La Junta de Castilla y León rechaza la autorización ambiental de la macrogranja de Cidones (Soria), que tenía previsto cebar a 3.614 cerdos. El nuevo Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 endureció las normativas de protección del agua, lo que ha derivado en la desestimación de este proyecto.

El proyecto, que preveía una explotación porcina de 4.368 cabezas de ganado, arrancó en 2017. Dos años después, el Ayuntamiento de Cidones emitió varios informes contrarios, puesto que esa iniciativa era incompatible con la ordenación urbanística. La Delegación Territorial de Soria también inadmitió la solicitud de evaluación ambiental por incompatibilidad urbanística. Después de que la empresa interpusiera un recurso —desestimado en primera instancia y que estimó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)—, se anularon las resoluciones administrativas y se obligó a continuar con el procedimiento de evaluación ambiental. Se decidió, por lo tanto, continuar con el procedimiento, aunque en noviembre de 2023 se anuló la modificación de las Normas Urbanísticas de Cidones, manteniendo las parcelas como suelo rústico común.

Mientras tanto, entró en vigor el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, por lo que los informes previos de la Confederación dejaron de tener validez. En 2025, el promotor presentó un texto refundido del proyecto para adaptarlo a la normativa vigente, por lo que redujo la capacidad de la granja a 3.614 plazas. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantuvo su rechazo a la declaración de impacto ambiental, puesto que existía un “riesgo extremo de contaminación” para el embalse de Cuerda del Pozo y las aguas subterráneas.

La parcela propuesta formaba parte de la cuenca de escorrentía directa del embalse, cuya agua estaba fuertemente protegida porque era “zona sensible”, “agua de baño” y “zona de captación de agua para consumo humano”. Por lo tanto, el Servicio de Prevención Ambiental emitió un informe desfavorable, por lo que se ha denegado la autorización ambiental.

El Ayuntamiento de Soria presentó alegaciones al proyecto, entre otros motivos por la posible afectación al abastecimiento municipal de aguas. El Ayuntamiento de Cidones alertó en varias ocasiones de que el proyecto era incompatible con la ordenación urbanística y generaría un impacto negativo perdurable en el paisaje. También temía posibles filtraciones o roturas de las balsas de purines, así como emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. La Junta de Castilla y León descartó este riesgo de contaminación por infiltraciones si se aplicaban unas medidas correctoras propuestas, aunque finalmente ha denegado el proyecto ante la entrada en vigor del Plan Hidrológico del Duero.

Cuando hace calor, Mercedes Álvarez no puede abrir las ventanas de su casa. El olor que entra es tan putrefacto que le cuesta describirlo. “Un día, una amiga vino al banco, que está un poco más arriba. Mientras esperaba en el coche, abrió la ventanilla y vomitó. ¿Merche, cómo puedes vivir aquí?”. Ella siempre ha vivido en As Conchas, como su marido, sus padres y sus suegros. En este pueblo de 20 habitantes en la provincia de Ourense no hay nada extraordinario, salvo uno de los embalses más contaminados del país por cianobacterias, peligrosas para la vida.

Sentados en la mesa de su cocina, María del Carmen Recouso y Pablo Álvarez, también vecinos, relatan el mismo infierno de vivir con miedo a caer enfermos, ellos o sus familiares, por el estado del agua que tienen a unos 50 metros de sus casas, justo al otro lado de la carretera. Un día de mucho calor de 2011, la superficie del embalse se puso completamente verde, con una capa espesa. “Como cuando haces filloas”, describe Merche señalando por la ventana. Pablo cuenta que tiraba una piedra desde la presa, que está a la altura de su casa, y no se hundía.

El hedor alcanzaba tres o cuatro kilómetros. Fue entonces cuando empezaron a pelear contra un enemigo sigiloso, como es la contaminación, y a defenderse de las administraciones que podían evitarla y no hicieron nada. Un puñado de personas mayores, algunas de ellas ancianas, que decidieron enfrentarse solas al dragón con espadas de madera. La contaminación no ha parado. Ellas tampoco han dejado de luchar, convirtiéndose en un ejemplo de que resistir unidos tiene sentido.

Qué demonios era esa masa blancuzca y verde, querían saber. A través de una conocida veterinaria, Pablo dio con el investigador Eduardo Costas, especialista en microorganismos acuáticos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Resultó que este científico estaba al frente de un grupo de trabajo que analizaba As Conchas desde 1992, dentro de una muestra de 28 embalses del país. Costas y las personas de su equipo ya estaban acostumbrados a que los lugareños de los pueblos colindantes al embalse se fijaran en su furgoneta del CSIC y les parasen a preguntar. La metodología era muestrear cada semana los embalses que estaban muy mal, cada mes los que andaban regular, y cada cuatro meses aquellos en muy buen estado.

“As Conchas estuvo muy bien durante mucho tiempo, no nos interesaba demasiado, porque nosotros analizamos sobre todo cómo se adaptan los microorganismos acuáticos a la contaminación”, relata el investigador. Hasta que una estudiante de su grupo certificó en 2011 el primer 'bloom' de algas tóxicas, es decir, cuando ya no queda oxígeno en el agua y aparecen bacterias muy dañinas por el exceso de nutrientes.

Para entonces, Pablo, que tiene 54 años, ya no se bañaba. “Había cosas raras flotando en el agua”. Su madre aprendió a nadar en este embalse del río Limia, cuya presa se construyó en 1949 para producir electricidad. Mari Carmen, que tiene 80 años, recuerda a su marido salir con la caña a pescar truchas para cenar. A Merche, de 60, le viene a la memoria cuando su padre agricultor bajaba los domingos al embalse a pescar y comía toda la familia. En sus orillas se hacían fotos de boda y las empresas celebraban concursos de pesca. La madre de Pablo tenía un bar que aún existe, aunque está cerrado. La vida giraba en torno a esta agua que una vez estuvo considerada excelente, dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. “No podías dormir de la cantidad de ranas, había bandadas de aves. Acabaron con todo”, se entristece Mari Carmen.

Camuflados en el paisaje rural se ven dos camiones con el vientre verde aparcados en una gasolinera de carretera; al cabo de un rato más de viaje, otros dos, y más allá, otros. Transportan los excrementos de cerdos y pollos de las macrogranjas que hay en la comarca de A Limia, más de 300 instalaciones para una población de unos 20.000 habitantes. Estos purines son tóxicos cuando no se tratan de forma correcta y se vierten, pues se filtran en la tierra y en el agua, que quedan envenenadas. En 2011, Pablo y Merche empezaron a dar la cara por sus vecinos, y desde entonces no han parado. “No vas a la guerra si no piensas ganar”, dice Merche con determinación.

Convocaron una manifestación. Ese año, una entrevista a doble página al científico Eduardo Costas en el diario ABC “les puso a todos muy nerviosos”, dice Pablo, pero no pasó gran cosa más allá de un par de reuniones de las administraciones locales con los investigadores. Mientras, el embalse empeoraba. “Un paisano me contó que tenía un cerezo en flor, vino una niebla y lo quemó. Era lluvia ácida”, incide. Mari Carmen no bebe el agua de su pozo, “no quiero, aquí la capa freática está muy alta y puede haber filtraciones; la uso para regar, con temor, tengo miedo, madre mía”.

En esta comarca es conocida la elevada tasa de cáncer, hace años que distintos colectivos piden que se estudien las causas. Desde una visión científica, los nitratos se convierten en nitritos y después en nitrosaminas, situados entre los principales cancerígenos que existen. “Si en Madrid la población estuviera sometida a esto, la epidemiología de cáncer sería enorme, como pasó con el amianto. Pero en As Conchas, si de tres personas se pasa a seis personas con cáncer, se duplica. Es una barbaridad, pero no son nada dentro del registro gallego de tumores, ¿no?”, reflexiona el investigador Eduardo Costas. “Yo no viviría en As Conchas”, incide. Pero estos vecinos no quieren irse. “Este es nuestro embalse”, dice Pablo. “Tú trabajas toda una vida para tener algo, ¿por qué tengo que marcharme de mi casa?, se pregunta Merche.

En una zona rural con tan poca población es difícil exponerse, mejor quedarse callados. No fue la opción de Merche y Pablo. Sin buscarlo, se han convertido en activistas en defensa de sus propias vidas; arañando tiempo de donde podían, por las noches, durante los fines de semana, redactaban notas de prensa, pedían reuniones, recogían muestras en el embalse ellos mismos, hablaban con los alcaldes, con quien hiciera falta. En una ocasión, ambos se presentaron en una rueda de prensa convocada por la Xunta de Galicia. Intentaron expulsarles hasta cuatro veces, pero ellos no se movieron de sus asientos de la última fila hasta que pudieron hablar con el Gobierno autonómico sobre el embalse.

Durante diez años, hasta 2021, lo intentaron todo para ser escuchados; nadie hacía caso, cero respuestas. “Lo negaban todo, hacían como si no pasara nada”, dice Merche. “Incluso nos insultaban, nos llamaban ”iluminados“, ya están los de As Conchas con sus cosas”, añade. ¿Cómo pudieron aguantar? “No sé, yo soy muy cabezón, me decía a mí mismo que esto era una carrera de fondo”, explica Pablo, mientras comenta que en su ordenador ha contabilizado unos 15.000 archivos sobre la causa que ha sido su vida todo este tiempo.

Ese año, en una reunión de vecinos del pueblo, lejos de rendirse, decidieron lanzarse al vacío, totalmente solos: denunciaron ante el Seprona a distintas administraciones y a la empresa Naturgy, que gestiona la presa, por el estado del río Limia; más adelante pusieron una segunda denuncia, esta vez a los responsables de Medio Rural y de Sanidad, y a los alcaldes de los pueblos de Bande, Muiños y Lobeira por no avisar del riesgo para la salud, sobre todo en los niños, de bañarse en el embalse cuando la presencia de cianobacterias ponía esta agua en el nivel 3 de contaminación, el más grave. “Nos sentíamos abandonados, despreciados, maltratados, vivimos con mucho miedo; llega un momento en el que hay que hacer algo, sea lo que sea, salga por donde salga”, dice Merche.

España es el país con más instalaciones de ganadería industrial de Europa, y el cuarto del mundo detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Así es más fácil entender que solo en esta comarca de A Limia haya dos millones de animales para producción de carne de cerdo y de pollo; una escala desproporcionada para respetar la vida, el agua y la tierra. Cifras tan impresionantes como atractivas para una organización mundial de abogados en busca de luchas legales que ganar en favor de la vida en la tierra. Nieves Noval trabaja como letrada especializada en sistemas alimenticios en ClientEarth, una ONG que fundó en 2007 un abogado de Wall Street llamado James Thornton.

En los años 80, Thornton ganó más de 80 casos hasta forzar a la Administración del presidente Ronald Reagan a limpiar las aguas contaminadas. Después se mudó a Londres, donde hoy se encuentra la sede de esta organización ambiental en la que trabajan más de 300 personas en ocho oficinas repartidas por todo el mundo.

Aquí no se busca lanzar historias famosas, son especialistas en litigación estratégica, que arma casos con la precisión y el engranaje de un reloj suizo, pensados para un objetivo mucho más grande y a nivel mundial. “El fin es reducir la ganadería industrial. Nosotros no hablamos de macrogranjas, sino de granjeros frente a la ganadería industrial”, explica Nieves Noval.

España era, sin duda, el lugar donde trabajar. Se pusieron en contacto con la organización Amigas de la Tierra, que también buscaba la forma de denunciar las macroinstalaciones ganaderas por su nefasto impacto. La abogada María Victoria Hormigos, colaboradora de esta ONG, sacó la situación de As Conchas. “Lo tenía todo para meternos: era un embalse muy analizado, con un histórico de datos muy bueno; los vecinos llevaban diez años enfrentándose a las diferentes administraciones y se trataba de más de 300 instalaciones en una comarca muy poco poblada de la Galicia rural. Era difícil que la causa de la contaminación fuera humana”, incide Nieves.

