Hola

¿Cómo llevas el calor? 

La economía también está que arde. Apenas unos días después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera elevar los tipos de interés hasta el 2,25%, el principal argumento que justificaba su endurecimiento monetario empieza a desinflarse. La escalada del precio de la energía –especialmente del petróleo— y que amenazó con reavivar una nueva ola inflacionista, se ha moderado tras el acuerdo provisional alcanzado entre los gobiernos de EEUU e Irán. El barril de Brent ha vuelto a caer por debajo de los 80 dólares y se aleja de los temidos 110 dólares que llegaron a contemplarse en los momentos de máxima tensión. ¿Ha reaccionado el BCE con más reflejos que análisis?

La cuestión no es negar el repunte de los precios. La inflación existe. En Europa subió en mayo hasta el 3,2%, la tasa más alta desde septiembre de 2023. El objetivo de la institución que preside la francesa Christine Lagarde la ubica en el 2%. Pero también importa su origen, como ya contamos en este mismo espacio cuando estalló la guerra, y los efectos sobre la débil economía de la eurozona, que este año se espera que crezca un raquítico 0,8%: más dificultades para las familias y las empresas a la hora de pagar sus deudas, ya que las hipotecas y los créditos van a ser más caros.

La Reserva Federal (Fed) ha jugado con ventaja. El recién nombrado presidente, Kevin Warsh, se acaba de estrenar en el cargo manteniendo los tipos en el rango actual de entre el 3,5 y el 3,75%, pese a que los precios escalaron en mayo un 4,2%, el mayor nivel en tres años. Warsh, que es el candidato de Trump, sostiene que hay que fijarse en la inflación subyacente (la que excluye del cálculo los elementos más volátiles como la energía y los alimentos), esta subió dos décimas en mayo, hasta el 2,9%, por encima del mandato de la Fed, también del 2%.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el objetivo de inflación del 2%? Te cuento: no nació de una fórmula matemática compleja, sino de un comentario improvisado en televisión en Nueva Zelanda en 1988. A fines de la década de 1980, Nueva Zelanda sufría una inflación muy alta (en torno al 15%). Durante una entrevista televisiva, el entonces ministro de Finanzas, Roger Douglas, fue presionado sobre si el gobierno estaba conforme con la bajada de la inflación al 10%. Respondió de manera informal que su objetivo ideal sería una tasa de entre el 0% y el 1%. Un poco así, a boleo. Para respaldar la declaración pública de su ministro, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tuvo que idear un objetivo formal. Calcularon que la medición estadística del coste de vida solía tener un sesgo al alza de aproximadamente un punto debido a las mejoras de calidad en los productos. Redondearon la cifra y establecieron un rango formal de 0% a 2% en 1989.

Debido al éxito que tuvo Nueva Zelanda para estabilizar su economía, el número se convirtió rápidamente en un dogma financiero global. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el BCE lo adoptaron. Finalmente, la Fed lo oficializó en enero de 2012 bajo el mandato de Ben Bernanke. Este es el consenso institucional, el que considera que el 2% es el lubricante perfecto para la economía.

Pero a raíz de las recientes crisis globales (como la pandemia, las tensiones geopolíticas y los shocks energéticos), economistas de enorme prestigio mundial como Olivier Blanchard (execonomista jefe del FMI) o Laurence Ball han defendido elevar el objetivo óptimo a un rango de entre el 3% y el 4%. Su argumento es que, en un mundo propenso a sufrir crisis de suministro, un objetivo del 2% obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés de forma agresiva, ahogando el crecimiento económico. Un nivel óptimo del 3% daría más flexibilidad a la economía, permitiría mantener tipos de interés reales más estables y evitaría recesiones y pérdidas de empleo a cambio de tolerar una subida de precios ligeramente.

Y también representaría un poco de desahogo para los que tiran de hipoteca para tener techo bajo el que vivir. Lo de la vivienda es un drama, como te venimos contando en este periódico. Por eso este viernes estrenamos un nuevo boletín semanal dedicado íntegramente a la crisis habitacional. Se llama Una casa para vivir y lo va a escribir el compañero de la sección de Economía Germán Aranda. Puedes suscribirte pinchando en este enlace.

Tipos (y tipas) de interés

Baja Ángel Nicolás, presidente de CECAM. El líder de la patronal castellanomanchega ha llamado “memos” a los jóvenes que solicitan una baja médica por salud mental porque “les ha dejado la novia” y no “porque exista un maltrato o un acoso laboral de la empresa” en la que trabajen. Lo manifestó este martes durante su intervención en unas jornadas sobre absentismo organizadas por CEOE-Cepyme en Madrid. Al día siguiente no le quedó otra que pedir disculpas, a través de un comunicado.

Nicolás es, además, director gerente de la mutua Solimat. Ha añadido que en España “se va al médico a por la baja” y los médicos de Atención Primaria están dando bajas por salud mental a pacientes “cuando ni siquiera les ve un especialista, un psicólogo, o un psiquiatra”, mientras “desde las mutuas estamos pagando esa contingencia común”, ha argumentado. “Nosotros nos inflamos”, decía en alusión de las mutuas, a proponer altas médicas.

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha distanciado de las palabras del dirigente empresarial castellanomanchego. Ha subrayado la existencia real de un problema de salud mental entre los jóvenes, que se materializa en los casos más dramáticos con intentos de suicidios.

El gráfico

La semana en que Suiza ha rechazado en referéndum limitar la inmigración y el asilo para frenar el crecimiento de su población, me ha llamado la atención este gráfico de The Economist que habla de otra emigración: la de los ricos para buscar el mejor acomodo para sus fortunas por la vía del ahorro de impuestos. Un sector de asesores en pleno auge les está facilitando el proceso. Fuga de capitales, se titula.

La inestabilidad geopolítica ha disparado la migración de grandes patrimonios a hasta un récord histórico, estimando que 165.000 millonarios cambien de residencia este año en un mercado de asesoría que ya mueve 40.000 millones de dólares, según la revista británica. Aunque destinos tradicionales como Dubai pierden fuerza por los conflictos regionales, el interés por emigrar ha crecido con fuerza entre los ricos occidentales; los británicos y europeos huyen de la presión fiscal, convirtiendo a Francia, Alemania y España –por primera vez-- en emisores netos de ricos por primera vez, mientras que los estadounidenses buscan alternativas en Europa ante la deriva política de su país.

Esta huida masiva de patrimonios coincide con un cambio de ciclo político que está cerrando la alfombra roja al dinero fácil: varios países están endureciendo las condiciones de sus programas de inversión o cancelándolos directamente, como hizo España con su Golden Visa o Portugal al duplicar el tiempo de espera para el pasaporte, debido a la presión de la Unión Europea y a la exigencia de un mayor control sobre el origen y los antecedentes de las fortunas entrantes.

El dato

159.785

Es el número de vacantes de empleo en España durante el primer trimestre de este año, la mayor cifra desde que comenzó la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013. Son 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados este martes en la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL), el 86,6 % de estas vacantes, 138.379, se encontraba en el sector servicios, como suele ser habitual, ya que aglutina el mayor porcentaje de empleo. Es sorprendente cuando tenemos algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Ponte a la sombra y en remojo y nos vemos el jueves que viene.

¡Un abrazo!

Carsten Hagg no es troba a Mallorca quan decideix vendre la seva luxosa casa per sis milions d'euros, 2,1 milions més cara que quan la va comprar. Tampoc quan Hisenda crida a la seva porta. És a Suïssa. Després a Abu Dhabi. Sobre el paper, l'operació sembla impecable. Però a la pràctica, els 630.601 euros que devia abonar en concepte d'impost de societats mai van arribar a les arques públiques. Anys després al·legarà que no parlava castellà quan es va dur a terme la venda i que tot ho portaven els seus advocats. L'Audiència Provincial de Balears, tanmateix, ha posat negre sobre blanc: el multimilionari alemany “va orquestrar tota una obra d'enginyeria econòmica per comprar i vendre un bé immoble sense abonar absolutament ni un cèntim a l'Administració Pública espanyola”.

Tretze anys després de la venda de la mansió, ubicada a Son Vida -una de les zones residencials més exclusives de l'illa i tradicionalment associada a grans fortunes i inversors internacionals-, l'òrgan judicial ha condemnat Hagg a dos anys de presó i a la devolució dels milers d'euros defraudats. Els fets no són aïllats, com tampoc la sentència que els descriu. De fet, Balears no és aliena a la constitució de grans estructures societàries utilitzades per eludir obligacions fiscals a Espanya, una pràctica que s'ha repetit durant anys al caliu del boom immobiliari, l'arribada massiva de capital estranger i la compra de propietats d'alt valor mitjançant societats interposades, moltes d'elles radicades fora del país.

En aquest cas, el protagonista és Carsten Hagg, un empresari alemany que ha conreat una imatge pública de gran inversor global fruit d'una extensa trajectòria internacional lligada a les transaccions immobiliàries, la consultoria i els projectes energètics. El seu rostre ha aparegut fins i tot a la portada de Forbes i a altres publicacions habituals a l'ecosistema mediàtic del capitalisme financer.

Carsten Hagg ha conreat una imatge pública de gran inversor global fruit d'una extensa trajectòria internacional lligada a les transaccions immobiliàries, la consultoria i els projectes energètics. El seu rostre ha aparegut a la portada de Forbes i a altres publicacions habituals en l'ecosistema mediàtic del capitalisme financer

D'inversor global a acusat per delicte fiscal

La sentència de l'Audiència Provincial -que no és ferma i ha estat recorreguda en cassació per l'acusat- ofereix, tanmateix, un retrat radicalment diferent al mostrat públicament: Hagg és un empresari que va utilitzar societats 'fantasma' -sense activitat real- a Suïssa i Espanya per comprar, gaudir i vendre un habitatge de luxe a Palma evitant durant anys el pagament d'impostos al país del qual es va beneficiar econòmicament. Davant d'això, l'empresari defensa la seva innocència i apunta a l'absència d'indicis contra ell malgrat les proves recopilades per les acusacions i els fonaments esgrimits pels magistrats. En declaracions a elDiario.es, assegura que l'estructura societària a través de la qual va adquirir i va vendre el xalet era transparent i que l'objectiu de la mateixa mai va ser eludir el pagament d'impostos.

L'empresari defensa la seva innocència i apunta a l'absència d'indicis contra ell. En declaracions a elDiario.es, assegura que l'estructura societària a través de la qual va adquirir i va vendre el xalet era transparent i que l'objectiu de la mateixa mai va ser eludir el pagament d'impostos

La resolució judicial, a la qual ha tingut accés aquest diari -i avançada per Diario de Mallorca-, no ho considera així. Tal com recull la sentència, Hagg va constituir el 2007 una societat anònima a Suïssa i la seva filial illenca sota el nom Protagas Mallorca, l'objectiu formal de la qual era la promoció immobiliària. El real, tanmateix, era un altre. La intenció de l'empresari, asseveren els magistrats de la Secció Primera, era utilitzar-la com un instrument patrimonial al servei d'una operació concreta: comprar, gaudir i vendre un habitatge de luxe minimitzant -i finalment eludint- la tributació a Espanya. Aquell mateix any, el processat va contactar amb un advocat mallorquí -qui també es va asseure a la banqueta acusat per l'Advocacia de l'Estat -en representació de l'Agència Tributària- i va ser posteriorment absolt- perquè l'ajudés a buscar l'immoble desitjat, designant-lo administrador únic de l'empresa espanyola.

Hagg va trobar l'habitatge perfecte a Son Vida, símbol del luxe residencial a l'illa que, amb les seves més de 350 mansions, envoltat de tres camps de golf i amb dos hotels de cinc estrelles als seus voltants, s'ha consolidat com un dels enclaus més exclusius de Mallorca: el seu interior el conformen xalets blindats per la privacitat i la vigilància permanent, la majoria amb vistes a la badia, àmplies parcel·les, piscines i jardins. Un anunci publicat en un portal immobiliari recordava el passat estiu que la zona està considerada la 'Beverly Hills de Mallorca', on el mercat immobiliari es mou en xifres milionàries i gran part de les propietats pertanyen a grans fortunes estrangeres.

Hagg va trobar l'habitatge perfecte a Son Vida, símbol del luxe residencial a Mallorca que, amb les seves més de 350 mansions, envoltat de tres camps de golf i amb dos hotels de cinc estrelles als seus voltants, s'ha consolidat com un dels enclaus més exclusius de l'illa

Despeses personals emmascarades

El milionari alemany va desembossar per l'habitatge 3,4 milions d'euros i el va incloure com a actiu dins Protagas. La mansió, tanmateix, va passar a ser utilitzada des del primer dia com a residència familiar, especialment per part de la dona de Hagg i del seu fill, qui va néixer a Palma el 2008, quan la família ja vivia a l'immoble de forma continuada. La casa figurava, a més, com a domicili de referència en operacions bancàries i administratives. La comptabilitat de la mercantil revela que aquesta va ser utilitzada com a pantalla per emmascarar com a deduïbles -i així poder desgravar-los- les despeses personals derivades de la mansió, inclosos els salaris del personal que hi treballava, els relatius a la jardineria, els subministraments, les amortitzacions dels cotxes d'ús particular, els interessos de les hipoteques i fins i tot les multes de trànsit. També se'n va servir per eludir el pagament d'impostos a Espanya, sempre segons la sentència.

En aquest sentit, un pèrit de l'Agència Tributària va explicar durant el judici, amb base en la documentació analitzada i especialment a partir d'un esborrany d'un préstec participatiu, que la intenció de Hagg era comprar un immoble a Mallorca i posar en marxa la constitució de la societat de la forma més ràpida possible per evitar que la titularitat no fos personal, sinó de la mercantil.

