En el verano de 2025, el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou quedó bloqueado. Al intentar pagar un billete de tren o un café con su tarjeta, el terminal daba error. Todas sus reservas de viajes quedaron canceladas. Tampoco podía usas sus suscripciones a servicios digitales, recuperar los datos que había almacenado en la nube ni enviar correos electrónicos. El magistrado había sido sancionado por Donald Trump por investigar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y ratificar la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu.

El veto implicó que todas las empresas estadounidenses dejaran de prestarle servicio. Sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard se convirtieron en trozos de plástico. Sus cuentas en Amazon, Microsoft o Gmail quedaron anuladas. Sus reservas de viajes con Expedia, una empresa con sede en Seattle, se cancelaron. Desde entonces Guillou, así como otros miembros de la Corte sancionados, tienen que llamar primero a los alojamientos o estaciones para saber si aceptan dinero en efectivo. El juez goza de libertad en las calles europeas, pero ha sido apartado de la sociedad digital: “Es como volver a la década de 1990”, expresa.

El de Guillou es un caso micro. Cuando esto ocurre a nivel macro, entra en juego el futuro de naciones enteras y millones de personas. Así puede atestiguarlo Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano lo sufrió en las primeras semanas de Trump en el cargo, cuando el presidente estadounidense ordenó a la empresa de satélites Maxar que dejara de suministrar imágenes al ejército ucraniano para forzar a Kiev a negociar con Moscú.

La misma noche en la que comenzó el bloqueo, las tropas de Vladímir Putin atacaron la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rih, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a más de 30. El frente de batalla ucraniano quedó a ciegas, sus pilotos de drones tuvieron que parar sus contraataques y las defensas aéreas quedaron en clara desventaja ante la aviación rusa.

Se trata de una realidad de la que numerosos especialistas han avisado durante décadas, anunciada por casos como el de Julian Assange, pero que ahora toda Europa vive en primera persona. La Casa Blanca tiene “un botón de apagado” para numerosas tecnologías y sistemas críticos del continente y bajo el mandato de Trump no duda en usarlo para forzar a los países europeos a seguir sus intereses.

El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra: es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar

Cori Crider — directora del Future of Technolofy Institute

Esta es la principal conclusión del informe Defensa en la nube: un flanco europeo expuesto, elaborado por el think tank Future of Technology Institute (FOTI), con sede en Bruselas. El análisis, que se presenta este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha elaborado a partir de datos abiertos sobre las contrataciones públicas del continente. El resultado arroja que 23 de los 28 países analizados dependen de los gigantes tecnológicos estadounidenses para sostener sistemas críticos de sus ejércitos y agencias de seguridad.

Esto les deja a merced de bloqueos como el que sufre el juez Guillou y sus compañeros de la Corte Penal Internacional o el de Ucrania. “El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra”, dice Cori Crider, directora ejecutiva del instituto, “es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar”.

“La administración Trump y sus patrocinadores de las grandes tecnológicas han convertido nuestras dependencias tecnológicas en un arma, y esto parece que solo irá a peor”, asevera.

Riesgo alto en más de la mitad de los países europeos

El mapa de riesgo que dibuja el FOTI divide al continente en dos grandes bloques de alerta. En el nivel de riesgo alto se encuentran 16 naciones, incluyendo a potencias militares como el Reino Unido, Alemania y Polonia. Los investigadores las colocan en el peldaño más alto por su política de contratación de forma directa con los hiperescaladores estadounidenses, como se conoce al grupo formado por Amazon, Google, Microsoft y Meta, por la potencia y envergadura de sus centros de datos.

España, por su parte, se ubica entre los siete países con un riesgo medio, marcado por el peligro de las “dependencias ocultas”. Esto se debe a que aunque los gobiernos de estos países han impulsado políticas para recurrir a proveedores nacionales y blindar su soberanía, estos a su vez siguen dependiendo de empresas estadounidenses para desplegar todas las capacidades del sistema. El informe destaca que España tiene una gran dependencia de Oracle, una multinacional estadounidense de centros de datos.

A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo

Tobias Bacherle — coautor del estudio

Los autores del estudio reflejan como las compañías de EEUU, conscientes de esta preocupación, han empezado a ofrecer a los países europeos redes aisladas de Internet y sin conexión con Washington, lo que impediría que la Casa Blanca pudiera forzarlas a echarlas abajo en un momento dado. Sin embargo, el “botón de apagado” va más allá de esa conexión física, alertan.

“A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. Esto se debe a que necesitan renovaciones de las licencias y parches de seguridad. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo”, avisa Tobias Bacherle, coautor del estudio.

Este poder tiene nombre y apellidos legales. La principal herramienta de la Casa Blanca para bloquear el uso de su tecnología es la legislación de sanciones de EEUU, que prohíbe a cualquier empresa estadounidense prestar servicios a las personas o entidades que Washington decida incluir en sus listas negras. Ese fue el marco que obligó a Microsoft, Expedia o Visa a cortar sus servicios a los jueces de la Corte Penal Internacional de forma instantánea.

Al paquete de bloqueo se suma la llamada CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses exigir a sus empresas tecnológicas el acceso a datos almacenados en servidores europeos, lo que llevó al ejército suizo a prohibir el uso de WhatsApp en 2022, destaca el informe. La última es la ley FISA, que habilita la vigilancia de comunicaciones incluso en sistemas teóricamente aislados. Cuando el director legal de Microsoft compareció ante el Senado francés y le preguntaron si podía garantizar que los datos europeos estaban a salvo del gobierno de EEUU, su respuesta fue: “No, no puedo”.

Logística, gestión de personal, armas

Aunque este botón de apagado se ha relacionado tradicionalmente con los servicios digitales y financieros, sobre todo desde que EEUU lo pulsó para acorralar a Assange y Wikileaks, los investigadores explican que no se circunscribe solo a estos sectores. El documento establece que la dependencia de la nube estadounidense abarca los sistemas más vitales de las fuerzas armadas europeas, incluyendo “desde armas hasta logística y gestión de personal”.

Katja Bego, investigadora de Chatham House (un think tank británico de política internacional que se encuentra entre los más influyentes del mundo) destaca que también está “directamente incrustado en los sistemas de armas” y puede, literalmente, “dejar en tierra a nuestros aviones de combate”.

Aunque no lo cita directamente, Bego evoca la gran polémica de los últimos años respecto al botón de apagado tecnológico de EEUU. Se trata del cazabombardero F35, el más moderno de los que emplea y vende EEUU. Este es un avión de combate de última generación con multitud de sistemas conectados, que dependen de software, actualizaciones y flujos de datos controlados en buena medida por empresas y autoridades estadounidenses.

En la práctica, esto significa que estos cazabombarderos necesitan acceso continuo a estos sistemas para operar con normalidad. Esta situación, que se consideraba normal en el marco de la OTAN antes del segundo mandato de Trump, ha disparado los debates sobre si el republicano podría impedir el uso de los F35 a los países que los han adquirido en uno de sus arrebatos geopolíticos.

Estas dudas han provocado que varios países, como España, Portugal, Suiza o Canadá, rechacen comprar el caza o pidan cancelar los contratos ya existentes. Sin embargo, buena parte de las principales potencias europeas ya los tiene en sus fuerzas aéreas.

Comprar europeo y código abierto: la hoja de ruta contra el apagón tecnológico

El informe del FOTI traza un plan de acción “urgente” centrado en romper la dependencia con los gigantes tecnológicos. La principal recomendación es establecer planes de migración graduales para trasladar los sistemas militares más críticos a nubes plenamente europeas antes de 2030. “La infraestructura en la nube debe tratarse como un pilar central de la estrategia de defensa de Europa”, recalca Tobias Bacherle.

El Instituto urge a los gobiernos a reformar sus normativas de contratación pública para instaurar políticas que prioricen a los actores europeos y el software de código abierto. Esto implica exigir que la informática gubernamental y de defensa sensible opere exclusivamente en infraestructuras alojadas y controladas legalmente dentro de Europa, excluyendo de las licitaciones a aquellas plataformas que se comercializan como soberanas, pero que siguen expuestas al alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Además, los expertos advierten contra la actual fragmentación del continente, donde cada país busca parches por su cuenta. La solución, apuntan, pasa por aunar y unificar las compras entre los Estados miembros para generar la demanda suficiente que permita crecer a las empresas tecnológicas locales.

Para los autores, esta crisis de dependencia encierra una oportunidad histórica. Con el gasto militar europeo disparado hasta los 381.000 millones de euros, los investigadores piden a los gobiernos que utilicen estos colosales presupuestos como una “palanca de política industrial”. Como destaca Katja Bego, gran parte de esta tecnología en la nube y la inteligencia artificial es de “doble uso” (militar y civil), por lo que invertir en un ecosistema de defensa propio generaría un efecto dominó que impulsaría todo el sector comercial y tecnológico europeo.

La canadiense Kimberly Prost se quedó en estado de shock cuando supo que el Gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones contra ella. Tras años juzgando a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio, y delitos de lesa humanidad como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el nombre de Prost aparecía ahora junto al de terroristas y personas involucradas en el crimen organizado. “No me lo creía”, dice.

Las consecuencias fueron psicológicas y también materiales: le cancelaron las tarjetas de crédito y las cuentas de Amazon y Google. Prost se sintió sobrepasada por lo que describe como un “ataque directo y flagrante” contra el tribunal de La Haya, uno de las más importantes del mundo.

“Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva”, dice. “Queremos que la gente entienda que es una equivocación”.

Las trabas de Trump

El Gobierno de Donald Trump no ha dejado de dificultar la labor de la corte desde su regreso al poder hacer un año. Hasta la fecha, ha sancionado a 11 de sus funcionarios, entre los que figuran el fiscal jefe y ocho jueces, que tienen prohibido viajar a Estados Unidos mientras que las empresas estadounidenses que les presten servicios se exponen a multas y penas de prisión.

Trump acusó al tribunal en una orden ejecutiva de 2025 de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y contra Israel”, al que describió como “aliado cercano”, y dejó entrever que las sanciones eran una represalia por haber investigado a altos cargos de EEUU y de Israel. Ninguno de estos dos países figuran entre los 125 firmantes del Estatuto de Roma que en 1988 dio origen al tribunal.

Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva. Queremos que la gente entienda que es una equivocación

Kimberly Prost — Jueza de la CPI

Tras la orden, Canadá, Brasil, Dinamarca, México, Nigeria y otros 74 países dieron su apoyo de la corte en un comunicado conjunto. “[Las sanciones] aumentan el riesgo de impunidad por los delitos más graves y amenazan con erosionar el derecho internacional”, escribieron.

El impacto en la vida cotidiana y las familias

Antes de incorporarse a la CPI, Prost trabajó durante cinco años en el programa de sanciones de Naciones Unidas. Aun así, le sorprendió el alcance de las que se impusieron contra ella. “Tiene un impacto tan grave en la vida cotidiana, no es simbólico”, dice. “Pierdes todas tus tarjetas de crédito, independientemente de dónde se hayan emitido”.

Cosas tan sencillas como reservar un taxi, un vuelo o una habitación de hotel se volvieron imposibles. Las transferencias bancarias ahora incluían la incertidumbre de si el sistema las aceptaría o no. Tras la cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost vivió con la preocupación constante de que desaparecieran también sus otras cuentas. “Todo se convierte en un gran desafío”, dice.

En el caso de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la maniobra estadounidense es la segunda vez que una potencia carga contra ella por su trabajo en la CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia a ella, al fiscal jefe de la corte, y a otros siete jueces, después de que la CPI emitiera una orden de detención contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania. Les impuso penas de hasta 15 años de cárcel.

Pero las sanciones de Estados Unidos tienen mayor calado que las de Rusia, por el peso del país en el sistema financiero mundial. Ibáñez dice que su banco en Países Bajos le canceló la tarjeta de crédito poco después de las sanciones. “¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense”, dice. “Estamos detectando un exceso de celo en el cumplimiento de las sanciones, algunos bancos están aterrorizados por sus relaciones con bancos o instituciones estadounidenses”.

Pero lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaban a su hija, a la que le cancelaron el visado estadounidense y sus cuentas de Google. “Ella vive en otra parte del mundo, no tiene ninguna relación con la CPI”, dice. “Es triste, es una clara represalia por algo que ella no ha hecho”.

Según la jueza, ese ha sido el procedimiento general contra la CPI: las parejas, los padres, y los hijos de los funcionarios terminan atrapados en la red de las sanciones. “Es el tipo de persecución que el mundo no debería permitir”, dice Ibáñez. “Estamos al servicio de la humanidad, hacemos justicia a las víctimas más vulnerables del mundo, a millones y millones de mujeres y niños que no tienen voz”.

Hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad"

Luz Carmen Ibáñez — Jueza de la CPI

La jueza peruana defiende que la corte cumple una labor fundamental al aceptar casos de países que no pueden o no quieren juzgar delitos cometidos en su territorio. “Por eso hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad”, reclama.

