El proyecto para construir una macrogranja porcina en Pozuelo (Albacete), impulsado por Cefusa, una empresa vinculada a la conocida marca comercial ElPozo, ha sido rechazado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible publica este jueves una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la que la Dirección General de Calidad Ambiental declara la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente para esta explotación de producción y recría de lechones.

El planteamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo ha sido clave. En 2023 este pueblo inició su particular batalla para blindarse frente a las explotaciones ganaderas intensivas, la industria que en este caso buscaba extenderse desde la vecina Región de Murcia a Albacete.

Se propuso una modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Esta era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.

La reforma introducía una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.

Un proyecto que colea desde hace seis años

El origen de este expediente está septiembre de 2020 cuando la mercantil Cefu, S.A presentó a la Junta de Castilla-La Mancha una solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la producción de miles de cerdos. Generó entonces una fuerte oposición vecinal que se organizó en torno a la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.

Las protestas fueron recurrentes tras la pandemia de COVID-19. Los vecinos se han movilizado masivamente con recogidas de firmas y manifestaciones, aunque al proyecto no le faltaron adeptos.

El curso normal del expediente se vio interrumpido por la entrada en vigor de la moratoria regional para nuevas explotaciones ganaderas de porcino en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2022. Una moratoria que se acabó el pasado 31 de diciembre de 2024, abriendo de nuevo la posibilidad a los más de 60 proyectos que había sobre la mesa y quizá otros nuevos, con una nueva normativa que condiciona la gestión de los purines que fue calificada por las plataformas anti-macrogranjas como una “farsa” y que ha abierto la puerta no solo a este tipo de explotaciones intensivas sino a la industria de producción del biogás que se nutre, entre otras cosas, de residuos de la ganadería.

El 20 de enero de 2025, una vez finalizada la moratoria, se requirió a la empresa promotora la adaptación técnica del proyecto a las nuevas exigencias de gestión de estiércoles.

Dos meses después, el 21 de marzo de 2025, la Dirección General de Calidad Ambiental recibió el informe de Compatibilidad Urbanística emitido por la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, “en el que se concluye de forma expresa que la actividad proyectada no es compatible con la normativa urbanística vigente”.

La modificación puntual urbanística realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha impedido al establecer límites de capacidad productiva para las explotaciones ganaderas en función de su ubicación y de los parámetros poblacionales y territoriales. “Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles”, concluye el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa incompatibilidad, abunda el Ejecutivo regional, “bloquea la evaluación de impacto ambiental”.

Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles

Tomás Villarrubia — Director General de Calidad Ambiental

La decisión se ha tomado a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa que han sido desestimadas “de forma íntegra” porque no se aprecian “circunstancias que justifiquen la continuación del procedimiento, dado el carácter vinculante y sobrevenido del informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Pozuelo”.

Hay que recordar que se planteaban hasta 51 naves, cerca de la pedanía de Argamasón, para albergar a los animales y proyectos que sumaban capacidad para decenas de miles de cerdos, hasta 85.000 en algunos informes, para un pueblo que no llega a los 500 habitantes.

Pese a todo, esta resolución todavía deja abierta la puerta a que la empresa promotora pueda interponer un recurso de alzada para intentar sacar adelante el proyecto. Este medio ha contactado con la promotora para conocer su valoración sobre la decisión del Gobierno regional, y si habrá o no recurso, aunque hasta el momento no ha sido posible.

Stop Macrogranjas: “Es el resultado de la lucha vecinal”

Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y una de las impulsoras de la plataforma vecinal en Pozuelo ha valorado la decisión del Ejecutivo regional. “Esta es la noticia que veníamos esperando. Por fin, desde que comenzamos preocupados en 2017 con el primer proyecto presentado”.

Cree que “es el resultado de la lucha vecinal” porque “la plataforma que no ha dejado ni un momento de preocuparse por el estado del proyecto. Primero informándose de los efectos tanto ambientales, económicos y demográficos que supondría para la zona. Y después reclamando al Consistorio, órgano sustantivo que tenía, como siempre le hemos venido reclamando, herramientas municipales para frenar estos proyectos y proteger el futuro de toda la comarca”.

Lozano ha recordado que la macrogranja porcina proponía instalar hasta 18 balsas de purines, “y después con el nuevo proyecto presentado en plena pandemia, era algo más pequeño, pero todavía monstruoso”.

“Podemos celebrar que nuestra comarca, nuestros municipios: Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro, Casa Cañete, La Solana, San Pedro... estarán libres de proyectos de ganadería industrial del calibre que planteaba la empresa Cefu, SA/ El Pozo”.

Lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana

Inma Lozano — Portavoz Coordinadora Stop Ganadería Industrial

Ha agradecido a la plataforma y a la Coordinadora Stop Ganadería Industrial “que apoya, asesora y acompaña a los pueblos en este duro proceso de David contra Goliat. Son muchos los pueblos que están defendiendo su territorio frente a proyectos devastadores pero cada vez son más los que son rechazados y paralizados por las denuncias que venimos haciendo”, señalaba en declaraciones a este medio.

En su opinión, “más allá de declaraciones, ordenanzas, suspensiones temporales.... lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana”, asegura, tras lo ocurrido con este caso. “Si el ayuntamiento no da compatiblidad urbanística, fundamentada en su Plan de Ordenación Urbana, el Gobierno regional no puede dar ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada ”.

Además, decía, “con la euforia del logro conseguido, animamos al resto de plataformas a seguir luchando y defendiendo sus territorios, su agua y el futuro de las generaciones que vendrán. Felicidades a todos los vecinos y gracias por no frenarse en todos estos años en su defensa del territorio”, ha concluido.

Al menos 332 municipios españoles, 14 de ellos en Aragón, están en alerta: su agua de consumo está contaminada por la presencia de nitratos puesto que en todos ellos se supera el límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l). Aunque el mayor número de casos se concentra en Castilla y León, un estudio de Greenpeace España sitúa varios focos en Aragón; esos puntos aparecen dispersos en municipios de las tres provincias, pero con una persistencia que apunta a un problema estructural. El informe publicado por la ONG para consultar la calidad del agua en España hace visible un problema que durante años ha permanecido diluido en registros oficiales difíciles de interpretar.

La herramienta, un mapa interactivo que se apoya en datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), permite comprobar municipio a municipio los niveles de nitratos en el agua del grifo y dibuja un patrón claro: la contaminación se concentra en áreas rurales con fuerte presión agrícola y ganadera. Aragón aparece en ese mapa como uno de los territorios donde el problema no solo existe, sino que se consolida. Esa fotografía coincide con lo que ya venían advirtiendo otros indicadores oficiales. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro muestran que seis de cada diez muestreos detectaron niveles compatibles con zonas contaminadas por nitratos en Aragón, una tendencia al alza en los últimos años.

En la provincia de Huesca destaca el de la localidad de Banastás, que presenta, según estos datos recopilados en 2024, 115 mg/l. Chimillas, muy próxima a esta, no se queda atrás con 82 mg/l. Al oeste, La Sotonera muestra 103 mg/l y Loscorrales, 92 mg/l. En Zaragoza, las afectadas son Monreal de Ariza (78 mg/l), Torrehermosa (87 mg/l), Artieda (61 mg/l), Abanto (55 mg/l), Gallocanta (53 mg/l) y Azuara (50 mg/l). Y en Teruel, las poblaciones que rebasan el límite legal de nitratos en el agua para consumo humano son Muniesa (54 mg/l), Ariño (52 mg/l), Torremocha de Jiloca (51 mg/l) y la capital de la provincia con 59 mg/l.

Los cuatro municipios altoaragoneses donde el agua del grifo no es potable por la presencia de nitratos empiezan a vislumbrar una solución. En Banastás y Chimillas, la situación está más avanzada gracias a una intervención de la Diputación Provincial de Huesca ya finalizada, a falta únicamente de trámites administrativos para su puesta en marcha. El alcalde de Chimillas, Miguel Ángel Torres, señala que, una vez completados estos pasos, los vecinos “podrán beber agua de calidad, la misma que en la capital”.

En el municipio de La Sotonera, el problema persiste en los núcleos de Plasencia y Quinzano, donde los vecinos recurren desde hace tiempo a fuentes de ósmosis para obtener agua potable, mientras que la del grifo se destina a otros usos. Su alcaldesa, Maribel Bailo, explica que el Ayuntamiento trabaja junto a la Diputación en un proyecto para traer agua desde la sierra que abastecerá también a Loscorrales y Esquedas, aunque aún está pendiente de permisos. En Loscorrales, la solución depende ahora de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Lejos de ser un fenómeno puntual, la contaminación afecta de forma recurrente a acuíferos y sistemas de abastecimiento, especialmente en comarcas como Los Monegros o las Cinco Villas, donde confluyen regadíos intensivos y una elevada densidad de explotaciones ganaderas. El origen del problema está ampliamente identificado. Tanto los datos oficiales como el análisis de Greenpeace apuntan al mismo factor: el modelo agroganadero intensivo. El uso masivo de fertilizantes y la acumulación de purines procedentes de la ganadería industrial favorecen la filtración de nitratos al subsuelo, contaminando las aguas que acaban llegando a los grifos.

Luis Ferreirím, responsable de Agricultura en Greenpeace España, señala que en 2025 en España se sacrificaron cerca de 1.000 millones de animales para consumo humano, “una cifra que no solo refleja el impacto en términos de bienestar animal y medioambiental, sino también el enorme volumen de residuos generados por la ganadería. Desde los años 60, el sacrificio de cerdos se ha disparado un 2.000%, consolidando a la industria porcina como la principal responsable de esta presión”.

Añade que “el 81% del nitrógeno agrícola que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de la actividad ganadera. A ello se suma un modelo productivo orientado al exterior: el 60% de la carne se exporta, lo que ha convertido a España en la mayor productora de porcino de la Unión Europea y la tercera del mundo. Mientras la carne sale fuera, los residuos permanecen, acumulándose y contaminando las aguas”.

Una dimensión política

En Aragón, esta relación adquiere además una dimensión política. Tal y como ha publicado este medio, el Gobierno autonómico ha revertido limitaciones previas y ha eliminado topes a las macrogranjas con el apoyo de Vox y el PAR, en un contexto en el que los niveles de nitratos no dejan de aumentar. La decisión se produce pese a que España, y entre las comunidades señaladas, Aragón, ha sido condenada por la justicia europea por incumplir la normativa sobre contaminación por nitratos, precisamente vinculada a fuentes agrarias y ganaderas intensivas.

Las consecuencias se dejan sentir especialmente en el medio rural. En algunos municipios aragoneses, la presencia de nitratos obliga a restringir el consumo de agua del grifo de forma recurrente, con vecinos que dependen de cisternas o agua embotellada en determinados periodos del año. Además, la contaminación presenta una característica que dificulta su percepción: es invisible. No altera el sabor ni el olor del agua, lo que retrasa la reacción social y política. A esto se suma un factor que el propio mapa pone de relieve: la falta de información completa. Cerca de una cuarta parte de los municipios españoles no dispone de datos suficientes sobre la calidad del agua, lo que sugiere que la dimensión real del problema podría ser mayor.

El debate, además, va más allá del límite legal. Greenpeace y diversos estudios científicos sostienen que el umbral de 50 miligramos por litro está desfasado y que los niveles seguros deberían situarse en torno a los 6 mg/l. De aplicarse ese criterio, el mapa de la contaminación dejaría de ser un conjunto de focos aislados para convertirse en una mancha mucho más extensa que afectaría a buena parte del territorio, incluido Aragón.

L'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat contra l'arxivament del cas de la coneguda com a “macrogranja dels horrors” de Llucmajor (Mallorca), en el qual se sol·licitava la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor. El procediment es reobre en aquesta fase exclusivament a l'efecte d'estudi del recurs, després que el Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma acordés el sobreseïment provisional en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l'empresa Avícola Son Ballester –l'activitat comercial de la qual desenvolupa sota la marca Avícola Són Perot S.A–, tal com va informar aquest diari. Cal assenyalar que l’explotació avícola ha estat en el focus informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el 26 de maig de 2025 i que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extremes de l’interior.

El despatx Peñas Roldán Abogados, que defensa la plataforma veïnal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, va presentar un recurs d’apel·lació contra l’interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma en entendre que la decisió del sobreseïment de les actuacions s’havia produït sense haver esgotat “les possibilitats d’indagació i investigació dels fets”. “És que ni tan sols s’han iniciat”, va lamentar Lorenzo Peñas a elDiario.es. Els veïns i veïnes afectats, ara constituïts en una plataforma, insistien que s’havien adherit a la denúncia presentada per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal a causa de “les males condicions de vida que patien els mateixos a causa de la situació d’insalubritat de la granja en qüestió”.

Nati García, que viu a la urbanització de Tolleric —a un quilòmetre de la granja—, va comprar la casa on viu el 2003. Aleshores, segons el seu relat, ja arribaven olors de la granja, però en cap cas com ara. “Quan es va tornar insuportable va ser a partir del 2019: vam passar d’olors puntuals a una situació insostenible”, va assenyalar a aquest diari. “Hem de tancar portes i finestres perquè els gasos fètids, possiblement tòxics, no entrin a les cases”, afegia. Pep, que viu a escassos 500 metres de la granja, va lamentar en aquest sentit que no podia “menjar fora ni tampoc a la cuina”.

En el recurs d’apel·lació —ara acceptat a tràmit— es recordava que l’explotació avícola, quan va ser ampliada, va començar a funcionar “sense la corresponent autorització administrativa, sent coneixedores d’aquest extrem les autoritats competents”. El motiu de la denúncia es fonamenta, segons assenyalaven, en una sèrie de “danys i perjudicis patits pels veïns confrontants amb la granja des de l’any 2019”. L’origen del dany que denuncien és, asseguren, en les “plagues d’insectes i mosques” i en les “males olors” que van començar a produir-se en totes les residències properes a l’explotació avícola. Els fets denunciats per la plataforma veïnal van ser comprovats en inspeccions posteriors de tècnics del Govern balear, segons els expedients administratius consultats per aquest diari.

