¿Qué llevó a siete futbolistas profesionales de distintos equipos y nacionalidades a comprar relojes de lujo a una empresa andorrana investigada por presunto contrabando? El juez del principado Joan Carles Moynat trata de responder a esta pregunta en la causa que mantiene abierta y en la que ha pedido la colaboración de España para que los jugadores declaren como imputados.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado pone cifras a lo que pagó cada futbolista por los relojes. Además, el instructor del principado quiere saber si los jugadores acudieron a Andorra a recoger el producto, o si se lo llevaron a España. De ser así, pide que los futbolistas identifiquen y den el teléfono de la persona que se lo entregó.

En concreto, el juez quiere que los futbolistas expliquen “si vinieron o hicieron venir a alguien a Andorra para recoger el reloj”, y en caso afirmativo que aporten los documentos de exportación del mismo a España. “En caso negativo -apostilla el juez en su auto- deberían indicar con detalles las personas con las que estuvieron en contacto para comprar el reloj, cómo le hicieron llegar el mismo y quién se los llevó indicando el teléfono y nombres de las personas y dónde recibieron el reloj”. También reclama a los jugadores que aporten los documentos que acrediten su eventual declaración.

El juez tiene una hipótesis sobre el caso que investiga. Según el magistrado, las compras de relojes que se realizaban a través de la empresa andorrana del investigado Diego G.C. y un socio serían, en realidad, un mecanismo para eludir el pago de impuestos, ya que hasta el principado los importaba una empresa española también vinculada con el principal encausado.

A falta de que los detalles que puedan aportar los futbolistas, el juez del principado ha hecho cálculos que permiten perfilar el negocio que se hizo con los jugadores: en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado cifra en un total de 1,3 millones de euros el precio de venta de los 16 los relojes que adquirieron en España los futbolistas, frente al millón de euros que consta como valor de importación cuando los modelos entraron en el principado.

Las diferencias entre el precio del reloj cuando fue importado a Andorra y lo que pagaron los futbolistas por ellos son dispares. El magistrado destaca que uno de los relojes que en 2021 adquirió por 110.000 euros el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, por entonces en el Arsenal, correspondería a un modelo importado en el principado por un valor de 52.000 euros. Esto es, una diferencia de 58.000 euros.

El margen de beneficio es más modesto en otros casos. Por ejemplo, el Rolex Daytona Platinium que adquirió en 2021 el futbolista del Real Madrid Daniel Carvajal: el juez señala que el jugador lo compró por 64.800 cuando su valor de importación fue de 61.000 euros. 

Existen diferencias incluso entre los relojes que la sociedad andorrana vinculada a Diego G.C. vendió a un mismo futbolista. A David Silva le proporcionó a cambio de 18.990, según relata el juez en su resolución, un Patek Philippe importado a Andorra por 17.000 euros, casi 2.000 euros más. Pero el margen se eleva hasta los 9.000 euros en otro modelo de la misma marca que, apunta el instructor, el empresario vendió por 114.000 euros al exjugador del Valencia o el Manchester City tras haberlo importado por 103.000.

De la actividad empresarial de Best In, la firma andorrana en el foco de las pesquisas, destacan dos hechos: que una sociedad poco conocida del principado vendiera directamente los relojes a los futbolistas y el volumen de negocio con los jugadores, que asciende a 1,3 millones de euros. Las compraventas se efectuaron entre 2020 y 2025.

Además de las ventas de relojes que sí ha logrado documentar el magistrado, existe un pago de 58.000 euros del jugador del Oviedo Santi Cazorla a la firma andorrana sin que se haya podido encontrar una factura de la compraventa “en la contabilidad” de la empresa andorrana, indica el juez.

Tras estudiar la documentación que han recabado las autoridades aduaneras y tributarias de Andorra, el magistrado concluye que la empresa del investigado importó 38 relojes a Andorra desde España sin que luego conste una declaración aduanera de exportación. Algunos modelos, sin embargo, coinciden con los que finalmente fueron vendidos a los futbolistas en España, según el juez sin pagar impuestos.

El juez detalla que los relojes se pagaban por transferencia desde las cuentas corrientes de los jugadores a la cuenta de la sociedad andorrana, pero que luego no se pagaba el IVA de la importación a España del reloj desde Andorra. Así habría ocurrido en el caso de David Silva, a quien la Hacienda española reclamó 26.000 euros del impuesto. Según un acuerdo entre el futbolista y Diego G.C., el empresario andorrano terminó asumiendo el pago del impuesto que la Agencia Tributaria reclamaba al jugador.

El magistrado quiere preguntar a los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los Rolex y Patek Philippe que adquirieron a una empresa del principado tras no considerar convincentes las explicaciones que dio el empresario Diego G.C. antes de su ingreso en prisión provisional en octubre de 2025.

En un auto, el magistrado destaca que Diego G.C. “no recuerda ni a quién, ni dónde ni cómo” entregaba los relojes a los compradores, pese a que el magistrado le preguntó por una venta que llevó a cabo días antes de su detención.

La falta de memoria del investigado en su declaración contrasta, destaca el juez del caso, con el acuerdo por el que Diego G.C. asumió el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva en 2021, cuando el jugador militaba en la Real Sociedad. En ese documento, se describe que el reloj “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana del empresario.

“El hecho de que [Diego G.C.] no recuerde absolutamente nada cuando se le pide detalles de las entregas de los relojes hace denotar que probablemente su operativa consistía mayoritariamente en importar los relojes a Andorra con el objetivo de ser bajados a España de contrabando”, concluye el instructor en su resolución.

La Comisión Europea (CE) ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto.

El Ejecutivo comunitario así se lo ha trasladado a las autoridades españolas, así como a las de Polonia, en una carta enviada a ambas el pasado 28 de marzo, según adelantó este martes el diario El País y confirmó a EFE una portavoz comunitaria.

“En la carta recordamos a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”, indicó.

En su lugar, el departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural, y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

En cualquier caso, han resaltado que la prioridad del Gobierno es apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que, defienden, jamás debería haber empezado.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anunciado a finales de marzo por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.

Si bien el establecimiento de los tipos impositivos es una competencia de los gobiernos nacionales, la directiva europea sobre el IVA limita los bienes y servicios a los que los países de la UE pueden aplicar sus tipos reducidos y superreducidos, que en el caso de España son del 10% y del 4%, respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de reducir los impuestos especiales, el paquete de medidas adoptado en España a finales de marzo ya hace uso de la misma, a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo.

La CE ha recomendado a los países miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean “selectivas” y “temporales” para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.

“Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético”, dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.

A diferencia de la crisis desatada por la guerra en Ucrania, que se circunscribía a Europa y derivaba de su dependencia de los combustibles fósiles rusos, el conflicto en Oriente Medio es global, con lo que otros países hacia los que la UE se giró para diversificar su suministro de este tipo de combustibles también están afectados. De ahí que Bruselas insista en no incrementar la demanda de los mismos, lo que podría contribuir a la inflación, así como en seguir potenciando las renovables.