“Éramos un equipazo”

Las dos abogadas, Victoria y Nieves, pasaron largos ratos en la cocina de Merche haciendo muchas preguntas, hasta elegir a siete de los 20 vecinos que se presentarían como denunciantes particulares, una condición ineludible para montar un caso al que dedicaron dos años y medio con un enfoque legal novedoso: la inacción de las administraciones para proteger los derechos fundamentales de la población. Se sumaron a la denuncia la asociación de vecinos de As Conchas, la organización Amigas de la Tierra y la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU).

“Éramos un equipazo”, resume Nieves, con cuatro abogados de las dos ONG y expertos de ClientEarth con más de 20 años de experiencia que asesoraron en todo momento. Pidieron a los vecinos mantenerlo todo en secreto. Una de las decisiones clave fue contratar a cuatro peritos independientes especialistas en distintas áreas para certificar la contaminación y sus causas: Serafín González, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), que analizó los nitratos; Antonio Delgado, también del CSIC, quien realizó una prueba de isótopos estables, para relacionar de forma directa los vertidos de purines con la grave polución; el experto odorífero era José Cid; y Juan Martínez realizó un informe epidemiológico. Un “dream team”, resume Nieves.

El juicio se celebró en 2025. Los argumentos científicos eran tan contundentes que el fallo de 113 folios, hecho público en julio de ese año, no dejó lugar a dudas. “Se declara la vulneración de los derechos fundamentales: derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”, dicta la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Las administraciones, Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, conocían de sobra el problema ambiental y para la salud y no hicieron nada. Esta dejadez de las administraciones permitió a las empresas de la comarca lucrarse sin asumir el coste del tratamiento de los residuos de su actividad. La sentencia las obliga a indemnizar a los vecinos y a restituir el estado sano del entorno, pero eso aún no ha ocurrido.

“Yo pensé que ahora sí reconocerían el problema, pero tampoco, lo que hicieron fue recurrir ante el Tribunal Supremo. No pensé que eran tan malos”, se indigna Pablo. En febrero de 2026, el Supremo rechazó el recurso de casación. La sentencia es firme. “Me llamó Merche, tenía como 20 ó 30 mensajes de WhatsApp: Pablo, ¿no estás mirando el móvil? ¡Hemos ganado!”. Lloraron todos, también las letradas. “Ha sido el caso más satisfactorio de mi carrera”, se emociona Nieves. “Yo como abogada tengo herramientas para defenderme. Pero me dan mucha pena estas comunidades. Imagínate a Pablo recogiendo muestras del suelo durante 10 años, he aprendido mucho de lo que es la verdadera resistencia”.

Es abril de 2026. Pablo hace de guía por la ribera del embalse. A primera vista parece que todo está bien, el agua tiene un color que no llama la atención. Sin embargo, y aunque han pasado cuatro meses desde la sentencia, nadie se ha movido para mejorar la calidad del agua. Los vecinos temen que cuando lleguen los meses de más calor, la contaminación se dispare de nuevo. “Nosotros no vamos a parar de decirlo”, asume Pablo.

Cuando Merche, Pablo, Mari Carmen y el resto de vecinos de As Conchas escuchan ahora a los mismos alcaldes que les ninguneaban decir que también ellos han estado denunciando el problema, mantienen la misma calma y dignidad que cuando les insultaban. Lo resume bien Merche: “Los que luchamos fuimos estos pocos desgraciadiños”. Ahora que han ganado, todavía tienen que dar explicaciones sobre la indemnización que van a recibir, unos 30.000 euros por vecino. “Pero les vamos a dejar con la boca cerrada, porque ese dinero es para la asociación de vecinos, nosotros lo que queremos es que nuestro embalse esté limpio”.

La historia se repite. Hace más de cinco años que el Gobierno de Castilla-La Mancha se vio obligado ha aprobar una moratoria que paralizó la construcción de macrogranjas en esta comunidad autónoma, entonces disparada y con amplio rechazo social. Las nuevas licencias se suspendieron durante dos años y posteriormente el Ejecutivo regional aprobó un nuevo decreto para regularlas. El propio presidente autonómico Emiliano García-Page lo anunció. Ahora, ha vuelto a suceder, pero con las polémicas plantas de biometano, muy ligadas precisamente a la ganadería intensiva, puesto que principalmente realizan la valorización y tratamiento de residuos agroganaderos.

En esta ocasión no ha sido Page quien lo ha anunciado. Y tampoco su gobierno habla de moratoria como tal, pero una resolución del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha así lo establece.

Concretamente, esta propuesta, que los socialistas han aprobado en solitario tras abstenerse el PP y Vox, insta al Gobierno a aprobar un “marco regulador claro, restrictivo y garantista” que permita ordenar el desarrollo de las plantas de biometano desde el “respeto al territorio, la protección ambiental y la seguridad de los vecinos y vecinas”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha confirmado que de esta resolución del Parlamento regional emanará un nuevo decreto, pero no avanza los plazos para su tramitación y aprobación. Lo más curioso es que el Gobierno regional mantiene un Plan de Biometanización que todavía no ha visto la luz pese a que, en su origen, se planteó para el periodo 2024-2030, y al que se ha sometido ya a dos procesos públicos de consultas.

También es significativo que, según adelantó este periódico, el Ejecutivo esté preparando una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas en las que ha incluido el biometano. Está en fase de consultas, pero la incorporación de esta energía renovable en el borrador exacerbó los ánimos de las plataformas contra el biogás, cuyas movilizaciones han arreciado en los últimos meses y que han criticado duramente que el Gobierno autonómico no solo no adoptara medidas para controlar su expansión, sino que además quisiera dar mayor agilidad a algunos proyectos mediante esa etiqueta de “estratégicos”.

La cuestión es que el Ejecutivo de Page ha decidido echar el freno. Y lo va a hacer entrando de lleno en muchas de las cuestiones más polémicas, aquellas en las que han puesto el foco las plataformas: la falta de control, de transparencia, y los problemas con el transporte, los olores, los vertidos y la proliferación de expedientes.

En la resolución aprobada, se establece que el nuevo decreto debe respetar el “poder de decisión” de los ayuntamientos. La nueva normativa obligará a que únicamente con el visto bueno de los plenos municipales se pueda elevar la tramitación de plantas de biometano al órgano ambiental autonómico, “garantizando así cercanía y transparencia en las tomas de decisiones respecto a los vecinos de un municipio”.

Esta circunstancia puede afectar a muchos de los proyectos actualmente en trámite. Algunos han recibido el visto bueno de los ayuntamientos, pero en otros casos, han sido precisamente sus alcaldes y alcaldesas las que han frenado la implantación de proyectos. El más significativo ha sido el caso de la ciudad de Albacete, donde hace dos años el pleno aprobó una ordenanza municipal para impedir su implantación en la ciudad.

El Gobierno castellanomanchego también va a establecer restricciones a las aportaciones de materia prima de fuera del municipio y su entorno. Concretamente, el tamaño de una instalación deberá estar vinculada directamente a la capacidad de generar materias primas para las plantas de biogás en el propio municipio y en su comarca.

Distancias, balsas, olores y transporte

La futura norma obligará a que, al menos el 80% de la materia prima que se use en una planta se obtenga en el municipio en el que se instale y, como mucho, en un radio de 35 kilómetros de distancia. Con ello busca evitar instalaciones “alimentadas de residuos de lugares lejanos” a la ubicación, “vinculando la autorización de los proyectos al cálculo de la huella de carbono”.

Otra cuestión polémica. El futuro decreto prohibirá las balsas abiertas para garantizar que no haya olores ni contaminación del aire ni de los acuíferos. Todos los proyectos deberán tener “balsas herméticas y cerradas” que impidan las filtraciones de la materia prima.

Precisamente, sobre los olores, la nueva normativa obligará a las empresas a instalar medidores de calidad de aire y de control que puedan ser consultados, a través de internet, por el público en general. También tendrán que “modelizar” las “emisiones fugitivas” no solo en chimeneas o antorchas sino también en “fugas de válvulas, sellos de digestores y superficies de las balsas con programas de detección de fugas”.

En cuanto al transporte de los residuos agroganaderos con los que principalmente se alimentan estas instalaciones, tendrá que ser “hermético y en cubas cerradas”. Se prohibirá asimismo que vehículos con esa carga atraviesen los núcleos urbanos: los proyectos deberán diseñar “rutas alternativas y directas” desde las carreteras principales a las plantas de biogás o biometano.

La polémica cuestión del digestato (el principal residuo que genera la producción de biometano, generalmente comercializado como fertilizante) también ha hecho reaccionar al Gobierno de Page. El nuevo decreto obligará a contar obligatoriamente con un programa de tratamiento de digestatos y otro de tratamiento y aprovechamiento de agua para su reutilización para regadío en línea con los principios de la Agenda 2030 y de la economía circular.

Pero lo más relevante es que este producto solo se considerará un fertilizante “agronómicamente válido” cuando su tratamiento garantice su “estabilidad, seguridad sanitaria y eficacia nutritiva”, previa analítica en consonancia con las directivas de la UE.

Con carácter más general, el objetivo es aumentar los sistemas de control, bien a través del cuerpo de inspectores, bien de “entidades colaboradoras” de la Administración. El objetivo, según indica la resolución, es asegurar el principio de “quien contamina paga” como “elemento disuasorio” ante posibles incumplimientos de normativa.

Otra de las polémicas generadas por la proliferación de plantas de biometano ha sido su cercanía a los núcleos urbanos. La misma controversia que hay con las macrogranjas. El nuevo decreto ampliará las distancias en las que una planta de biogás o biometano se puede construir: a un mínimo de dos kilómetros desde el fin del núcleo urbano de un municipio.

Se derogarán las excepciones anteriores en materia de distancias

Con ello quedará derogadas las excepciones que permitían reducir las mismas a un kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, “garantizando previamente con un estudio de dispersión de olores para determinar la extensión del impacto por olor que pudiera generar la planta y garantizar que los 2.000 metros es distancia suficiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas”.

Y tras estas medidas, es cuando el texto aprobado establece de manera implícita una moratoria. Porque incorpora “la obligación de adaptación de todos los proyectos a la normativa y, mientras tanto, suspensión de la tramitación”.

“La nueva normativa debe obligar a todos los proyectos que estén al inicio de su tramitación a la adaptación íntegra de los mismos a las restricciones, garantías y exigencias de la nueva normativa en un tiempo máximo de entre 12 y 24 meses”, precisa.

Durante este tiempo y hasta que no se adapten, “no se debe continuar con la tramitación administrativa”. En definitiva, el decreto establece que la no adaptación del proyecto a las exigencias derivará en el “archivo del expediente y a la exclusión del proyecto de continuar con la tramitación”.

Finalmente, la normativa tendrá como objetivo último “garantizar el principio de economía circular”, reducción de la huella de carbono, así como contribuir “con alternativas agronómicamente válidas a la reducción del uso de nitratos y fertilizantes químicos en el suelo y subsuelo”.

Durante la tramitación en las Cortes regionales de la resolución que dará lugar a este nuevo decreto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que el Gobierno de Page será el “más estricto y garantista” de España, y que se “limitarán” las instalaciones o los proyectos empresariales que “hoy están encima de la mesa”.

“Tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho”, afirmó. Añadió que con ello además se va a dar a los agricultores y ganaderos una oportunidad de someter sus residuos y sus subproductos a una “valorización energética”, al tiempo que también se ofrecen “soluciones” al sector industrial.