“Perjudici emocional i econòmic”

A aquests danys denunciats cal sumar, afirmen, una “pèssima gestió del tractament dels cadàvers dels animals, havent-se trobat durant diversos anys diferents fosses d’animals morts als voltants de l’explotació”. Aquests danys els han comportat, lamenten, un perjudici “tant emocional com econòmic”, segons la seva versió, motiu pel qual van decidir constituir-se en plataforma. Anteriorment, afirmen que van fer arribar les seves denúncies a les administracions de manera individual, sense resultat.

A causa del perjudici que afirmen patir, es van presentar com a acusació particular després de l’obertura de diligències, en les quals se sol·licitava investigar la societat mercantil, propietària de l’explotació avícola, per la comissió de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l’ordenació del territori, així com d’estafa al consumidor. “És important aquest extrem, perquè no només estem parlant d’un maltractament animal, sinó que també està en risc la salut de les persones, no havent-se practicat cap diligència en relació amb els quatre apilonaments il·legals de fems que es van localitzar, es van fotografiar i es van comunicar a l’autoritat competent els anys 2024 i 2025”, van argumentar.

Pel que fa al possible delicte contra l’ordenació del territori, la plataforma veïnal considera, després d’haver estudiat el sòl de la zona, que hi ha sospites fonamentades que “la majoria de les naus construïdes a la zona l’any 2017, concretament sis de les set naus —cal assenyalar que una ha estat tancada—, es troben construïdes en sòl no urbanitzable”. Així mateix, alguna de les naus podria estar construïda, afirmen, sobre una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Tot i que afirmen haver sol·licitat l’obertura de diferents diligències (la declaració dels representants legals de l’empresa en qualitat d’investigats; la declaració testifical de càrrecs públics tant de l’Ajuntament de Llucmajor com del Govern; la declaració de la representant legal de la mercantil AENOR; l’aportació de la cèdula urbanística de totes les parcel·les on s’han construït les set naus de l’empresa per comprovar si les obres de reforma es van fer d’acord amb la llei; la declaració d’un pèrit catedràtic que pugui valorar els “diferents focus de plagues i infecció”, així com la declaració del veterinari de la macrogranja), el jutge instructor només ha tingut en compte “el concís informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l’absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre aspecte, com ara el tema de les plagues d’insectes a les cases veïnes, les males olors o el tracte donat als cadàvers de la granja”.

Segons els veïns, el jutge instructor només ha tingut en compte 'l'escàs informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l'absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre extrem'

En l’escrit presentat davant el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma es denunciava la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. A més, s’hi va adjuntar l’informe emès pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, complementat per un de Ramaderia i Sanitat Animal, dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern.

El jutjat va descartar els delictes denunciats

La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, cosa que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, en les condicions higienicosanitàries. Tanmateix, va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals. De fet, després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d’una de les naus, l’adopció de mesures cautelars, a més d’una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una de lleu.

Després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d'una de les naus, assumpció de mesures cautelars, a més d'una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una lleu

Pel que fa a l’alta mortalitat de l’explotació, el jutjat va argumentar que els índexs es trobaven dins dels límits considerats “normals” —segons la interlocutòria—, és a dir, per sota de l’1%. Un percentatge que no s’atribueix a cap classe de maltractament ni malaltia. La jutgessa tampoc no va considerar que existissin riscos sanitaris a l’explotació de Mallorca, una conclusió que es desprenia de les proves de sanitat animal realitzades, que van descartar els serotips de salmonel·la controlats, “no apreciant-se risc sanitari d’entitat penal”, recollia la resolució.

Pel que fa a la presència de rosegadors i els nombrosos errors de bioseguretat de les naus on s’allotgen les aus, el jutjat va reiterar que es consideraven estrictament incompliments de caràcter administratiu per part de l’empresa del sector alimentari. A més, es va considerar que aquests incompliments, ja corregits, no van causar un perjudici greu acreditat per a la salut o el medi ambient.

Finalment, respecte al possible delicte de maltractament animal, la Sala va descartar el delicte de l’article 340 bis del Codi Penal en interpretar que no s’havia comès un maltractament actiu o dolós. Afegia, així mateix, que no quedava acreditada cap lesió greu, ni patiment greu ni tampoc morts causades per una conducta penalment rellevant.

En aquest sentit, va resoldre que les deficiències detectades a la macrogranja de Llucmajor, que afectaven el benestar de les gallines, no “assoleixen el llindar de gravetat exigit pel tipus penal”. Per aquests motius, en considerar que els fets no constituïen delicte —sense perjudici de les responsabilitats administratives—, el jutjat va decretar el sobreseïment provisional de la causa. No obstant això, l'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat pels afectats, que sol·licita la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor.

La Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el archivo del caso de la conocida como “macrogranja de los horrores” de Llucmajor (Mallorca), en el que investigaban posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor. El procedimiento se reabriría a efectos de estudio del recurso, después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acordara el sobreseimiento provisional al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester –cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A–, como informó este diario. Cabe señalar que la explotación avícola ha estado en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el 26 de mayo de 2025 y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El despacho Peñas Roldán Abogados, que defiende a la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma al entender que la decisión del sobreseimiento de las actuaciones se había producido sin haber agotado “las posibilidades de indagación e investigación de los hechos”. “Es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamentó Lorenzo Peñas a elDiario.es. Los vecinos y vecinas afectados, ahora constituidos en una plataforma, insistían en que se habían adherido a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”.

Nati García, que vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a este diario. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadía. Pep, que vive a escasos 500 metros de la granja, lamentó a este respecto que no podía “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

En el recurso de apelación –ahora aceptado a trámite– se recordaba que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”. El motivo de la denuncia se fundamenta, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

“Perjuicio emocional y económico”

A estos daños denunciados hay que sumar, afirman, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor. “Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, argumentaron.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves –cabe señalar que una ha sido cerrada–, se encuentran construidas en suelo no urbanizable”. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

Según los vecinos, el juez instructor solo ha tenido en cuenta 'el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo'

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma se denunciaba la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Además, se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, complementado por uno de Ganadería y Sanidad Animal, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

El juzgado descartó los delitos denunciados

El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y, por lo tanto, de las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. De hecho, después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve.

Después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumentó que los índices se encontraban dentro de los límites considerados “normales” –según el auto del juzgado–. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. La jueza tampoco consideró que existieran riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprendía a partir de las pruebas de sanidad animal realizadas, que descartaron los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recogía el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado reiteró que se consideraban estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se consideró que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causaron un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente.

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descartó el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se había cometido un maltrato activo o doloso. Añadía, asimismo, que no quedaba acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pudiera considerar relevante.

En ese sentido, resolvió que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectaban al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por los afectados, que solicita la investigación de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor.

* Una primera versión de esta información aseguraba erróneamente que la Audiencia Provincial había ordenado reabrir el caso.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se han manifestado este sábado en Campos del Paraíso, municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

“Nuestros pueblos no son espacios vacíos”

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”

El texto advierte de que estos proyectos “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”.

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que “esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que “este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que “no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial”.

El documental que pondrá rostro al conflicto

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental ‘Extraños en el Paraíso’, un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que “este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad”, y ha subrayado que “no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro”.

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan “escasos beneficios locales” y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado “efecto llamada”, que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes —jóvenes, mayores, agricultores y familias— como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca “un punto de inflexión” y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural “justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos”.

La granja de cerdos de Castellote (Teruel), que está bajo lupa debido a los animales heridos, agonizantes y que han convivido con cadáveres en avanzado estado de descomposición, trabaja con Mazana, una empresa especializada en producción porcina, al menos desde el 28 de noviembre de 2025. Ubicada en Huesca, posee el sello de bienestar animal Welfair, que garantiza supuestamente que “los animales de granja y matadero son criados y tratados respetando altos estándares de bienestar”. La agroganadera suministra vacunas; abono, semillas y cereales, y se encarga de la supervisión técnica de la instalación, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es.

La ficha de control de cebaderos es un documento técnico que se utiliza en explotaciones de engorde (por ejemplo, porcino) para registrar y supervisar el estado de los animales, las instalaciones y el manejo. Este documento acredita que hubo una entrada de 400 cerdos el pasado 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

La marca Costa Brava Mediterranean Foods (Grupo Cañigueral) es la otra empresa con sello de bienestar animal Welfair que trabajó anteriormente con la polémica granja, propiedad de Ganados La Yruela S.C. Esta empresa catalana rescindió su relación con la explotación porcina en el último trimestre de 2025, aunque las razones no han trascendido. Este diario ha podido acreditar que el 2 de noviembre del año pasado se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia su matadero, propiedad de Frigoríficos Costa Brava S.A. Esta sociedad recibió cerca de 2 millones de euros de fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común) entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral, dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Afirman que “el 100% de nuestras granjas propias e integradas están certificadas en Bienestar Animal”. En un comunicado remitido a este diario, informaron de que la granja en cuestión “nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”.

Señalaron, además, que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”. Añadieron que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Una portavoz de Welfair se limitó a resaltar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Una nueva empresa, bajo el foco

Mazana, con sede en Capella (un pueblo de la comarca de la Ribagorza, en Huesca), es una empresa agroganadera especializada en producción porcina, fabricación de piensos, así como logística comercial, según su web. “Unimos los esfuerzos de cientos de familias dedicadas a la producción porcina con las necesidades de la industria alimentaria y la sociedad, logrando alcanzar los más altos estándares en materia de eficiencia, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad”, afirman.

Entre los objetivos de la empresa, destacan que quieren “seguir siendo una empresa familiar en un mercado global” y añaden que las personas, la innovación, la calidad y el medio ambiente están entre sus principios fundamentales. “Apostamos por involucrar a las personas como factor determinante, manteniéndonos fieles a nuestros principios pero siempre mirando al futuro, con la innovación, la calidad y la sostenibilidad como premisas”, manifiestan.

Este diario se ha puesto en contacto telefónicamente con un responsable de producción porcina de Mazana, a quien se le preguntó por su relación con la polémica granja de cerdos, y si es la responsable de suministrar pienso, medicamentos (vacunas), así como de su gestión técnica. “Bueno, a ver, no te voy a dar ningún tipo de información, solo decirte que por ahí están corriendo unos hechos, que no sé si son ciertos o no, no lo sé, pero cuando ocurrieron no estaba gestionada por nosotros”, ha respondido. Sin embargo, se le menciona que hay documentos que prueban lo contrario.

El más reciente es un albarán de salida de dos vacunas (Auskipra GN -100 dosis-, para la enfermedad Aujeszky y Stellamune Mycoplasma –125 dosis–, para la neumonía enzoótica porcina) desde Mazana Piensos Compuestos S.L hasta Ganados La Yruela S.C., con fecha del 10 de febrero de 2026. Por otro lado, hay una entrada de 400 cerdos el 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

Esta entrada de animales coincide con el cambio de propietario de la granja –cuyo nombre no ha trascendido–, y que ocurrió a finales de noviembre, según publicó Climática. Las primeras imágenes grabadas por ARDE son del 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025, mientras que las últimas son del 24 y 25 de febrero de 2026. “Bueno, yo no tengo más que decirte. Solo te puedo decir la verdad”, ha afirmado el responsable de Mazana.

Este diario se ha puesto en contacto con un responsable de calidad de la empresa, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Se le consultaba sobre cuál es la relación entre Mazana y la granja de cerdos de Castellote; si dicha empresa es la encargada de la gestión de la explotación y cuál era la relación comercial que tenían con el dueño de la granja.

En cuanto a Welfair, que gestiona su sello de bienestar animal, fuentes de la firma señalan a este diario que la granja dejó de estar certificada en noviembre de 2025 y que recientemente ha experimentado un cambio de titularidad. “El nuevo propietario ha iniciado el proceso de certificación en marzo de 2026 a través de una entidad de certificación independiente”, señalan. Asimismo, indican que esta mañana han llevado a cabo “una auditoría no anunciada”, en la cual, “no se han observado las condiciones mostradas en las imágenes difundidas”. “Estamos procesando la información recogida y la trazabilidad de los animales”, afirman. Por otro lado, concluyen que los animales que presentan lesiones o patologías incompatibles con los estándares sanitarios “no acceden a la cadena alimentaria”. “Animales como los mostrados no llegan al consumidor, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor”, concluyen.

Cerdos con heridas por canibalismo

En un primer reportaje, este diario informó sobre las presuntas irregularidades en una granja de cerdos de Castellote (Teruel), donde se veían animales con heridas producidas por canibalismo y cerdos agonizantes que no recibían los suficientes cuidados veterinarios. Además, algunos de ellos estaban muy sucios, con hernias o abscesos. De las imágenes también se desprendía una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos. Sin embargo, los hechos descritos a través de las imágenes grabadas, no han sido acreditados por la inspección del Gobierno de Aragón, donde gobierna Jorge Azcón (PP) en funciones.

Tras la publicación del reportaje, fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Aragón explicaron a elDiario.es que, a raíz de las denuncias recibidas en el Departamento, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) se desplazaron a la explotación ganadera de Castellote señalada (este martes) para realizar las comprobaciones oportunas, levantando el acta correspondiente. Según estas mismas fuentes, tras la inspección “no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario” y constataron “un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales”.

La granja, con una capacidad aproximada de 1.300 animales y en la que en ese momento había alrededor de 910 cabezas, mantenía tres animales apartados por enfermedad conforme a los protocolos establecidos, según las mismas fuentes. Asimismo, añaden, se verificó que la gestión de los cadáveres “se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente”. Este diario ha solicitado el acceso al expediente de la inspección de forma anonimizada, protegiendo los datos personales de las partes afectadas, sin que haya sido posible obtenerlo.

