“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.

La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.

Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.

Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.

Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.

En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.

Subir el IVA a la hostelería para recaudar hasta 7.000 millones más

A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.

Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.

Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.

La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.

Desvío del gasto

La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.

“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.

Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.

La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.

Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley de manera “urgente” que recupere las rebajas fiscales en el IVA de la luz y el gas que han decaído este lunes, 1 de junio, así como que se apruebe de nuevo la prórroga de los alquileres por los efectos de la guerra en Irán. En el Ministerio de Economía apuntaban esta misma mañana que el Gobierno está analizando qué medidas extender en el contexto actual.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en uno de los decretos impulsados como consecuencia de las subidas de precios que provocó el conflicto en Oriente Medio. Las medidas estaban en vigor desde el pasado marzo, pero desde este 1 de junio se ha desactivado gradualmente ese paquete por la moderación de la inflación, que se ha contenido en España en el 3,2% en mayo.

Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención en unas jornadas en el Congreso de los Diputados, del colectivo empresarial AlianzAS, para afirmar que es necesario “de manera urgente” un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%.

“Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy”, ha dicho Díaz, que ha insistido en que el alza de los precios se nota en el bolsillo de las familias y de las empresas.

Además la vicepresidenta segunda y líder de Sumar dentro del Gobierno ha insistido en la necesidad de volver a aprobar también la congelación de los contratos de alquiler, que fue rechazada en el Congreso, ya que ha asegurado que es “la emergencia nacional de España” en la actualidad.

El Gobierno analiza qué medidas extender

Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado esta mañana que el Ejecutivo analiza los efectos de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio.

Este mismo lunes han decaído algunas de las desplegadas en marzo: las rebajas en el IVA de la electricidad y el gas natural, que vuelven al 21%, así como el recorte el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En el departamento dirigido por Carlos Cuerpo han defendido la efectividad de las ayudas adoptadas para proteger el poder adquisitivo de hogares y empresas, pero se emplazan a reuniones en las próximas semanas con los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” una vez expire el plazo del 30 de junio.

Estas mismas fuentes han subrayado que la capacidad de refino del país, así como el despliegue de las renovables, sitúan a la economía española “en mejores condiciones” que el resto de los socios de la Unión Europea para afrontar el verano “con garantías”.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cifrado este miércoles en 9.428 millones de euros el IVA defraudado en 2022, un 13,3% de los ingresos teóricos de esta figura fiscal y el 0,69% del producto interior bruto (PIB) de ese año.

Fedea ha publicado este miércoles el estudio 'Una aproximación a la brecha fiscal en el IVA de los hogares residentes en España', en el que calcula la brecha fiscal de cumplimiento del IVA de 2022, entendida como la diferencia entre los ingresos teóricos que se obtendrían si no hubiera fraude y lo realmente recaudado, lo que “constituye una aproximación al fraude existente en el impuesto”.

El estudio sitúa los ingresos teóricos del IVA -calculados conforme a la encuesta de presupuestos familiares, la de condiciones de vida y el consumo de los hogares a partir de la contabilidad nacional- en 70.717 millones de euros, lejos de los 61.289 millones de euros efectivamente recaudados.

Fedea advierte de que su cálculo de la brecha, de 9.428 millones, está condicionado por varios supuestos metodológicos, entre ellos la asunción de que no hay fraude en impuestos especiales, un concepto que sirve de base imponible para el IVA de esos productos.

Así, en caso de que se introdujeran en el cálculo del IVA teórico los ingresos reales de los impuestos especiales la brecha fiscal se reduciría a 8.403 millones.

Tovalloles netes, llençols acabats de canviar, càpsules de cafè, bugaderia industrial, neteja “diària”, petits kits de bany... En els darrers anys, propietaris i empreses dedicades al lloguer turístic han intentat “colar” a Hisenda despeses i deduccions pròpies de la indústria hotelera. L'objectiu: aconseguir un tractament fiscal molt més favorable, accedir a avantatges en l’IVA i ampliar les desgravacions possibles a l'IRPF. Els tribunals, però, han anat estrenyent el setge sobre aquells que intenten equiparar pisos turístics i vil·les vacacionals amb hotels, desmuntant un per un arguments basats en canvis de tovalloles, serveis de bugaderia i esmorzars de cortesia.

La 'batalla' fiscal es lliura en ple auge del lloguer vacacional. Mentre col·lectius socials denuncien que el boom de les plataformes de lloguer turístic i la pressió inversora vinculada al negoci vacacional han transformat barris sencers, disparat el preu de l’habitatge i multiplicat la rendibilitat de pisos, xalets i vil·les turístiques, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris com a conseqüència de la imparable gentrificació, la patronal del lloguer turístic recrimina que s'utilitzi aquest sector com a “cap de turc” de la crisi habitacional i que s'“estigmatitzi” un àmbit que reclama més seguretat jurídica.

Segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al novembre de 2025 hi havia a Espanya 329.764 habitatges turístics -més d'1,6 milions de places en total- anunciades en plataformes digitals com Airbnb, Booking o Vrbo, xifra que equival a l'1,24% del parc total d'habitatges del país. A Balears, l'INE comptabilitzava 19.398 habitatges turístics i més de 124.000 places vacacionals, equivalent a gairebé el 3% de tots els habitatges de l'arxipèlag. Mentrestant, les administracions han intensificat les inspeccions i sancions contra els habitatges turístics que operen de manera il·legal.

En paral·lel a l’expansió d’aquest fenomen, un altre front ha anat creixent silenciosament: el de com han de tributar aquests allotjaments i fins on pot arribar l’Agència Tributària (AEAT) a l’hora d’acceptar deduccions vinculades a una activitat que intenta acostar-se fiscalment al model hoteler. El fenomen ha atret tant petits propietaris com societats especialitzades en l’explotació d’allotjaments turístics, algunes convertides ja en autèntiques gestores d’habitatges repartits per diferents enclavaments vacacionals.

Ni les tovalloles ni la neteja ocasional basten

Una de les sentències més recents, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), afecta dos particulars que havien declarat els ingressos del seu habitatge turístic com a rendiments d’activitat econòmica per ampliar les deduccions a l’IRPF. Entre les despeses que pretenien computar figuraven costos vinculats al manteniment de l’immoble, la neteja o la reposició de roba de llit i tovalloles. La clau del litigi era demostrar que el pis no era un simple lloguer vacacional, sinó una activitat equiparable a un negoci hoteler. Per això, els propietaris al·legaven “reforços puntuals de neteja”, atenció permanent les 24 hores i serveis de bugaderia i canvi de llençols, fundes de coixí i draps de cuina.