Un momento difícil

Las sanciones agravan un panorama que ya era complicado para la corte, meses después de que Karim Khan, su fiscal jefe, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. Él niega las acusaciones.

Hasta ahora, las medidas se han centrado en personas concretas, pero la corte teme que Washington pueda imponer sanciones al tribunal en su conjunto. “La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla, y no solo para atarla de manos”, alertó el año pasado a The Guardian un alto cargo de la CPI. Según Prost, la institución se puso a trabajar desde ese momento para que eso no ocurriera. “Fue tomado muy en serio y se adoptaron una serie de medidas de precaución”, indica.

Tanto ella como Ibáñez se muestran convencidas de que las acciones del Gobierno de Trump, aunque difíciles a nivel personal, no afectan al trabajo de la corte. “Estas medidas son completamente inútiles”, dice Prost. “En nombre de todos los jueces y fiscales de este tribunal, puedo decir que seguiremos desempeñando nuestras funciones con independencia; esto no afecta a la forma en que analizamos los casos ni a cómo los resolvemos”.

Traducción de Francisco de Zárate.

En la cuarta temporada de Borgen, Groenlandia se convertía en objeto de disputa de varias potencias. En la segunda de Jack Ryan surgía una conspiración en Venezuela en la que EEUU estaba implicado. Sin embargo, los guionistas de Borgen no pudieron imaginar a un presidente estadounidense que declarara que se quedaría Groenlandia por las buenas o por las malas. En el caso de Jack Ryan tampoco se les ocurrió un final en el que las fuerzas de Estados Unidos entraran en la residencia de Nicolás Maduro para secuestrar al presidente de Venezuela y llevarlo a EEUU de manera ilegal.

Con la llegada de Trump, la política exterior de Estados Unidos no solo sirve para crear buenos guiones de series, sino también para que los académicos estudien violaciones al derecho internacional con ejemplos reales. Sus acciones pueden conllevar responsabilidades ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Aunque Trump decidiera no dar un paso más en sus pretensiones de adhesión de Groenlandia, ya ha vulnerado varios preceptos del Derecho Internacional Público. El primero y más grave es el Artículo 2.4 de la Carta de la ONU donde se prohíbe no solo el uso de la fuerza, sino también la mera amenaza. La Corte Internacional de Justicia estableció en el caso EEUU v. Nicaragua (1986) que no era necesario el uso de la fuerza para que una acción fuera considerada una amenaza; solo era necesario que esa amenaza fuera creíble

A lo largo de la historia de los EEUU, Washington ha tratado de hacerse con Groenlandia en reiteradas ocasiones. La primera vez se produjo en 1867 tras la compra de Alaska. Entonces, el secretario de Estado, William H. Seward, trató de hacer lo mismo con Groenlandia. Unos años más tarde, en 1910, Washington buscó un canje de territorios con Dinamarca y, finalmente, en 1941, ocupó la isla cuando Dinamarca cayó en manos de las fuerzas alemanas. Entonces EEUU planteó tres opciones para Groenlandia: compra, alquiler u ocupación. Finalmente, se logró un acuerdo para el establecimiento de bases militares que se materializó en la base de Thule. Con la llegada de Trump, EEUU volvió a la carga con la anexión de Groenlandia. En su primer mandato planteó de nuevo la opción de compra, aunque no pasó de una excentricidad más. Ahora sí que parece que Trump ha tomado más en serio su obsesión por la isla danesa y, para ello, ha presionado a todos los gobiernos europeos.

Aunque Trump decida ahora no dar un paso más en sus pretensiones de adhesión de Groenlandia, ya ha vulnerado varios preceptos del Derecho Internacional Público. El primero y más grave es el Artículo 2.4 de la Carta de la ONU donde se prohíbe no solo el uso de la fuerza, sino también la mera amenaza. De hecho, la Corte Internacional de Justicia estableció en el caso EEUU. vs. Nicaragua (1986) que no era necesario el uso de la fuerza para que una acción fuera considerada una amenaza; solo era necesario que esa amenaza fuera creíble. Y lo es. La prohibición del uso de la fuerza e incluso la amenaza de esta no solo está recogida en el antes mencionado Artículo 2.4, sino que es considerada por la Corte Internacional de Justicia (caso RDC vs. Uganda) como una “piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas”, por lo que su violación es una amenaza contra el propio sistema internacional.

En una línea similar estarían las amenazas de Trump contra Groenlandia y contra los Estados que le apoyan, un hecho que supone una clara violación del principio de prohibición de coerción en las Relaciones Internacionales (Resolución 2625), ya que dicho principio prohíbe cualquier forma de coacción económica, política o militar destinada a subordinar el ejercicio de los derechos soberanos de un Estado como es Dinamarca.

Si bien es cierto que EEUU no ha ratificado el Estatuto de Roma (1998), el acto que puede ser objeto de su jurisdicción ocurrió en un Estado, Venezuela, que es parte del tratado desde el año 2000. Esta es la situación a la que están haciendo frente tanto Putin como Netanyahu, dos líderes que cuyos Estados tampoco forman parte de la Corte Penal Internacional

Las afirmaciones de Trump en relación con Groenlandia también constituyen una violación del principio de libre determinación recogido en los artículos 1.2 y 55 de la Carta de la ONU, en el art. 1 de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de las Resoluciones 1514 y 2625 de la ONU y de un gran número de sentencias del Tribunal Internacional de Justicia (Namibia 1971, Sáhara 1975, Timor Oriental 1995 y Kosovo 2010, entre otras).

Aunque el caso de Groenlandia puede considerarse un ejemplo de violaciones reiteradas del Derecho Internacional Público, resulta difícil atribuir responsabilidad penal al presidente Trump. Sin embargo, en Venezuela la situación es diferente, donde el mandatario americano sí que ha cometido un crimen de agresión que puede ser objeto de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El Artículo 8b de la enmienda del Estatuto de Roma plantea como crimen de agresión “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. “Una persona comete un 'crimen de agresión' cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.

La “Operación Resolución Absoluta” responde a estas características y, por lo tanto, entraría en el crimen de agresión. De hecho, los planes de Trump con Maduro no son muy diferentes a los que Putin tenía con Zelenski. La única diferencia entre ambos es que, mientras la operación americana fue un éxito, la rusa fue un fracaso.

Sin embargo, que eso acabe en un procesamiento penal real contra el presidente es prácticamente imposible. Cuando se incluyó el crimen de agresión en el Estatuto de Roma, este no estaba definido y quedaba en suspenso hasta aprobar una enmienda específica sobre el mismo. Esa enmienda, creada en 2010, establece las condiciones necesarias para juzgar un crimen de agresión y una de ellas es que el Estado en cuestión haya firmado la enmienda, algo que Venezuela no ha hecho. Es más, Venezuela ha decidido salirse del tratado que regula la Corte Penal Internacional, aunque dicha salida se hace efectiva un año después de la comunicación oficial al organismo.

Aunque la Corte tiene jurisdicción contra nacionales de países que no han firmado el tratado si cometen el crimen en territorio de un Estado miembro, en el caso del crimen de agresión, según la enmienda, es necesario que también el Estado del que es nacional el acusado sea miembro del Estatuto de Roma y haya firmado la reforma en cuestión. Cuando estas condiciones no se dan, la única alternativa es que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el caso al tribunal, pero teniendo a EEUU con capacidad de veto, resulta imposible. Este debate se dio también con la invasión rusa de Ucrania y, de hecho, Ucrania y el Consejo de Europa firmaron en 2025 un acuerdo para la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania y así solventar este problema de jurisdicción de la CPI.

Por otro lado, los ataques contra embarcaciones civiles, supuestamente dedicadas al narcotráfico, podrían ser calificados como “perfidia” (art. 37 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra). Si consideramos que existe un contexto de conflicto armado, el asalto a embarcaciones civiles podría considerarse un crimen de guerra tipificado en el art. 8 del Estatuto de Roma.

Además, la operación para secuestrar a Maduro no solo supuso una violación clara del Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, sino también del Ártículo 8b del Estatuto de Roma (1998) y del Pacto Briand-Kellog (1928) —considerado el precedente inmediato del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se consagra con carácter general la prohibición del uso de la fuerza—. Este último documento fue utilizado en los juicios de Núremberg para formalizar las acusaciones contra los líderes de la Alemania Nazi y del Japón Imperial. Entonces no había ley específica y se vulneró el principio de legalidad. Aquí hay ley, pero aplicarla es difícil.

Si bien Maduro es un presidente que ha violado reiteradamente los derechos humanos de los venezolanos, su detención fue absolutamente ilegal y viola el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la Tortura (1984) y la Convención de Ginebra (1949), al ser una detención ilegal, arbitraria y de carácter secreto. Además, en el caso de Maduro, al tratarse de un jefe de Estado, goza de inmunidad y solo puede ser detenido por un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional. Esta opción no fue utilizada por Trump, ya que EEUU no solo no ha ratificado el Estatuto de Roma, sino que además el actual presidente americano ha impuesto sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional.

El ataque del 3 enero supuso una agresión de Washington a Venezuela de carácter ilegal, ya que esta acción no entra en ninguna de las dos excepciones al uso de la fuerza: una acción autorizada por el Consejo de Seguridad o una acción contemplada en la legítima defensa del Artículo 51 Carta de la ONU. Al tratarse de una acción ilegal, Venezuela tendría derecho a reclamar una compensación o incluso a ejercer la legítima defensa, algo que evidentemente no hará. Sin embargo, EEUU lo enmarca como la detención de un criminal buscado por la justicia estadounidense, sin embargo, su secuestro viola múltiples tratados internacionales.

Sin embargo, resulta complicado pensar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emita una orden internacional de arresto contra Trump, lo cual no impide que Trump sea procesable, al menos, por un crimen de agresión. Una vía posible podría ser, por ejemplo, la jurisdicción universal que contemplan países como Alemania —y España hasta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014— y que permite que los mandatarios puedan ser juzgados cuando hayan cometido crímenes internacionales.

En palabras de uno de los padres del Derecho Penal Internacional, Antonio Cassese, la arquitectura jurídica internacional está pensada para aquel “individuo que asesina con sus propias manos a un grupo de personas (y) sabe que tiene las espaladas cubiertas, es decir, su propio Estado no lo castigará o de alguna manera tratará de aliviar su castigo”.

La Junta de Paz propuesta por Donald Trump el pasado mes de septiembre, con la que aspira a resolver la situación en Gaza, va cobrando forma. Pero no son pocas las voces palestinas que se oponen al organismo lanzado por el mandatario de Estados Unidos. Una de ellas es el abogado gazatí Raji Sourani, de visita en Barcelona, que ha criticado la medida en un encuentro a puerta cerrada en el CIDOB. “Nunca, en la historia de la ONU moderna y del Consejo de Seguridad se habían adoptado resoluciones que contradijeran sus propias decisiones y la Carta de Naciones Unidas”, ha manifestado.

El letrado, que huyó de Gaza al inicio del conflicto tras sobrevivir a un bombardeo que destruyó su casa, considera que la Junta de Paz no va a poder “ni acercarse” a una solución para el conflicto si excluye a la Autoridad Palestina. Estados Unidos ha llamado a participar en ella a más de sesenta países por un precio de 1.000 millones de dólares por asiento permanente. Sin embargo, tan solo una veintena han aceptado participar. Entre ellos, Israel, Hungría o Argentina.  

De llegar a crearse, Trump asumiría la presidencia del órgano de manera indefinida, incluso después de finalizar su mandato como presidente de Estados Unidos. Aunque inicialmente la Junta fue concebida para gestionar la reconstrucción de Gaza, devastada tras más de dos años de guerra, ahora su alcance pretende ampliarse también a la resolución de otros conflictos internacionales. Trump ha llegado incluso a sugerir que el organismo podría sustituir a la ONU.

“Será una junta de tecnócratas que decidirán por nosotros. Los palestinos no tenemos voz en nuestro futuro”, ha advertido el abogado.

Sourani forma parte del equipo de investigación ante la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Sudáfrica en 2023 por el que Israel está acusado de cometer crímenes de genocidio. Además, es fundador y director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, la principal organización de derechos humanos en la Franja de Gaza, desde donde se documentan abusos, se realizan investigaciones independientes y se ofrece apoyo legal a las víctimas de los Territorios Palestinos Ocupados.

La propuesta estadounidense de crear la Junta de Paz se planteó como parte de la segunda fase del plan de 20 puntos para el alto el fuego. En relación a este plan, Sourani sostiene que “el acuerdo no ha solucionado prácticamente nada”. “No se ha implementado ni una décima parte del plan de Trump y más de 500 personas han sido asesinadas por Israel desde entonces”, ha afirmado.

El abogado ha denunciado además que el 90% de los edificios de Gaza han sido destruidos y que el 80% de la población sigue dependiendo de la ayuda humanitaria. “Aunque algunos productos han vuelto al mercado, el 90% de los gazatíes no tiene ingresos y, por lo tanto, no puede comprarlos”, ha explicado. A ello se suma la falta de agua corriente y electricidad, así como el colapso casi total de los sistemas sanitario y educativo.