Evitar que la región sea “un estercolero”

En paralelo, las plataformas regionales y locales contra estas plantas y Stop Ganadería Industrial mantienen la lupa puesta sobre los proyectos ya aprobados y los que actualmente están en trámite:

Básicamente, estos colectivos optan por un modelo energético “descentralizado”, usando el biogás para el autoconsumo y autoabastecimiento de núcleos pequeños de población. Al mismo tiempo, piden establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás: distancia a núcleos de población, distancia del origen de los materiales usados, limitar el tamaño para evitar los daños ambientales y molestias a la población.

Debido a su correlación o a un posible “efecto llamada” para macrogranjas, han pedido un plan para la reducción paulatina del número de cabezas de ganadería industrial hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. El objetivo: evitar que Castilla-La Mancha sea “una región estercolero”.

Avícola Son Perot S.A., empresa que opera sota la marca Avícola Ballester, vol construir una macrogranja amb 80.000 gallines ponedores després d’haver hagut de sacrificar-ne gairebé 90.000 a l’explotació de Llucmajor per complir les mesures dictades pel Govern. Coneguda com la “granja dels horrors”, va estar operant de manera il·legal tant per les successives ampliacions que es van fer a les instal·lacions com per la manca de determinats permisos i autoritzacions ambientals obligatoris, segons el Govern. La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va sancionar l’empresa amb 200.100 euros per set infraccions greus i una de lleu, tal com va informar aquest diari.

Les instal·lacions de Llucmajor van estar en el punt de mira després que elDiario.es publiqués en exclusiva unes imatges inèdites que mostraven la situació perjudicial en què malvivien les gallines. L’interior de la macrogranja presentava unes condicions d’insalubritat, manca d’higiene i brutícia extremes. Les imatges, enregistrades entre els dies 21 i 29 d’abril de 2025, van ser facilitades a aquest diari per les associacions ARDE i Satya Animal.

La nova granja que projecta Avícola Son Perot pretén construir una explotació avícola formada per dues naus amb una capacitat de 40.000 gallines cadascuna, en una parcel·la situada a la finca de Son Brau, a Manacor. Així consta en el Projecte bàsic d’obra, consultat per aquest diari. Amb ubicació a Manacor, seria la segona granja que l’empresa construeix en aquest terme municipal. La totalitat de les gallines ponedores estarien destinades a la tipologia amb codi 2, és a dir, gallines criades a terra: amb llibertat de moviments, però sense accés a l’exterior.

La capacitat del projecte presentat davant el Govern –per al qual es va obrir un termini de trenta dies per presentar al·legacions, exposat al públic des del 28 de maig segons l’anunci del BOIB– frega els límits del que permet la legislació i ha de superar diversos tràmits, entre els quals l’Estudi d’Impacte Ambiental i l’Autorització Ambiental Integrada. La xifra de 80.000 aus coincideix exactament amb un dels llindars fixats per la legislació agrària balear per determinar les distàncies mínimes que s’han de respectar en la construcció d’instal·lacions avícoles respecte dels nuclis urbans residencials.

Avícola Ballester defensa que compleix

Avícola Son Perot sosté que la macrogranja compleix aquest requisit perquè la llei exigeix una separació de 6.000 metres únicament a les explotacions que superin una càrrega ramadera equivalent a 80.000 gallines ponedores, segons argumenta en el Projecte Bàsic d’Autorització Ambiental Integrada, consultat per aquest diari. Com que no supera aquesta xifra, sinó que s’hi situa exactament, l’empresa entén que li és aplicable el tram anterior, que obliga a mantenir una distància mínima de 4.000 metres respecte del sòl urbà residencial més proper.

Segons el projecte, la urbanització de Son Talent, el nucli residencial més proper, es troba a 4.435 metres de les instal·lacions previstes. La distància als nuclis urbans de Manacor, Petra i Ariany és de 5.560, 5.820 i 6.610 metres, respectivament. La interpretació d’aquest límit podria ser objecte de debat durant la tramitació ambiental. elDiario.es s’ha posat en contacte amb Avícola Son Perot, que ha respost que no farà declaracions sobre el projecte, atès que es troba en fase d’exposició pública.

Un dels problemes associats a una altra de les granges de l’empresa, l’explotació de Llucmajor, són les males olors que pateixen els veïns de les urbanitzacions dels voltants. Aquest i altres problemes relacionats van ser els que van portar els veïns de Sineu a rebutjar un projecte de dimensions desmesurades: una macrogranja de 750.000 gallines ponedores, la tramitació de la qual va ser paralitzada per l’Ajuntament.

Malgrat això, l’empresa considera que “no és previsible que es generin molèsties a la població per olors”, tenint en compte la distància entre l’explotació i els nuclis urbans esmentats. En aquest sentit, argumenta que, per reduir les olors i evitar afectacions ambientals derivades de la seva emissió, “s’aplicaran de manera continuada a la instal·lació una sèrie de mesures preventives”. Entre aquestes mesures hi haurà un pla de gestió específic. A més, es preveu instal·lar barreres sanitàries per “reduir el risc de difusió de malalties”. L’Ajuntment de Manacor no havia respost a les consultes d’aquest diari en el moment de publicar-se aquesta notícia.

Què diu el projecte

L’explotació avícola es preveu construir sobre una superfície de 403.119 metres quadrats, dels quals 376.178 corresponen a una àrea de sòl rústic, que és on es pretén ubicar les instal·lacions. D’altra banda, hi ha una parcel·la de 26.941 metres quadrats considerada Àrea de Prevenció de Riscos (APR) d’incendis, situada a uns 300 metres de l’emplaçament previst de les hipotètiques naus.

A més, el projecte contempla la construcció d’un magatzem per a l’envasament dels ous d’uns 343 metres quadrats; un femer d’uns 644 metres quadrats, dimensionat per poder emmagatzemar els fems produïts durant un període de quatre mesos; i altres construccions auxiliars. El femer només podrà gestionar els fems procedents d’aquesta explotació.

Sota un sistema de producció d’ous basat en un règim de semillibertat –les gallines s’allotgen lliures dins les instal·lacions, sense gàbies, però també sense accés a l’exterior–, les aus arriben a l’explotació amb disset setmanes de vida. Després d’un període d’adaptació d’una setmana, comencen el període de posta, que sol durar aproximadament un any. Un cop finalitzat aquest període, són traslladades a l’escorxador. Els cadàvers s’emmagatzemaran en un contenidor tancat fins al moment del seu trasllat a la planta de valorització energètica, és a dir, a la incineradora gestionada per TIRME. Es preveu una producció anual de 25,6 milions d’ous.

Aquesta producció implica un consum de 9.600 metres cúbics d’aigua. Per això, l’explotació disposarà d’un subministrament d’aigua procedent d’un pou propi, degudament legalitzat, així com d’una concessió per explotar les aigües subterrànies, amb un volum anual de 17.817 metres cúbics per a regadiu, altres usos agraris i abastament de la granja.

La zona es troba en una àrea de vulnerabilitat d’aqüífers mitjana, segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Manacor. De fet, l’estat global d’aquesta massa d’aigua subterrània és dolent, i aquesta àrea és vulnerable «a la contaminació per nitrats d’origen agrari». Les conseqüències negatives sobre les aigües subterrànies podrien agreujar-se encara més si es produís una mala gestió dels fems, cosa que s’ha d’evitar amb un pla de vigilància ambiental. Avícola Son Perot maneja un pressupost d’un milió d’euros per executar el projecte.

Sobre aquesta qüestió, la Direcció General de Recursos Hídrics respon a aquest diari que el projecte encara es troba “en una fase molt inicial de tramitació” i que, per tant, no s’ha emès “cap informe” al respecte. Quan correspongui, s’analitzaran les qüestions que són competència de la Direcció General, “com la disponibilitat de recursos hídrics, l’aprofitament de l’aigua prevista per a l’activitat, possibles canvis d’ús, així com altres aspectes relacionats amb el Pla Hidrològic o possibles afectacions al domini públic hidràulic”. Es tracta d’un procediment, indiquen aquestes fonts, que encara té un recorregut administratiu important, “per la qual cosa en aquests moments no és possible fer una valoració concreta”.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural –hi ha informes que depenen de dues de les seves direccions generals– assenyalen que es va aprovar el Decret llei 1/2025, amb el vot favorable de MÉS, partit a l’oposició, avalat pels ajuntaments, que estableix mesures urgents per protegir el medi ambient i fixa limitacions estrictes a les explotacions avícoles. El projecte, per tant, haurà d’encaixar dins d’aquesta norma. Les mateixes fonts indiquen que les autoritzacions poden demorar-se entre un any i mig i dos anys, si tots els informes de les autoritats competents són favorables.

El projecte ha sortit a exposició pública a través de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, de manera que serà aquest organisme qui sol·licitarà tots els informes a les autoritats competents. Aquest procediment inclou l’informe de l’Ajuntament, que ha de justificar si autoritza o no el projecte i segons a quins motius. Fonts de la Conselleria de Territori expliquen que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, que és l’òrgan ambiental que atorga l’autorització ambiental integrada, està condicionada pel Decret llei 1/2025. Aquesta norma destaca el límit màxim de capacitat fixat en 160.000 gallines i l’obligació de respectar distàncies mínimes respecte als nuclis residencials.

El projecte presentat és de fins a un màxim de 80.000 gallines, fet que obliga que s’hagi de situar a una distància de 4.000 metres dels nuclis urbans. Pel que fa a la seva tramitació, el projecte “es troba actualment en una fase inicial, i en aquest tipus de procediment, la tramitació administrativa pot durar entre un any i mig i dos anys”.

Després de l’inici del període d’informació pública, les diferents administracions públiques hauran de fer els seus informes i s’obrirà un període d’al·legacions per a totes les persones interessades. “Un cop conclogui aquest procés d’informació pública, s’haurà d’iniciar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinari, obligatori en una instal·lació d’aquestes característiques”, assenyalen les fonts consultades. L’Ajuntament de Manacor, finalment, haurà d’informar si el projecte és compatible o no amb la planificació urbanística del municipi.

Alternatives al projecte

Avícola Son Perot es planteja alternatives a la presentació de l’actual projecte. En primer lloc, l’opció de no executar-lo, ja que d’aquesta manera “els impactes mediambientals negatius del projecte s’evitarien”, segons consta a l’Estudi d’Impacte Ambiental, consultat per aquest diari.

En segon lloc, l’empresa explica que ha intentat escollir la ubicació de manera que “els costos mediambientals i econòmics del projecte fossin els mínims possibles”. La promotora detalla que, tenint en compte les limitacions que suposen les distàncies respecte de les zones residencials, no s’han trobat “alternatives que resultin ambientalment més adequades que la triada” i que siguin “tècnicament viables per al projecte proposat i les seves característiques específiques”.

En tercer lloc, plantegen la possibilitat de reduir “la capacitat productiva”. Així, es reduirien tots els factors ambientals que van directament lligats al nombre d’animals, com ara “les emissions totals a l’atmosfera, el consum d’aigua, la quantitat total de fems produïda o el nombre de cadàvers”.

Tanmateix, segons Avícola Son Perot, aquesta opció redueix la “rendibilitat del projecte” i afegeixen que, per raons d’economia d’escala, un augment de la capacitat permet “reduir els costos de producció per plaça, augmentant la rendibilitat econòmica de l’activitat i la viabilitat futura de l’explotació”. Aspectes que consideren “realment importants en un sector que pateix especialment els sobrecostos de la insularitat”.

Avícola Son Perot S.A., empresa que opera bajo la marca Avícola Ballester, quiere construir una macrogranja con 80.000 gallinas ponedoras después de haber tenido que sacrificar casi 90.000 en la explotación de Llucmajor (Mallorca) para cumplir con las medidas dictadas por el Govern. Conocida como la ‘granja de los horrores’, estuvo operando de forma ilegal tanto por las sucesivas ampliaciones que se hicieron en las instalaciones, como por la inexistencia de determinados permisos y autorizaciones ambientales obligatorias, según el Govern. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sancionó a la empresa con 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, como informó este diario.

