El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias contra el proyecto de instalación de un cultivo de lubina en la Zona de Interés Acuícola ZIA-GC-9, situada en el litoral del municipio, señala el Consistorio en un comunicado.

El alcalde, Pedro Suárez, promovió la contratación de una asistencia técnica externa especializada para estudiar el proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, así como su posible incidencia sobre el municipio.

La corporación local indica que ese informe, junto con el elaborado por los servicios técnicos municipales, constituye la base de la oposición del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, que analizan diferentes aspectos relacionados con el entorno marino y terrestre, la actividad pesquera, el patrimonio, el paisaje y las instalaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Por ello, el Ayuntamiento se opone al Estudio de Impacto Ambiental Ordinario del proyecto al considerar que no reúne el contenido mínimo exigido por el artículo 35.1 y el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El Gobierno municipal señala que las deficiencias detectadas afectan a distintos elementos que deben ser considerados en la evaluación del proyecto, entre ellos el análisis de las alternativas, las características y localización de las instalaciones, los posibles efectos sobre el medio marino, los hábitats y las especies, así como las afecciones al paisaje, al patrimonio y a la actividad pesquera.

Además, el Ayuntamiento considera que el proyecto es contrario a los intereses públicos del municipio y recuerda que el Pleno de la corporación aprobó el pasado 9 de julio una moción institucional en contra de la instalación de macrogranjas marinas en su litoral.

Con la presentación de estas alegaciones, el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás da traslado formal a la Administración autonómica de su pronunciamiento desfavorable junto con los informes técnicos externo y municipal que lo fundamentan y asegura que continuará realizando el seguimiento del procedimiento y defendiendo los intereses públicos del municipio, los valores naturales y paisajísticos de su litoral y las actividades vinculadas al mar.

El próximo 16 de septiembre se cumplen dos meses del inicio del gran incendio de La Mierla, en Guadalajara. El pasado 5 de septiembre, más de 50 días después, quedo extinguido, tras haber arrasado más de 32.000 hectáreas y convertirse en el más devastador de la comunidad autónoma. Ahora toca hacer balance, restaurar, recuperar. Es una tarea compleja en cualquier monte, en cualquier zona forestal, pero aún más complicado si afecta zonas protegidas, como en este caso ha sido el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Coincidiendo con la puesta en marcha por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de las primeras tareas para abordar este enorme reto, desde la ciudadanía afectada también han hecho valer su voz. Y no solo en relación al incendio, sino a toda una zona de la provincia, más allá del industrializado Corredor del Henares, que quiere decidir sobre el futuro patrimonial y natural de sus pueblos.

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa nació en 2025 en Maranchón debido a la preocupación de sus vecinos y vecinas por el impacto ecológico que determinados proyectos asociados a la ganadería intensiva industrial, al biometano o similares pueden tener sobre el territorio.

Hasta hoy, el colectivo ha ido creciendo agrupando a otras comarcas, incluida la Sierra Norte de Guadalajara, que comparten esas inquietudes, mediante redes de colaboración, charlas y conferencias. Ahora ha decidido realizar conjuntamente una propuesta conjunta que ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible. Quiere abrir un diálogo para debatir el modelo de desarrollo futuro para todas estas zonas, que abarcan más de 7.600 kilómetros cuadrados.

“Hay un déficit de organización del territorio que viene propiciado por proyectos de ganadería industrial que no son la vía de desarrollo económico por la que queremos ni debemos ir en una zona de tanto valor ecológico, y con un patrimonio histórico y natural tan grande”, explica Pedro García, representante de esta plataforma.

Habla de un conjunto de comarcas que hasta ahora han estado libres de ganadería industrial y de proyectos que ahora proliferan como los de biometano y de otras iniciativas similares. Eso, argumenta, no encaja con el “verdadero valor patrimonial” del territorio, que es “la naturaleza y la biodiversidad”. Precisamente, esos valores también conforman un “potencial económico alternativo de desarrollo económico sostenible”.

Esa es la idea inicial y así se lo han trasladado en un escrito al Gobierno regional. Pero no es su único objetivo. También quieren involucrar a todos los ayuntamientos, agentes sociales y empresas dedicadas al turismo que estén interesadas en el fomento y conservación de la naturaleza.

No olvidan tampoco que estas comarcas están en riesgo extremo de despoblación. La propuesta también incluye una tesis que consideran de gran relevancia a este respecto. Los grandes proyectos de ganadería, de biometano y similares no fijan población. “Los datos son tozudos y nos dicen que no se genera más empleo en la zona”, recalca Pedro García.

Y, sobre todo, saben que cuando se intenta proponer este tipo de desarrollos en zonas donde no hay una tradición industrial previa, el efecto final “nada tiene que ver con el desarrollo”. “Solo son cantos de sirena. Las consecuencias al final son nefastas. En estas zonas se valora más el patrimonio natural, el disfrute de la naturaleza y un paisaje no modificado por el hombre. Los vecinos y vecinas rechazan los macroproyectos, porque saben que al final la gente termina por irse”.

La ganadería extensiva es un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios

Frente a ello, desde este colectivo defienden ventajas como el enorme valor que las zonas del Alto Tajo y de la Sierra Norte han adquirido para el astroturismo. Son reservas starlight. Pero además, no rechazan las actividades ganaderas, sino que abogan por una actividad extensiva como “un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios”, esto último “muy importante teniendo en cuenta lo que ha ocurrido este verano”.

“Con estas actividades se mantienen los bosques y el suelo. No somos expertos, pero es obvio que el abandono de las actividades tradicionales ganaderas y de todo tipo que llevaban a cabo en otras épocas nuestros padres y abuelos, ha provocado una situación que involucra más riesgo de incendios”, alerta.

Añade asimismo cómo la ganadería extensiva tiene un importante papel en el desarrollo de especies que están en peligro de extinción. El ejemplo más claro en la zona es la alondra ricotí, que requiere un paisaje estepario. Esta característica la propicia el pastoreo de ovejas y cabras, y además, en sus excrementos habita un escarabajo que es el principal alimento de esa ave. A todo ello une el importante papel de las colmenas y de la apicultura en general.

“Tenemos un paraíso en Guadalajara y somos unos privilegiados. No podemos permitir la degradación del paisaje. Tan solo hace falta una administración responsable que sepa ordenar el territorio”, concluye, apelando de nuevo al Ejecutivo regional.

Precisamente, el Gobierno autonómico sigue perfilando el Plan de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla. Hace tan solo unos días aprobó el decreto que define el perímetro geográfico afectado, el cual abarca diversos municipios, pedanías y espacios naturales protegidos que sufrieron daños ecológicos y socioeconómicos.

Apoyo a ayuntamientos, empresas y explotaciones agropecuarias

La estrategia se estructura en varios ejes fundamentales que incluyen la restauración ambiental, la reparación de infraestructuras públicas y el apoyo financiero a sectores clave como la agricultura y el turismo.

Las medidas también se centran en la recuperación y reactivación económica y social: apoyo para las entidades locales, autónomos, empresas, explotaciones agrarias, ganaderas, apícolas y forestales, así como actividades comerciales, turísticas y de servicios. Y añade asimismo la prevención de futuros incendios mediante “la mejora de la capacidad del propio territorio para adaptarse y recuperarse”.

Este Plan de Recuperación define un ámbito territorial específico integrado por 38 municipios, además de varias entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) y pedanías.

Los pueblos son Albendiego, Angón, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bañuelos, Bustares, Campisábalos, Cogolludo, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Congostrina, El Ordial, Galve de Sorbe, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, La Bodera, La Huerce, La Mierla, La Miñosa, La Toba, Las Navas de Jadraque, Miedes de Atienza, Monasterio, Prádena de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riofrío del Llano, Robledo de Corpes, Romanillos de Atienza, San Andrés del Congosto, Santiuste, Semillas, Somolinos, Tamajón, Ujados, Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque.

En cuanto a las EATIM y pedanías, incorpora a Aldeanueva de Atienza, Bochones, Cañamares, Naharros, Tordelloso, Valdepinillos, Almiruete, Alpedroches, Cardeñosa, Muriel, Palancares, Umbralejo y Veguillas.

La Junta explica en el decreto que las medidas del plan podrían llegar a extenderse a municipios colindantes si fuera necesario para “asegurar la continuidad y eficacia de las medidas”.

Por otra parte, el informe técnico de la zona afectada menciona que el arrastre de cenizas del incendio amenaza “gravemente” a embalses clave como los de Beleña y Alcorlo, para los que establece una planificación específica en torno a la protección de los suelos y de los recursos hídricos afectados por el fuego.

Así, ante el “riesgo inminente de erosión” y el arrastre de cenizas hacia la red de ríos y, de forma crítica, hacia los dos embalses mencionados, el plan exige la adopción coordinada y urgente de medidas específicas de protección y restauración ambiental. No obstante, dado que este documento es la resolución oficial del marco y ámbito del plan, no detalla las acciones técnicas concretas en el terreno, como la instalación de diques de contención, fajinas o técnicas de siembra rápida para fijar el suelo.

Pero la cuestión de afección al agua y a estos dos embalses no ha pasado desapercibida. En el incendio de La Mierla, además de la superficie afectada del Parque Natural de la Sierra Norte, también se vio afectada la Reserva Natural Fluvial (RNF) del río Pelagallinas. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha priorizado actuaciones de prevención y remediación en las cuencas de aportación de las captaciones superficiales de los embalses de Beleña, Alcorlo (los dos mencionados en el decreto autonómico) y también el de Pozo de los Ramos.

Las actuaciones propuestas se han centrado en la construcción principalmente de albarradas, pudiendo realizarse también diques o fajinas si se estima necesario con el fin de impedir el deslizamiento de los suelos desprovistos de vegetación, así como la incorporación de cenizas a las masas de agua existentes.

Albarradas y reducción de escorrentías

A fecha de hoy, la CHT ha ejecutado 600 albarradas en 10 arroyos (arroyo de la Fuente, arroyo de los Cogorros, arroyo de la Hoz, arroyo Madroñal, arroyo de las Quintillas, arroyo Sacedoncillo, barranco Valdelapuente y tres arroyos innominados) ubicados en la cuenca del embalse de Beleña. Próximamente, ejecutará también albarradas en el embalse de Alcorlo y en la zona del incendio de Selas.

Tras ello, la Confederación va a trabajar de forma prioritaria en la reducción de escorrentías y retirada de vegetación quemada en aquellas cuencas de aportación, con especial atención a zonas con riesgo de inundación, así como la retirada de tapones y troncos en tramos situados aguas arriba de poblaciones.

La Diputación provincial de Guadalajara también se ha arremangado. Su presidente, José Luis Vega, ya ha avanzado que las ayudas destinadas a los municipios afectados por el incendio de La Mierla tendrán prioridad. Si fuera necesario, ha explicado, esta situación incluso podría repercutir en las partidas destinadas al resto de ayuntamientos de la provincia, aunque ha apelado a la “solidaridad” de los alcaldes.

“No va a haber ningún alcalde, estoy seguro, que ponga ninguna pega”, ha señalado, porque “cuando otros tienen necesidades, la provincia de Guadalajara es muy solidaria y van a estar ahí dispuestos a echar una mano entre todos”.

La Diputación cifra en cerca de tres millones de euros las partidas presupuestarias destinadas hasta ahora a las consecuencias del incendio, incluyendo el abastecimiento a ganaderos, ayudas a los ayuntamientos, maquinaria y otros servicios.

Vega ha recordado además que los centros comarcales trabajaron durante la emergencia y que se contrataron cuatro bulldozers de empresas de la provincia, mientras que los bomberos tuvieron que “doblar incluso triplicar guardias”. “Esto no va de dinero, va de que los problemas que tengan hay que solventarlos”, ha resumido. Ahora, la institución provincial está a la espera de los certificados de los secretarios municipales para determinar las pérdidas de ingresos que hayan sufrido los ayuntamientos.

En materia ganadera, la Diputación comenzó desde el primer momento a suministrar grano y forraje y ahora se pasará de un reparto lineal a otro “ajustado” al daño real sufrido por cada explotación en sus pastos. También se han preparado cubas para el abastecimiento de agua y abrevaderos para las explotaciones.

Además, ha indicado que se compensará a los ayuntamientos por los ingresos que los ganaderos dejen de generar por el pago de pastos y que el Gobierno regional prepara una convocatoria de ayudas para las explotaciones ganaderas afectadas.

Alimentación para la fauna silvestre en zonas quemadas

José Luis Vega también destaca los daños sufridos por la flora y la fauna. En aquellos municipios donde ha ardido hasta el 90% del término municipal, los efectos sobre el entorno natural son importantes. La Diputación ya coordinó la retirada de cadáveres de animales y, junto a ATICA y entidades del sector cinegético, está desarrollando una alimentación suplementaria de la fauna silvestre en las zonas quemadas.

