Salvador Illa suma a otro político con pasado en Convergència i Unió para su Govern. David Bonvehí, el que fue coordinador del PDeCAT, ocupará la dirección general de Economía Social y Cooperativas.

Según ha adelantado Catalunya Ràdio, Bonvehí será nombrado para el cargo este miércoles en el Consell Executiu del Govern. Su entrada al Ejecutivo de Illa viene de la mano del que será su conseller, el titular de Empresa y Trabajo, Miquel Sámper, que fue conseller de Interior con Junts entre 2020 y 2021. 

Licenciado en Derecho y abogado de profesión, Bonvehí, de 45 años, ha sido alcalde de su localidad, Fonollosa (Bages), y diputado en el Parlament durante tres legislaturas, las dos primeras con CiU y la última con Junts pel Sí. Tras la refundación de Convergència, en 2016, asumió el liderazgo del PDeCAT, pero a diferencia de muchos no dio el salto luego a Junts y se quedó en esa formación, de perfil más moderado, que acabó disolviéndose en 2023. 

Bonvehí sustituye en el cargo a Juli Silvestre, que fue nombrado para el puesto en verano de 2023.

El PNV comparece a las elecciones europeas del 9 de junio con la coalición CEUS, en la que está Coalición Canaria (CC) y otras formaciones pequeñas de Baleares o Galicia, aunque no ningún partido catalán. El 'procès' rompió los puentes con Junts y en los últimos meses se ha dado un acercamiento, si bien insuficiente para retomar las viejas alianzas que siempre existieron con la extinta CiU. Por el contrario, su gran rival, EH Bildu, sí acude en una candidatura compartida con el BNG pero también con ERC. Este sábado, sin embargo, el principal partido vasco ha querido mostrar que sí tiene aliados también en Catalunya y ha exhibido el apoyo de un centenar de excargos de CiU y de lo que luego fue el PDeCAT como Marta Pascal, Santi Vila o el propio David Bonvehí, que ocupa un puesto simbólico en la lista de CEUS.

En concreto, este sector “pragmático” del catalanismo que se siente “huérfano” ante la nueva deriva de Junts y articulado en torno a la plataforma Treballem per Catalunya ha suscrito un manifiesto pidiendo el voto para CEUS, cuya candidata es Oihane Agirregoitia. Al igual que EH Bildu hará campaña con ERC, están ya cerrados al menos dos mítines del PNV en Barcelona para los días 1 y 6 de junio con presencia de Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, respectivamente. Antes, se irán desvelando todos los nombres de quienes pedirán el voto para CEUS desde ese espectro político, cuya representación actual en Catalunya se limita a una decena de alcaldías y dos centenares de ediles.

Encabezan este movimiento la exsecretaria general del PDeCAT y fundadora de una formación que simbólicamente se llamó PNC (Partido Nacionalista de Catalunya), Marta Pascal, y otro exdirigente del mismo sector, David Bonvehí. En 2017, ambos y el entonces consejero con Carles Puigdemont Santi Vila colaboraron de modo muy activo con la vía abierta por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para mediar entre Madrid y Barcelona para evitar una declaración unilateral de independencia y el consiguiente 155. Se pueden leer aquí más datos sobre ello.

Las fuentes consultadas indican que Treballem per Catalunya es una “plataforma cívica” y no un partido. Añaden que la circunscripción única en España permite que quienes son nacionalistas pero se ven “huérfanos” por Junts, ERC y la CUP voten una candidatura “pragmática”, como definen al PNV. A la contra, al PNV le viene bien intentar sumar unos miles de papeletas adicionales en un contexto en que las encuestas no le garantizan el escaño. En 2019, CEUS apenas arañó 3.500 sufragios en las cuatro provincias catalanas, exactamente las mismas que en Madrid.

Desde este colectivo vinculado en el pasado a la extinta CiU entienden que el PNV defiende la oficialidad del catalán a nivel europeo y el impulso de la política industrial y agraria, que son dos de sus reivindicaciones. También una Unión Europea de los pueblos y no tanto de los Estados. Añaden que es necesario “defender en Europa un proyecto político englobado en la familia liberal-demócrata europea, donde el catalanismo político había perdido su voz en los últimos años”.

El PDeCAT ha decidido poner fin a su actividad política. Así lo ha anunciado el presidente del partido, David Bonvehí, en una carta abierta a la militancia de este sábado, donde explica que ha sido el congreso de la formación quien ha decidido “por una amplia mayoría de poner un punto y final como Partido Demócrata” y en consecuencia “dejar parada y no continuar” la actividad política.

Según Bonvehí, la decisión es fruto de la valoración que el partido ha hecho del actual momento político, de su trayectoria y de los últimos resultados electorales, en que no obtuvieron ningún diputado en el Congreso. El PDeCAT tampoco tiene representación en el Parlamento y únicamente conserva algunos regidores.

El PDeCAT nació en julio de 2016 en el marco de lo que se denominó proceso de refundación de Convergència Democrática de Catalunya, después de la ruptura con Unió Democràtica de Catalunya y de unos años turbios para el partido, salpicado de casos de corrupción. El entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su antecesor, Artur Mas, tomaron parte de este proceso de refundación que culminó el verano de 2016 con un partido primero llamado Partido Demócrata Catalán y después Partido Demócrata Europeo Catalán o ya PDeCAT. El 2020,

Puigdemont y buena parte de lo que acabaría siendo Junts per Catalunya rompió sus vínculos con el partido. En su misiva, Bonvehí reprocha a los “liderazgos políticos institucionales vinculados al partido” que en 2019 no creyeran, dice, “que el Partido Demócrata fuera la herramienta de futuro” y que iniciaran “un distanciamiento evidente impulsando otro proyecto político”: JxCat. Transcurridos estos años y viendo que el PDeCAT no ha obtenido representación en solitario en el Parlamento ni en el Congreso, concluye Bonvehí, “se considera adecuado parar la actividad política”.

El PDeCAT convocará una asamblea extraordinaria en septiembre para estudiar si siguen adelante con la actividad política o echan el cierre tras haber quedado fuera del Parlament en las elecciones de 2021 y del Congreso este julio.

Así lo han explicado fuentes de la formación consultadas por Europa Press, que han explicado que se han tomado este mes de agosto para reflexionar sobre qué deben hacer.

Pese a recalcar que no tienen “ninguna prisa”, concretan que tienen la obligación de analizar cómo reconducen la situación tras los recientes resultados electorales.

“El partido debe leer muy bien las circunstancias y motivos del resultados. Entiendo que son múltiples factores y tenemos que analizarlo de cara al futuro”, añaden otras fuentes, partidarias de que el partido siga adelante pese a los malos resultados.

Además, recuerdan que tienen más de 200 concejales y una base de militantes a los que deben dar explicaciones y constatan que en las dos últimas campañas no han hecho “gasto ni deuda”.

Plan Económico

 “Habrá que ver cómo está económicamente el partido”, recalcan dirigentes de la formación, que explican que después de las elecciones catalanas, en febrero de 2021, se hizo un plan económico para poder pagar al personal y a los proveedores y que se ha ido cumpliendo, aseguran.

Pese a no estar en el Congreso ni en el Parlament, reivindican que tienen alcaldes, concejales, representación en consejos comarcales y en la Diputación de Lleida, algo que consideran que demuestra que el partido tiene su espacio electoral.

También hay quien, más allá de cuestionar que el partido se presentara a las generales y el discurso que se hizo, apuntan que el futuro del PDeCAT puede pasar por lo que ocurra en Junts, donde conviven una ala más pragmática con otra más rupturista.

Ejecutiva

Sin día fijado en el calendario ni orden del día, está por ver si en la asamblea de septiembre se abordarán cambios en la dirección del partido, que preside David Bonvehí con un carácter más representativo e institucional, y que tiene al secretario general adjunto, Marc Solsona, y al secretario de Organización, Genís Boadella, como sus mayores caras visibles.

De hecho, la nueva dirección se eligió hace dos años cuando el PDeCAT llevó a cabo una reorganización después de no haber logrado representación parlamentaria en las elecciones catalanas de 2021.

Generales

El partido, que se presentó como PDeCAT-Espai CiU a las generales con una candidatura encabezada por el independiente Roger Montañola, perdió los cuatro escaños que tenía en el Congreso al no alcanzar el 1% de los votos.

Así, perdieron la representación que recabaron en noviembre de 2019, cuando concurrieron a las elecciones en coalición con Junts y consiguieron, entre ambos, ocho diputados.

Tras separarse de los de Carles Puigdemont, el PDeCAT se quedó con cuatro escaños y la Junta Electoral Central (JEC) le otorgó la integridad de los derechos electorales que compartían con Junts.

Antes del inicio de la campaña electoral, el expresidente de la Generalitat Artur Mas --asociado del PDeCAT-- defendió que el partido no tenía que presentarse a las generales, y el actual líder de TriasxBarcelona, Xavier Trias, dejó la militancia en octubre del año pasado para sumarse a Junts.

Para un partido como el PDeCAT, que se propone recuperar la herencia de Convergència, ver a un candidato tan convergente como Xavier Trias compitiendo con otras siglas no es plato de buen gusto. Pero también puede ser una oportunidad. La llegada a la primera fila del exalcalde ha engrasado, por un lado, las conversaciones entre ambos espacios para llegar a acuerdos municipales, principalmente en el ámbito de Barcelona, mientras a la vez Junts acelera en el intento de atraer a personas referentes del espacio. Una situación que ha reabierto en Junts el debate sobre la relación con PDeCAT. Trias ha sido explícito en su deseo de incorporar el partido a su lista, pero en Junts hay posturas diferentes sobre la cuestión.