La única consecuencia positiva del acuerdo, según Sourani, ha sido la reducción del número de muertes diarias. “Antes se mataban entre 200 y 600 personas al día; ahora son entre 10 y 20, aproximadamente”. Sin embargo, considera que el plan ignora las causas estructurales del conflicto. “Es incoherente hablar de un acuerdo de paz cuando el texto no menciona ni una sola vez la palabra ocupación”, ha subrayado.

Sourani también lamenta la falta de rendición de cuentas con Israel. “Tenemos el conflicto mejor documentado de la historia y aun así somos incapaces de aplicar el derecho internacional”. “Gaza es una prisión a presión, donde la destrucción, el hambre y la violencia persisten, y los palestinos seguimos sin poder decidir sobre nuestras propias vidas”, ha recordado sobre las décadas de control israelí por tierra, mar y aire.

La Corte Penal Internacional (CPI) lanzó una orden de detención en 2023 contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en relación con supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Este jueves, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció una reunión con Putin en Budapest para “poner fin a la ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania”. Aunque Hungría es parte de la UE y todavía no se ha hecho efectiva su salida de la CPI, la Comisión Europea ha anunciado este viernes que “la presidenta Ursula Von der Leyen acoge con agrado cualquier medida que conduzca a una paz justa y duradera para Ucrania” .

“Desde el punto de vista de la Comisión Europea y de la presidenta Von der Leyen cualquier reunión que avance en el proceso de lograr una paz justa y duradera para Ucrania es bienvenida. Si la reunión propuesta avanza en esa dirección, lo veríamos como algo positivo”, ha comentado un portavoz de la institución europea.

Incluso la posición de la Comisión Europea va más allá, un portavoz ha asegurado que si el avión del presidente Putin sobrevuela su espacio aéreo de un país europeo, será el país europeo quien tendrá que decidir qué hacer, pero Bruselas no se plantea ahora decir nada más. El Ejecutivo comunitario añade que sobre Rusia y el presidente Putin hay sanciones dirigidas a la congelación de activos, pero “no hay una prohibición de viaje, per se”.

Hungría está aún obligada a cooperar con la CPI

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y todos los signatarios del tribunal están obligados a arrestar al presidente ruso si llega a su territorio.

Hungría anunció su salida de la CPI en abril de 2025. Pero, de momento, sigue estando obligada a cooperar con la Corte, incluido el deber de detener y entregar a personas sujetas a órdenes de arresto del tribunal.

Aunque Bruselas admite que “la UE apoya la Corte Penal Internacional y los principios establecidos en el estatuto de Roma” y que la CPI ya anunció que la salida de Hungría “solo entrará en vigor a partir del 2 de junio de 2026” y hasta entonces “sigue siendo, a todos los efectos, un Estado miembro con los mismos derechos y obligaciones”, la Comisión Europea no se ha querido mojar sobre las peticiones: “No haremos ninguna previsión para la próxima semana o las semanas venideras, así que no especularemos más ni prejuzgaremos lo que podría suceder en el futuro”, ante la desobediencia de Hungría por el futuro incumplimiento de la orden de arresto de Putin.

De hecho, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ya ha avisado que se asegurará de que Putin pueda entrar al país para la cumbre con Trump. “Nos aseguraremos de que entre en Hungría, tenga negociaciones exitosas aquí y luego regrese a casa”, ha dicho Szijjarto, según publica Reuters.

Hungría ya tiene experiencia en desobedecer las órdenes de arresto de la CPI: el primer ministro húngaro Viktor Orbán, recibió con honores en Budapest al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pesar de la orden de detención internacional emitida contra él.

La CPI ya denunció a Hungría ante su órgano supervisor por considerar que “incumplió sus obligaciones” legales al no arrestar a Netanyahu. A preguntas de elDiario.es sobre la posición de Hungría, un portavoz de la CPI se asegura que “no corresponde a los Estados determinar unilateralmente la solidez de las decisiones legales de la Corte” y que “cuando los Estados tienen algún tipo de conflicto sobre la cooperación con la CPI, pueden consultar a la Corte de manera oportuna y eficiente”.

“No hay necesidad de ningún tipo de consulta con nadie, somos un país soberano. Recibiremos (a Putin) con respeto, lo alojaremos y le proporcionaremos las condiciones para que negocie con el presidente estadounidense”, ha insistido el ministro de Exteriores húngaro.

Amnistía Internacional ya ha alertado en otras ocasiones de que cualquier viaje a un Estado miembro de la CPI que no termine en un arresto alentará la actual línea de acción del presidente ruso y debe considerarse parte de un esfuerzo estratégico para socavar la labor del tribunal internacional para procesar a los presuntos criminales de guerra.

Una segunda mujer ha presentado su testimonio ante la investigación sobre las acusaciones de abuso sexual contra Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), según ha podido saber The Guardian.

La mujer ha denunciado que, mientras trabajaba para el destacado abogado británico al principio de su carrera, este se comportó de manera inapropiada, sometiéndola a insinuaciones sexuales no deseadas, abusando de su autoridad sobre ella y presionándola repetidamente para que mantuviera relaciones sexuales.

Khan, que niega haber cometido “ningún tipo” de conducta sexual inapropiada, ha dimitido temporalmente como jefe de la división de la fiscalía de la CPI mientras espera el resultado de la investigación sobre otras acusaciones de abuso presentadas por otro miembro de su personal.

La investigación, iniciada el año pasado por un organismo de control de la ONU, recibió este verano las nuevas acusaciones de la segunda mujer. Se cree que los investigadores han llevado a cabo varias entrevistas para examinar sus denuncias, que se remontan a 2009.

En aquel momento, la mujer tenía veintitantos años y trabajaba como becaria no remunerada para Khan. Él era un destacado abogado defensor en la CPI y otros tribunales de crímenes de guerra en La Haya y había representado al expresidente liberiano Charles Taylor.

En declaraciones exclusivas al Guardian, la mujer dice que Khan abusó de su poder e influencia sobre ella y describió su comportamiento como un “ataque constante” de insinuaciones. “No debería haberlo hecho”, dijo. “Era mi jefe”.

La mujer habla bajo condición de anonimato, ya que teme represalias y consecuencias adversas para ella y su familia si se le identifica públicamente. Decidió dar un paso al frente después de leer las acusaciones más recientes contra Khan por parte de la otra trabajadora de la CPI.

El relato de la segunda mujer sobre el presunto maltrato de Khan contiene varias similitudes con las acusaciones de la empleada, cuyos detalles han sido compartidos por personas familiarizadas con sus denuncias. Ambas mujeres han alegado que Khan les pedía que fueran a trabajar a su casa. Allí, según afirman, se sentaba a su lado en el sofá, las tocaba, las besaba e intentaba persuadirlas para que se acostaran con él.

Los abogados de Khan no han abordado los detalles específicos de las acusaciones de ninguna de las dos mujeres, pero afirman: “Es totalmente falso que haya cometido cualquier tipo de conducta sexual inapropiada”.

Su equipo legal sotiene que Khan “niega categóricamente” haber “acosado o maltratado a ninguna persona, haber abusado de su posición o autoridad o haber incurrido en cualquier conducta que pudiera interpretarse como coercitiva, explotadora o profesionalmente inapropiada”.

Los abogados señalan que Khan había proporcionado pruebas detalladas a la investigación que “contradicen totalmente las acusaciones que se le han imputado” y “demuestran, en varios aspectos importantes, que esas acusaciones son manifiestamente falsas”.

Khan, de 55 años, fue elegido en 2021 para desempeñar un mandato de nueve años como fiscal jefe. Es, en efecto, la cara visible de la CPI, un tribunal permanente de última instancia que investiga y juzga a personas acusadas de atrocidades.

Desde que asumió el cargo, Khan ha elevado el perfil del tribunal y lo ha situado en el punto de mira de las grandes potencias, con órdenes de detención emitidas contra sospechosos como el ruso Vladímir Putin y el israelí Benjamin Netanyahu.

Su mandato se vio sacudido el año pasado cuando se hicieron públicas las acusaciones formuladas por una empleada de la CPI. La mujer, una abogada de unos 30 años que trabajaba directamente para él, alega que la conducta indebida se produjo durante un largo periodo entre 2023 y 2024.

El equipo legal de Khan afirma que su cliente "ha sido objeto de una campaña orquestada" y dice que es consciente de los intentos de "desacreditarlo y destruir su reputación personal a través de los medios de comunicación como consecuencia directa de su papel en la emisión de la orden de detención" contra Netanyahu

Khan y sus representantes han presentado la aparición de las acusaciones como parte de una campaña de actores externos hostiles para desacreditarlo y presionarlo en respuesta a las medidas que ha tomado contra Netanyahu y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

Aunque The Guardian tiene entendido que ha habido intentos por parte de actores proisraelíes de informar a los periodistas y filtrar información sobre la denuncia de la empleada de la CPI, no ha encontrado pruebas que sugieran que ninguna de las dos mujeres haya planteado las acusaciones como parte de un elaborado complot contra el fiscal.

Una vez que la investigación del organismo de control de la ONU haya concluido, sus conclusiones serán revisadas por un panel de expertos judiciales que asesorarán al órgano rector de la CPI sobre si se deben tomar medidas contra Khan.

Si se determina que ha cometido una “falta grave” o un incumplimiento grave de sus funciones, el fiscal podría enfrentarse a un castigo sin precedentes: una votación secreta en la que los 125 Estados miembros de la CPI decidirían sobre su destitución.

“Confusa y humillada”

Cuando las acusaciones de abuso sexual sacudieron la CPI el año pasado, Khan emitió un comunicado en el que insistía en que, en 30 años de trabajo en “contextos diversos”, “nunca nadie había presentado una denuncia de este tipo” contra él.

Patricia (nombre ficticio) dice que cuando leyó las acusaciones y vio la declaración de Khan, se le “encogió el corazón”. Dijo que anteriormente, como becaria al comienzo de su carrera, se había sentido incapaz de presentar una denuncia formal.

Patricia sostiene que antes de trabajar para Khan había considerado las prácticas como una oportunidad “emocionante y significativa”. “Karim era una persona bien relacionada y muy respetada que podía hacer que las cosas sucedieran, y alguien que te recomendaba”, recuerda.

Sin embargo, afirma que trabajar para Khan “tuvo un precio que no debería haber tenido”. “Ese precio me perturbó y angustió durante algún tiempo después”.

Según su testimonio, una de las primeras experiencias de la supuesta conducta inapropiada de Khan tuvo lugar en las oficinas del tribunal, donde afirmó que Khan le “manoseó” los pechos con una caricia “prolongada” que fue “completamente no consentida”.

“No fue como ”ups, te he rozado con el dorso de la mano, lo siento“”, cuenta. “Estaba demasiado cerca”.

Patricia dice que el incidente en la oficina le dejó “confusa y humillada”, pero durante las semanas siguientes se vio obligada a trabajar en estrecha colaboración con Khan en la preparación de un caso. Durante este periodo, dijo, Khan le pidió al menos en seis ocasiones que trabajara en su casa de La Haya, donde estarían solos los dos.

Dijo que cuando trabajaba en su apartamento tenía que lidiar con sus insinuaciones mientras intentaba hacer su trabajo. “Intentaba averiguar cómo mantener una relación normal y adquirir experiencia laboral sin acostarme con él y sucumbir”, dijo.

Esto era difícil, según ella: “Cuando estábamos en su casa era como un ataque constante. [Cada vez que trabajaba en el apartamento] era otra ronda de [Khan] sentado a mi lado en el sofá, tocándome, besándome e intentando convencerme de que me acostara con él”.

Patricia cuenta que en ese momento se sentía “atrapada”. Ella estaba cubriendo los gastos de las prácticas y consideraba que era vital recibir una carta de recomendación positiva de Khan. Quejarse no era una opción, dijo, y la elección a la que se enfrentaba era “perseverar o marcharse”.

“Para mí era fundamental superar la experiencia”, señala. “Recuerdo que iba a su casa y sentía que tenía que animarme, que tenía que fortalecerme”.

Dice que rechazó las peticiones explícitas de Khan de mantener relaciones sexuales. “Recuerdo que se me ocurrían todo tipo de excusas tontas para no acostarme con él, solo para intentar no enfadarlo”.

Dijo que, aunque se sentía “miserable” y deprimida mientras trabajaba para Khan, decidió quedarse. Una vez finalizadas las prácticas, recibió una carta de recomendación muy elogiosa. Cuenta que se sentía “como un pacto con el diablo”.

Patricia afirma que se mantuvo en contacto con Khan durante varios años porque sentía la necesidad profesional de mantener una buena relación con él. Con el tiempo se dio cuenta de cómo le había afectado el comportamiento de Khan.

Dice que el fiscal de la Corte le enviaba mensajes de vez en cuando mucho después de las prácticas, aunque ella acabó dejando de responder. En 2019 recibió lo que describió como un “mensaje extraño” de forma inesperada. Khan le dijo que pensaba en ella. Le agradeció su “buena compañía” y “ser una muy buena amiga”.