“Los animales por su instinto suelen regresar al entorno donde nacieron, pero el entorno evidentemente está quemado”, ha explicado. Por ello, se está realizando esta “alimentación forzada” para evitar la desnutrición y está previsto un nuevo suministro de grano en los próximos días.

Ha avanzado asimismo que se pondrán en marcha nuevas líneas específicas para los municipios afectados por los incendios de la Sierra Norte y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón. El objetivo, ha añadido, es que estas convocatorias específicas sean más sencillas de justificar y gestionar para los ayuntamientos afectados.

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y al Estudio de Impacto Ambiental de una ampliación de explotación ganadera de 265.000 gallinas ponedoras en Tomelloso (Ciudad Real).

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, cuyo titular es la empresa Becerra Ponce SL, “pasando de 115.000 gallinas a 265.000, requiriendo la construcción de dos naves para ponedoras y una tercera para recría”, explican.

El colectivo ecologista apunta que las naves para ponedoras presentarán una capacidad de 50.000 aves cada una de ellas, y la nave criadero dispondrá de una capacidad de albergue de 50.000 pollitas de recría. Se estima que la cantidad anual de gallinaza -excremento o estiércol de gallinas y pollos-, que será trasladada mediante cintas a un remolque para su aprovechamiento agronómico, “no siendo necesario ningún estercolero o balsa de almacenamiento dentro de la finca, será de 3.975 toneladas, lo que equivale a unas 11 toneladas al día”.

Aparentes incoherencias del proyecto

Desde Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que la documentación presentada “ofrece tres cifras distintas e incompatibles entre sí” sobre la distancia que separa la explotación del núcleo urbano. El Proyecto Básico de Ampliación (PBA) afirma que la distancia al núcleo urbano habitado más próximo es de “aproximadamente 10.000 metros”. El documento de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puntualizan en cambio que “la distancia al núcleo urbano más cercano es de unos 700 metros”. El mismo EIA en el apartado sobre el impacto a la atmósfera sostiene que se trata de una zona alejada del núcleo de población, a más de 8 kilómetros del casco urbano más cercano.

El PBA afirma que el término municipal de Tomelloso se encuentra incluido “dentro de las zonas catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario” y añade que de aplicar los estiércoles en esta zona, como abono órganomineral, se respetará siempre la dosis especificada por ley -que no exceda los 170 kilos por hectárea y año-.

Sin embargo, el EIA afirma justo lo contrario, que el término municipal de Tomelloso no está catalogado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos. “Se trata, por tanto, de una contradicción entre dos documentos del propio promotor, Proyecto Básico y Sistema de Gestión Ambiental o SGA, que coinciden en calificar la Zona como Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, frente a un tercero, el EIA, que lo niega expresamente”, explican desde el colectivo ecologista. Por otra parte, añaden que “la disparidad no es casual, dado que de la calificación correcta depende directamente el régimen jurídico aplicable a la gestión y aplicación agrícola del estiércol generado por la explotación, así como los límites máximos de nitrógeno aplicable por hectárea y año”.

Ecologistas en Acción apunta que el promotor calcula que se necesitan 748,23 hectáreas de superficie agrícola para aplicar el estiércol generado, “sin acreditar en ningún punto del expediente que dicha superficie exista o esté comprometida, ni que conste un contrato o compromiso de agricultores beneficiarios, garantizando la trazabilidad del residuo”. Añaden que es también perceptible “la ausencia de acreditación cuantitativa del cumplimiento de los valores de emisión de amoniaco asociados a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)”.

Sin estudio de impacto de olores o presencia de fauna esteparia

Otro de los déficits detectados por la colectivo “es la infravaloración del carácter acumulativo de la carga contaminante a medio y largo plazo”. Plantean que aunque se hace una relativa estimación y cuantificación de las emisiones de los gases y sustancias contaminantes (amoníaco, óxido nitroso y metano), “desprecia los efectos sinérgicos o acumulativos que puedan afectar al medio ambiente y a la salud pública, como reclama la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que tampoco existen estudios de impacto por olores y de impacto acústico, “sin llegar a aportar mediciones reales efectuadas en el terreno”, además de estudios de campo de la posible presencia de avifauna esteparia protegida.

Además, explican que “el examen de alternativas es insuficiente, no ajustándose a las exigencias legales, dado que no contempla la Alternativa 0 (no realización del proyecto) al apoyarse en una vaga argumentación genérica acerca de la fijación de población y decadencia rural”. Matizan que “no aportan ningún dato cuantificado sobre empleo generado, actual o futuro, ni sobre el impacto económico real de la actividad en el municipio”.

Según el colectivo, en la documentación proporcionada no se cita la obligación de presentar un plan de bienestar animal, requisito contemplado por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Por esta “notoria falta de rigor documental” los ecologistas consideran “un posible corta y pega de documentación correspondiente a otros proyectos”.

De esta forma, Ecologistas en Acción Ciudad Real pide a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha que se corrijan y actualicen los puntos anteriores o que, en su defecto, se dicte resolución desfavorable a la Declaración de Impacto Ambiental y se deniegue la revisión de la Autorización Ambiental Integrada solicitada.

Hace más de un año que los tribunales les dieron la razón y seis meses desde que lo confirmó el Tribunal Supremo: los derechos fundamentales de los vecinos de As Conchas (Lobeira, Ourense) se ven vulnerados por la inacción de la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con respecto a la degradación que la contaminación de las macrogranjas provoca en el embalse. Pero denuncian que nada ha cambiado, de modo que han decidido dar un paso más y presentar una demanda para la ejecución forzosa de la resolución judicial.

“Seguimos igual. Estamos como hace un año, cinco años o diez años”, dice Mercedes Álvarez, una de las residentes en As Conchas que promovió el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales junto a varios de sus vecinos y con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Han esperado unos meses, pero consideran que las administraciones han tenido tiempo ya de cumplir de forma voluntaria y no lo han hecho.

“Nuestro fin no es ganar una sentencia, sino recuperar el embalse, así que seguiremos peleando”, dice Álvarez. Mientras conversa por teléfono con elDiario.es sube una de las persianas de su vivienda, desde la que se ve el agua: “Aún esta mañana me decía mi hija que está todo todavía más verde [el color del que se tiñen las aguas con las proliferaciones de cianobacterias]”. Considera que la situación sigue “fatal”, como en la presa de Lindoso, aguas abajo, en territorio portugués, y como asegura que empieza a ocurrir en la de Salas, también en la provincia de Ourense. Este año cree que no han padecido tanto los malos olores, pero duda de si han sido menos intensos o es que “el ser humano se acostumbra”. Relata que sigue sin acercarse al agua: “Hace años que vivimos como si no tuviésemos un embalse ahí. Bueno, no, no vivimos como si no estuviese, vivimos con miedo a él”.

Mercedes Álvarez forma parte del grupo de vecinos que llevan años movilizándose para pedir que se ponga freno a una situación que hace que en el agua haya hasta 97 millones de bacterias peligrosas por litro. En el proceso judicial lograron que les diesen la razón y los tribunales -primero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego el Supremo- consideran que están vulnerados el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua.

La resolución responsabiliza a las administraciones públicas por no haber actuado en el caso de la contaminación de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia y ordena a la Xunta y la CHMS -dependiente del Gobierno central- que adopten las medidas necesarias para detener la degradación ambiental de As Conchas y garantizar el abastecimiento de agua limpia y segura.

Nieves Noval, abogada de ClientEarth, señala a través de un comunicado que las administraciones han tenido oportunidad de cumplir la sentencia de forma voluntaria, pero no lo han hecho. Por ello se registra la petición ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que la haga cumplir. “Los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado”, señala.

Las organizaciones que se han implicado en el proceso indican que, hasta ahora, las únicas actuaciones comunicadas son el pago de las indemnizaciones que reconoce la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y tomas de muestras para evaluar la calidad del agua. Consideran que esto es insuficiente para cumplir la sentencia y recalcan que, de hecho, no ha habido mejoría y se han seguido registrando episodios de proliferación de cianobacterias potencialmente tóxicas. Siguen la contaminación y los olores pestilentes y hay indicios de que la afectación se extiende aguas abajo, hasta Lindoso.

Medidas concretas

Lo que piden ahora es la ejecución de la sentencia, para lo que señalan que se deben poner en marcha medidas concretas por parte de las administraciones que ya se recogían en la decisión judicial, como estudios ambientales y sanitarios, programas permanentes de seguimiento de la calidad del agua, sistemas de información a la población, vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión en la cuenca. Añaden que debería declararse A Limia zona vulnerable a la contaminación por nitratos, piden que se aplique una moratoria que impida abrir nuevas explotaciones ganaderas industriales o ampliar las existentes mientras no se resuelva el problema, sistemas reforzados de vigilancia de las aguas, protocolos de alerta rápida a la población y seguimiento de los episodios de cianobacterias, olores y otros impactos sobre la salud y el entorno.

También exigen plazos concretos y que se determinen responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, además de que las administraciones informen periódicamente de las medidas adoptadas para que puedan verificarse los avances.

En las administraciones “se echan la culpa unos a otros”

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, avisa de que retrasar el cumplimiento de la sentencia “pone en peligro a la población de la zona y demuestra una gran falta de responsabilidad”. Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, señala que la respuesta de las administraciones “no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros”.

En junio, cuando estaba a punto de cumplirse un año desde la sentencia, la Confederación Hidrográfica señalaba a esta redacción que había puesto en marcha medidas de seguimiento de la calidad de las aguas y había intensificado la vigilancia sobre posibles vertidos y acumulaciones de purines. Señalaba a la Xunta, como administración responsable de autorizar las actividades contaminantes. Por su parte, en este tiempo el Gobierno gallego apenas se ha pronunciado sobre el asunto. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se limitó a lamentar que no estaba habiendo la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. La Xunta sacó a exposición pública a mediados de agosto el decreto sobre la contaminación por nitratos que tiene pendiente. Varias organizaciones ecologistas lo han calificado ya como un “no-decreto” porque consideran que supone “enrocarse en negar” la contaminación de la ganadería industrial.

Prosigue la batalla de los vecinos y vecinas de la pedanía de Torre Uchea, perteneciente a Hellín (Albacete), para frenar el proyecto de una macrogranja de terneros a menos de medio kilómetro de sus casas. Apuntan ahora que un informe de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la ciudad recoge “numerosas deficiencias técnicas”, entre ellas que la propia pedanía no aparece mencionada y solo incluye a Nava de Campana como la zona habitada más cercana.

Agrupados bajo la Asociación en Defensa de la Torre Uchea (ADTU), que forma parte de la coordinadora Stop Ganadería Industrial y cuenta con el apoyo de Ecologistas en Acción, este colectivo ha exigido al equipo de Gobierno municipal, en el pleno municipal celebrado el 31 de agosto, que fije públicamente su postura sobre la macrogranja de vacuno de cebo que la empresa Nutripelet, S.L. proyecta junto a esta pedanía.

Según apuntan, el alcalde de Hellín, Manuel Serena (PP), no asistió a la sesión al encontrarse fuera de España, por lo que la asociación formuló la pregunta al conjunto del equipo de Gobierno en el turno de ruegos y preguntas, amparándose en una modificación legal que desde julio obliga al Ayuntamiento a certificar en pleno si apoya o rechaza el proyecto para poder reactivar la evaluación ambiental.

El cambio normativo al que se refiere este colectivo es la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha recientemente aprobada, que otorga a los plenos de los ayuntamientos la posibilidad de vetar proyectos que consideren nocivos para su término municipal.

El Ayuntamiento quiere “recabar más informes”

Según ADTU, durante el pleno se leyó la respuesta que el alcalde había dejado preparada en la que se reconocía la necesidad de que el pleno se pronunciase, pero recordando que cuenta con un plazo de un año y que es necesario “recabar más informes”, sin que fuera posible pronunciarse en ese momento.

La asociación recuerda que el pasado mes de abril ya preguntó al alcalde sobre la distancia que debía guardar la macrogranja respecto a las viviendas de Torre Uchea. En ese momento respondió que se trataba de “una pregunta de carácter técnico y no de política municipal” y que había que determinarlo según los informes técnicos pendientes de elaborar, entre ellos la evaluación ambiental, cuya competencia corresponde al Gobierno regional.

Los vecinos y vecinas de la pedanía recuerdan que el proyecto contempla una explotación de 1.416 terneros de ganado vacuno de cebo en la pedanía. Apuntan que la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Hellín, a petición del propio Ayuntamiento, emitió un informe sobre el proyecto el 25 de marzo de 2026. Y añaden que la asociación no tuvo constancia de su existencia hasta que accedió al mismo a través del registro electrónico municipal el 30 de junio de 2026, casi un mes después de haber presentado sus alegaciones al proyecto, el 2 de junio.

El informe de la OCA, señala ADTU, recoge “numerosas deficiencias técnicas” del proyecto. Entre ellas, que el expediente “no contempla la existencia” de Torre Uchea: el documento sitúa la zona habitada más cercana a la explotación en la pedanía de Nava de Campana, sin mencionar que las viviendas de la otra pedanía se encuentran a menos de 500 metros de las instalaciones proyectadas.