Quien con más contundencia se ha opuesto a una alianza con el PDeCAT que vaya más allá de los límites de la capital es la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. “El PDeCAT es un partido que no existe, hace tiempo que desapareció. Lo que quedan son personas que formaban parte de este partido”, aseguró la semana pasada en una entrevista en Europa Press. La jefa de filas en Madrid dejaba claro de esta forma que en su opinión el partido debía perseverar en el intento de fichajes, y no en las conversaciones para llegar a acuerdos en forma de coalición. Pero en la formación de la antigua Convergència el interés es el opuesto.

La carta en la manga del PDeCAT, tanto en la capital como en otras ciudades, es que aún mantiene intactos los derechos electorales del año 2019, cuando ambas corrientes se presentaron juntas. Unos derechos que por sí mismos podrían no ser suficientes, como ya se demostró en las elecciones catalanas de 2021, cuando el PDeCAT no entró al Parlament, pero que sí pueden ser muy valiosos para Junts. El partido de Laura Borràs también tiene derechos, los que le confiere haber sido reconocida como “formación significativa”, pero estos son menores a los que atesora el PDeCAT.

Valiéndose de estas prerrogativas, la formación capitaneada por David Bonvehí tiene cerrado un acuerdo con Ara Catalunya, una marca municipalista con la que aseguran que piensan registrar cerca de 300 listas propias, lo que supondría presentarse en un tercio de los ayuntamientos catalanes.

Larga guerra entre exconvergentes

Los choques entre Junts y el PDeCAT han sido constantes desde agosto de 2020, cuando Carles Puigdemont oficializó el cisma entre las dos corrientes postconvergentes y Quim Torra expulsó del Govern a la consellera del partido, Àngels Chacón. En los últimos meses, además, el partido que ahora dirige Jordi Turull ha estado muy interesado en fichar a tantos alcaldes aún fieles al PDeCAT como fuera posible. En Reus, la ciudad más fuerte controlada por los moderados, el alcalde Carles Pellicer anunció su intención de no volver a presentarse y ceder el testimonio a Teresa Pallarès, que competirá ya como candidata de Junts.

Algo similar ha ocurrido en Figueres o Calella, donde Junts ha conseguido atraer a los antiguos candidatos del PDeCAT. Pero la conquista más importante de Junts en este terreno podría ocurrir en Igualada, donde el alcalde Marc Castells puede revalidar la vara de primer edil y hacerlo esta vez bajo la marca de Junts después de representar durante casi una década al nacionalismo moderado. Las elecciones de mayo pueden ser, por tanto, una estocada importante para el poder territorial del PDeCAT.

Esta situación para los de Bonvehí llega después del fracaso de la opción Centrem, una coalición amplia por la que la secretaria general demócrata Àngels Chacón apostó personalmente pero que, tras un inicio accidentado, acabó embarrancando por las luchas entre sectores. Chacón dejó la política el pasado agosto y, desde entonces, el PDeCAT no ha parado de sufrir el picoteo inclemente de Junts, que ha tratado de fichar a decenas de sus cargos locales.

Posibles pactos en ciudades metropolitanas

Las 'opas' de Junts han tenido lugar principalmente en aquellos municipios donde el partido de Bonvehí tiene presencia estable y capacidad para mantenerla pero, ¿qué ocurre en aquellos lugares donde el PDeCAT no tiene capacidad para presentarse por sí mismo? Esto pasa, por ejemplo, en algunas ciudades metropolitanas. Y es aquí donde la llegada de Trias como candidato de Junts en Barcelona puede permitir un acercamiento, bien como pacto formal entre partidos o bien en forma de fichajes puntuales.

Desde el PDeCAT reconocen que la apuesta de Junts por Trias envía “un mensaje en la buena dirección”, ya que en su opinión es una candidatura que defiende valores reconocibles de centro-derecha y de independentismo moderado. El exalcalde ha impuesto varias condiciones a su partido para dar el paso, como tener libertad total para confeccionar su lista, pero también ser el candidato de consenso entre las facciones del partido. Ambas cosas se le han concedido, lo que ha resultado una retirada táctica del sector de Laura Borràs de la competición por Barcelona y una importante pérdida de visibilidad para ella en las municipales.

Con los moderados de Junts en auge, las diferencias con el PDeCAT se acortan y aquellos cerca de 80.000 electores que se quedaron huérfanos el año pasado podrían ir para la opción que dirige Jordi Turull. Las conversaciones entre ambas formaciones continúan en busca de un pacto en Barcelona que, de cerrarse, podría suponer un efecto dominó en otras ciudades.

Xavier Trias está de vuelta. Tras meses haciéndose de rogar y tratando de crear las condiciones idóneas para aterrizar en un partido instalado en el centro del huracán, finalmente el expolítico de 76 años ha dado el paso y ha anunciado su candidatura con Junts para volver a competir por la alcaldía de Barcelona. La llegada de Trias es un revulsivo para su partido, que por fin contará con un candidato competitivo en la capital catalana, aunque las posibilidades de ganar una investidura son reducidas.

El exalcalde cuenta con dos bazas que lo han catapultado dentro de su partido como el candidato idóneo, pese a no estar alineado con la corriente dominante, controlada por Laura Borràs. Por una parte, la experiencia de haber pasado por la alcaldía de la ciudad y contar, aún, con buena imagen entre los barceloneses, sobre todo en círculos de rentas altas y empresariales. 

Pero, además, Trias tiene la capacidad de aglutinar a todo un espacio de oposición a Ada Colau, no necesariamente independentista, pero sí nítidamente enfrentado a sus políticas. Esto es algo que no puede decir con tanto aplomo ni el candidato del PSC, Jaume Collboni, que ha sido teniente de alcaldía de Colau, o Ernest Maragall, que ha dado apoyo con frecuencia al gobierno municipal. “Nunca en la vida apoyaré a Ada Colau”, ha repetido el candidato de Junts en sus primeras intervenciones tras anunciar su candidatura.

El exalcalde, médico de profesión pero que ha dedicado a la política la mayor parte de su vida, es considerado un moderado, tanto en el ámbito independentista como en lo económico. A diferencia de caras conocidas de su formación, como el propio Carles Puigdemont, jamás ha renegado de CiU, su partido durante años. “Ojalá Junts se pareciese a Convergència”, afirmó este verano en una entrevista en El Temps. Un discurso que puede sonar bien entre votantes que en las últimas elecciones se decantaron por Maragall, por Collboni o incluso por Manuel Valls.

Con estos ases en la manga, el objetivo de Trias es obtener un resultado notable en los distritos pudientes de la capital catalana, como Sarrià-San Gervasi, Les Corts o l’Eixample. Para ello ha afilado un discurso que, por el momento, se sale poco de la seguridad, la limpieza y recuperar un orgullo de “ciudad que funciona” muy del gusto del pequeño comerciante. No le haría falta mucho más para conseguir su objetivo de mínimos, que pasa por rescatar a su partido de unas encuestas que le pronosticaban el peor resultado en la historia.

El candidato de orden

El nombre de Trias resuena desde que Elsa Artadi decidiera abandonar la política y su posición al frente de la candidatura de Junts el pasado mayo. Justo un año antes de los comicios, este giro fue otra estocada al partido, que este 2022 ha estado presentando una imagen de poca unidad y caos interno. A la decisión de Artadi se deben sumar los rifirrafes entre los sectores liderados por Laura Borràs y Jordi Turull y la ajustada votación que llevó a que Junts abandonara el Govern. 

Trias no se ha escondido y ya ha dicho en ocasiones que estos episodios no han sido de su agrado. Desde que se empezó a especular con su candidatura siempre ha dejado claro que, de dar el paso, sólo lo haría apoyado por un partido unido y que no iba a presentarse a las elecciones “con medio partido en contra”. Trias es consciente de que las broncas internas son una de las razones detrás del mal resultado electoral que se le pronostica a Junts y, por eso, también exigía a los suyos tener las encuestas de cara antes de anunciar su candidatura. 

Hoy por hoy, no se cumple ninguna de estas dos condiciones, puesto que los pronósticos, si bien pintan algo mejor que hace unos meses, siguen relegando a Junts a la cuarta fuerza. Aun así, Trias ha oído la llamada del partido, quien ve en el exalcalde un revulsivo electoral que puede afectar a otros partidos como ERC o el PSC, obligándoles, quizás, a reenfocar su campaña. 

El eje de la propuesta de Trias se basa en presentarse como un ariete contra la actual alcaldesa y, aunque ha defendido que no es “anti-Colau”, las apariciones públicas que ha protagonizado desde que oficializó su candidatura la han tenido muy presente. Las pocas ideas que, de momento, ha dado Trias sobre lo que haría en caso de llegar al poder tienen que ver con deshacer las políticas de Colau. Tanto en urbanismo, como movilidad, promoción económica o seguridad. 

Esta estrategia de polarización con la alcaldesa puede también beneficiar a Colau, ya que remite a una contienda electoral que ya se celebró en 2011 y que la de los comuns ya ganó en su momento. Pero a quien sí podría restar apoyos es a Collboni y Maragall. Ambos luchan por arrebatar el trono a la alcaldesa, pero ambos han aparecido con frecuencia a su lado, bien como socio de gobierno o bien como apoyo para alcanzar mayorías. 

Trias, que ha calificado ambas formaciones como “muletas de Colau”, se posiciona como el candidato que sí puede hacer una oposición real a la actual alcaldesa. Eso le puede llevar a romper la tendencia de un Ayuntamiento que, desde que se recuperó la democracia siempre ha estado en manos de gobiernos de centroizquierda (ya sea bajo los colores del PSC, ERC o Comuns). Trias ya consiguió esta gesta en 2011 y todo apunta a que sacará la bandera del candidato de orden para volverla a conseguir. 

Esta campaña electoral tendrá un regusto de ‘revival’, no sólo porque volverá a enfrentar a Colau y a Trias, sino porque el exalcalde puede encontrar una cierta reparación en esta contienda. En su partido y buena parte de su electorado no olvidan las acusaciones falsas que las cloacas vertieron sobre Trias durante la etapa final de su mandato y subrayan que tanto los comuns como Unidas Podemos trataron de aprovechar las falsas informaciones fabricadas contra el alcalde para arremeter contra él.