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir “de manera equitativa” las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

El sector alimentario y pesquero han reclamado la adopción de medidas urgentes durante la reunión que han mantenido con el Gobierno, entre las que figura la rebaja del IVA a los alimentos para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y que está afectando al sector.

En concreto, la ronda de contactos ha arrancado este lunes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha mantenido un encuentro en la sede de su Departamento con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), con la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

La patronal pesquera ha reclamado en esta reunión la adopción de medidas urgentes compensatorias que permitan mantener la actividad pesquera y evitar impactos en el suministro de pescado, ya que han alertado del riesgo de paradas de actividad ante el incremento desproporcionado de los costes de producción.

Así, entre las peticiones figuran establecer mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por buque, no por empresa, evaluar una suspensión o la reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aliviar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.

A última hora de la mañana, Planas y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con las industrias de alimentación, de piensos y de fertilizantes en la sede de Economía. A la cita han acudido representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Cesfac), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) y con la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA).

Así, la industria alimentaria ha trasladado a Cuerpo y Planas la necesidad de que adoptar medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los suministros energéticos y, “en caso de prolongarse” el conflicto bélico, que se analice la posibilidad de adoptar otras acciones incluyendo la rebaja temporal del IVA de los alimentos, según han informado fuentes de FIAB a Europa Press.

Por su parte, Planas ha reiterado en estos encuentros que el sector agroalimentario y pesquero son “sectores estratégicos” para España. “Es importante conocer sus preocupaciones y dialogar con ellos para adoptar medidas eficaces que minimicen el impacto de la guerra en Oriente Medio en nuestros sectores productivos”, ha señalado en su perfil de la red social 'X', que recoge Europa Press.

Consejo de Ministros extraordinario el viernes

El Gobierno tiene intención de aprobar previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, donde se darán a conocer las medias estructurales y coyunturales, que tienen como objetivo protegera los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios, como es el sector agroalimentario, entre otros.

Por ahora, Cuerpo no ve que sea necesario aprobar la reducción del IVA para los alimentos. “Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes”, ha explicado.

En este sentido, el ministro espera que este impacto se pare no solo con el apoyo a ciudadanos, empresas y trabajadores, sino con el fin de la guerra, lo que evitará que se generen efectos de segunda ronda en cuanto a traslado a los precios de los alimentos.

“Si acaso ese fuera el caso, estamos preparados para ir respondiendo de manera flexible y ampliando si es que fuera necesario el paquete de medidas”, ha asegurado.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado este martes las peticiones de bajadas masivas del impuesto del IVA que han realizado en las últimas horas tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el dueño de Mercadona, Juan Roig. “Aquí no se lucra el Gobierno de España, lo que hace es tomar medidas para ayudar a las empresas, los trabajadores y los autónomos”, ha recordado Díaz. Ayudas con “un coste fiscal muy elevado” que requieren de “ingresos públicos”, ha destacado en una entrevista en Mañaneros (TVE).

La responsable de Trabajo ha criticado el pronunciamiento del responsable de las empresas españolas, Antonio Garamendi, que ha señalado este martes a Hacienda por supuestamente “beneficiarse” del aumento de los precios derivado del conflicto en Oriente Medio, que ya se nota en el coste de los carburantes, por ejemplo.

Yolanda Díaz ha destacado que estas afirmaciones son “falsas” y ha enfatizado que el Gobierno de España “no se lucra” con la subida de precios en estas crisis, como la pasada por la guerra de Ucrania, sino que utiliza los recursos públicos recaudados para pagar ayudas y otras medidas para proteger a la ciudadanía, las empresas, los trabajadores y los autónomos, como los ERTE o las ayudas de paro extraordinarias para los trabajadores por cuenta propia.

“Medidas que van a tener un coste fiscal elevado y que, por tanto, van a necesitar de ingresos públicos”, ha insistido Díaz, para sufragar los llamados 'escudos sociales y laborales', con medidas como ERTE si son necesarios, ayudas a los hogares vulnerables o por el auge del precio de la energía.

Paquete de medidas “trasversal”

Aunque la parte socialista del Gobierno se mantiene de momento más cauta sobre qué medidas puede aprobar para hacer frente a la guerra en Irán, para lo que el presidente hará una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas, Yolanda Díaz ha afirmado que el Ejecutivo de coalición está trabajando ya en “una panoplia” de medidas de carácter “trasversal” para hacer frente a las posibles derivadas de este conflicto armado, tanto “sociales”, como “ambientales” y “laborales”.

Entre ellas, Díaz no ha querido concretar ni descartar ninguna, y ha puesto como referencia la pasada crisis inflacionista por la guerra en Ucrania, que llevó al Gobierno a aprobar la llamada 'excepción ibérica' para contener los precios energéticos, también bonificaciones fiscales a los carburantes por su elevado precio, y un escudo social para proteger a la ciudadanía más vulnerable de los costes de la energía y de posibles aumentos en los alquileres, por ejemplo.

Yolanda Díaz también ha mencionado que “serían muy oportunas” medidas como “el control de precios” de los alimentos, en “un sector tan potente como es el de la distribución en España”, ha destacado, con amplios márgenes de beneficios.

“Tenemos todas las medidas en materia económica y social preparadas y listas”, ha insistido la líder de Sumar dentro del Gobierno, que ha mandado un mensaje de “tranquilidad”. “Confianza en el Gobierno de España, lo vamos a volver a hacer”, ha sostenido.

“IVA cultural ya”. Las galerías y artistas españoles presentes en ARCO 2026 han aprovechado la inauguración de la nueva edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebra desde este miércoles 4 de marzo al domingo día 8 en Madrid, para volver a poner el foco en la discriminación que sufren por no poder aplicar un IVA reducido. Lo han hecho con este contundente lema que reza la pancarta con la que se han fotografiado los artistas en representación de las galerías.

Angustias Freijo, de la Freijo Gallery, reconoce a elDiario.es que están “muy tristes y molestos” con la situación. “Somos cuatro gatos y el arte contemporáneo está cada vez menos apoyado oficialmente en nuestro país”, lamenta. “Para las galerías es duro significarnos en estos temas porque somos comercio y tenemos que defender el trabajo de nuestros artistas; y defenderlo es lograr situarles en colecciones”. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, ha señalado.

Esta no es la primera vez que los stands españoles de ARCO hacen una acción para reclamar la bajada del IVA cultural, que Ernerst Urtasun prometió hace ya dos años y que sigue sin aplicarse. En 2025, todas las galerías del país apagaron sus luces durante diez minutos para protestar ante el 21% de IVA vigente a la venta de arte. Se trata de una diferencia considerable con respecto al IVA que se aplica al resto de distribuidores de otros ámbitos de la cultura, como las salas de cine, teatro o conciertos, que tienen un 10%. Para los libros es de un 4%.