Las instalaciones de Llucmajor estuvieron en el punto de mira después de que elDiario.es publicara en primicia unas imágenes inéditas que mostraban la perniciosa situación en la que malvivían las gallinas. El interior de la macrogranja presentaba unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas. Las imágenes, grabadas entre los días 21 y 29 de abril de 2025, fueron facilitadas a este diario por las asociaciones ARDE y Satya Animal.

La nueva granja que proyecta Avícola Son Perot pretende construir una explotación avícola de dos naves con una capacidad de 40.000 gallinas en cada una, en una parcela ubicada en la finca de Son Brau (Manacor). Así consta en el Proyecto básico de obra, consultado por este diario. Con ubicación en Manacor, sería la segunda granja que la empresa construye en este término municipal. La totalidad de las gallinas ponedoras estarían destinadas a la tipología con código 2, de gallinas en suelo. Es decir, con libertad de movimientos pero sin acceso al exterior.

La capacidad del proyecto presentado ante el Govern –se abrió un plazo de alegaciones de treinta días que se abrió a exposición pública el 28 de mayo, según el anuncio del BOIB–, roza los límites de lo que permite la legislación y debe pasar por varios trámites, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada. La cifra de 80.000 aves coincide exactamente con uno de los umbrales fijados por la ley agraria balear para determinar las distancias mínimas que se deben respetar en la construcción de instalaciones avícolas respecto a los núcleos urbanos residenciales.

Avícola Ballester defiende que cumple

Avícola Son Perot sostiene que la macrogranja cumple este requisito porque la ley exige una separación de 6.000 metros únicamente a las granjas que superen la carga ganadera equivalente a 80.000 gallinas ponedoras, según argumentan en el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, consultado por este diario. Al no superar esa cifra, sino situarse exactamente en ella, la empresa entiende que le resulta aplicable el escalón anterior, que obliga a mantener una distancia mínima de 4.000 metros respecto al suelo urbano residencial más próximo.

Según el proyecto, la urbanización de Son Talent, el núcleo residencial más cercano, se encuentra a 4.435 metros de las instalaciones previstas. La distancia a los cascos urbanos de Manacor, Petra y Ariany es de 5.560, 5.820 y 6.610 metros, respectivamente. La interpretación de ese límite podría ser objeto de discusión durante la tramitación ambiental. elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Son Perot, que responde que no va a hacer declaraciones sobre el proyecto, dado que está en fase de exposición pública.

Uno de los problemas asociados a otra de las granjas de la empresa, la explotación de Llucmajor (Mallorca), son los malos olores que soportan los vecinos de las urbanizaciones colindantes. Estos y otros problemas relacionados fueron los que llevaron a los vecinos de Sineu a rechazar un proyecto de dimensiones estratosféricas: una macrogranja de 750.000 gallinas ponedoras, cuya tramitación fue paralizada por el Ayuntamiento. Pese a todo, la empresa considera que “no es previsible que se originen molestias a la población por olores”, teniendo en cuenta la distancia de la explotación a los núcleos urbanos mencionados.

En este sentido, argumentan que para reducir los olores y evitar afecciones ambientales por la emisión de los mismos “se aplicarán de forma continua en la instalación una serie de medidas preventivas”. Entre ellas, se dispondrá de un plan de gestión. Además, pretenden instalar barreras sanitarias para “disminuir el riesgo de difusión de enfermedades”. El Ajuntament de Manacor no ha respondido a las consultas de este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

Qué dice el proyecto

La explotación avícola se prevé edificar sobre una superficie de 403.119 metros cuadrados, de los cuales 376.178 corresponden a un área de suelo rústico, que es donde se pretenden colocar las instalaciones. Por otro lado, hay una parcela de 26.941 metros cuadrados considerada como Área de Prevención de Riesgos (APR) de incendios, a unos 300 metros de la ubicación de las hipotéticas naves.

Además, contempla la construcción de un almacén para el empacado de los huevos de unos 343 metros cuadrados; un estercolero de unos 644 metros cuadrados, dimensionado para poder almacenar el estiércol producido durante un periodo de 4 meses y otras construcciones auxiliares. El estercolero solo podrá gestionar el estiércol procedente de esta explotación.

Bajo un sistema de producción de huevo basado en un régimen de semilibertad (las gallinas se alojan libres en las instalaciones, sin jaula, pero también sin salida al exterior), las aves llegan a la explotación con 17 semanas de vida. Tras un periodo de adaptación de una semana, empiezan el período de puesta que suele durar un año. Pasado este tiempo, se llevan al matadero. Los cadáveres se almacenarán en un contenedor cerrado hasta el momento de su traslado a la planta de valorización energética, es decir, la incineradora gestionada por TIRME. Se prevé una producción de 25,6 millones de huevos al año.

Esta producción implica un consumo de 9.600 metros cúbicos de agua. Para ello, la explotación dispondrá de abastecimiento de agua procedente de un pozo propio, debidamente legalizado, así como una concesión para explotar las aguas subterráneas, con un volumen anual de 17.817 metros cúbicos para regadío, otros usos agrarios y abastecimiento de la granja.

La zona se encuentra en una área de vulnerabilidad de acuíferos media, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Manacor. De hecho, el estado global de esta masa de agua subterránea es malo, y esta área es vulnerable “a la contaminación por nitratos de origen agrario”. Las consecuencias negativas sobre las aguas subterráneas podrían derivarse todavía más si se produjera una mala gestión del estiércol, lo cual debe evitarse con un plan de vigilancia ambiental. Avícola Son Perot maneja un presupuesto de un millón de euros para ejecutar el proyecto.

Sobre esta cuestión, la Dirección General de Recursos Hídricos responde a este diario que el proyecto todavía está “en una fase muy inicial de tramitación”, y que, por tanto, no se ha emitido “ningún informe” al respecto. Cuando corresponda, se analizarán las cuestiones que son competencia de la Dirección General, “como la disponibilidad de recursos hídricos, el aprovechamiento del agua prevista para la actividad, posibles cambios de uso, así como otros aspectos relacionados con el Plan Hidrológico o posibles afecciones al dominio público hidráulico”. Se trata de un procedimiento, señalan dichas fuentes, que todavía tiene un recorrido administrativo importante, “por lo que en estos momentos no es posible realizar una valoración concreta”.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural –hay informes que dependen de dos de sus direcciones generales– señalan que se aprobó el Decreto Ley 1/2025 –con el voto favorable de MÉS, partido en la oposición–, avalado por los ayuntamientos, que establece medidas urgentes para proteger el medio ambiente y fija limitaciones estrictas a las explotaciones avícolas. El proyecto, por tanto, deberá encajar dentro de esta norma. Las mismas fuentes señalan que las autorizaciones pueden demorarse entre año y medio y dos años, si todos los informes de las autoridades competentes son favorables.

El proyecto ha salido a exposición pública a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, por lo que será este organismo quien solicitará todos los informes a las autoridades competentes. Este procedimiento incluye el informe del Ayuntamiento, que tiene que justificar si autoriza o no el proyecto, y en base a qué motivos. Fuentes de la Conselleria de Territorio explican que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, que es el órgano ambiental que otorga la autorización ambiental integrada, está condicionada por el Decreto Ley 1/2025.

Esta norma destaca el límite máximo de capacidad fijado en 160.000 gallinas y la obligación de respetar distancias mínimas respecto a núcleos residenciales. El proyecto presentado es de hasta un máximo de 80.000 gallinas, lo que obliga que debe estar a una distancia de 4.000 metros de los núcleos urbanos. En cuanto a su tramitación, el proyecto “se encuentra actualmente en una fase inicial, y en este tipo de procedimiento, su tramitación administrativa puede durar entre un año y medio y dos años”.

Después del inicio del periodo de información pública, las distintas administraciones públicas deberán realizar sus informes y se abre periodo de alegaciones para todas aquellas personas interesadas. “Una vez concluya este proceso de información pública, se deberá iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, obligatorio en una instalación de estas características”, señalan las fuentes consultadas. El Ayuntamiento de Manacor, finalmente, deberá informar si el proyecto es compatible o no con la planificación urbanística del municipio.

Alternativas al proyectoc

Avícola Son Perot se plantea alternativas a la presentación del actual proyecto. En primer lugar, la opción de no ejecutarlo porque de este modo “los impactos medioambientales negativos del proyecto se evitarían”, como figura en el Estudio de Impacto Ambiental, consultado por este diario.

En segundo lugar, la empresa explica que ha intentado elegir el lugar de forma que “los costes medioambientales y económicos del proyecto fueran los mínimos posibles”. La empresa promotora detalla, teniendo en cuenta las limitaciones que suponen las distancias respecto a las zonas residenciales, que no se han encontrado “alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas que la elegida” y que sean “técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características específicas”.

En tercer lugar, plantean la posibilidad de reducir “la capacidad productiva”. Así, se reducirían todos los factores ambientales que van directamente ligados al número de animales, como “las emisiones totales a la atmósfera, el consumo de agua, la cantidad total de estiércol producida o el número de cadáveres”.

Sin embargo, a juicio de Avícola Son Perot, esta opción reduce la “rentabilidad del proyecto” y añade que, por razones de economía de escala, un aumento de la capacidad permite “reducir los costes de producción por plaza, aumentando la rentabilidad económica de la actividad y la viabilidad futura de la explotación”. Aspectos que son “realmente importantes en un sector que sufre especialmente los sobrecostes de la insularidad”.

Cientos de personas se han manifestado este domingo, 31 de mayo, en Cuenca, donde se celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Convocados por las asociaciones Pueblos Vivos, Stop Ganadería Industrial y Stop Biometano, han querido así mostrar su oposición al “despliegue industrial” de macrogranjas y plantas de biogás en esta comunidad autónoma. El lema de la movilización: “No somos territorio de sacrificio”.

Ante la decisión del Gobierno castellanomanchego de que Cuenca sea este año la sede del acto, la movilización la han protagonizado plataformas ciudadanas y vecinales de la comarca y de la Mancha Alta conquense. Protestaban contra los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano. La manifestación, convocada por 46 colectivos vecinales, ha partido del barrio del Castillo y ha finalizado en la Pplaza Mayor, donde se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

 La Subdelegación de Gobierno “no ha permitido que la manifestación se acerque a las proximidades del Auditorio, donde la Junta de Castilla-La Mancha celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha”, explicaban los convocantes.

Tras la finalización de la manifestación, “la Policía Nacional no ha permitido a las personas que vestían camisetas reivindicativas visitar la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo, a diferencia de los turistas, a los que sí se les permitía acceder”, denunciaban

Han expresado durante la protesta su “profunda alarma” ante la “nueva ofensiva legislativa” del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la publicación del borrador de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. En este anteproyecto, tal y como adelantó este medio, el biometano está incluido como “estratégico”.

Aseguran que con ello, el Ejecutivo de Page defiende un “despliegue masivo” de biometano bajo premisas que los colectivos consideran “técnicamente cuestionables”. Señalan que a través del borrador de dicha ley, la Junta pretende “acelerar y blindar” la implantación de macroplantas de biometano, una “maniobra” que los colectivos vecinales califican unánimemente de “huida hacia adelante”, “imposición” y “desprecio a la ciudadanía”.

Y es que apuntan que la gravedad de la situación en este territorio es “extrema”. Según datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros: dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves , que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

Esta “brutal concentración industrial” pretende, afirman, asentarse sobre una comarca que ya ha sido declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos en el registro de la Junta de Castilla-La Mancha.

Argumentan asimismo que una de las afecciones de este tipo de instalaciones son posibles filtraciones de lixiviados y de residuos con alto contenido en metales pesados provocando “contaminación irreversible” de las aguas subterráneas.