Nutripelet y la familia de la concejala de Medio Ambiente

A fecha de hoy, y según ha podido comprobar también este periódico, el expediente no figura con información activa en la plataforma de expedientes de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha (Nevia). Es decir, su tramitación no se ha iniciado oficialmente.

La asociación de Torre Uchea afirma además que el proyecto arrastra, además, un “elemento de conflicto de interés” que lleva meses señalando: la empresa promotora, Nutripelet, S.L., pertenece a la familia de la concejala de Medio Ambiente, Agua y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Hellín y senadora en la actual legislatura, Miriam García Navarro. Así lo ha comprobado también este periódico en el Registro Mercantil. “Esta circunstancia refuerza la necesidad de que sea el pleno en su conjunto quien fije una posición explícita sobre el proyecto”, añaden.

ADTU recuerda que, a pesar de la respuesta recibida por parte del alcalde, el certificado del pleno deberá trasladarse al órgano medioambiental de la Junta de Castilla-La Mancha para que la evaluación ambiental del proyecto pueda reanudarse.

La asociación advierte de que seguirá reclamando una respuesta “clara y por escrito” mientras el Ayuntamiento no fije postura, y no descarta recurrir a la vía judicial si finalmente se concede la licencia a Nutripelet.

Entidades ecologistas y ambientalistas han presentado alegaciones al proyecto de decreto de nitratos de la Xunta de Galicia para tratar de conseguir que se reformule y “sirva realmente para reducir y evitar la contaminación por nitratos generada por el sector agropecuario y, muy en particular, por la ganadería intensiva”. El Gobierno gallego abrió el proceso el 15 de julio del año pasado, sólo cuatro días después de la sentencia pionera que condenaba la “inacción” tanto de la administración gallega como de la estatal en la degradación ambiental provocada por las macrogranjas en el embalse de As Conchas (Ourense). La conselleira de Medio Rural pedía entonces que no se “culpabilizase” a la actividad ganadera.

Esa postura no parece haber cambiado en doce meses. En un comunicado conjunto emitido este lunes, Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) acusan a la Xunta de “enrocarse en el negacionismo” y en una “falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación”.

Las tres entidades aseguran que “más de la mitad del preámbulo y casi un tercio de la extensión total del borrador de decreto” se centran en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario en Galicia” lo que “retrasa de manera irresponsable la toma de decisión y la adopción de medidas correctoras, algo que se debería haber llevado a cabo hace años”.

El comunicado cita extractos del borrador en los que se asegura que en Galicia no hay declaradas zonas vulnerables pues “no existe acreditación del origen agrario de la contaminación” y a día de hoy “no se dispone de los datos definitivos y concluyentes aprobados por la autoridad competente sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, por lo que no cabe la designación de zonas vulnerables por parte de la comunidad autónoma, ya que la correcta designación de ellas exige la acreditación, mediante las pruebas pertinentes, del origen agrario de los compuestos nitrogenados detectados en los puntos de medición así como de su contribución de forma significativa a la referida contaminación”.

Sin embargo, los ecologistas replican que los planes hidrológicos vigentes ya incluyen los planos con la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” y con los excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) de origen agrario debidos a cultivos de secano, cultivos de regadío, ganadería no estabulada y ganadería estabulada. En el caso concreto del embalse de As Conchas y la necesidad de declarar zona vulnerable la cuenca del Limia, “los datos no pueden ser más claros”.

Mientras la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” es “muy baja” –apenas está urbanizado entre el 1% y el 4%–, el excedente de nitrógeno por los cultivos de secano y regadío está entre 1 y 10 kg/ha/año; de ganadería no estabulada se mueve entre 2,5 y 15 kg/ha/año, pero el de ganadería estabulada se dispara entre 20 y 102 kg/ha/año en la mayor parte de la cuenca, “por lo que es responsable de un 80-85% del excedente de origen agrario”.

“Por si dichas evidencias fueran insuficientes”, añaden las tres entidades, “las estadísticas oficiales de 2020 revelan que, en la cuenca del Limia hasta la presa de As Conchas, la carga ganadera era de 111.500 UGM (unidades de ganado mayor), que en producción de heces y orina equivalen a unos 2 millones de personas, cuando la población era de tan sólo 24.736 personas”. “Es decir, la generación de heces y orina por la ganadería era unas 80 veces mayor que la de la población humana”, concluyen.

Esa “desmesurada carga ganadera que soporta Galicia” ha sido confirmada, señalan, por el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23. En él, citan, se establece que “la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha”.

“Leyendo el 'no-proyecto' de nitratos y las declaraciones del presidente Rueda da la sensación de que a la Xunta no le importa que las aguas de Galicia estén contaminadas por nitratos –que lo están, y el mejor ejemplo es el embalse de As Conchas– sino determinar el origen de la contaminación, cuando éste está más que claro: es la agricultura y muy principalmente la ganadería industrial”, manifiestan las organizaciones firmantes.

Por todo ello, reclaman que el futuro decreto de nitratos debe incluir como objetivo la reducción, “al menos en un 50%” de la cabaña ganadera en intensivo hasta el 2030. También la disminución del uso de fertilizantes sintéticos y, “especialmente”, la prohibición de nuevas granjas o ampliación de las existentes en municipios con balance de nitrógeno por encima del promedio de la comunidad –41 kg N/ha/año–; en aquellos en los que la concentración de nitratos en las aguas aumentase en más de 5 mg/l entre 2016 y 2024 o en las parcelas o parroquias donde el incremento de UGM por unidad de superficie agricola utilizada sobrepase los niveles de carga ganadera recomendados por la Unión Europea. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el jueves 3 de septiembre.

La Coordinadora Stop Ganadería Industrial ha criticado este lunes que la macrogranja porcina proyectada en El Bohodón (Ávila) esquiva la evaluación de impacto ambiental pese a la situación de contaminación por nitratos que atraviesa el municipio, donde los vecinos no pueden consumir agua del grifo debido a la presencia de estos contaminantes y piden rechazar su licencia urbanística y ambiental.

Stop Ganadería Industrial ha denunciado en un comunicado que el proyecto se plantea ajustándose al límite legal que permite evitar este procedimiento ambiental y ha reclamado al Ayuntamiento de El Bohodón que no conceda la licencia urbanística y ambiental ante la situación actual del municipio.

El proyecto, de 1.994 plazas de cebo, se queda a solo seis cerdos del límite que obligaría a evaluar su impacto ambiental, una macrogranja que generará casi 4.300 metros cúbicos de purín al año en un municipio donde el agua del grifo está, desde 2016, contaminada por nitratos, ha señalado la coordinadora.

El colectivo advierte de que el caso de El Bohodón no es aislado y apunta a una tendencia de crecimiento de la ganadería porcina industrial y hace referencia a la Encuesta de Efectivos de Ganado Porcino del Ministerio de Agricultura en la que se apunta que la capacidad instalada de las explotaciones porcinas en España, medida en número de plazas autorizadas, pasó de 140.662 en 2005 a 283.871 en mayo de 2025, lo que supone un incremento del 101,8 por ciento.

La Coordinadora sostiene que este tipo de diseños ajustados al límite legal se repite en distintas comunidades autónomas y considera que dificulta un control ambiental efectivo de estas instalaciones.

Además, el colectivo anima a los vecinos a presentar alegaciones contra la instalación antes del 2 de septiembre de 2026, tanto en el Registro municipal como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Bohodón.

La plataforma Stop Biometano Socuéllamos ha criticado el “absoluto silencio” que, asegura, mantienen los consejos reguladores de las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha ante la “amenaza” de las macroplantas de biometano y las macro granjas que hay proyectadas en diferentes puntos de la región.

La plataforma, que está integrada por vecinos y vecinas de este municipio ciudadrealeño, “muchos de ellos agricultores y viticultores, socios de cooperativas integradas en la Denominación de Origen la Mancha”, se refiere a la ausencia de respuesta por parte de las DO castellanomanchegas tras hacerles llegar un manifiesto, promovido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Dicho documento alertaba sobre la concentración de macroplantas de biometano y otros proyectos industriales en el entorno de las zonas vitivinícolas, y que advertía de los riesgos para el viñedo, el paisaje, el enoturismo y la reputación de los vinos amparados por las denominaciones de origen.

Transcurridos más de 50 días desde dicho envío sin que haya habido respuesta por parte de los consejos reguladores de Castilla-La Mancha, la Plataforma Stop Biometano Socuéllamos se muestra “indignada” por el silencio.

“Este silencio es inaceptable”, ha declarado la plataforma. “Mientras otras regiones vitivinícolas están dando la voz de alarma y movilizando a sus territorios para frenar este tipo de modelo industrial, las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha a las que nos hemos dirigido permanecen impasibles. Su silencio no es neutralidad; es complicidad con un modelo de desarrollo que las desprecia”.

Biometano en comarcas vitivinícolas

Desde la Plataforma aseguran que varias denominaciones de origen de la región, como La Mancha, Valdepeñas, Méntrida, Almansa, Jumilla, Manchuela, Mondéjar, Campo de Calatrava, Ribera del Júcar y Uclés, están viendo cómo se proyectan “decenas de plantas de biometano en pleno corazón de sus comarcas vitivinícolas” —Socuéllamos, Campo de Criptana, Tomelloso, Arenales de San Gregorio, Pedro Muñoz, Manzanares, Valdepeñas, Daimiel, Villarrobledo, Villa de Don Fadrique y muchos otros— “sin que exista un estudio que evalúe el impacto conjunto sobre los viñedos, la imagen de marca y el turismo enológico”.

Por ello, piden a estos consejos reguladores que se posicionen y se pronuncien “sobre la amenaza que suponen las macroplantas de biometano y las macro granjas para el viñedo, el paisaje y la reputación de los vinos de la región”, que se adhieran al manifiesto de la DO Ribera del Duero e insten a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a una planificación territorial rigurosa que proteja el patrimonio vitivinícola.

“Las denominaciones de origen no son un obstáculo para el desarrollo, sino su principal garantía”, señala el comunicado de Stop Biometano Socuéllamos. “Su silencio en esta hora decisiva es inaceptable. El futuro de Castilla-La Mancha no se juega en los despachos, sino en el viñedo”.

En 2022, Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España, anunció una inversión de 65 millones de euros en la primera granja industrial de pulpo y planta procesadora del mundo, ubicada cerca del puerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. A pesar de que estas criaturas son muy difíciles de criar, la compañía preveía una producción de 3.000 toneladas de pulpo al año en esa nueva infraestrutura para 2025.

Tras el anuncio, llegaron años de controversia, en los que activistas y científicos condenaron los planes para criar en granjas a un animal elogiado por su aparente “inteligencia”. Hace cinco años, este alcanzó un estatus casi de celebridad gracias al documental ganador del Oscar My Octopus Teacher.

A finales de julio de 2026, Nueva Pescanova archivó sus planes para la granja. Pero, ¿por qué? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la cría de pulpos? El periódico The Guardian se puso en contacto con Nueva Pescanova para conocer su versión, pero la empresa comunicó a la autoridad portuaria de las Islas Canarias que se retiraba por motivos “comerciales y regulatorios”.

Los activistas que llevan tiempo oponiéndose a la granja no tardaron en celebrar la victoria. “La presión social, científica y política ha dado sus frutos ante esta atrocidad ética y medioambiental”, declaró el partido animalista Pacma en un comunicado. Cuando The Guardian visitó el centro de investigación de la empresa en 2023, Roberto Romero Pérez, el biólogo marino que supervisa la acuicultura en Nueva Pescanova, ya admitió que el ambiente era “un poco más hostil de lo esperado”.

Problemas de viabilidad

Sin embargo, Silvia Fernández Díaz, una periodista que ha cubierto la noticia desde el principio, considera que la principal causa de que la granja no saliera adelante no fue la contestación social: “Creo que la realidad es que la granja no salió adelante porque no era viable, no por las protestas populares”, afirma.

Fuentes de la autoridad portuaria de Las Palmas confirmaron que nadie de Nueva Pescanova se había puesto en contacto con ellos y que no se había realizado ningún trabajo en la construcción de la granja.

Ian Gleadall, biólogo marino de la Universidad de Tohoku en Japón, que ha dedicado 50 años a la investigación de los pulpos, afirma que lleva dos años intentando obtener, sin éxito, una respuesta de Nueva Pescanova sobre el proyecto de Canarias. “Lo mismo ocurrió aquí en Japón con la empresa pesquera Nissui”, afirma. “La compañia decía que lo habían conseguido y que iban a producir cantidades ingentes de pulpo, pero nunca sucedió”.

Gleadall afirma que, hasta ahora, ha sido prácticamente imposible criar pulpos en cautividad, ya que las larvas del pulpo común pasan al menos 20 días flotando en el agua antes de asentarse en el fondo marino, lo que dificulta el paso a la siguiente fase. Incluso entonces, explica, las crías son tan delicadas que, si algo sale mal, mueren.