Davant això, el tribunal desmunta un per un aquests arguments. La sentència conclou que no existeix una estructura empresarial ni la prestació de serveis equiparables als del sector hoteler, asseverant que l'atenció al client “no és diferent de la que tot arrendador ha de dispensar” davant incidències normals en un habitatge llogat i subratllant que la neteja únicament pot equiparar-se a la d'un hotel quan es presta “diàriament o amb una periodicitat fixa”, no quan es limita a l'entrada i sortida d'hostes o a neteges ocasionals sol·licitades per alguns clients.

La resolució afecta, en la pràctica, la manera en què tributen milers d'habitatges vacacionals a l'IRPF. El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos han de declarar-se com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions. El tribunal rebutja, així mateix, un altre dels arguments habituals en aquest tipus de litigis: deduir despeses durant tot el temps en què l'habitatge va estar anunciat o disponible en plataformes turístiques. La Sala fixa que les despeses només poden prorratejar-se en funció dels dies en què l'immoble va estar efectivament llogat.

El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions

Té, cafè i sabó de mans sota la lupa

La màxima instància judicial ja s'havia pronunciat en termes similars el gener de 2025 arran d'un litigi impulsat per Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una societat que defensava que l'habitatge turístic que explotava oferia autèntics serveis hotelers i, per tant, podia deduir-se l'IVA: va arribar a al·legar que oferia “tè, cafè, sucre, sabó de mans i paper higiènic”, a més d'atenció 24 hores i neteges durant les estades. El conflicte afectava, en concret, una regularització de 63.309 euros. Els magistrats van examinar els registres de neteja aportats per la mercantil i van concloure que la majoria eren posteriors a la sortida dels hostes i no comparables a les neteges diàries de la indústria hotelera.

Es tracta d'una diferència que canvia per complet el resultat fiscal: si el lloguer turístic es considera una mera cessió d'habitatge, l'activitat queda exempta d'IVA i les deduccions són molt més limitades. Si, per contra, existeixen veritables serveis hotelers, el propietari pot desgravar més despeses i compensar les quotes suportades. La qüestió pivota sobre un precepte concret de la Llei de l'IVA: l'article 20.U.23è, que estableix que el lloguer d'habitatges està exempt d'aquest impost, però introdueix una excepció: deixa d'estar exempt quan l'arrendador presta “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”.

D'aquesta manera, per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no pot deduir-se l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler -amb serveis equivalents als d'un hotel- l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions.

Per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no es pot deduir l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler, l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions fiscals

La mateixa batalla s'està lliurant en altres comunitats autònomes. A Andalusia, el Tribunal Superior de Justícia va analitzar el cas de Riad del Ciprés SL, empresa que al·legava que els seus apartaments turístics funcionaven realment com allotjaments hotelers i que, per tant, podia beneficiar-se d'un tractament fiscal més favorable en l'IVA. Per sostenir-ho, assegurava que oferia esmorzars, neteja diària, bugaderia industrial, canvi de llençols i tovalloles, articles d'higiene personal (els anomenats amenities) i atenció permanent les 24 hores, i fins i tot va aportar factures de bugaderia industrial i referències en plataformes turístiques per acreditar aquests serveis.

El litigi afectava quotes de 5.015 euros, però el tribunal va desmuntar bona part de les proves. La sentència subratlla que “la posada a disposició del client de cafès, sucre i altres productes no constitueix serveis propis de restauració” i afegeix que “el canvi de roba i la seva neteja prestat a l'entrada i sortida del període contractat” tampoc basta per parlar de serveis complementaris propis de la indústria hotelera. Els magistrats fins i tot van reparar en el reduït import de les factures de bugaderia -uns 85 euros en total durant diversos mesos- per concloure que no demostraven l'existència d'un autèntic servei hoteler de canvi diari de roba de llit i tovalloles.

Tiquets de supermercat i vil·les de luxe

També l'Audiència Nacional ha hagut de dirimir aquest tipus de conflictes fiscals. El febrer passat va analitzar el cas de Ogladenis S.L.U., enfrontada amb Hisenda per l'explotació de tres vil·les turístiques de luxe situades a Catalunya i valorades en més de cinc milions d'euros. L'empresa defensava que no gestionava simples habitatges vacacionals, sinó allotjaments equiparables a petits hotels, i al·legava, com en els altres casos, oferir neteja periòdica, canvi de llençols, atenció permanent les 24 hores, esmorzars, servei de transfer, càtering i assistència continuada als hostes.

Amb això pretenia mantenir importants deduccions d'IVA vinculades tant a la construcció com a l'explotació dels immobles. Per “acreditar” que realment prestava serveis hotelers, la mercantil va arribar a aportar factures modificades, publicitat en línia, comentaris de clients i converses amb hostes. En algunes factures apareixia fins i tot la frase “amb servei d'esmorzar i neteja diària inclosos”.

L'AEAT va frenar les pretensions de l'empresa en asseverar que els habitatges funcionaven realment com a arrendaments exempts d'IVA i que, per tant, no podia deduir-se aquestes quotes. En la seva sentència, l'AN va detectar, a més, contradiccions entre diferents versions de les factures i l'activitat efectivament demostrada, així com inconsistències entre la publicitat de les vil·les i els serveis que realment podien prestar-se.

Hisenda va revisar fins i tot tiquets de supermercat, el nombre de treballadors contractats, les hores materials necessàries per netejar les propietats i les dimensions de les vil·les, que sumaven 18 habitacions, 12 banys i més de 400 metres quadrats cadascuna. El tribunal considera “físicament i materialment impossible” que l'empresa pogués prestar el servei de neteja diària que afirmava realitzar, especialment tenint en compte que durant part de la temporada només hi havia una netejadora per atendre totes les propietats.

L'AN va més enllà i analitza una qüestió molt més complexa: l'anomenat “autoconsum per canvi d'afectació”, és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost.

L'Audiència Nacional va més enllà i analitza una qüestió encara més complexa: l'anomenat "autoconsum per canvi d'afectació", és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost

El de l'“autoconsum per canvi d'afectació” és, precisament, un dels fronts que també afloren en una sentència dictada el 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L.. En aquest cas, Hisenda va sostenir que un habitatge inicialment lligat a una promoció immobiliària havia acabat utilitzant-se com a arrendament residencial, cosa que obligava a regularitzar les deduccions d'IVA practicades durant la construcció. El conflicte va acabar derivant en una liquidació de més de 80.000 euros i una sanció addicional de més de 43.000 euros.