Refieren que el digestato o digerido resultante del proceso de biometanización se pretende utilizar como fertilizante para las tierras, “siendo más contaminante incluso que los purines” pues el proceso de biometanización transforma parte del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal “más soluble y fácilmente filtrable hacia acuíferos y aguas subterráneas si no se controla rigurosamente su aplicación agrícola”.

Los colectivos denuncian la “absoluta desproporción” de un modelo que convierte a los pequeños pueblos en “polos de tratamiento masivo de residuos a gran escala”. Y frente al “rodillo industrial” que pretenden las empresas energéticas, los habitantes de la comarca defienden el “modelo de desarrollo sostenible y arraigo”.

“El verdadero desarrollo rural no se importa en camiones de residuos, sino que se cultiva potenciando los recursos endógenos y el patrimonio que ya pertenecen a la comarca”, destacan. Frente a ello, proponen la creación de riqueza a través de la rehabilitación, la atracción de un turismo de calidad y la edificación de viviendas atractivas para un arraigo residencial estable.

Por eso argumentan que las afirmaciones oficiales que pretenden “hacer compatibles” las macroplantas con este entorno “carecen de base empírica realizable”: “La presencia de una industria pesada de tratamiento de desechos externos, caracterizada por olores crónicos y un tránsito incesante de camiones de gran tonelaje, introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza por completo cualquier incentivo para el turismo, la hostelería y el bienestar residencial”.

En los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, las distintas plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder “de forma unitaria” al avance de estos proyectos industriales impulsados “bajo la etiqueta de transición ecológica”.

Protestas de los trabajadores autónomos en Ciudad Real

De igual modo, en Ciudad Real la Plataforma por la Dignididad de los Autónomos 30N ha convocado una movilización en la plaza de la Constitución de Ciudad Real. Esta concentración se convocó de forma simultánea a otras marchas en 22 provincias españolas con el objetivo conjunto de visibilizar la “situación límite” en la que se encuentran los profesionales y pequeño negocios ante el “escenario de asfixia fiscal”, además de un “incremento burocrático e incertidumbre económica actual”.

Desde la plataforma destacan que esta nueva movilización representa la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde el primer 30 de noviembre. “Lograr mantener la movilización activa de manera continuada es el reflejo de un descontento estructural muy profundo. Ninguna otra plataforma del sector ha desarrollado una estrategia de persistencia sostenida de este alcance hasta la fecha”, señalan desde la dirección nacional, recalcando que la organización mantiene su identidad civil “intacta, libre de siglas partidistas y centrada exclusivamente en los problemas reales del tejido productivo”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admite el grave deterioro del embalse de As Conchas, afectado, según recoge una sentencia que condena a las administraciones estatal y autonómica, por la contaminación procedente de las granjas que han proliferado en la comarca de A Limia. “Soy consciente de que es un tema que hay que solucionar”, dijo este lunes, en la comparecencia posterior al Consello.

Sin embargo, el jefe del Gobierno gallego insiste en que no está claro de dónde procede esa contaminación y su equipo está bloqueando las reuniones con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) porque considera que son necesarios más estudios. “La Confederación Hidrográfica sabe que necesitamos conocer para actuar qué perjuicios vienen de los residuos agrícolas cuáles de otra parte”, manifestó y repitió que su equipo está a la espera de “datos que no fueron facilitados”.

La CHMS manifestó, en respuesta a preguntas de esta redacción, que ha pedido reunirse tanto con el delegado de la Xunta en Ourense como con el presidente del Gobierno autonómico, pero no se ha puesto fecha a ningún encuentro por el momento, a pesar de que la primera sentencia condenatoria es de julio del año pasado y la confirmación del Tribunal Supremo, de febrero de este año. Rueda, preguntado por los motivos para no concertar un encuentro, se remitió a esa necesidad de más informes.

Los fallos judiciales consideran que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica, con su inacción, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua en As Conchas, donde los vecinos soportan proliferaciones de bacterias que son peligrosas para la salud. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la Xunta tiene responsabilidad por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias, algo que llevó a “un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio”.

En cuanto a la CHMS, la responsabilidad se debe a que tenía la “obligación” de controlar la calidad de las aguas, según el fallo, que critica su “inacción” ante un hecho “constatable” de empeoramiento desde el año 2011. También señala que no intervino para evitar la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”. Y, sobre el origen del problema, el texto añade que “era evidente un deterioro paulatino y crónico” en las aguas cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.

As Conchas es un embalse sometido a una degradación ambiental de tal calibre que los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, de los vecinos se están viendo vulnerados. La situación aparece descrita en estos términos en una sentencia judicial que quienes viven en el entorno de la presa califican de histórica, pero que, pese a que pronto cumplirá un año, no ha provocado cambios palpables. Los residentes siguen con preocupación los avisos sobre la llegada del calor estos días porque saben que eso favorece los episodios de proliferación de algas y los olores insoportables. Pero la inquietud no se disuelve tampoco cuando las temperaturas bajan: las bacterias peligrosas siguen ahí.

“Si me meto al agua, estoy tomando una cucharada de veneno”, compara uno de los vecinos de pueblo de As Conchas (Lobeira, Ourense), Pablo Álvarez, que vuelve a hablar con elDiario.es poco más de un año después de que la demanda contra las administraciones públicas por el estado del embalse tomase forma. Él es uno de los siete residentes en la zona que participó en el proceso judicial, junto a la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu) y con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

El enfoque no fue el habitual: lo que se exponía era que lo que se estaban vulnerando eran los derechos básicos de las personas y que las responsabilidades estaban repartidas entre administraciones por no haber frenado una proliferación de granjas -algunas de ellas, macrogranjas- en la comarca de A Limia que derivó en la grave contaminación de las aguas. Ganaron los vecinos. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se dio a conocer a principios de julio de 2025 y, en febrero de 2026, quedó confirmada en el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente que la Justicia ordene su ejecución.

Y, a la espera de esa ejecución, los vecinos denuncian que todo sigue igual. Pablo Álvarez critica que se sigan organizando competiciones deportivas en aguas del embalse y que no se haya actuado en el origen de la contaminación, que está en los residuos de las explotaciones -de cerdos y pollos-, que pasan a las aguas del río Limia y resultan en nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en la presa y que producen, a su vez, toxinas peligrosas. Pasada la mitad de mayo, este vecino indica que las aguas se ven turbias, sin que haya asomado el verde de las cianobacterias, pero da por hecho que, con el calor, habrá alguna floración. Cuenta que le consta que en noviembre había terrenos “encharcados de purín” aguas arriba.

Coincide en la ausencia de medidas útiles uno de los expertos que mejor conoce lo que ocurre en As Conchas y que más se implicó en el caso, como uno de los peritos responsables de los informes presentados en la causa por los demandantes, Serafín González, que es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Las administraciones no se han movido. En la Xunta esta es la estrategia recurrente: ir posponiendo las cosas”, dice. Para ejemplificarlo, señala que siguen pendientes de declarar las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. No hay ninguna en Galicia. “Marean la perdiz, dicen que hacen falta más datos, quieren más estudios, cuando la situación está muy clara”, protesta.

El silencio de la Xunta

La Consellería do Medio Rural no ha contestado a las preguntas de esta redacción sobre el punto en el que se encuentra el proceso, después de que, en julio de 2025, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciase la exposición pública del anteproyecto de decreto sobre la contaminación por nitratos procedentes de origen agrario.

Tampoco ha contestado a las cuestiones planteadas la Consellería de Medio Ambiente, que no ha aclarado si ha adoptado alguna medida tras la sentencia, que condena la inacción tanto de la Xunta como del Gobierno estatal, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Sobre el caso, la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, lamentó en unas declaraciones en febrero, tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo, que no había la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. Por su parte, el órgano que gestiona las cuencas del Miño y del Sil sostiene que remitió varias propuestas para reunirse a la Xunta: el 16 de febrero y el 3 de marzo le escribió al delegado en Ourense, aunque no se llegó a cerrar una fecha. El 17 de marzo y el 14 de abril la misiva se dirigió al presidente gallego, pero “continua sin fecha”.

La CHMS pone el foco en la administración autonómica por ser la que autoriza la actividad que genera la contaminación y asegura que, por su parte, hace analíticas cada 15 días desde 2011 y que, en los episodios de proliferación de cianobacterias pasan a ser semanales. Tras la sentencia, asegura que tomó otras medidas, entre las que están intensificar la vigilancia de posibles vertidos o acumulaciones de purines, el desarrollo de modelos para predecir los episodios de proliferación o iniciar los trámites para pagar las indemnizaciones.

González considera que, “al menos”, la CHMS ha admitido el problema que representa para el medio ambiente y la salud humana la multiplicación de macrogranjas en la comarca de A Limia, que es de donde parte la contaminación que afecta a As Conchas. La Xunta, por la contra, “pretende seguir negando que son el origen”, opina sobre la intención del Gobierno gallego y los retrasos en el proceso.

Advertencias desde finales de los 90

El experto se remonta a finales de los 90. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que él preside, avisó en 1998 a un ayuntamiento de los severos impactos negativos que iba a tener la multiplicación de granjas y apunta que el problema procede de las medianas y no solo de las de tamaño macro. Desde entonces, protesta, se ha duplicado la carga ganadera en la cabecera del río Limia, que es el que llena el embalse de As Conchas.

“Está claro que hay una relación de causa-efecto”, afirma. Hay demasiadas granjas para el terreno disponible y eso se traduce en grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que pasan a las aguas subterráneas, en las que los nitratos aumentan hasta hacer que no sean potables. Y esto provoca la eutrofización de As Conchas, que son esas proliferaciones de algas que tiñen de verde el agua. Añade que la “pésima gestión” de los últimos 15 años ha provocado que se hayan arrastrado también bacterias fecales, algunas de ellas resistentes a antibióticos y “muy peligrosas”. En su momento, recuerda, pidieron una moratoria para que no se autorizasen más explotaciones. Ahora, eso sería “insuficiente”. Es decir, considera que habría que cerrar algunas.

Estos días, en los que empiezan a subir las temperaturas, Pablo Álvarez cuenta que ya teme que el verde empiece a asomar, pero recalca la preocupación por las sustancias relacionadas con algunos tipos de cáncer y estas bacterias resistentes. Dice que no se explica cómo en el censo de aguas de baño de la Xunta para la temporada de 2026 aparecen como aptas dos zonas del embalse de As Conchas, una en el municipio de Bande y otra en el de Muíños, mientras que una tercera, en Lobeira, figura con una prohibición permanente del baño. Critica que la Consellería de Sanidade -la competente en control de la calidad de las aguas- está “engañando y confundiendo a la población” sobre la situación real: “¿Acaso el problema desaparece al cambiar de término municipal?”.

En busca de una fórmula contra los olores insoportables

La CHMS expone que desde agosto de 2025 hasta ahora se han hecho inspecciones a 72 granjas de A Limia y está previsto que la cifra llegue a 178 en diciembre de este año. Añade que desde enero de 2025 resolvió 25 expedientes sancionadores a explotaciones de la zona por vertidos de aguas residuales, daños al dominio público hidráulico o actividades que pueden causar contaminación.

El órgano de cuenca indica que son 60 los puntos de control, sumados los de aguas superficiales, subterráneas y el propio embalse, en busca de toxinas. Además, asegura que ha contactado con universidades y empresas para tratar de cerrar algún tipo de convenio a través del cual se busque una solución para otro de los problemas que persigue a los vecinos: los fuertes olores cuando hay un boom de cianobacterias.

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.

Mientras los colectivos sociales y vecinales siguen movilizándose contra la implantación de cinco macrogranjas avícolas en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), en las inmediaciones del valle del río Mesa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado luz verde ambiental para la instalación de una de ellas.