Una campaña “personalista”

Si algo ha quedado en el lanzamiento de la candidatura es que la campaña del exalcalde no se caracterizará por sacar a ondear los colores de su partido. Muy al contrario, estará centrada en la figura de Trias, lo que representa y a quién representa. El candidato no se esconde en esta elección y ya ha reconocido que será “muy personalista”.

Esto ya se está notando en algunas apariciones públicas, como la rueda de prensa que ha ofrecido este martes o el vídeo en que explica su candidatura. En ninguno de ellos no hay ni rastro del logo de Junts y, aunque ha asegurado que no intenta esconder la imagen del partido, sí que ha evidenciado que busca un distanciamiento. Esto tiene implicaciones también respecto a la bandera independentista, que Trias tampoco quiere convertir en su principal divisa. Mientras que para Junts la cuestión nacional es siempre un importante caballo de batalla, para el candidato es un asunto secundario, ya que trata de apelar a un voto moderado más en las coordenadas del catalanismo que del independentismo unilateralista. 

Su candidatura es local, dice, y no quiere depender ni de la Generalitat ni del Gobierno español, tal como ha asegurado. Con esto, pretende remontar unas encuestas que auguran uno de los peores resultados en la historia de Junts, haciendo converger en su figura al electorado de orden, independentista o no, que quiera arrebatar la vara de mando a Ada Colau.

Xavier Trias, quien fue alcalde de Barcelona desde 2011 a 2015, ha anunciado que se vuelve a presentar a la carrera electoral ocho años después de que Ada Colau lo derrotara. Su candidatura se ha confirmado en la cena de Navidad que la federación barcelonesa de Junts ha celebrado en la noche de este lunes en la capital catalana tras meses de especulaciones. Este martes el nuevo alcaldable dará una rueda de prensa.

Tras la renuncia de Elsa Artadi, que abandonó la política y la idea de presentarse a la alcaldía justo cuando faltaba un año para los comicios, Junts puso sus ojos en Trias. Al principio su respuesta fue negativa, pero con el paso del tiempo, el exalcalde iba dejando cada vez la puerta más abierta. Eso sí, con condiciones.

Trias exigía diversos puntos a los suyos de cara a aspirar a la alcaldía: tener opciones reales de ganar, que le respaldara un partido “fuerte” y “en orden” y que este le dejara “hacer según qué cosas”. La ruptura del Govern y los posteriores rifirrafes internos de Junts ponen en duda la estabilidad requerida por el exalcalde. Cabe recordar que la votación que acabó con la salida de Junts de la Generalitat no fue bien percibida por Trias, quien llegó a decir que “congelaba” su candidatura.

Las últimas encuestas relegan a Junts a la cuarta posición, en una horquilla de entre cuatro y nueve ediles, pero con Trias como candidato sus enteros crecen. En las últimas semanas, Trias se ha esforzado en lograr que, al menos en la batalla por Barcelona, Junts proyecto una imagen de partido unido y preparado para la gobernabilidad.

Tradicionalmente vinculado al sector socialdemócrata de Convergència y con una amplia experiencia como conseller de Salud y diputado en el Congreso, Trias logró arrebatar por primera vez la alcaldía de Barcelona a los socialistas desde la recuperación de la democracia. La etapa de Convergència al frente de la capital catalana se limitó a un solo mandato y en 2015 Colau logró una victoria por la mínima ante Trias, suficiente para devolver la ciudad al centroizquierda.

Con la confirmación de su candidatura, los partidos van completando sus primeras espadas en lo que tiene números de ser una carrera entre cuatro para ganar los comicios en Barcelona: Colau por los comuns, Jaume Collboni por el PSC, Ernest Maragall por ERC y Trias por Junts. Muy por debajo quedarán los candidatos del PP (que todavía no ha anunciado su cabeza de lista) y Ciudadanos, sumido también en Barcelona en una guerra interna. Está por ver si hay otro 'outsider' de la política como el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, que está decidiendo si se presenta.

Hasta el último momento Trias ha estado en “conversaciones” con Junts y con el PDeCAT para conseguir que se entienda que “la unidad es un herramienta básica para sacar las cosas para adelante”. Según anunció en una entrevista, estas negociaciones tuvieron lugar hasta pocas horas antes de anunciar su candidatura.

Trias fue una de las personas que compaginó el carné de las dos formaciones desde que se escindieron en 2020, cuando la corriente de Puigdemont quiso alejarse de la heredera de Convergència. Hace solo dos meses, cuando ambos partidos empezaban a decidir sus cabezas de lista para las municipales, el exalcalde dio un paso para alejarse del PDeCAT t y se quedó con los de Laura Borràs.

Plena libertad

Hace meses que Junts ha dejado claro que Trias es su candidato ideal para disputar una carrera electoral en la que los de Junts se presentan desgastados por los últimos acontecimientos en la Generalitat. Saberse querido y ser la única opción de Junts para no lograr otro resultado mediocre en Barcelona ha hecho que el exalcalde pudiera pedir manga ancha y plena libertad para conformar su propio equipo.

Entre los nombres de los que se rodeará Trias para formar su equipo destacan el de la exconsellera de Acción Exterior Victòria Alsina; el del expresidente del Puerto de Barcelona Damià Calvet, y el del diputado Ramon Tremosa. Trias también habría estado en contacto con el exconseller de Salud Josep Maria Argimon, pero su lugar en puestos de salida parece descartado tras su fichaje por la Fundació Pasqual Maragall para dirigir un grupo de investigación sobre el alzheimer.

“Es muy triste ver cómo habéis usado el reglamento de la Cámara española para vetar el sueño del independentismo catalán”, esgrimió hace unos días la diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo contra el PNV, al que acusaban de frenar el intento de lograr la oficialidad de todas las selecciones deportivas diferenciadas de las españolas al haber logrado arañar al Gobierno central equipos vascos propios en surf y pelota. Al discurso le siguió un duro comunicado de la formación de Andoni Ortuzar y la constatación de que las relaciones del principal partido vasco con los herederos más significativos de la extinta Convergència quedan ya lejos de las que existieron en otros tiempos.

Desde Sabin Etxea, cuartel general del PNV, rebajan a “anecdótica” la pugna más reciente en torno a la Ley del Deportes y destacan que la propia Calvo ya matizó sus palabras en una intervención posterior en comisión, también en la Cámara baja. Constan igualmente declaraciones de ella a 'El Nacional' en las que lamenta el alcance de la polémica. Insisten en el PNV que dirigentes como Jordi Turull o Josep Rull son “amigos”. De hecho en el Alderdi Eguna de septiembre, la gran fiesta 'jeltzale', hicieron una acogida especial para el segundo tras su excarcelación. El PNV tampoco ha dejado de acudir a celebrar la Diada cada 11 de septiembre. Pero, políticamente, es evidente que hace tiempo que el espacio posconvergente principal se ha alejado del PNV.

“Con Junts compartimos muchas cosas, como la aspiración final de reconocimiento nacional de Euskadi y de Catalunya. Pero la perseguimos con diferentes estrategias. Ellos maximalistas y nosotros progresivas y pragmáticas”, explican portavoces oficiales del PNV. Formalmente, la histórica alianza con Convergència se ha trasladado a entendimiento con el PDeCAT. Tanto Ortuzar como el lehendakari, Iñigo Urkullu, mantienen también una relación de mucha cercanía y complicidad con Marta Pascal, ahora secretaria general de un partido extraparlamentario llamado significativamente PNC y cuyo color corporativo es el verde.

“En Junts ha entrado gente con el 'procés' que no estaba antes en política. Carles Puigdemont recogió gente. La diputada que intervino en el Congreso, por ejemplo, no ha tenido nunca relación con nosotros, es de la cuota de Puigdemont”, explica un cargo del PNV como clave para explicar lo sucedido. Recuerda también que ya en las elecciones europeas de 2019 no hubo coalición, como era tradición desde la creación de Galeusca en 2004 entre el PNV, CiU y el BNG, los primeros en bajarse al girar claramente a la izquierda. Era inimaginable para el nacionalismo institucional vasco, después de lo ocurrido en 2017, ir en una candidatura conjunta encabezada por Puigdemont. En solitario con Coalición Canaria -que apoyó en el Senado el 155- y otros socios minoritarios, el PNV llegó a conseguir algunos votos en Catalunya, del orden de 3.000.

Lo que ocurrió en 2017 es de dominio público. El Govern de Puigdemont impulsó un referéndum y a ello le siguió la declaración unilateral de independencia y la consiguiente suspensión de la autonomía con el 155. También lo es que el PNV bajó al barro para mediar entre Madrid y Barcelona. Lo hicieron en primera persona Ortuzar y, sobre todo, Urkullu, que ha recopilado todas esas memorias y las ha entregado a varios archivos vascos y catalanes para su libre consulta. Se pueden leer aquí.

“Me dice, con testigos, que al día siguiente no quería proceder a la DUI en el Parlament”, llegó a escribir Urkullu, que se sintió traicionado por el entonces president. “He sentido la confusión permanente por parte del president Puigdemont”, añadió. Y dejó también por escrito sobre la independencia y el 155: “O algunos están calculando mal todo o la estulticia ha llegado a límites espeluznantes donde todos perdemos y la casa común europea tiene un boquete de proporciones más considerables que la salida de España del euro”. Urkullu llegó a acudir como testigo al Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'.

En 2018, el PNV fue decisivo para que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy. “Estimado presidente! Sabes que me tienes a tu disposición para ayudar en lo que en mi mano esté en relación a Catalunya”, le escribió a Pedro Sánchez. También le contó que no quería recibir al sucesos del ya fugado Puigdemont, Quim Torra. “Me veo en la situación de aceptar el encuentro recibirlo. Lo pongo en tu conocimiento por su consideras que deba transmitir algún mensaje y/o reflexionemos sobre ello”, planteó Urkullu al nuevo inquilino de La Moncloa.