Cinc anys després, el processat va decidir vendre el xalet. Ho va fer per sis milions d'euros, una quantitat ostensiblement superior al preu al qual el va adquirir. Durant el procés judicial, Hagg va sostenir que l'immoble havia estat objecte d'importants reformes, valorades en més de 570.000 euros, que justificarien part de l'increment de valor. Tanmateix, com apunta la resolució judicial, no hi ha rastre de factures, llicències ni projectes que acreditin aquests treballs; les suposades reformes no consten en la comptabilitat ni en les declaracions fiscals i els informes pericials aportats per la defensa es basaven en fotografies no verificades. L'Audiència conclou que l'empresari alemany va incrementar el preu de la venda en paral·lel al del mercat immobiliari de luxe a Mallorca i no a causa de millores dutes a terme a la mansió.

El processat va decidir vendre el xalet per sis milions d'euros, una quantitat ostensiblement superior al preu al qual el va adquirir. Durant el procés judicial, Hagg va sostenir que l'immoble havia estat objecte d'importants reformes, valorades en més de 570.000 euros, que justificarien part de l'increment de valor. La sentència assenyala que no hi ha rastre de factures, llicències ni projectes que acreditin aquests treballs

Enmig del procés de venda, l'administrador formal de Protagas Mallorca adverteix una i altra vegada que cal dotar de fons l'empresa per liquidar l'impost de societats. Els correus electrònics així ho acrediten. Però els diners finalment flueixen en una altra direcció: després de desfer-se de l'immoble, el benefici milionari acaba a mans de Hagg. La societat queda buida i sense fons per complir amb les seves obligacions amb Hisenda. El tribunal considera acreditat que no es va tractar d'un error ni d'una omissió administrativa, sinó d'una decisió conscient, adoptada, en un clar ànim defraudatori, per qui tenia el control efectiu de l'operació per no tributar a Espanya, el país on es va generar la plusvàlua milionària i del qual es va beneficiar econòmicament.

L'administrador formal de Protagas Mallorca va advertir una i altra vegada a Hagg que calia dotar de fons la seva empresa per liquidar l'impost de societats. Però els diners finalment van fluir en una altra direcció: després de desfer-se de l'immoble, el benefici milionari va acabar a mans de l'empresari alemany

Videoconferència des de Dubai

El passat mes de juliol, data en què va tenir lloc el judici per aquests fets, Hagg declara per videoconferència des de Dubai. Assegura que el règim jurídic dels Emirats Àrabs -i una disputa interna amb la seva exdona- li impedeix abandonar el país per afrontar el procés en persona. Sobre la compravenda, insisteix en diverses ocasions que no parlava castellà, que tot ho portaven els seus advocats i que en cap moment va donar instruccions per no liquidar els impostos generats per la plusvàlua de la venda, atès que, segons al·lega, l'advocat amb el qual va contactar inicialment i administrador de Protagas Mallorca no l'havia informat degudament de les seves obligacions fiscals.

Per part seva, l'administrador va al·legar que Hagg li havia demanat que “portés el paperam” a Espanya per adquirir un immoble a Mallorca. Segons va explicar, amb la venda de la mansió es va generar una plusvàlua de 2,1 milions d'euros per la qual s'havia de liquidar l'impost de societats de l'exercici 2012. Tanmateix, va explicar que no es podia realitzar el pagament perquè no hi havia fons a la societat i, segons va assegurar, l'empresari alemany estava disconforme amb la quota a pagar. El lletrat va recordar que havia reclamat en diverses ocasions a Hagg que aportés els fons necessaris atès que, encara que ell havia rebut poders per operar amb els bancs, no li corresponia la decisió de pagar el tribut. En no rebre els diners, va renunciar finalment al seu càrrec d'administrador únic.

A la seva sentència, l'Audiència subratlla que la seva conducta va ser la d'un gestor que va actuar sota les ordres i els límits imposats per l'empresari, incidint en què no va tenir el “domini funcional del fet”, ja que les decisions estratègiques -compra, finançament, venda de l'immoble i buidatge de la societat després de l'operació- van ser adoptades per Hagg. En aquest context, descarta que concorregués en ell l'element essencial del delicte fiscal: el dol. Per aquest motiu, i després de retirar l'Advocacia de l'Estat la seva acusació contra ell, l'advocat va ser finalment absolt.

Per la seva banda, després de posar-se elDiario.es en contacte amb Hagg, l'empresari -qui respon en alemany via email- lamenta que aquest procediment judicial s'hagi prolongat durant més de tretze anys, cosa que, amb independència del seu resultat, assevera que li ha provocat “importants càrregues personals i professionals” i “un greu perjudici reputacional”. Així mateix, fa èmfasi en què la sentència de l'Audiència Provincial no és ferma i contra la mateixa ja ha interposat el recurs pertinent. Afegeix, fins i tot, que “només es pot parlar d'una 'condemna' penal quan una resolució és ferma” -malgrat que sí que existeix una sentència condemnatòria contra ell, encara que encara no hagi adquirit fermesa- i que, fins aleshores -decideixi el Suprem confirmar la resolució o revocar-la-, “regeix sense restricció alguna la presumpció d'innocència”.

Hagg: “Confio en el sistema jurídic espanyol”

L'empresari es mostra “convençut” que la revisió del cas “aclarirà aquests punts de manera exhaustiva, objectiva i exclusivament sobre la base de fets demostrables”. “Confio en el sistema jurídic espanyol i en què les decisions judicials es basin únicament en fets acreditats, proves documentades i documentació verificable, i no en conjectures, insinuacions, suposicions, rumors o atribucions interpretatives”, afegeix.

Sobre el fons dels fets, considera “incomprensible” com “una persona sense càrrec orgànic, sense competències operatives, sense facultats de disposició i sense responsabilitat fiscal pot ser cridada a retre comptes” i no “el veritable responsable de les decisions ha estat absolt en la seva totalitat”, en al·lusió a l'advocat exonerat i en contra del criteri de l'Audiència. “Una constel·lació d'aquest tipus no pot ni ha de constituir una base sostenible en un sistema jurídic regit per l'Estat de dret”, insisteix.

“En cap moment vaig tenir un càrrec orgànic, ni funcions de direcció o administració, ni facultats operatives, bancàries o fiscals de disposició. No tenia facultat de signatura ni poder de disposició sobre comptes, no vaig emetre ordres de pagament, no vaig celebrar contractes, no vaig signar balanços i no vaig presentar ni promoure declaracions fiscals de cap tipus”, afegeix en el seu correu, en línia amb el que ja va argumentar davant el tribunal, que, en la seva resolució, deixa clar que l'ús d'un administrador formal i de poders notarials no desvirtua la seva responsabilitat penal i recorda que, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, “no és necessari ser un expert tributarista, ni dissenyar personalment l'operació, ni conèixer en els seus detalls els racons o regles de la retorçada fórmula jurídica posada al servei del frau”.

En cap moment vaig tenir un càrrec orgànic, ni funcions de direcció o administració, ni facultats operatives, bancàries o fiscals de disposició. No tenia facultat de signatura ni poder de disposició sobre comptes, no vaig emetre ordres de pagament, no vaig celebrar contractes, no vaig signar balanços i no vaig presentar ni promoure declaracions fiscals de cap tipus

Carsten Hagg — Empresari alemany

“El domini de fet funcional el tenia clarament [Hagg], amb independència que 'usés' [l'administrador de la mercantil] per a la signatura de contractes i escriptures a Espanya”, asseveren en aquest sentit els magistrats.

En el seu correu, l'empresari insisteix que “en cap moment” va ser propietari directe de la societat espanyola, participada per una societat estrangera. “Fins a la data, a més, ni tan sols s'ha determinat ni acreditat jurídicament, ni de forma aproximada, en quin percentatge concret jo devia haver participat en aquesta societat estrangera en el moment rellevant. La imputació de responsabilitat personal sense una prova sòlida de la corresponent quota de participació constitueix un punt central de controvèrsia jurídica, que ara és objecte dels recursos interposats”, insisteix a al·legar, negant que en cap moment es creés una “estructura complexa, encobridora o intransparent”. “L'estructura estava concebuda de forma oberta, comprensible i transparent. En cap moment es va tractar d'ocultar actius, difuminar competències o amagar circumstàncies fiscals”.

Segons assegura, atès que no domina el castellà i degut a la seva “absència de presència operativa, privada i fiscal a Espanya”, va ser “imprescindible” designar per a la societat “una persona responsable a nivell local” a qui “es va procurar conscientment transferir totes les tasques jurídiques, fiscals i administratives -inclosa l'estructuració fiscal i la comunicació amb autoritats i bancs-”, recriminant que, malgrat que aquest administrador va adoptar “totes les decisions operatives, jurídiques i fiscals”, va ser “absolt plenament en el procediment”.

En contra del criteri de l'Audiència, Hagg assegura que, atès que no domina el castellà i degut a la seva 'absència de presència operativa, privada i fiscal a Espanya', va ser 'imprescindible' designar per a la societat 'una persona responsable a nivell local', recriminant que, malgrat que aquest administrador va adoptar 'totes les decisions operatives, jurídiques i fiscals', va ser 'absolt plenament en el procediment'

Hagg sosté que, encara que existia un contracte de compravenda formalment tancat, només es va arribar a pagar al voltant del 30% del preu pactat, una discrepància que considera clau per valorar correctament l'operació i que, al seu parer, haurà d'aclarar-se en la revisió judicial en curs. Així mateix, assegura que, de forma paral·lela, va aportar un important dipòsit en efectiu que mai li va ser abonat i que segueix retingut al banc i que, segons els càlculs fiscals del propi administrador, hauria estat suficient per cobrir qualsevol obligació tributària si s'hagués utilitzat correctament. “Estic convençut que la revisió jurídica actualment pendent aclarirà aquests punts de manera exhaustiva, objectiva i exclusivament sobre la base de fets demostrables”, sentencia.

Tretze anys després de la venda de la mansió de Son Vida, el cas resumeix una realitat que ha generat la preocupació de ciutadans i entitats socials: capital internacional, societats interposades i beneficis que no arriben a les arques públiques. Mentre Hagg defensa la seva innocència i espera que els tribunals superiors revisin la condemna, l'Audiència ja ha deixat la seva conclusió per escrit. Amb una advertència implícita: el luxe, la distància geogràfica o la sofisticació jurídica no eximeixen de contribuir allà on s'obté el benefici.

Carsten Hagg no se encuentra en Mallorca cuando decide vender su lujosa casa por seis millones de euros, 2,1 millones más cara que cuando la compró. Tampoco cuando Hacienda llama a su puerta. Está en Suiza. Luego en Abu Dabi. Sobre el papel, la operación parece impecable. Pero en la práctica, los 630.601 euros que debía abonar en concepto de impuesto de sociedades nunca llegaron a las arcas públicas. Años después alegará que no hablaba español cuando se llevó a cabo la venta y que todo lo llevaban sus abogados. La Audiencia Provincial de Balears, sin embargo, ha puesto negro sobre blanco: el multimillonario alemán “orquestó toda una obra de ingeniería económica para comprar y vender un bien inmueble sin abonar absolutamente ni un céntimo a la Administración Pública española”.

Trece años después de la venta de la mansión, ubicada en Son Vida -una de las zonas residenciales más exclusivas de la isla y tradicionalmente asociada a grandes fortunas e inversores internacionales-, el órgano judicial ha condenado a Hagg a dos años de cárcel y a la devolución de los miles de euros defraudados. Los hechos no son aislados, como tampoco la sentencia que los describe. De hecho, Balears no es ajena a la constitución de grandes estructuras societarias utilizadas para eludir obligaciones fiscales en España, una práctica que se ha repetido durante años al calor del boom inmobiliario, la llegada masiva de capital extranjero y la compra de propiedades de alto valor mediante sociedades interpuestas, muchas de ellas radicadas fuera del país.

En este caso, el protagonista es Carsten Hagg, un empresario alemán que ha cultivado una imagen pública de gran inversor global fruto de una extensa trayectoria internacional ligada a las transacciones inmobiliarias, la consultoría y los proyectos energéticos. Su rostro ha aparecido incluso en la portada de Forbes y en otras publicaciones habituales en el ecosistema mediático del capitalismo financiero.

Carsten Hagg ha cultivado una imagen pública de gran inversor global fruto de una extensa trayectoria internacional ligada a las transacciones inmobiliarias, la consultoría y los proyectos energéticos. Su rostro ha aparecido en la portada de Forbes y en otras publicaciones habituales en el ecosistema mediático del capitalismo financiero

De inversor global a acusado por delito fiscal

La sentencia de la Audiencia Provincial -que no es firme y ha sido recurrida en casación por el acusado- ofrece, sin embargo, un retrato radicalmente distinto al mostrado públicamente: Hagg es un empresario que utilizó sociedades 'fantasma' -sin actividad real- en Suiza y España para comprar, disfrutar y vender una vivienda de lujo en Palma evitando durante años el pago de impuestos en el país del que se benefició económicamente. Frente a ello, el empresario defiende su inocencia y apunta a la ausencia de indicios contra él pese a las pruebas recopiladas por las acusaciones y los fundamentos esgrimidos por los magistrados. En declaraciones a elDiario.es, asegura que la estructura societaria a través de la que adquirió y vendió el chalet era transparente y que el objetivo de la misma nunca fue eludir el pago de impuestos.

El empresario defiende su inocencia y apunta a la ausencia de indicios contra él. En declaraciones a elDiario.es, asegura que la estructura societaria a través de la que adquirió y vendió el chalet era transparente y que el objetivo de la misma nunca fue eludir el pago de impuestos

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico -y avanzada por Diario de Mallorca-, no lo considera así. Tal como recoge la sentencia, Hagg constituyó en 2007 una sociedad anónima en Suiza y su filial isleña bajo el nombre Protagas Mallorca, cuyo objetivo formal era la promoción inmobiliaria. El real, sin embargo, era otro. La intención del empresario, aseveran los magistrados de la Sección Primera, era utilizarla como un instrumento patrimonial al servicio de una operación concreta: comprar, disfrutar y vender una vivienda de lujo minimizando -y finalmente eludiendo- la tributación en España. Ese mismo año, el procesado contactó con un abogado mallorquín -quien también se sentó en el banquillo, aunque fue posteriormente absuelto- para que le ayudase a buscar el inmueble deseado, designándolo administrador único de la empresa española.