Concretamente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación avícola de selección para 55.000 gallinas reproductoras del proyecto denominado ‘Los Lebrones’, cuyo titular es la empresa Aviagen, S.A.U.

En el texto, la Administración regional detalla que esta explotación avícola, que se distribuirá en cuatro naves, se sitúa a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Maranchón y que no afecta a ningún espacio natural protegido, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial ni a hábitats de protección especial.

No obstante, establece una serie de condicionantes para su explotación, entre las que destaca minimizar el uso hídrico y optimizar las aguas residuales: obliga a que todas vayan a parar a una fosa séptica estanca e impermeable, para su retirada por un gestor autorizado. “No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua”, destaca la Dirección General de Calidad Ambiental.

Emisiones de polvos y olores

En cuanto a posibles emisiones de polvo, para cada alojamiento de gallinas, el titular de la instalación debe utilizar “camas frescas”, así como separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos, y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.

Asimismo, para evitar o reducir las emisiones de olores, establece la necesidad de mantener los animales y las superficies secos, reducir la superficie de emisión del estiércol (uso de rejillas de plástico o metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior, así como disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol.

También añade que se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen conforme a la economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, “será preferible la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética”.

En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos “se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente”.

Rechazo social

Las cinco macrogranjas proyectadas en este término municipal cuentan desde hace tiempo con el rechazo de las organizaciones ecologistas y de vecinos y vecinas.

Recientemente, el Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de otra de ellas, la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Además, este colectivo también ha alertado de que estas instalaciones coinciden con el hábitat de una de las últimas poblaciones de la alondra ricotí, un ave en peligro de extinción.

El Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel.

Asimismo, tanto este colectivo como Ecologistas en Acción y numerosos particulares han presentado alegaciones y recursos contra la macrogranja, que han sido “sistemáticamente ignorados” por las administraciones implicadas y el Ayuntamiento de Maranchón. “También se han realizado concentraciones y reuniones informativas donde ha quedado clara la voluntad popular”, destacan estos colectivos. 

Según indican, esta situación pone de manifiesto una “preocupante falta de atención a la posición expresada de forma prácticamente unánime” por la población local, cuya oposición “no ha tenido reflejo efectivo en las decisiones adoptadas ni en el proceso administrativo seguido hasta el momento”.

“Resulta especialmente grave que se continúe avanzando en la autorización de estos proyectos sin incorporar de forma efectiva la voz de los vecinos en la toma de decisiones”, añaden.

“Malos olores, trasiego de vehículos y contaminación”

La macrogranja 'Cabezo Grande-El Morenal' contará con 64.000 gallinas y “perjudicará la calidad de vida” de los vecinos de Turmiel con “malos olores, trasiego de vehículos pesados y posibles contaminaciones de los acuíferos que pueden llegar a afectar al río Mesa”.

Recuerda la plataforma que el promotor, Aviagen, ha presentado otros cuatro proyectos similares en el término municipal, “sin que se hayan tomado en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo” de las cinco macrogranjas. “Se ha recurrido a la clásica práctica de fragmentar el proyecto en cinco para facilitar la aprobación de la evaluación de impacto ambiental”, advierten.

Todo el término municipal forma parte de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves ‘Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo’, integrada en la Red Natura 2000. El área constituye un enclave de “gran valor ecológico”, con hábitats esteparios, zonas de reproducción de aves rapaces (águila real, cernícalo primilla o búho real) y ecosistemas asociados a la paramera de la comarca molinera y al corredor biológico del Alto Tajo. 

“La instalación de las macrogranjas vacía de contenido esta zona protegida, ya muy castigada por numerosos parques eólicos, que además ha sido recientemente incluida en el Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí, especie en peligro de extinción, que está tramitando la Junta de Castilla-La Mancha”. 

Estos proyectos, concluyen, son “incompatibles” con el modelo de protección de esta área, su entorno natural y el modelo tradicional de desarrollo rural. Por lo tanto, estos colectivos no descartan la adopción de medidas legales contra la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Maranchón.

“Esto no va de colores, va de olores”. Es uno de los lemas con los que más de una veintena de asociaciones vecinales de toda Castilla-La Mancha se han unido, convocadas por la plataforma No al Biogás en la Sagra, para protestar en una manifestación contra el impacto de la “biometanización” de la comunidad autónoma. Básicamente, exigen la paralización del plan autonómico que contempla la regulación de las plantas de biogás y el freno a la imposición de estas instalaciones y también de las macrogranjas.

La movilización se ha celebrado este sábado a las 17 horas en la céntrica plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo y no tiene precedentes en cuanto a la unión de tantos colectivos de la comunidad autónoma.

Los organizadores la han calificado de “multitudinaria” a pesar de la lluvia, y en ella han participado cientos de personas llegadas de las cinco provincias de la región.

“Se ha evidenciado el creciente rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, han señalado los convocantes que han mostrado “su oposición frontal” a la implantación de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales, un modelo que consideran incompatible con la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Denuncian que “una vez más el medio rural se pone al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades. Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones, pero la realidad es que ninguna las quiere”, señalan desde las plataformas.

“Se ignoran” las 15.000 alegaciones presentadas

Durante el acto, los portavoces del Grupo Regional de Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que el Gobierno autonómico “sigue ignorando” las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada, lo que, a juicio de los colectivos, supone “una grave vulneración del derecho democrático de participación pública”.

En la concentración han pedido también la revisión individualizada, motivada y legalmente válida de las citadas alegaciones ciudadanas; una evaluación ambiental y técnica “verdaderamente independiente, libre de conflictos de interés”; y un marco legal “previo, garantista y preventivo que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal”.

La concentración ha servido también para lanzar un mensaje claro y contundente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta: “Los pueblos de Castilla-La Mancha no aceptarán imposiciones ni decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”.

Del mismo modo, advierten al presidente García Page “del elevado coste electoral que le va a suponer seguir apoyando el plan de su consejera que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas”.

Piden la suspensión cautelar del plan de biometanización

Las plataformas exigen también la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

La jornada ha estado marcada, inciden, por “un ambiente de unidad, determinación y firme compromiso”. Vecinos de todas las comarcas afectadas aseguran que la oposición a este modelo “no es un fenómeno aislado, sino un movimiento regional amplio, transversal, organizado y cada vez más fuerte que aglutina a miles de personas del mundo rural”. Advierten y apelan a la solidaridad de todo el mundo rural ya que “hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural”.

Hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural

Las Plataformas Stop Biometano han valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización definitiva de un plan que consideran injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos.

“Hoy Toledo ha escuchado la voz de los pueblos de Castilla-La Mancha. Cientos de personas y decenas de plataformas han demostrado que nuestros pueblos están unidos y decididos a defender su tierra, su agua, su salud y su dignidad. No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial. La movilización no ha hecho más que comenzar”, señalan.

Plataformas adheridas a la protesta

Ahora, la protesta llega a la capital castellanomanchega. Según han informado sus organizadores a este medio, acudirán representantes de plataformas de Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calarava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Membrilla, Campos del Paraíso, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra, Manzanares, Malagón, Daimiel, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Villarrobledo, Huelves, Paredes, Tobarra y Fuentenovilla.

Junto a todas ellas, muchas con un largo historial de movilizaciones en sus municipios, también ha estado presente la Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que también impulsa y apoya desde hace años el rechazo a las plantas de biogás, principalmente porque consideran que suponen un “efecto llamada” para macrogranjas. Mantiene actualizado un mapa de los proyectos en la región:

Constituidas como Grupo regional de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha, la manifestación de Toledo quiere visibilizar el “rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y denunciar públicamente “la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental” por parte del Gobierno regional.

Hay posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, así como “deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública

Creen que el Plan Regional de Biometanización carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, omite “análisis clave” sobre disponibilidad de recursos, trazabilidad del digestato y emisiones fugitivas, y presenta “graves dudas sobre su imparcialidad por la vinculación de entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás”.

En la misma línea, desde una de las plataformas convocantes, la Asociación de Vecinos por la Sagra Viva sin Biogás, denuncian que una de las plantas que pretenden instalar en su comarca y de la que ya se han iniciado las obras, se ubica a una distancia de las poblaciones que consideran completamente insuficiente.

En concreto, a menos de un kilómetro y medio de los municipios toledanos de Cobeja, Yuncler y Villaluenga, así como a tres kilómetros de Pantoja, por debajo de lo que establece el propio Plan de Biometanización. Piden por ello que se paralicen las obras y se amplíe la distancia a estas poblaciones como mínimo a diez kilómetros “por los riesgos que podrían suponer sobre la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La concentración de Toledo pretende convertirse en una demostración de unidad regional frente a un modelo que consideran “impuesto, contaminante y socialmente rechazado”, así como en “un mensaje inequívoco” al Gobierno autonómico: “La ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos”.

“¿Qué piensan hacer con sus alpechines?”, dice el Gobierno regional

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho alusión a esta manifestación esta misma semana. Dice respetar estas protestas pero ha preguntado a los vecinos y vecinas que viven en algún municipio de la región “qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora”. Es decir, señala directamente los residuos agroganaderos que tratan y convierten estas plantas de biometano.

Si los residuos no se tratan de forma adecuada, los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región

Ha advertido de que si estos residuos no se tratan de forma adecuada, “tendremos un problema”, ya que “los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región”.

Por lo tanto, la consejera cree que es importante que eso también se tenga en consideración. Y al mismo tiempo defiende que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que “no molesten absolutamente a nadie” y que resuelvan estos problemas.

Precisamente, el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que antes del verano esté ya disponible y permita a la región contar con una norma reguladora que defina “qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha” y sobre todo, dónde se tienen que instalar y de qué forma, “para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones”.

Mientras esta planificación sigue su trámite, las empresas promotoras también desembarcaron recientemente en Toledo para analizar las variables ambientales del biogás. En unas jornadas organizadas por la Fundación Naturgy, Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) advirtió de que esta polémica renovable ha “venido para quedarse”, pero admitió que “debe explicarse mejor”. Varios expertos apostaron por su desarrollo para la descarbonización, aunque también reconocieron que “hay que saber llegar a la población rural”.

En ese evento también estuvo presente Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien incidió en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, recordó que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

No obstante, las supuestas bondades del biogás no terminan de convencer a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados. Con más de 70 proyectos operando o en planificación en toda la comunidad autónoma, las plataformas ciudadanos han decidido ahora unirse para manifestar su rechazo total, dentro un debate muy polarizado y de difícil solución.

La última gran manifestación en la región antes de la celebrada este sábado fue la llevada a cabo en la localidad conquense de Campos del Paraíso el pasado 28 de marzo. Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se movilizaron en este municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por 40 asociaciones, recorrió las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural. 

Una de las escasas poblaciones que hay en la provincia de Guadalajara de la alondra ricotí, especie declarada en peligro de extinción, se encuentra en Maranchón, una localidad donde se proyectan cinco macrogranjas avícolas que podrían provocar un “daño irreversible” a la conservación de la especie.

Así lo ha denunciado este martes la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa, que explica que el borrador del Plan de recuperación de la alondra ricotí, publicado recientemente por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla y La Mancha, sitúa una de las subpoblaciones del ave en coincidencia “casi total” con la ubicación de estas granjas.

“El despliegue de las granjas implica trabajos para la construcción de estas instalaciones y tráfico de camiones pesados por la zona donde se supone que está habitando la alondra ricotí”, asegura Pedro García, portavoz de la plataforma. Además, asegura que se trata de un ave “muy tímida, huidiza y que responde muy mal ante cualquier intervención humana”.

“Implicaría que dejaría de anidar en estas zonas que es su hábitat natural y al romper el hábitat natural y además establecer una especie de barrera entre las diferentes poblaciones que a un lado y a otro de la zona de Maranchón existen de esta alondra ricotil pues inhabilitaría los corredores ecológicos necesarios para que la alondra se distribuya por todo el norte de la provincia de Guadalajara”, añade.