Bebedero sucio, larvas y ratones

Las imágenes grabadas por ARDE mostraban cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas, hernias, cadáveres dentro de la granja, presencia de ratones, el bebedero sucio y lleno de moscas, larvas en el suelo de la explotación, así violencia por parte de los operarios, que propinó patadas a uno de los cerdos. La veterinaria Laura Barreda, en un informe, consideró que las imágenes evidenciaban “presuntas deficiencias graves” en materia de bienestar animal y bioseguridad. Un extremo que, sin embargo, no ha sido acreditado por la inspección de un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre las presuntas irregularidades, en referencia a las condiciones de alojamiento y cría, la veterinaria describía la existencia de “suelos húmedos, cubiertos de excrementos”. Los animales tenían, afirmaba Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas de ellas “producidas por canibalismo”. Había animales, además, que no estaban recibiendo “los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. 

Por otro lado, la veterinaria observaba irregularidades en la “gestión de animales enfermos y cadáveres”. En este sentido, apuntaba a que había animales enfermos y heridos “sin tratamiento ni sacrificio”; cadáveres acumulados en las instalaciones, “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda lamentaba que se desconocía “si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”. En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional valoraba como “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones, como ratones y un perro.

Tras un par de años de alivio y ahora fuera de los focos mediáticos, las macrogranjas de cerdos y el uso intensivo de fertilizantes han vuelto a incrementar la contaminación del aire por amoniaco en España. En 2024, el sector agroganadero emitió 453 kilotoneladas (kt) de amoniaco, un 1,4% más que un año antes, según el último Inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos del Ministerio de Transición Ecológica. Se ha cortado una tendencia a la baja.

El amoniaco generado por la ganadería y agricultura intensivos ha sido el único contaminante monitorizado –que incluye los óxidos de nitrógeno, las micropartículas, el dióxido de azufre y los compuestos volátiles– que ha subido en este informe. Es la primera vez que esto ocurre desde 2021.

Con todo, al haberse modificado los límites máximos obligatorios de emisión de amoniaco a partir de 2021 –al tiempo que se revisaban los datos históricos de este tóxico liberados por España– el nivel actual cae dentro de la legalidad que marca una reducción del 3% respecto a los niveles de 2005 (507 kt máximos) para llegar al 16% en 2030. Las 453 kt de 2024 son un 13% menos que en 2005, según remarca el inventario.

Cabe añadir que hasta que se cambió el tope legal, España encadenó diez años seguidos de incumplimiento continuado con el amoniaco. Los ejecutivos españoles se quejaron regularmente en Europa y pidieron que se revisaran los límites, cosa que finalmente se materializó. A partir de entonces, se cumple la normativa.

El principal emisor de amoniaco es el uso de fertilizantes inorgánicos nitrogenados incluida la aplicación de urea “que representó el 22,8% del total”, según recoge el informe sobre contaminantes remitido por España a la Unión Europea. “Seguido de la aplicación de estiércol animal a los suelos”, reconoce el documento.

Salud humana y ecológica

El amoniaco es un tóxico medioambiental por diferentes motivos. Por un lado, “contribuye a la formación de micropartículas PM 2,5 que tienen un impacto significativo en la salud de las personas”, según explica la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA). La EEA añade que estas emisiones “contribuyen a la acidificación del suelo y el agua” lo que hace que se pierdan nutrientes y se dañen los ecosistemas.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica recuerda que el amoniaco liberado “es un precursor importante de la eutrofización al depositarse en ecosistemas terrestres y acuáticos”. La eutrofización es un agente de colapso ecológico como ha podido observarse de manera palpable en el Mar Menor.

El Inventario interno, por su parte, informa de que el aumento en la emisión de amoniaco de 2024 ha sido “consecuencia principalmente del aumento de la fertilización nitrogenada en suelos cultivados”. Es decir: el estiércol de cerdos y los fertilizantes están detrás de esta contaminación.

Respecto al primer factor, la gestión del estiércol de los cerdos en las factorías intensivas (y su mezcla con agua denominada purines) ha sido el factor que, hace unos años, disparó las cifras de amoniaco. Entre 2018 y 2020 España se convirtió en una de las potencias mundiales del porcino al aprovechar las fuertes importaciones de China que tuvo que reducir su producción por un brote de peste porcina.

Este contexto hizo que se publicara una normativa específica para intentar acotar las emisiones de este sector. Entre las nuevas reglas se impulsó la adopción de “las mejores técnicas disponibles (las MTD) porque el crecimiento ha derivado en un mayor impacto ambiental”, como reconoce el Ministerio de Agricultura. Se trata de una serie de técnicas para la gestión de los estiércoles: desde la alimentación de los animales hasta su conversión en abono.

La última evaluación del Ministerio de Agricultura (de 2023) afirma que, aunque el sector porcino intensivo ha hecho “esfuerzos significativos hacia una ganadería más sostenible”, su avance en la adopción de estas medidas ha sido a un ritmo “menor respecto al año anterior”. Y admite que “existe margen de mejora, especialmente en la implantación de técnicas específicas en ciertas categorías de animales y regiones”.

Ese margen se da, por ejemplo, a la hora de aplicar estiércol al campo: “Solo el 10% de las granjas realizan un enterrado del estiércol en un tiempo inferior a las 4 horas, que es el tiempo máximo requerido para la reducción eficaz de emisiones”, incluye el informe. También reseña que “se requiere avanzar en la implantación de MTD más eficientes para la reducción de emisiones”.

Repunte de los fertilizantes en el campo

Respecto a los fertilizantes, en 2024 se dio un fuerte salto: en total se aplicaron unos 4,4 millones de toneladas, un 17% más que un año antes. Más o menos la mitad fueron fertilizantes nitrogenados, los más relacionados con las emisiones de amoniaco. Y dentro de los nitrogenados el más usado es la urea.

Por cierto, los fertilizantes nitrogenados están unidos indisolublemente a los combustibles fósiles ahora en crisis por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán. Estos agroquímicos se fabrican a base de gas. Tanto como materia prima como la fuente de energía para las reacciones químicas que derivan en el compuesto que luego se aplica los cultivos. Casi el 80% del coste de los fertilizantes es el gasto energético para producirlos.

España es muy dependiente de las importaciones para mantener su nivel de fertilización agrícola sintética. Hasta el 75% de lo que se aplica se compra fuera. Según los datos del Banco Mundial y la ONU, los principales proveedores de fertilizantes de España son Egipto, Bélgica, Marruecos, Rusia y Portugal.

Una granja de cerdos de Castellote (Teruel), que trabaja con empresas certificadas en bienestar animal, mantiene animales heridos, agonizantes y conviviendo con cadáveres en descomposición dentro de las instalaciones, según las imágenes inéditas a las que ha tenido acceso elDiario.es. Las grabaciones fueron realizadas por la entidad de protección medioambiental y animal ARDE entre los días 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025 y 24 y 25 de febrero de 2026. La entidad ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Teruel por “presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa”.

Los animales tienen heridas producidas por canibalismo; hay cerdos agonizantes que no reciben los suficientes cuidados veterinarios y algunos de ellos están muy sucios, con hernias o abscesos. Además, de las imágenes se desprende una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos.

La granja, ubicada en la comarca del Maestrazgo, cuenta con dos naves y una capacidad de hasta 1.500 cerdos. Está vinculada a la comunidad de bienes La Yruela y a Ganados La Yruela S.C., cuyo representante legal es Joaquín Dolz Adell, según la documentación interna consultada por este diario. Esta también refleja que 700 lechones fueron trasladados desde Cebaderos Porcinos S.L., cuyo representante es Carlos Dolz Adell, hacia Ganados La Yruela S.C. en enero de 2025. Esta empresa no ha respondido a las preguntas de este diario.

Por otro lado, Ganados La Yruela S.C. mantiene relaciones comerciales con Frigoríficos Costa Brava, matadero vinculado a la marca Costa Brava Mediterranean Foods del Grupo Cañigueral, según la documentación interna a la que ha accedido este diario. El 2 de noviembre de 2025 se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia este matadero. Hay certificados de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales de carretera en el interior de las instalaciones, donde figura Frigoríficos Costa Brava S.A., a fecha de 28 de octubre. Frigoríficos Costa Brava S.A. recibió cerca de 2 millones de euros de fondos de la PAC entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral –que opera con diferentes sellos de calidad, así como la certificación en bienestar animal Welfair– dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Su presidenta es Elisabeth Cañigueral Borrás, también consejera delegada de Costa Brava Foods S.A.U. y vicepresidenta de la patronal Foment del Treball.

Tras las preguntas de elDiario.es, fuentes de Costa Brava Mediterranean Foods explican que “dicha explotación nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”. En este sentido, señalan que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”.

Asimismo, subrayan que la compañía “mantiene un firme compromiso con el bienestar animal” y que sus plantas de sacrificio, despiece y fabricación están certificadas bajo este estándar. Añaden que sus servicios sanitarios oficiales inspeccionan los animales antes y después del sacrificio, incluyendo la verificación de los requisitos de bienestar animal conforme a la normativa comunitaria europea. En este sentido, indican que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Fuentes de Welfair se limitan a explicar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Este diario ha trasladado una consulta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, dirigida por Javier Rincón (PP). Fuentes del Ejecutivo autonómico indican, ante este posible caso de maltrato animal, que los veterinarios de la administración sanitaria de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa realizarán en las próximas horas “una inspección biosanitaria en la finca”. El objetivo es, señalan, verificar “el estado de la explotación y el bienestar de todos los animales”. “Si se encuentra algún tipo de incumplimiento, el Departamento actuará con total transparencia y rotundidad por las vías legales establecidas en normativa en sanidad animal”, remarcan. Las mismas fuentes, sin embargo, afirman que el Departamento de Agricultura y Ganadería “no tenía constancia previa de este posible caso ni de ningún incumplimiento relacionado con cuestiones biosanitarias en dicha explotación”.

Falta de transparencia

El nuevo caso de la ‘granja de los horrores’ de Aragón, unido a los anteriores desvelados por este diario, revela una falta de transparencia en el modo de funcionamiento de los sellos de bienestar animal, como es el caso de Welfair. En esta nueva investigación, hay una contradicción entre lo que dice Costa Brava Mediterranean Foods y lo que asegura el propio sello. Por un lado, a través del buscador de Welfair se puede comprobar que Frigoríficos Costa Brava S.A. –que es el matadero del grupo Costa Brava Mediterranean Foods– consta como empresa certificada.

Esta empresa recibió el 17 de octubre de 2025 –dos semanas antes de que se grabaran las primeras imágenes– 190 cerdos de la categoría de cebo procedente de esta explotación, según la documentación consultada por este diario. La certificación Welfair, explica el sello en su web, tiene como objetivo fundamental “mostrar que los animales de granjas y mataderos han sido cuidados bajo estrictos estándares de bienestar avalados científicamente”. Este caso, sin embargo, revela contradicciones entre ambas empresas, de modo que no es posible saber si existen irregularidades o control sobre toda la cadena de producción.

En una investigación anterior, este diario desveló que AENOR había ofrecido a la 'granja de los horrores' de Mallorca pactar la fecha de la auditoría de “bienestar animal” que fue favorable. La instalación, certificada con el sello Welfair, había superado una inspección el 20 de mayo, que AENOR propuso que fuera acordada, según comprobó elDiario.es a través de correos internos. Las imágenes grabadas entre el 21 y 29 de abril, en cambio, mostraban suciedad extrema, cadáveres y maltrato animal. Posteriormente, AENOR suspendió el sello de bienestar animal de la ‘granja de los horrores’ de Mallorca, debido a las graves imágenes difundidas que mostraban la convivencia de aves vivas con cadáveres en avanzado estado de descomposición, ratas, suciedad extrema y otras irregularidades.

Cerdos vivos conviven con cadáveres descompuestos

Las imágenes muestran cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas y hernias; cadáveres en avanzado estado de descomposición dentro de la granja; presencia de ratones; bebederos sucios y llenos de moscas; larvas en el suelo; así como violencia por parte de uno de los operarios hacia los animales. La revisión del material audiovisual evidencia la existencia de presuntas deficiencias graves en materia de bienestar animal y bioseguridad, según un informe de Laura Barreda, veterinaria de Castellón, consultado por este diario.

Entre las presuntas irregularidades, en relación con las condiciones de alojamiento y cría, se describen suelos húmedos y cubiertos de excrementos. Los animales presentan, afirma Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas “producidas por canibalismo”. Hay animales que “no están recibiendo los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. Asimismo, hay cerdos “muy sucios, con heridas abiertas, abscesos y hernias”.

Barreda valora que, en el caso de las hernias, si no se tratan a tiempo “pueden alcanzar un gran tamaño”, pudiendo “llegar a atrapar órganos internos y poner en riesgo la vida del animal”. Estas heridas pueden generar lesiones en la piel y ser objeto de “canibalismo por parte de otros cerdos”. En cuanto a los abscesos, indican que los animales padecen alguna enfermedad y pueden “favorecer la entrada de patógenos e infecciones sistémicas”.

Por otro lado, la veterinaria observa irregularidades en la gestión de animales enfermos y cadáveres: animales heridos “sin tratamiento ni sacrificio” y cadáveres acumulados “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda señala que “se desconoce si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”.

En relación con las imágenes del operario dando patadas a los cerdos, las califica de “maltrato intencionado” en el contexto de su traslado “de un recinto a otro”. En las imágenes se aprecian signos de “miedo, dolor y angustia”, con animales que se pisan, se empujan e incluso practican canibalismo, de forma espontánea o sobre heridas abiertas. Son comportamientos que, añade, no se producen “en instalaciones adecuadas ni en la naturaleza”.

En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional considera “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones. Así, observa la entrada de un trabajador con un perro, además de la presencia de roedores en contacto con los animales y su comida. La presencia de gusanos es “consecuencia de la poca higiene”. Ambas situaciones “implican un riesgo de transmisión de enfermedades como la leptospirosis”, una zoonosis grave transmitida a humanos a través de la orina de animales infectados o de agua y suelo contaminados.

Riesgo “grave” para la salud pública

Barreda considera que las deficiencias observadas “no solo comprometen el bienestar animal, sino que también representan un riesgo grave para la salud pública”. La convivencia de cerdos vivos con cadáveres en descomposición, junto a la presencia de roedores y otros animales, favorece la proliferación de bacterias, virus y parásitos transmisibles al ser humano.

