Rueda reconoce el desastre ambiental de As Conchas mientras bloquea la búsqueda de soluciones con el Estado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admite el grave deterioro del embalse de As Conchas, afectado, según recoge una sentencia que condena a las administraciones estatal y autonómica, por la contaminación procedente de las granjas que han proliferado en la comarca de A Limia. “Soy consciente de que es un tema que hay que solucionar”, dijo este lunes, en la comparecencia posterior al Consello.

Sin embargo, el jefe del Gobierno gallego insiste en que no está claro de dónde procede esa contaminación y su equipo está bloqueando las reuniones con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) porque considera que son necesarios más estudios. “La Confederación Hidrográfica sabe que necesitamos conocer para actuar qué perjuicios vienen de los residuos agrícolas cuáles de otra parte”, manifestó y repitió que su equipo está a la espera de “datos que no fueron facilitados”.

La CHMS manifestó, en respuesta a preguntas de esta redacción, que ha pedido reunirse tanto con el delegado de la Xunta en Ourense como con el presidente del Gobierno autonómico, pero no se ha puesto fecha a ningún encuentro por el momento, a pesar de que la primera sentencia condenatoria es de julio del año pasado y la confirmación del Tribunal Supremo, de febrero de este año. Rueda, preguntado por los motivos para no concertar un encuentro, se remitió a esa necesidad de más informes.

Los fallos judiciales consideran que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica, con su inacción, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua en As Conchas, donde los vecinos soportan proliferaciones de bacterias que son peligrosas para la salud. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la Xunta tiene responsabilidad por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias, algo que llevó a “un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio”.

En cuanto a la CHMS, la responsabilidad se debe a que tenía la “obligación” de controlar la calidad de las aguas, según el fallo, que critica su “inacción” ante un hecho “constatable” de empeoramiento desde el año 2011. También señala que no intervino para evitar la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”. Y, sobre el origen del problema, el texto añade que “era evidente un deterioro paulatino y crónico” en las aguas cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.