Hagg encontró la vivienda perfecta en Son Vida, símbolo del lujo residencial en la isla que, con sus más de 350 mansiones, rodeado de tres campos de golf y con dos hoteles de cinco estrellas en sus alrededores, se ha consolidado como uno de los enclaves más exclusivos de Mallorca: su interior lo conforman chalés blindados por la privacidad y la vigilancia permanente, la mayoría con vistas a la bahía, amplias parcelas, piscinas y jardines. Un anuncio publicado en un portal inmobiliario recordaba el pasado verano que la zona está considerada la 'Beverly Hills de Mallorca', donde el mercado inmobiliario se mueve en cifras millonarias y gran parte de las propiedades pertenecen a grandes fortunas extranjeras.

Hagg encontró la vivienda perfecta en Son Vida, símbolo del lujo residencial en Mallorca que, con sus más de 350 mansiones, rodeado de tres campos de golf y con dos hoteles de cinco estrellas en sus alrededores, se ha consolidado como uno de los enclaves más exclusivos de la isla

Gastos personales camuflados

El millonario alemán desembolsó por la vivienda 3,4 millones de euros y la incluyó como activo dentro de Protagas. La mansión, sin embargo, pasó a ser utilizada desde el primer día como residencia familiar, especialmente por parte de la esposa de Hagg y de su hijo, quien nació en Palma en 2008, cuando la familia ya vivía en el inmueble de forma continuada. La casa figuraba, además, como domicilio de referencia en operaciones bancarias y administrativas. La contabilidad de la mercantil revela que ésta fue utilizada como pantalla para camuflar como deducibles -y así poder desgravarlos- los gastos personales derivados de la mansión, incluidos los salarios del personal que trabajaba en ella, los relativos a la jardinería, los suministros, las amortizaciones de los coches de uso particular, los intereses de las hipotecas e incluso las multas de tráfico. También se sirvió de ella para eludir el pago de impuestos en España, siempre según la sentencia.

En este sentido, un perito de la Agencia Tributaria explicó durante el juicio, con base en la documentación analizada y especialmente a partir de un borrador de un préstamo participativo, que la intención de Hagg era comprar un inmueble en Mallorca y poner en marcha la constitución de la sociedad de la forma más rápida posible para evitar que la titularidad no fuera personal, sino de la mercantil.

Cinco años después, el procesado decidió vender el chalé. Lo hizo por seis millones de euros, una cantidad ostensiblemente superior al precio al que lo adquirió. Durante el proceso judicial, Hagg sostuvo que el inmueble había sido objeto de importantes reformas, valoradas en más de 570.000 euros, que justificarían parte del incremento de valor. Sin embargo, como apunta la resolución judicial, no hay rastro de facturas, licencias ni proyectos que acrediten tales trabajos; las supuestas reformas no constan en la contabilidad ni en las declaraciones fiscales y los informes periciales aportados por la defensa se basaban en fotografías no verificadas. La Audiencia concluye que el empresario alemán incrementó el precio de la venta en paralelo al del mercado inmobiliario de lujo en Mallorca y no debido a mejoras llevadas a cabo en la mansión.

El procesado decidió vender el chalet por seis millones de euros, una cantidad ostensiblemente superior al precio al que lo adquirió. Durante el proceso judicial, Hagg sostuvo que el inmueble había sido objeto de importantes reformas, valoradas en más de 570.000 euros, que justificarían parte del incremento de valor. La sentencia señala que no hay rastro de facturas, licencias ni proyectos que acrediten tales trabajos

En medio del proceso de venta, el administrador formal de Protagas Mallorca advierte una y otra vez de que hay que dotar de fondos la empresa para liquidar el impuesto de sociedades. Los correos electrónicos así lo acreditan. Pero el dinero finalmente fluye en otra dirección: tras deshacerse del inmueble, el beneficio millonario acaba en manos de Hagg. La sociedad queda vacía y sin fondos para cumplir con sus obligaciones con Hacienda. El tribunal considera acreditado que no se trató de un error ni de una omisión administrativa, sino de una decisión consciente, adoptada, en un claro ánimo defraudatorio, por quien tenía el control efectivo de la operación para no tributar en España, el país donde se generó la plusvalía millonaria y del que se benefició económicamente.

El administrador formal de Protagas Mallorca adviertió una y otra vez a Hagg de que había que dotar de fondos a su empresa para liquidar el impuesto de sociedades. Pero el dinero finalmente fluyó en otra dirección: tras deshacerse del inmueble, el beneficio millonario acabó en manos del empresario alemán

Videoconferencia desde Dubai

El pasado mes de julio, fecha en la que tuvo lugar el juicio por estos hechos, Hagg declara por videoconferencia desde Dubai. Asegura que el régimen jurídico de Emiratos Árabes -y una disputa interna con su exmujer- le impide abandonar el país para afrontar el proceso en persona. Sobre la compraventa, insiste en varias ocasiones en que no hablaba español, que todo lo llevaban sus abogados y que en ningún momento dio instrucciones para no liquidar los impuestos generados por la plusvalía de la venta, dado que, según alega, el abogado con el que contactó inicialmente y administrador de Protagas Mallorca no le había informado debidamente de sus obligaciones fiscales.

Por su parte, el administrador alegó que Hagg le había pedido que “llevara el papeleo” en España para adquirir un inmueble en Mallorca. Según explicó, con la venta de la mansión se generó una plusvalía de 2,1 millones de euros por los que debía liquidarse el impuesto de sociedades del ejercicio 2012. Sin embargo, explicó que no podía realizarse el pago porque no había fondos en la sociedad y, según aseguró, el empresario alemán estaba disconforme con la cuota a pagar. El letrado recordó que había reclamado en varias ocasiones a Hagg que aportara los fondos necesarios dado que, aunque él había recibido poderes para operar con los bancos, no le correspondía la decisión de pagar el tributo. Al no recibir el dinero, renunció finalmente a su cargo de administrador único.

En su sentencia, la Audiencia subraya que su conducta fue la de un gestor que actuó bajo las órdenes y los límites impuestos por el empresario, incidiendo en que no tuvo el “dominio funcional del hecho”, ya que las decisiones estratégicas -compra, financiación, venta del inmueble y vaciamiento de la sociedad tras la operación- fueron adoptadas por Hagg. En este contexto, descarta que concurriese en él el elemento esencial del delito fiscal: el dolo. Por ese motivo, y tras retirar la Abogacía del Estado, el abogado fue finalmente absuelto.

Por su parte, tras ponerse elDiario.es en contacto con Hagg, el empresario -quien responde en alemán vía email- lamenta que este procedimiento judicial se haya prolongado durante más de trece años, lo que, con independencia de su resultado, asevera que le ha provocado “importantes cargas personales y profesionales” y “un grave perjuicio reputacional”. Asimismo, hace hincapié en que la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme y contra la misma ya ha interpuesto el recurso pertinente. Añade, incluso, que “solo puede hablarse de una 'condena' penal cuando una resolución es firme” -a pesar de que sí existe una sentencia condenatoria contra él, aunque aún no haya adquirido firmeza- y que, hasta entonces -decida el Supremo confirmar la resolución o revocarla-, “rige sin restricción alguna la presunción de inocencia”.

Hagg: “Confío en el sistema jurídico español”

El empresario se muestra “convencido” de que la revisión del caso “aclarará estos puntos de manera exhaustiva, objetiva y exclusivamente sobre la base de hechos demostrables”. “Confío en el sistema jurídico español y en que las decisiones judiciales se basen únicamente en hechos acreditados, pruebas documentadas y documentación verificable, y no en conjeturas, insinuaciones, suposiciones, rumores o atribuciones interpretativas”, añade.

Sobre el fondo de los hechos, considera “incomprensible” cómo “una persona sin cargo orgánico, sin competencias operativas, sin facultades de disposición y sin responsabilidad fiscal puede ser llamada a rendir cuentas” y no “el verdadero responsable de las decisiones ha sido absuelto en su totalidad”, en alusión al abogado exonerado y en contra del criterio de la Audiencia. “Una constelación de este tipo no puede ni debe constituir una base sostenible en un sistema jurídico regido por el Estado de derecho”, insiste.

“En ningún momento tuve un cargo orgánico, ni funciones de dirección o administración, ni facultades operativas, bancarias o fiscales de disposición. No tenía facultad de firma ni poder de disposición sobre cuentas, no emití órdenes de pago, no celebré contratos, no firmé balances y no presenté ni promoví declaraciones fiscales de ningún tipo”, añade en su correo, en línea de lo que ya argumentó ante el tribunal, que, en su resolución, deja claro que el uso de un administrador formal y de poderes notariales no desvirtúa su responsabilidad penal y recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no es necesario ser un experto tributarista, ni diseñar personalmente la operación, ni conocer en sus detalles los recovecos o reglas de la retorcida fórmula jurídica puesta al servicio del fraude”.

En ningún momento tuve un cargo orgánico, ni funciones de dirección o administración, ni facultades operativas, bancarias o fiscales de disposición. No tenía facultad de firma ni poder de disposición sobre cuentas, no emití órdenes de pago, no celebré contratos, no firmé balances y no presenté ni promoví declaraciones fiscales de ningún tipo

Carsten Hagg — Empresario alemán

“El dominio de hecho funcional lo tenía claramente [Hagg], con independencia de que 'usara' [al administrador de la mercantil] para la firma de contratos y escrituras en España”, aseveran en este sentido los magistrados.

En su correo, el empresario insiste en que “en ningún momento” fue propietario directo de la sociedad española, participada por una sociedad extranjera. “Hasta la fecha, además, ni siquiera se ha determinado ni acreditado jurídicamente, ni de forma aproximada, en qué porcentaje concreto yo debía haber participado en esa sociedad extranjera en el momento relevante. La imputación de responsabilidad personal sin una prueba sólida de la correspondiente cuota de participación constituye un punto central de controversia jurídica, que ahora es objeto de los recursos interpuestos”, insiste en alegar, negando que en ningún momento se creó una “estructura compleja, encubridora o intransparente”. “La estructura estaba concebida de forma abierta, comprensible y transparente. En ningún momento se trató de ocultar activos, difuminar competencias o esconder circunstancias fiscales”.

Según asegura, dado que no domina el español y debido a su “ausencia de presencia operativa, privada y fiscal en España”, fue “imprescindible” designar para la sociedad “a una persona responsable a nivel local” a quien “se procuró conscientemente transferir todas las tareas jurídicas, fiscales y administrativas -incluida la estructuración fiscal y la comunicación con autoridades y bancos-”, recriminando que, a pesar de que este administrador adoptó “todas las decisiones operativas, jurídicas y fiscales”, fue “absuelto plenamente en el procedimiento”.

En contra del criterio de la Audiencia, Hagg asegura que, dado que no domina el español y debido a su 'ausencia de presencia operativa, privada y fiscal en España', fue 'imprescindible' designar para la sociedad 'a una persona responsable a nivel local', recriminando que, a pesar de que ese administrador adoptó 'todas las decisiones operativas, jurídicas y fiscales', fue 'absuelto plenamente en el procedimiento'

Hagg sostiene que, aunque existía un contrato de compraventa formalmente cerrado, solo se llegó a pagar alrededor del 30% del precio pactado, una discrepancia que considera clave para valorar correctamente la operación y que, a su juicio, deberá aclararse en la revisión judicial en curso. Asimismo, asegura que, de forma paralela, aportó un importante depósito en efectivo que nunca le fue abonado y que sigue retenido en el banco y que, según los cálculos fiscales del propio administrador, habría sido suficiente para cubrir cualquier obligación tributaria si se hubiera utilizado correctamente. “Estoy convencido de que la revisión jurídica actualmente pendiente aclarará estos puntos de manera exhaustiva, objetiva y exclusivamente sobre la base de hechos demostrables”, sentencia.

Trece años después de la venta de la mansión de Son Vida, el caso resume una realidad que ha generado la preocupación de ciudadanos y entidades sociales: capital internacional, sociedades interpuestas y beneficios que no llegan a las arcas públicas. Mientras Hagg defiende su inocencia y espera que los tribunales superiores revisen la condena, la Audiencia ya ha dejado su conclusión por escrito. Con una advertencia implícita: el lujo, la distancia geográfica o la sofisticación jurídica no eximen de contribuir allí donde se obtiene el beneficio.

El magnat alemany Matthias Kühn, investigat per presumptament ocultar 24,7 milions d'euros al fisc, s'ha negat a declarar aquest dilluns davant de la jutgessa, però ha presentat un escrit en què acusa l'Agència Tributària d'actuar contra ell de forma “esbiaixada”, de pretendre “pervertir el procés penal” i d'instrumentalitzar el procediment judicial “amb finalitats purament recaptatòries”. En concret, sobre l'empresari pesen delictes d'alçament de béns, estafa processal i insolvència punible.

Kühn, lligat al sector turístic i immobiliari de luxe de Mallorca i parella de la vedet Norma Duval, ha acudit als jutjats de Via Alemanya, a Palma, a les 9.10 hores -estava citat a les 09.30- i ha abandonat les dependències judicials minuts abans de les 10.00. L'encausat s'ha acollit al seu dret de no declarar, igual que han fet els seus fills, també imputats.

Mentre tant, aquest dimarts estan citats altres investigats, entre ells el lletrat Jorge Sainz de Baranda, mà dreta de l'empresari i exalt càrrec de Jaume Matas, qui, segons les indagacions, hauria exercit un paper clau a l'hora d'ajudar Kühn en l'ocultació del seu patrimoni amb l'objectiu d'eludir els seus pagaments a Hisenda. També hauran de comparèixer assessors i presumptes testaferros que van registrar al seu nom algunes de les mercantils del conglomerat empresarial de Kühn amb el presumible objectiu d'ocultar que, en realitat, estaven controlades pel magnat.

Es dóna la circumstància que Kühn figura, a través de la societat unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, a la dotzena llista de morosos de l'Agència Tributària, que inclou 5.997 deutors amb l'Agència Tributària que devien més de 600.000 euros al tancament de 2024.