“Karim, no me hace feliz saber de ti, por eso no te respondo. Me gustaría que no te pusieras en contacto conmigo, por favor, no lo hagas más”, respondió ella. No volvió a saber nada de Khan.

Casos similares

Después de leer sobre las acusaciones de la empleada de la CPI contra Khan el año pasado, Patricia se puso en contacto con The Guardian. Dice que le “perturbaba” que, tantos años después, algo similar a su experiencia hubiese ocurrido de nuevo.

Este verano prestó testimonio formal ante la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de la ONU, el organismo que investiga las acusaciones de la empleada de la CPI. Una fuente familiarizada con la investigación sostiene que el organismo de control había revisado el material compartido por Patricia y entrevistado a personas cercanas a ella. Un portavoz de la OSSI ha señalado que el organismo no hará declaraciones durante la investigación.

Durante los últimos nueve meses, los investigadores han estado examinando las acusaciones de la empleada de la CPI. Como informó The Guardian el año pasado, sus denuncias incluyen acusaciones de comportamiento sexual coercitivo y abuso de autoridad. Se dice que la presunta conducta sexual inapropiada tuvo lugar en habitaciones de hotel durante viajes de trabajo, en la oficina de Khan en la CPI y en su domicilio.

Desde entonces, han salido a la luz nuevos detalles sobre las acusaciones de la empleada. Varias fuentes de la CPI y otras personas con conocimiento de las denuncias afirman que se produjeron múltiples casos de presunto abuso sexual en la casa de Khan después de que se le pidiera que acudiera allí por motivos de trabajo.

Según dos fuentes, la empleada ha alegado que Khan solía llevarla al sofá del salón, donde le tocaba e intentaba persuadirla para que mantuviera relaciones sexuales. Se dice que ella intentó evitar sus insinuaciones y puso excusas para marcharse.

La empleada ha descrito las insinuaciones de Khan en su casa como “incesantes”. En uno de los registros de las acusaciones, ella dijo: “Él intentaba besarme y yo siempre apartaba la cabeza y me echaba hacia atrás y él me decía que dejara de moverme y me decía ”bésame, bésame“”.

La postura de Khan

El bufete de abogados que representa a Khan, Carter-Ruck, sostiene que su cliente tiene un historial intachable y niega las acusaciones. Afirman que Khan está “cooperando de forma plena y transparente” con la investigación en curso, pero que tiene “serias dudas sobre si la investigación puede garantizar el debido proceso”.

El equipo legal afirma que Khan “ha sido objeto de una campaña orquestada” y dice que es consciente de los intentos de “desacreditarlo y destruir su reputación personal a través de los medios de comunicación, como consecuencia directa de su papel en la emisión de las órdenes de detención” contra Netanyahu y Gallant.

El año pasado, The Guardian, junto con la publicación plaestino-israelí +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call, reveló cómo las agencias de inteligencia israelíes habían llevado a cabo una campaña contra la CPI. Esto incluyó una operación del Mossad que intentó intimidar y difamar a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda.

En este contexto, Khan y las personas que actúan en su nombre han tratado de sugerir en privado y a los periodistas que él es objeto de una iniciativa similar por parte de la inteligencia israelí.

En las últimas semanas, medios como Middle East Eye (MEE) y Le Monde han publicado informes sobre las presiones que supuestamente se han ejercido sobre Khan. Un artículo de MEE afirmaba que la investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra israelíes se había “desviado por amenazas, filtraciones y acusaciones de carácter sexual”, y planteaba dudas sobre la fiabilidad de las acusaciones del miembro del personal.

Cinco fuentes de la CPI familiarizadas con la respuesta de Khan a las acusaciones cuando estas salieron a la luz por primera vez dijeron a The Guardian que su equipo concluyó que era muy improbable que las denuncias de abusos formaran parte de una operación de inteligencia. Una de las fuentes afirmó que los intereses proisraelíes “pueden haber explotado la historia, pero no la crearon”.

La empleada de la CPI que se encuentra en el centro de la investigación se ha sentido especialmente afligida por las insinuaciones de que forma parte de un complot proisraelí, según personas que la conocen. Señalan que es musulmana y que en la fiscalía se sabía que había apoyado la investigación sobre los crímenes cometidos por altos funcionarios israelíes en Gaza.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, entre otros.

La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal, Karim Khan.

Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canada; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji; y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

“Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.

La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EEUU y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.

La jueza Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En algunos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán.

De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán.

Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

EEUU rechaza estas investigaciones y considera al Estado israelí como un estrecho aliado.

El pasado mes de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel. Según dijo, la Corte ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, y le acusó de “abusar de su poder”.

“EEUU ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (”lawfare“) contra EEUU y nuestro cercano aliado Israel”, añadió este miércoles Rubio en un comunicado.

Esta corte, creada por el Estatuto de Roma, se centra juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, países como EEUU, China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

La Corte responde

La Corte Penal Internacional ha denunciado como “un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial” las nuevas sanciones y ha advertido que no se dejará “intimidar” por esas “presiones o amenazas”.

En un comunicado, la CPI subrayó que respalda “firmemente” a su personal y a las víctimas de las “atrocidades inimaginables” que la oficina del fiscal está investigando, desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas y varios países africanos.

“La CPI seguirá cumpliendo con sus mandatos, sin dejarse intimidar, en estricta conformidad con su marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin atender a restricciones, presiones o amenazas”, advirtió hoy la CPI.

Netanyahu, por su parte, ha celebrado las sanciones. “Felicito a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, por decidir imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya”, dijo en un comunicado. “Este es un acto decisivo contra la falsa campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel y a favor de la verdad y la justicia”.

Nueva defensa de EEUU a Israel, que esta vez lleva consigo un ataque. Donald Trump ha decidido imponer sanciones a cuatro juezas por las “acciones ilegítimas de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos e Israel”. La medida, según Washington, responde a lo que considera una “politización y abuso de poder” por parte del tribunal con sede en La Haya.

Pero lo cierto es que el tribunal internacional, que vio la luz a finales de la década de los 90, tiene como objetivo que los crímenes más graves que se pueden cometer no queden impunes. Esta idea central de la Corte, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo de 2024, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.

Y eso a Estados Unidos no parece gustarle cuando se trata de sus amigos.

Así, el Departamento de Estado de EEUU, encabezado por Marco Rubio, ha comunicado este jueves que impone “sanciones contra personas extranjeras involucradas en ciertas acciones de la CPI, especialmente aquellas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos. Las juezas sancionadas han participado directamente en decisiones que autorizaron investigaciones o la emisión de órdenes de arresto contra personal estadounidense o altos cargos israelíes”.

Las juezas son: Solomy Balungi Bossa, jueza de la Sala de Apelaciones; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Sala de Apelaciones; Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio; y Beti Hohler, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio.

Según informa el Departamento de Estado, Bossa e Ibáñez Carranza autorizaron la investigación de la CPI sobre la actuación de militares estadounidenses en Afganistán en 2020, mientras que Alapini-Gansou y Hohler avalaron la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

Minutos después del anuncio del gobierno de EEUU, la CPI condenó sus acciones. “Estas medidas son un intento claro de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, dijo el portavoz del organismo, Fadi El Abdallah, en un comunicado: “Apuntar contra quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en conflictos. Solo da alas a quienes creen que pueden actuar con impunidad”.

En febrero, el fiscal jefe de la corte con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” de Washington, lo que le prohíbe hacer negocios con ciudadanos estadounidenses y le impone restricciones para entrar en Estados Unidos.

Khan, que estaba preparando órdenes de arresto contra los dos ministros más extremistas del Gobierno israelí cuando anunció a mediados de mayo que se apartaba del cargo hasta que finalice la investigación en su contra por conductas sexuales inapropiadas con una empleada del tribunal, según desveló el periódico The Wall Street Journal citando a extrabajadores y trabajadores actuales de la CPI.

Las sanciones

A partir de esta decisión, dice el Departamento de Estado de EEUU, quedan bloqueados todos los bienes y activos de las juezas mencionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y deben ser informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Además, se prohíben las transacciones con las personas sancionadas, ya sea por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de EEUU, salvo autorización expresa de la OFAC. Esto incluye el envío o recepción de fondos, bienes o servicios.

Marco Rubio: “Es un vergonzoso ataque a EEUU y a Israel”

“Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel, sin el consentimiento de Estados Unidos o Israel”, ha dicho Marco Rubio: “Como juezas de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas y sin fundamento de la Corte dirigidas contra Estados Unidos o nuestro aliado, Israel. La CPI está politizada y afirma falsamente tener una jurisdicción sin restricciones para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros aliados. Esta afirmación peligrosa y de abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”.

“Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos frente a acciones ilegítimas de la CPI”, ha dicho el secretario de Estado: “Hago un llamamiento a los países que aún apoyan a la CPI —muchos de los cuales deben su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses— para que luchen contra este vergonzoso ataque a nuestra nación y a Israel”.

La UE sale en defensa del tribunal

Sin mencionar directamente a EEUU, la UE ha salido en tromba en defensa de la labor de la CPI tras las sanciones. El primero en pronunciarse ha sido el presidente del Consejo Europeo, el socialista António Costa, que es una de las voces que está defendiendo con más vigor a Palestina frente a la matanza de Israel.

“La UE apoya firmemente a la Corte Penal Internacional, piedra angular de la justicia internacional”, ha expresado en la red social X (antes Twitter) en la que ha recordado que el tribunal “no se opone a las naciones, sino a la impunidad”. “Debemos proteger su independencia e integridad. El Estado de derecho debe prevalecer sobre el poder”, señala.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que por el contrario arrastra los pies en las críticas a Benjamín Netanyahu, ha tardado un rato más. “La Comisión apoya plenamente la Corte Penal Internacional y a sus funcionarios. La CPI exige cuentas a los autores de los crímenes más graves del mundo y da voz a las víctimas. Debe ser libre de actuar sin presión. Siempre defenderemos la justicia global y el respeto del derecho internacional”, ha dicho a través de la misma red social.

La última ha sido la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y lo ha hecho en términos similares de apoyo: “Debe permanecer libre de presiones y fiel a sus principios. Siempre apoyaremos su labor vital y protegeremos su independencia”.

No obstante, en Bruselas no se pronuncian todavía sobre la petición que ha hecho Eslovenia –una de las juezas sancionadas es de ese país– de bloquear inmediatamente esas sanciones. Lo que sostiene la Comisión Europea es que bajo el estatuto puede garantizar protección a los miembros de la CPI, pero aún no ha recibido la petición formal. “Estamos monitorizando las implicaciones de la orden ejecutiva y luego evaluaremos cualquier posible paso”, dice una portavoz.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, estaba preparando mandatos de arresto contra los dos ministros más extremistas del Gobierno israelí cuando anunció a mediados de mayo que se apartaba del cargo hasta que finalice la investigación en su contra por conductas sexuales inapropiadas con una empleada del tribunal. Así lo desvela el periódico The Wall Street Journal citando a extrabajadores y trabajadores actuales de la CPI.

Los dos ministros que estaban en el punto de mira de Khan son los de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, conocidos por sus posturas ultranacionalistas y xenófobas respecto a los palestinos. Según las fuentes, que hablaron con el periódico de forma anónima, los casos contra ellos se basaban en su papel en la expansión de los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. Las fuentes agregaron que los fiscales de la CPI han estado evaluando si Smotrich y Ben Gvir cometieron crímenes de guerra al impulsar la construcción de los asentamientos, considerados ilegales de acuerdo con la legislación internacional.

La CPI emitió el pasado mes de noviembre dos órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza, después de que Khan solicitara ambos mandatos en unos meses antes.

Desde que el fiscal jefe pidió a la CPI que actuara contra Netanyahu, el Gobierno de Israel ha criticado y atacado repetidamente al tribunal de La Haya. Tras la emisión de las órdenes de detención contra el primer ministro y el entonces titular de Defensa, Ben Gvir propuso anexionarse todo el territorio palestino: “La respuesta a las órdenes de detención: aplicar la soberanía sobre todas las zonas de Judea y Samaria [Cisjordania] y asentamientos judíos en todo el territorio”.

El presidente Donald Trump también ha castigado a Khan por “sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados”, en referencia a Israel, imponiendo sanciones contra el fiscal jefe poco después de regresar a la Casa Blanca el pasado mes de enero. El diario WSJ señala que las fuentes de la CPI y expertos legales temen que la emisión de nuevas órdenes de arresto contra ministros israelíes podrían llevar a Estados Unidos a tomar represalias contra el propio tribunal, “un acto que podría paralizar a la institución al aislarla efectivamente del sistema financiero estadounidense”.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha decidido apartarse desde hoy del cargo hasta que finalice la investigación en su contra por conductas sexuales inapropiadas con una empleada del tribunal de La Haya, según ha comunicado este viernes la oficina del propio fiscal.

