Si paseamos por el centro de Sevilla y llegamos a la calle San Fernando, vía que comunica el Prado de San Sebastián con la Puerta de Jerez, tendremos ante nosotros uno de los edificios más emblemáticos de la capital andaluza: el rectorado de la Universidad de Sevilla. Pero antes de servir como sede universitaria, este edificio se utilizaba para crear cigarros.

La Antigua Fábrica de Tabacos empezó a construirse en el año 1728 y funcionó como fábrica hasta 1950, año en que tras el traslado a un nuevo edificio en el barrio de los Remedios, se convirtió en la sede de la Universidad sevillana. En 1959, obtuvo la calificación de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento Histórico, por lo que recibe a miles de visitantes cada año. 

El edificio presenta un estilo de inspiración renacentista, con cierta influencia herreriana visible en su planta, sus patios y en los acabados de las fachadas, que están hechas en piedra. Al entrar por la calle San Fernando, se accede a un vestíbulo que conecta con el resto del edificio. El interior se distribuye en torno a catorce patios, con distintas estancias y amplias galerías. 

Actualmente, cuenta con varias obras que merece la pena visitar, como su colección de pintura o la Gipsoteca, un espacio donde se exponen más de 100 vaciados en yeso que reproducen todo tipo de piezas artísticas. En la capilla, podemos ver el Cristo de la Buena Muerte (1620), tallado por Juan de Mesa y titular de la hermandad de Los Estudiantes.

La llegada del tabaco a Sevilla

De geometría rectangular, la Antigua Fábrica de Tabacos fue proyectada por ingenieros militares de España y Países Bajos, y ocupa 25.725 metros cuadrados. Para hacernos una idea de sus dimensiones, en el momento de su construcción llegó a ser el edificio de mayor superficie de toda Europa solo por detrás del Monasterio de El Escorial, situado a unos 50 kilómetros de Madrid.

La planta del tabaco fue encontrada por los españoles a su llegada a América, en 1492, y entonces la ciudad de Sevilla se convirtió en el principal centro de producción y distribución de este producto en Europa. De hecho, esta fue la primera fábrica de tabaco que se construyó en todo el continente. 

Desde comienzos del siglo XIX tanto hombres como mujeres trabajaban en la fábrica, pero tenían estrictamente prohibido relacionarse entre sí, bajo pena de cárcel. Los hombres se ocupaban de las tareas administrativas y de las que exigían mayor esfuerzo físico, mientras que las mujeres, conocidas como cigarreras, realizaban el trabajo más minucioso de liar el tabaco.

Hoy parece evidente, pero a finales del siglo XIX levantar una estructura de más de 300 metros no era solo ambicioso. Era casi una locura.

Sin embargo, Gustave Eiffel no solo lo consiguió, sino que convirtió su proyecto en la construcción más alta de Europa y, durante años, en la más alta del mundo.

Y lo hizo en tiempo récord.

Una obra pensada para romper todos los límites

La Torre Eiffel se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1889, en plena celebración del centenario de la Revolución Francesa. El objetivo era claro: demostrar el potencial industrial y tecnológico del país.

Pero Eiffel no se limitó a levantar una torre alta. Su propuesta iba mucho más allá.

Apostó por una estructura completamente metálica, ligera pero resistente, que rompía con los modelos arquitectónicos tradicionales basados en piedra. Esa decisión fue clave para alcanzar una altura que hasta entonces parecía inalcanzable.

La ingeniería detrás de la altura

Si nos preguntamos cómo se construyó la Torre Eiffel, la respuesta está en su diseño.

La torre está formada por más de 18.000 piezas de hierro ensambladas con precisión milimétrica. Cada elemento fue fabricado previamente en taller, lo que permitió acelerar el proceso de montaje en el lugar de construcción.

Además, su forma no es casual. La estructura curva de sus pilares responde a cálculos diseñados para soportar el viento, distribuyendo las cargas de manera eficiente y evitando tensiones innecesarias.

Es decir, no solo era alta. Era inteligente.

Velocidad y precisión en plena revolución industrial

Otro de los factores clave fue el tiempo. La torre se levantó en apenas 2 años, 2 meses y 5 días, algo prácticamente impensable para la época.

Esto fue posible gracias a un sistema de trabajo muy avanzado para su tiempo, con piezas prefabricadas, ensamblaje en seco y un control constante de cada fase de la obra.