Tant Hisenda com la Fiscalia Anticorrupció sostenen que, al llarg de diversos anys, es van estar traspassant actius entre les diferents societats de l'entramat empresarial de Kühn amb la intenció d'ocultar-los mentre aquestes es declaraven en concurs. Els investigadors assenyalen així una xarxa d'empreses que haurien estat constituïdes amb l'únic fi de camuflar els beneficis procedents de les operacions immobiliàries del magnat i poder així eludir les seves obligacions tributàries.

Aquest dilluns, el magnat ha justificat el seu silenci en el fet que ha aportat, a través del seu lletrat, Jaime Campaner, multitud d'escrits processals amb documentació que, defensa, evidencien el caràcter “esbiaixat, per unidireccional i parcial”, de la investigació auspiciada per l'Agència Tributària, en la mesura que aquests escrits i documents no han estat valorats. Des del seu punt de vista, no hi hauria res més que pogués afegir perquè totes les qüestions estan explicades i documentades.

L'empresari insisteix que el suposat frau fiscal comès a través de societats pantalla es refereix al deute deixat per les societats del grup que es troben en concurs de creditors des del 2016 i 2019 i de les quals, assegura, va cessar com a administrador.

Kühn insisteix que ni ell ni ningú del seu entorn o del seu grup empresarial han intentat mai ocultar la indemnització de 96 milions d'euros que l'entitat Birdie Son Vida SL tenia pendent de rebre del Govern balear arran de la requalificació com a sòl rústic protegit d'una de les seves propietats, coneguda com a Muleta. Assegura que tampoc ha tingut intenció d'impedir que l'Agència Tributària pogués cobrar els seus deutes amb càrrec a aquesta indemnització. Al contrari, assenyala que, el 2018, els advocats i assessors del Grup Kühn van oferir per escrit a l'AEAT aquesta indemnització com a garantia de tots els deutes del grup i l'Agència Tributària “la va rebutjar”.

En relació a la venda de les participacions de Birdie Son Vida, la societat creditora de la indemnització de Muleta, assevera que va ser autoritzada judicialment i Hisenda va optar per no recórrer tal autorització, deixant que guanyés fermesa. Malgrat això, lamenta Kühn que es pretengui sostenir ara que aquesta operació és constitutiva de delicte.

Kühn també és conegut a l'arxipèlag balear, principalment, pels negocis que va dur a terme en el seu moment lligats a la inversió immobiliària i al turisme. Durant anys, el grup empresarial del magnat va explotar econòmicament l'illot protegit -i privat- de Tagomago, de 600.000 metres quadrats i ubicat al nord-est d'Eivissa, cobrant entre 100.000 i 160.000 euros per llogar durant una setmana la luxosa vila construïda a la illa.

El magnate alemán Matthias Kühn, investigado por presuntamente ocultar 24,7 millones de euros al fisco, se ha negado a declarar este lunes ante la jueza, pero ha presentado un escrito en el que acusa a la Agencia Tributaria de actuar contra él de forma “sesgada”, de pretender “pervertir el proceso penal” y de instrumentalizar el procedimiento judicial “con fines puramente recaudatorios”. En concreto, sobre el empresario pesan delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Kühn, ligado al sector turístico e inmobiliario de lujo de Mallorca y pareja de la vedette Norma Duval, ha acudido a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, a las 9.10 horas -estaba citado a las 09.30- y ha abandonado las dependencias judiciales minutos antes de las 10.00. El encausado se ha acogido a su derecho de no declarar, al igual que han hecho sus hijos, también imputados.

Mientras tanto, este martes están citados otros investigados, entre ellos el letrado Jorge Sainz de Baranda, mano derecha del empresario y ex alto cargo de Jaume Matas, quien, según las pesquisas, habría ejercido un papel clave a la hora de ayudar a Kühn en la ocultación de su patrimonio con el objetivo de eludir sus pagos a Hacienda. También deberán comparecer asesores y presuntos testaferros que registraron a su nombre algunas de las mercantiles del conglomerado empresarial de Kühn con el presumible objetivo de ocultar que, en realidad, estaban controladas por el magnate.

Se da la circunstancia de que Kühn figura,  a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, en la decimosegunda lista de morosos de la Agencia Tributaria, que incluye 5.997 deudores con la Agencia Tributaria que debían más de 600.000 euros al cierre de 2024.

Tanto Hacienda como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, a lo largo de varios años, se estuvieron traspasando activos entre las distintas sociedades del entramado empresarial de Kühn con la intención de ocultarlos mientras estas se iban declarando en concurso. Los investigadores señalan así a una red de empresas que habrían sido constituidas con el único fin de camuflar los beneficios procedentes de las operaciones inmobiliarias del magnate y poder así eludir sus obligaciones tributarias. 

Este lunes, el magnate ha justificado su silencio en el hecho de haber aportado, a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, defiende, evidencian el carácter “sesgado, por unidireccional y parcial”, de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Bajo su punto de vista, no habría nada más que pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario insiste en que el supuesto fraude fiscal cometido a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda dejada por las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y de las que, asegura, cesó como administrador.

Kühn insiste en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial han intentado nunca ocultar la indemnización de 96 millones de euros que la entidad Birdie Son Vida SL tenía pendiente de recibir del Govern balear a raíz de la recalificación como suelo rústico protegido de una de sus propiedades, conocida como Muleta. Asegura que tampoco ha tenido intención de impedir que la Agencia Tributaria pudiera cobrar sus deudas con cargo a esa indemnización. Al contrario, señala que, en 2018, los abogados y asesores del Grupo Kühn ofrecieron por escrito a la AEAT esa indemnización como garantía de todas las deudas del grupo y la Agencia Tributaria “lo rechazó”.

En relación a la venta de las participaciones de Birdie Son Vida, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, asevera que fue autorizada judicialmente y Hacienda optó por no recurrir tal autorización, dejando que ganara firmeza. Pese a ello, lamenta Kühn que se pretenda sostener ahora que esa operación es constitutiva de delito.

Kühn también es conocido en el archipiélago balear, principalmente, por los negocios que llevó a cabo en su momento ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. Durante años, el grupo empresarial del magnate explotó económicamente el islote protegido -y privado- de Tagomago, de 600.000 metros cuadrados y ubicado en el noreste de Ibiza, cobrando entre 100.000 y 160.000 euros por alquilar durante una semana la lujosa villa construida en la isla.

La tarde del 25 de julio de 2014, muchos españoles leyeron una noticia que les dejó en shock. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya y fundador de Convergència i Unió (CiU), hegemónico en el Govern durante 23 años, emitió un comunicado con una confesión inaudita: el reconocimiento de que durante décadas su familia había ocultado dinero en el extranjero.

La confesión de Pujol llegó después de que, durante días, informaciones publicadas por El Mundo apuntaran a un cuantioso patrimonio de la familia en paraísos fiscales. La versión de Pujol es que el dinero oculto procedía de una herencia del abuelo Florenci, en ningún caso de la corrupción política.

Nadie creyó su comunicado –especialmente la idea de que el grueso del capital evadido lo constituyera una deixa del abuelo–, y su reputación se desmoronó. Caía así un padre de la patria: la catalana, pero también la española, pues el partido de Pujol había sido decisivo para estabilizar la democracia en los primeros 80 y, además, había puesto con sus votos tanto a Felipe González (1993) como a José María Aznar (1996). Así lo narra también la cinta Parenostre, con guion del productor televisivo Toni Soler –que ya había guionizado hace más de una década la revuelta de 1934 en Barcelona– y bajo la dirección de Manuel Huerga, que se estrena en cines este lunes 14 de abril.

La película aborda los hechos de la tarde previa, el 24 de julio, en la que los Pujol, reunidos en casa del patriarca, reciben por parte de los periodistas de El Mundo la noticia de que al día siguiente se publicará un reportaje sobre su patrimonio oculto. Es a partir de este punto que Parenostre desarrolla su trama, con Josep Maria Pou en el papel de Jordi Pujol y Carme Sansa en el de Marta Ferrusola.

El filme se centra en la reacción de los integrantes de la familia ante el anuncio, que cae como una bomba: en menos de 24 horas toda España sabrá quién era en realidad el líder catalán y un velo caerá de los ojos de todos aquellos catalanes –muchos– que hasta entonces habían visto en Pujol una figura paternalista y protectora, totalmente confiable.

Algunos flashbacks nos retrotraen al pasado de Pujol padre, militante antifranquista, pero también creador de la Banca Catalana, un proyecto de oscura trayectoria que terminó en quiebra y con grandes cantidades de dinero en paradero desconocido. ¿Acaso en Andorra?

Esa sospecha sobrevuela Parenostre, como tantas otras que señalan a los hijos y sus negocios, las comisiones que cobraban de los empresarios, supuestamente en nombre del expresident, o la madre, Marta Ferrusola, que según documentos del sumario del caso era conocida en los medios financieros andorranos como “la madre superiora”.

No obstante, la cinta de Huerga y Soler no concreta hechos, sino más bien pretende crear un fresco de aquella tarde, tensa y dramática, fabulando con las personalidades de Pujol, Ferrusola y sus tres hijos Oleguer, Oriol y Jordi, que se culpan entre sí de los errores y excesos cometidos en lo que un día Pasqual Maragall definiera respecto a sus actividades como “un lucro incesante”.

La caída de un mito

En esta tormenta emocional en la que se mezclan el miedo, la culpa y la sensación de haberse pasado de la raya, es el expresident quien pone el seny y asume que no podrá negar la información del mundo, al menos en su totalidad. Es por ello que Pujol, no sin antes hablar con el rey emérito Juan Carlos I para amenazarle con revelar trapos sucios que le atañen, y viendo que el exmonarca no responde a las presiones, decide escribir su comunicado.

A partir de la publicación del mismo, Parenostre, nos muestra la reacción en cadena que se produjo en los medios tanto catalanes como españoles ante la confesión: no hay piedad para Jordi Pujol y los suyos. Los mitos como él caen desde todo lo alto y el ruido que se produce cuando impactan con el suelo se oye en todos los confines.

Un momento destacado de la cinta, que explica el juicio mediático, reproduce a un Pujol reflexionando con qué calle de Barcelona le hubieran otorgado a su muerte de no haber acontecido lo que se conoció popularmente como el “caso Pujol”. Comenta el expresident que Tarradellas tiene una avenida –y ahora un aeropuerto–; Francesc Macià una plaza y Companys un paseo. Por contra, se lamenta, el Ayuntamiento de Premià de Dalt, su población de veraneo, quiere retirar a estatua que le dedicó en el pasado. “Como si fuera Sadam Husein”, suelta con amargura el Pujol que interpreta Josep Maria Pou.

Los autores de Parenostre apuntan a lo largo de todo su metraje que detrás de la causa mediática y judicial contra la familia Pujol no hay una mano inocente, sino una guerra sucia del Estado, que se revuelve ante el avance del Procés que culminaría en 2017 con el referéndum del primero de octubre. Aparece, así, en una escena el inefable comisario Villarejo, que mantiene una tensa conversación con Oriol Pujol en la que le deja claro que esta vez van a por ellos en serio y no van a poder evitar la caída. Como finalmente ocurrió.

Este jueves es el día mundial para la abolición de los “mal llamados” paraísos fiscales. Mal llamados porque esa denominación tiene una connotación positiva a la que las organizaciones que luchan por la justicia tributaria global consideran que hay que darle la vuelta. “Paraísos” son solo para los evasores, las grandes empresas y los más ricos. Para el resto son guaridas fiscales, agujeros por donde se escapan miles y miles de millones de recaudación de impuestos, que al fin y al cabo son la base sobre la que se construye el estado de bienestar (la sanidad pública, la educación...) y permiten combatir la desigualdad.

Aprovechando la fecha, la Plataforma por la Justicia Fiscal recuerda el informe que publicó la Tax Justice Network en noviembre, el cual señala que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Esta cifra es equivalente al 9% del gasto sanitario de nuestro país. O visto de otra manera, con ese dinero “se podría contratar a 350.000 profesionales” del sistema de salud público. Los cálculos de la Tax Justice Network ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE) por la falta de cooperación internacional en la recaudación tributaria.

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial, incluso se ha llegado a un acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro puso en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años y que es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos. Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, pero también con la fuga de parte de las ganancias a guaridas fiscales.

El tipo mínimo del 15% tiene ese objetivo, aunque su eficacia está puesta en cuestión al dar la espalda Estados Unidos al acuerdo. El pacto “de la OCDE es importante y la UE seguirá con este trabajo diligentemente junto con los Estados miembros y todos nuestros socios internacionales”, señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recientemente.

El exministro de Finanzas neerlandés defendió que este acuerdo de la OCDE “garantiza que cada contribuyente pague una parte justa de impuestos” y “disuade a las multinacionales de mover sus beneficios por todo el mundo para explotar las lagunas” fiscales. “No es un tema europeo, es internacional y debería preocuparnos a todos”, subrayó Hoekstra, para después añadir que este acuerdo “también establece un nivel mínimo” en el impuesto de sociedades con el objetivo de “evitar que los países se embarquen en carreras a la baja” en la tributación corporativa.

“Trump no solo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, lamentó la Tax Justice Network, en un contundente comunicado tras la investidura de Donald Trump.

El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley del suelo del 15% en Sociedades en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante. El problema es que Estados Unidos es un actor crucial, y muchas multinacionales son estadounidenses.

¿Dónde están las guaridas fiscales?

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermudas... son las guaridas fiscales más presentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la lista de principales países cómplices de que las multinacionales consigan no contribuir todo lo que deberían en el impuesto de Sociedades están casi todas las principales potencias. Entre ellas, Irlanda, que “por primera vez ha entrado en el top 10”.

La Tax Justice Network elabora un índice que evalúa el margen de maniobra que ofrecen las leyes y normativas de un país para el abuso de dicho tributo, y el resultado muestra que el Reino Unido y sus territorios dependientes (también conocidos como el 'segundo imperio' británico) son responsables del 23% de las pérdidas fiscales globales de las empresas. “El 'eje de la evasión fiscal' (el Reino Unido y su 'segundo imperio', más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza) son responsables conjuntamente del 33%. En total, los países miembros de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos”, lamenta el informe.

