Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal. Eso es lo que se encuentran los vecinos de la comarca catalana del Bages cuando salen a pasear por la naturaleza que rodea sus viviendas. El residuo es consecuencia de la explotación, desde 1998, de una mina de potasa en los municipios de Sallent y Súria por parte de Israel Chemical Limited (ICL) a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos. Los últimos tres, en marzo de 2023, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas. Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel, según denuncia el Observatori Drets Humans i Empreses.

Lee Beritutti es la directora del documental Sal a la ferida, cinta recién estrenada que narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos. “Desde que llegaron, comenzaron las protestas por el desastre medioambiental que estaban produciendo y por la explotación laboral de sus trabajadores”, comenta esta joven italiana de 27 años. La empresa comenzó a explotar la mina en 1998.

Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera, que desde hace más de una década no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. “Es una pasividad que llega a ser irritante”, adelanta el abogado de los afectados, Climent Fernández.

Uso de fósforo blanco

Sal a la ferida consigue traspasar la frontera catalana para rotar la mirada hacia lo que sucede en otras latitudes. Nora Miralles, investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. “Esta empresa participa en la cadena de producción del fósforo blanco”, asegura en el documental.

El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. “Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”, precisa la investigadora.

Israel ha utilizado en numerosas ocasiones esta arma y ha sido acusado de crímenes de guerra por su lanzamiento. El fósforo blanco solo es legal para crear cortinas de humo e iluminar objetivos, sin embargo, si se usa contra personas, provoca quemaduras letales y asfixia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso ilegal del fósforo blanco por parte de Israel en lugares como Líbano y Gaza. Sin embargo, no se puede comprobar si el fósforo blanco producido por ICL ha acabado siendo utilizado por Israel en sus múltiples frentes bélicos.

Desde el inicio del genocidio, Public Works Studio ha documentado el uso del fósforo blanco para quemar aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en el sur de Líbano. Yara Abdelkhalek, investigadora urbana y miembro de este colectivo, señala en el documental que Israel ha lanzado 272 ataques con fósforo blanco en Líbano.

Cogulló, la gran montaña de sal

“Los agricultores cuentan que todos sus campos están contaminados, que ahí nada crece. Quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias”, comenta Beritutti. Uno de estos afectados es Josep Planes, quien enseña en el documental cómo las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, ratifican que en el agua se han hallado productos como el aceite de pino, que puede producir graves problemas respiratorios y fallos renales.

Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel

Nora Miralles — Observatori Drets Humans i Empreses

Fernández recalca que tan solo una tercera parte de lo extraído de la mina es potasa, mientras que las dos partes restantes son residuos salinos. “Eso es lo que han ido depositando a lo largo de los años en un lugar sin impermeabilizar, de ahí las filtraciones continuas”, explica. El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017, dos años antes de que cesara el vertido, llegaba a los 44 millones de toneladas de sal, por lo que su peso actual estará entre los 45 y 46 millones de toneladas, ilustra el letrado. “Y así comenzaron los problemas de salinización del agua, porque se filtra a arroyos y torrentes que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas, a fauna, y a las propias personas a través de los pozos”, confirma.

Los frentes judiciales eternos

El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. “Ordenaba a la empresa cesar de verter ahí el residuo y a restaurar y recuperar ecológicamente la zona”, abunda. Asimismo, varios responsables de la compañía fueron condenados a penas de prisión, que no cumplieron por ser inferiores a dos años.

Desde entonces, comenzó todo un periplo judicial entre los afectados y la empresa, que “recurre absolutamente todas las decisiones judiciales, que siempre nos han dado la razón”, apuntilla Fernández. Dado que ICL no actuaba conforme al dictamen de la sentencia, los afectados acudieron al Tribunal contencioso-administrativo. Recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de casación mediante, esperan que de una vez por todas su colme su ansia de justicia que, en este caso, significa “hacer cumplir las sentencias como a cualquier otro hijo de vecino”, según las palabras del defensor.

Muertes de trabajadores en la mina

Beritutti, la directora del documental, asegura que ha sido “muy difícil” conseguir testimonios de antiguos trabajadores de la mina. “Ha sido casi imposible hablar con ellos delante de las cámaras. Yo creo que tienen miedo y que ICL explota muy bien su poder para que la gente se calle”, sostiene. Por su parte, ICL no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

En la cinta tan solo aparece anonimizado un antiguo trabajador de esta mina situada en el entorno de Manresa para comentar lo ocurrido en 2023, cuando tres geólogos perdieron la vida en el interior del yacimiento por un desprendimiento. “Es un caso que se ha trabajado con opacidad. Son noticias que han pasado muy desapercibidas, por el motivo que sea, cuando es un incidente que se puede volver a repetir si nadie pone el grito en el cielo”, valora el operario con la voz distorsionada. Una década antes, en 2013, otros dos trabajadores murieron en la misma mina de Súria, conectada subterráneamente con las galerías de Sallent.

No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una

Anna — integrante de la campaña contra ICL

Maximo de la Corte llegó a ser el presidente del comité de empresa en el yacimiento por parte de CGT. Jubilado ya, a sus 64 años afirma que “las muertes han ido a menos según se ha mecanizado el trabajo”. Sin embargo, su principal reivindicación con los ojos puestos en el presente, secundada por los demás afectados, es la vuelta de una empresa pública a la extracción de la potasa, como sucedía antes de que llegara ICL. “Se vendió una riqueza que tendría que ser del pueblo, que tendría que aprovechar el Estado, porque el fertilizante es un bien primordial”, defiende a elDiario.es.

Los sindicatos nunca apostaron por el cierre de la explotación, pero sí una mayor seguridad para los operarios y que cesara la contaminación que producían los residuos. “No se puede seguir permitiendo una montaña con 40 millones de kilos de sal”, enfatiza De la Corte. Tanto este sindicalista como Fernández, el abogado, señalan a la Generalitat catalana como responsable en parte de lo sucedido. “La Generalitat nos cobra un impuesto de saneamiento del agua que después utiliza ICL, que la vuelve a salinizar. Tiene huevos la cosa”, afirma el primero en el documental. “Tendrían que poner freno a todo esto y hacer cumplir las sentencias”, reclama el segundo.

Luchas unidas por la solidaridad

“Es válido enfocarse en la lucha por la defensa del territorio desde Catalunya, pero también es importante esta dimensión de cómo las luchas están interrelacionadas”, añade Beritutti. Así, una protesta que nace de esta región del Mediterráneo puede encontrar sus ecos a modo de solidaridad y compromiso con lo que ocurre en Gaza y Líbano.

De la Corte, el antiguo representante de los trabajadores en Sallent, agrega que, “si realmente se prueba que la potasa que extraen de aquí termina en fósforo blanco usado contra población civil, sería un argumento más para que la explotación pasara a ser pública o se revocaran las concesiones a la empresa”.

La colaboración de la compañía con el ejército israelí ha hecho que diversos activistas se organicen en la campaña Boicot ICL. Más allá de la concienciación social sobre el desastre medioambiental que producen con su explotación y el apoyo al genocidio, los activistas han llegado a cortar las vías férreas utilizadas para transportar la potasa. También han conseguido que diversas instituciones y universidades dejen de colaborar con ICL, como es el caso de las universidades de Vic y de Manresa y el teatro Kursaal de Manresa, según recoge la red de apoyo a Palestina Rescop. “No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una”, zanja en el documental Anna, integrante de la campaña contra la empresa israelí.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de 500 organizaciones, ha emitido este domingo un comunicado en el que alertan de que el buque Danica Violet atravesará en las próximas horas el estrecho de Gibraltar con material militar para Israel. Su denuncia se basa en una investigación publicada por el medio de comunicación irlandés The Ditch, que lleva tiempo haciendo un seguimiento de las rutas de varias navieras y barcos involucrados en el suministro de armamento al Estado israelí o a empresas de ese país.

Según esa información, el Danica Violet (IMO 8503967) transporta 60 toneladas de componente de misiles y un contenedor con cañones de artillería para la planta de la empresa Elbit Systems en Yokneam, Israel. El buque forma parte de la naviera danesa H. Folmer & Co., especialista en transportes de explosivos. Tanto la naviera como el barco han sido denunciados en varias ocasiones “por formar parte del abastecimiento de la maquinaria de guerra israelí y, de hecho, el Estado español ya denegó puerto al Danica Violet en una ocasión en mayo de 2025”.

La Rescop y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel detallan que el barco salió el pasado 28 de marzo del puerto de Chennai (India), con destino a Haifa y que llegará al estrecho de Gibraltar en la madrugada de este lunes. También señalan que “el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas deben denegar el tránsito de este barco en nuestras aguas territoriales”.

En 2025, la organización Progressive International desveló que, en diciembre de 2024, esta embarcación transportó más de 18.000 kilos de explosivos de demolición desde India hasta Israel. Ese viaje fue solo uno de los doce que la flota de la naviera H. Folmer&Co ha realizado desde diciembre de 2023. Según denunció Progressive International, esos explosivos “podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania”.

A la misma flota de H. Folmer & Co. pertenece el Danica Sunrise, cuya presencia en el puerto de Cartagena fue denunciada en febrero de 2025. Ese barco terminó atracando en el puerto español, según confirmaron entonces fuentes portuarias.

Otra embarcación de la misma naviera es el Marianne Danica, también con bandera de Dinamarca, denunciado en mayo de 2024, ante su inminente llegada a Cartagena. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indicó entonces que la escala de ese barco -y de otro que también levantó sospechas- suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza”, y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Finalmente, en esa ocasión el Gobierno español optó por denegar el acceso al Marianne Danica, ante los indicios de que llevaba armamento a Israel.