En un momento en el que la construcción aún dependía en gran medida de procesos manuales y lentos, Eiffel introdujo una lógica industrial que permitió acelerar todo el proyecto sin comprometer la seguridad.

De experimento a estructura imprescindible

Curiosamente, la torre no estaba pensada para durar. Sin embargo, parte de su éxito radica en lo que ocurrió después. Eiffel promovió su uso como plataforma científica, especialmente para experimentos de telecomunicaciones.

Gracias a ello, la torre se convirtió en un punto clave para el desarrollo de la radio y, más adelante, de la televisión. Ese uso práctico fue lo que terminó asegurando su conservación y consolidando su importancia.

Durante años, la más alta del mundo

Con sus 300 metros iniciales —ampliados posteriormente con una antena—, la torre no solo fue la más alta de Europa, sino que mantuvo el récord mundial durante más de cuatro décadas.

En una época en la que los rascacielos aún no dominaban el paisaje urbano, esa altura era una declaración de intenciones. No se trataba solo de construir más alto. Se trataba de demostrar que era posible.

Una torre que cambió la historia de la arquitectura

Entender por qué la Torre Eiffel fue la más alta de Europa implica ver más allá de sus metros. Fue el resultado de una nueva forma de pensar la arquitectura, donde la ingeniería, la industria y la ciencia se unieron para crear algo que hasta entonces no existía.

Y por eso, más de un siglo después, sigue en pie. No solo como un icono. Sino como la prueba de que, a veces, las ideas más arriesgadas son las que acaban definiendo una época.

Hay monumentos que impresionan por su historia. Otros por su simbolismo. Y luego están los que, directamente, abruman por su altura.

En Europa, donde la arquitectura ha sido una forma de poder, fe y progreso, levantar edificios cada vez más altos ha sido una constante a lo largo de los siglos. Desde catedrales góticas que buscaban acercarse a lo divino hasta estructuras metálicas que celebraban la revolución industrial, la altura siempre ha sido una forma de decir algo.

Y en ese ranking, hay una sorpresa. España no solo está presente, sino que ocupa el segundo puesto.

La Torre Eiffel, el monumento más alto de Europa

Encabezando la lista de los monumentos más altos de Europa se encuentra la Torre Eiffel, con una altura total de 330 metros incluyendo su antena.

Construida en 1889 como parte de la Exposición Universal de París, esta estructura metálica no solo rompió todos los esquemas de su época, sino que acabó convirtiéndose en el símbolo indiscutible de la ciudad.

Lo que en su momento fue criticado por su estética terminó siendo una referencia global, tanto por su diseño como por su altura, que durante décadas la mantuvo como una de las construcciones más imponentes del continente.

La Sagrada Familia, el monumento español que se queda con la plata

En segundo lugar aparece la gran joya española, la Sagrada Familia, que alcanzará los 172 metros una vez finalicen sus obras.

Este templo, diseñado por Antoni Gaudí, no solo destaca por su altura, sino por la complejidad de su arquitectura y el simbolismo que encierra. Cada torre, cada detalle y cada elemento responde a una visión profundamente ligada a la naturaleza y a la espiritualidad.

Su presencia en este ranking confirma que España no solo compite en patrimonio histórico, sino también en monumentalidad.

Ulm Minster, la iglesia más alta del mundo

El tercer puesto lo ocupa la Ulm Minster, con 162 metros de altura, lo que la convierte en la iglesia más alta del mundo.

Situada en Alemania, esta impresionante construcción gótica refleja a la perfección la ambición vertical de la arquitectura medieval. Su torre principal domina la ciudad y representa ese impulso de elevarse hacia el cielo que caracterizó a muchas catedrales europeas.

Dos gigantes modernos que completan la lista

Más allá de estos tres grandes nombres, el listado de los monumentos más altos de Europa se completa con construcciones más recientes que responden a otras lógicas, más vinculadas al siglo XX y XXI.

Uno de ellos es la Mole Antonelliana, que alcanza los 167 metros y que, aunque hoy alberga el Museo Nacional del Cine, fue concebida originalmente como una sinagoga. Su silueta, con una aguja que parece interminable, la convierte en uno de los perfiles más reconocibles de Italia.

El otro gran protagonista es la Torre de Collserola, con 288 metros de altura. Aunque se trata de una torre de telecomunicaciones, su impacto visual y su altura la sitúan entre las estructuras más imponentes del continente, dominando el skyline de Barcelona desde la sierra de Collserola.