García detalla que en España quedan como 3.000 machos reproductores de la alondra ricotí, 500 de los cuales se ubican la provincia de Guadalajara y 200 en el entorno de Maranchón. “Ahora mismo está catalogada como peligro de extinción, al borde de lo que se denomina estado crítico. Se calcula que, de no establecer medidas activas para protegerla, en un par de décadas la especie se extinguiría”, afirma el portavoz.

Por ello, desde la plataforma han pedido al Ayuntamiento de Maranchón “que tome nota de este nuevo hecho que podría provocar, de seguir el proceso de tramitación de estas granjas, un daño irreversible a la conservación de la especie” y que detenga el proceso de tramitación urbanística de la macrogranja ubicada en la pedanía de Clares, que es la que tiene su proyecto más avanzado.

Más de 400.000 gallinas en un espacio protegido

El proyecto de instalación de cinco macrogranjas avícolas industriales que se quieren posicionar en el término municipal de este municipio y sus cuatro pedanías -Turmiel, Codes, Clares y Balbacil- también recibió críticas el pasado mes de diciembre por parte de Ecologistas en Acción, que alertaban de la “amenaza que suponen” para una laguna y una planta protegida, así como de su afectación a la ZEC/ZEPA 'Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo', que forma parte de la Red Natura 2000.

En concreto, señalaban que la macrogranja de La Nava se ubicaría directamente sobre la Laguna Seca, un humedal temporal que se encharca en los periodos de lluvia y que tiene “gran valor para la biodiversidad”.

Su cubeta es hábitat de la planta endémica Tanacetum vahlii, que solo habita en las parameras y macizos calcáreos del Sistema Ibérico en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos, Teruel y Zaragoza. Actualmente, figura en la Lista Roja de la Flora Vascular Española y está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como “vulnerable”.

Tanto Ecologistas en Acción como la Plataforma han presentado numerosas alegaciones y escritos solicitando la desestimación de las cinco macrogranjas, que sumarían más de 400.000 gallinas en un espacio protegido y “ya maltratado por la proliferación desmedida de parques eólicos”.

El proyecto para construir una macrogranja porcina en Pozuelo (Albacete), impulsado por Cefusa, una empresa vinculada a la conocida marca comercial ElPozo, ha sido rechazado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible publica este jueves una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la que la Dirección General de Calidad Ambiental declara la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente para esta explotación de producción y recría de lechones.

El planteamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo ha sido clave. En 2023 este pueblo inició su particular batalla para blindarse frente a las explotaciones ganaderas intensivas, la industria que en este caso buscaba extenderse desde la vecina Región de Murcia a Albacete.

Se propuso una modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Esta era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.

La reforma introducía una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.

Un proyecto que colea desde hace seis años

El origen de este expediente está septiembre de 2020 cuando la mercantil Cefu, S.A presentó a la Junta de Castilla-La Mancha una solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la producción de miles de cerdos. Generó entonces una fuerte oposición vecinal que se organizó en torno a la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.

Las protestas fueron recurrentes tras la pandemia de COVID-19. Los vecinos se han movilizado masivamente con recogidas de firmas y manifestaciones, aunque al proyecto no le faltaron adeptos.

El curso normal del expediente se vio interrumpido por la entrada en vigor de la moratoria regional para nuevas explotaciones ganaderas de porcino en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2022. Una moratoria que se acabó el pasado 31 de diciembre de 2024, abriendo de nuevo la posibilidad a los más de 60 proyectos que había sobre la mesa y quizá otros nuevos, con una nueva normativa que condiciona la gestión de los purines que fue calificada por las plataformas anti-macrogranjas como una “farsa” y que ha abierto la puerta no solo a este tipo de explotaciones intensivas sino a la industria de producción del biogás que se nutre, entre otras cosas, de residuos de la ganadería.

El 20 de enero de 2025, una vez finalizada la moratoria, se requirió a la empresa promotora la adaptación técnica del proyecto a las nuevas exigencias de gestión de estiércoles.

Dos meses después, el 21 de marzo de 2025, la Dirección General de Calidad Ambiental recibió el informe de Compatibilidad Urbanística emitido por la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, “en el que se concluye de forma expresa que la actividad proyectada no es compatible con la normativa urbanística vigente”.

La modificación puntual urbanística realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha impedido al establecer límites de capacidad productiva para las explotaciones ganaderas en función de su ubicación y de los parámetros poblacionales y territoriales. “Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles”, concluye el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa incompatibilidad, abunda el Ejecutivo regional, “bloquea la evaluación de impacto ambiental”.

Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles

Tomás Villarrubia — Director General de Calidad Ambiental

La decisión se ha tomado a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa que han sido desestimadas “de forma íntegra” porque no se aprecian “circunstancias que justifiquen la continuación del procedimiento, dado el carácter vinculante y sobrevenido del informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Pozuelo”.

Hay que recordar que se planteaban hasta 51 naves, cerca de la pedanía de Argamasón, para albergar a los animales y proyectos que sumaban capacidad para decenas de miles de cerdos, hasta 85.000 en algunos informes, para un pueblo que no llega a los 500 habitantes.

Pese a todo, esta resolución todavía deja abierta la puerta a que la empresa promotora pueda interponer un recurso de alzada para intentar sacar adelante el proyecto. Este medio ha contactado con la promotora para conocer su valoración sobre la decisión del Gobierno regional, y si habrá o no recurso, aunque hasta el momento no ha sido posible.

Stop Macrogranjas: “Es el resultado de la lucha vecinal”

Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y una de las impulsoras de la plataforma vecinal en Pozuelo ha valorado la decisión del Ejecutivo regional. “Esta es la noticia que veníamos esperando. Por fin, desde que comenzamos preocupados en 2017 con el primer proyecto presentado”.

Cree que “es el resultado de la lucha vecinal” porque “la plataforma que no ha dejado ni un momento de preocuparse por el estado del proyecto. Primero informándose de los efectos tanto ambientales, económicos y demográficos que supondría para la zona. Y después reclamando al Consistorio, órgano sustantivo que tenía, como siempre le hemos venido reclamando, herramientas municipales para frenar estos proyectos y proteger el futuro de toda la comarca”.

Lozano ha recordado que la macrogranja porcina proponía instalar hasta 18 balsas de purines, “y después con el nuevo proyecto presentado en plena pandemia, era algo más pequeño, pero todavía monstruoso”.

“Podemos celebrar que nuestra comarca, nuestros municipios: Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro, Casa Cañete, La Solana, San Pedro... estarán libres de proyectos de ganadería industrial del calibre que planteaba la empresa Cefu, SA/ El Pozo”.

Lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana

Inma Lozano — Portavoz Coordinadora Stop Ganadería Industrial

Ha agradecido a la plataforma y a la Coordinadora Stop Ganadería Industrial “que apoya, asesora y acompaña a los pueblos en este duro proceso de David contra Goliat. Son muchos los pueblos que están defendiendo su territorio frente a proyectos devastadores pero cada vez son más los que son rechazados y paralizados por las denuncias que venimos haciendo”, señalaba en declaraciones a este medio.

En su opinión, “más allá de declaraciones, ordenanzas, suspensiones temporales.... lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana”, asegura, tras lo ocurrido con este caso. “Si el ayuntamiento no da compatiblidad urbanística, fundamentada en su Plan de Ordenación Urbana, el Gobierno regional no puede dar ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada ”.

Además, decía, “con la euforia del logro conseguido, animamos al resto de plataformas a seguir luchando y defendiendo sus territorios, su agua y el futuro de las generaciones que vendrán. Felicidades a todos los vecinos y gracias por no frenarse en todos estos años en su defensa del territorio”, ha concluido.

Al menos 332 municipios españoles, 14 de ellos en Aragón, están en alerta: su agua de consumo está contaminada por la presencia de nitratos puesto que en todos ellos se supera el límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l). Aunque el mayor número de casos se concentra en Castilla y León, un estudio de Greenpeace España sitúa varios focos en Aragón; esos puntos aparecen dispersos en municipios de las tres provincias, pero con una persistencia que apunta a un problema estructural. El informe publicado por la ONG para consultar la calidad del agua en España hace visible un problema que durante años ha permanecido diluido en registros oficiales difíciles de interpretar.

La herramienta, un mapa interactivo que se apoya en datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), permite comprobar municipio a municipio los niveles de nitratos en el agua del grifo y dibuja un patrón claro: la contaminación se concentra en áreas rurales con fuerte presión agrícola y ganadera. Aragón aparece en ese mapa como uno de los territorios donde el problema no solo existe, sino que se consolida. Esa fotografía coincide con lo que ya venían advirtiendo otros indicadores oficiales. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro muestran que seis de cada diez muestreos detectaron niveles compatibles con zonas contaminadas por nitratos en Aragón, una tendencia al alza en los últimos años.

En la provincia de Huesca destaca el de la localidad de Banastás, que presenta, según estos datos recopilados en 2024, 115 mg/l. Chimillas, muy próxima a esta, no se queda atrás con 82 mg/l. Al oeste, La Sotonera muestra 103 mg/l y Loscorrales, 92 mg/l. En Zaragoza, las afectadas son Monreal de Ariza (78 mg/l), Torrehermosa (87 mg/l), Artieda (61 mg/l), Abanto (55 mg/l), Gallocanta (53 mg/l) y Azuara (50 mg/l). Y en Teruel, las poblaciones que rebasan el límite legal de nitratos en el agua para consumo humano son Muniesa (54 mg/l), Ariño (52 mg/l), Torremocha de Jiloca (51 mg/l) y la capital de la provincia con 59 mg/l.

Los cuatro municipios altoaragoneses donde el agua del grifo no es potable por la presencia de nitratos empiezan a vislumbrar una solución. En Banastás y Chimillas, la situación está más avanzada gracias a una intervención de la Diputación Provincial de Huesca ya finalizada, a falta únicamente de trámites administrativos para su puesta en marcha. El alcalde de Chimillas, Miguel Ángel Torres, señala que, una vez completados estos pasos, los vecinos “podrán beber agua de calidad, la misma que en la capital”.

En el municipio de La Sotonera, el problema persiste en los núcleos de Plasencia y Quinzano, donde los vecinos recurren desde hace tiempo a fuentes de ósmosis para obtener agua potable, mientras que la del grifo se destina a otros usos. Su alcaldesa, Maribel Bailo, explica que el Ayuntamiento trabaja junto a la Diputación en un proyecto para traer agua desde la sierra que abastecerá también a Loscorrales y Esquedas, aunque aún está pendiente de permisos. En Loscorrales, la solución depende ahora de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Lejos de ser un fenómeno puntual, la contaminación afecta de forma recurrente a acuíferos y sistemas de abastecimiento, especialmente en comarcas como Los Monegros o las Cinco Villas, donde confluyen regadíos intensivos y una elevada densidad de explotaciones ganaderas. El origen del problema está ampliamente identificado. Tanto los datos oficiales como el análisis de Greenpeace apuntan al mismo factor: el modelo agroganadero intensivo. El uso masivo de fertilizantes y la acumulación de purines procedentes de la ganadería industrial favorecen la filtración de nitratos al subsuelo, contaminando las aguas que acaban llegando a los grifos.

Luis Ferreirím, responsable de Agricultura en Greenpeace España, señala que en 2025 en España se sacrificaron cerca de 1.000 millones de animales para consumo humano, “una cifra que no solo refleja el impacto en términos de bienestar animal y medioambiental, sino también el enorme volumen de residuos generados por la ganadería. Desde los años 60, el sacrificio de cerdos se ha disparado un 2.000%, consolidando a la industria porcina como la principal responsable de esta presión”.