Esta situación de desventaja con el IVA más alto entre los grandes mercados europeos se hace todavía más patente en la feria, donde las galerías españolas conviven con las de otros países como Francia, Italia, Alemania y Portugal, territorios en los que el IVA fluctúa entre el cinco y el ocho por ciento. José de la Mano critica ante este medio que en España “el mercado del arte se considera una cosa de ricos, cuando no es así”. “Para la derecha somos unos izquierdosos y para la izquierda un comercio de élite; y al final perdemos el foco en que la labor del galerista es defender la obra de los artistas y que los artistas puedan vivir de su obra, que tengan una visibilidad”, insiste.

“Si nos quieren hacer daño, están haciendo lo ideal”, asegura a este periódico el galerista Max Estrella, agregando que “las condiciones son una penalización terrorífica al mercado, las galerías y artistas españoles”. “Todos los artistas que residen en este país están minusvalorados a la hora de vender en comparación con cualquier otro artistas de Francia, Italia, Portugal, Alemania o Reino Unido”, asegura. “Estamos seguros de que lo van a cambiar, lo que queremos es que sea cuanto antes”, indica.

Por su lado, las artistas Violeta Andreu y Soniya Amritlal Patel proponen a la gente hacerse una pregunta: “¿Necesitan los artistas a un galerista para vivir de su arte?”. “Hay un sistema social en el que los artistas y las artistas estamos trabajando como cualquier trabajador y no hay manera de salir adelante. Es complicado por la estructura social, pero no podemos vivir de nuestro trabajo”, apunta Andreu. Además, cuenta que “no tiene sentido que se estén pagando estos precios” en alusión al 21% de IVA.

La promesa de un cambio que sigue sin llegar

“En la reunión con el Consorcio de galerías españolas de Arte Contemporáneo hemos renovado el compromiso del Ministerio de Cultura con la labor de las galerías”, declaró Urtasun en marzo de 2024. “Seguiremos trabajando para conseguir el IVA reducido para la compra de arte contemporáneo, una reivindicación histórica que debe ser atendida”, prometió entonces el ministro, cuyo compromiso sigue sin cumplir a día de hoy. Guiomar Díez, coordinadora del Consorcio de galerías, afirma que llevan desde 2022 traslandando “la importancia que tiene para el sector una igualdad con respecto a los países vecinos, y también para los artistas, que siguen en inferioridad de condiciones”.

El galerista Guillermo de Osma, por su parte, se muestra desesperanzado por la falta de información y porque no les han hecho “ni caso” hasta ahora. “Nos consideran al margen de otras actividades culturales, incluidos los artistas, porque nosotros somos intermediarios, y el coleccionista es fundamental para la creación del patrimonio artístico de un país”, comparte. Su compañero Pedro Marín Boza recuerda que este agravio afecta a toda la industria, que incluye otros oficios como iluminadores, restauradores y transportistas. “Todo esto genera una cantidad de trabajo brutal”, argumenta, añadiendo que “el cine ha sabido muy bien hacer didactismo y todos sabemos que, aparte de las grandes estrellas, hay un iluminador, un técnico”, y que ellos “no saben hacer esa didáctica” o “no se les quiere entender o escuchar”.

Una de las obras llamadas a marcar esta edición es Pan, trabajo y libertad, que hace hincapié en los derechos fundamentales que se niegan a las mujeres de Afganistán bajo el régimen talibán, en el que prevalecen la pobreza, el miedo, la opresión y la persecución. Esto lo ha sufrido la artista Kubra Khademi, exiliada en París desde 2015. Angela Merkel, Kamala Harris, Hillary Clinton y Ursula von der Leyen son algunas de las líderes políticas protagonistas de su serie, en la que las ha representado desnudas y compartiendo una orgía sexual. Maribel López, directora de ARCO, ha afirmado que es una “obra estupenda” y que no cree que sea “polémica”.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024.

Así, tal y como ha informado en un comunicado la entidad este viernes, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector.

En concreto, en los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

Cinco detenidos

Además, en el marco de esta operación, denominada 'Pamplinas Stars', y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación de esta 'macrotrama' de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Empresas instrumentales

Así, esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.

Inhabilitación de tres operadoras

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una “vasta y compleja” estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.

Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.

En este sentido, la entidad ha terminado explicando que esta mecánica permitía un “rápido aumento” de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.

La Policía Nacional ha registrado este martes la sede en Madrid del importador de hidrocarburos Biomar, a la que el juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional investiga por un posible fraude del IVA, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.

El juez Antonio Piña indaga si en el seno de Biomar, que figura entre los grandes morosos con la Agencia Tributaria, a la que adeuda más de 119 millones de euros, se habrían cometido delitos fiscales, organización criminal y blanqueo de capitales.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros ha procedido a la detención de ocho personas vinculadas con la empresa, entre ellos el director financiero, indican las mismas fuentes. Tres de ellas pasarán este miércoles a disposición judicial.

Biomar se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024, de manera que cualquier decisión interna está en manos del juez.

Ademas, en octubre de 2024 la Dirección General de Política Energética y Minas inhabilitó a la compañía para ejercer de operador al por mayor de productos petrolíferos al haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó un recurso de la empresa contra dicha resolución. 

La Audiencia Nacional investiga varios casos de presuntos fraudes que habrían cometido empresas de hidrocarburos, como el de la empresa Villafuel, por el que está imputado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

La Xunta no va a revisar ninguno de los documentos que llevan la firma de Norberto Uzal, que fue alto cargo entre 2009 y 2013, durante los primeros años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego, entre 2009 y 2013. El actual presidente gallego, Alfonso Rueda, dice no ver “razones para revisar su labor”. Argumenta que entonces no tuvo la percepción de que “hiciera nada en contra de ninguna normativa” y que los hechos por los que fue condenado a 19 años y medio de prisión no tienen relación con sus tareas en la administración pública.

Uzal fue condenado la semana pasada por la Audiencia Nacional a 19 años y medio de prisión como miembro de una trama empresarial que operaba en el sector de los hidrocarburos al margen de las ordenanzas fiscales. Los delitos que se recogen en la sentencia son blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y están relacionados con su actividad privada en Hafesa tras dejar la Xunta, en donde fue director xeral de Administración Local, directamente a las órdenes de Alfonso Rueda, que era entonces conselleiro de Presidencia.

Rueda respondió este lunes, tras la reunión semanal de su gabinete, a una pregunta sobre si su equipo prevé revisar la actividad de Uzal en el Gobierno gallego. La respuesta es negativa. El presidente de la Xunta recalcó que hace casi 13 años que el ex alto cargo salió de la administración autonómica.