Otro problema importante es qué dar de comer al pulpo: “Un alimento es una especie de pasta de pescado. Pero incluso si la comen, no la seguirán comiendo porque los pulpos son muy quisquillosos; no les gusta comer lo mismo todos los días”, explica la experta. “Aunque se pudiera solucionar el problema de la alimentación”, dice, “probablemente, se gastaría más en alimento de lo que vale el pulpo en el mercado”.

Dilema ético

Las objeciones éticas a la cría de pulpos radican en que estas criaturas son solitarias y antisociales, así como en los estudios que muestran “pruebas convincentes” de que poseen sensibilidad . Richard Schweid, autor de La vida en la granja de pulpos afirma que muchos biólogos marinos sostienen que este animal no solo tiene nueve cerebros, sino también una mente. “Esto es algo que generalmente asociamos con mamíferos de órdenes superiores, como perros, gatos, primates y humanos”, explica.

La idea de que el pulpo se parece de alguna manera a nosotros, o al menos a algunas de nuestras mascotas, se vio impulsada por la película de Craig Foster, My Octopus Teacher, en la que el director parece establecer una relación recíproca con una pulpa hembra. “El pulpo es un candidato ideal para que los humanos lo antropomorficen porque es muy inteligente, muy reactivo y, sin embargo, tan diferente que resulta esencialmente indescifrable”, afirma Schweid.

Cualesquiera que sean las razones del fin de la iniciativa española, nadie ha logrado criar pulpos con éxito, salvo un pequeño proyecto en México que cultivó una especie diferente del pulpo común (Octopus vulgaris ), que se encuentra en el Mediterráneo y el Atlántico.

Si bien por ahora la cría de pulpos puede estar a salvo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se capturan unas 370 000 toneladas de pulpo, la mayoría frente a las costas de Marruecos y Mauritania. Los principales mercados son China y Japón, mientras que España consume unas 40.000 toneladas anuales, lo que equivale a casi 1 kilo por persona.

El calentamiento global de las aguas está provocando que los pulpos lleguen a los platos de nuevos territorios. En los últimos dos años, por ejemplo, Reino Unido fue testigo de la mayor proliferación de pulpos desde 1950.

La Asociación de Vecinos de Villarejo del Espartal, en Cuenca, ha organizado una sesión informativa sobre los impactos de las macrogranjas el próximo sábado 25 de julio a las 19.30 en el centro social de la localidad, gestionado por dicha asociación.

La asociación solicitó formalmente en junio un local gestionado por el Ayuntamiento de Villas de la Ventosa para esta charla informativa pero explican que el alcalde, Julián Lucas Illana, de Vox, no lo ha cedido, “optando por no contestar la instancia registrada”.

Pueblos Vivos Cuenca cree que “no es tolerable que el Ayuntamiento niegue la cesión de un local público para un acto divulgativo. Un ayuntamiento no debería ser opaco y menos con un proyecto que consumirá muchísima agua y que producirá una cantidad considerable de purines, afectando a la vida de sus habitantes”.

En la charla participarán integrantes de Pueblos Vivos Cuenca y se hablará del impacto de la ampliación de una macrogranja de porcino de 2.496 cabezas a 6.000, precisamente, en Villas de la Ventosa. El proyecto ya ha sido sometido al periodo de exposición pública y se encuentra a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha conceda o no la autorización ambiental.

Dentro del procedimiento de evaluación ambiental, el Ayuntamiento debe emitir un informe de afecciones socioeconómicas del proyecto, según la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y en este punto, señala Pueblos Vivos Cuenca, “se da la circunstancia de que el actual alcalde es padre del promotor de la macrogranja”, por lo que consideran que existe “un conflicto de intereses”.

Un “alto consumo de agua”

El volumen de agua solicitado por el promotor para la macrogranja ampliada es de 24.000 m3 al año, un 40% más que el consumo de agua de todas las pedanías de Villas de la Ventosa, que asciende a 16.425 m3 de agua al año para un total 225 habitantes.

En un comunicado, Pueblos Vivos señala que, si se compara solo con La Ventosa, la pedanía en la que está ubicada la macrogranja, cuando esté ampliada consumirá “casi cinco veces el consumo de sus habitantes”, lo que evidencia a su juiico “una elevada demanda hídrica en un entorno rural donde el agua es un recurso limitado”.

Según el colectivo vecinal, en la solicitud de aguas realizada por el promotor de la macrogranja a la Confederación Hidrográfica del Tajo, no consta que ya exista una concesión de agua para la macrogranja que actualmente existe y que se quiere ampliar. “Es decir, en lugar de tramitarse como una ampliación de una concesión que ya abastece a la macrogranja actual, se está tramitando como una solicitud por el total de la macrogranja ampliada”.

Pueblos Vivos Cuenca ha puesto en conocimiento este hecho ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Consejería de Desarrollo Sostenible “para aclarar si es un error en la solicitud o pudiera tratarse de un delito y se haya estado extrayendo agua sin permiso”.

12,9 millones de litros de purines

En el propio estudio de impacto ambiental se indica que la macrogranja generará 12,9 millones de litros de purines al año, aproximadamente 5 piscinas olímpicas. La ampliación contempla la construcción de una nueva balsa de almacenamiento de purines con capacidad de 2.020 m³, que se sumará a la existente de 2.180 m³.

Estos residuos serán posteriormente aplicados en terrenos agrícolas, algo que “conlleva riesgos de contaminación por nitratos en suelos y aguas subterráneas”, según advierten.

El municipio de Villas de la Ventosa, donde se ubica La Ventosa, ya registra altos niveles de nitratos. Según los datos del SINAC-Ministerio de Sanidad en la última del analítica 10 de febrero se registraron 36 mg/l de nitratos en el agua del grifo de la pedanía de Valdecañas. El límite para que deje de ser potable es 50.

Añaden que el proyecto MCC-Spain del Instituto de Salud Carlos III encontró vínculos entre la ingesta de nitratos y tumores de próstata agresivos, incluso por debajo del límite legal.

“Graves carencias” en el estudio de impacto ambiental

La macrogranja se ubica a menos de 3 kilómetros del núcleo de La Ventosa y a distancias similares de otros núcleos de población cercanas como Villarejo del Espartal y Villanueva de Guadamejud, lo que podría suponer problemas de malos olores. Según Pueblos Vivos Cuenca, “el proyecto quita importancia a que los vientos dominantes procedentes de la macrogranja se dirigen a La Ventosa”.

Además, según este colectivo vecinal, “el estudio de impacto ambiental presentado no da ningún dato de emisiones de metano ni de amoníaco, algo fundamental para entender las repercusiones de esta macrogranja ampliada en la salud de las personas que viven en la zona”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha publica este jueves en el Diario Oficial de la comunidad autónoma la modificación de la Ley de Evaluación ambiental, aprobada el pasado en las Cortes regionales, en un texto que otorga mayor autonomía a las administraciones locales, en concreto para poder vetar la implantación de macrogranjas o plantas de biometano en sus términos municipales.

El texto establece que los ayuntamientos deben otorgar su conformidad mediante un acuerdo del Pleno antes de que los proyectos puedan avanzar en su tramitación administrativa. Esta validación municipal debe considerar factores socioeconómicos, urbanísticos y ambientales, permitiendo detener planes que no se alineen con los intereses de la comunidad local. Por eso los ayuntamientos ahora deben emitir informes técnicos específicos detallando qué actividades relevantes del municipio podrían verse afectadas para justificar que el proyecto no puede seguir adelante.

Será además una decisión de carácter vinculante. Si el Pleno municipal emite un certificado de no conformidad, el órgano ambiental debe dictar una resolución de finalización del procedimiento, lo que efectivamente bloquearía el proyecto.

Se otorga al ayuntamiento la capacidad de denegación motivada: es decir, en los casos en que el ayuntamiento actúa como órgano sustantivo, si el Pleno no otorga su conformidad, el ayuntamiento dictará una resolución motivada para denegar la tramitación del proyecto.

Además, la ley introduce nuevas modalidades para ejecutar medidas compensatorias y define las funciones técnicas de las entidades colaboradoras en el seguimiento de los expedientes.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación ciudadana: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse.

Todo tiene un pero...

La “autonomía” que se otorga a los ayuntamientos para decidir en realidad tiene un límite y deja de serlo cuando el órgano sustantivo superior, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que el proyecto es “estratégico” para la comunidad autónoma. Así que pese al cambio, la Junta mantiene la potestad de continuar el proceso tirando de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Por cierto, fue cuestionada en su momento por el Tribunal Constitucional al pretender, en su redacción inicial, eliminar la necesidad de evaluación ambiental. Algo que tuvo que ser cambiado.

La norma que ahora se ha modificado es el primer paso además de cara al futuro decreto de regulación del biogás. En paralelo, el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa actual de actuaciones “prioritarias”, en la que el biometano ocupa un lugar especial.

Los cambios entran en vigor mañana, día 24 de julio.

El pleno del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha rechazado este jueves por unanimidad de sus grupos el proyecto que prevé instalar macrogranjas marinas en el litoral del municipio, a través de una declaración institucional consensuada por PP, PSOE y NC, sobre la base de la moción del Grupo Socialista.

Así lo expresa la Corporación local en un comunicado, donde ha señalado que dicha declaración refleja la posición unánime de los grupos políticos con presencia en el pleno municipal “en defensa del territorio, el medio ambiente y los usos tradicionales vinculados al mar”.

El Ayuntamiento de La Aldea considera que este tipo de proyectos cuenta con una incidencia significativa sobre el territorio marino insular, y que por ello deben garantizar procesos reales de información, transparencia y participación ciudadana.

En este sentido, el texto aprobado destaca la necesidad de escuchar a los vecinos y vecinas de La Aldea de San Nicolás, así como al conjunto de la sociedad canaria y, especialmente, a los colectivos estrechamente vinculados al litoral, entre ellos el sector pesquero profesional, organizaciones ecologistas, asociaciones medioambientales, colectivos vecinales y el resto del tejido social.

Entre los acuerdos adoptados figura el rechazo del pleno a la instalación de jaulas marinas en las zonas de Interés Acuícola 8 y 9 del litoral aldeano contempladas en las áreas de planificación del Plan Regional de Ordenación para la Acuicultura (PROAC) para Gran Canaria.

Por este motivo, insta al Gobierno de Canarias a paralizar o dejar sin efecto cualquier autorización que tenga por objeto dicha instalación, así como a que se realicen los cambios normativos necesarios para que se excluya la planificación acuícola en ambas zonas.

Por último, se solicita al Gobierno de Canarias que paralice cualquier actuación destinada a implantar estas instalaciones; todo ello con el objetivo de garantizar la protección ambiental, paisajística y de la actividad pesquera artesanal.

Las 24 jaulas marinas proyectadas frente a las costas de La Aldea de San Nicolás y Artenara verterán cada año unas 740 toneladas de heces y residuos al fondo marino, con el riesgo de provocar “alteraciones ecológicas importantes”, según un informe de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias.

La promotora es una filial de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, cuya instalación prevé producir 5.400 toneladas de lubina en una superficie de 47,2 hectáreas.

La Asociación en Defensa de la Torre Uchea, pedanía de la localidad albaceteña de Hellín, ha presentado en el Ayuntamiento un total de 2.715 firmas contra el proyecto de macrogranja de terneros en el término municipal. Concretamente son 1.700 rúbricas online y 1.015 firmas recogidas en papel.

Este colectivo subraya que cada firma refleja “una posición en contra” del proyecto del cebadero, que prevé albergar unos 1.400 terneros a menos de 200 metros de casas habitadas y que, según asegura, no considera el “riesgo de contaminación del subsuelo y de los acuíferos”

Una vez terminada esta fase, en la la asociación ha presentado numerosas alegaciones, ahora el proyecto será sometido a evaluación técnica para su estudio del impacto medioambiental. Mientras denuncia, que el Ayuntamiento de Hellín haya realizado obras “sin contar con licencia”.

Concretamente, dicen haber presentado 22 instancias en el registro electrónico del Consistorio local, han preguntado en los plenos municipales sobre la decisión que se adoptará sobre la distancia de la macrogranja a las casas habitadas y se ha rechazado por parte del equipo de Gobierno una moción que favorecía el desarrollo modificando la ordenación municipal de la pedanía de Torre Uchea.

“Escaso aprecio por la participación ciudadana”

“Estamos indignados por el trato mostrado en los plenos por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que ha desplegado de forma intensa una actitud de ninguneo hacia esta pedanía y a sus habitantes, con un comportamiento que muestra un escaso aprecio por la participación ciudadana en la vida municipal”, añaden.

Pese a ello, la asociación remarca que el “motor” que les mueve es “mucho más fuerte que la reacción al trato recibido”. “Además del instinto de supervivencia, lo que nos moviliza es la defensa de un modelo de agricultura y ganadería tradicional y el respeto a la memoria de nuestros mayores. Y ese motor no se va a parar”.