El criteri que ara estan aplicant diferents tribunals arrenca, en bona mesura, d'una sentència clau del Tribunal Supremo dictada el novembre de 2020. En ella, l'alt tribunal va fixar que, per determinar si un lloguer turístic ha de tributar com una activitat hotelera, no basta que l'allotjament tengui llicència turística, s'anunciï en plataformes vacacionals o es comercialitzi com a apartament turístic. El determinant, subratlla l'Alt Tribunal, és que existeixin autèntics “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”, com neteja periòdica durant l'estada, restauració o una atenció equiparable a la d'un hotel.

Sobre la base de la mateixa doctrina, no totes les resolucions tomben les pretensions dels propietaris. El desembre de 2025, el TSJ d'Andalusia sí va reconèixer el dret d'una empresa d'apartaments turístics a deduir-se l'IVA perquè, a diferència d'altres casos, va considerar acreditat que existia una veritable obligació de prestar serveis propis d'hostalatge. La clau radica en el fet que la societat, Escolástica Inversiones S.L., explotava un edifici complet d'apartaments turístics i va aconseguir demostrar que oferia neteja diària durant l'estada -encara que fos “a demanda” del client-, a més de canvi de llençols, atenció permanent, gestió d'entrades i productes d'acollida. El tribunal va entendre que l'important no era que tots els hostes sol·licitassin efectivament aquests serveis, sinó que l'empresa assumia contractualment l'obligació d'oferir-los, cosa que l'apropava al funcionament d'un establiment hoteler.

La sentència introdueix així un matís rellevant davant altres resolucions més restrictives: basta acreditar de manera sòlida l'existència real i continuada d'algun dels “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” previstos a la Llei de l'IVA perquè l'activitat deixi d'estar exempta i el propietari o l'empresa puguin deduir-se les quotes suportades.

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de 15 años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras 14 personas por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

También están implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude entre marzo y octubre de 2020 después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A Parra el fiscal también le pide una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la hacienda pública. También le exige otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública destaca que Parra, además del dinero defraudado, presuntamente hizo competencia desleal “reprochable”, ya que “reventó” el mercado y presumía diciendo que tenía la gasolina más barata de España en sus gasolineras.

Para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apoderarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a las estaciones de servicio de las que él era propietario, lo que le dio la posibilidad de disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El ministerio público mantiene que Joaquín Parra fue supuestamente “el cabecilla de la operación” y entre los implicados hay familiares (un hijo y su mujer), así como amigos y trabajadores de su plena confianza.

Joaquín Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (precisamente por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos).

Por el presunto fraude que se va a juzgar en Málaga, Parra estuvo en prisión preventiva desde julio de 2021 (siendo presidente del CD Badajoz) a julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también logró descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga (en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital), además de en Sevilla y Madrid.

El dinero defraudado, según el fiscal, permitía a los detenidos llevar un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Los investigadores creen también que Parra podría haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio 'Nuevo Vivero'. 

Ni supone un ahorro automático para los autónomos que cobren menos de 85.000 euros ni España está obligada por Bruselas a implantarlo. El IVA franquiciado ha entrado esta semana, por la puerta grande, en el barro político, después de que Junts lo situara como de sus condiciones para votar a favor del Real Decreto-Ley de congelación de alquileres, que finalmente decayó con sus ‘noes’ y los de PP y Vox.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que los neoconvergentes han jugado la carta del IVA franquiciado para torcer la mano del Gobierno. Primero, para aprobar las rebajas fiscales en respuesta a la guerra en Oriente Medio. Y, después, para las medidas de urgencia sobre vivienda. En el primer caso, el Gobierno transigió y apoyó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para darle impulso a este régimen específico. En el segundo, no hubo acuerdo, ya que en el ala socialista del Ejecutivo ya daban la norma por perdida.

Pero, ¿qué es el IVA franquiciado? Lo que promete ser el próximo dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda es un régimen que existe en el resto de países de la Unión Europea, siendo España la excepción. Hay una directiva europea que el Estado está obligado a transponer al derecho nacional. Sin embargo, solo se exige al Gobierno reconocer a los autónomos españoles la capacidad de acogerse a este régimen en sus negocios con otros países, pero no en su actividad doméstica.

La directiva recoge que los Estados miembro “podrán” conceder una franquicia en el IVA hasta un máximo de 85.000 euros. En la práctica, esto evita que los autónomos que facturen menos tengan que repercutir el impuesto o hacer una declaración trimestral del mismo, reduciendo las cargas burocráticas para aquellos negocios más pequeños.

Fernando Matesanz, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que, en la práctica, el objetivo es “quitar el engorro administrativo” vinculado al IVA, como repercutirlo o declararlo trimestralmente, lo que para muchos pequeños empresarios supone la contratación –y el gasto extra– de un asesor. “En realidad será beneficioso solo para muy poquitas empresas con muy poco gasto, muy dirigidas a consumidores finales, como un kiosco, por ejemplo”, dice en conversación telefónica. “Pero para aquellos que tengan mucho gasto no será positivo porque no se podrán deducir el IVA”, detalla.

La difícil coexistencia con el sistema de módulos

España ya cuenta con un sistema muy beneficioso para la carga fiscal de los pequeños autónomos: el de módulos, o estimación objetiva, que calcula la tributación en el IRPF en función de una serie de características físicas del negocio y hasta un tope de 250.000 euros de facturación.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso, sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explicó en este artículo Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Matesanz apunta que este sistema es una “anomalía” en el entorno europeo, mientras que el IVA franquiciado está presente en todos los países del conglomerado comunitario. Pero, al mismo tiempo, el sistema de módulos es mucho más beneficioso y tiene mayor alcance, afectando a colectivos tan relevantes (y con poder negociador) como el de los transportistas. “Los dos sistemas tienen difícil convivencia. Habrá que hacer una labor de coordinación”, dice el experto de AEDAF.

El Gobierno votó a favor de uno de los puntos de la PNL de Junts sobre la “fatiga tributaria” que sufren los autónomos y las clases medias para asegurar el apoyo del partido catalán al Real Decreto-Ley de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio. En concreto, al séptimo, por el que el Congreso instaba al Ejecutivo a “aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales”. 

Pero estas iniciativas funcionan como declaraciones políticas, sin ser legalmente vinculantes. Por lo que esta vez Junts fue más allá y exigió su aplicación, junto con otras medidas fiscales, para dar luz verde a la prórroga de los alquileres. Un extremo que reiteró su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, una vez derogada la norma. “Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos”, aseguró.