La fiscalidad es un arma contra los aranceles

Un arma contra la guerra comercial y los aranceles de Donald Trump es precisamente diseñar impuestos a las multinacionales y ricos estadounidenses. Una respuesta que viene siendo liderada por economistas y organizaciones que defienden una mayor justicia fiscal global, y que están a favor de fijar unos mínimos obligatorios de impuestos coordinados a nivel mundial a las grandes empresas y a los multimillonarios.

El economista Gabriel Zucman ha planteado este contraataque a los aranceles de Estados Unidos. Según argumenta, la primera potencia mundial “tiene una debilidad: su oligarquía servil y altamente internacionalizada”. ¿Por qué es una debilidad? “Porque es un número minúsculo de personas, que dependen, para su riqueza, del acceso a los mercados internacionales, lo que da a los países extranjeros un poder considerable sobre ellos. Ahora es el momento de usar ese poder”, arguye.

El planteamiento procede del informe sobre 'Evasión fiscal global' de 2024, que coordinó Gabriel Zucman juntos a otros expertos para el EU Tax Observatory, y en el que participó Quentin Parrinello, quien explicó a elDiario.es que “la idea es que los países podrían condicionar el acceso al mercado a las multinacionales extranjeras y a los multimillonarios”, obligándoles a pagar lo que es justo.

Por ejemplo, Canadá y México “deberían imponer aranceles a los oligarcas estadounidenses”. Es decir, si Tesla quiere vender coches en Canadá y México, entonces el propio Elon Musk, como principal accionista de Tesla, debería tener que pagar impuestos en Canadá y México. “Imponerle un impuesto a la riqueza y condicionar el acceso de Tesla al mercado a que pague el impuesto”, remata Gabriel Zucman.

“Lo que es importante entender es que son medidas que tienen propiedades mucho mejores que los aranceles. Son más específicas: los costes se centran en los oligarcas estadounidenses y los consumidores de sus bienes. Este enfoque cambia la naturaleza del conflicto: ya no se trata de país contra país, una receta segura para inflamar las tensiones nacionalistas, con todos los riesgos involucrados, sino de consumidores contra oligarcas”, concluye.

La Agencia Tributaria reforzará en la campaña de la Declaración de la Renta su vigilancia sobre empresarios y profesionales que no admitan pagos con tarjeta cuando en su sector o actividad sea una de las prácticas financieras habituales. También lo hará con los contribuyentes que ostenten “signos de riqueza” que no concuerden con sus ingresos declarados al fisco. Así lo recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla las actuaciones que se llevarán a cabo para combatir el fraude fiscal.

El organismo ha identificado diversos patrones de riesgo asociados a la economía sumergida, entre los que se encuentran la utilización intensiva de dinero en efectivo, el empleo de métodos de pago extranjeros para evitar la fiscalización y la presentación de rentabilidades anómalas o continuas declaraciones de pérdidas sin justificación económica.

Asimismo, se vigilará la utilización de software de doble uso, herramientas informáticas diseñadas para ocultar ingresos reales y falsear la contabilidad.

Control sobre el uso de efectivo y pagos en el extranjero

Uno de los principales focos de atención para la Inspección será el uso excesivo de dinero en efectivo en sectores con alta exposición al fraude fiscal. La normativa vigente en España establece límites a los pagos en efectivo para evitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, por lo que Hacienda pondrá especial énfasis en aquellos negocios que insistan en operar al margen del sistema bancario.

Además, la Agencia Tributaria busca detectar incoherencias entre el nivel de vida y los ingresos declarados. Se cruzarán datos de consumo, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama y otros signos externos de riqueza con la información fiscal disponible. Este análisis permitirá identificar a contribuyentes que, pese a declarar ingresos modestos, exhiben un patrimonio o una capacidad de gasto incompatible con su situación fiscal.

Entre los sectores con mayor riesgo de evasión fiscal figuran la hostelería, la construcción, los negocios de compraventa de bienes de lujo y determinados servicios profesionales que operan en gran medida con efectivo. En estos ámbitos, el empleo de dinero no declarado y la opacidad en las transacciones facilitan la existencia de una economía sumergida difícil de rastrear.

Inspecciones y acceso a domicilios fiscales

El Plan de Control Tributario también contempla la realización de inspecciones en los locales de personas jurídicas cuando haya indicios de actividad económica opaca. En estos casos, la Agencia Tributaria podrá solicitar autorizaciones a las autoridades competentes, tanto administrativas como judiciales, para acceder a los domicilios fiscales y comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas.

Este tipo de actuaciones estarán sujetas a un marco legal que garantice su proporcionalidad y adecuación a los fines de la inspección. La jurisprudencia ha determinado que, en el caso de las sociedades, la intimidad económica no tiene la misma protección que en el ámbito privado, por lo que la Hacienda Pública cuenta con mayor margen de actuación en sus investigaciones.

El refuerzo de estas medidas responde a la necesidad de combatir estrategias de ocultación de ingresos y fraude fiscal mediante prácticas como la subfacturación, la doble contabilidad o la manipulación de inventarios para disimular ventas no declaradas. La Agencia Tributaria considera que estas prácticas suponen un “grave perjuicio para la recaudación pública” y “generan una competencia desleal frente a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales”.

Prevención del fraude y nuevas tecnologías

Para reforzar la detección de irregularidades fiscales, la Agencia Tributaria empleará herramientas avanzadas de análisis de datos y vigilancia electrónica. Estas tecnologías permitirán identificar patrones de fraude de manera más eficiente y focalizar los esfuerzos de inspección en aquellos sectores y contribuyentes con mayor riesgo de evasión.

El cruce masivo de información financiera, el análisis de redes de relaciones económicas y el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias fiscales serán algunas de las estrategias implementadas. Además, se intensificará la colaboración con otras administraciones y organismos internacionales para rastrear flujos financieros que puedan estar vinculados a la evasión fiscal o el blanqueo de capitales.

Dos sentencias judiciales certifican que Simón Casas, antiguo torero y empresario clave de la tauromaquia española, usó durante varios años una “sociedad pantalla” para pagar menos impuestos. El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado las acusaciones de Hacienda contra él por recurrir a “prácticas contables confusas” en sus empresas para ocultar parte de sus ingresos “de una manera deliberada” entre 2013 y 2014 y, en la práctica, pagar menos impuestos. Las resoluciones, que todavía pueden ser recurridas, no especifican cuánto dinero se ahorraron las empresas de Casas y el propio empresario en esos dos años analizados, poco antes de empezar a gestionar la plaza de toros de Las Ventas en Madrid.

Bernard Simon Domb Dit Casas (Nimes, 1947) debutó como torero en la década de los 60 del siglo pasado y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras claves en el mundo del toro como apoderado, ganadero y también empresario del sector. Por sus manos han pasado plazas de toros como las de València, Alicante, su localidad natal en Francia y, desde 2016, la Monumental de Las Ventas. Actualmente administra esta última plaza, la más grande de todo el país, en unión empresarial con Rafael García Garrido, accionista mayoritario de la gestora Plaza 1.

La Agencia Tributaria puso la lupa sobre sus empresas, sus ingresos y sus facturas fiscales en los años 2013 y 2014. Una de ellas es Servicios Taurinos Integrales (STI) y la otra es Simón Casas Apoderamiento (SCA), unidas a través de la figura del extorero, administrador de ambas sociedades. La primera era la que, sobre el papel, se encargaba de negocios como la explotación de las plazas de toros de Nimes, Alicante o València pero, en realidad, no tenía ni trabajadores ni medios y era la segunda empresa la que, en realidad, prestaba esos servicios de forma efectiva. Y dentro de esa segunda empresa todo giraba en torno al trabajo de Simón Casas.

Los mismos jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaron a finales de diciembre los recursos que sus dos empresas presentaron contra las liquidaciones de la Agencia Tributaria. Dos resoluciones que concluyen, con argumentos idénticos, que la empresa que facturaba los servicios era una “mera pantalla” y que la segunda también era un instrumento para canalizar los servicios e ingresos de Simón Casas. El resultado fue, según los jueces, una “ventaja fiscal evidente” con un objetivo: “Eludir los tipos impositivos más altos en el IRPF que el tipo general del Impuesto sobre Sociedades”, además de intentar deducirse gastos como viajes, hoteles o la limpieza del domicilio del empresario.

Ninguna de las dos sentencias refleja las cantidades de las liquidaciones de Hacienda que ahora confirman los jueces: el dinero que sus empresas tributaron incorrectamente y que el empresario pagó de menos en el IRPF. Pero sí concluyen que, como en el caso de comunicadores como Carlos Herrera o el youtuber El Rubius, las sociedades no aportan “ningún valor añadido” frente al trabajo de Casas, que además cobró mucho menos dinero que el facturado realmente por sus empresas. Todo eso, afirman los jueces, “ha supuesto una menor tributación en la persona física, defraudando a la Hacienda Pública unas cuotas tributarias superiores a las efectivamente satisfechas”. Casas no ha respondido a la petición de información de elDiario.es sobre este asunto.

En esos dos años, la sociedad STI no tenía ni trabajadores: “No realiza ninguna gestión de espectáculos taurinos” y es “una sociedad instrumental”. Y la empresa SCA, detallan estas sentencias, “factura utilizando exclusivamente los servicios profesionales” del extorero. Simón Casas, recuerda el TSJ de Madrid, “es una persona de reconocido prestigio dentro del mundo del toreo y es a quien en definitiva buscan los clientes” y sus servicios “no han sido valorados a precio de mercado” para que una parte de esos ingresos tributen a tipos más bajos por el Impuesto de Sociedades. Los otros tres empleados de la empresa SCA, explica, prestan “apoyo y colaboración” pero esa entidad “es contratada porque Casas presta en ella servicios como profesional dentro del mundo del toro”.

Las “prácticas contables confusas”

Los jueces del TSJM desestiman en ambas sentencias los argumentos de las empresas vinculadas a Casas. Por ejemplo, que se trata de un grupo de sociedades con un sistema financiero de “caja centralizada” o alegando que existían préstamos entre ellas. Esos “préstamos”, que en uno de los años superaron el millón de euros de trasvase de fondos, “tienen la finalidad de ocultar ingresos de la entidad y, en último término, ocultar la retribución profesional de servicios prestados por el socio y administrador”, explican los jueces. El dinero que recibió la empresa pantalla de la otra no era un préstamo, sino “rentas no declaradas”.

Hacienda también optó por sancionar económicamente a una de sus empresas, aunque ninguna de las dos sentencias refleja la cantidad de esta multa. Entre otros motivos, destaca que esa sanción debe confirmarse porque actuó “ocultando de una manera deliberada ingresos por apoderamiento y otros ingresos a través de prácticas contables confusas”. La Agencia Tributaria, en este expediente, describió también “una actuación totalmente premeditada y tendente a la elusión de sus obligaciones fiscales”.

La Inspección afirma incluso que Simón Casas “utiliza” todas sus empresas “para disponer de dinero a su antojo, realizando trasvases según le interesa y provocando una auténtica confusión entre las actividades de las distintas sociedades que se refleja de manera patente en las anomalías de la contabilidad”.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, en la operación denominada 'Pizzaoil', han desarticulado un entramado societario dedicado a la adulteración de carburantes y al fraude fiscal del Impuesto Especial de Hidrocarburos que ya había extendido sus actuaciones a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Valencia.

La organización investigada basaba su actividad en la adulteración y venta mayorista de gasóleo de tipo general, al que aumentaban en un alto porcentaje su volumen con productos de la Tarifa 2a del Impuesto Especial, concretamente con aceites reciclados y otros hidrocarburos exentos del impuesto por no estar destinados a ser usados como carburantes o combustibles. Sus ventas estaban destinadas a estaciones de servicio y transportistas como grandes consumidores.

La incorporación de productos más baratos que el gasóleo y el fraude fiscal que cometían les había permitido ofrecer precios sin competencia y, en consecuencia, una rápida expansión comercial, en perjuicio no solo de la Hacienda Pública sino también de otros comerciantes del sector y de los propios consumidores, según ha informado la Agencia Tributaria en nota de prensa.

En solo cuatro meses de actividad habían conseguido poner en el mercado más de 2.300.000 litros adulterados con más de 920.000 litros de aceites bases procedentes de distintos países, generando un fraude del Impuesto Especial de Hidrocarburos de más de 350.000 euros.

Registros y bloqueo de cuentas

La operación tuvo su explotación el pasado 4 de febrero, con la entrada y registro judicial en el centro de actividad que la organización tenía en Quintanar de la Orden. En el registro, los depósitos y sus contenidos quedaron precintados tras la obtención de muestras, siendo intervenidos varios terminales telefónicos y diversa documentación en papel y en soporte informático, todo ello pendiente de analizar. La entrada y registro se realizó con la colaboración de una Unidad de Auditoria Informática de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria.

Con el fin de garantizar las responsabilidades económicas y garantizar los efectos del delito, también se bloquearon cuatro cuentas bancarias y se intervino un camión cisterna.

Como responsables de los hechos se detuvo a dos de los cinco investigados, imputándoles dos delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad documental y contra los consumidores, poniendo a una de ellas, de nacionalidad italiana, a disposición judicial.

En las actuaciones han colaborado también las Áreas Regionales de Vigilancia Aduanera de Andalucía, Castilla y León, Madrid y Valencia.

Las investigaciones siguen abiertas, no descartándose nuevas detenciones y la acumulación de nuevos cargos por estafa y por los daños causados en numerosos vehículos por las mezclas no autorizadas.

La Policia Nacional ha traslladat Espanya des d'Alemanya a Salvador Llinás, l'empresari mallorquí investigat per presumptament estafar prop de 50 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 1.500 cotxes a diversos països europeus. Llinàs s'hauria apoderat de vehicles que prèviament havia llogat entitats financeres i concessionaris, no va tornar mai els turismes i va acabar revendint-los de forma il·legal, evadint de pas prop de 30 milions d'euros al fisc. El jutge de Palma que s'ha fet càrrec de les investigacions ha acordat el seu ingrés a la presó provisional com a presumpte autor d'un delicte d'estafa, tal com han confirmat fonts jurídiques a Diario.es.