Entre ellos, menciona la leptospirosis; la salmonela, que puede provocar fiebre, diarrea y, en casos graves, septicemia; y cepas patógenas de E. coli, asociadas a infecciones gastrointestinales. También alerta de la yersiniosis, vinculada al consumo de carne de cerdo poco cocinada, y de bacterias como Clostridioides difficile, asociadas a infecciones intestinales. Asimismo, advierte del riesgo de virus como la gripe porcina, con síntomas similares a la gripe estacional en humanos, y de la hepatitis E, que puede transmitirse por el consumo de carne de cerdo o jabalí mal cocinada.

La veterinaria señala además la posible presencia de parásitos como la triquinosis, que se contrae al consumir carne cruda o poco cocinada; la tenia del cerdo; y la toxoplasmosis, especialmente peligrosa para mujeres embarazadas por el riesgo de malformaciones fetales. También menciona otros parásitos intestinales que pueden transmitirse por vía fecal-oral.

Por todas estas razones, Barreda concluye que existen “condiciones insalubres” en la explotación, con suelos cubiertos de excrementos que generan “altas cargas microbianas” y pueden transmitirse a trabajadores y al entorno. Además, la mezcla de animales sanos con heridos o moribundos “favorece la propagación de patologías”.

Posible vulneración de la normativa

Tras el análisis de las imágenes, la veterinaria considera que podrían estarse incumpliendo varios puntos de la normativa europea relativa al bienestar animal en cría y alojamiento, que obliga a evitar sufrimiento innecesario y a garantizar la atención inmediata a animales enfermos o heridos. También apunta a posibles incumplimientos en la normativa sobre gestión de subproductos animales, que establece la recogida y eliminación higiénica de cadáveres y prohíbe su contacto con animales vivos, así como en la normativa sobre enfermedades transmisibles.

En el ámbito medioambiental, Barreda destaca que la producción porcina puede tener un impacto significativo, especialmente por la generación de nitratos y emisiones de amoníaco. Subraya que la mejora de las condiciones higiénicas y de las instalaciones es clave para reducir el uso de antibióticos. Sin embargo, advierte de que las condiciones observadas podrían implicar un aumento de zoonosis y del uso de medicamentos, lo que incrementa el riesgo para la salud pública debido a las resistencias antimicrobianas.

En conjunto, concluye que las imágenes reflejan “violaciones sistemáticas, reiteradas y graves” de la normativa de bienestar y sanidad animal. Los animales, afirma, “sufren dolor, miedo y agonía” por deficiencias en alojamiento e higiene, así como por prácticas de maltrato y una gestión inadecuada de cadáveres. Por ello, considera necesario investigar de forma “inmediata” las explotaciones implicadas y aplicar las sanciones correspondientes. Además, propone medidas urgentes como la mejora de las condiciones higiénicas, la supervisión veterinaria diaria, la eutanasia de animales no aptos, la retirada reglamentaria de cadáveres y la formación del personal en bienestar animal.

Aragón se ha situado en el centro del mapa nacional del biometano. Con más de 75 proyectos en distintas fases de tramitación y solo unas pocas plantas ya operativas o en construcción, la comunidad aspira a convertirse en uno de los principales polos de producción de gas renovable en España. El eje Huesca-Zaragoza concentra buena parte del despliegue.

El impulso no es aislado. España se ha marcado como objetivo alcanzar 20 TWh anuales de biometano en 2030 dentro de la Hoja de Ruta del Biogás, alineada con el plan europeo REPowerEU para reducir la dependencia del gas fósil tras la crisis energética de 2022. Aragón parte con ventaja por la alta densidad ganadera, la abundancia de purines y red gasista capaz de absorber la producción sin nuevas infraestructuras troncales. Esta situación se da también en Castilla-La Mancha, donde son 70 los proyectos en marcha.

En estos momentos, la tramitación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) es desigual. 22 plantas en 18 municipios están o han pasado la fase de información pública: Zaidín, Vencillón, San Esteban de la Litera, La Albelda, Tamarite de Litera, Barbastro, Villanueva de Sijena, Fraga, Peñalba, Esquedas y Candasnos en la provincia de Huesca; La Almunia de Doña Godina, Tauste, Zuera, Calatorao, Ejea y Magallón en la provincia de Zaragoza, y Fuentes Claras y Cella en la de Teruel.

Además de estos proyectos se están tramitando otras 53 iniciativas de plantas de biogás en 41 municipios: Agón, Albalate de Cinca, Alcañiz, Alcalá de Gurrea, Alcolea de Cinca, Alfambra, Alfamen, Altorricón, Almudévar, Azaila, Azlor, Bañón, Barbastro, Belchite, Binéfar, Bujaraloz, Calamocha, Calanda, Caspe, Ejea de los Caballeros, El Burgo de Ebro, Esplús, Fraga, La Puebla de Híjar, Loporzano, Lupiñén, Magallón, Mallén, Mediana de Aragón, Pedrola, Perales de Alfambra, Peñalba, Quinto, Siétamo, Tamarite de Litera, Tauste, Velilla de Cinca, Villafranca del Campo, Villanueva de Sijena, Zaidín y Zuera.

Estos últimos aún no están en fase de información pública por lo que los datos de sus promotores no son públicos todavía.

Zaidín y Vencillón, las primeras

Entre las instalaciones más relevantes destaca la planta de Zaidín (Huesca), operativa desde marzo de 2024 y promovida por el Grupo Griñó. Trata unas 205.000 toneladas anuales de purines y residuos agroalimentarios.

Zaidín es una localidad pionera en este ámbito: en los años 90 se puso en marcha una planta de cogeneración donde el metano se utilizaba para producir electricidad. Actualmente, el aprovechamiento se orienta principalmente al gas.

También está muy avanzada la planta de biometano de Vencillón, cuya economía se fundamenta principalmente en la agricultura y la ganadería, sector tradicional heredado de sus orígenes como poblado de colonización.

En estos momentos se está a la espera de recibir el proyecto para tramitar el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), después de que haya superado la fase de exposición pública sin registrar alegaciones. Además, se han incorporado todas las correcciones señaladas por el Inaga para evitar afecciones a acuíferos, suelos y atmósfera. El proyecto también ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

La tramitación de esta planta comenzó hace casi seis años y se prevé que las obras y su puesta en funcionamiento se prolonguen durante otros dos años.

La planta de biogás de Vencillón está gestionada por Repsol, la distribuidora Enagás y una empresa de ingeniería. Se localiza a kilómetro y medio del núcleo urbano y gestionará más de 100.000 toneladas de residuos al año. Desde que comenzó el primer trámite para obtener la Declaración de Interés General del Gobierno de Aragón ha pasado más de un lustro y el presupuesto inicial se ha duplicado debido a la complejidad de los proyectos de inyección del biometano en el gasoducto “Vencillón-Sariñena Fase I”, una obra imprescindible para que el gas generado pueda llegar al sistema gasista.

“Una buena solución”

Ramón Capel, alcalde de Vencillón, defiende la oportunidad de esta planta ubicada en una zona vulnerable por la sobrecarga ganadera donde están próximas localidades como Tamarite de Litera, Altorrincón y los mataderos de Binéfar. “Es una buena solución para reducir la huella de carbono y evitar la contaminación medioambiental y se han seguido todas las exigencias normativas. También el agua es reutilizada y purificada sin afectar al sistema hídrico”, explica Capel.

Al mismo tiempo que cree que este tipo de plantas “han proliferado como hongos” y que no todas saldrán adelante porque se generan en una burbuja creada como ha ocurrido con las plantas de hidrógeno y las energías eólicas y solares, Capel también considera que en otros casos se peca de alarmismo, quizá por la falta de información. A su juicio, “nunca llueve a gusto de todos” y lo fundamental es que los proyectos sean objetivamente necesarios y cumplan de forma rigurosa los criterios medioambientales, eviten problemas de olores y contaminación y mantengan las distancias con los cascos urbanos. “El resto, será especulación”, sentencia.

Próximas a Vencillón hay algunas localidades en las que se impulsan varios proyectos, como el caso de San Esteban de Litera. También acumulan proyectos empresariales en las localidades zaragozanas de La Almunia y Caspe.

Reparos de San Esteban de Litera

Cerca de Vencillón, en San Esteban de Litera hay tres proyectos solicitados por parte de GIA Energy, Atria Power y ENCE Biogas. De momento, la que más rechazo produce es la de GIA, que cuenta con dos informes negativos de la Dirección de Ganadería, lo que ha conllevado otras dos solicitudes de archivo del expediente de planta de biogás por parte del ayuntamiento.

Tal como se informa a los vecinos en el boletín informativo del mes de marzo, buzoneado la pasada semana, “el pasado 19 de febrero el Consistorio solicitó el archivo del expediente de la planta de biogás que se ubica junto a la A-133, detrás de Distromel, una petición que se suma a una anterior que formuló a mediados del pasado año. Esta solicitud se realizó después de que la Unidad de Recursos Ganaderos del Servicio Provincial de Agricultura del Gobierno de Aragón informara de que las instalaciones previstas incumplían distancias con explotaciones ganaderas. Hay que recordar que dicha Unidad ya informó en esa línea hace unos meses, lo que motivó la primera de las solicitudes de archivo del expediente planteada por el Ayuntamiento”.

Por otro lado, también se ha informado a los vecinos de que el Ayuntamiento de San Esteban ha paralizado las licencias para este tipo de instalaciones que se pretendan ubicar a menos de 2 km del casco urbano. La decisión se enmarca dentro una suspensión temporal de licencias en el marco de una modificación puntual del Plan General que inició el propio ayuntamiento el pasado verano y que en estos momentos está en evaluación ambiental en el Inaga.

En cuanto a los otros dos proyectos de plantas de biogás en la zona de Ribabona, uno recibió informe desfavorable por distancias a explotaciones ganaderas y los promotores han registrado en el Inaga un cambio de ubicación. Por tanto, el expediente, en el caso de tramitarse, deberá volver a salir a exposición pública. El segundo está a la espera de los informes sectoriales, entre ellos el de Ganadería, que debe determinar si cumple o no con las distancias ganaderas.

Ubicaciones sin afecciones

En el Ayuntamiento zaragozano de Bujaraloz se han recibido al menos cinco propuestas para desarrollar plantas de biogás, siendo una de ellas la que más visos tiene de salir adelante y se ubicaría a 14 kilómetros del casco urbano, ya que el término municipal es muy alargado. Además, la zona a implantarse es de escaso valor medioambiental y el ayuntamiento es el titular de la superficie.

La localidad está catalogada como Zona Vulnerable a Nitratos, es decir, donde las aguas superficiales o subterráneas tienen —o corren el riesgo de tener— una concentración demasiado alta de nitratos procedentes de la actividad agraria y ganadera.

No obstante, no existe contestación ciudadana, tanto por la lejanía de su instalación como por la prudencia que muestra en todo momento el Consistorio que, ante todo, trata de preservar la salud de la población y exigir el cumplimiento riguroso de la normativa y los criterios del Inaga. Además, un proyecto ordenado y equilibrado también genera cierto impacto económico en el territorio en el que se instala, tanto por la compra de terrenos, la inversión en la obra y los impuestos municipales que recibe el erario público.

Energía o fertilizantes

En Teruel no hay tantos proyectos de biogás pero cuentan con algunas experiencias punteras como la de la empresa Fertinagro Biotech, que lleva años investigando y desarrollando soluciones en materia de fertilizantes tecnológicos y sostenibles en España.

El director de desarrollo estratégico de esta firma, Sergio Atarés, distingue los pros y contras de las plantas de biogás ya que, desde el punto de vista energético es positivo porque se reduce la dependencia externa, pero en materia de fertilizantes pueden añadirse problemas, sobre todo cuando la materia orgánica no son solo purines o restos de las industrias alimentarias.

Según Atarés, cuando se hace uso de subproductos que son digeridos por las plantas de biogás para producir energía, queda el digestato, la materia sólida que vuelve al suelo pero empobrecida, lo cual es perjudicial. En este punto, compara los tipos de suelos fértiles europeos, en los que abunda la materia orgánica, frente a los suelos mediterráneos, típicos de climas secos, donde los suelos carecen de nutrientes, por lo que “estamos limitados para tal cantidad de plantas de biogás”. Desde su punto de vista, el biogás es una buena solución cuando existe mucha biomasa y siempre que existan soluciones para el digestato. La propia Unión Europea pone límites para tratar el producto orgánico resultante de la digestión anaeróbica en plantas de biogás, como los compuestos poliaromáticos y otras sustancias prohibidas.

La empresa turolense, filial de Térvalis, tiene su propia planta de biogás de autoconsumo en la localidad de Escucha con una gestión de 40.000 toneladas al año. Fertinagro Biotech también asesora a otras empresas que desarrollan plantas de biogás porque sin una planificación agronómica rigurosa, el problema se desplaza, pero no desaparece.

Mapa actual de zonas vulnerables

Aragón ha ampliado recientemente sus zonas vulnerables (áreas donde el agua subterránea está contaminada o en riesgo por el exceso de abonos y purines). La Orden AGM/83/2021, revisada a finales de 2025, es la referencia legal vigente. 

El mapa del biogás en Aragón sigue de cerca el de la ganadería intensiva. Muchos de los proyectos se concentran en el este de la provincia de Huesca, en comarcas como La Litera y el Bajo Cinca, uno de los principales núcleos porcinos del país y donde el volumen de purines convierte estos residuos en una materia prima abundante. Otro eje se extiende por el valle medio del Ebro y las Cinco Villas, con municipios como Tauste, Magallón o Agón, donde la agricultura de regadío y la ganadería intensiva alimentan nuevas iniciativas energéticas. En los últimos años también han surgido proyectos en el entorno de Huesca y el Somontano —con casos como Loporzano o Barbastro—, algunos de ellos acompañados de una creciente contestación vecinal.