Ahora, en cambio, Ajuria Enea tiene una relación muy fluida con ERC y con Pere Aragonès. De hecho, está ya prevista una visita del segundo a las cercanías de Vitoria para un acto de las comunidades pirenaicas y en el que se espera un encuentro bilateral con Urkullu. Ya hubo una cita similar el pasado año en Catalunya. El PNV y ERC -con EA- llegaron a concurrir en coalición a las europeas de 1999 pero históricamente era una formación más relacionada con las izquierdas nacionalistas, principalmente con EA y ahora ya con EH Bildu en su conjunto.

“El socio era Unió”

La relación del PNV y de CiU se fraguó con el mismo inicio del período constitucional. Cuenta el veterano 'jeltzale' Iñaki Anasagasti que, en todo caso, el conocido como Grupo Vasco del Congreso no aceptó estar representado por el convergente Miquel Roca en la ponencia constituyente. “No nos queríamos meter en el saco de CiU y dijimos que no. No nos fiábamos de Roca, un tío brillante en la tribuna pero políticamente dudoso”, explica Anasagasti sobre quien años después ejerció como abogado de la hija del jefe del Estado, Cristina de Borbón, cuando fue procesada por la corrupción de su marido, Iñaki Urdangarin.

En 1996, tanto el PNV como CiU secundaron la alternativa de José María Aznar frente a Felipe González, la primera etapa del PP al frente del Gobierno de España. De 1998 es la Declaración de Barcelona en la que ambos partidos y otras siglas nacionalistas reclamaron un cambio en el modelo de Estado. Y en 2004, 2009 y 2014 se forjaron coaliciones electorales para ir juntos a las europeas. En medio de un trabajo compartido y coordinado, Anasagasti recuerda como único gran momento de tensión el apoyo de CiU a la Ley de Partidos, la que posibilitó la ilegalización de la izquierda abertzale y a lo que se oponía el PNV.

CiU era la suma de Convergència y de Unió, más conservadora. “Nosotros jugábamos con los dos, con Jordi Pujol y Artur Mas por un lado y con Josep Antoni Duran i Lleida por otro”, explica Anasagasti, aunque puntualiza que el “socio preferente” era Unió.  “Estábamos juntos en la internacional democristiana, mientras que Convergència estaba en la liberal. Unió es un partido histórico, nacido en la República. [Manuel] Carrasco Formiguera, exiliado de Barcelona, fue delegado de la Generalitat ante el Gobierno de Euzkadi. Era conocido del lehendakari [José Antonio de Aguirre] y fue detenido en un barco en la costa vasca para luego ser fusilado. Ahí empieza todo”, recuerda Anasagasti sobre los lazos históricos con la U de CiU. “Duran i Lleida, cuando el PNV se dividió por la escisión de EA y tuvimos un resultado desastroso en las elecciones de 1987, estuvo toda la noche con nosotros en el hotel Villa de Bilbao de la Gran Vía”, agradece sobre el exlíder de aquel partido y exportavoz de CiU durante años en Madrid. Los restos de Unió ahora se llaman Units per Avançar y están integrados en el PSC. Su presidente, Albert Batlle, es teniente de alcalde en Barcelona. Y el secretario general, Ramón Espadaler, es diputado en el Parlament. La relación con el PNV es mínima.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio a las formaciones políticas PdeCat y CDC y los ex tesoreros de esta última Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denomiado caso 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y de dieciséis personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Cuando Convergència era Convergència, en los medios e incluso a veces dentro del partido se ironizaba con que Carles Campuzano (Barcelona, 1964) era el único dirigente de izquierdas. Era una exageración decir que era el único y también se podría debatir sobre si se puede ser nacionalista y a la vez de izquierdas. Lo que en todo caso no es discutible es que Campuzano encarnaba el alma más socialdemócrata de la formación fundada por Jordi Pujol. Era un sector que a menudo estorbaba a los más liberales hasta el punto de que estos frenaron sus opciones de ser conseller en uno de los gabinetes de Artur Mas. Ahora, sin carnet de ningún partido y con el bagaje acumulado como negociador y buen conocedor de las políticas sociales, lo será de la mano de ERC. 

Campuzano es lo que en Catalunya se conoce como un convergente de toda la vida, esa especie que ahora se refugia en el PDeCAT o pretende pasar desapercibida camuflado en otras siglas, desde los políticos que resisten aún en Junts a los votantes que discretamente elección tras elección han emigrado a ERC o el PSC. Con 25 años ya lideraba la JNC, las juventudes de Convergència. Su carrera política se explica a través de las dos décadas que estuvo en el Congreso de los Diputados.

Entre 1996 y 2019 intentó poner en práctica lo que define como un “soberanismo de centro pragmático”, que considera que es el que todavía le conviene a Catalunya. Es de la escuela que defiende que, igual que la Lliga exigía la autonomía, la ERC de los años 30 logró el Estatut y Convergència consiguió competencias, ahora los diputados en Madrid deben aprovechar su influencia en el Congreso y no renunciar a ella. En su haber como portavoz de CiU está haber negociado el fin de la mili en España. Sin la presión de los insumisos y los primeros movimientos de los objetores de conciencia, que protagonizaron un movimiento de desobediencia civil sin precedentes en España, no hubiese sido posible. Pero tampoco sin el acuerdo del Majestic entre CiU y el PP, cuando Joaquim Molins situó el compromiso de acabar con el servicio militar como una de las condiciones para investir a José María Aznar.

Menos progresista puede considerarse su apoyo a la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012 pese a que en discursos y en reuniones de la ejecutiva convergente criticó las políticas de austeridad por castigar a ámbitos como la sanidad y educación. En ese momento justificó el voto de los 16 diputados del grupo que lideraba Josep Antoni Duran Lleida porque sus aportaciones habían conseguido introducir lo que consideraban mejoras respecto al texto inicial. Uno de los argumentos que esgrimió para defender la posición de los nacionalistas catalanes fue que los fondos destinados a las políticas activas de ocupación se gestionarían libremente por las comunidades autónomas. 

En 2019, ante la disyuntiva de investir a Pedro Sánchez o propiciar unas nuevas elecciones, Campuzano tuvo claro que había que facilitar el camino del líder socialista. “Hay que abordar, pues, el momento político desde la convicción de que investir a Sánchez es la mejor opción para el independentismo que tiene en la cabeza una idea de país para todos; una idea de país que debe pivotar sobre la convicción de que la salida al conflicto solo puede ser democrática y que debe tener la ambición de satisfacer a la inmensa mayoría del país sin que nadie tenga que renunciar a ninguno de sus ideales y objetivos”, defendió entonces en un artículo en ‘El Periódico’. Era y es un independentista convencido que desdeña el ‘cuanto peor mejor’ que algunos sectores del secesionismo prefieren para mantener viva una mayor confrontación con el Estado. De ahí que considerase que era mejor intentar negociar con Pedro Sánchez que volver a ir a las rocas con otro Gobierno del PP. 

Ese mismo año publicó ‘Reimaginem la independencia. Un projecte vàlid per a tothom’ (Catarata), en el que alertaba de que la retórica que él tilda de inflamada solo conduce a la frustración. Insistía también en la necesidad de evitar que Catalunya acabase dividida en dos comunidades por culpa del procés.

A los que ahora desde sectores duros, algunos excompañeros suyos, le reprochan que haya entrado en el Govern de Pere Aragonès, les recuerda que él iba con la estelada cuando el independentismo era un movimiento casi residual. Es el argumento que esgrimen también algunos dirigentes republicanos para replicar a los que desde Junts o la ANC reparten carnets de buenos y malos. 

En 2020 se dio de baja del PDeCAT por sus diferencias con la estrategia de Carles Puigdemont y se centró en la dirección de Dincat, una entidad que agrupa a unas 300 fundaciones, asociaciones y cooperativas que trabajan con personas con discapacidad intelectual y ayuda también a sus familias. Durante su etapa al frente de esta organización se ha quejado de la falta de recursos para el tercer sector y de las trabas administrativas que hay que superar para cualquier trámite. A partir de esta semana, desde el otro lado de la mesa, como conseller de Derechos Sociales tiene el reto de resolver todo aquello que hasta hace una semana él mismo denunciaba que no funciona.

Estos días ha hablado con algunos de sus antiguos compañeros de partido. Algunos, como Josep Rull, son amigos desde la etapa de las juventudes de Convergència (Campuzano le dio el relevo al frente de la JNC). También ha conversado con Xavier Trias, el exalcalde de Barcelona que se ha dado unos días para aclarar si finalmente se presenta a las municipales. Y tras intercambiarse mensajes habló con Artur Mas. Quien no le ha llamado, según confirmó este jueves en una entrevista en RAC1, es Carles Puigdemont. No parece tampoco que esperase que lo hiciera.

El juzgado de primera instancia 3 de Barcelona ha sentenciado que Junts puede quedarse la marca Junts per Catalunya y ha rechazado la demanda del PDeCAT, que aseguraba que el partido de Carles Puigdemont se había apropiado del nombre ilegalmente. La magistrada considera que el PDeCAT no está legitimado para presentar la demanda, ya que Junts es un partido diferente y solo lo hubieran podido hacer afiliados de la segunda formación.

La sentencia concluye que la demanda del PDeCAT “se formula en sustitución de sus principales afectados”, que habrían sido el ex secretario y la extesorera de Junts. La jueza dice que no ha quedado acreditado “qué repercusión cierta” tienen los acuerdos de JxCat impugnados por el PDeCAT en la esfera jurídica de los exconvergentes, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Junts per Catalunya se constituyó en junio del 2018 con Laia Canet como presidenta, Pol Xart como secretario y Anna Maria Soriano como tesorera. En febrero de 2019 la formación celebró una asamblea extraordinaria para ratificar un acuerdo de unos días antes de que cambiaba la sede social y el artículo 1 de los estatutos. En abril de 2019 JxCat concurrió a las elecciones generales en coalición con CDC, PDeCAT y otras formaciones bajo la marca 'Junts'.

