a utilizar para influir en procesos electorales como el Brexit o las presidenciales estadounidenses. A raíz de la investigación generada, la compañía quiso poner especial foco en la detección de cuentas falsas y campañas coordinadas para alterar estos procesos.

Zuckerberg lo mantiene como uno de los propósitos más importantes de cara al año que viene, mientras asegura que “millones” de cuentas falsas son retiradas de la circulación de la red. Para ello han conformado una nueva comisión investigadora que se dedica a estudiar las amenazas al sistema. La plataforma ha sido hackeada en numerosas ocasiones solo en 2018, dejando al descubierto información y fotografías de millones de usuarios.

Combatir la desinformación

Las fake news son la enemiga acérrima de la reputación de la red social. En parte, la inteligencia artificial las crea, y es con ella con las que Zuckerberg quiere eliminarlas. En su post, habla de sistemas que “identifican y retiran de manera automática contenido relacionado con terrorismo y discurso de odio” antes de que se vean y se viralicen.

Con News Feed, la plataforma de noticias que maneja, quiere contrarrestar la diseminación de noticias falsas, así como las publicaciones con tendencias sensacionalistas. “Hemos comenzado a elaborar informes de transparencia que avalan nuestra efectividad para eliminar contenido dañino”, ha escrito el directivo. Este año, acordaron una iniciativa junto al Gobierno de Francia para “combatir el discurso del odio en Internet”. No se pondrá en marcha hasta el primer semestre de 2019, a la par que varias medidas que la compañía había anunciado para 2018.

Proteger la información de los usuarios

Entre ellas, Clear History. En plena crisis tras la explosión del caso Cambridge Analytica, Facebook prometió a los usuarios una herramienta que les devolviese en cierto modo el control sobre cuánta información personal podía ser rastreada en internet y les permitiese eliminarla del sistema. De eso hace ya siete meses.

También pidieron a la gente que “revisara sus ajustes de privacidad”. “Para asegurarnos de que las personas tengan el control de su información, hemos cambiado la programación de la plataforma para reducir la cantidad de datos a los que puedan acceder las aplicaciones”, ha escrito Zuckerberg. Según ha dicho, estos cambios están dirigidos ha evitar un nuevo escándalo como el de Analytica. Lo cierto es que, si bien Facebook puede ofrecer una manera de controlar parcialmente la privacidad, no debe confundirse con una eliminación del historial de datos de sus propios servidores.

“Seguiremos brindando a las aplicaciones y a las páginas web datos analíticos globales; por ejemplo, podemos crear informes a partir de esta información para hablarles a los desarrolladores si sus aplicaciones son más populares entre hombres y mujeres de grupos de edades concretos”, ejemplificó el vicepresidente de Facebook, Erin Egan, en una conferencia este mismo año. Los datos de 2.000 millones de usuarios son demasiado preciados como para perder un mínimo de acceso a ellos.

La prensa internacional, que durante mucho tiempo mantuvo un clima de cordialidad y simbiosis con Facebook, ha perdido la paciencia. Algunas de las cabeceras más importantes del mundo y parte de las publicaciones expertas en tecnología acumulan en los últimos días artículos, portadas y enfoques que elevan el tono crítico hacia la empresa de Mark Zuckeberg.

La crítica ha venido después de una aluvión de revelaciones que ahondan en la crisis de la empresa de Zuckerberg. Facebook compartió sus datos con decenas de compañías a las que otorgaba “un acceso especial a la información de los usuarios”. También el New York Times publicó el pasado martes una investigación que sacó a la luz las prácticas de la red social con Microsoft, Amazon, Spotify o Netflix, a las que permitía husmear entre los datos de los usuarios para que así estas ofrecieran anuncios personalizados.

Con este panorama, The New York Times publicaba este jueves un artículo titulado How to delete Facebook (Cómo borrar Facebook) en el que explica, en seis sencillos pasos, cómo terminar toda relación con Facebook e Instagram, otra red de su propiedad.

