Fedea respalda que el bono social eléctrico se conceda solo por renta y no por ser familia numerosa

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende revisar las condiciones de acceso al bono social eléctrico para que la renta sea el único criterio determinante para recibir la ayuda. En un informe elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a la entidad Diego Rodríguez, el ‘think tank’ respalda la propuesta del Ejecutivo de eliminar el criterio de familia numerosa como condición suficiente para acceder a este descuento en la factura de la luz.

El estudio valora positivamente la orientación recogida en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que ya apunta en esa dirección. Según el análisis, el acceso al bono debería basarse exclusivamente en criterios de renta, aunque manteniendo ajustes por el tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia.

Distorsiones en el diseño actual

Fedea defiende en su informe que existe “un problema de asequibilidad energética” que afecta al bienestar de determinados hogares, lo que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.

Sin embargo, el estudio subraya que el diseño actual combina criterios de renta con otros que no dependen directamente de los ingresos. Esta mezcla, sostiene, introduce “distorsiones relevantes” en la relación entre vulnerabilidad económica y acceso real a la ayuda.

Uno de los elementos más cuestionados es el criterio de familia numerosa. Al operar como condición suficiente para recibir el bono social, el informe considera que debilita el carácter redistributivo de la medida y genera patrones territoriales específicos, con una mayor concentración de beneficiarios por esta vía en determinadas comunidades autónomas.

Cobertura desigual según el nivel de renta

Las principales modificaciones del bono social eléctrico, creado en 2009, han girado en torno a los criterios para definir al consumidor vulnerable, a los porcentajes de descuento aplicados y al sistema de financiación del mecanismo.

El análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que la cobertura del bono social eléctrico ha mejorado entre 2021 y 2025 en todos los niveles de renta, en parte por la ampliación de los requisitos de elegibilidad. No obstante, el informe señala que los problemas de baja cobertura se concentran en los dos primeros deciles de renta —los hogares con menos ingresos—, mientras que en los deciles superiores la cobertura es prácticamente completa.

Además, se ha registrado un aumento del porcentaje de beneficiarios en los niveles de renta más altos, algo que, según Fedea, refuerza la idea de que el diseño actual limita la capacidad redistributiva del instrumento.

Coste y financiación del bono social

El informe también analiza el coste y el sistema de financiación del bono social. Recuerda que la delimitación de los agentes obligados a financiarlo fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por motivos relacionados con el principio de no discriminación.

Aunque el esquema vigente reparte el coste entre empresas de generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos, el estudio concluye que en la práctica el gasto acaba trasladándose al conjunto de los consumidores.

Más allá de la reforma del bono social eléctrico, Fedea propone abrir una reflexión más amplia sobre la política de lucha contra la pobreza energética. El informe cuestiona el enfoque fragmentado actual y plantea avanzar hacia un instrumento integrado que cubra el conjunto de consumos energéticos de los hogares.

Un cheque energético o un complemento en el IMV

Entre las opciones, el estudio menciona la posibilidad de crear un complemento energético dentro del Ingreso Mínimo Vital, aunque advierte de que el número de beneficiarios de esta prestación es actualmente mucho menor que el de quienes reciben el bono social.

Otra alternativa sería establecer un cheque energético que cubra todos los consumos del hogar, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como los combustibles para calefacción o transporte. Este sistema debería determinarse en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de vulnerabilidad y la localización geográfica.

El informe plantea además que la ayuda se conceda preferentemente de forma automática por parte de las administraciones públicas y que su financiación combine recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima.

Como alternativa adicional, el autor menciona la posibilidad de canalizar este apoyo a través del IRPF mediante un crédito fiscal reembolsable, configurado como un impuesto negativo sobre la renta similar a la deducción por maternidad.