“Confiamos en una evaluación técnica sensata que desautorice la instalación de esta macrogranja, pero si esta evaluación fuera favorable, seguiremos adelante recurriendo a todas las herramientas que la ley nos permita. Sin duda el apoyo recibido con estas miles de firmas nos otorga aún más fuerza para seguir”, concluye

La Junta de Castilla y León rechaza la autorización ambiental de la macrogranja de Cidones (Soria), que tenía previsto cebar a 3.614 cerdos. El nuevo Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 endureció las normativas de protección del agua, lo que ha derivado en la desestimación de este proyecto.

El proyecto, que preveía una explotación porcina de 4.368 cabezas de ganado, arrancó en 2017. Dos años después, el Ayuntamiento de Cidones emitió varios informes contrarios, puesto que esa iniciativa era incompatible con la ordenación urbanística. La Delegación Territorial de Soria también inadmitió la solicitud de evaluación ambiental por incompatibilidad urbanística. Después de que la empresa interpusiera un recurso —desestimado en primera instancia y que estimó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)—, se anularon las resoluciones administrativas y se obligó a continuar con el procedimiento de evaluación ambiental. Se decidió, por lo tanto, continuar con el procedimiento, aunque en noviembre de 2023 se anuló la modificación de las Normas Urbanísticas de Cidones, manteniendo las parcelas como suelo rústico común.

Mientras tanto, entró en vigor el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, por lo que los informes previos de la Confederación dejaron de tener validez. En 2025, el promotor presentó un texto refundido del proyecto para adaptarlo a la normativa vigente, por lo que redujo la capacidad de la granja a 3.614 plazas. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantuvo su rechazo a la declaración de impacto ambiental, puesto que existía un “riesgo extremo de contaminación” para el embalse de Cuerda del Pozo y las aguas subterráneas.

La parcela propuesta formaba parte de la cuenca de escorrentía directa del embalse, cuya agua estaba fuertemente protegida porque era “zona sensible”, “agua de baño” y “zona de captación de agua para consumo humano”. Por lo tanto, el Servicio de Prevención Ambiental emitió un informe desfavorable, por lo que se ha denegado la autorización ambiental.

El Ayuntamiento de Soria presentó alegaciones al proyecto, entre otros motivos por la posible afectación al abastecimiento municipal de aguas. El Ayuntamiento de Cidones alertó en varias ocasiones de que el proyecto era incompatible con la ordenación urbanística y generaría un impacto negativo perdurable en el paisaje. También temía posibles filtraciones o roturas de las balsas de purines, así como emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. La Junta de Castilla y León descartó este riesgo de contaminación por infiltraciones si se aplicaban unas medidas correctoras propuestas, aunque finalmente ha denegado el proyecto ante la entrada en vigor del Plan Hidrológico del Duero.

Cuando hace calor, Mercedes Álvarez no puede abrir las ventanas de su casa. El olor que entra es tan putrefacto que le cuesta describirlo. “Un día, una amiga vino al banco, que está un poco más arriba. Mientras esperaba en el coche, abrió la ventanilla y vomitó. ¿Merche, cómo puedes vivir aquí?”. Ella siempre ha vivido en As Conchas, como su marido, sus padres y sus suegros. En este pueblo de 20 habitantes en la provincia de Ourense no hay nada extraordinario, salvo uno de los embalses más contaminados del país por cianobacterias, peligrosas para la vida.

Sentados en la mesa de su cocina, María del Carmen Recouso y Pablo Álvarez, también vecinos, relatan el mismo infierno de vivir con miedo a caer enfermos, ellos o sus familiares, por el estado del agua que tienen a unos 50 metros de sus casas, justo al otro lado de la carretera. Un día de mucho calor de 2011, la superficie del embalse se puso completamente verde, con una capa espesa. “Como cuando haces filloas”, describe Merche señalando por la ventana. Pablo cuenta que tiraba una piedra desde la presa, que está a la altura de su casa, y no se hundía.

El hedor alcanzaba tres o cuatro kilómetros. Fue entonces cuando empezaron a pelear contra un enemigo sigiloso, como es la contaminación, y a defenderse de las administraciones que podían evitarla y no hicieron nada. Un puñado de personas mayores, algunas de ellas ancianas, que decidieron enfrentarse solas al dragón con espadas de madera. La contaminación no ha parado. Ellas tampoco han dejado de luchar, convirtiéndose en un ejemplo de que resistir unidos tiene sentido.

Qué demonios era esa masa blancuzca y verde, querían saber. A través de una conocida veterinaria, Pablo dio con el investigador Eduardo Costas, especialista en microorganismos acuáticos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Resultó que este científico estaba al frente de un grupo de trabajo que analizaba As Conchas desde 1992, dentro de una muestra de 28 embalses del país. Costas y las personas de su equipo ya estaban acostumbrados a que los lugareños de los pueblos colindantes al embalse se fijaran en su furgoneta del CSIC y les parasen a preguntar. La metodología era muestrear cada semana los embalses que estaban muy mal, cada mes los que andaban regular, y cada cuatro meses aquellos en muy buen estado.

“As Conchas estuvo muy bien durante mucho tiempo, no nos interesaba demasiado, porque nosotros analizamos sobre todo cómo se adaptan los microorganismos acuáticos a la contaminación”, relata el investigador. Hasta que una estudiante de su grupo certificó en 2011 el primer 'bloom' de algas tóxicas, es decir, cuando ya no queda oxígeno en el agua y aparecen bacterias muy dañinas por el exceso de nutrientes.

Para entonces, Pablo, que tiene 54 años, ya no se bañaba. “Había cosas raras flotando en el agua”. Su madre aprendió a nadar en este embalse del río Limia, cuya presa se construyó en 1949 para producir electricidad. Mari Carmen, que tiene 80 años, recuerda a su marido salir con la caña a pescar truchas para cenar. A Merche, de 60, le viene a la memoria cuando su padre agricultor bajaba los domingos al embalse a pescar y comía toda la familia. En sus orillas se hacían fotos de boda y las empresas celebraban concursos de pesca. La madre de Pablo tenía un bar que aún existe, aunque está cerrado. La vida giraba en torno a esta agua que una vez estuvo considerada excelente, dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. “No podías dormir de la cantidad de ranas, había bandadas de aves. Acabaron con todo”, se entristece Mari Carmen.

Camuflados en el paisaje rural se ven dos camiones con el vientre verde aparcados en una gasolinera de carretera; al cabo de un rato más de viaje, otros dos, y más allá, otros. Transportan los excrementos de cerdos y pollos de las macrogranjas que hay en la comarca de A Limia, más de 300 instalaciones para una población de unos 20.000 habitantes. Estos purines son tóxicos cuando no se tratan de forma correcta y se vierten, pues se filtran en la tierra y en el agua, que quedan envenenadas. En 2011, Pablo y Merche empezaron a dar la cara por sus vecinos, y desde entonces no han parado. “No vas a la guerra si no piensas ganar”, dice Merche con determinación.

Convocaron una manifestación. Ese año, una entrevista a doble página al científico Eduardo Costas en el diario ABC “les puso a todos muy nerviosos”, dice Pablo, pero no pasó gran cosa más allá de un par de reuniones de las administraciones locales con los investigadores. Mientras, el embalse empeoraba. “Un paisano me contó que tenía un cerezo en flor, vino una niebla y lo quemó. Era lluvia ácida”, incide. Mari Carmen no bebe el agua de su pozo, “no quiero, aquí la capa freática está muy alta y puede haber filtraciones; la uso para regar, con temor, tengo miedo, madre mía”.

En esta comarca es conocida la elevada tasa de cáncer, hace años que distintos colectivos piden que se estudien las causas. Desde una visión científica, los nitratos se convierten en nitritos y después en nitrosaminas, situados entre los principales cancerígenos que existen. “Si en Madrid la población estuviera sometida a esto, la epidemiología de cáncer sería enorme, como pasó con el amianto. Pero en As Conchas, si de tres personas se pasa a seis personas con cáncer, se duplica. Es una barbaridad, pero no son nada dentro del registro gallego de tumores, ¿no?”, reflexiona el investigador Eduardo Costas. “Yo no viviría en As Conchas”, incide. Pero estos vecinos no quieren irse. “Este es nuestro embalse”, dice Pablo. “Tú trabajas toda una vida para tener algo, ¿por qué tengo que marcharme de mi casa?, se pregunta Merche.

En una zona rural con tan poca población es difícil exponerse, mejor quedarse callados. No fue la opción de Merche y Pablo. Sin buscarlo, se han convertido en activistas en defensa de sus propias vidas; arañando tiempo de donde podían, por las noches, durante los fines de semana, redactaban notas de prensa, pedían reuniones, recogían muestras en el embalse ellos mismos, hablaban con los alcaldes, con quien hiciera falta. En una ocasión, ambos se presentaron en una rueda de prensa convocada por la Xunta de Galicia. Intentaron expulsarles hasta cuatro veces, pero ellos no se movieron de sus asientos de la última fila hasta que pudieron hablar con el Gobierno autonómico sobre el embalse.

Durante diez años, hasta 2021, lo intentaron todo para ser escuchados; nadie hacía caso, cero respuestas. “Lo negaban todo, hacían como si no pasara nada”, dice Merche. “Incluso nos insultaban, nos llamaban ”iluminados“, ya están los de As Conchas con sus cosas”, añade. ¿Cómo pudieron aguantar? “No sé, yo soy muy cabezón, me decía a mí mismo que esto era una carrera de fondo”, explica Pablo, mientras comenta que en su ordenador ha contabilizado unos 15.000 archivos sobre la causa que ha sido su vida todo este tiempo.

Ese año, en una reunión de vecinos del pueblo, lejos de rendirse, decidieron lanzarse al vacío, totalmente solos: denunciaron ante el Seprona a distintas administraciones y a la empresa Naturgy, que gestiona la presa, por el estado del río Limia; más adelante pusieron una segunda denuncia, esta vez a los responsables de Medio Rural y de Sanidad, y a los alcaldes de los pueblos de Bande, Muiños y Lobeira por no avisar del riesgo para la salud, sobre todo en los niños, de bañarse en el embalse cuando la presencia de cianobacterias ponía esta agua en el nivel 3 de contaminación, el más grave. “Nos sentíamos abandonados, despreciados, maltratados, vivimos con mucho miedo; llega un momento en el que hay que hacer algo, sea lo que sea, salga por donde salga”, dice Merche.

España es el país con más instalaciones de ganadería industrial de Europa, y el cuarto del mundo detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Así es más fácil entender que solo en esta comarca de A Limia haya dos millones de animales para producción de carne de cerdo y de pollo; una escala desproporcionada para respetar la vida, el agua y la tierra. Cifras tan impresionantes como atractivas para una organización mundial de abogados en busca de luchas legales que ganar en favor de la vida en la tierra. Nieves Noval trabaja como letrada especializada en sistemas alimenticios en ClientEarth, una ONG que fundó en 2007 un abogado de Wall Street llamado James Thornton.

En los años 80, Thornton ganó más de 80 casos hasta forzar a la Administración del presidente Ronald Reagan a limpiar las aguas contaminadas. Después se mudó a Londres, donde hoy se encuentra la sede de esta organización ambiental en la que trabajan más de 300 personas en ocho oficinas repartidas por todo el mundo.

Aquí no se busca lanzar historias famosas, son especialistas en litigación estratégica, que arma casos con la precisión y el engranaje de un reloj suizo, pensados para un objetivo mucho más grande y a nivel mundial. “El fin es reducir la ganadería industrial. Nosotros no hablamos de macrogranjas, sino de granjeros frente a la ganadería industrial”, explica Nieves Noval.

España era, sin duda, el lugar donde trabajar. Se pusieron en contacto con la organización Amigas de la Tierra, que también buscaba la forma de denunciar las macroinstalaciones ganaderas por su nefasto impacto. La abogada María Victoria Hormigos, colaboradora de esta ONG, sacó la situación de As Conchas. “Lo tenía todo para meternos: era un embalse muy analizado, con un histórico de datos muy bueno; los vecinos llevaban diez años enfrentándose a las diferentes administraciones y se trataba de más de 300 instalaciones en una comarca muy poco poblada de la Galicia rural. Era difícil que la causa de la contaminación fuera humana”, incide Nieves.

“Éramos un equipazo”

Las dos abogadas, Victoria y Nieves, pasaron largos ratos en la cocina de Merche haciendo muchas preguntas, hasta elegir a siete de los 20 vecinos que se presentarían como denunciantes particulares, una condición ineludible para montar un caso al que dedicaron dos años y medio con un enfoque legal novedoso: la inacción de las administraciones para proteger los derechos fundamentales de la población. Se sumaron a la denuncia la asociación de vecinos de As Conchas, la organización Amigas de la Tierra y la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU).