Las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos se han colado en la agenda política y Alberto Núñez Feijóo trata de utilizarlos aunque sea copiando leyes de la Unión Europea. El presidente del Partido Popular anunció este fin de semana un Plan Integral de autónomos cuya medida estrella es la exención del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales. La cuestión es que la propuesta ya fue aprobada por la UE en el año 2020 y solo es necesario la trasposición de la directiva europea por parte del Gobierno de España.

“Bajar impuestos no es una opción: es una obligación. Por eso, eximiremos del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales”, comentó Feijóo en un encuentro con autónomos este fin de semana en Soria.

La realidad es que la propuesta del líder popular fue aprobada por la UE en la directiva 2020/285 del Consejo de 18 de febrero de 2020 por la que se modifica la directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas, que ya quedó recogida en el BOE.

Feijóo también anunció como una medida propia que los autónomos pasarán de una declaración de IVA por trimestre a una al año. “Revisaremos cada trámite y eliminaremos toda la burocracia innecesaria para que podáis dedicaros a trabajar y que vuestro negocio funcione”, aseguró el líder el PP. La directiva europea modificada ya recoge que “los Estados miembros autorizarán a estas pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia [exención] a presentar una declaración del IVA simplificada que cubra el período de un año natural”.

El Ministerio de Hacienda no ha hecho todavía la trasposición de la directiva europea. A preguntas de elDiario.es, desde Hacienda se asegura que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumenta que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declaran desde el Ministerio de Hacienda.

Además, desde el departamento que dirige María Jesús Montero recuerdan que “los minoristas que aplican el régimen del recargo de equivalencia ya no tienen que declarar el IVA. Entonces, el objetivo de que no tengan que presentar declaración por IVA ya está cumplido”.

El recargo de equivalencia es un régimen especial del IVA que se aplica a comerciantes minoristas. Consiste en un importe adicional de IVA que tiene que soportar un comerciante minorista autónomo cuando compra un producto para venderlo a cliente final. Por ejemplo, un autónomo que tenga una ferretería y compra su mercancía a proveedores y mayoristas. Al adherirse a esta modalidad de tributación, se paga algo más pero no hace falta hacer las declaraciones trimestrales de IVA.

El caso Nummaria cuenta la historia de un hombre presentado durante décadas como un mago de los impuestos y la asesoría fiscal que, al final, resultó ser un artista del fraude. Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel pero en libertad a la espera de que su condena sea firme, compaginó su carrera pública de gran gestor de fortunas e inversiones con una 'cara B' de juicios e investigaciones por engañar a clientes en los barrios ricos de Madrid. Las caras visibles de 'Cuéntame' son algunos de los que, según la Audiencia Nacional, acudieron a su despacho para pagar los menos impuestos posibles a Hacienda.

Pocos hablan de Fernando Peña sin destacar que fue el primero de su promoción de inspectores de Hacienda y una mente privilegiada para la fiscalidad antes de coger la puerta giratoria y pasarse a la empresa privada. Fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas que hoy en día aglutina a 6.000 profesionales del sector. Desde 1988 hasta 1997 estuvo al frente de la organización mientras sentaba cátedra sobre el pago de impuestos en televisión y algunos de los principales periódicos nacionales, entrando también en la directiva de la Academia de Televisión.

Ana Duato lo resumió en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional, allá por mayo de 2016. “Es una persona en la que confías plenamente, secretario de la Academia de Televisión e inspector de Hacienda. Me siento muy traicionada”. Pero lo cierto es que, para entonces, Peña no tenía solamente un brillante historial de experto en impuestos. También tenía un historial delictivo muy similar al que ahora le ha costado 80 años de prisión.

A finales de la década de los 80, ya fuera de Hacienda y encumbrado como faro y guía de los asesores fiscales en España, Peña y uno de sus socios empezaron a crear empresas de asesoría y gestión de patrimonios e inversiones. Sociedades en Núñez de Balboa, la calle Serrano y Velázquez, puntos neurálgicos del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, al que acudía gente con dinero para invertir con quienes Peña y su socio mantenían “una fluida relación de confianza”. Muchos terminaron perdiendo su dinero pero no reclamaron.

Los clientes que pedían ilegalidades

Los tribunales reconocieron entonces que este primer engaño atribuido a Peña no fue fácil de desentrañar porque muchas víctimas no denunciaron. Las operaciones en las que perdieron el dinero eran “opacas” por su propio interés. La gente que perdió su dinero buscaba, precisamente, la opacidad “con finalidades de, al menos, dudosa ilicitud desde el punto de vista fiscal”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

En esos primeros años de la década de los 90, algunos de sus clientes tenían la vista puesta en los conocidos como pagarés del Tesoro. Los precursores de las actuales letras del Tesoro que en ese momento eran una herramienta muy útil para manejar dinero negro y fondos opacos: no era obligatorio decir quién era el comprador. El problema de “aflorar” este dinero llegó a finales de 1992 con el vencimiento y desaparición de estos pagarés. Entre él y su socio habían invertido cerca de 200 millones de pesetas.

El dinero de varios inversores desapareció en un entramado societario portugués montado por Peña, que en 2004 fue condenado en firme a tres años de cárcel por apropiación indebida en el Supremo y a devolver 483.220 euros a cuatro clientes. Cinco años después fue indultado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no tuvo que pisar la cárcel. El indulto le instaba a no volver a delinquir en cuatro años si no quería ir a prisión. Para entonces, según la Audiencia Nacional, Peña llevaba tiempo montando estructuras empresariales para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes” ante Hacienda.

De Portugal al caso Nummaria

Su fama como asesor fiscal no hacía sino crecer mientras los tribunales certificaban que su especialidad era, realmente, buscar negocios opacos para sus clientes. La condena del Supremo llegó en el año 2004. Lo que implica que, al menos según la Audiencia Nacional, su debut delictivo se solapó con el segundo: “Desde antes del año 2000”, dicen ahora los jueces, el despacho de Peña en la exclusiva calle Juan Bravo ofrecía ovillos societarios en el extranjero a sus clientes. Sobre todo con el objetivo de pagar menos impuestos.

En el primer caso el dinero acabó en Portugal. Con Nummaria, las estructuras se expandieron a Luxemburgo, Costa Rica, Inglaterra, Canadá y Uruguay. Y no solo sus clientes ahorraban en impuestos. El propio Peña usó 22 sociedades, seis comunidades de bienes, una fundación y una SICAV para optimizar sus declaraciones de la Renta. Anualmente declaraba ingresos derivados de su despacho que rara vez superaban los 30.000 euros cuando, por ejemplo, recibía más de un millón en Suiza.

En esos años, recién condenado por el Supremo y también recién indultado por el Gobierno bajo la condición de no volver a delinquir, dejó de pagar 9,8 millones por el IRPF y otros 5,8 millones más por el IVA. La estructura de fraude se empezó a derrumbar cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude(ONIF) tiró del hilo y llevó sus sospechas a la Fiscalía en 2016. Casi una década de causa que ha terminado en una condena, pendiente de recursos, de 80 años de prisión para el mago de los impuestos Fernando Peña.