La cabecera estadounidense no ha sido la única que se mostrado su crítica. Este semana, The Guardian también publica varios artículos al hilo de los últimos acontecimientos. Imitando el formato que cada año Facebook proporciona a sus usuarios con su actividad má destacada, the Guardian ha hecho un peculiar y sarcástico repaso del año de escándalos de Facebook: destacan a un nuevo amigo (Christopher Wylie, el filtrador que destapó Cambridge Analytica), dan como fecha señalada el día 10 de abril (cuando Zuckerberg testificó ante el Congreso de los EEUU) e incorporan el comentario que hizo una consultora británica sobre la red social: “Facebook se ha convertido en un medio para todos aquellos que buscan extender el odio y hacer daño”. También le recuerdan los dos millones de europeos que este año han borrado sus perfiles.

the Guardian acompaña el vídeo con otra información que detalla cómo el estado de Washington (EEUU) ha demandado a la multinacional por el caso Cambridge Analytica y el uso que hizo la consultora de los datos de los usuarios.

También este viernes, el titular de un artículo de opinión firmado por Arwa Madawi era bastante directo: “¿Es 2019 el año en que finalmente deberíamos cerrar Facebook?”.

Por último, algunos gigantes de la prensa tecnológica internacional también han visto la oportunidad para lanzarse al cuello de Zuckerberg. Wired publica un duro artículo titulado Why should anyone believe Facebook anymore? (¿Por qué debería alguien seguir creyendo en Facebook?) que recopila los últimos escándalos de la multinacional, incluidos los ya mencionados y sus lágrimas de cocodrilo a la hora de pedir disculpas, que aseguran, debería llamarse “apolozuck” (un juego de palabras entre la palabra inglesa apologies y el apellido del fundador de la compañía).

En TheRegister, caracterizado siempre por sus titulares explosivos y con cierto toque cómico, titulan “Mark Zuckerberg hizo todo lo posible para evitar que Facebook se convirtiera en el próximo MySpace, pero olvidó un detalle crucial...” y en el primer subtítulo: “Nadie quiere a un capullo mentiroso”. Motherboard también dispara a matar con un artículo que defiende que todo aquello que nos ofrece la red social ya podemos hacerlo a través de los blogs y del email. Recuerdan al movimiento #deleteFacebook enlazando con otra información sobre el tema, citando el artículo del New York Times.

El Senado ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. La cámara alta no ha introducido ningún cambio al texto propuesto por el Congreso, por lo que el trámite legislativo de la norma finaliza con esta votación y entrará en vigor en los próximos días. 17 senadores de Unidos Podemos han votado en contra junto con dos senadores de Compromís, uno de Nueva Canarias y uno de Bildu.

La medida fue propuesta por el PSOE en el Congreso y ha sido apoyada por el PP en el Senado, donde ha hecho valer su mayoría absoluta. Se trata de un texto que expertos y juristas coinciden en denominar como la legalización del “Cambridge Analytica español”. Esto es debido a que la ley permitirá a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo.

El texto llegó del Congreso con el apoyo unánime de todos los partidos. Sin embargo, una publicación en este medio que recogía las dudas de abogados especializados y organizaciones de defensa de los derechos digitales levantó las dudas de Unidos Podemos y Ciudadanos. Ambos partidos maniobraron para evitar la legalización del perfilado ideológico del votante y el envío de spam sin su consentimiento, una práctica que el resto de empresas y organizaciones tienen prohibida.

Los recelos de última hora de Unidos Podemos y Ciudadanos han chocado contra la negativa del PP a aprobar ninguna enmienda, lo cual ha bloqueado cualquier posibilidad de que el texto vuelva a ser debatido en el Congreso. Sin embargo, Ciudadanos ha terminado votando a favor junto al resto de grupos parlamentarios, excepto Unidos Podemos, Compromís, Bildu y Nueva Canarias.