Han estat els agents de l'Oficina Sirene els qui, en virtut d'una ordre europea de detenció i entrega (OEDE), l'han escortat des del país germà, on estava privat de llibertat, segons ha informat la Direcció General de la Policia. D'acord amb les indagacions, des del 2018 Llinás va fer servir una empresa de lloguer de vehicles de la qual era administrador, Autoclick, per vendre de forma fraudulenta més de 1.500 vehicles, amb els quals va obtenir uns 50 milions d'euros de beneficis.

L'empresari ha aterrat a Madrid i ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma -el titular del qual s'ha fet càrrec de les indagacions- de forma telemàtica des dels jutjats de Madrid, tal com ha avançat Diari de Mallorca. Tot i això, per indicació del seu advocat, Llinás s'ha negat a declarar. El lletrat ha al·legat indefensió perquè no ha tingut accés a la causa i ha sol·licitat que el seu client sigui posat en llibertat. Finalment, el jutge ha decretat la seva tramesa a la presó, tal com han sol·licitat la Fiscalia i la quarantena d'acusacions particulars personades en el procediment.

Cal recordar que, el 20 d'octubre passat, Llinàs era arrestat a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per després revendre'ls de manera il·lícita.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclick, les oficines eren buides. Res ni ningú ja hi quedava.

D'acord amb les indagacions, Llinás havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fugida, tal com van publicar al seu dia Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va començar a posar en marxa diverses empreses, entre les quals hi ha Iberico Food Services Co. i, el juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte Da'an de Taipei que va anomenar Malavida, operat per xefs d'Espanya i els Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a taula... com la vida indulgent ”, es promociona el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de recerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va armar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant els delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada atesa la gravetat dels càrrecs en contra, emparant-se per això a l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, seguretat pública, ordre públic o costums de l'Estat”.

La NIA li va recomanar que, en tenir un fill menor d'edat, fes els tràmits necessaris per sortir de Taiwan en deu dies. D'acord amb les informacions difoses per l'Agenci, després de completar els procediments de deportació, Llinás va ser acompanyat per funcionaris d'aquest departament cap al seu vol de sortida, amb el qual, ja detingut, va ser traslladat a Alemanya, les autoritats del qual dirimiran sobre la seva extradició. Des de llavors ha estat a la presó preventiva a Frankfurt.

La Policía Nacional ha trasladado a España desde Alemania a Salvador Llinás, el empresario mallorquín investigado por presuntamente estafar cerca de 50 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 1.500 coches en varios países europeos. Llinàs se habría apoderado de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal, evadiendo de paso cerca de 30 millones de euros al fisco. El juez de Palma que se ha hecho cargo de las investigaciones ha acordado su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de estafa, tal como han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es.

Han sido los agentes de la Oficina Sirene quienes, en virtud de una orden europea de detención y entrega (OEDE), le han escoltado desde el país germano, donde se encontraba privado de libertad, según ha informado la Dirección General de la Policía. De acuerdo con las pesquisas, desde 2018 Llinás empleó una empresa de alquiler de vehículos de la que era administrador, Autoclick, para vender de forma fraudulenta más de 1.500 vehículos, con los que obtuvo unos 50 millones de euros de beneficios.

El empresario ha aterrizado en Madrid y ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma -cuyo titular se ha hecho cargo de las pesquisas- de forma telemática desde los juzgados de Madrid, tal como ha adelantado Diario de Mallorca. Sin embargo, por indicación de su abogado, Llinás se ha negado a declarar. El letrado ha alegado indefensión al no haber tenido acceso a la causa y ha solicitado que su cliente sea puesto en libertad. Finalmente, el juez ha decretado su envío a prisión, tal como han solicitado la Fiscalía y la cuarentena de acusaciones particulares personadas en el procedimiento.

Cabe recordar que, el pasado 20 de octubre, Llinàs era arrestado en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas, Llinás había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs comenzó a poner en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promociona el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

La NIA le recomendó que, al tener un hijo menor de edad, hiciera los trámites necesarios para salir de Taiwán en diez días. De acuerdo a las informaciones difundidas por la Agenci, tras completar los procedimientos de deportación, Llinás fue acompañado por funcionarios de este departamento hacia su vuelo de salida, con el que, ya detenido, fue trasladado a Alemania, cuyas autoridades dirimirán acerca de su extradición. Desde entonces ha estado en prisión preventiva en Frankfurt.

Va arribar a expandir les seves oficines a 23 països europeus i a comptar amb una flota de més de 20.000 vehicles de lloguer. El mallorquí Salvador Llinàs Oñate va fundar el 2014 la companyia Autoclick i, deu anys després, ha estat detingut a Taiwan acusat d'una presumpta estafa de més de 50 milions d'euros que es va arribar a embutxacar després d'apoderar-se de vehicles que havia arrendat prèviament a entitats financeres i concessionaris: suposadament, no va tornar mai els turismes i va acabar revendint-los de forma fraudulenta, evadint de pas prop de 30 milions d'euros al fisc.

El 20 d'octubre passat, Llinàs era arrestat a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per després revendre'ls de manera il·lícita. El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat malloquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclick, les oficines eren buides. Res ni ningú ja hi quedava.

D'acord amb les indagacions, Llinás havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fugida, tal com han publicat aquesta setmana els diaris locals Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va començar a posar en marxa diverses empreses, entre les quals hi ha Iberico Food Services Co. i, el juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italian al districte Da 'an de Taipei que va anomenar Malavida, operat per xefs d'Espanya i els Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a taula... com la vida indulgent ”, es promociona el local.

El 2018, però, Llinàs ja havia impulsat a Taipei la mercantil New World Trading, integrada “per diversos espanyols amb idees afins” -com es publicita a la web- i especialitzada en la venda a l'engròs d'importació i exportació d'automòbils. La mateixa pàgina d'internet, 111.com, dedicada a l'àmbit laboral, destaca que “l'ambient de l'oficina està net i ordenat. Una senyora de la neteja el neteja regularment cada setmana. El rebost està equipat amb frigorífic/dispensador d'aigua/cafetera de càpsules d'ús gratuït. L'ambient laboral a la feina és lliure i relaxat i es pot xerrar amb els companys en espanyol cada dia”.

A Taiwan, mentre estava fugat, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre les quals hi ha Iberico Food Services Co. i Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte Da'an de Taipei. va anomenar Malavida, operat per xefs d'Espanya i els Estats Units

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de recerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va armar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant els delictes de delinqüència organitzada.

La trama italiana

Com informa, per la seva banda, el diari italià Correri Della Sera, Llinàs va arribar a revendre els vehicles que disposava al país clients estrangers que desconeixien el frau, inclosa una evasió fiscal de gairebé 30 milions d'euros presumptament comesa entre els anys 2017 i 2018 mitjançant la venda de cotxes llogats a través d'una dotzena de mercantils distribuïdes a Roma, Trento, Torí, Bari i Siena, Gènova. Una macrooperació impulsada per la Policia Financera de Trento va posar el focus el setembre del 2020 a l'estafa internacional d'Autoclick, amb seu fictícia a Trento i gestionada des de Mallorca per l'empresari illenc.

Els investigadors van confiscar immediatament de fins a 800 vehicles valorats en més de 14 milions d'euros i van encausar un total de 14 persones suposadament còmplices dels fets. La Fiscalia de Trento va reclamar així el processament de Llinás, administrador únic d'Autoclick, sobre qui ja pesava una ordre de detenció per part d'un jutjat d'instrucció de Palma, que tramita una de les causes obertes contra ell i on hi ha personats una cinquantena d?afectats.

Llinàs va arribar a revendre els vehicles que disposava a Itàlia clients estrangers que desconeixien el frau, inclosa una evasió fiscal de gairebé 30 milions d'euros presumptament comesa entre els anys 2017 i 2018 mitjançant la venda de cotxes llogats a través d'una dotzena de mercantils distribuïdes a Roma, Trento, Torí, Bari, Siena i Gènova

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar-ne la deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada atesa la gravetat dels càrrecs en contra, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos” nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat“

La NIA li va recomanar que, en tenir un fill menor, fes els tràmits necessaris per sortir de Taiwan en deu dies. difoses per l'Agenci, després de completar els procediments de deportació, Llinás va ser acompanyat per funcionaris d'aquest departament cap al seu vol de sortida, amb el qual, ja detingut, va ser traslladat a Alemanya, les autoritats del qual dirimiran sobre la seva extradició. presó preventiva a Frankfurt.

El suposat macrofrau comès per Llinàs se suma a l'historial de delinqüència familiar. El seu pare, Salvador Llinàs Bauzá, va romandre 14 anys fugat al Paraguai arran d'una estafa de 842.000 euros comesa a Mallorca. A principis del 2023, a l'Audiència Provincial de Balears, el 'patriarca' va acceptar una condemna de dos anys i vuit mesos de presó i una multa de 2.160 euros després de declarar-se culpable d'un delicte continuat d'estafa. Inicialment, la Fiscalia reclamava sis anys de presó contra ell.

El suposat frau comès per Llinàs se suma a l'historial de delinqüència familiar. El seu pare, Salvador Llinàs Bauzá, va estar 14 anys fugat al Paraguai arran d'una estafa de 842.000 euros comesa a Mallorca. El 'patriarca' va acceptar una condemna de dos anys i vuit mesos de presó davant dels sis que la Fiscalia reclamava inicialment contra ell

La de Llinàs se suma a altres macroestafes comeses al llarg dels darrers anys. També a Balears, a Eivissa, agents de la Policia Nacional detenien el mes de febrer passat un fugitiu sobre el qual pesava una ordre de cerca des de feia 19 anys per la seva participació en la sostracció de més de 72 milions de dòlars en joies i diamants a l'aeroport d'Amsterdam, on es considera un dels robatoris més grans perpetrats a nivell internacional.

Els fets van tenir lloc el 25 de febrer de 2005 a l'aeroport de Schipol (Amsterdam) i van provocar una gran repercussió, atès que, a més de la magnitud del sostret, els autors del robatori van utilitzar armes de foc i van exercir gran violència contra les víctimes. Els lladres es van fer passar per treballadors de l'aerolínia KLM i, després d'aconseguir el botí d'un vehicle de càrrega blindat en plena pista, van aconseguir escapar-se en una furgoneta robada de la mateixa companyia aèria.

En un escenari similar, el 18 de febrer del 2013 vuit homes disfressats de policia i armats amb metralladores irrompien en un avió de passatgers de la companyia suïssa Helvetic Airways que estava a punt d'enlairar-se de l'aeroport de Brussel·les. Es van emportar més de 37 milions d'euros en diamants, segons va informar la Fiscalia de Brussel·les i el centre de diamants d'Anvers. Uns mesos després, el maig del 2013, van ser detingudes 31 persones relacionades amb els fets.

Llegó a expandir sus oficinas en 23 países europeos y a contar con una flota de más de 20.000 vehículos de alquiler. El mallorquín Salvador Llinàs Oñate fundó en 2014 la compañía Autoclick y, diez años después, ha sido detenido en Taiwán acusado de una presunta estafa de más de 50 millones de euros que llegó a embolsarse tras apoderarse de vehículos que previamente había arrendado a entidades financieras y concesionarios: , supuestamente, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma fraudulenta, evadiendo de paso cerca de 30 millones de euros al fisco.

El pasado 20 de octubre, Llinàs era arrestado en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas, Llinás había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como han publicado esta semana los periódicos locales Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs comenzó a poner en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promociona el local.

En 2018, sin embargo, Llinàs ya había impulsado en Taipei la mercantil New World Trading, integrada “por varios españoles con ideas afines” -como se publicita en la web- y especializada en la venta al por mayor de importación y exportación de automóviles. La misma página de internet, 111.com, dedicada al ámbito laboral, destaca que “el ambiente de la oficina está limpio y ordenado. Una señora de la limpieza lo limpia regularmente todas las semanas. La despensa está equipada con frigorífico/dispensador de agua/cafetera de cápsulas de uso gratuito. El ambiente laboral en el trabajo es libre y relajado y se puede charlar con los compañeros en español todos los días”.

En Taiwán, mientras estaba fugado, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

La trama italiana

Como informa, por su parte, el periódico italiano Corriere Della Sera, Llinàs llegó a revender los vehículos que disponía en el país a clientes extranjeros que desconocían el fraude, incluida una evasión fiscal de casi 30 millones de euros presuntamente cometida entre los años 2017 y 2018 mediante la venta de coches alquilados a través de una docena de mercantiles distribuidas en Roma, Trento, Turín, Bari, Siena y Génova. Una macrooperación impulsada por la Policía Financiera de Trento puso el foco en septiembre de 2020 en la estafa internacional de Autoclick, con sede ficticia en Trento y gestionada desde Mallorca por el empresario isleño.

Los investigadores se incautaron de inmediato de hasta 800 vehículos valorados en más de 14 millones de euros y encausaron a un total de 14 personas supuestamente cómplices de los hechos. La Fiscalía de Trento reclamó así el procesamiento de Llinás, administrador único de Autoclick, sobre quien ya pesaba una orden de detención por parte de un juzgado de instrucción de Palma, que tramita una de las causas abiertas contra él y en la que hay personados una cincuentena de afectados.

Llinàs llegó a revender los vehículos que disponía en Italia a clientes extranjeros que desconocían el fraude, incluida una evasión fiscal de casi 30 millones de euros presuntamente cometida entre los años 2017 y 2018 mediante la venta de coches alquilados a través de una docena de mercantiles distribuidas en Roma, Trento, Turín, Bari y Siena, Génova

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

La NIA le recomendó que, al tener un hijo menor de edad, hiciera los trámites necesarios para salir de Taiwán en diez días. De acuerdo a las informaciones difundidas por la Agenci, tras completar los procedimientos de deportación, Llinás fue acompañado por funcionarios de este departamento hacia su vuelo de salida, con el que, ya detenido, fue trasladado a Alemania, cuyas autoridades dirimirán acerca de su extradición. Ahora se encuentra en prisión preventiva en Frankfurt.