La localidad oscense de Loporzano se encuentra en el centro de un creciente conflicto tras conocerse que su alcalde, David Suelves (PP), es el promotor de dos nuevas explotaciones porcinas que sumarán 14.000 plazas en la pedanía de Barluenga. El proyecto, que incluye una granja de 2.000 cerdos de engorde y otra de recría con 12.000 lechones –equivalentes a 240 unidades de ganado mayor (UGM)–, duplicaría con creces la capacidad ganadera actual del municipio, que hasta hace dos años apenas contaba con 5.700 plazas repartidas en tres instalaciones.

Se da la circunstancia de que esta expansión coincide en el tiempo con la tramitación de una polémica planta de biogás diseñada para gestionar 95.000 toneladas de residuos anuales –entre ellos, los purines de las granjas–, lo que ha reabierto una brecha social en un territorio con una década de movilizaciones contra la ganadería industrial.

Ahora gobernado por el PP, este municipio altoaragonés fue paradójicamente años atrás ejemplo de oposición al desarrollo de granjas de ganadería intensiva de la mano de la asociación Loporzano Sin Ganadería Extensiva y de la agrupación Loporvenir, que incluso estuvo al frente de la Alcaldía entre 2019 y 2023 tras un acuerdo con el PSOE y el PAR. En las últimas elecciones municipales, Loporvenir ganó en votos, pero el acuerdo entre los tres concejales populares y uno de la FIA proporcionó el bastón de mando a Suelves.

Las iniciativas del actual primer edil, de profesión agricultor, pasan por la construcción de diferentes instalaciones para una explotación 2.000 cerdos de cebo y otra de recría de lechones de 12.000 plazas, una cifra que en términos de carga contaminante y gestión de residuos equivale al impacto de unos 480 cerdos de cebo adultos –240 cada una–. Esta 'traducción' a UGM es la escala que utiliza la administración para evaluar el verdadero potencial contaminante de las explotaciones, independientemente de la edad o el peso de los animales.

Pero en las últimas semanas ha resurgido un movimiento vecinal contrario a ambos proyectos por su posible impacto en olores, ruidos, tráfico de camiones pesados y captación de agua. A los vecinos más críticos no se les escapa que el número total de animales es el que realmente genera el tráfico de camiones, el ruido y la gestión masiva de purines.

Alegaciones

Según consta en el tablón de anuncios, se ha abierto período de información pública de quince días naturales desde la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Aragón para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes a los proyectos presentados, antes de obtener la declaración de impacto ambiental favorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La alarma ha calado hondo entre numerosos residentes. Una vecina de Barluenga, Eva Fañanás, ha presentado ya alegaciones formales cuestionando la viabilidad hídrica de los proyectos y recuerda que la población sufre restricciones de agua potable durante el verano y que el propio Consistorio ha denegado permisos en el pasado por falta de recursos. En la misma línea, la propietaria de esta finca colindante alerta sobre la posible afección a los acuíferos dada la cercanía de las instalaciones a la presa de Montearagón. También expresa una sensación de “impotencia”, tras haber rehabilitado la vivienda familiar recientemente y ahora teme que los olores, el ruido y el tráfico constante de camiones pesados degraden el entorno.

Por su parte, el alcalde David Suelves defiende la legalidad de sus iniciativas y asegura que se abastecerá del río Flumen para no afectar a la red municipal. El edil sostiene que cumple con los rigurosos requerimientos medioambientales y que, aunque aún no ha precisado el volumen exacto de purín generado, su memoria técnica garantiza terrenos suficientes para el vertido de los desechos. Respecto a las críticas por la proximidad a núcleos urbanos, el promotor recalca en la documentación que sus granjas respetan los límites de las normas subsidiarias: la instalación de lechones se ubica a 1.380 metros de Barluenga, y la de cebo, a igual distancia de Sasa del Abadiado sin que exista ninguna vivienda diseminada en un radio menor de 150 metros. En ambas se superan los 1.300 metros exigidos por la normativa para suelos urbanos.

Una planta de biogás de amplio radio

Paralelamente, la planta de biogás promovida por Catalana de Biogás –una compañía nacida en 2022 respaldada financieramente por Sinia Renovables, inversor especializado en proyectos de energía renovable integrado en el Grupo Banco Sabadell– añade otra capa de incertidumbre. La firma, que se presenta como especialista en biometano, ofrece soluciones integrales en colaboración con otros socios, como cooperativas agrícolas, gestores de residuos y empresas del sector energético, sin que se conozca una instalación gestionada por ellos.

El propio alcalde facilitó un encuentro en el Ayuntamiento de Loporzano para que la empresa presentara el proyecto, al que acudieron más de 160 personas. La mayoría expresó su rechazo y su preocupación por el tamaño de la instalación, la falta de información previa y el impacto territorial, que también afectaría a los municipios vecinos de Tierz y Quicena. Algunos asistentes reclaman más transparencia ya que del proyecto, que lleva sobre la mesa desde febrero de 2025, no se han conocido demasiados detalles, ni se ha respondido a varias preguntas planteadas, ni se ha ampliado posteriormente información, pese a haber facilitado un correo electrónico de contacto.

La statup, que cuenta con una veintena de sociedades limitadas y nació con un capital social de 3.000 euros, genera dudas entre algunos vecinos que sospechan que este tipo de iniciativas pueden tener un objetivo más logístico que productivo, ya que se localiza junto al gasoducto donde verter el metano.

El proyecto contempla la generación de biometano a partir de residuos orgánicos, con distintas vías de aprovechamiento: inyección en la red de gas natural o producción de Gas Natural Licuado o Comprimido (GNL/GNC). Este tipo de instalaciones no necesariamente se destinan al tratamiento de purines –habitual en zonas con gran concentración ganadera–, sino que también pueden utilizar subproductos de la industria agroganadera, residuos alimentarios, restos de jardinería, pesca, industria textil o lodos de depuradora, para producir energía renovable y biofertilizantes.

Desde Catalana de Biogás, que en la actualidad desarrolla “más de diez proyectos en diferentes territorios”, señalan a este periódico que defienden “un compromiso firme con el territorio y con el diálogo cercano con las comunidades locales en cada uno de sus proyectos”. Aseguran que sus proyectos tienen un “tamaño mediano y reducido” y que “generan un impacto positivo en el entorno” al priorizar “un modelo de proximidad”.

Respecto a la iniciativa en Loporzano, fuentes de la compañía explican que su enfoche está “centrado en la integración ambiental”, con una “tecnología pionera” en su diseño. El proyecto se ha “dimensionado en función de la generación actual de residuos locales” para evitar “cualquier efecto llamada o incentivo para la llegada de nuevas granjas”. De las 400.000 toneladas de residuos ganaderos que se generan actualmente en el entorno, desde Catalana de Biogás remarcan que “gestionará una cuarta parte” y que lo hará con “un criterio de proximidad”.

La instalación, que se someterá a “un proceso muy estricto a nivel ambiental y técnico” antes de recibir el visto bueno, producirá alrededor de 30 GWh anuales de biometano, lo que equivalente “al consumo anual de gas natural de aproximadamente 3.000 viviendas”. Y aclaran que el impacto económico en el municipio será “positivo” entre los impuestos y la inversión, que dará lugar a entre seis y diez empleos directos en la fase operativa más entre 25 y 30 indirectos.

“Solucionar un problema que no existe”

En cuanto a la carga ganadera, en las 15 pedanías de Loporzano hay tres granjas de porcino y cuatro de terneros donde cada ganadero gestiona sus residuos. Por ello, un vecino de Terz cree que la planta “vendría a resolver un problema que no existe, salvo que la intención sea otra, como actuar como promotora o intermediaria”. También es posible que, una vez implantada, pueda proponerse un cambio de actividad en el futuro si no prospera en sus fines iniciales. Muchos recelan del 'boom' de estas instalaciones, como ocurre con las plantas de renovables y de los centros de datos.

Sin embargo, el alcalde discrepa sobre la falta de idoneidad de la planta porque explica que su radio de acción es de 20 kilómetros a la redonda, y engloba a varios municipios más en la comarca oscense de la Hoya de Huesca, con localidades como Angüés o Alcalá del Obispo, donde existen numerosas granjas, “si bien ha coincidido que todo se hará en Loporzano”. Incluso sus futuras granjas podrían ser usuarias de la planta de biogás.

Igualmente, Suelves ha organizado una visita para que los vecinos de Loporzano, Tierz y Quicena puedan conocer el funcionamiento de una a la planta de Alcarrás, promovida por 150 ganaderos de este municipio leridano y otras localidades vecinas, y ubicada en terrenos anexos a la planta de compostaje que ya funciona en la zona de Vallmanya. Estas dos instalaciones están dedicadas a tratar deyecciones ganaderas, restos de poda y otros residuos orgánicos.

Este escenario ha dado lugar al nacimiento de la plataforma Stop Biogás Loporzano, que se suma a la histórica lucha de la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva, creada a finales de 2015. La plataforma vecinal ha surgido tras la alarma social provocada por los dos proyectos de porcino intensivo y la planta de biogás en este municipio de unos 550 habitantes, repartidos en 15 núcleos de población, parte de cuyo término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Por su parte, el alcalde niega que Loporzano sea “antigranjas”, sino que hay vecinos que no están de acuerdo mientras que otros sí, y recuerda que ya existen granjas como una de miles de gallinas. Para Suelves son tramitaciones diferentes que solo son coincidentes en el tiempo y ambas “siguen los plazos y rigurosos requerimientos medioambientales”.

Detalles técnicos y marco normativo

Los proyectos impulsados por el alcalde de Loporzano, que suponen una inversión superior al millón de euros, se ubican en las parcelas 84 y 149 del polígono 1 de Barluenga. Según la documentación técnica, las instalaciones prevén una gestión de residuos mediante fosas de purines de 1.695 m3 –superando los 1.440 m3 necesarios– y fosas de cadáveres estancas.

Aunque el municipio es zona vulnerable a la contaminación por nitratos y está bajo el plan de protección del quebrantahuesos, los informes señalan que las parcelas quedan fuera de las áreas críticas y de la Red Natura. Asimismo, el promotor asegura cumplir con las distancias legales, situándose a 1.380 metros de Barluenga (el mínimo exigido es 1.300 m) y a 1.296 metros de la granja más cercana.

No obstante, la calificación de estos proyectos reabre el debate sobre las llamadas “macrogranjas”. Aunque el término carece de validez jurídica, define coloquialmente a las explotaciones que, por su escala, deben someterse a una Autorización Ambiental Integrada (AAI) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La normativa estatal (RD 306/2020) sitúa el umbral para este control riguroso en 2.000 plazas de cebo de más de 30 kg o 750 cerdas reproductoras. En Aragón, líder nacional con cerca de 15 millones de cabezas, existe cierta controversia dado que la legislación permite ampliar capacidades hasta los 7.200 cerdos bajo condiciones específicas, una flexibilidad que, según sectores críticos, incentiva la proliferación de instalaciones que ajustan sus dimensiones para evitar los trámites medioambientales más exigentes.

El Partido Verde-Verdes Equo de Castilla-La Mancha ha lamentado que el Gobierno regional no se haya reunido con vecinos ni con las plataformas que piden la paralización de los diversos proyectos para impulsar plantas de biometano en territorio castellanomanchego.

En un comunicado, Elisa Díaz Argüelles, coportavoz del partido, ha afeado esta ausencia de contactos por parte del Ejecutivo de García-Page cuando ha pasado más de un año del inicio de movimientos contra la industria del biometano, con una primera movilización de los vecinos de Campo de Criptana (Ciudad Real).

“Las macrogranjas y las grandes plantas de biometano forman parte de un modelo de crecimiento ilimitado que trata de pasar por encima de las personas y de los territorios”, afirma Díaz en su escrito.

“Es realmente lamentable que las empresas gasistas que están promoviendo estas industrias hayan apostado por instalarse en pueblos pequeños, que no producen en absoluto la enorme cantidad de toneladas de residuos que necesitan sus macroplantas”.

Critican los residuos que se generarían

La coportavoz afirma que el mayor problema que generarían estas industrias si se implantaran serían los residuos que generarían, entre los que destaca el digestato.

“Dicen que es fertilizante, pero nada más lejos de la realidad. La distribución de este nuevo residuo en miles de hectáreas convertirá nuestros campos en tierras con contaminantes y nitrogenadas. Y esa contaminación va a aprovecharse de las tormentas con nombre (Leonardo, Oriana o Regina) para filtrarse en nuestros acuíferos y provocar los efectos más nocivos sobre nuestra agua de boca”, afirma.

“Los que venden estos macroproyectos nos hablan de economía circular y de gestión adecuada de los residuos existentes y basan sus propuestas en la acumulación en nuestro territorio de los desechos de comunidades vecinas, dado que aquí el volumen de residuos generado es completamente insuficiente para producir en cantidades rentables”, añade Díaz.

Por ello, desde Verdes Equo de Castilla-La Mancha proponen “una transición agroecológica que no solo reduzca la dependencia de insumos externos y mercados globales, sino que también promueva prácticas que regeneren los suelos, el agua y la biodiversidad, garantizando una producción de alimentos sana y suficiente para las comunidades locales: una verdadera soberanía alimentaria”.

L’empresa Avícola Son Perot S.A., que opera sota la marca comercial Avícola Ballester, ha procedit al sacrifici de gairebé 90.000 gallines de les seves instal·lacions a Llucmajor (Mallorca), la coneguda com a “macrogranja dels horrors”. Aquesta mesura s’ha executat en compliment de les mesures cautelars dictades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern balear.

Una d’elles consistia que l’explotació avícola passés de gairebé 136.000 aus al sostre de 40.000 animals, tal com estableix la legislació autonòmica. Cal assenyalar que l’explotació avícola es va situar sota el focus mediàtic a finals de maig de 2025, quan elDiario.es va publicar en primícia les condicions d’insalubritat, manca d’higiene i brutícia extremes que es desprenien de les imatges inèdites, gravades per les associacions ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril.

El sacrifici massiu s’ha dut a terme tot i que la Federació de Santuaris d'Animals (FESA) va sol·licitar formalment una “solució ètica i urgent” per evitar la mort de les aus. “Fem una crida urgent a les autoritats locals, al propietari de l’explotació i a la Conselleria d’Agricultura per aturar aquesta mesura cruel i innecessària”, va assenyalar a aquest diari María González Sola, secretària de la Federació, en referència al “buidatge sanitari” –és a dir, el sacrifici– que va imposar la Conselleria que dirigeix Joan Simonet (PP), després de decretar el tancament d’una de les set naus –destinada a gallines camperoles–.