Las organizaciones sociales que integran la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel piden al Gobierno español que incorpore y apruebe de manera urgente “las enmiendas necesarias” al Real Decreto aprobado en septiembre de 2025, para que “se haga realidad un embargo integral de armas a Israel, sin excepciones y blindado”. Para ello solicitan que se añada la prohibición de la contratación pública con empresas armamentísticas o sus filiales, el veto a la producción de material de defensa bajo licencias israelíes, “controles e inspecciones reales en puertos, fin de toda colaboración militar o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad”, entre otras medidas.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

A pesar de que la guerra en Ucrania ya lleva cuatro años, un conflicto que ha cambiado las estrategias de combate, y que la Unión Europea ha puesto en marcha iniciativas en un“plan de rearme de Europa” que moviliza 800.000 millones de euros, la industria armamentística europea “no hemos visto a la industria aumentar la producción como habríamos esperado”, según ha comentado este martes Kaja Kalla, la alta representante para Exteriores de la UE tras la reunión de los ministros de Defensa de la UE en Bruselas. Fuentes de la Comisión admiten que no solo es una cuestión de más producción si no que además “no se está produciendo lo que se necesita” para tener una política de disuasión frente a una amenaza latente como Rusia.

De hecho, un informe de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) del Parlamento europeo revela que aunque el gasto en defensa de Europa alcanza niveles récord de 392.000 millones de euros previstos para 2025 y 2026; sin embargo, el 75% de las adquisiciones se realizan fuera de la Unión. Además, los datos de contratación revelan debilidades estructurales en la industria y retrasos persistentes en los proyectos de cooperación, que crean un “valle de la muerte” en el desarrollo de capacidades y aumentan la dependencia estratégica de Europa respecto a proveedores externos.

“Comparto la frustración. No hemos visto a la industria aumentar la producción como habríamos esperado. El problema es simplemente que las necesidades de los Estados miembros también han crecido. Una de las cuestiones que se planteó y que realmente necesita avanzar más rápido es la directiva de contratación pública. Son necesarias reglas claras, porque la industria se queja de que hay normas diferentes en cada país y que es difícil operar así. También están los estándares: cada Estado miembro hace pedidos distintos. No se puede producir en cadena de esta manera”, ha argumentado Kallas.

Fuentes de la Comisión han añadido que lo que necesita ahora Ucrania es fabricar drones, ya que es un elemento diferenciador en el campo de batalla, pero que la industria armamentística europea no está desarrollando estas capacidades a la velocidad y la producción que se esperaba.

La guerra de Irán ha abierto otro agujero que ha desvelado la dependencia armamentística de la UE frente a Estados Unidos. Liana Fix, investigadora del Council on Foreign Relations, explicó que el conflicto en Oriente Medio tiene “cuestiones con consecuencias duraderas para la seguridad europea”, que “incluye el agotamiento de las reservas estadounidenses debido a la guerra con Irán y los retrasos en las entregas de armamento a Europa, donde la posible cancelación de los misiles de crucero Tomahawk que se planeaba estacionar en Alemania en 2027 es especialmente preocupante” ante la latente amenaza de Rusia.

Kallas ha insistido en que “la experiencia de Ucrania muestra lo rápido que evoluciona la guerra moderna, y también que las lecciones aprendidas deben dar forma a nuestras decisiones políticas. La innovación en defensa tiene que convertirse en una prioridad política”.

La jefa de la diplomacia europea ha añadido que “Ucrania recibirá el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones ya en junio. Estos fondos se destinarán directamente a drones, que en este momento son la capacidad clave para hacer retroceder a las fuerzas rusas”. Además, en la reunión de los ministros de Defensa también se negoció cómo utilizar los 6.600 millones de euros que están bloqueados en el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (EPF).

Operación en Ormuz

Respecto al estrecho de Ormuz, Kallas ha recalcado que “las operaciones navales de la UE en la región pueden desempeñar un papel fundamental para restablecer los flujos de energía y comercio. La operación Aspides ya contribuye de forma crucial a la protección del transporte marítimo en el mar Rojo, pero sus actividades también podrían ampliarse al estrecho. Esto solo requiere un cambio en el plan operativo, ya que el mandato ya lo permite”.

Sin embargo, la jefa de la diplomacia europea ha puntualizado que es necesario que “las condiciones sean adecuadas”, con un alto el fuego consensuado por ambas partes. Además, Kallas ha comentado que todavía es necesario una reunión para definir la operación con el Reino Unido y Francia, que bajo el nombre de la Coalición de Voluntarios, están diseñando para asegurar el tráfico marítimo por Ormuz.

“Lo que se necesita es más buques. Hay Estados miembros que han dicho que contribuirán con más buques a esta operación. Si la idea de la Coalición de Voluntarios es que más países se unan, también desde fuera, entonces podríamos contribuir como una sola Europa con las operaciones que ya tenemos en marcha en la zona”, ha dicho Kallas.

Las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley han firmado un acuerdo con el Pentágono que abre las puertas a la vigilancia total. De todas ellas, hay que quedarse con un nombre: Palantir. La empresa fundada por Peter Thiel, uno de los hombres más poderosos y reaccionarios de Silicon Valley, rastrea todos tus datos disponibles para ayudar al ejército a saber prácticamente todo sobre ti. A partir de ahora, los gigantes de la inteligencia artificial ceden toda su tecnología y sus datos al uso militar y de seguridad que la Casa Blanca quiera darle. El ciudadano, el disidente o el enemigo está más indefenso que nunca.

Con Carlos del Castillo, periodista especializado en Tecnología de elDiario.es, explicamos en qué consiste este acuerdo que sitúa a la industria tecnológica estadounidense, alineada con los intereses de la Administración Trump, en centro de todas las fases de la guerra, y el cambio de paradigma que representa este movimiento. 

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La coordinadora de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha exigido al Gobierno extremeño que no conceda la ampliación que la empresa alemana Rheinmetall ha solicitado para su fábrica de material de defensa en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que tiene, entre otros destinos, su venta al Gobierno de Israel.

De Miguel se ha referido al ataque israelí a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales y la detención de dos personas, entre ellas una con nacionalidad española, por lo que ha instado al Gobierno a parar el comercio de armas con Israel porque lo que está sucediendo es “un genocidio sin precedentes”.

La portavoz de la coalición de izquierdas, que ha exigido la liberación de estas dos personas cuanto antes, ha indicado que “mientras esto ocurre en Extremadura se concede a la empresa de armas que amplíe la fábrica que tiene para que pueda seguir fabricando granadas, morteros y armas que van destinadas también al gobierno israelí”

Para De Miguel, desde Extremadura “no se puede estar contribuyendo al genocidio en Palestina de miles y miles de personas inocentes”, muchas de ellas gracias a las armas fabricadas en Extremadura, algo que “pone los pelos de punta”. La Junta “está siendo cómplice de los asesinos de miles de niños y niñas en Palestina, de los señores de la guerra y del genocidio”, ha denunciado.

Por ello, ha instado al Gobierno autonómico a que no de luz verde a esa ampliación a la empresa empresa alemana Rheinmetall, “que como sabemos para esto no hay prioridad nacional, al revés, se ponen todas las facilidades”. 

La Junta de Extremadura ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de ampliación de la empresa Rheinmetall Expal Munitions en Navalmoral de la Mata (Cáceres), que prevé aumentar su producción de artillería gracias a la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial de la localidad.

Según el informe, que se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el proyecto de ampliación de la planta de fabricación de material inerte de defensa se ubicará en una parcela de más de 34.000 metros cuadrados en el polígono Campo Arañuelo, en Navalmoral, lo que permitirá a Rheinmetall fabricar anualmente más de 13.600 toneladas de productos de artillería y unas 8.400 toneladas de material de aviación, además de granadas de mortero y productos de prácticas. El proceso productivo incluirá operaciones de forjado, mecanizado, tratamientos térmicos, ensamblaje y acabados superficiales.

La resolución aclara que en esta fábrica no se producirá ni se manipulará carga explosiva. La actividad se centrará en la fabricación de los cuerpos de los proyectiles, cabezas de guerra y bombas. Por ello, los informes de Protección Civil determinan que el riesgo por accidentes graves para la población es bajo, ya que las cantidades de sustancias peligrosas (como propano o pinturas) no alcanzan los umbrales que exigen planes de autoprotección especiales.

La Junta de Extremadura ha destacado el impacto positivo de esta ampliación en el medio socioeconómico de la comarca, debido a la generación de empleo directo e indirecto y su repercusión en la economía local. Rheinmetall tiene dos fábricas en la comunidad, una en Navalmoral de la Mata, que será la que ahora se va a ampliar, y la otra unos 20 kilómetros, en El Gordo. Las últimas cifras conocidas es que la empresa alemana ha creado en la zona norte de Cáceres algo más de 500 empleos directos, aunque hace un año ya se conocían sus planes para ampliar la planta morala.

El Gobierno de María Guardiola creó en 2025 el Plan de Impulso Regional al Sector Empresarial de Defensa, que bautizó como 'Baluartia', con el objetivo de “posicionar a Extremadura como región clave en la industria española de defensa”. Las líneas de actuación del plan incluyen apoyo a la comercialización, con la creación de un hub de empresas extremeñas proveedoras de defensa y un catálogo de estas, apoyo en certificaciones y licitaciones, además de formación y capacitación en la materia o jornadas técnicas, entre otras medidas.

El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes y al que ha tenido acceso con antelación elDiario.es.

En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%. Los cinco principales gastadores militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— en conjunto representaron el 58% del gasto militar mundial.