Su padre, fugado en Paraguay

El supuesto macrofraude cometido por Llinàs se suma al historial de delincuencia familiar. Su padre, Salvador Llinàs Bauzá, permaneció 14 años fugado en Paraguay a raíz de una estafa de 842.000 euros cometida en Mallorca. A principios de 2023, en la Audiencia Provincial de Balears, el 'patriarca' aceptó una condena de dos años y ocho meses de cárcel y una multa de 2.160 euros tras declararse culpable de un delito continuado de estafa. Inicialmente, la Fiscalía reclamaba seis años de prisión contra él.

El supuesto fraude cometido por Llinàs se suma al historial de delincuencia familiar. Su padre, Salvador Llinàs Bauzá, permaneció 14 años fugado en Paraguay a raíz de una estafa de 842.000 euros cometida en Mallorca. El 'patriarca' aceptó una condena de dos años y ocho meses de cárcel frente a los seis que la Fiscalía reclamaba inicialmente contra él

La de Llinàs se suma a otras macroestafas cometidas a lo largo de los últimos años. También en Balears, en Eivissa, agentes de la Policía Nacional detenían el pasado mes de febrero a un fugitivo sobre el que pesaba una orden de búsqueda desde hacía 19 años por su participación en la sustracción de más de 72 millones de dólares en joyas y diamantes en el aeropuerto de Ámsterdam, en el que se considera uno de los mayores robos perpetrados a nivel internacional.

Los hechos tuvieron lugar el 25 de febrero de 2005 en el aeropuerto de Schipol (Ámsterdam) y provocaron una gran repercusión, dado que, además de la magnitud de lo sustraído, los autores del robo utilizaron armas de fuego y ejercieron gran violencia contra sus víctimas. Los ladrones se hicieron pasar por trabajadores de la aerolínea KLM y, tras hacerse con el botín de un vehículo de carga blindado en plena pista, lograron escapar en una furgoneta robada de la misma compañía aérea.

En un escenario similar, el 18 de febrero de 2013 ocho hombres disfrazados de policía y armados con ametralladoras irrumpían en un avión de pasajeros de la compañía suiza Helvetic Airways que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Bruselas. Se llevaron más de 37 millones de euros en diamantes, según informó la Fiscalía de Bruselas y el centro de diamantes de Amberes. Unos meses después, en mayo de 2013, fueron detenidas 31 personas relacionadas con los hechos.

La Agencia Tributaria ha recaudado cerca de 500 millones de euros extra en 2023 tras controlar, comprobar e inspeccionar a 999 titulares “de un patrimonio relevante”. Es decir, las arcas públicas han logrado rescatar ingresos que algunos de los más ricos de nuestro país habían intentado evitar pagar pese a que debían hacerlo.

“Los resultados alcanzados el año pasado son superiores al promedio de los cinco años anteriores (en un 1,2% respecto al importe de deudas liquidadas y en un 13,3% en términos de número de expedientes)”, explica la institución del Ministerio de Hacienda, que este jueves ha publicado la información sobre todas sus actuaciones de “prevención y control del fraude tributario y aduanero” en 2023.

Estas inspecciones sumaron en total cerca de 16.700 millones de ingresos públicos, una cifra similar a la de 2022. “Dentro de esas cifras globales se encuentran los ingresos directos alcanzados por la Agencia Tributaria en sus actuaciones de control, que se han situado en 9.431 millones de euros. Esta cifra, si bien es un 10,5% menor que el dato de 2022 , supera en un 4,4% el obtenido en 2021 (9.037 millones)”, detalla la institución.

Las minoraciones de devoluciones en total alcanzan los 6.312 millones de euros, un 18,5% más. Sin computar los resultados extraordinarios de pagos fraccionados el resultado obtenido por minoración de devoluciones sería de 4.316 millones de euros, lo que supone un 7,6% más de lo alcanzado en 2022.

“Junto con los resultados mencionados (ingresos directos y minoraciones), existen otros ingresos que, si bien no pueden atribuirse directamente a una actuación de control, son consecuencia de actuaciones generales de la Agencia. Es el caso de los ingresos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo, cuyo cómputo en 2023 alcanza los 965 millones de euros, un 18,7% más que en 2022. Estos ingresos presentan una evolución irregular en el tiempo que impiden la fijación de una referencia u objetivo fiable”, añade la Agencia Tributaria.

35.000 controles a grandes empresas

Junto a los 500 millones extra conseguidos con las comprobaciones e inspecciones a los ricos, destaca la recaudación obtenida con las actuaciones sobre grandes empresas. Exactamente. las comprobaciones de grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales se elevaron en un 17,3%, hasta rozar las 35.000 en total.

Además, en 2023, se finalizaron actuaciones de comprobación con un importe total liquidado de 27,7 millones de euros sobre 136 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en otros países, y para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España.

Por otra parte, el año pasado, se desarrollaron 2.317 actuaciones inspectoras por parte de las distintas delegaciones de la Agencia, en las que se ha logrado poner de manifiesto la existencia de ventas que el contribuyente había ocultado a la Administración tributaria [economía sumergida], un 0,2% más que el año anterior. “Como consecuencia de dichas actuaciones, se han computado cuotas derivadas del descubrimiento de ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto del año anterior”, resalta la institución.

La jueza que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de PSOE y Más Madrid de que la causa se amplíe a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón, gigante sanitario y contratista habitual del sector con la Comunidad de Madrid. La magistrada instructora explica que varias de las diligencias que proponían las acusaciones populares son “innecesarias” y que podrían llegar a dilatar la investigación durante años.

El juzgado investiga el doble fraude fiscal de más de 350.000 euros revelado por elDiario.es y que el propio González Amador reconoció ante la Agencia Tributaria y la Fiscalía pocos meses después de saber que estaba siendo investigado. La pareja de Ayuso usó un entramado de facturas falsas para reducir la carga fiscal de sus empresas por el Impuesto de Sociedades después de ganar varios millones de euros durante la pandemia de coronavirus. Dinero salido de comisiones por su intervención en operaciones de compraventa de mascarillas durante lo peor de las primeras olas de la crisis sanitaria.

El juzgado ha intentado interrogar varias veces sin éxito al acusado mientras su defensa, la Fiscalía y Hacienda exploran un pacto para que reconozca los hechos, pague sus deudas con el fisco y evite entrar en prisión. Por el momento, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido aceptar una condena de ocho meses de cárcel, pagando más de medio millón de euros entre deuda, multa e intereses pero sin que su condena de prisión se llegue a ejecutar.

Fueron PSOE y Más Madrid, personados en la causa como acusaciones populares, quienes pidieron a la jueza que considerase la posibilidad de ampliar el caso a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón al entender que esos trabajos también podrían esconder nuevos fraudes fiscales. La Fiscalía se mostró en contra de esa opción, en plenas negociaciones con la defensa de González Amador, que incluía una batería de diligencias y que se ampliara el abanico de delitos que se le atribuye.

La magistrada del juzgado 19 de Madrid ha rechazado esta posibilidad, explicando que las diligencias propuestas por las acusaciones serían “innecesarias” y que, incluso, podrían llegar a tener carácter prospectivo, además de alargar la causa durante varios años más. Un total de 23 grupos de diligencias que incluyen la averiguación patrimonial de Alberto González y el resto de investigados entre 2019 y 2022, todas sus cuentas en esos años, y también la compraventa de la casa en la que vive actualmente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con una veintena de testificales.

Esas diligencias, que también abarcan requerimientos a empresas y a las autoridades de México así como comisiones rogatorias a Panamá y Estados Unidos, supondrían una “complejidad y dilación” en el proceso, según la jueza. Poner en marcha todas esas pruebas implicaría prolongar la causa “durante años”. Algunas, incluso, “pueden considerarse prospectivas”.

Pendientes de un pacto

La causa contra Alberto González Amador arrancó en el juzgado 19 de la Plaza de Castilla de Madrid después de que, tal y como reveló elDiario.es, la Fiscalía denunciara al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso esgrimiendo las acusaciones de la Agencia Tributaria: evadió el pago de más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 a través de un sistema de facturas falsas y sociedades pantalla. Durante la pandemia amasó varios millones de euros procedentes de la compraventa de mascarillas, operaciones en las que intervino como comisionista, y según Hacienda puso en marcha esa operativa para reducir drásticamente el pago de impuestos.

Es un doble fraude fiscal que el propio González Amador ha reconocido varias veces por escrito ante la Agencia Tributaria y ante la Fiscalía, mostrando su voluntad de saldar sus deudas y pactar una condena que no implique su entrada en prisión. La causa, en la que la magistrada ha intentado tomar declaración varias veces al empresario sin éxito, está pendiente precisamente de que la pareja de Ayuso y la Fiscalía sellen ese pacto para que el caso llegue a juicio pero con una sentencia condenatoria de contenido y resultado determinados previamente.

Mientras tanto, una segunda causa derivada avanza en paralelo entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo: las diligencias abiertas por revelación de secretos después de que Alberto González Amador denunciase a la Fiscalía por un comunicado con el que el Ministerio Público buscó desmentir informaciones falsas sobre el caso difundidas, además de por diversos medios de comunicación, por el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la administración regional.

El caso se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevase una exposición razonada solicitando la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, al considerar que fue el máximo responsable del comunicado.

El actor Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal del caso 'Nummaria' y ha aceptado una pena de cárcel menor a dos años, lo que permitirá que no entre en prisión, al reconocer cinco de los delitos fiscales por los que se sentaba en el banquillo de los acusados.

El actor ya ha satisfecho toda la responsabilidad civil que se le pedía y que además hará frente a la multa que se le imponga, cuya cuantía también se verá reducida.

Esta conformidad con el Ministerio Público, adelantada por elDiario.es, se materializará en la vista oral que se celebra desde este martes en la Audiencia Nacional, a lo largo del turno de cuestiones previas. Cabe recordar que, además de a Arias, se juzga a otra treintena de personas, entre ellas la actriz Ana Duato, por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados, Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicitaba para Arias y Duato cerca de 30 años de cárcel, y también para el productor de la serie 'Cuéntamé como pasó' y marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu.

Por otro lado, al inicio de la sesión, el fiscal ha anunciado que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos fiscales.

Por su parte, el abogado de Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria --que está en el epicentro de la supuesta trama-- ha solicitado en esta primera sesión la nulidad de las actuaciones realizadas en el proceso alegando que se ha dado una infracción del derecho a la defensa dado que lo incautado en los despachos de abogados pasó directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sin pasar por el juzgado y ninguna de las partes pudo acceder a esa documentación.

Nulidad de actuaciones

“Se ha producido una violación del derecho a la defensa”, ha señalado el abogado Antonio Camacho, que ha añadido que se ha violado la igualdad de armas en el proceso hurtando a las partes la documentación en las que se basa el informe sobre las cuotas defraudadas.

Camacho ha pedido, además, la nulidad de todo el material incautado en el despacho por violación del derecho a la tutela judicial efectiva dado que se han dado irregularidades en la cadena de custodia.

“La conclusión yo creo que es demoledora. Miles de archivos fueron alterados, borrados o modificados mientras se impedía a las partes, a todas las partes acceder a esa documentación”, ha explicado, mencionando un informe que consta en la causa. “Con estos mimbres nos introducimos en un juicio que tiene los pies de barro”, ha lamentado.

“Una propiedad en Dubái es la nueva versión de una cuenta en un banco suizo”. Con esta frase los economistas del Observatorio Fiscal Europeo resumen la tendencia hacia la “propiedad inmobiliaria offshore”, es decir, poseer una casa o un piso en un país distinto del propio, como vía para evadir impuestos.

Con sede en la École d’économie de París y financiado en parte por la Comisión Europea, el observatorio presentó el mes pasado un estudio pionero, reuniendo datos de un centenar de investigadores de todo el mundo. Han identificado propiedades por valor de más de 500.000 millones de dólares en manos de ciudadanos extranjeros en seis ciudades y regiones: Londres, París, Singapur, Dubai, la Riviera Francesa y Oslo. Una cifra que representa más del 10% del total de bienes inmuebles en las zonas analizadas.

“Las investigaciones recientes ponen de manifiesto cómo individuos que solían ocultar activos financieros en bancos fuera de su país están explotando lagunas en el sistema moviendo la propiedad hacia activos no cubiertos por el intercambio automático de información financiera, sobre todo bienes inmuebles”, explica su último informe sobre la evasión fiscal en el mundo.

Destaca en particular el caso de Dubái, donde los inmuebles de propiedad extranjera representan el 27% del valor del mercado local. Un porcentaje que se explica en parte porque el emirato ha buscado atraer a los inversores en los últimos años gracias a diferentes ventajas fiscales: no hay impuesto sobre la renta, el tipo del impuesto de sociedades es sólo del 9% y los grandes inversores pueden obtener una golden visa para permanecer en el país.

Estas ventajas son uno de los ejemplos más extremos de una tendencia general en los últimos quince años: los Estados se encuentran inmersos en una competición para atraer a personas con grandes rentas acordando regímenes muy favorables. Así, en Europa, actualmente existen veintiocho ejemplos de este tipo, cuando en 1995 solo había cinco.

Uno de los casos más notables es el de las propiedades qataríes en Francia. Desde enero de 2008, los ciudadanos del emirato disfrutan de un tratamiento fiscal especial al estar exentos del impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias. Una disposición adoptada durante el mandato de Nicolas Sarkozy para fomentar las inversiones de la familia real en Francia, en sectores como el deporte, la hostelería y el lujo.

No obstante, esas ventajas también han supuesto una pérdida de ingresos para el fisco francés estimada entre 150 y 200 millones de euros al año. Inicialmente partidario de suprimir esta ventaja fiscal antes de su llegada al Elíseo en 2017, finalmente Emmanuel Macron no ha anulado la excepción y ha mantenido los privilegios fiscales a las propiedades del emirato.

“Se trata de uno más de los muchos ejemplos de exenciones fiscales que han florecido en Europa en las dos últimas décadas, contribuyendo al aumento de las desigualdades sin que haya ningún beneficio desde una perspectiva europea o mundial”, señala Gabriel Zucman, director del Observatorio.