Sumar, a favor de su aprobación

Esta semana, mientras corrían los minutos hacia la votación decisiva, desde Sumar se mostraban abiertos a aceptar las condiciones de Junts, mientras desde el ala socialista se mostraban escépticos y, sotto voce, daban por perdida la medida.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que su posición era “conocida” y “de justicia social”. “Hay que transponer el IVA franquiciado. La directiva la debes cumplir, al 100%, o un poco menos, pero debes cumplir”, dijo, abriendo la puerta a rebajar esa exención.

A su lado, y en su estreno ante los medios tras la reunión semanal del gabinete, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que ya estaban trabajando en ello. “El Gobierno está trabajando en esta transposición y en otras transposiciones de directivas atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Esta, sabe usted que está en tramitación parlamentaria”, zanjó.

En concreto, el ministro se refirió a una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso a un proyecto de ley para transponer otra directiva –esta, sobre criptoactivos– que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado. Esta debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que acumula un notable retraso. De hecho, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haberla incorporado en tiempo y forma.

Pero la enmienda solo permitirá que los autónomos españoles se acojan al régimen de franquicia de otros estados miembros y no lo instaura para su actividad nacional. La norma todavía está a la espera de que se apruebe la ponencia, para luego remitirla a votación al pleno del Congreso. Es decir, que las negociaciones siguen abiertas... y aún queda recorrido para que salga adelante.

¿Qué llevó a siete futbolistas profesionales de distintos equipos y nacionalidades a comprar relojes de lujo a una empresa andorrana investigada por presunto contrabando? El juez del principado Joan Carles Moynat trata de responder a esta pregunta en la causa que mantiene abierta y en la que ha pedido la colaboración de España para que los jugadores declaren como imputados.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado pone cifras a lo que pagó cada futbolista por los relojes. Además, el instructor del principado quiere saber si los jugadores acudieron a Andorra a recoger el producto, o si se lo llevaron a España. De ser así, pide que los futbolistas identifiquen y den el teléfono de la persona que se lo entregó.

En concreto, el juez quiere que los futbolistas expliquen “si vinieron o hicieron venir a alguien a Andorra para recoger el reloj”, y en caso afirmativo que aporten los documentos de exportación del mismo a España. “En caso negativo -apostilla el juez en su auto- deberían indicar con detalles las personas con las que estuvieron en contacto para comprar el reloj, cómo le hicieron llegar el mismo y quién se los llevó indicando el teléfono y nombres de las personas y dónde recibieron el reloj”. También reclama a los jugadores que aporten los documentos que acrediten su eventual declaración.

El juez tiene una hipótesis sobre el caso que investiga. Según el magistrado, las compras de relojes que se realizaban a través de la empresa andorrana del investigado Diego G.C. y un socio serían, en realidad, un mecanismo para eludir el pago de impuestos, ya que hasta el principado los importaba una empresa española también vinculada con el principal encausado.

A falta de que los detalles que puedan aportar los futbolistas, el juez del principado ha hecho cálculos que permiten perfilar el negocio que se hizo con los jugadores: en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado cifra en un total de 1,3 millones de euros el precio de venta de los 16 los relojes que adquirieron en España los futbolistas, frente al millón de euros que consta como valor de importación cuando los modelos entraron en el principado.

Las diferencias entre el precio del reloj cuando fue importado a Andorra y lo que pagaron los futbolistas por ellos son dispares. El magistrado destaca que uno de los relojes que en 2021 adquirió por 110.000 euros el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, por entonces en el Arsenal, correspondería a un modelo importado en el principado por un valor de 52.000 euros. Esto es, una diferencia de 58.000 euros.

El margen de beneficio es más modesto en otros casos. Por ejemplo, el Rolex Daytona Platinium que adquirió en 2021 el futbolista del Real Madrid Daniel Carvajal: el juez señala que el jugador lo compró por 64.800 cuando su valor de importación fue de 61.000 euros. 

Existen diferencias incluso entre los relojes que la sociedad andorrana vinculada a Diego G.C. vendió a un mismo futbolista. A David Silva le proporcionó a cambio de 18.990, según relata el juez en su resolución, un Patek Philippe importado a Andorra por 17.000 euros, casi 2.000 euros más. Pero el margen se eleva hasta los 9.000 euros en otro modelo de la misma marca que, apunta el instructor, el empresario vendió por 114.000 euros al exjugador del Valencia o el Manchester City tras haberlo importado por 103.000.

De la actividad empresarial de Best In, la firma andorrana en el foco de las pesquisas, destacan dos hechos: que una sociedad poco conocida del principado vendiera directamente los relojes a los futbolistas y el volumen de negocio con los jugadores, que asciende a 1,3 millones de euros. Las compraventas se efectuaron entre 2020 y 2025.

Además de las ventas de relojes que sí ha logrado documentar el magistrado, existe un pago de 58.000 euros del jugador del Oviedo Santi Cazorla a la firma andorrana sin que se haya podido encontrar una factura de la compraventa “en la contabilidad” de la empresa andorrana, indica el juez.

Tras estudiar la documentación que han recabado las autoridades aduaneras y tributarias de Andorra, el magistrado concluye que la empresa del investigado importó 38 relojes a Andorra desde España sin que luego conste una declaración aduanera de exportación. Algunos modelos, sin embargo, coinciden con los que finalmente fueron vendidos a los futbolistas en España, según el juez sin pagar impuestos.

El juez detalla que los relojes se pagaban por transferencia desde las cuentas corrientes de los jugadores a la cuenta de la sociedad andorrana, pero que luego no se pagaba el IVA de la importación a España del reloj desde Andorra. Así habría ocurrido en el caso de David Silva, a quien la Hacienda española reclamó 26.000 euros del impuesto. Según un acuerdo entre el futbolista y Diego G.C., el empresario andorrano terminó asumiendo el pago del impuesto que la Agencia Tributaria reclamaba al jugador.

El magistrado quiere preguntar a los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los Rolex y Patek Philippe que adquirieron a una empresa del principado tras no considerar convincentes las explicaciones que dio el empresario Diego G.C. antes de su ingreso en prisión provisional en octubre de 2025.

En un auto, el magistrado destaca que Diego G.C. “no recuerda ni a quién, ni dónde ni cómo” entregaba los relojes a los compradores, pese a que el magistrado le preguntó por una venta que llevó a cabo días antes de su detención.

La falta de memoria del investigado en su declaración contrasta, destaca el juez del caso, con el acuerdo por el que Diego G.C. asumió el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva en 2021, cuando el jugador militaba en la Real Sociedad. En ese documento, se describe que el reloj “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana del empresario.

“El hecho de que [Diego G.C.] no recuerde absolutamente nada cuando se le pide detalles de las entregas de los relojes hace denotar que probablemente su operativa consistía mayoritariamente en importar los relojes a Andorra con el objetivo de ser bajados a España de contrabando”, concluye el instructor en su resolución.