“Las cifras de gasto militar actual, de récord, nos muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos, como Islandia, Suiza, Irlanda, Austria y Nueva Zelanda”, señala Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, en el podcast 'Donde callan las armas', que se emite en elDiario.es y en plataformas.

El gasto militar en España

España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15, y dentro de ese grupo es el país que registra un mayor aumento con respecto a 2024: un 50%, hasta los 40.200 millones de dólares, según los datos que ofrece el SIPRI y muy cerca de lo que avanzó elDiario.es en abril de 2025. “Es la primera vez que España forma parte de este ránking de los quince países con mayor gasto militar mundial”, señala Jordi Calvo en el análisis específico sobre nuestro país.

Dentro de ese grupo, doce países volvieron a aumentar su gasto y solo tres registraron descensos: Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El gasto de Polonia, en el puesto 14, creció un 23%, mientras que Italia, en el puesto 12, y Ucrania, en séptimo lugar, aumentaron su gasto militar un 20% cada uno.

El informe del SIPRI señala que este incremento en 2025 elevó la carga militar de España al 2,1% del PIB, “en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno español, lanzado en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese año”.

El gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido más elevado que lo anunciado en su momento y representa ya el 2,42% del PIB

Centre Delàs de Estudios por la Paz

Más elevado

En el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual casi multiplica por dos ese porcentaje de 2016. El SIPRI indica que, con respecto a esa fecha, el gasto militar ha aumentado un 122%.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha presentado este lunes sus análisis y señala que , según sus cálculos, “el gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido aún más elevado que lo anunciado por el Gobierno, llegando a la cifra de 39.476 millones de euros, y ya representando el 2,42% del PIB”.

Para hacer ese cálculo, los investigadores del Centre Delàs aplican los criterios establecidos por la propia OTAN para contabilizar el desembolso de todos sus miembros. Esto incluye todas las partidas vinculadas a la defensa militar, como los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil , los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria, las misiones militares en el exterior o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar, entre otros.

Para alcanzar el 2,42% del PIB “el Gobierno ha echado mano, por primera vez, de otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas”, indica el Centre Delàs. “Este método de contabilización que ha empleado tiene en cuenta todos los gastos militares, algo que venimos demandando desde hace más de dos décadas”, señala Calvo.

La cifra de 39.476 millones de euros de gasto militar español ofrecida por el Centre Delàs es superior a los 40.200 millones de dólares del SIPRI, ya que ha tenido en cuenta todas esas partidas vinculadas.

El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala

Xiao Liang — SIPRI

Datos globales

Estas cifras confirman la tendencia al alza en un marco de mayor militarismo, siendo 2025 el undécimo año consecutivo de incremento mundial y con un crecimiento de la carga militar global —el gasto militar como porcentaje del producto interior bruto (PIB)— al 2,5%, su nivel más alto desde 2009.

“El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala”, señala Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“Dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá”, añade.

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares

Instituto de Investigación de Estocolmo (SIPRI)

El gasto militar de los 32 miembros de la OTAN ascendió a 1,581 billones de dólares, es decir, el 55% del gasto mundial. Estados Unidos sigue en el primer puesto con 954.000 millones de dólares, pero con una reducción de su gasto militar, que en 2025 fue un 7,5% inferior al de 2024. Esta caída se debe principalmente a que no se aprobó una nueva partida financiera para Ucrania durante el año, en marcado contraste con los tres años anteriores.

Sin embargo, Washington aumentó las inversiones tanto en capacidades nucleares como convencionales “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”.

“Es probable que la caída del gasto militar estadounidense en 2025 sea de corta duración”, advierte Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha superado el billón de dólares, un aumento sustancial respecto a 2025, y podría elevarse hasta 1,5 billones en 2027 si se aprueba la última propuesta presupuestaria del presidente Trump”.

Si analizamos las tablas comparativas, vemos que en el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual multiplica por dos ese porcentaje de 2016

Jordi Calvo — Centre Delàs

Fuerte aumento del gasto europeo

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares. Es el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

“En la década 2016-2025, el gasto se duplicó (+102 %). Este incremento refleja la creciente inestabilidad geopolítica en la región, principalmente relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para los miembros europeos de la OTAN”, señala el informe del SIPRI.

El gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que el rearme de los miembros europeos de la OTAN supuso el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% en 2025 hasta los 190.000 millones de dólares, con una carga militar del 7,5% del PIB. Ucrania, el séptimo mayor gastador, aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, equivalentes al 40% de su PIB.

“En 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania”, indica Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. “Es probable que siga creciendo en 2026 si la guerra continúa, con mayores ingresos por exportaciones de petróleo en Rusia y un importante préstamo previsto de la Unión Europea para Ucrania”.

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones. Su carga militar superó el 2% por primera vez desde 1990, alcanzando el 2,3%.

“En 2025, el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN creció más rápido que en cualquier otro momento desde 1953”, destaca Jade Guiberteau Ricard, asistente de investigación en el Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“A medida que los Estados intentan cumplir los nuevos objetivos de gasto, existe el riesgo de que se difuminen los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa, reduciendo la transparencia”, advierte.

Las cifras muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos

Jordi Calvo — Centre Delàs

Oriente Medio

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó unos 218.000 millones de dólares en 2025, apenas un 0,1% más que en 2024. Excepto Israel, la mayoría de los principales países de la región aumentaron su gasto. El gasto de Israel disminuyó un 4,9% hasta los 48.300 millones. Aun así, seguía siendo un 97% superior al de 2022.

El gasto de Turquía aumentó un 7,2% hasta los 30.000 millones y el gasto de Irán cayó por segundo año consecutivo, un 5,6% hasta los 7.400 millones, debido a la alta inflación, aunque aumentó en términos nominales.

Asia y Oceanía

El gasto militar en Asia y Oceanía alcanzó los 681.000 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024, el mayor aumento registrado desde 2009. China incrementó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones, Japón aumentó su gasto un 9,7% hasta los 62.200 millones (1,4% del PIB), el nivel más alto desde 1958, y Taiwán alcanzó el 14% hasta los 18.200 millones (2,1% del PIB).

“Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía están aumentando su gasto militar no solo por tensiones regionales, sino también por la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense”, resalta el investigador del SIPRI Diego Lopes da Silva.

Otras cifras

El SIPRI indica que el gasto militar del Reino Unido cayó un 2,0% hasta los 89.000 millones y el de Francia aumentó un 1,5% hasta los 68.000 millones.

India aumentó su gasto un 8,9% hasta los 92.100 millones de dólares, Pakistán lo hizo en un 11% hasta los 11.900 millones y Arabia Saudí incrementó su gasto un 1,4% hasta los 83.200 millones. En África el gasto militar aumentó un 8,5% hasta los 58.200 millones totales.

El gasto militar como proporción del PIB —la llamada carga militar— es una medida del coste económico relativo de las fuerzas armadas para un país. A nivel mundial, esta carga aumentó del 2,4% en 2024 al 2,5% en 2025, el nivel más alto desde 2009.

En promedio, los países de Oriente Medio registraron la mayor carga militar en 2025 (3,8% del PIB), seguidos por Europa (3,2%), África (1,8%), Asia y Oceanía (1,6%) y América (1,2%).

Los tres países con mayor carga militar fueron Ucrania (40%), Argelia (8,8%) e Israel (7,8%). “El mayor aumento se registró en Ucrania (+5,6 puntos porcentuales), seguida de Azerbaiyán (+1,4) y Noruega y Dinamarca (ambos +1,0)”, indica el SIPRI. Sudán del Sur y Burkina Faso registraron las mayores disminuciones.

Este viernes tuvo lugar una huelga internacional contra “la economía de guerra” en veintiséis puertos europeos, entre ellos los de Bilbao, Tánger, Pireo, Mersin, Génova, Livorno, Trieste, Ancora o Gioia Tauro. Diversos sindicatos de trabajadores portuarios volvieron a unir sus fuerzas para denunciar la militarización de los puertos, el genocidio israelí aún en curso en Palestina, el tráfico de armas y la actual carrera armamentística. La protesta denunciaba “el imperialismo y la violación del derecho internacional y en defensa de la autodeterminación de los puertos”.

Los organizadores también denuncian cómo el desvío de los recursos económicos para el gasto armamentístico y la industria militar afecta directamente a los salarios y las condiciones de trabajo, “recortando sueldos, erosionando los derechos laborales y destruyendo servicios públicos esenciales”.

La huelga internacional fue promovida por el colectivo CALP (dentro del sindicato USB) de Génova, principal puerto italiano, que goza de una posicion estratégica para el comercio europeo y la industria militar del continente. Los trabajadores de ese puerto cuentan con un largo recorrido de lucha y movilización contra la economía de guerra.

Entre las acciones recientes se encuentran las movilizaciones del 31 de agosto y del 22, 26 y 27 de septiembre, que contaron con el apoyo de más de 50.000 personas. El 26 de septiembre, varios sindicatos firmaron la declaración “Los estibadores y trabajadores portuarios no trabajan para la guerra”. A través de este documento reafirmaban su compromiso de poner fin al genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel, el rechazo al plan de rearme de la UE y la reivindicación de los puertos europeos y mediterráneos como espacios de paz, entre otras cuestiones.

Eso fue el preludio del bloqueo de la carga de un barco israelí al día siguiente, el 27 de septiembre. En esta pasada jornada de huelga los trabajadores genoveses volvieron a bloquear la carga de material a las 18:00 de este viernes. A lo largo de esta y otras movilizaciones, los portuarios de Génova han estado acompañados por figuras como la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, los activistas Greta Thunberg y Thiago Avila, o el sindicalista estadounidense Chris Smalls, quien estuvo presente ayer.