En las elecciones municipales de mayo de ese año se presentaron también las tres formaciones bajo la misma marca, y en las europeas del mismo día dentro de la coalición electoral 'Lliures per Europa'. Todos los candidatos eran militantes del PDeCAT o independientes, pero ninguno era de JxCat, y el PDeCAT sufragó todos los gastos electorales pero también cobraba todos los ingresos procedentes de los votos y escaños obtenidos.

Hasta el 27 de junio de 2020, en plena pandemia, JxCat solo tenía tres afiliados, no cobraba cuotas, carecía de activos, ni NIF ni cuentas bancarias, y su funcionamiento dependía completamente del PDeCAT. Ese día se celebró de forma telemática una asamblea de JxCat donde se nombró presidente a Carles Valls, Montserrat Morante como secretaria, Irene Negre como tesorera y Josep Pagès como defensor del afiliado.

Se modificaron los estatutos y la sede social y se autorizaron las asambleas telemáticas. Xart y Soriano no fueron convocados a la asamblea, algo que el PDeCAT consideraba ilegal. El nuevo comité ejecutivo, basándose en los acuerdos de la asamblea, convocó un congreso para elegir a los nuevos cargos de presidente y miembros de la ejecutiva nacional, y ningún afiliado de JxCat impugnó los acuerdos.

El PDeCAT pedía la nulidad de la asamblea de junio de 2020 y los posteriores acuerdos. Sin embargo, JxCat alegaba que en el congreso de julio del 2020 se convocaron a los ocho afiliados que tenía el partido y que Soriano y Xart fueron dados de baja porque se desvincularon de la formación. Además, recordó que la marca de Junts per Catalunya la tenía Convergència y no el PDeCAT.

La “confianza” del president de la Generalitat, Pere Aragonès, hacia el Gobierno de Pedro Sánchez es “cero”. La relación entre ambas administraciones atraviesa su momento más delicado desde que el lunes salieran a la luz los casos de espionaje a través del sistema Pegasus de los que fueron víctimas el propio dirigente catalán y otros 65 representantes del independentismo. No obstante, a primera hora de este jueves, Aragonès evitaba dar por rota la legislatura o asegurar que su partido, ERC, dejará de apoyar a Sánchez en el Congreso.

En una entrevista en la Cadena Ser, el president catalán se limitaba a solicitar al jefe del Ejecutivo central una reunión “cuanto antes”. Después, durante su visita al Congreso de los Diputados –donde se ha reunido con representantes de los partidos espiados–, Aragonès ha querido dejar claro que ahora es necesario “restaurar” la confianza entre Gobierno y Generalitat, que solo se recuperará, ha dicho, si el Ejecutivo investiga el espionaje y depura responsabilidades.

“La pelota está en el tejado del Gobierno”, ha asegurado el president catalán, que ha considerado que el Ejecutivo “debe decidir hasta qué punto es transparente y asume responsabilidades”. Para él es imprescindible que “desde el máximo nivel” de la Moncloa se adopten “medidas claras, concretas e inmediatas” para aclarar lo ocurrido y para castigar a sus responsables. 

Junto a la escalinata de los leones del Congreso, Aragonès ha denunciado que el conocido esta semana es “el caso de espionaje más grave de la democracia”. “Es un caso extremadamente grave y que necesita de transparencia. Es imprescindible que el Gobierno abra una investigación interna con supervisión independiente”, ha añadido.

“Hay que asumir responsabilidades y no nos podemos eternizar. No toleraremos que la solución del Gobierno sea que pase el tiempo. Hay que buscar responsabilidades para saber quién ha sido investigado, quién ha dado esa orden y por qué”, ha enfatizado. Aragonès ha añadido que “en una democracia” los ciudadanos tienen que tener “la privacidad garantizada”. “Y los que somos electos tenemos que tener también esa privacidad, que es la garantía de que podamos hacer nuestro trabajo”. “Necesitamos explicaciones y las necesitamos ya”, ha insistido. 

Unidad de acción de los independentistas

El caso del espionaje a los protagonistas del independentismo catalán fue desvelado el lunes por la plataforma de investigadores canadienses Citizenlab. Más de 60 teléfonos infectados con un malware llamado Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO. Entre ellos, los del propio Aragonès, varios expresidents catalanes y dirigentes de ERC, Junts, PDeCAT, CUP y EH Bildu.

La empresa, creada en 2010, explica en su memoria de transparencia relativa a 2021 que sólo asiste a “autoridades estatales”. Es decir, a agencias estatales de inteligencia, cuerpos policiales y cuerpos militares.

Ante este escenario, Aragonès quiso viajar este jueves a Madrid para reunirse con algunos de los diputados del Congreso que fueron espiados, un día después de que Unidas Podemos y todos los socios del Gobierno registraran en la Cámara Baja una solicitud de comisión de investigación sobre el espionaje. El encuentro, según han explicado varios de los asistentes, ha servido para poner en marcha una suerte de unidad de acción de cara a futuras iniciativas para aclarar lo ocurrido, que podrían ser del ámbito parlamentario pero también judicial.

Tras la reunión, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha denunciado que el Gobierno “supuestamente progresista” está “blanqueando el sistema español podrido”. “No hay confianza hacia este Gobierno que vulnera la intimidad de dirigentes políticos. El PSOE y Unidas Podemos tienen que escoger cómo afrontan esta crisis democrática, investigando y depurando responsabilidades, o serán absolutamente cómplices”, ha recalcado.

La “obligación democrática” de Unidas Podemos

Desde la CUP, el diputado Albert Botran se ha mostrado preocupado porque, a su juicio, “el Gobierno, la Presidencia de la cámara y otras instituciones se están poniendo de perfil, se están lavando las manos de un escándalo político con dimensiones y repercusiones más graves”. Para él el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos está “ignorando” la “dimensión” del escándalo y “haciéndolo se está poniendo a la altura de países como Hungría” al aceptar una “degeneración democrática”.

Su compañera de filas, Mireia Vehí, ha asegurado por su parte que “parece cada vez más evidente que el Gobierno y el CNI tienen una responsabilidad directa” en el espionaje y ha anunciado que su grupo ha registrado una pregunta al respecto para la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Preguntada por la postura de Unidas Podemos, que en las últimas horas ha mostrado su indignación con el espionaje y ha reclamado depurar responsabilidades, la CUP considera que “es su responsabilidad democrática llegar hasta el fondo, porque forma parte del Gobierno”. “Podemos tiene la obligación democrática de esclarecer este asunto”, ha remachado. 

El PDeCAT, considerado como el sucesor de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), que hasta 2015 formó parte de la desaparecida CiU, es un partido residual en Catalunya. En las últimas elecciones autonómicas no logró representación en el Parlament tras desligarse de la coalición Junts per Catalunya que entre 2017 y 2020 integró a la derecha nacionalista catalana. Fuera también del Senado y el Parlamento Europeo, tan solo le quedan cuatro representantes en el Congreso de los Diputados. Están integrados en el Grupo Plural, desde donde trata de marcar perfil propio frente sus excompañeros de alianza, otros cuatro diputados de Junts, el partido del expresident Carles Puigdemont alineado con las tesis más rupturistas e independentistas.

En ese escenario, el PDeCAT, una formación estrechamente vinculada al empresariado y la burguesía catalana, intenta ahora resucitar de la irrelevancia política en Catalunya tratando de convertirse en un nuevo socio del Gobierno de coalición. El partido encabezado en el Congreso por Ferrán Bel busca proyección estatal aprovechando la estrategia de la “geometría variable” reivindicada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que consiste en buscar acuerdos con formaciones que no son sus aliados parlamentarios habituales –ERC, PNV, EH Bildu, Compromís o Más País, entre otros– en función de sus necesidades para sacar adelante iniciativas en la Cámara Baja.

El ejemplo más reciente de la utilización de esa “geometría variable”, muy cuestionada por parte de Unidas Podemos, el partido minoritario en el Gobierno, se dio en la aprobación de la reforma laboral, el pasado 3 de febrero. Ante el rechazo de los socios habituales a refrendar el texto pactado entre el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios, Moncloa logró el apoyo de otras formaciones como Ciudadanos, el PDeCAT o UPN, aunque finalmente los dos parlamentarios de este último partido navarro desoyeron las directrices de la dirección de su partido y votaron 'no'.

El nuevo marco laboral, el primero que recupera derechos de los trabajadores, salió finalmente adelante gracias a que un diputado del PP, Alberto Casero, se equivocó en el voto telemático y votó a favor, lo que ha generado un embrollo político sin precedentes, con la amenaza de PP y Vox de llevar el asunto ante los tribunales y con duras acusaciones de “pucherazo” contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no permitirle corregir ese error, tal y como marca el reglamento. Pero también fueron decisivos los votos del partido de Inés Arrimadas y los del PDeCAT, sin cuyos apoyos la norma no habría visto luz verde.

Contra la “irresponsabilidad” de ERC y PNV

La formación nacionalista catalana trata de poner en valor ese apoyo a una de las leyes más importantes de la legislatura para intentar recuperar la importancia perdida en el tablero político. En esa estrategia, el pasado martes Ferrán Bel fue uno de los dos únicos portavoces –el otro fue Jaume Asens, de Unidas Podemos– que convocó a la prensa en el Congreso, que esta semana redujo al mínimo su actividad ante las elecciones de Castilla y León del domingo.

En su comparecencia, el portavoz del PDeCAT criticó la “irresponsabilidad y tacticismo” de las formaciones políticas que, como ERC o el PNV aunque votaron en contra de la reforma laboral contactaron “con inquietud” con su partido para saber si sus cuatro diputados aprobarían la nueva norma. Bel recordó, así, que cuando el pasado día 3 la presidenta del Congreso anunció por error la derogación del Real Decreto-Ley, “excepto PP y Vox, el resto de las formaciones políticas que votaron que no estaban tan perplejas” como las que votaron que sí y lo atribuyó a que “todo el mundo era consciente de lo que suponía dejar caer la reforma laboral pactada entre patronal y sindicatos”.