Va ser una de les mesures que va imposar el Govern de Marga Prohens després que diversos tècnics de la Conselleria, així com agents del Seprona de la Guàrdia Civil, comprovessin que s’havien comès un total de set infraccions qualificades de “greus”. El tancament de la nau set va suposar el sacrifici d’unes 20.000 gallines. Tot i que inicialment es va proposar una sanció de 420.000 euros, finalment es va imposar una multa de 200.100, per set faltes greus i una de lleu, com va informar aquest diari. La Conselleria, però, va assegurar no tenir competències quant a la gestió de les aus i va traslladar la responsabilitat a la propietat. González Sola va assegurar a aquest mitjà que l’alternativa que proposava FESA no posava en risc “en cap moment les mesures sanitàries necessàries per al correcte trasllat dels animals”.

“Els diners estan per damunt de tot”

El portaveu de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a aquest diari que el cas de Llucmajor és una mostra més “de la cosificació dels animals tant per part de l’empresa, que només busca el benefici econòmic, com per part de l’administració, a qui no li interessen gens ni mica els animals”. Gimeno lamenta que sembli que els diners estan “per damunt de tot: de les persones, dels animals i del medi ambient”.

L’explotació avícola de Llucmajor, situada a la finca de Ses Cisternetes, compta amb un total de set naus –sis per a les aus, així com un centre de classificació d’ous–, amb una capacitat màxima de 135.696 gallines (54.672 gallines en gàbies, 63.024 gallines camperoles –tipus 1– i 18.000 aus en producció d’aviari). Tanmateix, després de la investigació publicada per aquest diari, i arran de diverses irregularitats detectades pel Govern en inspeccions anteriors, s’imposa a la macrogranja l’obligació –que marca també la nova llei– d’acollir un màxim de 40.000 gallines.

Aquesta mesura cautelar ha estat complerta per part de la macrogranja, tal com es desprèn de la resolució de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, arran d’una petició de transparència sol·licitada per aquest diari. El 5 de desembre de 2025, una veterinària oficial del Servei de Producció Ramadera va revisar la documentació relativa a l’expedient de l’explotació avícola, així com els registres de moviment i cens. La inspecció va constatar que tres dies abans, el 2 de desembre, la granja de Llucmajor havia reduït el nombre d’aus per sota de les 40.000 gallines.

Segons la informació sol·licitada, Fernando Fernández, director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, va dictar una resolució mitjançant la qual s’ordenava “la ratificació de la suspensió parcial de l’activitat de producció i reproducció de l’espècie avícola”. A la pràctica, suposava la prohibició de l’entrada de noves aus i la desescalada progressiva fins a situar el sostre per sota de les 40.000 gallines. En aquest cas, com va ocórrer després del “buidatge sanitari” de la nau 7 –la que es trobava en estat més greu, segons van determinar les autoritats mitjançant inspecció–, l’empresa ha procedit al sacrifici de totes elles, malgrat que diferents organitzacions van oferir els seus santuaris per evitar-ho.

Concretament, FESA va manifestar que existia “una alternativa real i compassiva: el trasllat immediat de tots els animals afectats a una xarxa de santuaris associats, on podran ser acollits, rehabilitats i viure lliures d’explotació”. Així, afirmen que diversos dels seus membres van confirmar la seva disponibilitat per acollir les gallines i “garantir-los una vida digna”. Van oferir la seva infraestructura de santuaris i refugis com La Vida Color Frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia i El Hogar. Per transportar-les de manera segura, sostenien que comptaven amb diverses organitzacions com Salvando Peludos, que van mostrar “interès i suport” per encarregar-se del trasllat. Per finançar-ne el rescat, indicaven que disposaven de la col·laboració ciutadana.

Finalment, FESA va exigir al Govern balear facilitar “permisos per al seu rescat i transport”, indicant que la federació animalista seguiria “en tot moment els protocols de trasllat d’acord amb els permisos sanitaris pertinents”. “Aquest cas reflecteix la necessitat urgent, com a societat, de canviar la manera com tractem els altres animals”, van concloure. En aquest sentit, Gimeno destaca la implicació de les organitzacions animalistes agrupades a FESA, que “sempre estan al costat dels animals i no s’amaguen quan cal actuar solidàriament”. “És una cosa que deixa encara més en evidència els nostres governants”, manifesta.

Un jutjat de Palma arxiva la causa

Després que aquest diari revelés en primícia la situació de la macrogranja de Llucmajor, les entitats animalistes, juntament amb una plataforma veïnal afectada per les males olors del femer –l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor–, van presentar diverses denúncies davant els òrgans judicials corresponents. En una interlocutòria amb data 3 de juny de 2025, el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma va obrir diligències penals contra l’empresa Avícola Ballester per la presumpta comissió d’un delicte de maltractament animal. En la seva resolució, a la qual va tenir accés aquest mitjà, la jutgessa va sol·licitar al Seprona de la Guàrdia Civil que dugués a terme les investigacions necessàries per esclarir els fets, així com els informes complets de totes les actuacions efectuades entorn de l’explotació avícola.

Tanmateix, el jutjat va acordar el sobreseïment provisional de la causa en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l’empresa. En l’escrit es denunciaven la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, fet que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, higienicosanitàries. No obstant això, la Sala va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals.

“Els animals no tenen cap protecció per part del sistema legislatiu actual”, opina Gimeno sobre aquest punt. El portaveu de Satya Animal lamenta que no han estat suficients “una infinitat d’imatges de l’horror de la granja perquè es consideri un maltractament als animals”. “Costa de creure-ho, i costa imaginar-se què ha de passar perquè [el maltractament] sigui penalment punible”, valora.

Lorenzo Peñas, advocat de l’Associació Stop Macrogranja, va presentar un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma davant l’Audiència Provincial de les Balears. Una mesura que té el suport també de les entitats que van denunciar el cas perquè sortís a la llum. “Pensem que el recurs és el mínim que es pot fer per reclamar la justícia que mereixen tant els animals com els veïns”, assegura Gimeno. “Visibilitzar aquesta realitat és primordial perquè comencem a generar un canvi legislatiu i social”, conclou.

La empresa Avícola Son Perot S.A., que opera bajo la marca comercial Avícola Ballester, ha procedido al sacrificio de casi 90.000 gallinas de sus instalaciones en Llucmajor (Mallorca), la conocida como “macrogranja de los horrores”. Esta medida se ha ejecutado en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Una de ellas consistía en que la explotación avícola pasara de las casi 136.000 aves al techo de 40.000 animales, como establece la legislación autonómica. Cabe señalar que la explotación avícola se situó bajo el foco mediático a finales de mayo de 2025, cuando elDiario.es publicó en primicia las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas que se desprendían de las imágenes inéditas, grabadas por las asociaciones ARDE y Satya Animal, entre los días 21 y 29 de abril.

El sacrificio masivo se ha llevado a cabo a pesar de que la Federación de Santuarios de Animales (FESA) solicitó formalmente una “solución ética y urgente” para evitar la muerte de las aves. “Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades locales, al propietario de la explotación y a la Conselleria d’Agricultura para detener esta medida cruel e innecesaria”, señaló a este diario María González Sola, secretaria de la Federación de Santuarios de Animales, en referencia al “vaciado sanitario” –es decir, el sacrificio– que impuso la Conselleria que dirige Joan Simonet (PP), después de decretar el cierre de una de las siete naves –destinada a gallinas camperas–.

Fue una de las medidas que impuso el Govern de Marga Prohens después de que varios técnicos de la Conselleria, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil, comprobaran que se habían cometido un total de siete infracciones calificadas como “graves”. El cierre de la nave siete supuso el sacrificio de unas 20.000 gallinas. Aunque inicialmente se propuso una sanción de 420.000 euros, finalmente se impuso una multa de 200.100, por siete faltas graves y una leve, como informó este diario. La Conselleria, sin embargo, aseguró no tener competencias en cuanto a la gestión de las aves y trasladó la responsabilidad a la propiedad. González Sola aseguró a este diario que la alternativa que proponía FESA no ponía en riesgo “en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para el correcto traslado de los animales”.

“El dinero está por encima de todo”

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a este diario que el caso de Llucmajor es una muestra más “de la cosificación de los animales tanto por parte de la empresa, que solo busca el beneficio económico, y por parte de la administración, a quien no le interesan ni lo más mínimo los animales”. Gimeno lamenta que parece que el dinero está “por encima de todo: de las personas, de los animales, y del medio ambiente”.

La explotación avícola de Llucmajor, situada en la finca de Ses Cisternetes, cuenta con un total de siete naves –seis para las aves, así como un centro de clasificación de huevos–, con una capacidad máxima de 135.696 gallinas (54.672 gallinas en jaulas, 63.024 gallinas camperas –tipo 1– y 18.000 aves en producción de aviario). Sin embargo, después de la investigación publicada por este diario, y tras varias irregularidades detectadas por el Govern en inspecciones anteriores, se impone a la macrogranja la obligación –que marca también la nueva ley– de acoger un máximo de 40.000 gallinas.

Esta medida cautelar ha sido cumplida por parte de la macrogranja, como se desprende de la resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, tras una petición de transparencia solicitada por este diario. El 5 de diciembre de 2025, una veterinaria oficial del Servicio de Producción Ganadera revisó la documentación relativa al expediente de la explotación avícola, así como los registros de movimiento y censo de la explotación. La inspección constató que tres días antes, el 2 de diciembre, la granja de Llucmajor había reducido el número de aves por debajo de las 40.000 gallinas.

Según la información solicitada, Fernando Fernández, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dictó una resolución mediante la cual se ordenaba “la ratificación de la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de la especie avícola”. En la práctica, suponía la prohibición de la entrada de nuevas aves y la progresiva desescalada hasta situar el techo por debajo de las 40.000 gallinas. En este caso, como ocurrió tras el “vaciado sanitario” de la nave 7 –la que se encontraba en estado más grave, según determinaron las autoridades mediante inspección–, la empresa ha procedido al sacrificio de todas ellas, pese a que diferentes organizaciones ofrecieron sus santuarios para evitarlo.

Concretamente, FESA manifestó que existía “una alternativa real y compasiva: el traslado inmediato de todos los animales afectados a una red de santuarios asociados, donde podrán ser acogidos, rehabilitados y vivir libres de explotación”. Así, afirman que varios de sus miembros confirmaron su disponibilidad para acoger a las gallinas y “garantizarles una vida digna”. Ofrecieron su infraestructura santuarios y refugios como La vida color frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia y El Hogar. Para transportarlas de forma segura, sostuvieron, cuentan con varias organizaciones como Salvando Peludos que mostraron “interés y apoyo” para encargarse del traslado. Para financiar su rescate, indicaron que contaban con la colaboración ciudadana.

Finalmente, FESA exigió al Govern balear facilitar “permisos para su rescate y transporte”, indicando que la federación animalista seguiría “en todo momento los protocolos de traslado acordes a los permisos sanitarios pertinentes”. “Este caso refleja la urgente necesidad, como sociedad, de cambiar la forma en que tratamos a los demás animales”, concluyeron. En este sentido, Gimeno destaca la implicación de las organizaciones animalistas agrupadas en FESA, quienes “siempre están del lado de los animales y no se esconden cuando hay que actuar solidariamente”. “Es algo que deja todavía más en evidencia a nuestros gobernantes”, manifiesta.

Un juzgado de Palma archiva la causa

Después de que este diario desvelara en primicia la situación de la macrogranja de Llucmajor, las entidades animalistas, junto a una plataforma vecinal afectada por los malos olores del estercolero –la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor–, presentaron varias denuncias ante los órganos judiciales correspondientes. En un auto fechado el 3 de junio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales contra la empresa Avícola Ballester por la presunta comisión de un delito de maltrato animal. En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicitó al Seprona de la Guardia Civil que llevara a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola.

Sin embargo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa. En el escrito se denunciaban la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y por lo tanto higiénico-sanitarias. No obstante, la Sala concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. 

“Los animales no tienen ninguna protección por parte del sistema legislativo actual”, opina Gimeno, sobre este punto. El portavoz de Satya Animal lamenta que no han bastado “infinidad de imágenes del horror de la granja para que se considere un maltrato a los animales”. “Cuesta creerlo, y cuesta imaginarse qué tiene que pasar para que [el maltrato] sea penalmente punible”, valora.

Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ante la Audiencia Provincial de Balears. Una medida respaldada también por las entidades que denunciaron el caso para que saliera a la luz. “Pensamos que el recurso es lo mínimo que se puede hacer para reclamar la justicia que se merecen tanto los animales como los vecinos”, asegura Gimeno. “Visibilizar esta realidad es primordial para que empecemos a generar un cambio legislativo y social”, concluye.

El Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma ha acordat el sobreseïment provisional de la causa de la macrogranja de Llucmajor en considerar que no queda acreditada la comissió de cap delicte per part de l’empresa Avícola Son Ballester, la qual desenvolupa la seva activitat comercial sota la marca Avícola Son Perot S.A. Cal assenyalar que l’explotació avícola de Llucmajor ha estat durant els darrers mesos en el focus informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el passat 26 de maig, que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extremes de l'interior.

La Sala ha arribat a aquesta conclusió després d’analitzar la denúncia presentada per la plataforma veïnal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, juntament amb altres entitats i persones afectades. En l’escrit es denunciava la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja, fets presumptament constitutius d’un delicte d’explotació avícola. També s’hi va adjuntar l’informe emès pel Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, complementat per Ramaderia i Sanitat Animal.

L’acte judicial, avançat per IB3 i al qual ha tingut accés elDiario.es, reconeix la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, fet que evidencia deficiències en la seva retirada i, per tant, higienicosanitàries. Tanmateix, la Sala conclou que aquestes deficiències corresponen a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals.