La Comisión Europea (CE) ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto.

El Ejecutivo comunitario así se lo ha trasladado a las autoridades españolas, así como a las de Polonia, en una carta enviada a ambas el pasado 28 de marzo, según adelantó este martes el diario El País y confirmó a EFE una portavoz comunitaria.

“En la carta recordamos a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”, indicó.

En su lugar, el departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural, y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

En cualquier caso, han resaltado que la prioridad del Gobierno es apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que, defienden, jamás debería haber empezado.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anunciado a finales de marzo por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.

Si bien el establecimiento de los tipos impositivos es una competencia de los gobiernos nacionales, la directiva europea sobre el IVA limita los bienes y servicios a los que los países de la UE pueden aplicar sus tipos reducidos y superreducidos, que en el caso de España son del 10% y del 4%, respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de reducir los impuestos especiales, el paquete de medidas adoptado en España a finales de marzo ya hace uso de la misma, a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo.

La CE ha recomendado a los países miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean “selectivas” y “temporales” para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.

“Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético”, dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.

A diferencia de la crisis desatada por la guerra en Ucrania, que se circunscribía a Europa y derivaba de su dependencia de los combustibles fósiles rusos, el conflicto en Oriente Medio es global, con lo que otros países hacia los que la UE se giró para diversificar su suministro de este tipo de combustibles también están afectados. De ahí que Bruselas insista en no incrementar la demanda de los mismos, lo que podría contribuir a la inflación, así como en seguir potenciando las renovables.

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir “de manera equitativa” las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

El sector alimentario y pesquero han reclamado la adopción de medidas urgentes durante la reunión que han mantenido con el Gobierno, entre las que figura la rebaja del IVA a los alimentos para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y que está afectando al sector.

En concreto, la ronda de contactos ha arrancado este lunes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha mantenido un encuentro en la sede de su Departamento con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), con la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

La patronal pesquera ha reclamado en esta reunión la adopción de medidas urgentes compensatorias que permitan mantener la actividad pesquera y evitar impactos en el suministro de pescado, ya que han alertado del riesgo de paradas de actividad ante el incremento desproporcionado de los costes de producción.

Así, entre las peticiones figuran establecer mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por buque, no por empresa, evaluar una suspensión o la reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aliviar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.

A última hora de la mañana, Planas y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con las industrias de alimentación, de piensos y de fertilizantes en la sede de Economía. A la cita han acudido representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Cesfac), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) y con la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA).

Así, la industria alimentaria ha trasladado a Cuerpo y Planas la necesidad de que adoptar medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los suministros energéticos y, “en caso de prolongarse” el conflicto bélico, que se analice la posibilidad de adoptar otras acciones incluyendo la rebaja temporal del IVA de los alimentos, según han informado fuentes de FIAB a Europa Press.

Por su parte, Planas ha reiterado en estos encuentros que el sector agroalimentario y pesquero son “sectores estratégicos” para España. “Es importante conocer sus preocupaciones y dialogar con ellos para adoptar medidas eficaces que minimicen el impacto de la guerra en Oriente Medio en nuestros sectores productivos”, ha señalado en su perfil de la red social 'X', que recoge Europa Press.

Consejo de Ministros extraordinario el viernes

El Gobierno tiene intención de aprobar previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, donde se darán a conocer las medias estructurales y coyunturales, que tienen como objetivo protegera los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios, como es el sector agroalimentario, entre otros.

Por ahora, Cuerpo no ve que sea necesario aprobar la reducción del IVA para los alimentos. “Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes”, ha explicado.

En este sentido, el ministro espera que este impacto se pare no solo con el apoyo a ciudadanos, empresas y trabajadores, sino con el fin de la guerra, lo que evitará que se generen efectos de segunda ronda en cuanto a traslado a los precios de los alimentos.

“Si acaso ese fuera el caso, estamos preparados para ir respondiendo de manera flexible y ampliando si es que fuera necesario el paquete de medidas”, ha asegurado.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado este martes las peticiones de bajadas masivas del impuesto del IVA que han realizado en las últimas horas tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el dueño de Mercadona, Juan Roig. “Aquí no se lucra el Gobierno de España, lo que hace es tomar medidas para ayudar a las empresas, los trabajadores y los autónomos”, ha recordado Díaz. Ayudas con “un coste fiscal muy elevado” que requieren de “ingresos públicos”, ha destacado en una entrevista en Mañaneros (TVE).

La responsable de Trabajo ha criticado el pronunciamiento del responsable de las empresas españolas, Antonio Garamendi, que ha señalado este martes a Hacienda por supuestamente “beneficiarse” del aumento de los precios derivado del conflicto en Oriente Medio, que ya se nota en el coste de los carburantes, por ejemplo.

Yolanda Díaz ha destacado que estas afirmaciones son “falsas” y ha enfatizado que el Gobierno de España “no se lucra” con la subida de precios en estas crisis, como la pasada por la guerra de Ucrania, sino que utiliza los recursos públicos recaudados para pagar ayudas y otras medidas para proteger a la ciudadanía, las empresas, los trabajadores y los autónomos, como los ERTE o las ayudas de paro extraordinarias para los trabajadores por cuenta propia.

“Medidas que van a tener un coste fiscal elevado y que, por tanto, van a necesitar de ingresos públicos”, ha insistido Díaz, para sufragar los llamados 'escudos sociales y laborales', con medidas como ERTE si son necesarios, ayudas a los hogares vulnerables o por el auge del precio de la energía.

Paquete de medidas “trasversal”

Aunque la parte socialista del Gobierno se mantiene de momento más cauta sobre qué medidas puede aprobar para hacer frente a la guerra en Irán, para lo que el presidente hará una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas, Yolanda Díaz ha afirmado que el Ejecutivo de coalición está trabajando ya en “una panoplia” de medidas de carácter “trasversal” para hacer frente a las posibles derivadas de este conflicto armado, tanto “sociales”, como “ambientales” y “laborales”.

Entre ellas, Díaz no ha querido concretar ni descartar ninguna, y ha puesto como referencia la pasada crisis inflacionista por la guerra en Ucrania, que llevó al Gobierno a aprobar la llamada 'excepción ibérica' para contener los precios energéticos, también bonificaciones fiscales a los carburantes por su elevado precio, y un escudo social para proteger a la ciudadanía más vulnerable de los costes de la energía y de posibles aumentos en los alquileres, por ejemplo.