En línea con el Gobierno, Bel calificó de “impropio de un partido que pretende gobernar” el comportamiento del PP con sus ataques a Batet a raíz del error de su diputado y señaló que lo único que busca la formación de Pablo Casado es “derrotar al Gobierno a cualquier precio, aunque éste sea hundir la reforma laboral o paralizar la llegada de fondos europeos”. “Cuando uno vota, no puede rectificar, sea telemática o presencialmente”, les dijo el portavoz del PDeCAT a los populares para dejar claro que ése es el criterio que con carácter general rige en el Congreso.

El principal mensaje que quiso trasladar Bel fue sin embargo al Gobierno, mostrando la disposición de su grupo a sostener a Sánchez para tratar de diferenciarse de otras formaciones nacionalistas catalanas. El portavoz del PDeCAT quiere que a partir de ahora el Ejecutivo sea “más receptivo” con las reflexiones que le planteen otros partidos diferentes a los que conforman el llamado bloque de la investidura. Y apuntó que seguramente “podría” repetirse ese bloque alternativo que se inauguró con la votación de la reforma laboral en futuras leyes. En el caso concreto de su partido, Bel quiso dejar claro que siempre actuará en función del contenido de cada iniciativa y no de con quién se aprueba.

Posible apoyo del Gobierno para la ley de memoria

El PDeCAT está dispuesto a “colaborar” en el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que está “un tanto encallado” por las discrepancias tanto en el seno del Gobierno como con partidos como ERC, y en la que Bel ve “más difícil” el entendimiento con otras formaciones que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. Bel, de hecho, reveló que está hablando con el Gobierno “desde hace meses” sobre esa nueva normativa, incluso desde antes de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de ley.

Esa proyección estatal contrasta con la situación que vive el partido en Catalunya. En las elecciones de hace justo un año, la candidatura del PDeCAT liderada por Àngels Chacón se quedó a menos de 10.000 votos de entrar al Parlament, pero el resultado fue un fracaso para una formación que necesitaba presencia parlamentaria para sobrevivir. Lo que mantuvo bajo su órbita fue, además de sus cuatro diputados en Madrid, varios alcaldes de ciudades medianas que mantenían fidelidad al proyecto, como el primer edil de Reus, Carles Pellicer, el de Igualada, Marc Castells, o el de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona. Otros alcaldes conservan la marca pero se han acercado a Junts en los últimos tiempos.

El momento de la verdad llega ahora, cuando Junts ha lanzado un reglamento de primarias que es una verdadera OPA a los alcaldes, concejales y grupos municipales del PDeCAT, pues les permite ser candidatos de la formación de Carles Puigdemont sin ni siquiera ser militantes del partido. De esta forma y con el paulatino giro hacia la derecha de los últimos meses, Junts espera asestar el golpe definitivo al partido que considera una escisión fracasada.

Mientras, en el PDeCAT se han lazando en los últimos meses a una aventura que trata de desfragmentar el espacio de la antigua Convergència, un catalanismo de centro derecha que podía aglutinar a independentistas y no independentistas. Con estas señas de identidad, Àngels Chacón presentó en enero la marca Centrem, donde se integrarán el propio PDeCAT y otros grupúsculos como Convergents, la Lliga o Lliures. La nueva formación, que se presenta a sí mismo como “el primer partido post-procés” está dirigido por la propia Chacón después de que abandonara, para ello, las riendas del PDeCAT, y tiene previsto presentarse a las próximas municipales en diversas ciudades, incluyendo Barcelona.

El Gobierno ha conseguido encarrilar la convalidación de la reforma laboral que se votará mañana en el Congreso de los Diputados. Los cuatro diputados del PDeCAT votarán 'sí' a la convalidación del decreto de la reforma laboral en el Pleno de este jueves, igual que los dos del UPN, garantizando más 'síes' que 'noes' en la votación y alcanzando la mayoría absoluta de votos afirmativos, al llegar a los 176 'síes'. La formación navarra, socia del PP en el Congreso, se desmarca así de la línea fijada por Pablo Casado en contra de la reforma.

A los diputados de los partidos que sostienen al Gobierno, PSOE (con 120 parlamentarios) y Unidas Podemos (que tiene 34, ya que aún no ha sustituido el escaño de Alberto Rodríguez tras su suspensión), se sumarán a favor de la norma los nueve de Ciudadanos, cuatro del PDeCat, dos de Más País, dos de UPN, uno de Compromís y los de Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, todas ellas formaciones que cuentan también cada una con un único parlamentario en el Congreso. En total, los 'síes' suman 176 votos, la mayoría absoluta de la Cámara Baja.

En el 'no' se sitúan PP (88 diputados), Vox (52), los tres principales socios de la investidura del Ejecutivo –ERC (con trece escaños), PNV (seis) y EH Bildu (cinco)–, además de Junts (cuatro), CUP (dos), BNG y Foro, con un representante cada uno. A todos ellos habría que sumar, previsiblemente, el voto de Pablo Cambronero, el parlamentario díscolo de Ciudadanos que por desavenencias con la dirección de Inés Arrimadas decidió dejar el partido pero sigue como diputado en el Grupo Mixto. En conjunto, son 173 'noes'.

“Yo he estado en las dos reformas laborales”, ha señalado, en rueda de prensa, el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, recordando que cuando él formaba parte de la ya desaparecida CiU, su grupo también respaldó el texto de 2012. De hecho, Bel ha justificado su apoyo en que el nuevo texto “no deroga” el de hace diez años, que “ha permitido afrontar dos crisis importantes”.

Bel ha defendido su respaldo porque el texto planteado por el Gobierno se ha adoptado “a partir del diálogo con los agentes sociales”. “Si los sindicatos y los empresarios son capaces de consensuar un texto deberíamos tenerlo en cuenta”. Además, ha considerado que “el contenido en términos generales es positivo”.

Por un lado, por “aspectos que no se modifican” de la reforma de 2012, como la indemnización por despido o los salarios de tramitación. “No se hace porque el mercado de trabajo no lo admitiría”, ha asegurado. A su juicio, “las posiciones que reclaman un incremento de la indemnización por despido”, que es el caso de ERC o EH Bildu, “no tienen sentido”.

Además, el portavoz del PDeCAT ha sostenido que “la no aprobación de este acuerdo entre sindicatos, patronal y el Gobierno supondría un golpe mortal al diálogo social”. Por un lado, ha dicho, porque generaría una “inestabilidad absoluta en el mercado laboral en un escenario de recuperación”, por lo que la no convalidación “sería una grave irresponsabilidad”. También ha dicho que su voto negativo sería un “incumplimiento de los compromisos del Gobierno” con las instituciones europeas porque “se paralizaría la entrega de los fondos europeos”.

Bal ha añadido, asimismo, que “vista la situación política, aritmética y parlamentaria” abrir la tramitación del decreto como proyecto de ley, tal y como piden algunos de los socios del Gobierno, “generaría más incertidumbre e inestabilidad”. “El resultado podría ser mucho peor”, ha zanjado.

Esparza: “Votamos convencidos por sentido de Estado”

En cuanto a UPN ha sido su líder, Javier Esparza, el que, desde Pamplona, ha anunciado el voto afirmativo de sus dos diputados a última hora de la tarde. “Votaremos convencidos por responsabilidad y sentido de Estado. Lo cómodo para nosotros sería votar no, pero si la reforma laboral no se aprueba pierde España y ganan EH Bildu, ERC, la CUP, etc, en definitiva, todos los que quieren romper España”, ha dicho, informa Rodrigo Sáiz. “De no votar a favor tiraríamos por la borda un acuerdo histórico con la patronal y los sindicatos”, ha añadido.

“Estamos negociando hasta el último minuto y lo vuelvo a decir: la reforma laboral ya está en vigor, las personas, y los grupos políticos que voten en contra les van a tener que explicar a los trabajadores y trabajadoras de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen”, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles en los pasillos del Congreso, antes de entrar en el Pleno.

Para ella, “sin lugar a dudas” los buenos datos del empleo conocidos este miércoles están relacionados con la entrada en vigor de la reforma laboral, porque “son nuevas contrataciones” realizadas tras la aprobación de la norma. Por eso, la vicepresidenta ha querido meter presión sobre los socios del Ejecutivo como ERC o PNV que son reticentes a aprobar la convalidación de la norma, mañana, en el Pleno del Congreso.

A juicio de la ministra de Trabajo, “los datos de contratación de las nuevas contrataciones son muy positivos”. “Por primera vez el 15% de los contratos nuevos en España son indefinidos favoreciendo la estabilidad de los trabajadores. Ya ahora los contratos son indefinidos”, ha celebrado.

Todos los grupos independentistas catalanes y Bildu retomaron este martes la exigencia de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Las formaciones registraron la petición después de que el excomisario José Manuel Villarejo insinuase en una declaración judicial que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo detrás de los actos terroristas.

ERC, Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP han vuelto a reclamar una comisión que ya fue registrada en febrero de 2018 pero que la Mesa del Congreso vetó, por entender que se trataba de materias reservadas. Pese a esto, los partidos consideran que las declaraciones del excomisario suponen un hecho de suficientemente relevancia para que la Cámara cambie de posición ahora. En su escrito los partidos aseguran que las palabras de Villarejo son “una acusación grave de colaboración del CNI con células terroristas yihadistas y la utilización del terrorismo de Estado contra población civil por parte de los servicios de inteligencia y los Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado”.

Las declaraciones de Villarejo se produjeron este martes en la sala del tribunal que le juzga por el caso 'Tándem'. Preguntado sobre diferentes aspectos de su relación con los servicios de inteligencia, el excomisario declaró que los atentados del 17A fueron “un error grave” del que fuera director del CNI en esa época, el general Félix Sanz Roldán, con quien Villarejo tiene una manifiesta enemistad. El excomisario aseguró que el jefe de los servicios secretos había “calculado mal” las consecuencias por “darle un pequeño susto a Catalunya”.