El desglose deja 32 años de cárcel por el fraude fiscal que cometió él mismo, mientras que los 48 años restantes de presidio son como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que cometían sus clientes. Entre ellos, el actor Imanol Arias, que se sentó en el banquillo junto con Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau. Los cimientos de 'Cuéntame cómo pasó' que usaron los servicios de Nummaria para canalizar y optimizar sus ganancias pero con resultados muy distintos al final del juicio.

De 'Nummaria' a Construcciones Nueva York

La sentencia explica que tanto Duato como Arias acudieron a Peña para que fuera su asesor fiscal. Por aquel entonces, el economista ya condenado e indultado llevaba años ejerciendo como secretario de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y, según declararon todos durante el proceso, les ofrecía la máxima confianza para gestionar sus derechos de imagen. Algo similar a lo que ha llevado a muchos futbolistas de élite a ser condenados por fraude fiscal.

Los derechos de imagen de Imanol Arias terminaron en sociedades inglesas o de Costa Rica, que eran las que firmaban los contratos con la productora de la serie, mientras otras sociedades firmaban contratos con el propio Arias. Contratos que según los jueces “no tienen ningún sentido” y cuyo único objetivo es que sus ingresos tributaran como una renta vitalicia, con una bonificación del 60%. Lo mismo que sucedió con Ana Duato.

El primero decidió pactar y la segunda peleó su inocencia, dando lugar a una sentencia de elegir tu propia aventura: Arias ha sido condenado a dos años de cárcel, que seguramente no tendrá que cumplir tras pagar sus deudas, y Duato ha sido absuelta. El primero, cuyo personaje Antonio Alcántara se libró de la cárcel por los pelos en la serie después de la traición de 'Don Pablo' en la quiebra de Construcciones Nueva York, reconoció que contrató a Peña para esquivar al fisco. Duato y su marido Bernardeau consiguieron demostrar que ellos no sabían que “estaban incumpliendo su deber de constribuir”.

“Plena confianza” es el término que repite una y otra vez la sentencia para hablar de por qué los clientes ponían su dinero y sus finanzas en manos de Fernando Peña, por aquel entonces ya condenado por estafar cientos de miles de euros a varios clientes. “Yo solo me relacionaba con Fernando Peña, tenía una relación de muchísimos años, no solamente en el despacho sino en la propiedad intelectual”, dijo Imanol Arias en el juicio.

En televisión era presentado incluso como asesor de Adolfo Suárez en materia económica. Dio clase a José María Aznar en su paso por la universidad. Y allí donde los asesores fiscales de prácticas dudosas prefieren la oscuridad y el anonimato, Fernando Peña se paseó por platós de televisión, páginas de periódico y por el mundo de la pequeña pantalla mientras creaba complejas estructuras societarias para defraudar, según la Audiencia Nacional, a la Hacienda Pública a la que sirvió durante años.

Funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de la UCO de Guardia Civil, en el marco de la operación conjunta ‘Backmobile’, han desarticulado una organización criminal especializada en la fraude del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. En la operación se han detenido a 15 personas, se han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos. El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.

La investigación se desarrolló sobre la actividad que venía desplegando desde 2019 la organización criminal desmantelada, sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A finales del pasado mes, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Málaga, tuvo lugar la operación. En ella se han practicado 23 entradas y registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares a lo largo de todo el territorio nacional: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la provincia de Valencia, tres en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Cádiz y dos en la provincia de Barcelona.

Se ha detenido a 15 personas: cinco en la provincia de Málaga, cinco en la provincia de Valencia, dos en la provincia de Madrid, una en la provincia de Sevilla, una en la provincia de Cádiz y una en la provincia de Barcelona, y se han intervenido 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos. La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, junto al Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Terminales importados

La actividad investigada ha puesto de manifiesto una operativa comercial artificial basada, por un lado, en el aprovisionamiento de teléfonos importados y, por otro, en compras en grandes superficies aprovechando promociones. Para la comercialización posterior, la organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba una concatenación de reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, en los que los investigadores pudieron corroborar que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.

En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados, tanto en territorio nacional –aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)–, como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.

Según la Agencia Tributaria, la aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, posibilitando el acaparamiento de los mercados y obteniendo cuantiosos beneficios económicos por estas ventas.

Los líderes del grupo investigado dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional. Han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias, según la AEAT.

La Comisión Europea sigue viendo una brecha entre la carga fiscal que tiene España respecto a la media europea y considera que el esfuerzo impositivo tiene que ser mayor teniendo en cuenta que se espera un “aumento significativo del gasto público” debido al envejecimiento de la población, que provocará una mayor necesidad de asistencia sanitaria, cuidados y pensiones. “Las necesidades globales de saneamiento presupuestario exigen nuevas reformas para modernizar y adaptar el sistema tributario en ámbitos como los impuestos sobre el consumo, la imposición sobre la renta de las personas físicas y la fiscalidad medioambiental”, señala la Comisión Europea en su análisis semestral de la situación económica española.

En concreto, Bruselas pide a España que traslade la presión fiscal que recae sobre el empleo al consumo, la propiedad inmobiliaria y a la fiscalidad 'verde'. “A pesar de algunas mejoras, la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada y superior a la media de la UE, y el efecto redistributivo de los impuestos y las prestaciones también es limitado”, señala el informe sobre el paquete de primavera que elabora cada seis meses la Comisión Europea.

“Seguir reforzando la sostenibilidad fiscal revisando y simplificando el sistema tributario, entre otras cosas desplazando parte de la carga fiscal del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles, para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica y digital”, recoge Bruselas en sus recomendaciones.

Así, el gobierno comunitario recuerda que los impuestos sobre el trabajo supusieron cerca de la mitad de los ingresos tributarios en 2022 y que ascendieron al 19,1% del PIB, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea (17,3%). Por el contrario, España es uno de los países de la UE con menores ingresos por impuestos sobre el consumo (9,7% del PIB frente al 10,9% de la UE en 2022). En Bruselas llevan tiempo pidiendo a España que limite el IVA reducido para incrementar la recaudación.

La Comisión Europea también alienta al Gobierno a impulsar la 'fiscalidad verde'. “El sistema fiscal español no internaliza suficientemente los costes medioambientales asociados al uso del agua y el gasóleo”, recuerda el texto. Esa pata fiscal también cojea respecto al conjunto de la UE: los impuestos medioambientales representan en España el 1,52% del PIB frente al 2,02% del PIB en la UE en 2022.