Altura, símbolo y ambición

Este recorrido por los monumentos más altos de Europa no es solo una cuestión de metros. Es también una forma de entender cómo cada época ha querido dejar su huella.

Desde la fe que impulsó las grandes catedrales hasta la ingeniería que permitió levantar estructuras como la Torre Eiffel, todos estos monumentos comparten algo en común: la necesidad de ir más allá de lo posible en su momento. Y en ese intento, algunos acabaron tocando el cielo.

En octubre de 2022 se inauguraron las torres Skyline, dos rascacielos de 100 metros y 25 pisos llenos de viviendas de lujo que se ubican en el Paseo de la Dirección. Las lujosas torres, de colores blanco y negro, son un buen ejemplo de lo que se ha venido llamando últimamente edificios cebra por su revestimiento y, también, de la proliferación de edificios de gran altura en distintos puntos de Madrid en los últimos años, como el levantado por el mismo arquitecto de las Skyline en Madrid Río o en Chamartín, entre otros.

Los rascacielos le han robado a muchas panorámicas del distrito de Tetuán las vistas a la sierra. Antes, en la calle de Berruguete sabían si este invierno había nevado. El impacto visual de las Skyline es innegable, pero su irrupción fue sobre todo polémica porque su lujosa inauguración llegó antes que la urbanización de buena parte del ámbito y que los servicios públicos. La operación de rehabilitación del barrio –más bien de sustitución– fue larga y dura para los vecinos.

Paradójicamente, el problema de la altura de las torres gemelas de Tetuán vino a ser una solución –un apaño– a otro que podría haber sido mayor. Una versión anterior del plan urbanístico planeó una barrera de edificios de lujo altos sobre la llamada cornisa del Paseo de la Dirección, que hubiera dejado al barrio en su parte trasera en sombra. Sin vistas ni acceso al Parque Rodríguez Sahagún, auténtico generador de valor del terreno.

Los problemas de sombra proyectada que amenazaban a los vecinos del Paseo de la Dirección no eran nuevos. Los grandes edificios a menudo crean sombras en penumbra en sus calles traseras que condicionan la vida en las calles posteriores. Un buen ejemplo es la famosa trasera de la Gran Vía, otro podrían ser las calles del barrio de Bellas Vistas detrás de los edificios Titanic, cuya fachada posterior, despojada de las molduras vistosas que dan a Reina Victoria, crean un sobrehorizonte, una pequeña tapia.

La construcción en altura tiene muchos defensores que, con buenos argumentos, aducen que permite optimizar el uso del suelo y los recursos (piénsese, por ejemplo, en la recogida de basuras). Sin embargo, es evidente que lo notorio de su irrupción también genera distorsiones en el territorio y que históricamente muchos rascacielos han dado que hablar.

El primer rascacielos de Madrid fue el Edificio Telefónica, firmado por el arquitecto Ignacio de Cárdenas y construido entre 1926 y 1930 como sede de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Eran los años de predominio indiscutible del discurso sobre la modernidad y el rascacielos, de aires neoyorkinos, una demostración incontestable de la misma.

La construcción de sus 90 metros de altura necesitó apelar a la excepcionalidad, pues rebasaba con creces la altura permitida para la nueva calle (35 metros). Se apeló con éxito a la monumentalidad del inmueble y al interés nacional, sentando las bases de una de las constantes del urbanismo madrileño: la excepcionalidad.

Pero decir que la construcción de este y el resto de edificios altos de la Gran Vía no provocó un debate en su tiempo sería obviar que supuso la desaparición de calles y de casas donde vivían unas 10.000 personas.

Después de la guerra, el falangismo, que dominó la planificación urbanística de la ciudad durante los primeros años del régimen, consideró que la calle –rebautizada como Avenida de José Antonio– era un ejercicio decadente, burgués y extranjerizante.

Aun así, el franquismo también quiso demostrar a través del verticalismo su poderío. Iniciado en 1948, momento en el que el Régimen quería reclamar su reingreso en el panorama internacional, el Edificio España tenía 25 plantas y medía 117 metros de alto. Su lenguaje neo-herreriano y sus toques neobarrocos buscaban una síntesis entre el rascacielos moderno y la tradición imperial española. Buena muestra del estilo escurialense de nuestra arquitectura fascista.