En la misma línea, varios de los partidos firmantes han presentado también peticiones para que comparezcan ante la Cámara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el exdirector del CNI, Fèlix Sanz Roldán. Por su parte, tanto el president de la Generalitat, Pere Aragonès, como la del Parlament, Laura Borràs, anunciaron este martes que sus respectivos equipos jurídicos estudiarían emprender acciones legales para esclarecer los hechos.

La teoría nunca probada de que organismos del Estado pudieron tener relación con los atentados, por acción u omisión, ha sido una idea esgrimida con frecuencia por ciertos sectores del independentismo y también por una parte de las defensas en el juicio, cuya sentencia descartó de plano esta hipótesis. Poco después de los atentados el CNI reconoció que el imán de Ripoll y cerebro de los atentados, Abdelbaki es Satty, había sido confidente policial pero, según esta versión, los contactos entre los servicios de inteligencia y el líder de la célula habrían acabado hacía 2014.

Colau exige a Villarejo que acompañe de pruebas sus acusaciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha salido al paso de las declaraciones del comisario Villarejo sobre el presunto papel del CNI en los atentados del 17-A para exigirle que aporte “pruebas” ante la gravedad de sus acusaciones, en línea con el comunicado emitido por la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT), que representa a 250 afectados. 

La alcaldesa ha pedido evitar “batallas políticas” en torno a las declaraciones del comisario. “Cada vez que se reabre la polémica, se hacen afirmaciones polémicas y se las revictimiza”, asegura que le han informado desde las entidades que las representan.

Colau ha añadido que defienden la “máxima transparencia” en la investigación del atentado y que por ello dieron apoyo desde el Ayuntamiento a la creación de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que finalmente no salió adelante. “Si en el futuro inmediato hubiesen novedades y nuevas pruebas”, ha expresado, o si las asociaciones de víctimas viesen necesario nuevas acciones para “aportar más transparencia e información con rigor”, les darán su apoyo.

La política catalana tendrá en breve un nuevo partido. 'Centrem' es el nombre de la nueva formación que liderará la exconsejera Àngels Chacón, y que reunirá los entornos de PDeCAT, Convergents, Lliga Democràtica i Lliures. Así lo avanzó La Vanguardia y confirmaron a la agencia ACN fuentes del partido, que se presentará el 11 de enero en Barcelona. La nueva marca consta en el registro del Ministerio de Interior desde el 28 de diciembre, y ya se vincula una página web -todavía no operativa-: centremcatalunya.cat. En la dirección provisional del registro consta la concejala y portavoz de JxCat en Sant Just Desvern, Laia Flotats.

Chacón, hasta hace unas semanas secretaria general del PDeCAT, encabeza el nuevo partido del centro catalanista con la intención de presentarse a las elecciones municipales de 2023. La formación defenderá una mejora del autogobierno de Catalunya y rechazará la unilateralidad, si bien no renunciará a la independencia.

Aparte de Chacón, la jefa de filas de la Liga, Àstrid Barrio, también tendrá un papel protagonista. Se espera que también se vayan acercando dirigentes de la extinta CiU como Roger Montañola o Antoni Fernández Teixidó. Exdirigentes de CDC y el PDeCAT cercanos a Pascal como Carles Campuzano o Lluís Recoder no ven el nuevo proyecto con malos ojos, aunque de momento no se sumarían.

No estarán el partido de Units -de Ramon Espadaler, y que ahora se integra en el grupo parlamentario del PSC-, ni el PNC de Marta Pascal -a pesar de haber asistido a varias reuniones para formar este nuevo partido catalanista. Tampoco formará parte el fundador de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch.

Municipales 2023

Chacón tiene la voluntad de que el nuevo partido ya se presente en algunos municipios en las elecciones del 2023. Como el PDeCAT es el partido que tiene derechos electorales, ya no se presentaría bajo sus siglas en estos comicios locales. Y lo haría a partir de coaliciones que cobijarían la marca del nuevo partido de Chacón.

Tal y como explicó el diario Ara, la situación aboca a alcaldes y alcaldesas del PDeCAT a escoger entre sumarse al nuevo partido de Chacón o bien apostar por el proyecto de Junts per Catalunya, que lleva meses trabajando para seducirlos. Los alcaldes y alcaldesas del PDeCAT tendrán “libertad” para negociar las listas, según prevén los estatutos del partido nacionalista.

De hecho, alcaldes como los de Figueres, Lloret de Mar o Martorell ya han registrado su propia marca municipal bajo el nombre de 'Junts', para evitar que JxCat presente una lista alternativa. Sin embargo, no descartan llegar a un acuerdo con el partido que lideran Carles Puigdemont y Jordi Sànchez.

En rueda de prensa, el secretario general adjunto del PDeCAT, Marc Solsona -alcalde de Mollerussa y exdiputado de JxCat en el Parlament- reconocía las “afinidades y complicidades” con el nuevo partido de Chacón. Solsona afirmó que el PDeCAT “acompañará” a Centrem en su fundación.

“Ojalá sea un buen acuerdo”. Con estas palabras reaccionaba este martes el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, nada más conocer que PSOE y Unidas Podemos habían logrado desencallar la elaboración de esas cuentas con un acuerdo sobre Vivienda. Él, como los representantes de otros partidos habitualmente socios del Ejecutivo, han recibido el acuerdo con escepticismo y han exigido a PSOE y Unidas Podemos que se siente a negociar con sus aliados parlamentarios para poder aprobar las cuentas antes de final de año.

Inés Sabanés, de Más País-Verdes Equo, ha considerado asimismo una “obviedad” que el Gobierno, en su seno, haya logrado un acuerdo, y ha recordado que la Ley de Vivienda que se haya pactado ha sido elaborada por “la sociedad civil”. “Siempre nos parecerá bien que forme parte de los presupuestos”, ha dicho, en rueda de prensa en el Congreso. No obstante, ha asegurado desconocer el contenido de las nuevas cuentas ni “cuánto tienen de verde” o “cuánto de progresistas”, por lo que he preferido esperar a conocer los Presupuestos para decidir si su grupo los apoya.

Para los populares el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para regular los precios del alquiler es “un ataque sin precedentes contra la propiedad privada y la economía de mercado”, según han trasladado fuentes del partido. Tras conocer los detalles del acuerdo de Gobierno, la diputada del PP Elvira Rodríguez ha cargado contra la medida: “Cuando en un país no se respeta la propiedad privada el horizonte es muy negro”. “¿Cómo vamos a conseguir que la financiación fluya y que el mundo apueste por España? La seguridad jurídica es imprescindible para crecer y crear empleo y las últimas noticias no ayudan nada”, ha escrito en un tuit.

En la misma línea, el portavoz del PDeCat, Ferràn Bel, ha considerado que el hecho de que haya un acuerdo “es lo mínimo que se espera de un Gobierno” y ha querido restar importancia al hecho de que se haya logrado acercar posiciones en materia de Vivienda porque, según ha recordado, también se logró un acuerdo similar el año pasado, antes de aprobar las cuentas, y aún sigue sin aprobarse esa ley de vivienda.

Por parte de Unidas Podemos se han mostrado más positivos. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha celebrado que los socios de Gobierno hayan conseguido “un buen acuerdo de presupuestos para 2022, que incluye una nueva Ley de Vivienda y que las grandes empresas paguen lo que toca”. “El Gobierno gobierna y la coalición goza de buena salud. El nuevo país avanza con cooperación entre las fuerzas progresistas y perseverancia”, ha destacado Díaz.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, , Ione Belarra, también se ha pronunciado en redes sociales tras conocerse el acuerdo al que han llegado los socios de Gobierno en materia de vivienda. “Han sido largos meses de negociación pero el acuerdo para la ley de vivienda marca un hito histórico en nuestro país. Regulación de precios del alquiler, protección frente a los desahucios y parque público de vivienda. ¡Sí, se puede!”, ha celebrado Belarra.

Héctor Gómez, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha asegurado, por su parte, que confía en que se puedan “salvar los escollos” que puedan plantear otros grupos sobre los Presupuestas una vez que estos estén en el Congreso y ha afirmado que su grupo se va a emplear “a fondo” para lograr esos acuerdos.

El PP, contra la bajada de los alquileres y la subida del Impuesto de Sociedades

Las críticas que no se han hecho esperar son las del PP. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha asegurado que los Presupuestos Generales van a salir muy caro a los españoles“. ”A nuestro bolsillo y a nuestras propiedades“, ha añadido. La dirigente ha lamentado que ”además de subidas de impuestos“, el Gobierno ”contempla la intervención en los precios del alquiler, en nuestro patrimonio“, lo que ha considerado un ”ataque a la libertad, la igualdad y la propiedad privada“.

Gamarra ha respondido que el anuncio de una nueva ley de vivienda “plantea inseguridad jurídica y la intervención en un mercado, con las consecuencias que tiene en términos de inversión extranjera el que haya comunistas en el Gobierno”. “La intervención en todo el mercado no será buenas ni positivas para España. No será favorable a los ciudadanos”, ha insistido.

Preguntada expresamente por el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para situar el mínimo del Impuesto de Sociedades en el 15%, Gamarra también lo ha rechazado: “La subida del Sociedades supondrá la salida de inversiones y reducir la capacidad de las empresas de recuperarse. Este partido está en contra”.

Novedad relevante en el caso Palau. La Audiencia de Barcelona ha decidido estudiar la petición del Palau de la Música para que Junts per Catalunya y el PDeCAT, como herederos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) devuelvan las comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros que Ferrovial pagó al partido nacionalista cobró a través del auditorio.