La de este viernes fue la mayor movilización internacional coordinada de puertos hasta la fecha. El sindicato CALP de Génova señala que “esto solo es el comienzo” y anuncia más movilizaciones.

La empresa aragonesa Instalaza, especializada en sistemas de armas, estudia abrir una nueva planta en la provincia de Teruel destinada a la fabricación de componentes de misiles, según ha adelantado el Heraldo de Aragón. La inversión inicial rondaría los 30 millones de euros y se crearían alrededor de 70 puestos de trabajo directos. El proyecto tendría un plazo estimado de dos años y medio, incluyendo permisos administrativos, construcción y equipamiento. La compañía, contactada por este medio, ha declinado realizar declaraciones.

De acuerdo con las mismas fuentes citadas por 'Heraldo', la futura fábrica se ubicaría en el entorno de la capital turolense, junto a la autovía A-23, en alguno de los tres emplazamientos que se estarían valorando dentro de la comarca Comunidad de Teruel. La previsión es adquirir entre 200 y 300 hectáreas para cumplir los requisitos de seguridad propios de la industria armamentística y disponer de suelo suficiente para posibles ampliaciones.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha valorado la noticia de manera positiva, aunque sin confirmar detalles del proyecto: “Que una empresa aragonesa decida invertir y crecer en nuestra comunidad es siempre un buen signo, y que contemple también Teruel es una buena noticia”. Sobre la localización exacta, ha subrayado la necesidad de ser prudentes y ha asegurado que los anuncios se harán cuando la información esté confirmada.

El desarrollo industrial se enmarca en la estrategia europea de reforzar la industria de defensa, con un aumento de los presupuestos militares en la UE y la OTAN, según la información publicada. Instalaza pretende diversificar su producción más allá de los lanzacohetes, granadas y equipos de visión nocturna que fabrica actualmente en Zaragoza, incorporando armamento de mayor tamaño.

Por normativa de seguridad, las nuevas instalaciones deberían situarse a más de dos kilómetros de núcleos urbanos y grandes vías, con naves de tamaño limitado y separadas entre sí, búnkeres para almacenamiento, sistemas de vigilancia reforzados y un recinto completamente blindado. Además, está prevista la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo.

La compañía también estudia solicitar la declaración de interés general, con el objetivo de agilizar la tramitación del proyecto como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). La ubicación en Teruel se vincularía, además, a la cercanía del polo aeronáutico del aeropuerto y al interés del Ministerio de Defensa por promover una implantación territorial de la industria militar.

Otros acuerdos con Instalaza

La operación se suma a los movimientos estratégicos de la firma en Aragón, que en diciembre de 2025 alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza para trasladar su histórica fábrica del barrio de Tenerías fuera del casco urbano. A cambio de recalificar los terrenos actuales para permitir la construcción de 155 viviendas —frente a las 90 previstas inicialmente—, Instalaza se comprometió a instalarse en una nueva planta en el entorno del antiguo polvorín de Cadrete, además de aportar cerca de un millón de euros y dos locales municipales de 900 metros cuadrados en total.

Ese convenio urbanístico, presentado por el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, desbloqueó una operación pendiente desde hace más de dos décadas en una de las principales “cicatrices urbanas” del Casco Histórico de Zaragoza, entre el paseo Echegaray y Caballero, Aloy Sala y la calle Monreal, y permitió impulsar un desarrollo residencial en una zona consolidada junto al corredor del Ebro.

A este traslado se suma la Declaración de Interés Autonómico aprobada por el Gobierno de Aragón a finales de 2024 para la ampliación de las instalaciones de la empresa en Zaragoza, un proyecto de 52 millones de euros orientado al refuerzo de la capacidad de diseño y fabricación de sistemas de misiles, propulsantes sólidos y explosivos, dentro de la estrategia autonómica de impulso a la industria de defensa.

Con dos guerras muy activas –la de Ucrania y la de Gaza–, un gasto militar en constante aumento en Occidente y las crecientes tensiones geopolíticas globales y regionales, las 100 mayores empresas de producción de armamento del mundo hicieron su agosto en 2024: ingresaron un 5,9% más del año anterior, hasta los 679.000 millones de dólares (589.000 millones de euros), lo cual supone una cifra récord, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Esta cifra es más del doble que el PIB de 2024 de países europeos como Hungría o Portugal y es similar al de otros países como Argentina, Suecia o Irlanda.

Navantia, la única empresa española de la lista, bajó del puesto 85 al 88, pero sus ingresos aumentaron un 4% en 2024: 1.270 millones de dólares (1.102 millones de euros), según el análisis del SIPRI.

“El año pasado los ingresos globales por armamento alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI, ya que los productores aprovecharon una demanda muy elevada”, explica en un comunicado Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del reconocido instituto sueco, que tiene una base de datos de más de 20 años.

Las empresas radicadas en Europa y Estados Unidos son las que registraron la mayor parte del aumento en ingresos a nivel mundial, pero también hubo incrementos en empresas de otras regiones del planeta que aparecen en la lista de las 100 más grandes, incluidas dos compañías rusas de armamento y tres indias.

El creciente rechazo a las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes. Muchos países siguieron realizando nuevos pedidos a empresas israelíes en 2024

Zubaida Karim — SIPRI

Seis de las diez mayores empresas del mundo son de EEUU y representan la mitad de los ingresos totales: 334.000 millones de dólares. Los ingresos por armamento de todas las empresas estadounidenses incluidas en la lista del SIPRI crecieron un 3,8% y 30 de las 39 empresas de ese país presentes en la clasificación aumentaron sus ingresos por armas.

Por primera vez, aparece en la lista la empresa estadounidense SpaceX, después de que sus ingresos por armamento más que se duplicaran con respecto a 2023, hasta 1.800 millones de dólares.

Sin embargo, respecto a la industria armamentística en EEUU, el SIPRI destaca en su comunicado que “los retrasos generalizados y los sobrecostes presupuestarios siguen lastrando el desarrollo y la producción de programas clave liderados por EEUU, como el avión de combate F-35, el submarino de la clase Columbia y el misil balístico intercontinental (ICBM) Sentinel”.

Ingresos disparados en Europa

En Europa, el conjunto de los ingresos armamentísticos creció más que en EEUU en 2024, hasta los 151.000 millones de dólares (un 13% más respecto al año anterior). Según el análisis de SIPRI, “ese aumento está vinculado a la demanda derivada de la guerra en Ucrania y de la percepción de la amenaza de Rusia”.

La empresa que registró el mayor incremento porcentual de ingresos de las 100 de la lista es la checa Czechoslovak Group: un 193% más, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. También la ucraniana JSC Ukrainian Defense Industry aumentó sus ingresos por armamento un 41%, hasta los 3.000 millones de dólares en 2024.

Reino Unido lidera los ingresos porcentuales en Europa, representando el 7,7% del total de los ingresos en esta región, aunque las siete empresas británicas incluidas en la lista son las que registraron uno de los incrementos menores de entre todas las europeas –en las que destaca el aumento del 36% en los ingresos de las cuatro alemanas–.

A pesar de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania en 2022, que han causado una escasez de componentes para la industria rusa de armamento, las dos empresas de este país que están entre las 100 mayores del mundo (Rostec y United Shipbuilding Corporation) aumentaron sus ingresos combinados por armamento un 23%, hasta 31.200 millones de dólares.

“Además de las sanciones, las empresas de armamento rusas se enfrentan a una escasez de mano de obra cualificada. Esto podría ralentizar la producción y limitar la innovación”, señala Diego Lopes da Silva, investigador sénior del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “Sin embargo, debemos ser cautos al hacer este tipo de predicciones, ya que la industria armamentística rusa ha demostrado ser resiliente durante la guerra en Ucrania, en contra de las expectativas”, agrega en el comunicado.

Oriente Medio crece en medio del genocidio

Por primera vez, en 2024, nueve de las 100 mayores empresas del mundo tienen su sede en Oriente Medio y aumentaron sus ingresos combinados en un 14%, hasta los 31.000 millones de dólares, más de la mitad de los cuales correspondió a empresas de Israel. Las tres empresas israelíes incluidas en la clasificación aumentaron sus ingresos un 16% (16.200 millones de dólares).

La investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI, Zubaida Karim, destaca que las empresas israelíes del sector no se han visto afectadas, a pesar de los llamamientos a suspender el comercio de armas con este país por el genocidio: “El creciente rechazo a las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes. Muchos países siguieron realizando nuevos pedidos a empresas israelíes en 2024”.

Según el SIPRI, Asia y Oceanía fue la única región del mundo que registró un descenso global de los ingresos por armamento entre las empresas en 2024, hasta 130.000 millones de dólares, un 1,2% menos que en 2023. Esa caída se debió a una reducción del 10% en los ingresos de las ocho empresas chinas incluidas entre las 100 mayores del mundo –en concreto, NORINCO, el principal productor chino de sistemas terrestres, tuvo un 31% menos de ingresos–.

Las tres empresas indias que aparecen en la lista aumentaron sus ingresos un 8,2%, hasta los 7.500 millones de dólares, impulsados por los pedidos nacionales.

Con información de la Agencia EFE

El Gobierno de Polonia ha aprobado un nuevo impuesto sobre la banca para financiar el incremento del gasto en Defensa. Como otros países de la Unión Europea, pero con la amenaza de ser frontera con Rusia, Polonia está aumentando su presupuesto militar a marchas forzadas. En las últimas semanas Polonia ha vivido la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos que fueron derribados o la continua tensión de alertas aéreas por los ataques de Rusia en la frontera entre Ucrania y Polonia.