Pel que fa a l’alta mortalitat de l’explotació, el jutjat argumenta que els índexs de mortalitat dels animals es troben dins dels límits considerats “normals” —segons l’escrit judicial—, és a dir, per sota de l’1%. Un percentatge que no s’atribueix a cap mena de maltractament ni malaltia. El jutge tampoc considera que existeixin riscos sanitaris a l’explotació de Mallorca, una conclusió que es desprèn de les proves de Sanitat Animal realitzades, que han descartat els serotips de salmonel·la controlats, “no apreciant-se risc sanitari d’entitat penal”, recull la resolució.

Respecte a la presència de rosegadors i els nombrosos errors de bioseguretat a les naus on s’allotgen les aus, el jutjat ha reiterat que es consideren estrictament incompliments de caràcter administratiu per part de l’empresa del sector alimentari. A més, es considera que aquests incompliments, ja corregits, no causen un perjudici greu acreditat per a la salut o el medi ambient.

Finalment, pel que fa al possible delicte de maltractament animal, la Sala descarta el delicte de l’article 340 bis del Codi Penal —que regula els actes delictius comesos contra els animals— en interpretar que no s’ha produït un maltractament actiu o dolós. Afegeix, així mateix, que no queda acreditada cap lesió greu, ni patiment greu ni tampoc morts causades per una conducta penalment rellevant. En aquest sentit, resol que les deficiències detectades a la macrogranja de Llucmajor, que afecten el benestar de les gallines, no “assoleixen el llindar de gravetat exigit pel tipus penal”. Per aquests motius, en considerar que els fets no constitueixen delicte —sense perjudici de les responsabilitats administratives—, el jutjat ha decretat el sobreseïment provisional de la causa.

La plataforma veïnal recorre

Lorenzo Peñas, advocat de l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor, confirma a elDiario.es que els veïns i veïnes afectats per les males olors amb origen a la “macrogranja dels horrors” presentaran un recurs d’apel·lació contra l’acte del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma davant l’Audiència Provincial de les Illes Balears. Els veïns, ara constituïts en plataforma, insisteixen en l’escrit, consultat per aquest diari, que es van adherir a la denúncia presentada per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal a causa de les “males condicions de vida que patien els animals a causa de la situació d’insalubritat de la granja en qüestió”. En aquest document es recorda que l’explotació avícola, quan va ser ampliada, va començar a funcionar “sense la corresponent autorització administrativa, sent coneixedores d’aquest fet les autoritats competents”, com ja va informar aquest diari.

El motiu de la denúncia es fonamentava, segons assenyalaven, en una sèrie de “danys i perjudicis soferts pels veïns confrontants amb la granja des de l’any 2019”. L’origen del dany que denuncien es troba, asseguren, en les “plagues d’insectes i mosques” i en les “males olors” que van començar a produir-se a totes les residències properes a l’explotació avícola. Els fets denunciats per la plataforma veïnal van ser comprovats en inspeccions posteriors de tècnics del Govern balear, segons els expedients administratius consultats per aquest diari.

A aquests danys cal sumar, assenyalen, una “pèssima gestió del tractament dels cadàvers dels animals, havent-se trobat durant diversos anys diferents fosses d’animals morts als voltants de l’explotació”. Aquests fets els han causat, lamenten, un perjudici “tant emocional com econòmic”, segons la seva versió, motiu pel qual van decidir constituir-se en plataforma. Prèviament, afirmen que havien presentat denúncies davant les administracions de manera individual, sense resultat.

A causa del perjudici que afirmen patir, es van personar com a acusació particular després de l’obertura de diligències, en les quals es sol·licitava investigar la societat mercantil propietària de l’explotació avícola per la possible comissió de delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l’ordenació del territori, així com d’estafa al consumidor.

“És important aquest extrem, perquè no només parlem d’un maltractament animal, sinó que també està en risc la salut de les persones, i no s’ha practicat cap diligència en relació amb els quatre amuntegaments il·legals de fems que es van localitzar, fotografiar i comunicar a l’autoritat competent els anys 2024 i 2025”, lamenten en el recurs d’apel·lació dirigit a l’Audiència Provincial de Palma.

Pel que fa al possible delicte contra l’ordenació del territori, la plataforma veïnal considera, després d’haver estudiat el sòl de la zona, que hi ha sospites fonamentades que “la majoria de les naus construïdes a la zona l’any 2017, concretament sis de les set naus, es troben construïdes en sòl no urbanitzable”. Així mateix, alguna de les naus podria estar construïda, afirmen, sobre una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Tot i que afirmen haver sol·licitat la pràctica de diverses diligències (la declaració dels representants legals de l’empresa com a investigats; la declaració testifical de càrrecs públics tant de l’Ajuntament de Llucmajor com del Govern; la declaració de la representant legal de la mercantil AENOR; l’aportació de la cèdula urbanística de totes les parcel·les on s’han construït les set naus per comprovar si les obres es van fer conforme a la llei; la declaració d’un perit catedràtic que pugui valorar els “diferents focus de plagues i infecció”, així com la declaració del veterinari de la macrogranja), el jutge instructor només ha tingut en compte “el breu informe emès pel SEPRONA, en el qual només es fa referència a l’absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en altres aspectes, com les plagues d’insectes a les cases confrontants, les males olors o el tractament dels cadàvers de la granja”.

“La decisió de sobreseure les actuacions per no resultar degudament justificada la perpetració del delicte manca de fonament i justificació legal, ja que no és que no s’hagin esgotat les possibilitats d’investigació dels fets, sinó que ni tan sols s’han iniciat”, lamenta la representació legal de la plataforma en el seu escrit, i afegeix que el sobreseïment provisional s’ha produït “sense haver practicat ni una sola de les proves sol·licitades per les acusacions”. Per aquests motius, conclouen, sol·liciten recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de Palma.

Els animalistes lamenten l’arxiu de la causa

Julia Elizalde, portaveu de l’associació de protecció mediambiental i animal ARDE, afirma a aquest diari que el sobreseïment provisional de l’acusació per maltractament animal en el cas d’Avícola Ballester “no esborra les imatges ni els fets documentats”. Les gravacions, recorda, mostren cadàvers putrefactes, gallines amuntegades, plenes d’àcars i desplomades, així com la convivència d’animals vius amb desenes de cossos en descomposició, l’acumulació de brutícia extrema i aus malaltes. Aquests fets, aclareix, han estat valorats per “professionals veterinaris”.

En aquest sentit, les entitats animalistes afirmen que respecten les decisions judicials, però matisen que no es poden normalitzar “situacions que evidencien un patró d’abandonament, insalubritat i patiment animal en una explotació que, a més, ja ha estat sancionada administrativament per un total que s’acosta als 400.000 euros”. “Continuarem utilitzant totes les vies legals i socials al nostre abast per exigir responsabilitats, transparència i el tancament d’una explotació que ha generat alarma veïnal, riscos per a la salut pública i, sobretot, un evident perjudici per a milers d’animals”, conclou.

El juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa de la macrogranja de Llucmajor al considerar que no queda acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A. Cabe señalar que la explotación avícola de Llucmajor ha estado durante los últimos meses en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. 

La Sala ha llegado a esta conclusión después de analizar la denuncia presentada por la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, junto con otras entidades y personas afectadas. En el escrito se denunciaban la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Hechos presuntamente constitutivos de un delito de explotación avícola. También se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, complementado por Ganadería y Sanidad Animal.

El auto judicial, avanzado por IB3 y al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidencia deficiencias en la retirada de los mismos, y por lo tanto higiénico-sanitarias. Sin embargo, la Sala concluye que estas deficiencias corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales.

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumenta que los índices de mortalidad de los animales se encuentran dentro de los límites considerados “normales” -según el escrito del juzgado-. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. El juez tampoco considera que existan riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprende a partir de las pruebas de Sanidad Animal realizadas, que han descartado los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recoge el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado ha reiterado que se consideran estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se considera que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causan un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente. 

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descarta el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se ha cometido un maltrato activo o doloso. Añade, asimismo, que no queda acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pueda considerar relevante. En ese sentido, resuelve que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectan al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa.

La plataforma vecinal recurre

Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, confirma a elDiario.es que los vecinos y vecinas afectados por los malos olores cuyo origen está en la “macrogranja de los horrores” van a presentar un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ante la Audiencia Provincial de Balears. Los vecinos, ahora constituidos en una plataforma, insisten en el escrito, consultado por este diario, en que se adhirieron a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”. En este documento recuerda que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”, como ya informó este diario.

El motivo de la denuncia se fundamentaba, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

A estos daños denunciados hay que sumar, señalan, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor.

“Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, lamentan en el recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial de Palma.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves, se encuentran construidas en suelo ”no urbanizable“. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

“La decisión de sobreseer las actuaciones por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito carece de fundamento y justificación legal por cuanto no es que no se hayan agotado las posibilidades de indagación e investigación de los hechos, es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamenta la representación legal de la plataforma en su escrito y añade que el sobreseimiento provisional se ha producido “sin haber ni una sola prueba de los solicitadas por las acusaciones”. Por estos motivos, concluyen, solicitan recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma.

Los animalistas lamentan el archivo de la causa

Julia Elizalde, portavoz de la asociación de protección medioambiental y animal ARDE, afirma a este diario que el sobreseimiento provisional de la acusación por maltrato animal en el caso de Avícola Ballester “no borra las imágenes ni los hechos documentados”. Las grabaciones, recuerda, muestran cadáveres putrefactos, gallinas hacinadas, llenas de ácaros y desplumadas, así como la convivencia de animales vivos con decenas de cuerpos en descomposición, la acumulación de suciedad extrema, así como aves enfermas. Estos hechos, aclara, han sido valorados por “profesionales veterinarios”.

En este sentido, las entidades animalistas afirman que respetan las decisiones judiciales pero matizan que no se pueden normalizar “situaciones que evidencian un patrón de abandono, insalubridad y sufrimiento animal en una explotación que, además, ya ha sido sancionada administrativamente por un total que roza los 400.000 euros”. “Seguiremos utilizando todas las vías legales y sociales a nuestro alcance para exigir responsabilidades, transparencia y el cierre de una explotación que ha generado alarma vecinal, riesgos para la salud pública y sobre todo un evidente perjuicio para miles de animales”, concluye.

El Tribunal Supremo (TS) confirma la condena a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por no actuar ante la degradación ambiental causada en el embalse de As Conchas, en la provincia de Ourense, por las macrogranjas. El fallo rechaza los recursos que habían interpuesto estas dos administraciones y contra esta decisión ya no cabe recurso.

Una providencia con fecha del 11 de febrero ratifica la sentencia de julio de 2025 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideraba que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica, con su inacción, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua. Ordenaba también que ambas administraciones indemnizasen a los vecinos demandantes -representados por ClientEarth y Amigas de la Tierra-. Fue la iniciativa de los vecinos de As Conchas, movilizados durante años en protesta por los malos olores y la imposibilidad de usar el agua, la que terminó por llevar a los tribunales este caso con el enfoque de que lo que se estaban vulnerando eran derechos fundamentales de los residentes.

En un comunicado, la asociación Amigas de la Tierra indica que la sentencia es firme y ejecutable, de modo que las autoridades tienen la obligación de establecer medidas efectivas para detener la degradación del embalse y su entorno. “La protección de los derechos fundamentales debe prevalecer cuando los impactos de la ganadería industrial ponen en riesgo la vida de las personas, su salud y el medio ambiente”, destaca.

“Es un día histórico, no solo para las vecinas y vecinos de As Conchas, sino para todas las personas que están luchando para defender sus derechos, mientras las administraciones hacen oídos sordos a sus demandas y a la contaminación”, celebró una de las vecinas que presentó la demanda, Mercedes Álvarez de León. Otro de los impulsores, Pablo Álvarez Veloso, puso el foco en los años de batalla para lograr que se reconozcan sus derechos.

La enorme dependencia de la economía murciana de un modelo productivo basado en la agricultura y la ganadería siempre ha generado debate en el territorio. Según un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, la producción porcina aumentó en la Región de Murcia un 32% en 2024, el mayor incremento por comunidades autónomas de todo el país. La cantidad de residuos generada por ese crecimiento, que asciende a cientos de miles de toneladas al año, pone en jaque la sostenibilidad del modelo productivo murciano, convirtiendo la búsqueda de alternativas menos contaminantes para procesar estos residuos en una tarea prioritaria.

La necesidad europea de desvincularse del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha motivado tanto a España como a la Unión Europea a realizar una apuesta clara por el biogás y el biometano, que se presenta en este contexto como una alternativa para “valorizar residuos, evitar impactos ambientales y reducir las importaciones de gas fósil”, tal y como apuntan a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El problema, admiten, se da cuando esas plantas de biogás y biometano se sitúan demasiado cerca de núcleos urbanos, generando un amplio rechazo entre la población debido, principalmente, a los malos olores.

En diferentes puntos de la Región de Murcia, vecinos y ecologistas se encuentran en pie de guerra contra los numerosos proyectos de construcción de plantas de biogás que han proliferado en los últimos años en todo el territorio de la comunidad autónoma. “Van a rodear Cartagena por un cinturón de basura tóxica”, explica a esta redacción David Avilés, especializado en conflictos socioambientales. “Fuente Álamo, Escombreras, Los Camachos…”, enumera, en referencia a zonas industriales y logísticas del entorno de la ciudad portuaria. “Cartagena va a estar rodeada por un cinturón de macroinstalaciones. Millones de toneladas, son palabras mayores”, añade, contundente.

En Fuente Álamo, por ejemplo, la cooperativa ganadera Gesalor ha invertido 50 millones de euros para construir una planta que pretende tratar dos millones de metros cúbicos de purín al año —lo que equivale a unos 80.000 camiones cisterna de residuos—, produciendo 20 millones de metros cúbicos de gas, 65.000 metros cúbicos de fertilizante y 1,5 millones de metros cúbicos de agua, según manifiestan fuentes de la propia empresa en un comunicado.