Yolanda Díaz también ha mencionado que “serían muy oportunas” medidas como “el control de precios” de los alimentos, en “un sector tan potente como es el de la distribución en España”, ha destacado, con amplios márgenes de beneficios.

“Tenemos todas las medidas en materia económica y social preparadas y listas”, ha insistido la líder de Sumar dentro del Gobierno, que ha mandado un mensaje de “tranquilidad”. “Confianza en el Gobierno de España, lo vamos a volver a hacer”, ha sostenido.

“IVA cultural ya”. Las galerías y artistas españoles presentes en ARCO 2026 han aprovechado la inauguración de la nueva edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebra desde este miércoles 4 de marzo al domingo día 8 en Madrid, para volver a poner el foco en la discriminación que sufren por no poder aplicar un IVA reducido. Lo han hecho con este contundente lema que reza la pancarta con la que se han fotografiado los artistas en representación de las galerías.

Angustias Freijo, de la Freijo Gallery, reconoce a elDiario.es que están “muy tristes y molestos” con la situación. “Somos cuatro gatos y el arte contemporáneo está cada vez menos apoyado oficialmente en nuestro país”, lamenta. “Para las galerías es duro significarnos en estos temas porque somos comercio y tenemos que defender el trabajo de nuestros artistas; y defenderlo es lograr situarles en colecciones”. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, ha señalado.

Esta no es la primera vez que los stands españoles de ARCO hacen una acción para reclamar la bajada del IVA cultural, que Ernerst Urtasun prometió hace ya dos años y que sigue sin aplicarse. En 2025, todas las galerías del país apagaron sus luces durante diez minutos para protestar ante el 21% de IVA vigente a la venta de arte. Se trata de una diferencia considerable con respecto al IVA que se aplica al resto de distribuidores de otros ámbitos de la cultura, como las salas de cine, teatro o conciertos, que tienen un 10%. Para los libros es de un 4%.

Esta situación de desventaja con el IVA más alto entre los grandes mercados europeos se hace todavía más patente en la feria, donde las galerías españolas conviven con las de otros países como Francia, Italia, Alemania y Portugal, territorios en los que el IVA fluctúa entre el cinco y el ocho por ciento. José de la Mano critica ante este medio que en España “el mercado del arte se considera una cosa de ricos, cuando no es así”. “Para la derecha somos unos izquierdosos y para la izquierda un comercio de élite; y al final perdemos el foco en que la labor del galerista es defender la obra de los artistas y que los artistas puedan vivir de su obra, que tengan una visibilidad”, insiste.

“Si nos quieren hacer daño, están haciendo lo ideal”, asegura a este periódico el galerista Max Estrella, agregando que “las condiciones son una penalización terrorífica al mercado, las galerías y artistas españoles”. “Todos los artistas que residen en este país están minusvalorados a la hora de vender en comparación con cualquier otro artistas de Francia, Italia, Portugal, Alemania o Reino Unido”, asegura. “Estamos seguros de que lo van a cambiar, lo que queremos es que sea cuanto antes”, indica.

Por su lado, las artistas Violeta Andreu y Soniya Amritlal Patel proponen a la gente hacerse una pregunta: “¿Necesitan los artistas a un galerista para vivir de su arte?”. “Hay un sistema social en el que los artistas y las artistas estamos trabajando como cualquier trabajador y no hay manera de salir adelante. Es complicado por la estructura social, pero no podemos vivir de nuestro trabajo”, apunta Andreu. Además, cuenta que “no tiene sentido que se estén pagando estos precios” en alusión al 21% de IVA.

La promesa de un cambio que sigue sin llegar

“En la reunión con el Consorcio de galerías españolas de Arte Contemporáneo hemos renovado el compromiso del Ministerio de Cultura con la labor de las galerías”, declaró Urtasun en marzo de 2024. “Seguiremos trabajando para conseguir el IVA reducido para la compra de arte contemporáneo, una reivindicación histórica que debe ser atendida”, prometió entonces el ministro, cuyo compromiso sigue sin cumplir a día de hoy. Guiomar Díez, coordinadora del Consorcio de galerías, afirma que llevan desde 2022 traslandando “la importancia que tiene para el sector una igualdad con respecto a los países vecinos, y también para los artistas, que siguen en inferioridad de condiciones”.

El galerista Guillermo de Osma, por su parte, se muestra desesperanzado por la falta de información y porque no les han hecho “ni caso” hasta ahora. “Nos consideran al margen de otras actividades culturales, incluidos los artistas, porque nosotros somos intermediarios, y el coleccionista es fundamental para la creación del patrimonio artístico de un país”, comparte. Su compañero Pedro Marín Boza recuerda que este agravio afecta a toda la industria, que incluye otros oficios como iluminadores, restauradores y transportistas. “Todo esto genera una cantidad de trabajo brutal”, argumenta, añadiendo que “el cine ha sabido muy bien hacer didactismo y todos sabemos que, aparte de las grandes estrellas, hay un iluminador, un técnico”, y que ellos “no saben hacer esa didáctica” o “no se les quiere entender o escuchar”.

Una de las obras llamadas a marcar esta edición es Pan, trabajo y libertad, que hace hincapié en los derechos fundamentales que se niegan a las mujeres de Afganistán bajo el régimen talibán, en el que prevalecen la pobreza, el miedo, la opresión y la persecución. Esto lo ha sufrido la artista Kubra Khademi, exiliada en París desde 2015. Angela Merkel, Kamala Harris, Hillary Clinton y Ursula von der Leyen son algunas de las líderes políticas protagonistas de su serie, en la que las ha representado desnudas y compartiendo una orgía sexual. Maribel López, directora de ARCO, ha afirmado que es una “obra estupenda” y que no cree que sea “polémica”.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024.

Así, tal y como ha informado en un comunicado la entidad este viernes, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector.

En concreto, en los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

Cinco detenidos

Además, en el marco de esta operación, denominada 'Pamplinas Stars', y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación de esta 'macrotrama' de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Empresas instrumentales

Así, esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.

Inhabilitación de tres operadoras

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una “vasta y compleja” estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.

Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.

En este sentido, la entidad ha terminado explicando que esta mecánica permitía un “rápido aumento” de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.

La Policía Nacional ha registrado este martes la sede en Madrid del importador de hidrocarburos Biomar, a la que el juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional investiga por un posible fraude del IVA, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.

El juez Antonio Piña indaga si en el seno de Biomar, que figura entre los grandes morosos con la Agencia Tributaria, a la que adeuda más de 119 millones de euros, se habrían cometido delitos fiscales, organización criminal y blanqueo de capitales.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros ha procedido a la detención de ocho personas vinculadas con la empresa, entre ellos el director financiero, indican las mismas fuentes. Tres de ellas pasarán este miércoles a disposición judicial.