“El 16 de mayo de 2025, el fiscal comunicó su decisión de tomar licencia hasta la finalización del proceso de la OSSI (Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas)”, informa la oficina de Khan en un comunicado recogido por la Agencia EFE.

La gestión de la Fiscalía de la CPI recaerá en los fiscales adjuntos durante su ausencia, según la misma fuente. Cuando el pasado mes de octubre surgieron las acusaciones contra Khan, varias ONG y miembros del personal de la CPI pidieron que el fiscal jefe que dejara el cargo de forma temporal mientras durara la investigación, pero ha permanecido al frente del tribunal hasta ahora.

Fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, que hablaron bajo condición de anonimato, han señalado que Khan habló con investigadores de la ONU la semana pasada en lo que se cree que fue la última entrevista de la investigación externa sobre las acusaciones, iniciada el pasado diciembre. No está claro cuándo finalizará la investigación.

El periódico The Guardian desveló a finales del pasado octubre que Khan intentó convencer a la presunta víctima para que no siguiera adelante con una denuncia formal, después de que el fiscal jefe supiera que las acusaciones de conducta inapropiada habían llegado a las autoridades de la CPI. Las acusaciones contra Khan, de 54 años, incluyen tocamientos sexuales no deseados y “abusos” durante un largo período, incluso un supuesto incidente en el que Khan habría “presionado con su lengua” el oído de la mujer, según un documento al que tuvo acceso The Guardian.

Hace un año, Khan solicitó órdenes de detención contra los máximos responsables políticos y militares del Gobierno israelí, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, y del grupo islamista Hamás, por crímenes cometidos en Israel y los territorios palestinos a partir del 7 de octubre de 2023. Unos meses más tarde, en noviembre de 2024, la CPI emitió las órdenes de detención contra Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra cometidos en la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El tribunal dijo que había encontrado “motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

Desde que Khan solicitó las órdenes de arresto Internacional, Netanyahu y su Gobierno han atacado reiteradamente al fiscal y a la CPI, y han contado con el respaldo de varios países que han asegurado que no aplicarían esas órdenes ni arrestarían al jefe del Gobierno israelí.

El expresidente filipinio Rodrigo Duterte, que se encuentra detenido en La Haya, lidera con un amplio margen de votos la carrera por la alcaldía de su bastión sureño, según los resultados provisionales de las elecciones a mitad de mandato celebradas este lunes, unos comicios marcados por la disputa entre el presidente, Ferdinand Marcos Jr., y la familia del exmandatario.

Duterte se hizo con 618.398 votos en la ciudad de Davao, que gobernó durante más de tres décadas antes de dar el salto a la presidencia entre 2016 y 2022, lo que representa más del 85% de los votos en su bastión sureño.

El expresidente fue detenido el pasado marzo en Filipinas tras ser acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes contra la humanidad, en el marco de su cruenta guerra contra las drogas. Según datos de la Policía, unas 6.000 personas murieron en asesinatos extrajudiciales y operativos antinarcóticos, aunque ONG locales elevan la cifra a 30.000.

Su arresto se ha convertido en un tema central de estos comicios, en los que además de 18.000 puestos de la administración local también estaba en liza la totalidad de la Cámara de Representantes y la mitad del Senado.

Por ello, las elecciones se han convertido tanto como un referéndum a las políticas de Marcos Jr. como en un baremo a la popularidad del clan Duterte.

Según los resultados provisionales los candidatos impulsados por Marcos Jr. al influyente Senado y los avalados por el clan Duterte quedaron empatados.

“El abogado ante la CPI dijo que, una vez recibamos los documentos (en caso de ganar), podremos intentar que el expresidente Rodrigo Duterte preste juramento”, afirmó el lunes su hija Sara, vicepresidenta del país asiático, después de votar.

No obstante, con Duterte en La Haya a la espera de que comience su juicio el próximo septiembre ante la CPI, no está claro quién asumirá las funciones de alcalde.

Además de la victoria provisional del patriarca del clan Duterte, a la espera de que la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC) publique los resultados definitivos la semana próxima, el recuento no oficial indicó el dominio de la dinastía en Davao.

Su hijo Sebastian Duterte lideraba con un 83% de los votos la carrera por la vicealcaldía de la urbe sureña, mientras que otro de sus vástagos, Paolo, se encontraba a la cabeza del recuento como aspirante a la cámara baja del Congreso en uno de los distritos de Davao. Igual que dos nietos del expresidente, en liza para puestos de la administración local.

Aunque la vicepresidencia no está en juego, las elecciones determinarán la composición del influyente Senado y por tanto el futuro de Sara Duterte.

La vicepresidenta se enfrenta a un reguero de acusaciones de corrupción en el marco de un juicio político ante la cámara alta del Congreso que podrían desembocar en su destitución, eliminando sus opciones de optar a dirigir el país en 2028. 

España va a presentar como candidata a jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) a la jurista Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional de la UNED y antiguo miembro y relatora especial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, además de directora de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. La candidatura de Escobar, firme defensora del multilateralismo en las relaciones internacionales, es un refrendo del Gobieno a la Corte en un momento en que su papel está en entredicho por la reticencia de múltiples gobiernos a cumplir sus mandatos de arresto a dirigentes israelíes.

Escobar (Madrid, 1959) formó parte de la delegación española en la Conferencia de Roma para la creación de la CPI en 1998, y en la Conferencia de Kampala sobre la revisión del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (2010), en la que fue Presidenta del Comité de Redacción. El Ministerio de Asuntos Exteriores alaba su “profundo conocimiento del derecho internacional y de la Corte Penal Internacional” y “destacada capacidad de diálogo en entornos internacionales”.

El ministro José Manuel Albares ha remitido una carta a los otros 124 estados parte de la CPI para defender la candidatura de Escobar para el mandato 2027-2036, que se dirimirá a finales del año que viene. En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que “en un contexto internacional marcado por el aumento de conflictos armados y los crecientes desafíos a la legalidad internacional” considera “esencial reforzar los pilares que garantizan la rendición de cuentas, la protección de las víctimas y el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.

“En estos momentos en los que la Corte enfrenta crecientes desafíos, incluidos presiones externas, España mantiene una postura clara: defender la independencia de la Corte Penal Internacional, apoyar el respeto de sus decisiones y activar los instrumentos jurídicos necesarios para proteger su mandato. Así se lo he podido trasmitir recientemente al Fiscal Khan y al Vicepresidente Aitala”, añade Albares. El fiscal Karim Khan, que ha acusado al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el comportamiento israelí en Gaza, ha denunciado públicamente las presiones sufridas por el tribunal.

España también se ha convertido en uno de los principales contribuyentes de la CPI. En 2023 la aportación voluntaria fue de seis millones de euros, de los cuales más de cinco millones se destinaron a reforzar la labor de la Fiscalía y a apoyar el Fondo en Beneficio de las Víctimas. El año pasado se comprometiron dos millones de euros, que incluyen apoyo a la ciberseguridad de la Corte.

La CPI tiene 18 magistrados elegidos para un mandato de nueve años por la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, compuesta por 125 Estados. Los jueces se renuevan por terceras partes cada tres años y no cabe reelección. En los últimos años, España remitió la situación en Ucrania al Fiscal en marzo de 2022, y posteriormente se personó —aunque no como parte— en los procedimientos relativos a Palestina. También ha advertido al tribunal sobre los crímenes cometidos por los talibanes contra mujeres y niñas en Afganistán.

“La justicia es una decisión netamente política de los países que componen el Estatuto de Roma”, denunciaba este miércoles el juez Baltasar Garzón durante el debate ‘La esperanza de Justicia en el mundo’, en el que también participó la periodista Olga Rodríguez. El encuentro, organizado por la fundación Éxodus y el Instituto Cervantes, tuvo como objetivo analizar si, en un mundo marcado por la crisis internacional, la desigualdad y las guerras, el principio de justicia universal sigue siendo aplicable hoy en día.

Durante su intervención, Garzón denunció la inacción política de los gobiernos que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el de España. “No he visto una movilización por parte de los gobiernos más allá de las declaraciones”, afirmó, lamentando la falta de credibilidad en el sistema judicial internacional como motor de transformación. “Hay miedo. Y el miedo anula la esperanza y la vida”, repitió en diversas ocasiones citando al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

Por su parte, Rodríguez evidenció “el sentir y la preocupación colectiva al ver cómo se extiende la impunidad”. Parafraseando a una de las voces más reconocidas del activismo internacional, Angela Davis, la periodista reivindicó: “Estamos en tiempos en los que hay que defender la esperanza como disciplina. Y en ese argumentario, hay una obligación en sí misma. No desde la impunidad, sino desde la necesidad absoluta”.

Si bien ambos ponentes reconocen que el derecho internacional ha dado pasos importantes —como la orden de arresto contra dos mandatarios israelíes por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, o el dictamen emitido por el mismo tribunal el pasado julio que recordaba a los Estados miembros que es ilegal dar apoyo o asistencia a la ocupación de Israel en territorios palestinos—, a día de hoy, las masacres continúan.

La semana pasada, Viktor Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional tras recibir a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí buscado por la CPI por crímenes de guerra. Pero su caso no es una excepción: varios países de la UE, entre ellos Alemania y Francia han puesto en cuestión la orden de la CPI.

“Hay mucho cinismo”, recordó Rodríguez. “Sectores que operan con hipocresía y que han pasado de ahí al cinismo. Si no hay justicia, ¿qué es lo que tenemos? La extensión del espacio para la impunidad, y eso es la ley del más fuerte y del que está dispuesto a utilizar la fuerza bruta”. Rodriguez recordó que, Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, invitó a Netanyahu a una visita oficial, según informó la oficina del primer minisro de Israel.

Autoproclamado como un pesimista positivo y sin ninguna intención de querer quedarse callado a sus 69 años, para Garzón la situación es muy clara: “Hay actores que actúan y otros que impiden actuar. Y hasta que no conectemos estos dos ámbitos y nos creamos que la justicia internacional da esperanza, no vamos a avanzar”. Defender la justicia universal “no es cuestión de ser de extrema izquierda o no. Tenemos casi todos los instrumentos, pero solamente hay que creer. Es una cuestión de voluntad”.

Jueces al servicio público

Cuestionando la narrativa oficial israelí sobre Gaza, Garzón desmintió la idea de que todo lo que se encuentra en la Franja es Hamás. “Es un poco sui géneris y, desde luego, falsa”. Según el juez, no hay duda de que Israel está cometiendo un exterminio: “En Gaza se han desbordado todos los límites desde hace mucho tiempo. Y se ha hecho a ciencia y conciencia”.

Pero el juez quiso poner el foco en quienes, desde fuera, sostienen ese horror: “¿Quién está financiando todo esto? Todos aquellos que están suministrando armas para las acciones que se están desarrollando en Gaza. No son armas para proteger a la población. Y eso tiene financiación, tiene empresas detrás. En definitiva, eso también interpela directamente a la CPI”.

En ese sentido, el experto se pregunta por qué el fiscal general de la Corte no ha abierto todavía un procedimiento contra los empresarios —no solo estadounidenses, sino también de países miembros del Estatuto de Roma— que se benefician del negocio armamentístico vinculado al conflicto. “Los jueces son servidores públicos que representan a todos los ciudadanos de la comunidad internacional, y en ese sentido, el fiscal general debe asumir la presión propia de su cargo”, afirmó. “Las preguntas deberían hacerse a los presidentes, como a Pedro Sánchez. Hay acuerdos en casi todos los temas, pero a la hora de la justicia, todo el mundo guarda silencio y desaparece”.

Aunque reconoció las dificultades a las que se enfrentan los fiscales, Garzón recordó que disponen de herramientas suficientes para actuar: “Tienen a su disposición a toda la Policía y la Guardia Civil de España, porque España es un Estado miembro y ha ratificado el Estatuto de Roma. Como también lo es Francia, Portugal y los 127 países que han ratificado el estatuto. Pero otra cosa es que se quiera hacer. O nos creemos la justicia penal internacional o lo dejamos. Porque estamos dando falsas esperanzas a las víctimas”, concluyó.

Defender la jurisdicción internacional

El principio de jurisdicción universal permite a un Estado o tribunal ejercer su autoridad legal sobre crímenes cometidos fuera de su territorio, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, cuando se trata de delitos especialmente graves como los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio. Sin embargo, no todos los países reconocen o aplican este principio de la misma forma.

En el caso español, la aplicación de la justicia universal fue pionera y ejemplar durante años. Uno de los hitos más recordados fue en 1998, cuando el mismo Baltasar Garzón ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, marcando un antes y un después en la lucha contra la impunidad a nivel internacional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, España ha ido restringiendo progresivamente el alcance de este principio. En 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una primera reforma con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV. Desde entonces, la Audiencia Nacional solo puede investigar crímenes cometidos en el extranjero si el acusado se encuentra en España, alguna víctima es de nacionalidad española o existe un vínculo claro con el país. Cinco años después, en 2014, el gobierno del PP impulsó una segunda reforma aún más restrictiva, estableciendo requisitos más estrictos y limitando el margen de actuación judicial.