La cooperativa también planea construir una planta de características similares en Lorca. “Murcia es un territorio especialmente propicio para el biogás porque combina mucho recurso orgánico disponible (ganadero y agroindustrial), demanda de soluciones ambientales, y una economía donde la circularidad aporta ventaja competitiva”, según apuntan a este medio fuentes de la empresa, que también mencionan un contexto regulatorio alineado, ya que para 2030 se pretende multiplicar la producción, tanto a nivel europeo como nacional.

La última palabra la tienen los ayuntamientos

La capacidad de procesamiento de residuos que tienen estos macroproyectos contrasta con las 211.000 toneladas que gestionan actualmente en total las dos únicas plantas que hay en funcionamiento en la Región de Murcia, adquiridas en 2024 por Redexis Renovables. Se trata de plantas que ya estaban operativas como instalaciones de biogás y ahora están siendo adaptadas para producir biometano y conectarse a la red de gas.

Según unas declaraciones de finales de 2024 del consejero murciano de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la Región de Murcia tiene capacidad para albergar unas cuarenta plantas de biogás de tamaño “mediano”. Fuentes de la Consejería indican que el trabajo del organismo público consiste únicamente en determinar si las condiciones ambientales para llevar a cabo el proyecto son favorables, pero corresponde en última instancia a los ayuntamientos conceder las licencias de las obras.

De hecho, el nuevo plan urbanístico aprobado por el municipio Cartagena ha tumbado la construcción de la planta de biogás proyectada en Los Camachos, al considerar que no encaja en las premisas que se están estableciendo para el uso del suelo industrial. Del mismo modo, el pasado mes de diciembre, una consulta popular del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas arrojó como resultado la intensa oposición de la ciudadanía a la construcción de una planta de biogás en el municipio, que terminó por rechazarse. “Los ayuntamientos tienen una cierta capacidad de regulación”, explica Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.

“Depende del tamaño y distribución del municipio, aunque directamente no digan que no quieren plantas de biogás, pueden poner una serie de condicionantes. Es una forma, por la puerta de atrás, de prohibir. Pero tampoco puedes prohibir una cosa que es legal”, señala, en declaraciones a este medio.

Malos olores y problemas de rentabilidad

La principal motivación de muchos consistorios para recelar de la construcción de plantas de biogás en sus municipios es el enorme rechazo social que generan entre la población, debido a los malos olores. “No deja de ser una caja donde metes materia orgánica a pudrirse para que se descomponga y se formen las moléculas de metano”, apunta Antonio Turiel, físico e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, muy crítico con la estrategia del biogás en España.

Tanto este experto como Luengo sostienen que los riesgos derivados de las plantas van más allá: tránsito de camiones por carretera para trasladar los residuos, riesgo de accidentes o vertidos, generación de residuos tóxicos durante la digestión; el proceso de producir biometano es complejo y preocupa a los expertos.

La fermentación, tal y como explica Luengo, genera otros gases que pueden ser peligrosos para la salud, como el ácido sulfhídrico, un gas tóxico con un característico olor similar al de los huevos podridos. “Aunque no tengas accidentes, puedes tener escapes”, advierte. Además, la sustancia que se obtiene en el proceso, llamada digestato, contiene una alta concentración de nitrógeno y ha de ser tratada antes de usarse como fertilizante, lo que eleva los costes.

Las empresas del sector y las administraciones públicas sostienen que la rentabilidad de estas plantas no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también por su capacidad para reducir emisiones, gestionar residuos y generar energía renovable. Redexis Renovables, por ejemplo, afirma que las plantas de biogás y biometano pueden ser una herramienta de transición energética con beneficios ambientales y socioeconómicos. Concretamente, las dos plantas adquiridas en Murcia proyectan una inyección de hasta 80 GWh anuales de gas limpio en la red de gas española, según un comunicado de la propia compañía.

Sin embargo, científicos como Turiel se muestran menos convencidos de la rentabilidad de las plantas. “Las macroplantas de biogás nunca han sido rentables. Llevan sin serlo más de veinte años. Cuando hablamos de explotaciones muy masivas, todo se tiene que transportar con camiones. Esto es lo que mata automáticamente la rentabilidad porque la conversión de la materia orgánica en metano es una fracción limitada y cuando miras el balance energético no hay ninguna manera de que esto pueda cuadrar”, asegura.

Estos problemas de rentabilidad, señala Luengo, pueden provocar que las empresas que gestionan las plantas descuiden el tratado de los residuos tóxicos que genera la producción de metano: “Eliminar el resto de gases supone costes a la empresa que no generan rendimiento. Cuando haya problemas de rentabilidad, lo primero que van a fallar son estas cosas”.

Las subvenciones al biogás

El MITECO es claro al defender de dónde surge la necesidad de instalar plantas de biogás en España, asegurando que los residuos agrícolas y ganaderos suponen un problema que es necesario solucionar. No obstante, desde el Ministerio reconocen que los purines que genera la producción porcina ya se encuentran en tratamiento y no tienen por qué convertirse en biogás, que se presenta como una alternativa más.

La inversión por parte de las empresas privadas en la producción de biogás también está motivada por las subvenciones que reciben, tanto por parte de Europa como del propio Gobierno español. En julio de 2023, 81 proyectos relacionados con el biogás obtuvieron 76,5 millones de euros por parte del MITECO del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el Ministerio, la mayoría de los fondos fueron a parar a Cataluña, la comunidad líder en producción porcina de España.

“España tiene la oportunidad de aprovechar el gran potencial disponible para la producción de biogás procedente del sector agropecuario, del sector agroalimentario y de la gestión de residuos, sirviéndose del gran tamaño de nuestra industria agropecuaria y agroalimentaria”, señalan fuentes del MITECO en su Hoja de Ruta del Biogás. Uno de los objetivos que se marca el Ministerio y en el que trabaja en la actualidad es lograr un marco regulatorio estable y adecuado que incida en la simplificación administrativa y en la valorización energética de la biomasa frente a otras opciones más contaminantes.

Un modelo productivo insostenible

Una de las grandes críticas a la estrategia española del biogás es su escala. Avilés argumenta que, en otros países europeos, como Alemania, las cooperativas gestionan sus propios residuos sin necesidad de la intervención de grandes empresas o fondos de inversión, respetando la circularidad.

Turiel señala que, en España, la escala de los proyectos es mucho mayor que la capacidad de producción de residuos de las comarcas. “Yo creo que el proyecto que tiene Europa es traer residuos para que vengan a pudrirse a España y que los problemas de contaminación que generan se queden aquí”, señala. Avilés lo llama “extractivismo verde”: “El norte extrae recursos del sur, se los lleva y deja la porquería”.

Pero no todo el mundo coincide con esta visión. Eduardo Piné, presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR), argumenta que la Región de Murcia genera cada año más de seis millones de toneladas de residuos orgánicos, lo que exige la implantación de entre 48 y 56 plantas de biometano distribuidas por todo el territorio. El también CEO de Lambert Bionenergy defendía en noviembre que la cifra respondía a “una realidad matemática” y a la necesidad de tratar los residuos a escala local, sin importarlos desde fuera.

Para Luengo, el problema está en la falta de planificación por parte de la comunidad autónoma, lo que ha llevado a Ecologistas en Acción a exigir una moratoria para detener la construcción de las plantas hasta realizar “una evaluación conjunta de lo que va a suponer esto para la Región de Murcia en cuanto a impacto social y ambiental”.

Tanto Luengo como Turiel coinciden en que el problema se encuentra en un modelo productivo concebido para la exportación antes que para el consumo local. “Las macrogranjas no son sostenibles. Las plantas de biogás se están utilizando como una excusa para poder mantener las macrogranjas, cuando en realidad no se soluciona ningún problema con la producción de biogás: el residuo no desaparece, al contrario, queda más concentrado en nitrógeno”, explica el científico. Para él, la única alternativa sostenible es reducir. “No se puede producir a este volumen, no se puede concentrar en un territorio tan pequeño esta enorme cantidad de granjas de porcino. No tiene ningún tipo de sentido”, lamenta.

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca denuncia que la Junta de Castilla-La Mancha ha iniciado la tramitación de una macrogranja avícola en el municipio de El Herrumblar (Cuenca). “La instalación está proyectada inicialmente para albergar 41.000 pollos de engorde por ciclo. Sin embargo, el propio documento descriptivo del proyecto que se ha presentado señala que el proyecto está diseñado para ampliarse a tres naves, cada una con capacidad para unas 41.000 aves, lo que supondría una explotación con capacidad total de 123.000 pollos de engorde por ciclo de producción”, explican desde la asociación.

Aseguran que ese tamaño “supera con creces el umbral de 55.000 pollos que la legislación marca para que una instalación ganadera intensiva de pollos deba ser evaluada mediante Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, un procedimiento más riguroso y exigente que el simplificado”.

Podrían llegar hasta “738.000 pollos por año”

Desde Pueblos Vivos Cuenca exponen que la producción anual de la explotación podría llegar “hasta 738.000 pollos”. “El estudio presentado reconoce que el consumo total de agua, cuando se construyan las tres naves previstas, ascenderá a los 7 millones de litros anuales, suministrados mediante un pozo de captación propio, también en estado de solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar”. De igual forma, desde la asociación señalan que el proyecto calcula “una generación de residuos sólidos equivalente a más de 5.300 toneladas de estiércol anuales en régimen completo, que requerirán una gestión altamente controlada para evitar contaminación de suelos y aguas subterráneas”. Por otro lado, en el proyecto se refleja “la existencia de un almacén de estiércol del que no se aportan dimensiones ni capacidad de almacenamiento, y tampoco frecuencia de retirada”.

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca denuncia que otros efectos contaminantes “tal y como se describen en el proyecto serían emisiones de amoníaco, metano, dióxido de carbono, polvo y partículas; que se emitirán al exterior mediante ventilación forzada; tráfico de vehículos pesados y un impacto visual notable en una zona rural abierta”. Apuntan que en la documentación no se han estimado las emisiones totales de gases tóxicos “como el amoniaco, ni se analiza su dispersión hacia las zonas habitadas a pesar de que la instalación se situará relativamente cerca de la población, a algo más de 600 metros del casco urbano”.

Denuncian posibles “afecciones a la salud por exposición al amoniaco”

A pesar de que la producción anual de la explotación “rondaría los 738.000 pollos por año”, no se concretan las medidas de mitigación de la contaminación generada en el proyecto presentado a la Consejería de Desarrollo Sostenible. “El documento ambiental solo dice que se controlarán las emisiones de amoniaco, pero no aporta cifras pues no se evalúa cuánto amoniaco se emitirá, hacia dónde se dispersará, qué niveles llegarán a la población ni el impacto acumulado anual”, explican.

Desde la Asociación Pueblos Vivos Cuenca observan “poco rigor en el documento ambiental, que no cuantifica el amoníaco que se va a generar, cuando este es el principal contaminante de una granja avícola para la población y el medio ambiente. La exposición al amoniaco provoca irritación en vías respiratorias y ojos, e incluso a concentraciones relativamente bajas (5–25 ppm), puede causar tos, bronquitis, irritación ocular, inflamación de la vía aérea”.

Este colectivo vecinal denuncia que “no puede aceptarse que se tramite como Evaluación Ambiental simplificada y sin Autorización Ambiental Integrada una instalación que, su propio proyecto reconoce que triplicará su tamaño, multiplicando también sus impactos ambientales y en la salud”.

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca está formada por movimientos vecinales de Almendros, Arandilla del Arroyo, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Campillo de Altobuey, Cañete, Cardenete, Casas de Haro, Gabaldón, Gascueña, Huete, Ledaña, Mariana, Moncalvillo, Mota del Cuervo, Portalrubio de Guadamejud, Portilla, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Quintanar del Rey, Reíllo, San Clemente, Tarancón, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, Valdemoro del Rey, Villalba de la Sierra, Villalba del Rey, Villanueva de la Jara, Villar de Domingo García, Villar del Humo, Víllora y Zarzuela, junto a Ecologistas en Acción Cuenca y Ecologistas de la Manchuela.

Los proyectos para establecer cinco macrogranjas de gallinas en el término municipal de Maranchón, en pleno valle del río Mesa en Guadalajara, siguen en el punto de mira de los vecinos y vecinas, y de los colectivos ecologistas.

Pendientes de las alegaciones presentadas contra estas instalaciones, Ecologistas en Acción ha querido ahora poner el foco en la “amenaza que suponen para una laguna y una planta protegida. Además, avisan sobre su afectación a la ZEC/ZEPA 'Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo', que forma parte de la Red Natura 2000.

En concreto, señalan que la macrogranja de La Nava se ubicaría directamente sobre la Laguna Seca, un humedal temporal que se encharca en los periodos de lluvia y que tiene “gran valor para la biodiversidad”.

Su cubeta es hábitat de la planta endémica Tanacetum vahlii, que solo habita en las parameras y macizos calcáreos del Sistema Ibérico en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos, Teruel y Zaragoza. Actualmente, figura en la Lista Roja de la Flora Vascular Española y está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como “vulnerable”. 

“Debería impedirse su uso agrícola y eliminar los drenajes”

Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa demandan la restauración de la Laguna Seca y la desestimación de los cinco proyectos de macrogranjas. “Debería impedirse su uso agrícola y eliminar los drenajes que dificultan su encharcamiento”, señalan. 

Por otra parte, los ecologistas señalan que el término municipal de Maranchón, a pesar de situarse en una ZEC/ZEPA, cuenta ya con 136 aerogeneradores que rodean el pueblo y que “no respetan los extensos sabinares y enebrales”.

“Las macrogranjas se sumarían a la rápida degradación medioambiental que está sufriendo este territorio por el desarrollismo caótico que están fomentando las autoridades autonómicas y municipales, que no ha conseguido frenar el despoblamiento y sí que está provocando movimientos vecinales contrarios como la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa de la pedanía de Turmiel”.

Tanto Ecologistas en Acción como la Plataforma han presentado numerosas alegaciones y escritos solicitando la desestimación de las cinco macrogranjas, que sumarían más de 400.000 gallinas en un espacio protegido y “ya maltratado por la proliferación desmedida de parques eólicos”.