Biomar se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024, de manera que cualquier decisión interna está en manos del juez.

Ademas, en octubre de 2024 la Dirección General de Política Energética y Minas inhabilitó a la compañía para ejercer de operador al por mayor de productos petrolíferos al haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó un recurso de la empresa contra dicha resolución. 

La Audiencia Nacional investiga varios casos de presuntos fraudes que habrían cometido empresas de hidrocarburos, como el de la empresa Villafuel, por el que está imputado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

La Xunta no va a revisar ninguno de los documentos que llevan la firma de Norberto Uzal, que fue alto cargo entre 2009 y 2013, durante los primeros años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego, entre 2009 y 2013. El actual presidente gallego, Alfonso Rueda, dice no ver “razones para revisar su labor”. Argumenta que entonces no tuvo la percepción de que “hiciera nada en contra de ninguna normativa” y que los hechos por los que fue condenado a 19 años y medio de prisión no tienen relación con sus tareas en la administración pública.

Uzal fue condenado la semana pasada por la Audiencia Nacional a 19 años y medio de prisión como miembro de una trama empresarial que operaba en el sector de los hidrocarburos al margen de las ordenanzas fiscales. Los delitos que se recogen en la sentencia son blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y están relacionados con su actividad privada en Hafesa tras dejar la Xunta, en donde fue director xeral de Administración Local, directamente a las órdenes de Alfonso Rueda, que era entonces conselleiro de Presidencia.

Rueda respondió este lunes, tras la reunión semanal de su gabinete, a una pregunta sobre si su equipo prevé revisar la actividad de Uzal en el Gobierno gallego. La respuesta es negativa. El presidente de la Xunta recalcó que hace casi 13 años que el ex alto cargo salió de la administración autonómica.

Las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos se han colado en la agenda política y Alberto Núñez Feijóo trata de utilizarlos aunque sea copiando leyes de la Unión Europea. El presidente del Partido Popular anunció este fin de semana un Plan Integral de autónomos cuya medida estrella es la exención del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales. La cuestión es que la propuesta ya fue aprobada por la UE en el año 2020 y solo es necesario la trasposición de la directiva europea por parte del Gobierno de España.

“Bajar impuestos no es una opción: es una obligación. Por eso, eximiremos del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales”, comentó Feijóo en un encuentro con autónomos este fin de semana en Soria.

La realidad es que la propuesta del líder popular fue aprobada por la UE en la directiva 2020/285 del Consejo de 18 de febrero de 2020 por la que se modifica la directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas, que ya quedó recogida en el BOE.

Feijóo también anunció como una medida propia que los autónomos pasarán de una declaración de IVA por trimestre a una al año. “Revisaremos cada trámite y eliminaremos toda la burocracia innecesaria para que podáis dedicaros a trabajar y que vuestro negocio funcione”, aseguró el líder el PP. La directiva europea modificada ya recoge que “los Estados miembros autorizarán a estas pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia [exención] a presentar una declaración del IVA simplificada que cubra el período de un año natural”.

El Ministerio de Hacienda no ha hecho todavía la trasposición de la directiva europea. A preguntas de elDiario.es, desde Hacienda se asegura que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumenta que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declaran desde el Ministerio de Hacienda.

Además, desde el departamento que dirige María Jesús Montero recuerdan que “los minoristas que aplican el régimen del recargo de equivalencia ya no tienen que declarar el IVA. Entonces, el objetivo de que no tengan que presentar declaración por IVA ya está cumplido”.

El recargo de equivalencia es un régimen especial del IVA que se aplica a comerciantes minoristas. Consiste en un importe adicional de IVA que tiene que soportar un comerciante minorista autónomo cuando compra un producto para venderlo a cliente final. Por ejemplo, un autónomo que tenga una ferretería y compra su mercancía a proveedores y mayoristas. Al adherirse a esta modalidad de tributación, se paga algo más pero no hace falta hacer las declaraciones trimestrales de IVA.

El caso Nummaria cuenta la historia de un hombre presentado durante décadas como un mago de los impuestos y la asesoría fiscal que, al final, resultó ser un artista del fraude. Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel pero en libertad a la espera de que su condena sea firme, compaginó su carrera pública de gran gestor de fortunas e inversiones con una 'cara B' de juicios e investigaciones por engañar a clientes en los barrios ricos de Madrid. Las caras visibles de 'Cuéntame' son algunos de los que, según la Audiencia Nacional, acudieron a su despacho para pagar los menos impuestos posibles a Hacienda.

Pocos hablan de Fernando Peña sin destacar que fue el primero de su promoción de inspectores de Hacienda y una mente privilegiada para la fiscalidad antes de coger la puerta giratoria y pasarse a la empresa privada. Fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas que hoy en día aglutina a 6.000 profesionales del sector. Desde 1988 hasta 1997 estuvo al frente de la organización mientras sentaba cátedra sobre el pago de impuestos en televisión y algunos de los principales periódicos nacionales, entrando también en la directiva de la Academia de Televisión.

Ana Duato lo resumió en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional, allá por mayo de 2016. “Es una persona en la que confías plenamente, secretario de la Academia de Televisión e inspector de Hacienda. Me siento muy traicionada”. Pero lo cierto es que, para entonces, Peña no tenía solamente un brillante historial de experto en impuestos. También tenía un historial delictivo muy similar al que ahora le ha costado 80 años de prisión.

A finales de la década de los 80, ya fuera de Hacienda y encumbrado como faro y guía de los asesores fiscales en España, Peña y uno de sus socios empezaron a crear empresas de asesoría y gestión de patrimonios e inversiones. Sociedades en Núñez de Balboa, la calle Serrano y Velázquez, puntos neurálgicos del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, al que acudía gente con dinero para invertir con quienes Peña y su socio mantenían “una fluida relación de confianza”. Muchos terminaron perdiendo su dinero pero no reclamaron.

Los clientes que pedían ilegalidades

Los tribunales reconocieron entonces que este primer engaño atribuido a Peña no fue fácil de desentrañar porque muchas víctimas no denunciaron. Las operaciones en las que perdieron el dinero eran “opacas” por su propio interés. La gente que perdió su dinero buscaba, precisamente, la opacidad “con finalidades de, al menos, dudosa ilicitud desde el punto de vista fiscal”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

En esos primeros años de la década de los 90, algunos de sus clientes tenían la vista puesta en los conocidos como pagarés del Tesoro. Los precursores de las actuales letras del Tesoro que en ese momento eran una herramienta muy útil para manejar dinero negro y fondos opacos: no era obligatorio decir quién era el comprador. El problema de “aflorar” este dinero llegó a finales de 1992 con el vencimiento y desaparición de estos pagarés. Entre él y su socio habían invertido cerca de 200 millones de pesetas.