“Si queremos ser un país que cuida a los más débiles, garantizar mayores ingresos y ser seguro, simplemente necesitamos tener más dinero. Esta es la cruda realidad”, ha explicado el primer ministro polaco, Donald Tusk, para justificar la medida.

Tusk no se ha andado por las ramas y le ha pedido al sector financiero de su país que participe en los gastos de Defensa: “Es mejor gravar a los bancos que a las familias polacas, sobre todo porque los bancos gozan de una excelente situación financiera... Será una carga mayor, pero ¿quién debería cargar con esa carga, sino quienes más dinero tienen? Esto no es populismo, sino una conclusión bastante obvia”.

La medida del gobierno polaco consiste en un aumento del 19% al 30% del impuesto de los beneficios de los bancos el próximo año. Según los cálculos del Ministerio de Finanzas polaco este incremento impositivo generará unos 6.500 millones de zlotys (1.520 millones de euros) en ingresos adicionales en 2026. No es un tipo fijo, la idea es que se reducirá el impuesto de sociedades para los bancos al 26% en 2027 y al 23% en 2028.

La iniciativa del Gobierno polaco todavía tiene que conseguir el respaldo del Parlamento y la firma del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, propuesto por los opositores conservadores nacionalistas de Ley y Justicia, que es un ardiente defensor del incremento del gasto en defensa pero detractor de las subidas de impuestos.

Polonia ha aumentado drásticamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania. El plan del Gobierno es que el gasto en defensa alcance el 5% del PIB en 2026, siguiendo la línea marcada por la OTAN el pasado junio.

El problema de Polonia es que ya tiene un agujero bastante relevante en sus cuentas públicas. El gobierno ha revisado sus previsiones de déficit fiscal hasta el 6,9% este año y el 6,5% para 2026, cuando las normas de estabilidad de la Unión Europea exigen que esté por debajo del 3%. Las agencias de calificación crediticia Fitch y Moody's han mantenido su valoración de la economía polaca con A- y A2, respectivamente, pero cambiaron sus perspectivas a negativas.

Polonia va a participar este miércoles en la reunión del Consejo Europeo informal que los 27 países de la UE organizan en Copenhague (Dinamarca) para iniciar los planes de una defensa conjunta ante las provocaciones de Rusia y redefinir el apoyo a Ucrania.

La cercanía con la frontera rusa se advierte en las posiciones más duras de Tusk frente a otros líderes europeos. El primer ministro polaco ha asegurado que su país está dispuesto a tomar “cualquier decisión” para destruir objetos que representen una amenaza, como aviones de combate rusos, si violan su espacio aéreo o aguas territoriales, pero solo si existe el respaldo unánime de sus aliados de la OTAN.

La guerra no es un accidente. No es un error de cálculo ni una fatalidad de la historia. La guerra es una decisión. Una decisión tomada en despachos lujosos por dirigentes que jamás pisan el barro de los campos de batalla, por empresarios que nunca verán el rostro de un niño mutilado, por estrategas que reducen vidas enteras a cifras en un mapa. La guerra es la obscenidad más grande que la humanidad ha sido capaz de inventar: un crimen planificado, rentable y sistemático. Y lo más intolerable es que la seguimos aceptando, justificando, normalizando, como si fuese inevitable.

No hay guerra limpia, no hay guerra justa, no hay guerra que merezca ser defendida. Todas las guerras son la misma: niños y niñas enterrados bajo escombros, madres abrazando cadáveres pequeños, comunidades enteras desplazadas, generaciones destrozadas por el trauma. Ese es el paisaje real, el que nunca aparece en los discursos oficiales, el que rara vez ocupa titulares durante más de unas horas. Cada conflicto que estalla en cualquier parte del planeta (en Europa, en Medio Oriente, en África, en Asia, en América Latina) repite el mismo guion: los más poderosos deciden, los más pobres mueren.

La economía de la guerra es la economía de la muerte. Cada bomba tiene un precio, cada fusil un fabricante, cada tanque un accionista que sonríe mientras suben las cotizaciones en la bolsa. No hay misiles sin fábricas, no hay ejércitos sin presupuestos inflados, no hay masacre sin contratos firmados. La guerra es el negocio más rentable del mundo, porque mientras más cadáveres produce, más dinero circula. ¿Cómo explicar, si no, que los presupuestos militares globales superen con creces los recursos destinados a combatir el hambre, las enfermedades, el cambio climático? ¿Cómo justificar que haya más dinero para destruir que para salvar? La verdad es brutal: la paz no da dividendos, pero la guerra sí.

Eso es lo que nos han hecho creer. Nos han repetido hasta el cansancio que la paz es improductiva, que la paz es un estado estático, que la paz no genera beneficios ni crecimiento. Nos han hecho creer que los dividendos de la paz son débiles, invisibles, casi irrelevantes, mientras que los de la guerra son tangibles, poderosos, cuantificables. Pero esa es la gran mentira de nuestro tiempo. Porque los dividendos de la guerra son siempre mezquinos y exclusivos: se concentran en manos de unos pocos fabricantes de armas, de algunos gobiernos que comercian con la muerte, de élites que trafican con la destrucción. Son dividendos que nunca llegan a los pueblos, que nunca mejoran la vida de la gente, que nunca alimentan bocas ni curan enfermedades. Son dividendos manchados de sangre que benefician a accionistas anónimos en despachos blindados, pero que jamás se traducen en bienestar colectivo.

Los dividendos de la paz, en cambio, son inclusivos, expansivos, universales. La paz sí produce beneficios, y lo hace a una escala infinitamente mayor que cualquier industria de la guerra. Un país en paz multiplica su producción agrícola, fortalece sus sistemas educativos, expande sus servicios de salud, atrae inversiones limpias, genera empleos dignos, construye infraestructuras que permanecen. La paz produce dividendos que se distribuyen en todas direcciones: en la seguridad de los niños que crecen sin miedo, en la dignidad de las mujeres que caminan sin temor, en el futuro de los jóvenes que estudian y trabajan en lugar de empuñar un fusil. Los dividendos de la paz se miden en generaciones que florecen, en sociedades que avanzan, en culturas que prosperan, en humanidad que se expande.

El gran engaño es hacernos pensar que la paz no rinde. ¿Acaso no rinde más un niño que llega a adulto con educación y salud que un niño enterrado bajo los escombros? ¿Acaso no rinde más una comunidad que cultiva su tierra en paz que una comunidad desplazada y despojada? ¿Acaso no rinde más una ciudad que invierte en hospitales y universidades que una ciudad destruida que debe reconstruirse una y otra vez a un costo inconmensurable? Los dividendos de la paz no son para unos pocos: son para todos. Se reparten de manera democrática, alcanzan a los vulnerables, incluyen a los olvidados. La paz enriquece a la humanidad entera, mientras que la guerra solo enriquece a una minoría obscena y criminal.

La política de la guerra es la política del exterminio disfrazada de seguridad. Gobiernos que hablan de libertad mientras cercenan pueblos enteros. Dirigentes que se proclaman demócratas mientras venden armas a dictadores. Líderes que juran proteger a sus ciudadanos mientras los lanzan a la carnicería de los frentes de batalla. El discurso oficial repite palabras huecas como “soberanía”, “honor”, “defensa”, “patria”. Palabras que, una vez traducidas, significan lo mismo: cementerios más grandes, morgues más llenas, escuelas vacías, hospitales arrasados.

El silencio global es también parte de la obscenidad. Los noticieros transmiten imágenes de bombardeos con la misma frialdad con que informan la cotización del dólar. Las sociedades consumen la guerra como si fuera entretenimiento, indignándose unos segundos para luego pasar a la siguiente noticia. Los organismos internacionales se limitan a condenas tibias, a resoluciones que nadie cumple, a reuniones diplomáticas que nunca frenan una bala. Y mientras tanto, los niños siguen muriendo. Nadie que muera bajo una bomba debería ser olvidado en cuestión de minutos, y sin embargo sucede una y otra vez, porque la humanidad se ha acostumbrado al horror.

No se trata solo de los muertos. La guerra deja tras de sí millones de desplazados que vagan por fronteras cerradas, millones de huérfanos que nunca recuperarán a sus padres, millones de jóvenes que crecerán con la memoria del miedo tatuada en su piel. La guerra no destruye únicamente cuerpos: destruye sociedades, destruye culturas, destruye la posibilidad misma de un futuro digno. No existe victoria posible en un campo cubierto de cadáveres. No existe triunfo en un territorio convertido en ruina.

Por eso, el único camino es un alto total, inmediato, sin condiciones. No más treguas parciales que sirven de coartada para seguir matando. No más negociaciones interminables que disfrazan la continuidad de la violencia. No más excusas diplomáticas. La guerra debe detenerse en todas partes, de una vez por todas. Parar las armas, parar la industria que las fabrica, parar los presupuestos que las financian, parar la maquinaria política que las justifica. Parar todo.

La paz no es ingenuidad. Ingenuo es creer que el planeta puede seguir sobreviviendo bajo la lógica permanente de la guerra. La paz no es un sueño romántico, es la única política viable, la única economía sostenible, la única ética digna. La paz no significa ausencia de conflicto: significa presencia de justicia, de igualdad, de respeto. Significa que cada niño tenga derecho a la risa y no al miedo, que cada madre pueda criar en dignidad y no en desplazamiento, que cada sociedad pueda construir futuro y no ruinas.