Consenso general: “es una buena ley”

Durante el debate previo a la votación, la mayoría de grupos parlamentarios se han mostrado a favor de la nueva Ley de Protección Datos. Antonio Julián Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, decía que “si hoy aprobamos esta normativa tendremos una buena ley que se complementará con la norma europea”. Como María Rosa Vindel, la senadora del Partido Popular, que aseguró que se trataba de “una buena ley”.

Otra idea bastante repetida durante la sesión ha sido la de que “esta reforma llega tarde”, en palabras del senador del Grupo Nacionalista Joan Bagué. El senador del Grupo Parlamentario Vasco, José María Cazalis, decía que “se ha tardado demasiado en sustanciar esta ley”. Jordi Navarrete, de Compromís, sentado en el Grupo Mixto, se deshacía en elogios hacia la nueva norma, aunque luego ha votado en contra: “Es evidente que es un buen, un gran paso y por eso salió con unanimidad del Congreso. Votaremos a favor, pero será un sí vigilante”.

Tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular han amparado y defendido el nuevo reglamento de Protección de Datos. Begoña Nasarre (GPS) dijo que la ley “asentará una capa más en el tratamiento de datos, que son el maná de este siglo”. También mandó un recado a Ignacio Cosidó por sus mensajes de WhatsApp a sus compañeros de partido: “La protección de datos empieza por uno mismo: el WhatsApp lo carga el diablo. Lo sabe bien el señor Cosidó”, dijo al tiempo que defendía la nueva norma: “Esta ley volver a poner a nuestro país en liderazgo de protección de datos en Europa”.

Unidos Podemos, Compromís y Nueva Canarias, en contra

“Qué lástima, qué lástima, con lo bien que íbamos con esta ley...”, decía irónicamente la senadora del Grupo Popular, María Aparicio. Se dirigía directamente a Unidos Podemos, que poco antes había anunciado que votaría en contra del nuevo reglamento. “¿Tienen miedo al titular que vaya a salir mañana respecto a este tema?”, preguntaba.

Unidos Podemos, en palabras de Celia Cánovas, aseguraba que “esta ley nos parece bien en general si no hubiese sido por el artículo en cuestión que modifica la LOREG [Ley Orgánica de Régimen Electoral General”. Se refería al artículo 58 bis que permitirá a los partidos políticos elaborar bases de datos en función de la ideología de los ciudadanos. “La declaración de intenciones de la ley es una pero la práctica puede ser otra”, explicaba Cánovas.

“Se ha dejado este cabo suelto”, continuaba la senadora de Unidos Podemos. “La aplicación de este texto puede dar vía libre a que los partidos elaboren perfiles políticos de los ciudadanos y ciudadanas”, decía Cánovas. “Resultaría muy peligroso”, advertía, además que la nueva norma “puede abrir una puerta a que las opiniones políticas sean grabadas y almacenadas en un momento en que los grupos de extrema derecha utilizan las denominadas fake news para difundir sus mensajes”.

Junto a Unidos Podemos también han votado en contra de la nueva Ley de Protección de Datos dos senadores de Compromís, uno de Nueva Canarias y uno de Bildu. La norma ha llegado al Senado con 33 enmiendas pero todas se han rechazado.

El Senado aprobará este miércoles la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta permitirá a los partidos políticos elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, Whatsapp, email y mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo.

Este tipo de prácticas está prohibidas para las empresas y comunicaciones comerciales, pero los partidos han incluido una excepción especial en la citada ley para poder llevarla a cabo en periodos de campaña electoral. Expertos y juristas lo han denominado como la legalización del “Cambridge Analytica español”.