“Las reformas encaminadas a aumentar el papel de los impuestos indirectos (consumo y medio ambiente) asegurarían los ingresos fiscales, apoyarían la creación de empleo y la actividad económica en el futuro, al tiempo que reducirían las distorsiones económicas causadas por el gran peso de los impuestos sobre el trabajo”, agrega el ejecutivo comunitario que está precisamente evaluando la solicitud del quinto pago del plan de recuperación por el que España se enfrenta a un pago parcial por el fracaso del impuesto al diésel, que no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso para salir adelante.

La Comisión Europea apremia a los estados miembros a llevar a cabo las reformas comprometidas para los fondos de recuperación de la pandemia y recuerda que quedan 454 días para cumplir con los hitos y objetivos. Más de la mitad del dinero disponible (335.000 millones de euros) sigue sin desembolsarse por la lentitud de los gobiernos para cumplir con sus propios planes. El plazo para presentar las medidas acaba el 31 de agosto de 2026 y los últimos desembolsos por parte de Bruselas se podrían realizar hasta final de ese año.

“Con poco más de un año disponible hasta la fecha límite de agosto de 2026, el tiempo se acaba. Por eso hemos recomendado a algunos Estados miembros que aumenten sus esfuerzos de implementación. No hay tiempo que perder”, ha expresado en una rueda de prensa el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

En el caso de España, ha recibido 48.000 millones de los casi 80.000 millones de los fondos disponibles en forma de transferencias directas. El quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros (8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos) se solicitó en diciembre, pero aún no ha culminado la evaluación y desde julio de 2024, cuando se recibieron 9.900 millones correspondientes al cuarto pago, España no ha obtenido ningún fondo. Tampoco ha habido aún ningún desembolso de los 83.000 millones previstos en forma de préstamos.

En términos generales, en Bruselas están “satisfechos” con la economía española, que crece por sustancialmente por encima de la media europea. En cuanto a la disciplina fiscal, el país sorteó el pasado año un procedimiento de déficit excesivo porque, a pesar de superar el objetivo del 3%, en Bruselas interpretaron que era temporal y acuciado por los gastos extraordinarios de la DANA.

Ahora Bruselas ha calificado a España como uno de los países con “amplio cumplimiento” respecto al corsé fiscal, a pesar de que en 2025 el gasto neto primario (que elimina cuestiones cíclicas como el desempleo) estará ligeramente por encima de la senda pactada con la Comisión Europea. La cifra se situaba en el 3,7% y, según las estimaciones de los técnicos comunitarios, se situará en el 4,2%. No obstante, se mantiene dentro del umbral del 0,6% que se podía desviar en los dos años analizados.

La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, ha reiterado este miércoles ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La empresaria, que ha comparecido como investigada, se ha ratificado así en lo dicho hace tres semanas cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Entonces, afirmó que había realizado esa entrega siguiendo instrucciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del ‘caso Koldo’ y principal investigado de la trama de los hidrocarburos.

Según Pano, Aldama habría hecho de intermediario con un empresario del sector del fuel  para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros. Y, de ese montante, Aldama habría desviado al PSOE la citada cantidad, siempre según su testimonio. Pano ha citado dos entregas de 45.000 euros en la sede socialista y ha mantenido que en una de las ocasiones fue en taxi y que en la otra fue a bordo de un vehículo que conducía un amigo de Rivas, Álvaro Gallego. Este miércoles, Pano ha respondido a las preguntas de todas las partes.

El pasado octubre, el digital The Objective publicó que “un empresario” anónimo habría hecho ese pago a cambio de que Rivas consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel. Días después salió a la luz que ese “empresario” era, en realidad, Carmen Pano. El Partido Popular se basó en esa información para presentar una querella por financiación irregular contra el PSOE. El escrito no aportaba más pruebas que testimonios anónimos que afirmaban haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. Tampoco identificaba a quienes hacen esas acusaciones y no añadía ninguna prueba, testimonio o documento más. 

La Audiencia Nacional rechazó esa querella al entender que en la causa sobre el fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos en el marco de la cual el partido de Alberto Núñez Feijóo pidió investigar al PSOE “no aparece vinculación alguna con lo denunciado”. El auto del juez Santiago Pedraz, instructor de la causa del fraude en los hidrocarburos, advirtió también de las “contradicciones de los denunciantes anónimos” en los que se basó la querella.

El grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe en la Cámara autonómica ha registrado una proposición de ley con el objetivo de que la recaudación del IVA recaudado a las compañías eléctricas se redistribuya para compensar a los territorios en función de su producción energética. En rueda de prensa, el portavoz de la formación, Tomás Guitarte, ha explicado que el objetivo es “compensar a aquellos territorios que están siendo sacrificados en la producción de electricidad en beneficio del desarrollo de otros terceros”.

En el caso de Aragón, que produce el 9% de la energía y sólo consume el 4%, con el IVA actual, del 21%, y una previsión de recaudación de 2.000 millones de euros, le corresponderían unos 180 millones. “Como saben el IVA eléctrico ha aumentado este mes de enero del  10% al 21%, por lo que estos ingresos este año serían más del doble”, ha añadido. 

Esta iniciativa parlamentaria se ampara en el artículo 292 del Reglamento de las Cortes de Aragón y en el artículo 87 de la Constitución, lo que permite elevar la propuesta al Congreso de los Diputados, que es el encargado de aprobarla al ser una competencia estatal. “Es un trámite novedoso de acuerdo con el artículo 292 y esperamos que pueda superar la tramitación en las Cortes de Aragón”, ha señalado Guitarte, quien ha detallado que el procedimiento es algo más largo ya que, tras la toma en consideración por parte de la Mesa, que tuvo lugar este miércoles, el Gobierno autonómico tiene un plazo de 20 días para pronunciarse respecto al contenido.

Una vez informada por el Gobierno de Aragón, se llevaría a Pleno en la Cámara y, si se aprueba, se tramitaría en el Congreso, donde una delegación de las Cortes sería la encarga de defender la toma en consideración y, si sale adelante, seguiría el trámite normal.

Esta proposición de ley contempla distribuir los fondos que se generen con el IVA eléctrico de manera finalista entre las diputaciones provinciales, con el fin de promover el desarrollo, servicios públicos e infraestructuras, además de compensar a los territorios que queden eximidos de la implantación de renovables por sus valores naturales y ambientales, porque “van a ser nuestras joyas de la corona medioambientalmente”. El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha recalcado que no se crea un impuesto nuevo, sino que se propone “una distribución nueva de un impuesto que ya existe”.

Así, ha expuesto que esta iniciativa legislativa es una recuperación conceptual del canon creado en 1981, que se estuvo aplicando hasta la creación del IVA, que lo sustituyó en 1986, cuyas razones eran “compensar a aquellos territorios que estaban siendo sacrificados en la producción de electricidad en beneficio del desarrollo de otros terceros para que al menos tuviesen una compensación económica por ese perjuicio que se les causaba”.