“Éramos un equipazo”, resume Nieves, con cuatro abogados de las dos ONG y expertos de ClientEarth con más de 20 años de experiencia que asesoraron en todo momento. Pidieron a los vecinos mantenerlo todo en secreto. Una de las decisiones clave fue contratar a cuatro peritos independientes especialistas en distintas áreas para certificar la contaminación y sus causas: Serafín González, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), que analizó los nitratos; Antonio Delgado, también del CSIC, quien realizó una prueba de isótopos estables, para relacionar de forma directa los vertidos de purines con la grave polución; el experto odorífero era José Cid; y Juan Martínez realizó un informe epidemiológico. Un “dream team”, resume Nieves.

El juicio se celebró en 2025. Los argumentos científicos eran tan contundentes que el fallo de 113 folios, hecho público en julio de ese año, no dejó lugar a dudas. “Se declara la vulneración de los derechos fundamentales: derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”, dicta la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Las administraciones, Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, conocían de sobra el problema ambiental y para la salud y no hicieron nada. Esta dejadez de las administraciones permitió a las empresas de la comarca lucrarse sin asumir el coste del tratamiento de los residuos de su actividad. La sentencia las obliga a indemnizar a los vecinos y a restituir el estado sano del entorno, pero eso aún no ha ocurrido.

“Yo pensé que ahora sí reconocerían el problema, pero tampoco, lo que hicieron fue recurrir ante el Tribunal Supremo. No pensé que eran tan malos”, se indigna Pablo. En febrero de 2026, el Supremo rechazó el recurso de casación. La sentencia es firme. “Me llamó Merche, tenía como 20 ó 30 mensajes de WhatsApp: Pablo, ¿no estás mirando el móvil? ¡Hemos ganado!”. Lloraron todos, también las letradas. “Ha sido el caso más satisfactorio de mi carrera”, se emociona Nieves. “Yo como abogada tengo herramientas para defenderme. Pero me dan mucha pena estas comunidades. Imagínate a Pablo recogiendo muestras del suelo durante 10 años, he aprendido mucho de lo que es la verdadera resistencia”.

Es abril de 2026. Pablo hace de guía por la ribera del embalse. A primera vista parece que todo está bien, el agua tiene un color que no llama la atención. Sin embargo, y aunque han pasado cuatro meses desde la sentencia, nadie se ha movido para mejorar la calidad del agua. Los vecinos temen que cuando lleguen los meses de más calor, la contaminación se dispare de nuevo. “Nosotros no vamos a parar de decirlo”, asume Pablo.

Cuando Merche, Pablo, Mari Carmen y el resto de vecinos de As Conchas escuchan ahora a los mismos alcaldes que les ninguneaban decir que también ellos han estado denunciando el problema, mantienen la misma calma y dignidad que cuando les insultaban. Lo resume bien Merche: “Los que luchamos fuimos estos pocos desgraciadiños”. Ahora que han ganado, todavía tienen que dar explicaciones sobre la indemnización que van a recibir, unos 30.000 euros por vecino. “Pero les vamos a dejar con la boca cerrada, porque ese dinero es para la asociación de vecinos, nosotros lo que queremos es que nuestro embalse esté limpio”.

La historia se repite. Hace más de cinco años que el Gobierno de Castilla-La Mancha se vio obligado ha aprobar una moratoria que paralizó la construcción de macrogranjas en esta comunidad autónoma, entonces disparada y con amplio rechazo social. Las nuevas licencias se suspendieron durante dos años y posteriormente el Ejecutivo regional aprobó un nuevo decreto para regularlas. El propio presidente autonómico Emiliano García-Page lo anunció. Ahora, ha vuelto a suceder, pero con las polémicas plantas de biometano, muy ligadas precisamente a la ganadería intensiva, puesto que principalmente realizan la valorización y tratamiento de residuos agroganaderos.

En esta ocasión no ha sido Page quien lo ha anunciado. Y tampoco su gobierno habla de moratoria como tal, pero una resolución del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha así lo establece.

Concretamente, esta propuesta, que los socialistas han aprobado en solitario tras abstenerse el PP y Vox, insta al Gobierno a aprobar un “marco regulador claro, restrictivo y garantista” que permita ordenar el desarrollo de las plantas de biometano desde el “respeto al territorio, la protección ambiental y la seguridad de los vecinos y vecinas”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha confirmado que de esta resolución del Parlamento regional emanará un nuevo decreto, pero no avanza los plazos para su tramitación y aprobación. Lo más curioso es que el Gobierno regional mantiene un Plan de Biometanización que todavía no ha visto la luz pese a que, en su origen, se planteó para el periodo 2024-2030, y al que se ha sometido ya a dos procesos públicos de consultas.

También es significativo que, según adelantó este periódico, el Ejecutivo esté preparando una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas en las que ha incluido el biometano. Está en fase de consultas, pero la incorporación de esta energía renovable en el borrador exacerbó los ánimos de las plataformas contra el biogás, cuyas movilizaciones han arreciado en los últimos meses y que han criticado duramente que el Gobierno autonómico no solo no adoptara medidas para controlar su expansión, sino que además quisiera dar mayor agilidad a algunos proyectos mediante esa etiqueta de “estratégicos”.

La cuestión es que el Ejecutivo de Page ha decidido echar el freno. Y lo va a hacer entrando de lleno en muchas de las cuestiones más polémicas, aquellas en las que han puesto el foco las plataformas: la falta de control, de transparencia, y los problemas con el transporte, los olores, los vertidos y la proliferación de expedientes.

En la resolución aprobada, se establece que el nuevo decreto debe respetar el “poder de decisión” de los ayuntamientos. La nueva normativa obligará a que únicamente con el visto bueno de los plenos municipales se pueda elevar la tramitación de plantas de biometano al órgano ambiental autonómico, “garantizando así cercanía y transparencia en las tomas de decisiones respecto a los vecinos de un municipio”.

Esta circunstancia puede afectar a muchos de los proyectos actualmente en trámite. Algunos han recibido el visto bueno de los ayuntamientos, pero en otros casos, han sido precisamente sus alcaldes y alcaldesas las que han frenado la implantación de proyectos. El más significativo ha sido el caso de la ciudad de Albacete, donde hace dos años el pleno aprobó una ordenanza municipal para impedir su implantación en la ciudad.

El Gobierno castellanomanchego también va a establecer restricciones a las aportaciones de materia prima de fuera del municipio y su entorno. Concretamente, el tamaño de una instalación deberá estar vinculada directamente a la capacidad de generar materias primas para las plantas de biogás en el propio municipio y en su comarca.

Distancias, balsas, olores y transporte

La futura norma obligará a que, al menos el 80% de la materia prima que se use en una planta se obtenga en el municipio en el que se instale y, como mucho, en un radio de 35 kilómetros de distancia. Con ello busca evitar instalaciones “alimentadas de residuos de lugares lejanos” a la ubicación, “vinculando la autorización de los proyectos al cálculo de la huella de carbono”.

Otra cuestión polémica. El futuro decreto prohibirá las balsas abiertas para garantizar que no haya olores ni contaminación del aire ni de los acuíferos. Todos los proyectos deberán tener “balsas herméticas y cerradas” que impidan las filtraciones de la materia prima.

Precisamente, sobre los olores, la nueva normativa obligará a las empresas a instalar medidores de calidad de aire y de control que puedan ser consultados, a través de internet, por el público en general. También tendrán que “modelizar” las “emisiones fugitivas” no solo en chimeneas o antorchas sino también en “fugas de válvulas, sellos de digestores y superficies de las balsas con programas de detección de fugas”.

En cuanto al transporte de los residuos agroganaderos con los que principalmente se alimentan estas instalaciones, tendrá que ser “hermético y en cubas cerradas”. Se prohibirá asimismo que vehículos con esa carga atraviesen los núcleos urbanos: los proyectos deberán diseñar “rutas alternativas y directas” desde las carreteras principales a las plantas de biogás o biometano.

La polémica cuestión del digestato (el principal residuo que genera la producción de biometano, generalmente comercializado como fertilizante) también ha hecho reaccionar al Gobierno de Page. El nuevo decreto obligará a contar obligatoriamente con un programa de tratamiento de digestatos y otro de tratamiento y aprovechamiento de agua para su reutilización para regadío en línea con los principios de la Agenda 2030 y de la economía circular.

Pero lo más relevante es que este producto solo se considerará un fertilizante “agronómicamente válido” cuando su tratamiento garantice su “estabilidad, seguridad sanitaria y eficacia nutritiva”, previa analítica en consonancia con las directivas de la UE.

Con carácter más general, el objetivo es aumentar los sistemas de control, bien a través del cuerpo de inspectores, bien de “entidades colaboradoras” de la Administración. El objetivo, según indica la resolución, es asegurar el principio de “quien contamina paga” como “elemento disuasorio” ante posibles incumplimientos de normativa.

Otra de las polémicas generadas por la proliferación de plantas de biometano ha sido su cercanía a los núcleos urbanos. La misma controversia que hay con las macrogranjas. El nuevo decreto ampliará las distancias en las que una planta de biogás o biometano se puede construir: a un mínimo de dos kilómetros desde el fin del núcleo urbano de un municipio.

Se derogarán las excepciones anteriores en materia de distancias

Con ello quedará derogadas las excepciones que permitían reducir las mismas a un kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, “garantizando previamente con un estudio de dispersión de olores para determinar la extensión del impacto por olor que pudiera generar la planta y garantizar que los 2.000 metros es distancia suficiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas”.

Y tras estas medidas, es cuando el texto aprobado establece de manera implícita una moratoria. Porque incorpora “la obligación de adaptación de todos los proyectos a la normativa y, mientras tanto, suspensión de la tramitación”.

“La nueva normativa debe obligar a todos los proyectos que estén al inicio de su tramitación a la adaptación íntegra de los mismos a las restricciones, garantías y exigencias de la nueva normativa en un tiempo máximo de entre 12 y 24 meses”, precisa.

Durante este tiempo y hasta que no se adapten, “no se debe continuar con la tramitación administrativa”. En definitiva, el decreto establece que la no adaptación del proyecto a las exigencias derivará en el “archivo del expediente y a la exclusión del proyecto de continuar con la tramitación”.

Finalmente, la normativa tendrá como objetivo último “garantizar el principio de economía circular”, reducción de la huella de carbono, así como contribuir “con alternativas agronómicamente válidas a la reducción del uso de nitratos y fertilizantes químicos en el suelo y subsuelo”.

Durante la tramitación en las Cortes regionales de la resolución que dará lugar a este nuevo decreto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que el Gobierno de Page será el “más estricto y garantista” de España, y que se “limitarán” las instalaciones o los proyectos empresariales que “hoy están encima de la mesa”.

“Tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho”, afirmó. Añadió que con ello además se va a dar a los agricultores y ganaderos una oportunidad de someter sus residuos y sus subproductos a una “valorización energética”, al tiempo que también se ofrecen “soluciones” al sector industrial.

Evitar que la región sea “un estercolero”

En paralelo, las plataformas regionales y locales contra estas plantas y Stop Ganadería Industrial mantienen la lupa puesta sobre los proyectos ya aprobados y los que actualmente están en trámite:

Básicamente, estos colectivos optan por un modelo energético “descentralizado”, usando el biogás para el autoconsumo y autoabastecimiento de núcleos pequeños de población. Al mismo tiempo, piden establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás: distancia a núcleos de población, distancia del origen de los materiales usados, limitar el tamaño para evitar los daños ambientales y molestias a la población.

Debido a su correlación o a un posible “efecto llamada” para macrogranjas, han pedido un plan para la reducción paulatina del número de cabezas de ganadería industrial hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. El objetivo: evitar que Castilla-La Mancha sea “una región estercolero”.

Avícola Son Perot S.A., empresa que opera sota la marca Avícola Ballester, vol construir una macrogranja amb 80.000 gallines ponedores després d’haver hagut de sacrificar-ne gairebé 90.000 a l’explotació de Llucmajor per complir les mesures dictades pel Govern. Coneguda com la “granja dels horrors”, va estar operant de manera il·legal tant per les successives ampliacions que es van fer a les instal·lacions com per la manca de determinats permisos i autoritzacions ambientals obligatoris, segons el Govern. La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va sancionar l’empresa amb 200.100 euros per set infraccions greus i una de lleu, tal com va informar aquest diari.

Les instal·lacions de Llucmajor van estar en el punt de mira després que elDiario.es publiqués en exclusiva unes imatges inèdites que mostraven la situació perjudicial en què malvivien les gallines. L’interior de la macrogranja presentava unes condicions d’insalubritat, manca d’higiene i brutícia extremes. Les imatges, enregistrades entre els dies 21 i 29 d’abril de 2025, van ser facilitades a aquest diari per les associacions ARDE i Satya Animal.

La nova granja que projecta Avícola Son Perot pretén construir una explotació avícola formada per dues naus amb una capacitat de 40.000 gallines cadascuna, en una parcel·la situada a la finca de Son Brau, a Manacor. Així consta en el Projecte bàsic d’obra, consultat per aquest diari. Amb ubicació a Manacor, seria la segona granja que l’empresa construeix en aquest terme municipal. La totalitat de les gallines ponedores estarien destinades a la tipologia amb codi 2, és a dir, gallines criades a terra: amb llibertat de moviments, però sense accés a l’exterior.