Añade que “el 81% del nitrógeno agrícola que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de la actividad ganadera. A ello se suma un modelo productivo orientado al exterior: el 60% de la carne se exporta, lo que ha convertido a España en la mayor productora de porcino de la Unión Europea y la tercera del mundo. Mientras la carne sale fuera, los residuos permanecen, acumulándose y contaminando las aguas”.

Una dimensión política

En Aragón, esta relación adquiere además una dimensión política. Tal y como ha publicado este medio, el Gobierno autonómico ha revertido limitaciones previas y ha eliminado topes a las macrogranjas con el apoyo de Vox y el PAR, en un contexto en el que los niveles de nitratos no dejan de aumentar. La decisión se produce pese a que España, y entre las comunidades señaladas, Aragón, ha sido condenada por la justicia europea por incumplir la normativa sobre contaminación por nitratos, precisamente vinculada a fuentes agrarias y ganaderas intensivas.

Las consecuencias se dejan sentir especialmente en el medio rural. En algunos municipios aragoneses, la presencia de nitratos obliga a restringir el consumo de agua del grifo de forma recurrente, con vecinos que dependen de cisternas o agua embotellada en determinados periodos del año. Además, la contaminación presenta una característica que dificulta su percepción: es invisible. No altera el sabor ni el olor del agua, lo que retrasa la reacción social y política. A esto se suma un factor que el propio mapa pone de relieve: la falta de información completa. Cerca de una cuarta parte de los municipios españoles no dispone de datos suficientes sobre la calidad del agua, lo que sugiere que la dimensión real del problema podría ser mayor.

El debate, además, va más allá del límite legal. Greenpeace y diversos estudios científicos sostienen que el umbral de 50 miligramos por litro está desfasado y que los niveles seguros deberían situarse en torno a los 6 mg/l. De aplicarse ese criterio, el mapa de la contaminación dejaría de ser un conjunto de focos aislados para convertirse en una mancha mucho más extensa que afectaría a buena parte del territorio, incluido Aragón.

L'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat contra l'arxivament del cas de la coneguda com a “macrogranja dels horrors” de Llucmajor (Mallorca), en el qual se sol·licitava la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor. El procediment es reobre en aquesta fase exclusivament a l'efecte d'estudi del recurs, després que el Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma acordés el sobreseïment provisional en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l'empresa Avícola Son Ballester –l'activitat comercial de la qual desenvolupa sota la marca Avícola Són Perot S.A–, tal com va informar aquest diari. Cal assenyalar que l’explotació avícola ha estat en el focus informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el 26 de maig de 2025 i que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extremes de l’interior.

El despatx Peñas Roldán Abogados, que defensa la plataforma veïnal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, va presentar un recurs d’apel·lació contra l’interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma en entendre que la decisió del sobreseïment de les actuacions s’havia produït sense haver esgotat “les possibilitats d’indagació i investigació dels fets”. “És que ni tan sols s’han iniciat”, va lamentar Lorenzo Peñas a elDiario.es. Els veïns i veïnes afectats, ara constituïts en una plataforma, insistien que s’havien adherit a la denúncia presentada per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal a causa de “les males condicions de vida que patien els mateixos a causa de la situació d’insalubritat de la granja en qüestió”.

Nati García, que viu a la urbanització de Tolleric —a un quilòmetre de la granja—, va comprar la casa on viu el 2003. Aleshores, segons el seu relat, ja arribaven olors de la granja, però en cap cas com ara. “Quan es va tornar insuportable va ser a partir del 2019: vam passar d’olors puntuals a una situació insostenible”, va assenyalar a aquest diari. “Hem de tancar portes i finestres perquè els gasos fètids, possiblement tòxics, no entrin a les cases”, afegia. Pep, que viu a escassos 500 metres de la granja, va lamentar en aquest sentit que no podia “menjar fora ni tampoc a la cuina”.

En el recurs d’apel·lació —ara acceptat a tràmit— es recordava que l’explotació avícola, quan va ser ampliada, va començar a funcionar “sense la corresponent autorització administrativa, sent coneixedores d’aquest extrem les autoritats competents”. El motiu de la denúncia es fonamenta, segons assenyalaven, en una sèrie de “danys i perjudicis patits pels veïns confrontants amb la granja des de l’any 2019”. L’origen del dany que denuncien és, asseguren, en les “plagues d’insectes i mosques” i en les “males olors” que van començar a produir-se en totes les residències properes a l’explotació avícola. Els fets denunciats per la plataforma veïnal van ser comprovats en inspeccions posteriors de tècnics del Govern balear, segons els expedients administratius consultats per aquest diari.

“Perjudici emocional i econòmic”

A aquests danys denunciats cal sumar, afirmen, una “pèssima gestió del tractament dels cadàvers dels animals, havent-se trobat durant diversos anys diferents fosses d’animals morts als voltants de l’explotació”. Aquests danys els han comportat, lamenten, un perjudici “tant emocional com econòmic”, segons la seva versió, motiu pel qual van decidir constituir-se en plataforma. Anteriorment, afirmen que van fer arribar les seves denúncies a les administracions de manera individual, sense resultat.

A causa del perjudici que afirmen patir, es van presentar com a acusació particular després de l’obertura de diligències, en les quals se sol·licitava investigar la societat mercantil, propietària de l’explotació avícola, per la comissió de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l’ordenació del territori, així com d’estafa al consumidor. “És important aquest extrem, perquè no només estem parlant d’un maltractament animal, sinó que també està en risc la salut de les persones, no havent-se practicat cap diligència en relació amb els quatre apilonaments il·legals de fems que es van localitzar, es van fotografiar i es van comunicar a l’autoritat competent els anys 2024 i 2025”, van argumentar.

Pel que fa al possible delicte contra l’ordenació del territori, la plataforma veïnal considera, després d’haver estudiat el sòl de la zona, que hi ha sospites fonamentades que “la majoria de les naus construïdes a la zona l’any 2017, concretament sis de les set naus —cal assenyalar que una ha estat tancada—, es troben construïdes en sòl no urbanitzable”. Així mateix, alguna de les naus podria estar construïda, afirmen, sobre una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Tot i que afirmen haver sol·licitat l’obertura de diferents diligències (la declaració dels representants legals de l’empresa en qualitat d’investigats; la declaració testifical de càrrecs públics tant de l’Ajuntament de Llucmajor com del Govern; la declaració de la representant legal de la mercantil AENOR; l’aportació de la cèdula urbanística de totes les parcel·les on s’han construït les set naus de l’empresa per comprovar si les obres de reforma es van fer d’acord amb la llei; la declaració d’un pèrit catedràtic que pugui valorar els “diferents focus de plagues i infecció”, així com la declaració del veterinari de la macrogranja), el jutge instructor només ha tingut en compte “el concís informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l’absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre aspecte, com ara el tema de les plagues d’insectes a les cases veïnes, les males olors o el tracte donat als cadàvers de la granja”.

Segons els veïns, el jutge instructor només ha tingut en compte 'l'escàs informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l'absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre extrem'

En l’escrit presentat davant el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma es denunciava la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. A més, s’hi va adjuntar l’informe emès pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, complementat per un de Ramaderia i Sanitat Animal, dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern.

El jutjat va descartar els delictes denunciats

La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, cosa que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, en les condicions higienicosanitàries. Tanmateix, va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals. De fet, després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d’una de les naus, l’adopció de mesures cautelars, a més d’una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una de lleu.

Després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d'una de les naus, assumpció de mesures cautelars, a més d'una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una lleu

Pel que fa a l’alta mortalitat de l’explotació, el jutjat va argumentar que els índexs es trobaven dins dels límits considerats “normals” —segons la interlocutòria—, és a dir, per sota de l’1%. Un percentatge que no s’atribueix a cap classe de maltractament ni malaltia. La jutgessa tampoc no va considerar que existissin riscos sanitaris a l’explotació de Mallorca, una conclusió que es desprenia de les proves de sanitat animal realitzades, que van descartar els serotips de salmonel·la controlats, “no apreciant-se risc sanitari d’entitat penal”, recollia la resolució.

Pel que fa a la presència de rosegadors i els nombrosos errors de bioseguretat de les naus on s’allotgen les aus, el jutjat va reiterar que es consideraven estrictament incompliments de caràcter administratiu per part de l’empresa del sector alimentari. A més, es va considerar que aquests incompliments, ja corregits, no van causar un perjudici greu acreditat per a la salut o el medi ambient.

Finalment, respecte al possible delicte de maltractament animal, la Sala va descartar el delicte de l’article 340 bis del Codi Penal en interpretar que no s’havia comès un maltractament actiu o dolós. Afegia, així mateix, que no quedava acreditada cap lesió greu, ni patiment greu ni tampoc morts causades per una conducta penalment rellevant.

En aquest sentit, va resoldre que les deficiències detectades a la macrogranja de Llucmajor, que afectaven el benestar de les gallines, no “assoleixen el llindar de gravetat exigit pel tipus penal”. Per aquests motius, en considerar que els fets no constituïen delicte —sense perjudici de les responsabilitats administratives—, el jutjat va decretar el sobreseïment provisional de la causa. No obstant això, l'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat pels afectats, que sol·licita la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor.

La Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el archivo del caso de la conocida como “macrogranja de los horrores” de Llucmajor (Mallorca), en el que investigaban posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor. El procedimiento se reabriría a efectos de estudio del recurso, después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acordara el sobreseimiento provisional al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester –cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A–, como informó este diario. Cabe señalar que la explotación avícola ha estado en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el 26 de mayo de 2025 y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El despacho Peñas Roldán Abogados, que defiende a la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma al entender que la decisión del sobreseimiento de las actuaciones se había producido sin haber agotado “las posibilidades de indagación e investigación de los hechos”. “Es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamentó Lorenzo Peñas a elDiario.es. Los vecinos y vecinas afectados, ahora constituidos en una plataforma, insistían en que se habían adherido a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”.

Nati García, que vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a este diario. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadía. Pep, que vive a escasos 500 metros de la granja, lamentó a este respecto que no podía “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

En el recurso de apelación –ahora aceptado a trámite– se recordaba que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”. El motivo de la denuncia se fundamenta, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

“Perjuicio emocional y económico”

A estos daños denunciados hay que sumar, afirman, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor. “Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, argumentaron.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves –cabe señalar que una ha sido cerrada–, se encuentran construidas en suelo no urbanizable”. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

Según los vecinos, el juez instructor solo ha tenido en cuenta 'el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo'

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma se denunciaba la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Además, se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, complementado por uno de Ganadería y Sanidad Animal, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

El juzgado descartó los delitos denunciados

El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y, por lo tanto, de las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. De hecho, después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve.

Después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumentó que los índices se encontraban dentro de los límites considerados “normales” –según el auto del juzgado–. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. La jueza tampoco consideró que existieran riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprendía a partir de las pruebas de sanidad animal realizadas, que descartaron los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recogía el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado reiteró que se consideraban estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se consideró que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causaron un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente.

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descartó el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se había cometido un maltrato activo o doloso. Añadía, asimismo, que no quedaba acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pudiera considerar relevante.

En ese sentido, resolvió que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectaban al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por los afectados, que solicita la investigación de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor.

* Una primera versión de esta información aseguraba erróneamente que la Audiencia Provincial había ordenado reabrir el caso.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se han manifestado este sábado en Campos del Paraíso, municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

“Nuestros pueblos no son espacios vacíos”

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”

El texto advierte de que estos proyectos “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”.

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que “esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que “este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que “no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial”.

El documental que pondrá rostro al conflicto

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental ‘Extraños en el Paraíso’, un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que “este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad”, y ha subrayado que “no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro”.

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan “escasos beneficios locales” y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado “efecto llamada”, que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes —jóvenes, mayores, agricultores y familias— como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca “un punto de inflexión” y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural “justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos”.