Algunas de las prácticas son las que protagonizó Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. Otras, en cambio, suponen para muchos expertos una novedad o incluso ir más allá del escándalo de Trump y Cambridge Analytica:

1. Elaborar perfiles ideológicos de los votantes

Los partidos políticos (pero también las coaliciones y agrupaciones electorales) podrán utilizar herramientas para rastrear la actividad de los ciudadanos en redes sociales y páginas web. De esa información, se les permitirá extraer aquello que les parezca relevante a nivel político y elaborar perfiles ideológicos: cuáles son los problemas que más te interesan, a qué partidos apoyaste en el pasado o qué es lo que te hizo variar el sentido de tu voto en un determinado momento. Si está en las redes, los partidos podrán recopilarlo.

El peligro que supone la creación de esa base de datos es el punto que ha provocado que múltiples juristas y organizaciones de defensa de los derechos digitales carguen contra la ley. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en Internet y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) explica que “los datos que tienes en cualquier red social se pueden monitorizar, se pueden cruzar para crear bases de datos muy completas”. “Es un matiz que no admite ningún tipo de rectificación: los partidos no deberían tener ningún derecho a manejar bases de datos con información ideológica de los ciudadanos”, asevera.

2. Averiguar cómo contactar contigo de forma privada

“El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial”, detalla la nueva ley. Implica que los partidos podrán extraer datos de contacto de su monitoreo de páginas web y redes sociales, como el número de teléfono o email.

Al evitar que la propaganda electoral sea equiparada con una comunicación comercial, los partidos podrán ponerse en contacto contigo por vía privada (vía Whatsapp, SMS o email) usando esos datos. “La ley legaliza el spam sobre cuestiones políticas durante la campaña electoral, sin necesidad de consentimiento previo del ciudadano”, expone Jorge Morell, abogado especializado en protección de datos.

3. Enviar propaganda personalizada

El objetivo de todo esto es dar una vuelta de tuerca a la publicidad electoral. Los partidos quieren enviarte propaganda enfocada en tus centros de interés, no gastar sus balas con información sobre aspectos que no te interesan. Por eso necesitan rastrear las redes: quieren saber si has opinado sobre pensiones o sobre educación pública, si has colgado fotos en una manifestación a favor de la unidad de España o por el derecho a decidir.

También es una vuelta de tuerca al escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Donald Trump utilizó los datos personales obtenidos por esa empresa para poder segmentar sus mensajes al máximo en sus anuncios a través de redes sociales. Enviar propaganda directamente al móvil de los ciudadanos supone ir más allá: de la propaganda segmentada a la propaganda personalizada.

4. Explotar “tus demonios”

La propaganda personalizada puede aprovechar los puntos de interés del usuario de forma positiva, por ejemplo, explicando las propuestas del partido que la realiza en torno a esos puntos. Pero también puede hacerlo de forma negativa, para enfatizar los errores de otros partidos o los miedos del votante.

“Tu perfil como votante no son solo los temas que te interesan, sino cuáles son los que te indignan. Es lo que hemos visto en EEUU, cuando Trump hacía propaganda política fake. Cambridge Analytica sabía que lo más interesante de un usuario eran sus demonios, sus odios. Sea verdad o no sea verdad, te tocan en la fibra sensible”, recuerda Borja Adsuara, letrado experto en derechos digitales y miembro del Jurado de la Publicidad.

5. Oponerte al envío de esta propaganda

El mismo artículo que establece que los partidos políticos podrán elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos y enviarles spam al móvil incluye un punto sobre la posibilidad de evitarlo: “Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.

Todos los partidos han defendido este punto como un avance notable, porque hasta ahora el buzoneo electoral quedaba en un limbo desregularizado y era difícil impedir que los partidos enviaran su clásica propaganda en formato físico. Esto cambia con la nueva ley. No obstante, este derecho tampoco ha quedado fuera de las dudas de los expertos. Carlos Sánchez Almeida se pregunta: “¿Qué garantía vas a tener de que no te metan en otra base de datos al ejercerlo, como opositor a ese partido en concreto?”.