A día de hoy, las Naciones Unidas no han logrado llegar a ningún consenso a la hora de definir qué es la jurisdicción universal. Pero “su grandeza”, señalaba Garzón, “es que es un principio que se va generando y, por mucho que en algunos países se restrinja, se abren otras puertas”. Ejemplo de ello fue la querella argentina contra los crímenes del franquismo –que nunca se han investigado en España– en 2010 que sigue abierta y se sigue investigando, explicaba el magistrado como ejemplo para hacer entender que la puerta de la justicia universal no se va a cerrar pese a que los gobiernos de cada país impongan muchos condicionantes.

Acciones políticas como la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 han fortalecido la aplicación de la justicia universal en España, al facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Un ejemplo reciente es la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre las torturas sufridas por Blanca Serra, detenida por la brigada político-social en la comisaría de Vía Laietana. Otro caso destacado es la querella presentada este martes en Paterna, que se suma a las más de 115 interpuestas en todo el Estado para exigir la investigación judicial de crímenes del franquismo que, hasta hoy, siguen impunes.

Pero ante los avances que se puedan dar, para el experto, lo que sucede en España es que la justicia española “no sigue la ley de 2022 que dice que tienen que ir a las fosas y que tienen que haber procedimientos”. Y, para cambiarlo, “los jueces tienen que tener las ganas y la convicción de hacerlo”, concluyó finalmente.

“Ante ello, qué tenemos que hacer: convencer a los políticos, al Parlamento y a los grupos políticos de que tienen que modificar la ley de jurisdicción universal, la ley de 2014 hay que reformarla”, concluyó.

El abogado estadounidense Reed Brody es un jurista bien conocido en los circuitos internacionales de derechos humanos. Lleva cuatro décadas trabajando en casos contra represores y dictadores en todo el mundo, reuniendo pruebas y articulando casos de vulneraciones de derechos. Durante veinte años fue consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch.

Además, tuvo un papel relevante en la acusación contra el dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, ha encabezado misiones de Naciones Unidas en El Salvador o la República Democrática del Congo, coordinó el equipo jurídico para llevar a juicio los crímenes del exdictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, y logró la condena por crímenes de lesa humanidad contra el exdictador chadiano Hissène Habré.

Actualmente trabaja con las víctimas del ex dictador de Gambia, Yahya Jammeh, es miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua y forma parte del European Center for Constitutional and Human Rights y de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWN).

Como integrante de esta última, ha participado en la solicitud ante la Corte Penal Internacional -anunciada públicamente esta semana- para que investigue la contribución y complicidad con las masacres israelíes en Gaza del expresidente Joe Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken, y su secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Es la primera vez que una organización de derechos humanos con sede en EEUU señala a un expresidente estadounidense ante la Corte de La Haya por complicidad en crímenes de guerra y de lesa la humanidad. Sus portavoces destacan la importancia de pedir rendición de cuentas “para evitar mayor impunidad en el futuro”.

Reed Brody responde vía telefónica a las preguntas de elDiario.es sobre esta denuncia.

Los dirigentes israelíes no actuaron solos. Quienes ayudan también pueden ser penalmente responsables

¿En qué se basa esta solicitud de 172 páginas que han presentado ante la Corte de La Haya, cómo surge?

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra líderes de Hamás por los crímenes del 7 de octubre de 2023 y contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el por entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes en Gaza, incluido el uso del hambre como método de guerra, los ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

Pero los dirigentes israelíes no actuaron solos. Según el artículo 25 del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, las personas que ayuden e inciten a cometer estos crímenes también pueden ser consideradas penalmente responsables.

Debe demostrarse que ayudaron o alentaron la comisión de un delito, contribuyendo así a su comisión, y deben haberlo hecho con conocimiento, lo que significa que al menos han tenido que ser conscientes de que el delito del autor principal -los crímenes cometidos por oficiales israelíes- ocurrirá en el curso normal de los acontecimientos.

Biden, Blinken y Austin han sido cómplices de los crímenes de Israel no solo política y moralmente, sino también legalmente

¿En qué se concreta la complicidad de Biden, Blinken y Austin?

Nuestra solicitud ante la Corte Penal Internacional presenta extensas pruebas que muestran que el presidente Joe Biden, su secretario de Estado Antony Blinken y su secretario de Defensa Lloyd Austin han contribuido sustancialmente a los crímenes israelíes, con el conocimiento de que se estaban llevando a cabo.

Las bombas que Israel ha utilizado para destruir hospitales, escuelas y hogares son bombas estadounidenses que ellos proporcionaron. La campaña de asesinato y persecución de Israel se ha llevado a cabo con el apoyo político estadounidense que ellos facilitaron. Estas autoridades eran conscientes de los crímenes que Israel estaba cometiendo y, sin embargo, se aseguraron de que el apoyo nunca se detuviera.

En otras palabras: Biden, Blinken y Austin no solo han sido cómplices política y moralmente, sino también cómplices legalmente de los crímenes de Israel.

Desde el 7 de octubre de 2023 hasta enero de 2025, cuando dejaron el cargo, estos oficiales estadounidenses aprobaron y facilitaron al menos 17.900 millones de dólares en envíos de armas a Israel, proporcionaron inteligencia en tiempo real y coordinación militar a las fuerzas israelíes, y vetaron múltiples resoluciones de alto el fuego en Naciones Unidas, asegurando que Israel pudiera continuar con sus atrocidades sin consecuencias.

Eran conscientes de los crímenes que Israel estaba cometiendo y, sin embargo, se aseguraron de que el apoyo no se detuviera

¿Qué pasos podría dar la Corte de la Haya en ese sentido?

El fiscal de la Corte Penal Internacional ya tiene abierta una investigación sobre los crímenes cometidos por Hamás y mandatarios israelíes, y esperamos que tenga en cuenta las pruebas que le hemos proporcionado.

El fiscal no suele hablar públicamente sobre las investigaciones en curso, pero esperamos que se presenten nuevas acusaciones contra otros oficiales israelíes. Nosotros estamos diciendo que también se debe investigar a los oficiales estadounidenses.

Lo han solicitado en base al artículo 15 del Estatuto de Roma, ¿qué establece este Estatuto?

Bajo ese artículo individuos, víctimas y ONG pueden facilitar información al fiscal de la Corte Penal Internacional.

¿Hay algún precedente similar en el pasado?

Este caso se basa en principios y precedentes jurídicos bien establecidos. Uno de esos precedentes es la condena a Charles Taylor por el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. El expresidente de Liberia está cumpliendo ahora una condena de 50 años en una prisión británica por complicidad en crímenes de guerra al proporcionar armas a una fuerza rebelde abusiva en Sierra Leona, un país en el que nunca puso un pie.

Ese tribunal determinó que Taylor sabía de las atrocidades que sus aliados de Sierra Leona estaban cometiendo contra los civiles, pero siguió enviando armas a los rebeldes y proporcionándoles apoyo y estímulo político y moral.

Imaginemos a un hombre en una matanza que corre a una tienda de municiones y le pide al dueño (que sabe lo que está haciendo el asesino): “rápido, rápido, necesito más municiones”. Y el dueño de la tienda se las vende, pero le dice “por favor, ten cuidado con cómo las usas”. Eso es similar a la situación que estamos viendo, excepto que en el caso de Israel y Estados Unidos sucedió una y otra vez, y Biden y los demás incluso impidieron que el mundo tomara medidas para detener los crímenes.

El fiscal estaría en una posición sólida para abrir una investigación contra Trump por sus sanciones a la Corte Penal Internacional

Recientemente el presidente Donald Trump ha establecido sanciones contra la Corte Penal Internacional. ¿Puede este tribunal de La Haya responder de algún modo ante ello?

Por supuesto. El artículo 70 del Estatuto de Roma tipifica como delito contra la administración de justicia el obstaculizar o intimidar a un funcionario judicial o tomar represalias contra un funcionario judicial.

En este caso, el fiscal de la Corte, Karim Khan, ha acusado a Gallant y a Netanyahu, y Donald Trump ha respondido imponiendo sanciones a Khan y a la Corte. Por lo tanto, el fiscal estaría en una posición sólida para abrir una investigación contra Donald Trump por estas sanciones.

¿Por qué es importante implementar el derecho internacional ante crímenes de estas características?

Los cargos contra Netanyahu y Gallant han marcado un hito en la historia de la justicia internacional. Por primera vez, en sus veintidós años de existencia, la Corte Penal Internacional acusa a un aliado de Estados Unidos. De hecho, casi ningún tribunal internacional desde la Segunda Guerra Mundial lo había hecho nunca.

Hasta esta acusación, los instrumentos de la justicia internacional se habían utilizado casi exclusivamente para abordar los crímenes de adversarios derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, de parias impotentes, en su mayoría procedentes de África, o de opositores de Occidente, como Vladimir Putin o Slobodan Milošević. Esta acusación [contra Netanyahu y Gallant] demuestra que, a pesar de lo que muchos de nosotros pensábamos, la Corte podía actuar de manera imparcial.

La otra Corte Internacional, la de Justicia, estableció un dictamen en julio pidiendo a los Estados miembros de la ONU suspensión de comercio e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal israelí. ¿Qué valor tiene este dictamen?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una de sus sentencias más importantes, concluyó que la continua ocupación israelí violaba el derecho internacional, y dictaminó que otros Estados y organismos internacionales tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni de “prestar ayuda o asistencia para mantener la situación” creada por esa ocupación.

Según esa sentencia, los aliados occidentales de Israel deben reconsiderar la naturaleza de sus relaciones comerciales, militares, económicas y diplomáticas, pero, por supuesto, han sido muy lentos en hacerlo. Si continúan demorando el proceso, creo que corresponderá a los abogados y a los tribunales independientes de cada uno de estos países obligarlos a cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

Según el dictamen de la CIJ, los aliados occidentales de Israel deben reconsiderar la naturaleza de sus relaciones comerciales, militares, económicas y diplomáticas

¿Cuáles son los retos y obstáculos del derecho internacional en el panorama actual y cómo puede fortalecerse?

Mi profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el legendario Louis Henkin, escribió hace décadas que “casi todas las naciones observan casi todos los principios del derecho internacional y casi todas sus obligaciones casi todo el tiempo”.

Sin embargo, como demuestran la invasión estadounidense de Irak, la invasión rusa de Ucrania y el ataque indiscriminado de Israel a Gaza, a menudo también son las naciones más poderosas las que violan los principios más importantes del derecho internacional.

En los últimos dos años, las instituciones de derecho internacional (la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia) han intentado estar a la altura del desafío. Los dobles estándares en muchos sentidos han pasado de los tribunales, que están haciendo su trabajo, a los países poderosos, que se niegan a aplicar la ley y los mandatos de los tribunales cuando afectan a su aliado, Israel.

Muchos estados que han sido fuertes partidarios de la Corte Penal Internacional (CPI), como Francia, Italia, Polonia -y ahora incluso el futuro canciller de Alemania-, han sugerido que no ejecutarían la orden de arresto de la CPI y no arrestarían a Netanyahu si entrara en su territorio. Lo cual, por supuesto, es lo opuesto de su posición sobre Putin, que también está sujeto a una orden de arresto de la CPI.

España, debo añadir, ha sido un partidario con más principios tanto de la Corte Penal Internacional (CPI) como de la Corte Internacional de Justicia. De manera similar, en respuesta a las sanciones de Trump contra la CPI, España, junto con otras 78 naciones, expresó un fuerte apoyo a la Corte, subrayando la importancia de defender el derecho internacional y la independencia de dicho tribunal.

Desde las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y las sanciones estadounidenses en represalia, nos encontramos en un momento decisivo. Y la pregunta es: ¿será el derecho internacional otra víctima enterrada bajo los escombros de Gaza, o podemos juntos fortalecerlo y darle una legitimidad renovada?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una nueva orden ejecutiva con el objetivo de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por “sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados”, en referencia a Israel. El mandatario dice en ese documento que la Corte Penal Internacional ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras o dificultar la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal que afecten a ciudadanos estadounidenses o a aliados de Washington. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

La orden ejecutiva habla de una “conducta maligna” de la Corte Penal Internacional que, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

La CPI condena la orden de Trump

En respuesta, el tribunal internacional ha condenado la orden ejecutiva que pretende “imponer sanciones a sus trabajadores y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”. “La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dice en un comunicado. “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.

“Trump está descontento porque la CPI está investigando crímenes cometidos por Netanyahu, amigo de EEUU. ¿Debe la Corte Penal Internacional investigar solo al enemigo de EEUU, Vladímir Putin, o puede tambien investigar imparcialmente a gente como Netanyahu? Esa es la cuestión”, ha dicho Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe del tribunal.

Para Amnistía Internacional, las sanciones contra la CPI “traicionan” el sistema de justicia internacional. “Esta acción temeraria envía el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del Gobierno israelí y está abrazando la impunidad”, dice Agnès Callamard, secretaria general de la organización de derechos humanos. “La orden ejecutiva de hoy es vengativa. Es agresiva. Es un paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos: reglas globales que son aplicables a todos y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común”.