En un auto, la sección 10a de la Audiencia de Barcelona estima la solicitud de la fundación privada Orfeó Català–Palau de la Música, a la que ni la Generalitat, que representa al consorcio de administraciones públicas del Palau, ni la Fiscalía se han opuesto, para estudiar si procede declarar a Junts y al PDeCAT entidades sucesoras de Convergència, y por lo tanto obligar a ambos partidos a devolver el dinero de las comisiones ilegales.

Hasta ahora el tribunal del caso Palau se había resistido a dar este paso. El pasado verano la Fiscalía ya pidió que el PDeCAT asumiera la devolución del dinero que Convergència, en concurso de acreedores tras su disolución como partido a causa de la corrupción, no pudiera afrontar. Los jueces entonces frenaron las intenciones de la Fiscalía al considerar que solo se podría reclamar al PDeCAT los 6,6 millones de comisiones ilegales una vez se constatara que Convergència por sí sola no podía reintegrar el dinero.

Pasados diez meses, argumenta el tribunal, ya se ha comprobado que Convergència no podrá devolver por ella misma los 6,6 millones. En primer lugar porque las sedes embargadas a Convergència tienen un valor de 3,6 millones –tres millones menos que el valor del expolio. “La subasta de los bienes inmuebles embargados en ningún caso cubriría la cantidad objeto de condena”, constata el tribunal en un auto del que ha sido ponente la magistrada Montserrat Comas d'Argemir.

Y además esos 3,6 millones podían no acabar en las arcas del Palau y de Hacienda, ya que existe un conflicto entre el tribunal de la Audiencia de Barcelona y la jueza de lo Mercantil que tramitó el concurso de acreedores del partido, quien mantiene que el dinero debe ir a los bancos y demás acreedores de la formación. Si el Tribunal Supremo termina resolviendo a favor del juzgado de lo Mercantil, la Audiencia de Barcelona advierte de que esos 3,6 millones ya no servirían para resarcir a los perjudicados del caso Palau.

El Palau había pedido reclamar ya el dinero a Junts y al PDeCAT, pero los jueces consideran insuficientes los documentos aportados por el auditorio para declarar la sucesión de los dos partidos respecto a Convergència. El tribunal, antes de tomar la decisión definitiva, permite personarse en la causa al PDeCAT y a Junts per Catalunya para que un plazo de quince días, aleguen lo que consideren pertinente.

De tener que afrontar la devolución millonaria de las comisiones de Convergència, el PDeCAT y Junts verían agravarse su situación económica. Cabe recordar que el PDeCAT será juzgado en el caso del 3% en la Audiencia Nacional y ha visto mermados sus ingresos tras su fracaso en las últimas elecciones al Parlament, donde no obtuvo representación.

La Audiencia Nacional ha confirmado la existencia de indicios suficientes para juzgar al exconseller y exgerente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germá Gordó; a otros excargos de la formación empresarios; y al propio partido y su sucesor, el PDeCAT, como personas jurídicas, por el caso del 3% relativo al presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya.

La sección cuarta de lo Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión al rechazar el recurso que Gordó, el PDeCAT y CDC interpusieron contra el auto en el que el juez José de la Mata propuso juzgarles por “la estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político (CDC y luego PdeCat) ilegalmente y en forma encubierta”. Junto a Gordó fueron procesados los extesoreros de CDC Daniel Osàcar –ya condenado por el caso Palau– y Andreu Viloca y el exresponsable jurídico de la formación Francesc Sánchez, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas.

Los magistrados han resuelto ya cerca de una treintena de recursos presentados contra el auto por De la Mata que les enviaba a juicio por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La Sala tiene pendiente de resolver otros siete recursos.

En sus autos, los jueces argumentan que existen indicios de la participación delictiva de las personas investigadas y que su definitiva responsabilidad en los hechos se dirimirá en el juicio, informa EFE. Recuerdan que en esta causa se investiga la posible existencia de una red estructurada de personas, integrada por altos cargos de CDC que entre 2008 y 2015 llevaron un control y seguimiento de licitaciones de obras y servicios públicos anunciados por distintas administraciones públicas controladas por el partido.

Esos altos cargos, apunta la Sala, “supuestamente se concertaron, por un lado, con cargos públicos y funcionarios de dichas administraciones públicas, y , por otro lado, con determinados empresarios que concurrían a la licitación de aquellas obras y servicios”.

Previo el ejercicio de influencia “a tales empresarios se adjudicaban las obras y servicios, muchas veces mediante la alteración del procedimiento administrativo, a cambio de regalos o de abonar supuestas comisiones (denominadas donaciones) a las fundaciones dependientes de CDC (llamadas Fundació Catalanista i Demàcrata –Catdem– y Fundació Forum Barcelona) cuyos importes revertían en CDC y servían para financiar sus actividades”.

El exgerente Germà Gordó planteaba en su recurso la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, la falta de solidez de los indicios contra él y la, a su juicio, arbitraria selección realizada por el instructor en la investigación, ya que, de las 31 licitaciones analizadas, focalizó cuatro en las que habría participado el recurrente.

La Sala considera que las conclusiones del auto no parecen arbitrarias sino razonables y añade que el hecho de acotar a cuatro las licitaciones, más que arbitrariedad “parece una labor de depuración incriminatoria” . En otro auto, la Sala rechaza el recurso del partido PDeCAT al considerar que existe constancia de su posible participación en las actuaciones delictivas investigadas, a pesar de su fundación con posterioridad a los hechos enjuiciados.

Esta discordancia temporal no es tal, indica el auto, si se tiene en cuenta la tesis de la supuesta disolución del partido CDC y la coetánea creación del Partit Demócrata Europeu Catalá (PdeCat) que guarda una identidad sustancial con el partido extinto, “que sin embargo subsiste a los efectos de cobro de subvenciones pendientes de recibir”·

La Sala argumenta que existen sólidos indicios sobre la creación del nuevo partido para desvincular a CDC de las responsabilidades criminales que pesaban sobre ella, “derivadas del cobro, a través de sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, de numerosas donaciones abonadas por empresas y empresarios que habían recibido alguna adjudicación de obras de alguna de las administraciones públicas gobernadas por CDC, o bien tenían serias expectativas de lograrlo”.

Respecto al recurso de CDC, el Tribunal explica que no se trata de contadas reuniones y de unas cuentas donaciones, como sostiene la formación política, sino de “una operación subjetiva triangular, puesta en práctica en numerosas ocasiones, con idéntico motivo por razón de adjudicaciones a distintas empresas, procediendo en todos los casos de igual manera, respondiendo al mismo patrón de comportamiento”.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha apostado por que “en algún momento” pueda haber una reconciliación entre PDeCAT y JxCat y ha avisado de que mientras esto no ocurra, este espacio no volverá a tener la hegemonía. En una entrevista a Rac1, Mas ha explicado que le gustaría ir a Bélgica para hacer una “reflexión conjunta” con el líder de Junts y ezpresident, Carles Puigdemont. “Lo seguiré intentando”, ha asegurado Mas a pesar de admitir que “ahora es más difícil que antes”. Según el expresident, la decisión de no presentarse en coalición a las elecciones no ha salido bien ni para el PDeCAT ni para JxCat y ha preguntado qué pesa más: “la incomodidad de hacer una coalición electoral o quedar primero en unas elecciones”.

Mas ha valorado los resultados del PDeCAT a las elecciones del 14-F como un “fracaso” en el sentido de que se han quedado fuera del Parlamento y, por otro lado, como un “éxito” porque ha servido para que los votantes independentistas superen la barrera del 50% de los votos.

Después de que el PDeCAT haya quedado fuera del Parlament y de que Junts haya quedado como segunda fuerza independentista, Mas cree que hay que hacer “autocrítica” y no criticarse unos a otros. Y es que, según ha constatado, la apuesta de presentarse por separado a las elecciones del 14-F no le ha salido bien ni al PDeCAT ni a Junts. “Cuando asumes riesgos después tienes que asumir consecuencias”, ha agregado en referencia a que el partido de Puigdemont descartó una coalición electoral.

“Esto no ha salido bien para nadie. Ni a JxCat le ha salido del todo bien ni tampoco al PDeCAT. O haces las cosas diferente o seguirá sin salir bien. Yo parto de la base que la reconciliación debería ser posible”, ha defendido. A pesar de la situación, Mas asegura que no se arrepiente de haberse quedado al PDeCAT.

Preguntado sobre la posibilidad de que el PDeCAT desaparezca después de no obtener representación en la cámara catalana, Mas ha respondido que no lo sabe y que imagina que “todas las opciones están sobre la mesa”. Aún así, ha querido dejar claro que él no tomará la decisión porque actuará como un militante más. El ex presidente ha subrayado que un partido que queda fuera del Parlament “no lo tiene nada fácil” y ha añadido que tiene representación en el Congreso y en el territorio.

El ex presidente ha recordado que él apostó por que se mantuviera un solo partido y si no podía ser, como mínimo, que hubiera una coalición electoral. Este escenario tampoco fue posible porque, según Mas, JxCat no lo aceptó. Y argumentó que, entonces, tuvo que decidir quedarse en el PDeCAT por “coherencia y fidelidad”.

Mas ha reiterado que no aspira a ninguna posición política y que tras el paréntesis de la campaña electoral, en la que ha participado de forma telemática, se dedicará al “terreno de las ideas y la reflexión política”. Es decir, según concretó, a escribir cosas y promover ideas a nivel de país.

Por otra parte, Mas ha defendido que con el PSC se han de poder pactar cosas en el Parlament y ha recordado que los socialistas catalanes han ganado las elecciones y que, además, tienen una fuerza significativa en muchas ciudades y cogobierno en España.

Y en cuanto a una repetición de las elecciones, el ex presidente ha avisado que sería “imperdonable” que no hubiera acuerdo ya que el país “no está para vacíos de gobierno”. Además, ha añadido que los resultados “permiten perfectamente” que haya un acuerdo si todo el mundo está “a la altura de las circunstancias”.