“Es curioso porque es una ley de hace 40 años, que era bastante más justa con los territorios”, ha considerado Guitarte, quien ha concluido que es una compensación “sólo económica”, pero “importante para que la sociedad demuestre que quiere de verdad solidarizarse” e impulsar “compensaciones territoriales” con aquellas zonas que se sacrifican.

“Desde Aragón-Teruel Existe queremos que Aragón sea compensado por soportar el peso de la transición energética en España”, ha insistido el diputado turolense. “Queremos que la energía que generamos en Aragón genere bienestar y progreso en Aragón, y no solo destrucción del paisaje y de nuestro medio ambiente”, ha añadido.

PP y Junts están lanzando varios bulos en las últimas horas para justificar que el miércoles tumbaran con sus votos en el Congreso la convalidación del decreto del Gobierno que, entre otras medidas, incorporaba la revalorización de las pensiones o contemplaba la ampliación de las rebajas de los precios del transporte público. Una de esas mentiras es que el texto, llamado “decreto ómnibus” por incorporar muchos apartados, incorporaba subidas del IVA a alimentos o a la electricidad.

El bulo lo han repetido distintos dirigentes populares como la secretaria general, Cuca Gamarra. El PP llegó incluso a difundir en sus redes una infografía en la que sostenía que con su texto el Gobierno “quería colar” medidas como “subir el IVA de los alimentos”.

Desde Junts, este mismo viernes Jordi Turull publicaba un tuit en el que aseguraba que el decreto que tumbó su partido junto con PP y Vox “también permitía la subida del IVA de alimentos básicos del 5% al 10% y de la electricidad del 10% al 21%”, lo cual es falso. Según él, esas medidas suponen el “empobrecimiento de los jubilados y más aún de los jubilados catalanes donde el coste de la vida es un 7,5% superior a la media del Estado.

En las 140 páginas del texto tumbado por las derechas no hay ninguna mención a esos supuestos incrementos del IVA que sí entraron en vigor el 1 de enero al finalizar el plazo extradordinario fijado en 2023 que supuso la rebaja de esos tributos para hacer frente a la inflación, una de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

La rebaja alteró los precios de alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos, las frutas, verduras y hortalizas. Todos ellos pasaron de tributar un 4% de IVA superreducido a quedar exentos de ello de manera temporal. También la pasta o el aceite redujeron su tipo del 10% al 5%. Las bajadas acabaron el pasado 1 de enero.

Respecto al IVA de la electricidad volvió a bajar el pasado julio al 10%, al superar entonces la cotización del mercado mayorista los 45 euros/MWh. Sin embargo, a partir del 1 de enero se volvió a aplicar el 21% habitual de IVA para todos los clientes, el tipo que se aplicaba antes de la crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania, que llevó al denominado pool a pulverizar todos los récord y superar los 500 euros/MWh.

España pone fin a las rebajas fiscales en el IVA de los alimentos básicos que habían sido implementadas como medida extraordinaria para hacer frente al aumento de precios. En 2025 vuelven los tipos impositivos previos a la inflación y, consecuentemente, se ajustarán los precios de los productos de consumo diario.

El Gobierno aprobó en enero de 2023 la rebaja temporal del IVA como una medida del paquete anticrisis para amortiguar el impacto del aumento de precios —derivado de la inflación y la crisis energética— en los bolsillos de las familias. La rebaja alteró los precios de alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos, las frutas, verduras y hortalizas. Todos ellos pasaron de tributar un 4% de IVA superreducido a quedar exentos de ello de manera temporal. También la pasta o el aceite redujeron su tipo del 10% al 5%.

Ahora, tras dos años de aplicación, el Gobierno ha decidido no prorrogar las rebajas. Estos son los cambios en los alimentos.

Productos que recuperan el IVA superreducido del 4%

Probablemente veamos reflejado un ligero aumento del precio final de estos alimentos en el supermercado, al recuperar ese 4% de IVA después de estar exentos.

Productos que recuperan el IVA reducido del 10%

En ambos casos es previsible que los consumidores enfrentemos un incremento del precio más notable, ya que el tipo aplicable pasará del 5% al 10%. 

Entramos en 2025 con una encadenación de tres meses consecutivos de ascensos del IPC, que alcanza su valor más alto desde julio. En diciembre subió cuatro décimas y cerró el año en el 2,8%, según los datos avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo explica que el repunte se debe al encarecimiento de los carburantes y, en menor medida, a los precios de ocio y cultura, que en diciembre aumentaron más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, el precio del aceite cayó un 3,7% en noviembre, su primer descenso desde marzo de 2021. Este ha sido uno de los productos más descontrolados en los últimos años, con subidas de hasta más del 70% en 2023. Ahora, podría encarecerse de nuevo al recuperar el IVA. También se notará más en pasta: al recuperar un 10% del IVA, el paquete de un euro de pasta costará de nuevo 1,10 euros aproximadamente.  

Empieza 2025 y lo hace con novedades en las pensiones, el alquiler, el transporte, con el fin de algunas rebajas fiscales y la introducción de nuevos impuestos, entre otras medidas.

Estos son los cambios y novedades legislativas en materia económica que entrarán en vigor en España a partir de este miércoles:

Pensiones

El Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre la subida de las pensiones contributivas en un 2,8%, beneficiando a más de 12 millones de ciudadanos. Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas aumentarán un 9%. “Hemos protegido el poder adquisitivo de nuestros mayores, también de los trabajadores y ya les anticipo que vamos a volver a hacerlo en el año 2025”, dijo el 23 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La subida obedece a la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, en la que se tiene en cuenta como referencia el IPC interanual promedio de doce meses. La revalorización supondrá unos 600 euros al año adicionales para el bolsillo de las personas con una pensión media de jubilación contributiva, unos 500 para las pensiones medias del sistema.

Salarios

La Seguridad Social aplicará desde el 1 de enero de 2025 una cotización adicional, denominada cuota de solidaridad, por los salarios que superen la base máxima, que para el próximo año se situará en 4.909 euros mensuales —58.908 euros al año—, tras revalorizarse un 4% respecto a 2024. Esta cuota de solidaridad se repartirá entre empresario y trabajador, aunque no en la misma proporción: en torno al 83,4% irá a cargo de la empresa y cerca del 16,6% correrá a cargo del trabajador.

Además, la última reforma de las pensiones introduce también un pequeño cambio en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto obligatorio introducido en 2023 que hace al cada trabajador aportar un porcentaje a la Seguridad Social. Este año, dicho porcentaje incrementa levemente, pasando del 0,7% de 2024 al 0,8%. El aumento se distribuye en un 0,67% a cargo de la empresa y un 0,13% a cargo del trabajador y el ajuste —progresivo— continuará hasta alcanzar el 1,2% en 2029.  

Mientras, aunque no está todavía concretado, el Ministerio de Trabajo prevé introducir un incremento del Salario Minimo Interprofesional para este nuevo año. Este mes, la cartera de Yolanda Díaz pactó con los sindicatos una subida de un 5%, hasta los 1.134 euros mensuales en 2024. La patronal de la CEOE no ha firmado aún el acuerdo.