La paz exige valentía. Valentía para decir que cada presupuesto militar es un presupuesto de genocidio. Valentía para denunciar a los mercaderes de la muerte, aunque se vistan de jefes de Estado. Valentía para interpelar a las sociedades y recordarles que no se puede vivir en paz mientras otros mueren en la guerra. Valentía para gritar que ninguna bandera, ninguna religión, ninguna frontera, ningún poder vale más que la vida de un solo niño.

Ha llegado la hora de un grito unánime, global, irrenunciable: ¡basta de guerra! Basta de niños asesinados, basta de refugiados vagando por carreteras infinitas, basta de madres llorando frente a tumbas diminutas, basta de políticos que hablan de paz con una mano mientras firman contratos de armas con la otra. Basta de esta obscenidad que nos degrada como especie y nos condena a la barbarie.

La humanidad está en un punto de no retorno. O elegimos la paz como única política posible, como compromiso absoluto, como deber sagrado, o nos condenamos a desaparecer en un océano de sangre y cenizas. La paz no puede ser una promesa futura ni un ideal abstracto. La paz es ahora, aquí, urgente, imprescindible. O la abrazamos hoy sin condiciones, o será demasiado tarde.

No hay más margen. No hay más tiempo. No hay más excusas. La paz es la única salida.

La jueza ha rechazado decidir sobre el decomiso de la carga de acero que se encuentra en el Puerto de Barcelona y que prevé salir este martes 1 de julio en el barco ZIM LUANDA con dirección al puerto israelí de Haifa.

Según han informado fuentes de la comunidad palestina de Catalunya, que había solicitado la medida de decomiso del acero de la empresa Sidenor, la magistrada no ha apreciado las razones de urgencia (la salida del buque este martes) que había alegado la entidad palestina.

La llegada del barco ZIM LUANDA este lunes por la tarde al Puerto de Barcelona ha vuelto a movilizar a la comunidad palestina, que se ha concentrado ante las instalaciones portuarias para reclamar al Gobierno que impida la salida del buque.

Las 40 barras (122 toneladas) de acero de la empresa Sidenor, una metalúrgica española, se cargarán al buque ZIM LUANDA, que tiene previsto salir este martes el 1 de julio a las 13h. y llegaría a Haifa el día 10, previa escala en el puerto turco de Mersin. El acero estaría destinado a la empresa militar israelí IMI Systems.

A la petición de la comunidad palestina catalana se han sumado varios partidos de izquierdas. Los Comuns, que forman parte del Gobierno a través de Sumar, han reclamado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que “pare inmediatamente” la carga de acero al buque. “Es hora de que Pedro Sánchez pase de las palabras a los hechos, porque sin acción no hay solidaridad sino complicidad”, ha aseverado el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello.

Por su lado, el Puerto de Barcelona ha asegurado que no le consta que ninguno de los contenedores contenga carga que vulnere la normativa internacional y que solo puede prohibir la entrada de buques en casos excepcionales, entre los que no se encuentra el del ZIM Luanda.

El abogado de la comunidad palestina catalana, David Aranda, ha avanzado que este martes llevarán el caso ante la Audiencia Nacional “para evitar la consumación” del delito de contrabando y de la posible “complicidad con el genocidio”.

“Israel no comete el genocidio solo, lo hace porque hay empresas que se lucran con él”, ha denunciado Alys Samson, de la plataforma Stop Complicitat. “El acero no se vende para hacer jarrones de flores, sino para seguir masacrando al pueblo palestino”, ha agregado.

“Hay que parar este genocidio, no podemos permitir que se continúe esta masacre”, ha indicado la portavoz de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu-Sharar, que ha reclamado al Gobierno “poner fin” al comercio de armas con Israel.

La comunidad palestina de Catalunya ha pedido este sábado al juez que decomise la carga de acero que se encuentra en el Puerto de Barcelona y que prevé salir el martes 1 de julio en el barco ZIM LUANDA con dirección al puerto israelí de Haifa.

En su querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la entidad Comunidad Palestina de Catalunya-Tierra Santa, representada por el abogado David Aranda, ha solicitado medidas “urgentes” al juez para impedir que la carga del barco llegue a Israel y pueda agravar el “genocidio” en Gaza.

La comunidad palestina catalana reclama que se registre el muelle del Puerto de Barcelona donde se encuentran las 40 barras (122 toneladas) de acero de la empresa Sidenor, la metalúrgica española contra la que se dirige la querella por un delito de contrabando.

Según describe la querella, las barras de acero se prevén cargar al barco este mismo lunes, para que el buque salga un día después con destino a israel, donde serían entregadas a la empresa militar IMI Systems. El barco saldría de Barcelona el 1 de julio a las 13h. y llegaría a Haifa el día 10, previa escala en el puerto turco de Mersin.

La comunidad palestina ha identificado ante el juez los contenedores del Puerto de Barcelona donde “presumiblemente” estaría el acero y pide el decomiso del material “que pueda usarse como material de defensa, de doble uso o del que no se precise la autorización administrativa preceptiva”.

Entre los documentos que la entidad palestina ha adjuntado al juez figura un informe del Ministerio de Economía sobre exportaciones de defensa en el que se indica que el Gobierno “no ha autorizado envío de material de defensa o tecnología de doble uso con destino a Israel”.

Esta falta de permiso lleva a la comunidad palestina a apuntar que los envíos de acero que Sidenor ha venido haciendo a Israel, al igual que el previsto para este martes, “han estado realizados sin la correspondiente autorización administrativa”. De ahí el delito de contrabando en el que se basa la querella.

Cualquier envío a Israel de material o productos que puedan ser destinados a defensa, como el acero, supone “un grave riesgo para la paz y la estabilidad mundial y para los derechos humanos de la población de Gaza”, advierte la comunidad palestina catalana.

“Afirmar que el Estado español podría haber autorizado el envío de los materiales a una empresa armamentística con destino final en Israel sería afirmar que el Gobierno estaría incumpliendo el Tratado sobre Comercio de Armas de Nueva York de 2023 y el derecho internacional humanitario”, agrega la querella.

Además del decomiso del acero, la querella de la comunidad palestina catalana solicita al juez que reclame al Ministerio de Economía sobre las autorizaciones administrativas concedidas a Sidenor para la comercialización de material d defensa, doble uso o con destino a Israel, y se tome declaración como investigado a un representante de la empresa.

La Comunidad Palestina de Catalunya y la Red Estatal contra la ocupación en Palestina (RESCOP) han denunciado el “tránsito continuo” por los puertos españoles de buques implicados en el comercio de armas con Israel. Para RESCOP, la llegada de un nuevo barco a Barcelona “es una prueba más de que el Gobierno no ha decretado un embargo integral de armas a Israel”

Sidenor ha vendido en total 1.207 toneladas de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems desde agosto de 2024, según reveló recientemente el medio irlandés ‘The Ditch’, con envíos durante meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 suministró 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 hizo un envío de 219 toneladas y en mayo se registró otra carga, de 356 toneladas.

El buque ZIM Atlantic transportó catorce contenedores que llegaron al puerto turco de Mersin el 25 de mayo de 2025 y a territorio israelí, Haifa, cuatro días después. El 10 de junio el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario. Cuando se conoció ese envío de Sidenor desde territorio español, con escala en Turquía, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, demandó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel.

En su dictamen del pasado mes de julio, la Corte Internacional de Justicia pide a los países “medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación ilegal israelí.

En una entrevista publicada este jueves en elDiario.es, la relatora de la ONU recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.

El capitán del barco Nexoe Maersk ha negado esta tarde frente al juzgado n.º6 de Barcelona que llevara armas a Israel. El patrón, que estaba citado como investigado por su presunta implicación en, al menos, cuatro transferencias de armas a Israel por rutas que salen de Estados Unidos y hacen escalas en puertos españoles, ha comparecido mediante videoconferencia a pesar de que su navío se encuentra atracado desde hace unas horas en el puerto de la capital catalana.

Durante la comparecencia, el investigado se ha negado a responder a las preguntas de la parte denunciante y se ha limitado a contestar a su representante cuestiones técnicas sobre legislación marítima, tal como han explicado a este medio fuentes de la acusación.

El capitán ha destacado que él está exento de conocer el contenido de la mercancía que transporta y ha asegurado que desconoce si sus navíos han transportado o no armas en sus rutas hacia Haifa. También ha apuntado que sólo se le informa de lo que transporta cuando se trata de material peligroso. Aun así, desde la acusación destacan que “no es creíble” que el acusado no supiera qué transportaba, ya que el capitán “es el máximo responsable legal de la carga hasta que llega a destino”.

La citación se fijó aprovechando que el Nexoe Maersk tenía previsto hacer una escala en Barcelona. Ahora, si todo va tal y como está previsto por la compañía, el buque alzará anclas a las 20h, siguiendo la ruta planeada hacia Haifa (Israel), siendo que la acusación no ha requerido medidas cautelares ni para el navío ni para su patrón.

Según la Comunitat Palestina de Catalunya, entidad que se ha personado como acusación, esta ruta es usada por la naviera danesa Maersk con varias embarcaciones para transportar armas hasta Israel. “Pedimos a la jueza que aclare la responsabilidad de la empresa y del capitán y si estamos ante un delito contra la comunidad internacional, tráfico de armas y contrabando, ya que está prohibido el comercio de armas con países acusados de genocidio, como es Israel”, ha apuntado Marc Jamal, portavoz de la Comunitat, a las puertas de los juzgados.

Las acusaciones se sustentan en que la naviera Maersk ya había estado implicada en el pasado el envío de armas a Israel a través de puertos españoles -como desveló una investigación de elDiario.es. Por eso, cuando presentó la denuncia, la Comunitat Palestina pidió el registro y retención del navío, así como del capitán. Pero la jueza lo desestimó por falta de indicios de que en ese viaje en concreto el Nexoe transportara armas.