La polémica sobre el impacto y la calidad de las formas del Edificio España afloraron cuando la Comunidad de Madrid rebajó su nivel de protección para permitir que el grupo Wanda, empresa compradora del edificio, pudiera tirarlo entero, salvo la fachada principal y parte de las laterales. El edificio tuvo defensores –de hecho, distintas asociaciones patrimoniales pusieron pie en pared frente al proyecto– pero también se escucharon voces que ponían en duda al rascacielos de Plaza de España. Finalmente, la remodelación del edificio para instalar un nuevo hotel se llevó a cabo respetándolo. Ya en los años sesenta, crecería a su vera la Torre de Madrid, de 142 metros de altura y ya despojado de historicismos patrios.

Uno de los ejemplos más claros de polémica en altura de la ciudad lo representa la Torre de Valencia, seguramente por su situación en medio de una de las panorámicas más conocidas del Madrid monumental. Construida entre 1970 y 1973 por el arquitecto Javier Carvajal Ferrer, esta estructura de 94 metros y 27 plantas se sitúa en la esquina noreste del Parque del Retiro y ejerce un subrayado demoledor sobre la Puerta de Alcalá.

La torre brutalista ocasionó una campaña en contra del diario ABC –algunas viñetas de Mingote al respecto son muy recordadas– y las obras llegaron a ser paralizadas en 1971 por el Ministerio de Vivienda, aunque terminó, obviamente, por construirse. Para su erección, fue necesario, por cierto, torcer un poco la norma. Con el fin de lograr la edificabilidad deseada, los promotores inventaron una calle peatonal privada que permitía aplicar al solar la edificabilidad correspondiente a una manzana entera del barrio de Salamanca, a pesar de que la parcela real era mucho menor.

El debate sobre la transformación de Madrid en las décadas de los sesenta y los setenta tuvo una de sus voces más cualificadas en la figura del arquitecto e historiador de la arquitectura Fernando Chueca-Goitia. Durante estos años, que en España coincidieron con el desarrollismo franquista, los perfiles de las ciudades cambiaron radicalmente y miraron hacia el cielo. Chueca-Goitia advirtió de la pérdida patrimonial. A los rascacielos les dedicó frases contundentes como “disparatada y colosalista arquitectura” (refiriéndose a los del primer tramo de la Gran Vía) o “actuales rascacielos, sin estética, ni gracia”, en alusión a la Castellana.

La verticalización de Madrid prosiguió con el desarrollo tardío del centro financiero en Azca (una versión sobre plano de la posguerra, de perfiles escurialenses, quedó en el tintero) y otras torres de la Castellana (Picasso o BBVA), sin que su altura produjera grandes debates al respecto.

Durante un tiempo, el escándalo solía llegar, más que por la altura, por asuntos relacionados con la corrupción urbanística. Fue el caso de las torres Puerta de Europa, que aún son conocidas por mucha gente como Torres Kio, el acrónimo de su sociedad impulsora.Los gemelos inclinados de Plaza de Castilla son una puerta al Madrid del norte, de los negocios y de la ciudad neoliberal, más que a Europa. Símbolo de los años noventa y de la cultura del pelotazo, su construcción dio lugar a uno de los escándalos de corrupción más sonados en la España de la época.

El problema aflora, sin embargo, cuando su construcción vuelve a plantearse en barrios consolidados cuyo caserío alberga menos altura y puede plantear serios problemas de movilidad en la zona. El último episodio lo acabamos de vivir con el polémico bloqueo repentino del Ayuntamiento a un plan para levantar 18 plantas de oficinas en la colonia residencial de lujo El Viso. Otros ejemplos fueron la torre planeada en los terrenos de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos (quienes se oponían al plan la bautizaron como Horrotorre) o las edificaciones en altura de Madrid Río.

Siglos atrás quedaron los perfiles chatos de ciudad donde las torres de las catedrales o de las construcciones defensivas marcaban los puntos clave de la silueta. El skyline de una ciudad se convirtió en el siglo XX en un símbolo mutable de la misma. No hace tanto tiempo, por ejemplo, que Torrespaña –El Pirulí– era uno de los puntos fijos en los silueteados madrileños. La construcción de la torre de comunicaciones de 220 metros queda bien reflejada en la novela de Silvia Nanclares Nunca voló tan alto tu televisor, que da cuenta de un detalle que hoy parece impensable y habla de los tiempos: era una infraestructura pública.

El Oratorio de San Felipe Neri es sin duda uno de los lugares más emblemáticos de Cádiz. Hablamos de un edificio destacado por su alto valor arquitectónico, pero con el que es imposible dejar a un lado su gran relevancia histórica. Este lugar se convirtió en el escenario donde se reunieron las Cortes de Cádiz y se promulgó la famosa Constitución de 1812.