Casi 80 estados defienden la CPI

Casi 80 estados miembros de la Corte Penal Internacional, entre ellos España, han declarado este viernes su respaldo a la labor de la corte tras la amenaza de sanciones efectuada por el presidente de EEUU. La iniciativa ha sido impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu.

A estos cinco países se han sumado otros 74 firmantes del Estatuto de Roma, base legal sobre la que se funda la Corte Penal Internacional, en un texto en el que reafirman el “continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”, a la que consideran “un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas”.

La orden ejecutiva estadounidense representa un “desafío sin precedentes” para el funcionamiento del tribunal, de acuerdo con los firmantes, que recuerdan que incrementará “el riesgo de impunidad” entre los criminales que atentan contra el Derecho Internacional, un instrumento “crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”.

Asimismo, los casi 80 países advierten de que “las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la CPI”. Alertan también contra cualquier cierre de las oficinas del tribunal, que “socavarían gravemente la investigación de los procesos en curso”.

Este comunicado, que ha sido refrendado por países como Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Jordania, Nigeria, Portugal, Palestina, Reino Unido o España, compromete a los firmantes a “garantizar la continuidad de las actividades de la CPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente”.

Visita de Netanyahu

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre señaló la Corte Penal con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Su ministro de Defensa, Yoav Galant, también está incluido en esa orden vigente de detención. Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este mismo jueves, el primer ministro israelí mantuvo encuentros con los senadores Lindsey Graham, del Partido Republicano, y Richard Blumenthal, del Partido Demócrata. También mantuvo una reunión con el senador Tom Cotton, que lidera el comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Además, la oficina de Netanyahu ha confirmado que regaló un busca de oro como los que hizo estallar en Líbano dejando 37 muertos y miles de heridos.

En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. 

Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha informado este martes de que está siendo investigada por la Fiscalía del país junto a varios de sus ministros por la liberación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).

La propia Meloni ha explicado en un vídeo que el fiscal Francesco Lo Voi ha abierto una investigación contra ella y su ministro de Justicia, Carlo Nordio; el de Interior, Matteo Piantedosi, y su subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano.

La Fiscalía italiana busca esclarecer los hechos que llevaron en la noche del pasado 19 de enero a la liberación y repatriación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la CPI y que había sido detenido en la ciudad italiana de Turín (noroeste). El fiscal investiga si esos miembros del Gobierno italiano pudieron haber incurrido en los delitos de encubrimiento y de malversación, ya que el represor libio fue llevado a Trípoli a bordo de un avión estatal italiano.

Meloni ha criticado la investigación del fiscal Lo Voi y ha dicho que “supone” que la denuncia ha salido del abogado Luigi Li Gotti, defensor de arrepentidos de la mafia como Tommaso Buscetta o Giovanni Brusca, “muy próximo” al ex primer ministro progresista Romano Prodi, según la jefa del Gobierno italiano. “Digo hoy lo que decía ayer: no permitiré que me extorsionen ni me dejaré intimidar. Es posible que, por todo esto, sea atacada por quienes no quieren que Italia cambie y mejore. Pero pretendo seguir adelante, en defensa de los italianos, con la cabeza alta y sin miedo”, ha afirmado Meloni en el vídeo divulgado en las redes.

Además, Meloni ha reprochado a la CPI que “tras meses de reflexión” emitió su orden de arresto internacional contra Al Masri “curiosamente cuando este estaba a punto de entrar en territorio italiano, después de pasar tranquilamente casi doce días en otros tres estados europeos”. Ha agregado que La Haya no envió esta orden al Ministerio de Justicia italiano, tal y como prevé el protocolo, por lo que el Tribunal de Apelación de Roma decidió no convalidarla.

“Entonces, a este sujeto libio en territorio italiano, mejor que dejarlo libre, nosotros decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por motivos de seguridad, con un vuelo como sucede en otros casos similares”, ha declarado.

El ministro del Interior, Piantedosi, ilustró el pasado jueves en el Senado la misma tesis, atribuyendo la decisión de liberarlo a la Justicia e indicando “motivos de seguridad” en su repatriación.

La CPI acusa a Al Masri de crímenes de guerra y lesa humanidad en Libia desde febrero de 2015, lo que incluye asesinato, tortura, violación y violencia sexual presuntamente cometidos cuando el sospechoso estuvo a cargo de instalaciones carcelarias en Trípoli, donde miles de personas fueron detenidas por períodos prolongados.

La orden de arresto contra Al Masri se emitió en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI desde marzo de 2011, cuando dio comienzo el conflicto en Libia, a raiz de la revuelta popular contra el dictador Muammar Al Gadafi en febrero de ese año.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este jueves a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.

“Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”, denuncia Khan.

Además, el fiscal subraya que la resistencia u oposición percibida a los talibanes “fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que “próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes.

“Persecución sin precedentes, inadmisible y continua”

“Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las supercvivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, advierte el fiscal.

A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su “preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas” y pidieron al fiscal considerar “los crímenes contra mujeres y niñas” cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”.

“La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)”, ha alertado este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

En 2020, la fiscalía de la CPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por parte de los talibanes, la fiscalía ha retomado el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán.

No obstante, Khan solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses.

Otro país desafía a la Corte Penal Internacional con incumplir la orden de arresto que pesa sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre en Palestina. El primer ministro polaco, Donald Tusk, de la familia del Partido Popular Europeo, el que está dispuesto a incumplirla para que pueda asistir a la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, donde los nazis asesinaron a más de un millón de personas, la mayoría judías.

Tusk ha garantizado la seguridad de Netanyahu en caso de que acuda al evento, a pesar de que la Corte Penal Internacional emitió en noviembre una orden de arresto contra Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra contra Palestina. “No se puede concebir que los líderes políticos israelíes no puedan participar de forma segura en la conmemoración de la liberación de Auschwitz”, aseguró el líder del centro derecha polaco, que aseguró que esa posibilidad es “completamente inaceptable”.

“No serán detenidos”, afirmó Tusk en declaraciones a los periodistas sobre el evento que se celebrará a finales de mes en la localidad de Oświęcim. “El Gobierno polaco considera que la participación segura de los líderes de Israel en las conmemoraciones del 27 de enero de 2025 forma parte del homenaje a la nación judía, millones de cuyas hijas e hijos fueron víctimas del Holocausto llevado a cabo por el Tercer Reich”, explicó en un comunicado Varsovia, según recoge Politico. La petición partía del presidente del país, Andrzej Duda, del partido de la extrema derecha nacionalista Ley y Justicia que gobernó hasta el pasado año.

La orden internacional de detención contra Netanyahu y Gallant se basa en los motivos razonables que encontraron los jueces respecto a la comisión de delitos de guerra como el de inanición como método de guerra; lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, y los ataques sobre la población civil en la masacre de Gaza. “Negaron a sabiendas e intencionadamente a la población civil de Gaza elementos indispensables para su supervivencia, incluida la comida, el agua y suministros médicos”, señaló la Corte Penal Internacional en un comunicado.

La orden de detención contra Netanyahu por la matanza en Gaza, donde han sido asesinadas ya más de 46.000 personas, volvió a demostrar la equidistancia con Israel de la mayoría de líderes internacionales. El presidente de EEUU, Joe Biden, consideró “escandalosa” esa decisión del tribunal internacional y el ultraderechista húngaro, Viktor Orbán, le invitó directamente a Budapest.

A pesar de la gravedad de los delitos a los que señaló el tribunal, también Francia cambió su posición inicial de cumplimiento de la resolución al garantizarle inmunidad. El giro se produjo tras la aceptación del alto el fuego en Líbano que impulsaron París y Washington. Para entonces, Alemania ya había sugerido que no arrestaría a Netanyahu en caso de que pisara su territorio.

El entonces alto representante de la UE, Josep Borrell, recordó entonces que la orden de detención es “vinculante” para todos los países de la UE mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha guardado silencio sobre ese asunto. Tras el anuncio de Tusk, tampoco la sucesora de Borrell al frente de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se ha pronunciado, aunque el portavoz de Exteriores del gobierno comunitario sí ha recordado que los estados miembros son parte del Estatuto de Roma y, como tal, tienen que “cumplir” las decisiones del Corte Penal Internacional, aunque asegurarlo no es una competencia de Bruselas. El portavoz ha hecho un llamamiento a la “cooperación” con el tribunal.

“Me cuesta imaginar que se produzcan detenciones en Alemania sobre esta base”, ha señalado en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno aleman el portavoz principal del Ejecutivo, Steffen Hebestreit. Esa base es una orden internacional de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Alemania es parte del tratado y estaría obligado a cumplir con la orden.

La equidistancia con Israel vuelve a imponerse en numerosas capitales del mundo después de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra.

En un comunicado deliberadamente ambiguo, Hebestreit decía que Alemania “toma nota” de la decisión de la CPI. El portavoz recordaba que “Alemania participó en la redacción del estatuto del tribunal y es uno de sus principales apoyos”. “Al mismo tiempo, es una consecuencia de la historia de Alemania que tenemos relaciones únicas y gran responsabilidad con Israel”.

“Examinaremos detenidamente los pasos internos. Cualquier otra medida sólo se tomaría cuando sea previsible una estancia del primer ministro Benjamin Netanyahu y del exministro de Defensa Joav Galant en Alemania”, añade el comunicado.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tachado la decisión de la justicia internacional de “escandalosa” y varios países han evitado aclarar si cumplirían la orden en caso de que los dirigentes israelíes pisen su territorio, tal y como establece el Estatuto de Roma.

El primer ministro ultraderechista húngaro, Viktor Orbán, ha desafiado directamente al tribunal invitando a Netanyahu a Budapest a través de una carta.

El tribunal internacional ha encontrado “motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad criminal” por la masacre perpetrada en Gaza desde el 8 de octubre de 2023 a raíz de los atentados de Hamás en Israel. A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta de la comunidad internacional está siendo laxa. De hecho, esta misma semana el alto representante de la UE, Josep Borrell, puso sobre la mesa la suspensión del diálogo político con Tel Aviv y la mayoría de los estados miembros la rechazaron.

Ahora, el jefe de la diplomacia europea, a quien le queda apenas una semana en su puesto, ha apelado a los países que ratificaron el Estatuto de Roma a cumplir con la orden de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa. “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada”, expresó en una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi.

Los países árabes han celebrado la decisión de la Corte Penal Internacional, que también incluye al dirigente de Hamás Mohamed Deif, y varios países han asegurado que acatarán la orden, como Canadá o Países Bajos. Sin embargo, no todos han aclarado si lo harían. Es el caso de Reino Unido o Francia, por ejemplo.

“Respetamos la independencia de la CPI, que es la institución internacional primaria para investigar y perseguir los delitos más graves del derecho internacional”, señaló un portavoz del Gobierno laborista británico que, sin embargo, declinó “entrar en hipótesis” respecto a una posible detención en suelo británico de Netanyahu. “Apoyamos la continuación del trabajo de la CPI. Nuestra reacción estará en línea con estos principios”, señaló el portavoz francés, que preguntado sobre si las autoridades francesas arrestarían a Netanyahu en caso de que este entrara en suelo francés, eludió dar una respuesta clara: “Es una cuestión juridícamente compleja. No haré más comentarios hoy. Es una situación que debe tratarse con muchas precauciones”.

Algunos países europeos directamente han criticado la decisión.  El ministro de Exteriores de Austria, el conservador Alexander Schallenberg, aseguró que “atenta contra la credibilidad de la Corte Penal Internacional” y la calificó de “absolutamente incomprensible”. El primer ministro húngaro fue un paso más allá al asegurar que es “cínica” y desafío al tribunal al invitar a Netanyahu a visitar Budapest.

En Italia, después de declaraciones de signo opuesto de varios ministros, han llegado este viernes las declaraciones de la presidenta del Gobierno, Giorgia Meloni.  “En los próximos días profundizaré en las motivaciones que han llevado al fallo de la Corte Penal Internacional. Motivaciones que deberían ser siempre objetivas y no de naturaleza política”, se lee en una nota oficial. En la declaración, Meloni repite que “no puede haber equivalencia entre las responsabilidades del Estado de Israel y las de la organización terrorista Hamás” y anuncia que “la Presidencia italiana del G7 tiene la intención de incluir la cuestión en el orden del día de la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores, que se celebrará en Fiuggi del 25 al 26 de noviembre”.

En una entrevista en TVE, Borrell aseguró que es “altamente preocupante” que haya países europeos que pretendan saltarse la orden de detención.

En un comunicado, Biden criticó duramente la orden de detención: “La emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra líderes israelíes es escandalosa. Permítanme ser claro una vez más: independientemente de lo que pueda implicar la CPI, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad”.

“Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Cuando la Corte Penal Internacional (CPI) vio la luz por primera vez, lo hizo con esta frase estampada en el preámbulo de su tratado fundacional.