Meses después, los activistas han podido conseguir pruebas mediante bases de datos públicas y los han presentado ante la jueza. A través de la página web Panjiva, que expone las exportaciones desglosadas desde Estados Unidos, han podido constatar que los códigos de los envíos a Israel a través de esta naviera coinciden con el de armamento militar.

De las más de treinta mercancías que llegaron a Haifa en la ruta realizada por el Nexoe en abril, al menos cuatro estaban relacionadas con armas. En concreto encontraron el código 8710, que corresponde a tanques y otros vehículos armados, y el 9803, que es el del equipo militar no clasificado, tal como se expone en la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La denuncia

Hace ya más de dos meses que el juzgado n.º 6 de Barcelona abrió diligencias previas y requirió a la empresa que identificara a los patrones de los barcos Maersk Detroit y Nexoe Maersk. El primero, que forma parte del programa militar estadounidense Maritime Security Program, realiza siempre una ruta que va desde Estados Unidos hasta Tánger (Marruecos). Allí se encuentra con el Nexoe, que recorre el Mediterráneo -haciendo paradas en ciudades españolas como Algeciras, València o Barcelona- hasta llegar a Haifa.

Esta ruta se realiza de manera recurrente, tal como se puede comprobar en la misma página web de la naviera y, según los datos recogidos a través de las bases de datos públicas, los envíos en más de una ocasión han contenido material armamentístico. La mayoría de las veces se trata de componentes de aviones de combate F-35 que salen desde Estados Unidos y que hacen escala en puertos españoles.

Los demandantes subrayan que estos buques pueden recibir suministros, insumos básicos y combustible a su paso por Barcelona, Valencia y Algeciras y que, con ello, estos puertos españoles estarían facilitando la llegada del barco a las costas marroquíes para cargar ese material militar y llevarlo a Israel.

Cuando se presentó la denuncia, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguraron a elDiario.es que, “de acuerdo con la política anunciada por el Gobierno en mayo del año pasado a la vista de la crisis en Gaza, no se ha autorizado ninguna solicitud de tránsito por España de material de defensa con destino a Israel”.

Pero las organizaciones Progressive International y Palestinian Youth Movement constataron que en los seis meses posteriores al pacto se dieron 25 trayectos del Maersk desde Estados Unidos y hasta Algeciras con toneladas de material militar. Además de esto, otra investigación de elDiario.es desveló que otros once barcos de Maersk -a parte del Nexoe y el Detroit- tenían previsto hacer escala en España sólo durante el mes de noviembre de 2024.

Por su lado, en un comunicado publicado a mediados de marzo, la naviera Maersk afirmó que no transporta “carga clasificada o sensible, que incluye armas y municiones, sin un Plan de Transporte presentado por el transportista y aprobado por el Gobierno” de EEUU.

Pero las investigaciones internacionales y la demanda presentada en Barcelona no hacen referencia a carga clasificada, sino a material militar, entre el que ha habido suministros bajo la categoría 93, correspondiente a “armas y municiones”, como vehículos militares o sus partes o cuerpos de proyectiles, entre otros.

El transporte de armamento a territorio israelí es clave para el desarrollo de sus operaciones en Palestina. En los últimos meses, Estados Unidos ha seguido suministrando importantes paquetes de material militar a Israel, a través de diferentes rutas. España, por su ubicación geográfica, es territorio potencial de paso de algunos barcos.

Las seiscientas organizaciones integrantes de la campaña señalan que el tránsito por nuestros puertos de barcos implicados en el comercio de armamento con Israel es “otra prueba más de que el Gobierno de España no ha decretado un embargo integral de armas a Israel y de que debe hacerlo inmediatamente”.

También denuncian que Israel “no puede cometer un genocidio solo, lo hace con la complicidad de nuestras instituciones y ante la inacción de las autoridades competentes”.

Carros de combate, drones, armas y hasta satélites pueblan estos días más de 60.500 metros cuadrados de Ifema, el recinto de congresos de Madrid. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) que se celebra hasta este 14 de mayo reúne a cientos de empresas del sector que esperan con ansias la materialización de los repetidos anuncios sobre el incremento del presupuesto para defensa, tanto a nivel nacional como europeo. La invasión de Ucrania y el reciente cambio del panorama geoestratégico tras el alejamiento de Trump de Europa son los dos principales motivos que las empresas, que estos días reciben con los brazos abiertos delegaciones de decenas de países de la OTAN y aliados, ven para aumentar su cuota de negocio.

David Ayala, director general de EINSA, una de las principales compañías del sector de la defensa en España, considera “completamente necesario” el incremento del gasto militar. Se refiere al anuncio de Pedro Sánchez este abril sobre el aumento de más de 10.500 millones de euros con el objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa. “Se intensifican los frentes bélicos cercanos a Europa que hace tiempo que no se veían. Eso ha sido un aviso, pero también que Trump haya abandonado sus posiciones tradicionales respecto a Europa”, comenta.

Desde su punto de vista, durante años se “ha descuidado” la inversión en este tipo de activos de carácter disuasorio. En España, la inversión militar estuvo congelada entre 2008 y 2018, lo que hizo que el presupuesto cayera en términos globales y muchas empresas se vieran al borde del cierre. “Esperemos que las declaraciones de voluntades de los gobiernos se materialicen realmente”, reitera Ayala cerca de ALANO, un vehículo no tripulado multimisión que viene a reivindicar el papel del perro en el campo de batalla justo colocado detrás de un vehículo aerolanzable que también presenta EINSA.

Feindef, la única feria que cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Defensa español, es la cita bianual esperada por compañías de todo el mundo para exhibir su material de última generación. Esta vez, el Gobierno español no ha permitido que en ella participe ninguna compañía de Israel. Más allá, Feindef tiene más de 600 expositores, de los cuales 163 son internacionales, una representación de 65 países diferentes, y esperan la visita de un centenar de delegaciones internacionales. El consejero delegado y presidente de Urovesa, Justo Sierra, afirma que “está siendo una buena feria” por la cantidad de delegaciones internacionales que ya se han interesado por sus productos.

Europa y su propia defensa

“Es todo muy intenso. En muy poco tiempo el sector se reúne al completo en un momento en el que nos hemos dado cuenta de que nos hemos descansado demasiado en las capacidades de la OTAN. Es momento de que Europa tenga la capacidad propia de defensa para defender así su territorio, que al final es un modo de vida, de defender nuestras libertades”, se explaya el mismo Sierra. Además, apunta que la recuperación de la capacidad de defensa propia para Europa debe hacerse en poco tiempo “para estar preparados para lo que pueda suceder”.

Urovesa se dedica a la fabricación exclusiva de vehículos militares. “Cada vez hay más competencia porque estamos en un mercado global. Lo vemos como un reto, pero también como algo positivo porque nos obliga a evolucionar”, comenta a escasos centímetros de un vehículo blindado a un nivel balístico muy elevado capaz de proteger contra los calibres más agresivos y contra minas antipersona y antitanque, describe Sierra. Esta empresa española también exhibe un vehículo de exploración y reconocimiento terrestre: “Lleva muchísimos sensores, una estación meteorológica, cámaras de largo alcance giroestabilizadas... Este vehículo recoge, recopila, prepara y transmite en tiempo real información sobre un entorno operativo en el que se va a desplegar, por ejemplo, un convoy”, describe.

Las PYMES, mayoritarias en el sector

Según el informe “La industria de defensa en España” de 2023, el último disponible, ese año se registraron 582 empresas en el sector de defensa, de las cuales 396 desarrollaron actividad directamente vinculada con este ámbito. Las ventas totales del sector alcanzaron los 8.538 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,8% respecto al año anterior. De esta cifra, 2.242 millones de euros correspondieron a ventas nacionales al Ministerio de Defensa (+31,0%), mientras que 6.296 millones de euros provinieron de exportaciones (+10%).

Por subsectores, el aeronáutico lideró la facturación con 4.798 millones de euros, equivalentes al 58,7 % del total, de los cuales 4.268 millones de euros se destinaron a mercados internacionales. Le sigue el naval, con 976 millones de euros en ventas, con 365 millones destinados a exportaciones; el terrestre, con 489 millones en ventas y 286 millones en exportaciones; el electrónico, con 543 millones en ventas y 181 millones en exportaciones; y el auxiliar con 605 millones en ventas, de los cuales 349 millones fueron exportados.

Además, esta publicación del Ministerio de Defensa recoge que la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa está conformada mayoritariamente por PYMES, hasta alcanzar casi el 80% del total. En términos de empleo, el sector generó 31.865 empleos directos en 2023, con una productividad media de 61.545 euros por empleado.

Empresas de EEUU, entre Trump y Europa

Rosa María Beckham ha llegado a Madrid desde Inglaterra. Ella es la directora internacional de Estrategias y Ventas de Communications & Power Industries (CPI). Esta compañía estadounidense es plenamente consciente de la realidad geopolítica del momento: “Tenemos una visión internacional y nuestra estrategia de empresa siempre ha sido dar un total apoyo a otras empresas de fuera de Estados Unidos”, ha recalcado.

Sin embargo, los continuos anuncios por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en los que se aleja de la OTAN y la Unión Europea han hecho algo de mella. “Aquí se trata de buscar afinidades con las que podamos seguir trabajando. Al final, hay tiempos políticos que son temporales, nunca eternos, así que tenemos que encontrar la forma de navegar las aguas”, ha añadido Beckham, quien opina que en España se ha dado un impulso muy grande a la financiación en gasto militar.