La capacitat del projecte presentat davant el Govern –per al qual es va obrir un termini de trenta dies per presentar al·legacions, exposat al públic des del 28 de maig segons l’anunci del BOIB– frega els límits del que permet la legislació i ha de superar diversos tràmits, entre els quals l’Estudi d’Impacte Ambiental i l’Autorització Ambiental Integrada. La xifra de 80.000 aus coincideix exactament amb un dels llindars fixats per la legislació agrària balear per determinar les distàncies mínimes que s’han de respectar en la construcció d’instal·lacions avícoles respecte dels nuclis urbans residencials.

Avícola Ballester defensa que compleix

Avícola Son Perot sosté que la macrogranja compleix aquest requisit perquè la llei exigeix una separació de 6.000 metres únicament a les explotacions que superin una càrrega ramadera equivalent a 80.000 gallines ponedores, segons argumenta en el Projecte Bàsic d’Autorització Ambiental Integrada, consultat per aquest diari. Com que no supera aquesta xifra, sinó que s’hi situa exactament, l’empresa entén que li és aplicable el tram anterior, que obliga a mantenir una distància mínima de 4.000 metres respecte del sòl urbà residencial més proper.

Segons el projecte, la urbanització de Son Talent, el nucli residencial més proper, es troba a 4.435 metres de les instal·lacions previstes. La distància als nuclis urbans de Manacor, Petra i Ariany és de 5.560, 5.820 i 6.610 metres, respectivament. La interpretació d’aquest límit podria ser objecte de debat durant la tramitació ambiental. elDiario.es s’ha posat en contacte amb Avícola Son Perot, que ha respost que no farà declaracions sobre el projecte, atès que es troba en fase d’exposició pública.

Un dels problemes associats a una altra de les granges de l’empresa, l’explotació de Llucmajor, són les males olors que pateixen els veïns de les urbanitzacions dels voltants. Aquest i altres problemes relacionats van ser els que van portar els veïns de Sineu a rebutjar un projecte de dimensions desmesurades: una macrogranja de 750.000 gallines ponedores, la tramitació de la qual va ser paralitzada per l’Ajuntament.

Malgrat això, l’empresa considera que “no és previsible que es generin molèsties a la població per olors”, tenint en compte la distància entre l’explotació i els nuclis urbans esmentats. En aquest sentit, argumenta que, per reduir les olors i evitar afectacions ambientals derivades de la seva emissió, “s’aplicaran de manera continuada a la instal·lació una sèrie de mesures preventives”. Entre aquestes mesures hi haurà un pla de gestió específic. A més, es preveu instal·lar barreres sanitàries per “reduir el risc de difusió de malalties”. L’Ajuntment de Manacor no havia respost a les consultes d’aquest diari en el moment de publicar-se aquesta notícia.

Què diu el projecte

L’explotació avícola es preveu construir sobre una superfície de 403.119 metres quadrats, dels quals 376.178 corresponen a una àrea de sòl rústic, que és on es pretén ubicar les instal·lacions. D’altra banda, hi ha una parcel·la de 26.941 metres quadrats considerada Àrea de Prevenció de Riscos (APR) d’incendis, situada a uns 300 metres de l’emplaçament previst de les hipotètiques naus.

A més, el projecte contempla la construcció d’un magatzem per a l’envasament dels ous d’uns 343 metres quadrats; un femer d’uns 644 metres quadrats, dimensionat per poder emmagatzemar els fems produïts durant un període de quatre mesos; i altres construccions auxiliars. El femer només podrà gestionar els fems procedents d’aquesta explotació.

Sota un sistema de producció d’ous basat en un règim de semillibertat –les gallines s’allotgen lliures dins les instal·lacions, sense gàbies, però també sense accés a l’exterior–, les aus arriben a l’explotació amb disset setmanes de vida. Després d’un període d’adaptació d’una setmana, comencen el període de posta, que sol durar aproximadament un any. Un cop finalitzat aquest període, són traslladades a l’escorxador. Els cadàvers s’emmagatzemaran en un contenidor tancat fins al moment del seu trasllat a la planta de valorització energètica, és a dir, a la incineradora gestionada per TIRME. Es preveu una producció anual de 25,6 milions d’ous.

Aquesta producció implica un consum de 9.600 metres cúbics d’aigua. Per això, l’explotació disposarà d’un subministrament d’aigua procedent d’un pou propi, degudament legalitzat, així com d’una concessió per explotar les aigües subterrànies, amb un volum anual de 17.817 metres cúbics per a regadiu, altres usos agraris i abastament de la granja.

La zona es troba en una àrea de vulnerabilitat d’aqüífers mitjana, segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Manacor. De fet, l’estat global d’aquesta massa d’aigua subterrània és dolent, i aquesta àrea és vulnerable «a la contaminació per nitrats d’origen agrari». Les conseqüències negatives sobre les aigües subterrànies podrien agreujar-se encara més si es produís una mala gestió dels fems, cosa que s’ha d’evitar amb un pla de vigilància ambiental. Avícola Son Perot maneja un pressupost d’un milió d’euros per executar el projecte.

Sobre aquesta qüestió, la Direcció General de Recursos Hídrics respon a aquest diari que el projecte encara es troba “en una fase molt inicial de tramitació” i que, per tant, no s’ha emès “cap informe” al respecte. Quan correspongui, s’analitzaran les qüestions que són competència de la Direcció General, “com la disponibilitat de recursos hídrics, l’aprofitament de l’aigua prevista per a l’activitat, possibles canvis d’ús, així com altres aspectes relacionats amb el Pla Hidrològic o possibles afectacions al domini públic hidràulic”. Es tracta d’un procediment, indiquen aquestes fonts, que encara té un recorregut administratiu important, “per la qual cosa en aquests moments no és possible fer una valoració concreta”.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural –hi ha informes que depenen de dues de les seves direccions generals– assenyalen que es va aprovar el Decret llei 1/2025, amb el vot favorable de MÉS, partit a l’oposició, avalat pels ajuntaments, que estableix mesures urgents per protegir el medi ambient i fixa limitacions estrictes a les explotacions avícoles. El projecte, per tant, haurà d’encaixar dins d’aquesta norma. Les mateixes fonts indiquen que les autoritzacions poden demorar-se entre un any i mig i dos anys, si tots els informes de les autoritats competents són favorables.

El projecte ha sortit a exposició pública a través de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, de manera que serà aquest organisme qui sol·licitarà tots els informes a les autoritats competents. Aquest procediment inclou l’informe de l’Ajuntament, que ha de justificar si autoritza o no el projecte i segons a quins motius. Fonts de la Conselleria de Territori expliquen que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, que és l’òrgan ambiental que atorga l’autorització ambiental integrada, està condicionada pel Decret llei 1/2025. Aquesta norma destaca el límit màxim de capacitat fixat en 160.000 gallines i l’obligació de respectar distàncies mínimes respecte als nuclis residencials.

El projecte presentat és de fins a un màxim de 80.000 gallines, fet que obliga que s’hagi de situar a una distància de 4.000 metres dels nuclis urbans. Pel que fa a la seva tramitació, el projecte “es troba actualment en una fase inicial, i en aquest tipus de procediment, la tramitació administrativa pot durar entre un any i mig i dos anys”.

Després de l’inici del període d’informació pública, les diferents administracions públiques hauran de fer els seus informes i s’obrirà un període d’al·legacions per a totes les persones interessades. “Un cop conclogui aquest procés d’informació pública, s’haurà d’iniciar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinari, obligatori en una instal·lació d’aquestes característiques”, assenyalen les fonts consultades. L’Ajuntament de Manacor, finalment, haurà d’informar si el projecte és compatible o no amb la planificació urbanística del municipi.

Alternatives al projecte

Avícola Son Perot es planteja alternatives a la presentació de l’actual projecte. En primer lloc, l’opció de no executar-lo, ja que d’aquesta manera “els impactes mediambientals negatius del projecte s’evitarien”, segons consta a l’Estudi d’Impacte Ambiental, consultat per aquest diari.

En segon lloc, l’empresa explica que ha intentat escollir la ubicació de manera que “els costos mediambientals i econòmics del projecte fossin els mínims possibles”. La promotora detalla que, tenint en compte les limitacions que suposen les distàncies respecte de les zones residencials, no s’han trobat “alternatives que resultin ambientalment més adequades que la triada” i que siguin “tècnicament viables per al projecte proposat i les seves característiques específiques”.

En tercer lloc, plantegen la possibilitat de reduir “la capacitat productiva”. Així, es reduirien tots els factors ambientals que van directament lligats al nombre d’animals, com ara “les emissions totals a l’atmosfera, el consum d’aigua, la quantitat total de fems produïda o el nombre de cadàvers”.

Tanmateix, segons Avícola Son Perot, aquesta opció redueix la “rendibilitat del projecte” i afegeixen que, per raons d’economia d’escala, un augment de la capacitat permet “reduir els costos de producció per plaça, augmentant la rendibilitat econòmica de l’activitat i la viabilitat futura de l’explotació”. Aspectes que consideren “realment importants en un sector que pateix especialment els sobrecostos de la insularitat”.

Avícola Son Perot S.A., empresa que opera bajo la marca Avícola Ballester, quiere construir una macrogranja con 80.000 gallinas ponedoras después de haber tenido que sacrificar casi 90.000 en la explotación de Llucmajor (Mallorca) para cumplir con las medidas dictadas por el Govern. Conocida como la ‘granja de los horrores’, estuvo operando de forma ilegal tanto por las sucesivas ampliaciones que se hicieron en las instalaciones, como por la inexistencia de determinados permisos y autorizaciones ambientales obligatorias, según el Govern. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sancionó a la empresa con 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, como informó este diario.

Las instalaciones de Llucmajor estuvieron en el punto de mira después de que elDiario.es publicara en primicia unas imágenes inéditas que mostraban la perniciosa situación en la que malvivían las gallinas. El interior de la macrogranja presentaba unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas. Las imágenes, grabadas entre los días 21 y 29 de abril de 2025, fueron facilitadas a este diario por las asociaciones ARDE y Satya Animal.

La nueva granja que proyecta Avícola Son Perot pretende construir una explotación avícola de dos naves con una capacidad de 40.000 gallinas en cada una, en una parcela ubicada en la finca de Son Brau (Manacor). Así consta en el Proyecto básico de obra, consultado por este diario. Con ubicación en Manacor, sería la segunda granja que la empresa construye en este término municipal. La totalidad de las gallinas ponedoras estarían destinadas a la tipología con código 2, de gallinas en suelo. Es decir, con libertad de movimientos pero sin acceso al exterior.

La capacidad del proyecto presentado ante el Govern –se abrió un plazo de alegaciones de treinta días que se abrió a exposición pública el 28 de mayo, según el anuncio del BOIB–, roza los límites de lo que permite la legislación y debe pasar por varios trámites, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada. La cifra de 80.000 aves coincide exactamente con uno de los umbrales fijados por la ley agraria balear para determinar las distancias mínimas que se deben respetar en la construcción de instalaciones avícolas respecto a los núcleos urbanos residenciales.

Avícola Ballester defiende que cumple

Avícola Son Perot sostiene que la macrogranja cumple este requisito porque la ley exige una separación de 6.000 metros únicamente a las granjas que superen la carga ganadera equivalente a 80.000 gallinas ponedoras, según argumentan en el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, consultado por este diario. Al no superar esa cifra, sino situarse exactamente en ella, la empresa entiende que le resulta aplicable el escalón anterior, que obliga a mantener una distancia mínima de 4.000 metros respecto al suelo urbano residencial más próximo.

Según el proyecto, la urbanización de Son Talent, el núcleo residencial más cercano, se encuentra a 4.435 metros de las instalaciones previstas. La distancia a los cascos urbanos de Manacor, Petra y Ariany es de 5.560, 5.820 y 6.610 metros, respectivamente. La interpretación de ese límite podría ser objeto de discusión durante la tramitación ambiental. elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Son Perot, que responde que no va a hacer declaraciones sobre el proyecto, dado que está en fase de exposición pública.

Uno de los problemas asociados a otra de las granjas de la empresa, la explotación de Llucmajor (Mallorca), son los malos olores que soportan los vecinos de las urbanizaciones colindantes. Estos y otros problemas relacionados fueron los que llevaron a los vecinos de Sineu a rechazar un proyecto de dimensiones estratosféricas: una macrogranja de 750.000 gallinas ponedoras, cuya tramitación fue paralizada por el Ayuntamiento. Pese a todo, la empresa considera que “no es previsible que se originen molestias a la población por olores”, teniendo en cuenta la distancia de la explotación a los núcleos urbanos mencionados.