Esta idea nuclear de su ADN, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.

El camino en ese propósito lo marcó hace casi 80 años Núremberg. La serie de juicios celebrados en la ciudad alemana en los que las potencias aliadas procesaron y juzgaron a importantes líderes nazis por los crímenes cometidos, incluido el asesinato sistemático de millones de personas judías en el Holocausto, establecieron las piedras angulares del derecho penal internacional. La CPI bebe de la lucha contra esos crímenes atroces cometidos en las guerras que marcaron el siglo XX, por eso se centra en los delitos más graves que se pueden cometer: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como el crimen de agresión, ninguno de los cuales prescribe.

Cuando Luis Moreno Ocampo prestó juramento como primer fiscal de la recién nacida institución en 2003, Ben Ferencz habló en la ceremonia. Este abogado estadounidense de origen judío-húngaro fue fiscal en los juicios de Núremberg y había protagonizado una cruzada a favor de la creación de un tribunal penal internacional. “Núremberg fue poco más que un comienzo”, dijo aquel día. “Su progreso se vio paralizado por los antagonismos de la Guerra Fría. Leyes claras, tribunales y un sistema de aplicación efectiva son requisitos vitales para toda sociedad ordenada. La matriz de un sistema mundial racional consta de innumerables piezas que van encajando en su sitio de forma gradual y dolorosa. La CPI forma parte de este proceso evolutivo”.

Aunque son varias las cosas que distinguen a la CPI de Núremberg, “ambos tribunales se crean con un mismo ideal de fondo, promover una justicia penal básica en la escena internacional, con una legitimidad superior a las justicias nacionales, bajo estándares compartidos de defensa de los derechos humanos”, dice a elDiario.es Fernando Molina, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

De los tribunales 'ad hoc' al Estatuto de Roma

Fruto de lo vivido durante el Holocausto nazi y los históricos juicios, en 1948 se adoptó un importante tratado internacional: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció entonces la necesidad de un tribunal internacional permanente, una idea que reflotó al acabar la Guerra Fría. Mientras se negociaba un estatuto para la corte, en respuesta a las atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia y Ruanda, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció a principios de los 90 un tribunal penal para cada uno de estos contextos con el objetivo de responsabilizar a los criminales. Son lo que, en la jerga, se conoce como tribunales ad hoc: con jurisdicciones y mandatos limitados, para situaciones específicas –al igual que Núremberg–. Esta es una de las principales diferencias con la Corte Penal Internacional, que es permanente y afecta “a cualquier conflicto que guarde relación con los Estados parte”, indica Molina. 

El hito llegó en julio de 1998, cuando un grupo de países aprobó en una conferencia diplomática en Italia el tratado que vertebró la CPI: el Estatuto de Roma. Muchos sintieron aquellos días que este acuerdo tenía tanta importancia como la propia aprobación de la Carta de Naciones Unidas. “La creación del tribunal sigue siendo un paso de gigante en la marcha hacia los derechos humanos universales y el Estado de Derecho. Es un logro que, hace solo unos años, nadie habría creído posible”, dijo el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. El tratado entró en vigor cuatro años después en 2002. 

A día de hoy hay 125 países miembros (los que han ratificado el Estatuto de Roma). Todos tienen la obligación legal de cooperar con el tribunal en sus procesos y se consideran su pilar operativo. En otras palabras, ya que la CPI no cuenta con una fuerza policial, depende de estos Estados hacer cumplir las órdenes de arresto, como la dictada el año pasado contra el presidente ruso, Vladímir Putin, o las publicadas ahora contra Netanyahu y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, entre ellos matar de hambre a civiles. 

El último país en unirse fue Ucrania, en 2024. Palestina fue admitido como miembro en 2015. A pesar de congregar a decenas de países, el talón de Aquiles de la institución sigue siendo que no ha logrado el ingreso de potencias poderosas como China, India, Rusia y Estados Unidos, lo que dificulta que la CPI sea verdaderamente universal.

“Es un inconveniente que inevitablemente lastra la eficacia del tribunal en muchos casos, pero quedándonos con lo positivo, contar con 125 países, entre los que están muchos de los más poderosos y, sobre todo, más respetuosos con los derechos humanos, es un activo increíble que otorga a este tribunal un alcance único en la historia”, dice Molina. “Mejorable, sin duda, pero no por ello deja de ser un soplo de aire fresco en un panorama internacional demasiadas veces complaciente con los crímenes de los más poderosos”.

Tensiones con EEUU e Israel

Desde sus orígenes, la relación de Washington con la institución ha estado marcada por el tira y afloja, una confrontación motivada por el miedo a que la CPI pueda procesar a estadounidenses, algo que el país norteamericano ve como una violación de su soberanía. La Administración Clinton firmó el tratado, pero después, George W. Bush anunció que no tenía intención de ratificarlo, aprobó una ley para restringir la cooperación con la corte y lanzó una campaña para llegar a acuerdos bilaterales de inmunidad con otros países que les obligaban a no entregar a los ciudadanos estadounidenses.

La postura estadounidense se suavizó durante la presidencia de Barack Obama, para volver a retroceder varios pasos con la llegada de Donald Trump. Bajo su mandato, EEUU se opuso a las investigaciones de la CPI en Afganistán y los territorios palestinos e impuso sanciones y restricciones de visado al personal del tribunal.

Joe Biden apostó por una actitud más cooperativa: levantó las sanciones y ordenó compartir pruebas de los crímenes de guerra rusos en Ucrania con la CPI. Pero las órdenes de detención contra los dirigentes de Israel, aliado de EEUU, han vuelto a sacar a flote las viejas tensiones, con Washington tildando la decisión de “escandalosa”.

El 4 de junio, a modo de reprimenda ante la petición del fiscal Karim Khan, la Cámara de Representantes –liderada por los republicanos– votó a favor de aprobar una legislación para sancionar a la CPI con apoyo de una parte de los demócratas, aunque el actual Gobierno se opone a la medida.

En Israel, que tampoco es miembro de la corte, la reacción a la decisión de Khan ha sido furibunda. Netanyahu ha dicho que las acusaciones contra él son “absurdas y falsas” y ha rechazado la orden emitida por la CPI. “La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, ha asegurado.

Una investigación de varios medios, entre ellos The Guardian, reveló que, entre bambalinas, las autoridades israelíes han librado una campaña durante una década para hacer descarrilar el trabajo de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados, desplegando sus agencias de inteligencia para vigilar y presionar al personal del tribunal internacional. El fiscal de la CPI ha tenido que pedir públicamente que se deje trabajar a su equipo “con plena independencia e imparcialidad” y que cesen de inmediato “todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir indebidamente” en los trabajadores de la corte.

Muchos expertos y activistas calificaron el movimiento de Khan solicitando a los jueces la orden de arresto como un paso histórico, subrayando que es la primera vez que un líder occidental puede enfrentarse a la justicia internacional desde Núremberg, incluso sin ser derrotados.

Molina no duda de que es un salto adelante. “Es comprensible la extrema indignación del propio Netanyahu y su Gobierno por este hecho: desnuda su pretensión de estar ejerciendo solo una defensa legítima frente a las inhumanas agresiones de Hamás”, dice el profesor de la UAM, que sostiene que “todo apunta a que hace mucho que se ha excedido lo que permite la legítima defensa” para convertirse en “algo inadmisible, que entra de lleno en las competencias de la CPI”.

No es el único frente legal que Israel tiene abierto en estos momentos. Sudáfrica ha llevado a los representantes israelíes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un caso en el que los acusa de violar la Convención sobre el Genocidio. A menudo se confunden, pero la CPI y la CIJ no son lo mismo. Ambas comparten ciudad para sus sedes, La Haya –que alberga numerosas organizaciones internacionales–, pero la Corte Penal Internacional juzga a individuos –y nadie está exento de ser procesado–, mientras que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas para la solución de disputas entre Estados.

Las críticas

El espíritu de la corte, que está compuesta por 18 jueces, no es reemplazar a los tribunales nacionales, sino complementarlos, ser el último recurso. Solo puede enjuiciar y juzgar a personas si el país en cuestión no lo hace, no puede o no quiere hacerlo. Además, solo ejerce su competencia en situaciones en las que el presunto autor sea nacional de un Estado Parte o en las que el crimen haya sido cometido en el territorio de un Estado Parte. Un país que no sea parte sí puede decidir aceptar la jurisdicción de la CPI. Este fue el caso de Ucrania, que solicitó abrir una investigación antes de formar parte del tribunal. 

Si algo ha demostrado el historial de la corte es que cumplir su cometido de luchar contra los perpetradores de los crímenes más graves es una tarea enormemente compleja. Hasta el momento ha habido 31 casos. Sus jueces han emitido 59 órdenes de arresto: 21 personas han sido encerradas en el centro de detención de La Haya y 30 siguen prófugas. Uno de los principales fugitivos es el exdictador sudanés Omar al Bashir, buscado por genocidio en Darfur. El tribunal ha dictado 10 condenas en estas dos décadas de vida. La primera fue en 2012 contra el congoleño Thomas Lubanga por los crímenes de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar en hostilidades. Fue puesto en libertad en 2020 tras cumplir 14 años de cárcel.

Durante su andadura, el tribunal ha sido blanco de críticas. Una de las más notables es que se ha centrado desproporcionadamente en África. Muchos países del continente se han quejado de lo que perciben como un sesgo, en especial Sudáfrica, que ha expresado su frustración por lo que considera un dominio de los intereses occidentales en lo que respecta a cómo se aplica el derecho internacional. En su página web, la corte se defiende de estas acusaciones explicando que la mayoría de sus investigaciones se han abierto a petición de los gobiernos africanos o previa consulta con ellos, y otras después de que las remitiera el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Es probable que la situación cambie en el futuro, ya que hay situaciones bajo investigación en América, Asia e incluso Europa”, subraya Molina sobre el hecho de que las condenas hayan sido tan escasas y no hayan afectado a otros continentes. 

En un lado están quienes cuestionan que la institución tiene demasiado poder procesal y puede amenazar la soberanía de los Estados. En otro, quienes argumentan que tiene muy poca autoridad y ponen en tela de juicio su eficacia para encarcelar a los criminales de guerra.

“Todo el derecho internacional tiene gran legitimidad, pero sufre el déficit de quien ejerce un poder finalmente delegado de los Estados, así que sus carencias reflejan el equilibrio de fuerzas de los propios Estados”, dice el catedrático de la UAM. “Por poner un ejemplo, la posibilidad de ver a un presidente de los EEUU sentado ante la corte por los posibles crímenes que hubiera podido alentar se antoja hoy, no ya remota, sino ilusoria. No hay en este momento fuerza militar o policial que pueda hacer cumplir con éxito una eventual orden internacional de detención”.

Sin embargo, el experto pone de relieve que, con estas limitaciones, las actuaciones de la CPI pueden tener “efectos directos importantes”, ya que una orden internacional “no es baladí, y no solo en términos de reputación, que es importante, sino en efectivas limitaciones de la libertad de movimientos”, porque los individuos no pueden visitar “países firmantes dispuestos a cumplir mandatos de la CPI sin exponerse a ser detenidos”. Este es el caso de Putin y Netanyahu: no afrontan riesgos inmediatos de procesamiento, pero la amenaza de arresto podría dificultar que viajen al extranjero.

A pesar de los desafíos, no son pocas las voces que creen que las investigaciones en marcha de la CPI sobre Ucrania y Palestina demuestran por qué la corte sigue siendo tan relevante como cuando se fundó. “Cuando los delitos son cometidos por quienes detentan el poder real en los Estados, y esta, desgraciadamente, es la situación habitual en los crímenes contra la humanidad, la impunidad suele ser la regla. Sólo una justicia superior, de la comunidad internacional en su conjunto, puede tapar el lacerante hueco. Así que un tribunal penal como la CPI resulta esencial para la justicia”, argumenta Molina.

“La CPI no es, ni puede ser, una panacea. No puede poner fin a la impunidad ni disuadir de la comisión de delitos por sí sola (...). Núremberg es nuestra herencia colectiva. El cumplimiento de su legado es nuestra responsabilidad colectiva”, dijo Philippe Kirsch, presidente de la corte, en 2006, en el marco del 60º aniversario del histórico proceso contra los dirigentes nazis, cuando el tribunal apenas había echado a andar.

“Habrá periodos más fáciles y más difíciles para la CPI. Debemos tener siempre presente que las razones fundamentales por las que se creó siguen tan presentes como siempre y que compartimos la responsabilidad colectiva de garantizar su éxito. Debemos seguir llevando adelante el legado de Núremberg y hacer de un tribunal internacional eficaz y permanente una realidad duradera”.

En una entrevista con la CNN tras pedir la detención de los líderes israelíes, Khan contó que un alto cargo occidental le había dicho que la CPI “fue construida para África” y para “matones como Putin”. “No lo vemos así”, dijo el fiscal. “Este tribunal es el legado de Núremberg. Este tribunal debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta”.