Vacíos legales

En otros casos no se trata tanto de incentivos fiscales sino de aprovechar vacíos legales existentes. Un convenio que unía a Francia y Dinamarca desde 1957 incluía una referencia poco clara respecto a la imposición de los daneses en territorio francés: las autoridades fiscales francesas consideraban que los propietarios tributaban en Dinamarca, las autoridades fiscales danesas entendían lo contrario. El vacío legal se cerró en 2008, pero sus consecuencias aún son visibles en el atlas que presenta el observatorio: la Riviera Francesa aún es el destino número uno de los daneses que poseen propiedades inmobiliarias en el extranjero.

En el caso de los españoles con propiedades en el extranjero, el atlas refleja que privilegian Londres y, sobre todo, París para sus adquisiciones inmobiliarias. Muy por delante de Dubai o la Riviera. En total el atlas estima que ciudadanos españoles poseen propiedades por valor de 2.000 millones de dólares en la capital francesa y 1.000 millones en la británica.

Estas propiedades se utilizan en muchos casos para blanquear dinero, evadir impuestos o eludir sanciones internacionales. Una consecuencia de la no inclusión de los bienes inmuebles en el intercambio automático de información bancaria adoptado en 2017 por un centenar de países. Desde entonces, una estimación apunta a que una cuarta parte de los activos que antes se desviaban a paraísos fiscales se han transformado en bienes inmuebles.

“Por supuesto hay muchas razones legítimas para poseer propiedades en el extranjero”, conceden los autores. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones exigen a los propietarios que declaren estos bienes en su país de residencia y paguen allí los impuestos cuando hay rentas, o el impuesto sobre el patrimonio cuando lo hay circunstancia que en muchos casos no se cumple.

Propiedades no declaradas

Además, como pasa con muchos bienes económicos, identificar a los verdaderos propietarios es complicado, porque a menudo los títulos están en manos de empresas e intermediarios. Un hecho que se puso de manifiesto cuando la UE comenzó a perseguir las propiedades de los oligarcas rusos.

Para demostrar que la mayoría de estas propiedades escapan a la fiscalidad, la economista del Observatorio Annette Alstadsæter, ha analizado el caso de Noruega, un país con impuesto sobre el patrimonio. De los 371 ciudadanos noruegos que poseen propiedades en Dubái, 227 son residentes fiscales en el país escandinavo. De ellos, sólo 66 han declarado debidamente sus propiedades a las autoridades fiscales de Oslo. “Esto significa que para los demás, es decir, para tres cuartas partes de los casos, se trata de evasión fiscal”, concluye.

El informe recuerda que, aunque la evasión fiscal de las grandes fortunas ha descendido, los multimillonarios continúan pagando un porcentaje muy bajo de impuestos -entre el 0% y el 0,5%- por su patrimonio, gracias a diversas técnicas de optimización fiscal. Y calcula que gravar con un 2% la riqueza de los 2.756 multimillonarios del mundo, cuyo patrimonio total asciende a 13 billones de dólares, permitiría recaudar 250.000 millones de euros.

Para atajar la pérdida de ingresos públicos derivados de la fiscalidad de las propiedades offshore los autores ofrecen algunas soluciones, apuntando en particular a la cooperación internacional sobre la información. “Lo que recomendamos desde el Observatorio es la inclusión de los bienes inmuebles en el ámbito del intercambio automático de información bancaria”, apunta Gabriel Zucman.

Aunque éste no es el único camino. “Otra de las recomendaciones para conciliar la globalización con la justicia fiscal consiste en instituir mecanismos para gravar a las personas ricas que han residido durante mucho tiempo en un país y deciden trasladarse a otro de baja tributación”, señala el informe.

El otoño de 2021 estuvo marcado por la segunda ola del coronavirus. En el mundo digital, el gran acontecimiento era el gran boom del bitcoin. El valor de la criptomoneda batió récords históricos durante semanas, arrastrando a una vorágine alcista a prácticamente toda moneda digital que salía al mercado. Tras sobrepasar los 66.000 dólares a finales de octubre, siguió escalando, hasta rozar los 69.000 en la mañana del 9 de noviembre. La línea ascendente del bitcoin parecía no tener fin.

Las especulaciones sobre qué precio alcanzaría (la más habitual era que superaría los 100.000 dólares antes de terminar el año) o cuándo empezaría a sustituir al dinero tradicional en todos los ámbitos económicos corrían por las redes. Para los creyentes del movimiento cripto, las fuentes de referencia eran el grupo de jóvenes empresarios que habían conseguido hacerse milmillonarios gracias al nuevo negocio y marcaban el camino a seguir.

Dos años después, la situación es diametralmente diferente. Buena parte de esos empresarios que en 2021 se convirtieron en gurús del futuro de la economía gracias a la especulación con criptomonedas tienen hoy procesos judiciales por fraude, sus compañías han quebrado o han sido condenados a prisión. Así están hoy los millonarios que Forbes calculó que poseían las mayores fortunas cripto en 2021:

Sam Backman-Fried

Era el prototipo de magnate cripto que enorgullecía a los seguidores del movimiento. Joven (29 años en 2021), con una cabeza privilegiada para las matemáticas, defensor temprano de la tecnología blockchain y del futuro de las criptomonedas, fundador de uno de los primeros conglomerados de empresas dedicadas a explotarlas, conocido por sus grandes donaciones benéficas. Se le llegó a denominar el Robin Hood millenial y se convirtió en modelo a seguir para muchos jóvenes.

Hoy Sam Bankman-Fried es el prototipo de milmillonario cripto de todos los que dudan de la legalidad de este mercado. Acaba de ser declarado culpable de siete delitos, entre los que se encuentran fraude electrónico, fraude bursátil y lavado de dinero. El juez aún no ha emitido la condena, pero esta podría acarrearle hasta 115 años de cárcel. Tiene otro juicio pendiente, programado para el mes de marzo, en el que se le acusa de fraude bancario y de soborno a un gobierno extranjero (Bahamas, donde estaba la sede fiscal de su empresa).

Según Forbes, la fortuna de Backman-Fried llegó a ser de 24.000 millones de dólares. Hoy es de cero, después de que todos sus bienes fueran confiscados tras hacer perder decenas de miles de millones a los clientes de su bolsa cripto, FTX. El jurado popular no ha comprado la tesis de su defensa, que alegó que perdió el control de sus compañías debido a malas prácticas contables. Al contrario, ha apoyado todas las tesis de la Fiscalía, que lo tachó de criminal y recordó que tuvo ocasiones para paliar los problemas antes de la quiebra final de FTX, pero que escogió seguir jugando con el dinero de los inversores.

Los gemelos Winklevoss

Las predicciones de Cameron y Tyler Winklevoss (Nueva York, 1981), como la de que el bitcoin desbancará al oro antes de 2030, nunca eran pasadas por alto entre sus seguidores. El motivo es que no solo habían sabido subirse los primeros a la ola cripto, sino también a una de las anteriores revoluciones tecnológicas, la de las redes sociales. En 2003 los gemelos Winklevoss fueron los creadores de una plataforma llamada Harvard Connection junto a otros compañeros de la prestigiosa universidad. Cuando el proyecto despegaba, un profesor les recomendó ponerse en contacto con otro estudiante. Se llamaba Mark Zuckerberg.

En 2004 Zuckerberg fundó Facebook y los Winklevoss lo acusaron de robarles la idea. Tras una batalla legal de cuatro años, llegaron a un acuerdo extrajudicial que incluía una compensación económica y 65 millones de dólares en acciones de Facebook. Los gemelos reinvirtieron más tarde parte de esa fortuna en criptomonedas y fundaron Gemini, una bolsa de especulación con estos artefactos. En 2021 Forbes les calculaba una fortuna de 4.000 millones de dólares a cada uno.

Hoy tienen unos 1.400 millones. Sin embargo, la mayor amenaza que se cierne sobre su futuro es la denuncia de la Fiscalía de Nueva York contra Gemini por estafa. La fiscal general del Estado acusa a la plataforma comandada por los gemelos de engañar a unos 230.000 inversores y hacerles perder unos 1.000 millones de dólares tras un acuerdo fallido con otra bolsa cripto, Genesis: “Gemini sabía que los préstamos de Genesis estaban insuficientemente garantizados y muy concentrados en una sola entidad, Alameda, de Sam Bankman-Fried (fundador de FTX), pero no reveló esta información a los inversores”.

Barry Silbert

Barry Silbert es el fundador de Digital Currency Group, la matriz de Genesis. Junto a Bankman-Fried y Gary Wang (cofundador de FTX que llegó a acumular casi 6.000 millones de dólares), es el único criptomillonario de los que aparecieron en la lista de personas más ricas del mundo de Forbes en 2021 que lo ha perdido todo. Según la estimación de la revista, las participaciones de Silbert en sus empresas, que llegó a calcular en unos 3.200 millones de dólares, ya no valen nada.

Su caída está muy ligada a la de Bankman-Fried y a la de Wang, ya que las inversiones de Genesis tenían una gran dependencia de FTX. Tanto que la caída de esta supuso la quiebra técnica de la plataforma de Silbert. Aunque Digital Currency Group sobrevive, está asolada por las deudas y depende de las resoluciones de otros procesos de quiebra que están judicializados, como el de Three Arrows Capital, otro de los grandes fondos de inversión en criptomonedas que se fue a pique en 2022.

Los problemas de este ex milmillonario no se reducen apenas a la demanda de la Fiscalía de Nueva York y las deudas de Digital Currency Group. Los gemelos Winklevoss le han denunciado por engañarles en los acuerdos entre Genesis y Gemini. “Nunca has tenido ninguna intención de hacer lo correcto y asumir la responsabilidad por el lío que tú, tus empresas y tus empleados creasteis con tu comportamiento imprudente y fraudulento”, le afeó en julio Tyler Winklevoss. Silbert no ha hecho declaraciones públicas desde el colapso de su imperio cripto.

Champeng Zhao y Brian Armstrong

Los dos criptomillonarios que han logrado capear el temporal, al menos por el momento. Mantienen una parte importante de su fortuna y sus dos plataformas, Binance y Coinbase, han conseguido seguir a flote y quedarse con los restos del mercado de la especulación con monedas digitales. Sin embargo, tanto ellos como sus empresas han sido denunciados por la SEC (el regulador bursátil estadounidense) y su futuro a medio plazo está en entredicho.

Zhao fundó Binance en 2017 tras trabajar varios años programando aplicaciones de inversión para brókeres de Wall Street. Su ascenso fue meteórico y en 2021 había logrado acumular una fortuna de 65.000 millones de dólares. Tras el gran colapso del mercado cripto, Forbes le calcula una fortuna de unos 10.000 millones. Binance se ha colocado como el dominador absoluto del sector, pero la SEC acusa tanto a la plataforma como a Zhao de “poner en grave peligro los activos de los inversores”: “No solo conocían las reglas del juego, sino que eligieron conscientemente eludirlas y arriesgar los fondos de sus clientes”.

Armstrong, por su parte, fundó Coinbase en 2012 y consiguió convertirla en la mayor bolsa cripto de EEUU. En 2021 protagonizó una salida a bolsa en la que llegó a alcanzar una cotización de 100.000 millones de dólares. Hoy vale cinco veces menos y la SEC la ha demandado por operar como una bolsa de valores sin licencia y operar con activos bursátiles de manera ilegal. A Armstrong, que llegó a tener una fortuna de unos 6.600 millones de dólares, se le calculan hoy unos 2.200 millones en su haber.

Actualización: Champeng Zhao se declaró culpable de un delito de blanqueo de dinero tras la publicación de esta información. Binance tendrá pagar 4.300 millones de dólares de indemnización a los perjudicados y Zhao ha dimitido de su puesto, aunque se le ha permitido mantener las acciones de la compañía.

Jed McCaleb

El que supo salir a tiempo. Es el único de la lista que ha aumentado su fortuna respecto a la que acumulaba en 2021, cuando tenía 2.500 millones de dólares. Hoy Forbes le estima una riqueza de 2.700 millones.

McCaleb fue uno de los primeros programadores expertos en tecnología blockchain y ayudó a poner en marcha varias de las mayores empresas del sector. Fundó la primera gran bolsa de bitcoin, Mt. Gox, que luego vendió. También cofundó Ripple, una firma de tecnología financiera especializada en pagos y transferencias globales que lanzó su propia criptomoneda, XRP, con el fin de facilitar las conversiones.

XRP protagonizó una de las primeros grandes booms del mercado cripto cuando en 2018 multiplicó un 38.000% su precio en pocas horas. La fortuna de McCaleb proviene de haber vendido su porcentaje en Ripple y transformado en dinero real sus XRP antes de que bajaran de precio. Hoy sigue en el negocio con Stellar, un competidor de Ripple en el mercado de las transferencias de dinero.

Chris Larsen

También confundador de Ripple, Larsen llegó a ser la quinta persona más rica del mundo en 2018 cuando la locura por XRP impulsó su fortuna hasta los 59.000 millones de dólares. El puesto, no obstante, le duró apenas un día, lo que tardó XRP en depreciarse.

Larsen tiene 63 años y antes de Ripple ya acumulaba una larga carrera como impulsor de startups en Silicon Valley. Fundó su primera empresa en 1996 centrada en los préstamos hipotecarios a través de Internet e hizo fortuna con diversas compañías de digitalización bancaria. Con Ripple y las criptomonedas llegó su gran momento y, dejando de lado ese día de gloria de 2018, logró consolidarse como una de los grandes magnates del sector con el boom del bitcoin. En 2021 era el quinto milmillonario cripto más rico, con una fortuna de unos 4.300 millones de dólares.

Hoy se le estima la mitad de esa cifra. Como todos los miembros de esta lista excepto McCaleb, también ha tenido problemas con la justicia a raíz de sus actividades con criptomonedas. En 2020 la SEC le denunció tanto a él como a Ripple por vender activos bursátiles no registrados y sin licencia. El regulador retiró más tarde la acusación personal contra Larsen, mientras que la iniciativa contra su empresa está cerca de cerrarse con el pago de una multa que podría ascender a unos 20 millones de dólares, según algunos analistas.