En este sentido, argumentan que para reducir los olores y evitar afecciones ambientales por la emisión de los mismos “se aplicarán de forma continua en la instalación una serie de medidas preventivas”. Entre ellas, se dispondrá de un plan de gestión. Además, pretenden instalar barreras sanitarias para “disminuir el riesgo de difusión de enfermedades”. El Ajuntament de Manacor no ha respondido a las consultas de este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

Qué dice el proyecto

La explotación avícola se prevé edificar sobre una superficie de 403.119 metros cuadrados, de los cuales 376.178 corresponden a un área de suelo rústico, que es donde se pretenden colocar las instalaciones. Por otro lado, hay una parcela de 26.941 metros cuadrados considerada como Área de Prevención de Riesgos (APR) de incendios, a unos 300 metros de la ubicación de las hipotéticas naves.

Además, contempla la construcción de un almacén para el empacado de los huevos de unos 343 metros cuadrados; un estercolero de unos 644 metros cuadrados, dimensionado para poder almacenar el estiércol producido durante un periodo de 4 meses y otras construcciones auxiliares. El estercolero solo podrá gestionar el estiércol procedente de esta explotación.

Bajo un sistema de producción de huevo basado en un régimen de semilibertad (las gallinas se alojan libres en las instalaciones, sin jaula, pero también sin salida al exterior), las aves llegan a la explotación con 17 semanas de vida. Tras un periodo de adaptación de una semana, empiezan el período de puesta que suele durar un año. Pasado este tiempo, se llevan al matadero. Los cadáveres se almacenarán en un contenedor cerrado hasta el momento de su traslado a la planta de valorización energética, es decir, la incineradora gestionada por TIRME. Se prevé una producción de 25,6 millones de huevos al año.

Esta producción implica un consumo de 9.600 metros cúbicos de agua. Para ello, la explotación dispondrá de abastecimiento de agua procedente de un pozo propio, debidamente legalizado, así como una concesión para explotar las aguas subterráneas, con un volumen anual de 17.817 metros cúbicos para regadío, otros usos agrarios y abastecimiento de la granja.

La zona se encuentra en una área de vulnerabilidad de acuíferos media, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Manacor. De hecho, el estado global de esta masa de agua subterránea es malo, y esta área es vulnerable “a la contaminación por nitratos de origen agrario”. Las consecuencias negativas sobre las aguas subterráneas podrían derivarse todavía más si se produjera una mala gestión del estiércol, lo cual debe evitarse con un plan de vigilancia ambiental. Avícola Son Perot maneja un presupuesto de un millón de euros para ejecutar el proyecto.

Sobre esta cuestión, la Dirección General de Recursos Hídricos responde a este diario que el proyecto todavía está “en una fase muy inicial de tramitación”, y que, por tanto, no se ha emitido “ningún informe” al respecto. Cuando corresponda, se analizarán las cuestiones que son competencia de la Dirección General, “como la disponibilidad de recursos hídricos, el aprovechamiento del agua prevista para la actividad, posibles cambios de uso, así como otros aspectos relacionados con el Plan Hidrológico o posibles afecciones al dominio público hidráulico”. Se trata de un procedimiento, señalan dichas fuentes, que todavía tiene un recorrido administrativo importante, “por lo que en estos momentos no es posible realizar una valoración concreta”.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural –hay informes que dependen de dos de sus direcciones generales– señalan que se aprobó el Decreto Ley 1/2025 –con el voto favorable de MÉS, partido en la oposición–, avalado por los ayuntamientos, que establece medidas urgentes para proteger el medio ambiente y fija limitaciones estrictas a las explotaciones avícolas. El proyecto, por tanto, deberá encajar dentro de esta norma. Las mismas fuentes señalan que las autorizaciones pueden demorarse entre año y medio y dos años, si todos los informes de las autoridades competentes son favorables.

El proyecto ha salido a exposición pública a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, por lo que será este organismo quien solicitará todos los informes a las autoridades competentes. Este procedimiento incluye el informe del Ayuntamiento, que tiene que justificar si autoriza o no el proyecto, y en base a qué motivos. Fuentes de la Conselleria de Territorio explican que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, que es el órgano ambiental que otorga la autorización ambiental integrada, está condicionada por el Decreto Ley 1/2025.

Esta norma destaca el límite máximo de capacidad fijado en 160.000 gallinas y la obligación de respetar distancias mínimas respecto a núcleos residenciales. El proyecto presentado es de hasta un máximo de 80.000 gallinas, lo que obliga que debe estar a una distancia de 4.000 metros de los núcleos urbanos. En cuanto a su tramitación, el proyecto “se encuentra actualmente en una fase inicial, y en este tipo de procedimiento, su tramitación administrativa puede durar entre un año y medio y dos años”.

Después del inicio del periodo de información pública, las distintas administraciones públicas deberán realizar sus informes y se abre periodo de alegaciones para todas aquellas personas interesadas. “Una vez concluya este proceso de información pública, se deberá iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, obligatorio en una instalación de estas características”, señalan las fuentes consultadas. El Ayuntamiento de Manacor, finalmente, deberá informar si el proyecto es compatible o no con la planificación urbanística del municipio.

Alternativas al proyectoc

Avícola Son Perot se plantea alternativas a la presentación del actual proyecto. En primer lugar, la opción de no ejecutarlo porque de este modo “los impactos medioambientales negativos del proyecto se evitarían”, como figura en el Estudio de Impacto Ambiental, consultado por este diario.

En segundo lugar, la empresa explica que ha intentado elegir el lugar de forma que “los costes medioambientales y económicos del proyecto fueran los mínimos posibles”. La empresa promotora detalla, teniendo en cuenta las limitaciones que suponen las distancias respecto a las zonas residenciales, que no se han encontrado “alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas que la elegida” y que sean “técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características específicas”.

En tercer lugar, plantean la posibilidad de reducir “la capacidad productiva”. Así, se reducirían todos los factores ambientales que van directamente ligados al número de animales, como “las emisiones totales a la atmósfera, el consumo de agua, la cantidad total de estiércol producida o el número de cadáveres”.

Sin embargo, a juicio de Avícola Son Perot, esta opción reduce la “rentabilidad del proyecto” y añade que, por razones de economía de escala, un aumento de la capacidad permite “reducir los costes de producción por plaza, aumentando la rentabilidad económica de la actividad y la viabilidad futura de la explotación”. Aspectos que son “realmente importantes en un sector que sufre especialmente los sobrecostes de la insularidad”.

Cientos de personas se han manifestado este domingo, 31 de mayo, en Cuenca, donde se celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Convocados por las asociaciones Pueblos Vivos, Stop Ganadería Industrial y Stop Biometano, han querido así mostrar su oposición al “despliegue industrial” de macrogranjas y plantas de biogás en esta comunidad autónoma. El lema de la movilización: “No somos territorio de sacrificio”.

Ante la decisión del Gobierno castellanomanchego de que Cuenca sea este año la sede del acto, la movilización la han protagonizado plataformas ciudadanas y vecinales de la comarca y de la Mancha Alta conquense. Protestaban contra los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano. La manifestación, convocada por 46 colectivos vecinales, ha partido del barrio del Castillo y ha finalizado en la Pplaza Mayor, donde se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

 La Subdelegación de Gobierno “no ha permitido que la manifestación se acerque a las proximidades del Auditorio, donde la Junta de Castilla-La Mancha celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha”, explicaban los convocantes.

Tras la finalización de la manifestación, “la Policía Nacional no ha permitido a las personas que vestían camisetas reivindicativas visitar la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo, a diferencia de los turistas, a los que sí se les permitía acceder”, denunciaban

Han expresado durante la protesta su “profunda alarma” ante la “nueva ofensiva legislativa” del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la publicación del borrador de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. En este anteproyecto, tal y como adelantó este medio, el biometano está incluido como “estratégico”.

Aseguran que con ello, el Ejecutivo de Page defiende un “despliegue masivo” de biometano bajo premisas que los colectivos consideran “técnicamente cuestionables”. Señalan que a través del borrador de dicha ley, la Junta pretende “acelerar y blindar” la implantación de macroplantas de biometano, una “maniobra” que los colectivos vecinales califican unánimemente de “huida hacia adelante”, “imposición” y “desprecio a la ciudadanía”.

Y es que apuntan que la gravedad de la situación en este territorio es “extrema”. Según datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros: dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves , que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

Esta “brutal concentración industrial” pretende, afirman, asentarse sobre una comarca que ya ha sido declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos en el registro de la Junta de Castilla-La Mancha.

Argumentan asimismo que una de las afecciones de este tipo de instalaciones son posibles filtraciones de lixiviados y de residuos con alto contenido en metales pesados provocando “contaminación irreversible” de las aguas subterráneas.

Refieren que el digestato o digerido resultante del proceso de biometanización se pretende utilizar como fertilizante para las tierras, “siendo más contaminante incluso que los purines” pues el proceso de biometanización transforma parte del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal “más soluble y fácilmente filtrable hacia acuíferos y aguas subterráneas si no se controla rigurosamente su aplicación agrícola”.

Los colectivos denuncian la “absoluta desproporción” de un modelo que convierte a los pequeños pueblos en “polos de tratamiento masivo de residuos a gran escala”. Y frente al “rodillo industrial” que pretenden las empresas energéticas, los habitantes de la comarca defienden el “modelo de desarrollo sostenible y arraigo”.

“El verdadero desarrollo rural no se importa en camiones de residuos, sino que se cultiva potenciando los recursos endógenos y el patrimonio que ya pertenecen a la comarca”, destacan. Frente a ello, proponen la creación de riqueza a través de la rehabilitación, la atracción de un turismo de calidad y la edificación de viviendas atractivas para un arraigo residencial estable.

Por eso argumentan que las afirmaciones oficiales que pretenden “hacer compatibles” las macroplantas con este entorno “carecen de base empírica realizable”: “La presencia de una industria pesada de tratamiento de desechos externos, caracterizada por olores crónicos y un tránsito incesante de camiones de gran tonelaje, introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza por completo cualquier incentivo para el turismo, la hostelería y el bienestar residencial”.

En los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, las distintas plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder “de forma unitaria” al avance de estos proyectos industriales impulsados “bajo la etiqueta de transición ecológica”.

Protestas de los trabajadores autónomos en Ciudad Real

De igual modo, en Ciudad Real la Plataforma por la Dignididad de los Autónomos 30N ha convocado una movilización en la plaza de la Constitución de Ciudad Real. Esta concentración se convocó de forma simultánea a otras marchas en 22 provincias españolas con el objetivo conjunto de visibilizar la “situación límite” en la que se encuentran los profesionales y pequeño negocios ante el “escenario de asfixia fiscal”, además de un “incremento burocrático e incertidumbre económica actual”.

Desde la plataforma destacan que esta nueva movilización representa la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde el primer 30 de noviembre. “Lograr mantener la movilización activa de manera continuada es el reflejo de un descontento estructural muy profundo. Ninguna otra plataforma del sector ha desarrollado una estrategia de persistencia sostenida de este alcance hasta la fecha”, señalan desde la dirección nacional, recalcando que la organización mantiene su identidad civil “intacta, libre de siglas partidistas y centrada exclusivamente en los problemas reales del tejido productivo”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admite el grave deterioro del embalse de As Conchas, afectado, según recoge una sentencia que condena a las administraciones estatal y autonómica, por la contaminación procedente de las granjas que han proliferado en la comarca de A Limia. “Soy consciente de que es un tema que hay que solucionar”, dijo este lunes, en la comparecencia posterior al Consello.

Sin embargo, el jefe del Gobierno gallego insiste en que no está claro de dónde procede esa contaminación y su equipo está bloqueando las reuniones con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) porque considera que son necesarios más estudios. “La Confederación Hidrográfica sabe que necesitamos conocer para actuar qué perjuicios vienen de los residuos agrícolas cuáles de otra parte”, manifestó y repitió que su equipo está a la espera de “datos que no fueron facilitados”.

La CHMS manifestó, en respuesta a preguntas de esta redacción, que ha pedido reunirse tanto con el delegado de la Xunta en Ourense como con el presidente del Gobierno autonómico, pero no se ha puesto fecha a ningún encuentro por el momento, a pesar de que la primera sentencia condenatoria es de julio del año pasado y la confirmación del Tribunal Supremo, de febrero de este año. Rueda, preguntado por los motivos para no concertar un encuentro, se remitió a esa necesidad de más informes.

Los fallos judiciales consideran que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica, con su inacción, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua en As Conchas, donde los vecinos soportan proliferaciones de bacterias que son peligrosas para la salud. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la Xunta tiene responsabilidad por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias, algo que llevó a “un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio”.

En cuanto a la CHMS, la responsabilidad se debe a que tenía la “obligación” de controlar la calidad de las aguas, según el fallo, que critica su “inacción” ante un hecho “constatable” de empeoramiento desde el año 2011. También señala que no intervino para evitar la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”. Y, sobre el origen del problema, el texto añade que “era evidente un deterioro paulatino y crónico” en las aguas cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.