Descuentos del transporte

El Gobierno ha anunciado que mantendrá hasta finales de junio de 2025 los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalíes, Media Distancia Convencional y las líneas de autobús estatal para viajeros habituales. Se trata de las medidas de descuento al transporte que comenzaron a funcionar hace un par de años al introducirlas el Ministerio de Óscar Puente ante la subida de la inflación. También se incluyen descuentos de al menos el 50% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano, además de un 50% de descuento en los sistemas públicos de alquiler de bicicletas.

Alquileres

El jueves se conocer el nuevo índice de referencia para la actualización de rentas. La nueva fórmula —un mecanismo que intenta limitar la subida general de los precios de los alquileres y proteger a los inquilinos españoles de un aumento excesivo de su alquiler— “incorpora mecanismos de corrección para la moderación en caso de incrementos superiores al 2%”, según informaron los ministerios de Vivienda y Economía.

Dicha fórmula tiene en cuenta el IPC y el IPC subyacente, una estimación a largo plazo de Economía sobre estos parámetros y un coeficiente establecido por Vivienda, que tendrá en cuenta “las circunstancias del mercado del alquiler”.

Además, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos —agua, luz y gas— para consumidores vulnerables.

Fiscalidad

A partir de enero de 2025, finalizarán algunas rebajas fiscales implementadas para mitigar la inflación. El IVA de los alimentos básicos como pan y verduras volverá al 4%, mientras que las pastas y aceites de semilla retornarán al 10%. El aceite de oliva se mantendrá al tipo superreducido del 4%.  

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la extensión del gravamen a las grandes energéticas para 2025. La medida plantea que las inversiones en descarbonización sean deducibles del impuesto, para incentivar proyectos de sostenibilidad. La intención del Ejecutivo con esta prórroga es que las compañías energéticas con grandes beneficios contribuyan de manera adicional en un contexto de transición energética, aunque la medida todavía tiene que pasar por el Congreso de los Diputados para ser aprobada de forma definitiva. Sánchez necesita para ello los votos de Junts y el PNV, apoyos que no tiene garantizados.

Además, se incrementará en dos puntos el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. También se modifica el impuesto de Sociedades: se aplicará un tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales.

Cuotas de autónomos

A partir del 1 de enero de 2025, el sistema de cotización para los trabajadores autónomos en España experimentará algunos cambios. Se ajustarán las cuotas según los ingresos reales. Es decir, que se determinarán en función de los rendimientos netos del autónomo. El objetivo es lograr una mayor equidad en el sistema, porque el nuevo enfoque busca que quienes obtienen menores ingresos paguen cuotas más bajas, mientras que aquellos con ingresos más elevados contribuyan con cuotas superiores.

Se han establecido nuevas tablas de cotización, con 15 tramos de rendimientos netos, cada uno con una base de cotización mínima y máxima asociada. En la mayoría de los tramos, las bases de cotización se incrementan respecto a 2024, lo que implica un aumento en las cuotas a pagar para muchos autónomos.

Protección en sectores estratégicos

Hace unas semanas el Ejecutivo prorrogaba también hasta el 31 de diciembre de 2026 el “escudo antiopas”, mecanismo que busca proteger a las grandes empresas clave españolas frente a adquisiciones extranjeras no deseadas. Estas operaciones requerirán, como hasta ahora, autorización gubernamental cuando superan el 10% del capital de empresas españolas o implican una participación significativa en su gestión.

El nuevo año siempre viene con cambios fiscales y 2025 no es una excepción. El precio de la luz subirá el próximo ejercicio debido al fin de algunas bonificaciones o reducciones de impuestos que se implantaron por la crisis energética generada por la invasión rusa de Ucrania.

Estas son las medidas en materia de electricidad que han entrado en vigor este miércoles, 1 de enero.

El IVA volverá a ser del 21%

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que determina el precio de la energía consumida e incide directamente en las tarifas que pagan los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada, ha sido de 63,19 euros el megavatio-hora en 2024, frente a los 88,27 euros/MWh de 2023. El Impuesto sobre el Valor Añadido volvió a bajar el pasado julio al 10%, al superar entonces la cotización del mercado mayorista los 45 euros/MWh. Sin embargo, a partir del 1 de enero se volverá a aplicar el 21% habitual de IVA para todos los clientes, el tipo que se aplicaba antes de la crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania, que llevó al denominado pool a pulverizar todos los récord y superar los 500 euros/MWh.

Bajan los descuentos en el bono social de la electricidad

El bono social del que disfrutan los usuarios de bajos recursos se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Los descuentos llegaron a incrementarse hasta el 65% para los consumidores vulnerables y hasta el 80% para los vulnerables severos. Ambos colectivos suman 1,62 millones de hogares, con unos 4 millones de personas en total, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, pese a que casi el 80% de los posibles beneficiarios del bono social eléctrico no lo reciben, porque los descuentos no son automáticos (hay que pedirlos). Además, hay un colectivo, las familias numerosas, que disfrutan del bono independientemente de su nivel de renta.

Desde el primer día de 2025 el bono social experimentará una bajada progresiva de esos descuentos. A partir del 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán una rebaja del 50%, que pasará a ser del 42,5% desde el 1 de julio y del 35% ya el 1 de enero de 2026.

Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y del 50% en enero de 2026.

La tarifa regulada de la luz (PVPC) aumentará su protección

En 2025 también entran en vigor cambios en el PVPC, en el que se incrementará el peso de las referencias de los mercados de futuros, que irán aumentando de forma gradual: en 2024 las referencias a largo plazo (para no hacer depender la totalidad de la tarifa regulada de la cotización diaria del pool) fueron del 25%, mientras que el próximo año serán del 40% y en 2026 pasarán a ser del 55%. Actualmente, hay unos 8,5 millones de consumidores acogidos a esta tarifa eléctrica regulada.

Las referencias de los mercados de futuros son un mecanismo que se incorporó el primer día de 2024 en el PVPC con el objetivo de amortiguar el impacto de los altos precios del pool en la factura de los hogares y las micropymes evitando picos en el precio de la electricidad.

Hasta el año pasado, la subasta diaria del mercado mayorista que organiza OMIE (el operador de mercado eléctrico designado) decidía los precios de la energía en el PVPC para cada hora del día siguiente. Al añadirse el factor de los mercados de futuros se introdujeron referencias a largo plazo en el precio de la electricidad. El resultado es una mayor estabilidad en las facturas de los consumidores: cuando se disparan los precios de mercado no notan toda esa subida, mientras que cuando caen solo perciben una bajada suave.

Prohibición de interrumpir los suministros a consumidores vulnerables

El Ejecutivo decidió mantener un año más la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables. La medida, establecida en 2021, permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.