El dinero de varios inversores desapareció en un entramado societario portugués montado por Peña, que en 2004 fue condenado en firme a tres años de cárcel por apropiación indebida en el Supremo y a devolver 483.220 euros a cuatro clientes. Cinco años después fue indultado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no tuvo que pisar la cárcel. El indulto le instaba a no volver a delinquir en cuatro años si no quería ir a prisión. Para entonces, según la Audiencia Nacional, Peña llevaba tiempo montando estructuras empresariales para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes” ante Hacienda.

De Portugal al caso Nummaria

Su fama como asesor fiscal no hacía sino crecer mientras los tribunales certificaban que su especialidad era, realmente, buscar negocios opacos para sus clientes. La condena del Supremo llegó en el año 2004. Lo que implica que, al menos según la Audiencia Nacional, su debut delictivo se solapó con el segundo: “Desde antes del año 2000”, dicen ahora los jueces, el despacho de Peña en la exclusiva calle Juan Bravo ofrecía ovillos societarios en el extranjero a sus clientes. Sobre todo con el objetivo de pagar menos impuestos.

En el primer caso el dinero acabó en Portugal. Con Nummaria, las estructuras se expandieron a Luxemburgo, Costa Rica, Inglaterra, Canadá y Uruguay. Y no solo sus clientes ahorraban en impuestos. El propio Peña usó 22 sociedades, seis comunidades de bienes, una fundación y una SICAV para optimizar sus declaraciones de la Renta. Anualmente declaraba ingresos derivados de su despacho que rara vez superaban los 30.000 euros cuando, por ejemplo, recibía más de un millón en Suiza.

En esos años, recién condenado por el Supremo y también recién indultado por el Gobierno bajo la condición de no volver a delinquir, dejó de pagar 9,8 millones por el IRPF y otros 5,8 millones más por el IVA. La estructura de fraude se empezó a derrumbar cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude(ONIF) tiró del hilo y llevó sus sospechas a la Fiscalía en 2016. Casi una década de causa que ha terminado en una condena, pendiente de recursos, de 80 años de prisión para el mago de los impuestos Fernando Peña.

El desglose deja 32 años de cárcel por el fraude fiscal que cometió él mismo, mientras que los 48 años restantes de presidio son como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que cometían sus clientes. Entre ellos, el actor Imanol Arias, que se sentó en el banquillo junto con Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau. Los cimientos de 'Cuéntame cómo pasó' que usaron los servicios de Nummaria para canalizar y optimizar sus ganancias pero con resultados muy distintos al final del juicio.

De 'Nummaria' a Construcciones Nueva York

La sentencia explica que tanto Duato como Arias acudieron a Peña para que fuera su asesor fiscal. Por aquel entonces, el economista ya condenado e indultado llevaba años ejerciendo como secretario de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y, según declararon todos durante el proceso, les ofrecía la máxima confianza para gestionar sus derechos de imagen. Algo similar a lo que ha llevado a muchos futbolistas de élite a ser condenados por fraude fiscal.

Los derechos de imagen de Imanol Arias terminaron en sociedades inglesas o de Costa Rica, que eran las que firmaban los contratos con la productora de la serie, mientras otras sociedades firmaban contratos con el propio Arias. Contratos que según los jueces “no tienen ningún sentido” y cuyo único objetivo es que sus ingresos tributaran como una renta vitalicia, con una bonificación del 60%. Lo mismo que sucedió con Ana Duato.

El primero decidió pactar y la segunda peleó su inocencia, dando lugar a una sentencia de elegir tu propia aventura: Arias ha sido condenado a dos años de cárcel, que seguramente no tendrá que cumplir tras pagar sus deudas, y Duato ha sido absuelta. El primero, cuyo personaje Antonio Alcántara se libró de la cárcel por los pelos en la serie después de la traición de 'Don Pablo' en la quiebra de Construcciones Nueva York, reconoció que contrató a Peña para esquivar al fisco. Duato y su marido Bernardeau consiguieron demostrar que ellos no sabían que “estaban incumpliendo su deber de constribuir”.

“Plena confianza” es el término que repite una y otra vez la sentencia para hablar de por qué los clientes ponían su dinero y sus finanzas en manos de Fernando Peña, por aquel entonces ya condenado por estafar cientos de miles de euros a varios clientes. “Yo solo me relacionaba con Fernando Peña, tenía una relación de muchísimos años, no solamente en el despacho sino en la propiedad intelectual”, dijo Imanol Arias en el juicio.

En televisión era presentado incluso como asesor de Adolfo Suárez en materia económica. Dio clase a José María Aznar en su paso por la universidad. Y allí donde los asesores fiscales de prácticas dudosas prefieren la oscuridad y el anonimato, Fernando Peña se paseó por platós de televisión, páginas de periódico y por el mundo de la pequeña pantalla mientras creaba complejas estructuras societarias para defraudar, según la Audiencia Nacional, a la Hacienda Pública a la que sirvió durante años.

Funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de la UCO de Guardia Civil, en el marco de la operación conjunta ‘Backmobile’, han desarticulado una organización criminal especializada en la fraude del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. En la operación se han detenido a 15 personas, se han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos. El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.

La investigación se desarrolló sobre la actividad que venía desplegando desde 2019 la organización criminal desmantelada, sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A finales del pasado mes, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Málaga, tuvo lugar la operación. En ella se han practicado 23 entradas y registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares a lo largo de todo el territorio nacional: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la provincia de Valencia, tres en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Cádiz y dos en la provincia de Barcelona.

Se ha detenido a 15 personas: cinco en la provincia de Málaga, cinco en la provincia de Valencia, dos en la provincia de Madrid, una en la provincia de Sevilla, una en la provincia de Cádiz y una en la provincia de Barcelona, y se han intervenido 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos. La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, junto al Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Terminales importados

La actividad investigada ha puesto de manifiesto una operativa comercial artificial basada, por un lado, en el aprovisionamiento de teléfonos importados y, por otro, en compras en grandes superficies aprovechando promociones. Para la comercialización posterior, la organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba una concatenación de reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, en los que los investigadores pudieron corroborar que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.

En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados, tanto en territorio nacional –aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)–, como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.

Según la Agencia Tributaria, la aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, posibilitando el acaparamiento de los mercados y obteniendo cuantiosos beneficios económicos por estas ventas.

Los líderes del grupo investigado dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional. Han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias, según la AEAT.