Hacia la tecnología: drones y satélites

Arquimea es otra de las empresas presentes en Feindef. Manuel Martín, su director general del área de Defensa, tilda de “extraordinario” el cambio geopolítico experimentado en los últimos años. “Eso ha provocado un ciclo de inversiones en el que empresas como la nuestra tiene que posicionarse”, ha comentado. Esta compañía española con dos décadas de experiencia está especializada en la tecnología: “¿Y dónde está ahora la tecnología en el mundo de la defensa? En los drones, por eso hemos desarrollado diferentes tipos para realizar distintas misiones”, se pregunta y contesta Martín.

Drones para misiones de vigilancia, de intervención, incluso en algunos casos para utilizar en ataques pueblan el stand de Arquimea. “No solo debemos utilizar los drones de manera individual, sino colaborativa, para trabajar en enjambre. Por eso tenemos multilanzadoras terrestres o en plataformas navales”, ilustra el experto en Defensa.

De todas formas, la tecnología no solo está presente en los drones. Desde esta empresa trabajan en una constelación de 264 satélites que empezarán a lanzar dentro de dos años con el objetivo de dar servicios de comunicaciones críticas, de alta seguridad, para clientes premium.

Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio

Apenas a unos metros del lugar que ocupa Arquimea está paseando Juan. Él es uno de los miles de visitantes, hasta 35.000 esperan recibir desde la organización, que estos días se deja caer por Ifema. “He venido a una ponencia de una empresa que me interesaba mucho para poder hacer una transposición de lo que han presentado a la realidad de mi empresa”, introduce este profesional dedicado a localizar oportunidades de negocio para la compañía a la que pertenece.

Juan no se dedica al sector de la defensa de manera directa, tan solo tangencialmente. Sin embargo, eso no es óbice para que vea cómo Feindef ha ido a más en estos últimos años. “Es una consecuencia lógica de las partidas presupuestarias, que aumentan mucho en poco tiempo. De todas formas, aquí están los grandes grandísimos. Mi empresa no es un jugador tan potente, así que lo que buscamos son oportunidades más de nicho”, ha completado.

En los tres pabellones que ocupa Feindef en Ifema se pueden ver grandes marcas del sector, como Navantia, Hispasat, Hisdesat, pero también stands del Ministerio de Defensa y los tres ejércitos, UME incluida, al igual que compañías de telecomunicaciones como Telefónica o energéticas como Repsol. La Feria, más allá de la defensa, también cobija a empresas dedicadas a la seguridad. Diversos materiales, tiendas de puestos de mando, chalecos antibalas y cascos son algunos de los elementos que protagonizan esta zona, en la que están representadas algunas administraciones regionales, como la Comunidad de Madrid, Andalucía y Aragón.

Detenidos activistas contra el gasto militar

La celebración de este evento también trae consigo protestas por parte de aquellos quienes consideran que un mayor gasto militar no es la solución. Como en años anteriores, desde Desarma Madrid y Alternativa Antimilitarista realizaron una protesta el primer día de la Feria a las puertas de la misma. Según denuncian, Feindef es un foro en el que “empresas de armamento de todo el mundo exponen sus productos y servicios para incrementar su lucro a costa del sufrimiento ajeno”.

La acción que llevaron a cabo terminó con 11 personas detenidas. Varios activistas con carteles de países cuya población civil está siendo víctima en conflictos bélicos, como Palestina, Yemen, Sudán y Ucrania, se vertieron sangre de mentira por encima. A su lado, dos trajeados “señores de la guerra celebraban con júbilo el opíparo festín de la feria de armas lanzando billetes de 500 euros al aire, mientras la población civil de diversas regiones del mundo muere”, tal y como expresaron las dos organizaciones antimilitaristas.

Mientras tanto, en los pabellones decenas de personas paseaban entre vehículos blindados, fusiles y balas buscando la mejor apuesta para ganar la próxima guerra en una feria repleta de militares de todo el mundo y en la que está permitido hasta simular prácticas de tiro.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que la compañía sondea el mercado y que está estudiando un grupo de alrededor de “20 empresas” con el objetivo de acometer potenciales operaciones con las que acelerar su capacidad industrial en el ámbito de la defensa.

En relación con el perfil de las empresas que está estudiando, De los Mozos ha señalado que deben aportar capacidades y competencias o bien ayudar a favorecer la integración vertical de Indra.

“Hay dos elementos. Que sumen capacidades y competencias o que nos ayuden a integrarnos verticalmente. Indra es una empresa tecnológica líder, pero industrialmente no lo somos (...). Con la demanda que va a haber en los próximos años, el 'time delivery' (tiempo de entrega) es muy importante. Por eso debemos especializarnos en industrialización de pequeñas series”, ha afirmado el directivo en declaraciones a la prensa durante la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad de España (Feindef) que se celebra hasta este miércoles en Madrid.

De los Mozos ha subrayado que “tenemos que crecer si queremos ser relevantes en Europa. Tenemos la ambición de llegar a los 10.000 millones de euros de facturación y, para ello, tenemos que crecer orgánica e inorgánicamente”.

“Para hacer esto se empieza trabajando desde el diseño, desde la estandarización, desde la 'supply chain' (cadena de suministro), trabajando en la cadena de valor de los proveedores y hacer sistemas industriales de baja carencia que nos permitan desarrollar el tiempo de entrega”, ha agregado.

Escribano

En esa línea, se ha referido a la potencial fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y ha dicho que esta es una de las 20 empresas que están analizado, al tiempo que ha recalcado que esta posible operación todavía está en una fase “incipiente”.

Escribano Mechanical & Engineering tiene algo más de un 17% del capital de Indra. Ángel Escribano fue nombrado presidente de Indra el pasado mes de enero, tras la salida de Marc Murtra que fue designado como presidente de Telefónica.

“Está en un momento incipiente y ya veremos lo que pasará. Lo que pase, primero será informado al consejo de administración y, a partir de ahí, iremos viendo”, ha añadido De los Mozos, que también ha subrayado que en el conjunto de empresas que está valorando Indra hay firmas de diversos tamaños tanto españolas, como europeas y de fuera del Viejo Continente.

Iveco Defence Vehicles

En ese sentido, este mismo lunes se ha desvelado que Indra ha entrado en la puja por la filial de vehículos militares del grupo italiano Iveco, denominada Iveco Defence Vehicles.

En concreto, Indra ha trasladado una oferta no vinculante por la subsidiaria de Iveco, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación, que también han indicado que competirá en el proceso con la 'joint venture' de blindados establecida por la italiana Leonardo y la alemana Rheinmetall, así como con el fondo estadounidense Bain Capital y con otra firma de inversión australiana.

“El interés en IDV es coherente con los planes de Indra”, han asegurado las fuentes consultadas por Europa Press en relación con este asunto.

En ese sentido, cabe recordar que Indra intentó recientemente adquirir la fábrica de General Dynamics European Land Systems -- propietaria de Santa Bárbara-- en Trubia (Asturias), instalaciones en las que se producen blindados para el Ejército español como el 8x8 Dragón a través del consorcio Tess Defence (integrado por Indra, Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering y Santa Bárbara).

Sin embargo, Indra se topó con la negativa de General Dynamics a desprenderse de su fábrica asturiana y por ello se fijó como objetivo adquirir la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón, denominada el 'Tallerón', con el objetivo de reconvertirla y producir en ella vehículos blindados.

En este contexto, Indra forma parte de los finalistas en el proceso de manifestación de interés en Iveco Defence Vehicles, en el cual ya han quedado descartadas otras compañías como la británica BAE Systems.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia en la que Sumar solicitaba que se investigase si se envió material militar desde Zaragoza con destino a Israel desde enero de 2024 y mientras duró la ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza. El pasado mes de febrero el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, presentó el escrito ante el Ministerio Público. Según ha adelantado 'El Español' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, la Fiscalía ha dado ahora carpetazo a esta denuncia.

En la misma, Santiago solicitaba que la Fiscalía abriese diligencias para esclarecer si hubo traslado de armas a Israel en pleno conflicto en Gaza, dado que de ser así supondría una grave infracción contra el derecho humanitario internacional, por crímenes de guerra y de genocidio. El parlamentario, adscrito al grupo plurinacional Sumar en el Congreso, ya había cursado anteriormente denuncias de este tipo en las que exhortaba a investigar si desde España se permitió, por ejemplo, el atraque de varios cargueros con sospechas de transportar material militar o explosivos con destino final a Israel.

Para ello, el dirigente de IU se apoyaba en una investigación de organizaciones como 'Progressive International', 'American Friends Service Committee' y 'Palestinian Youth Movement' que acababan de publicar un “estremecedor informe” que detallaba y documentaba vuelos regulares con cargamento militar desde España hasta Israel, estudiando principalmente el período entre enero y noviembre de 2024. Los resultados de dicho informes fueron publicados por 'elDiario.es' en noviembre de 2024.

La denuncia describía más de 40 vuelos operados desde la base aérea de Zaragoza (España) hasta el aeropuerto Ben Gurion, en Israel, a través de diversas aerolíneas, de los que se ha comprobado que han transportado material militar, según el citado informe. Concretamente, el informe recogía que se trataban de más de 60.000 partes de armas y fusiles transportadas a través de nuestro país en ese período de tiempo.

También aludía que en el último trimestre de 2024 también se detectaron nuevas importaciones y contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes en España. Y ante ello los ministerios de Defensa e Interior anunciaron que iban a iniciar un proceso para anular la adjudicación de esos contratos, pero “no aportaron datos más específicos” y no se había podido confirmar hasta donde llegó esa cancelación o las cláusulas de rescisión.