Para entender la importancia del Oratorio debemos remontarnos al año 1808, cuando gran parte del país quedó bajo control francés tras la invasión napoleónica y la abdicación del rey Fernando VII. Cádiz, sin embargo, resistió el asedio y se convirtió en uno de los principales focos de resistencia en España.

En este contexto, se convocaron unas Cortes Extraordinarias, conocidas como Cortes de Cádiz, en las que representantes de distintos territorios se reunieron para reorganizar el país e intentar establecer un nuevo modelo político. Aunque las primeras reuniones se celebraron en el teatro de comedias de la actual localidad de San Fernando, pronto se trasladaron a este edificio de la capital. 

Así, el Oratorio de San Felipe Neri, ubicado en la calle Calle San José del casco antiguo de Cádiz, se convirtió en uno de los principales protagonistas de la Constitución de 1812. En su interior se llevaron a cabo las sesiones donde los diputados debatieron, redactaron y finalmente aprobaron los artículos de la Carta Magna, la primera Constitución española. 

Su construcción y el tsunami

La historia de este edificio empezó mucho antes de que este se convirtiera en escenario clave de la historia política de nuestro país. Hablamos de uno de los pocos ejemplos de templo de planta elíptica del barroco andaluz, el cual fue construido en 1688 siguiendo los planos del alarife Blas Díaz e inaugurado en 1719.

Con un total de siete capillas rectangulares con bóvedas de cañón, destaca principalmente la del Sagrario, con un retablo barroco del siglo XVIII de mármol policromado que está presidido por un crucifijo de madera. En el interior, el retablo mayor alberga un lienzo de la Inmaculada Concepción realizado por el pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

Uno de los sucesos más particulares que rodean al templo es que su cúpula, encamonada, de doble tramo y con ocho ventanales, tuvo que rehacerse tras el terremoto de Lisboa de 1755. Apenas unos minutos más tarde de producirse el seísmo, se formó un tsunami que llegó hasta la localidad gaditana. El agua deterioró gravemente la cubierta, que fue restaurada en 1764.

Cómo y cuándo visitar el edificio

Si queremos visitar el edificio, debemos tener en cuenta su horario: este abre de lunes a viernes de 10:30 a 16:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 hoas, con horario especial en julio y agosto. Además, los domingos se celebra misa de 12:00 a 13:00 horas. Las entradas tienen distintos precios: desde los 5 euros de la tarifa general, a los 4 euros de la tarifa reducida (mayores de 65 años y jóvenes menores de 25) y la entrada gratuita para menores de 12 años. 

Además, junto al Oratorio de San Felipe se encuentra el Centro de Interpretación de la Constitución de 1812, un espacio que permite conocer en profundidad el contexto de este edificio histórico. La visita al centro está organizada en tres secciones: una dedicada a la ciudad a principios del siglo XIX y la creación de las Cortes españolas, otra centrada en el contexto de la Guerra de la Independencia y, la última, sobre la Constitución de 1812.

Hace unos meses salieron a la luz unos carteles en los postes de un edificio en obras del centro de la capital, a la altura del número 40 de Infantas. Fueron diseñados por estudio Vinfer para una liquidación de la sastrería Casa Benítez, que hasta 2019 se ubicaba en esta calle paralela a la Gran Vía. El edificio en el que han aparecido los carteles está siendo transformado en viviendas de lujo, pero durante casi cien años fue el hogar de Casa Benítez, una de las sastrerías con más solera de la ciudad. Hace siete años decidieron mudarse tan solo a unos metros de su ubicación inicial, a un lugar más acorde con el volumen de negocio, mucho menor que cuando abrió sus puertas en 1923.

Como el nuevo local era más pequeño, les resultó imposible poder llevarse todo el mobiliario y la decoración que habían ido adquiriendo con el paso de los años y que le daba al local una personalidad única ya desde su fachada. Allí, en el exterior de la sastrería, se encontraba su reconocible rótulo, de los años 60, que fue rescatado por el colectivo Paco Graco cuando se mudaron.

No todos los elementos de la sastrería corrieron la misma suerte. Uno de sus grandes tesoros se encontraba en el interior del local. Se trataba de un pavimento art déco de los años 20, que se quedó allí cuando los dueños abandonaron el número 40 de la calle Infantas. Permaneció en el establecimiento hasta que en 2023 el edificio fue adquirido por la empresa hotelera Ennismore.

El local de la sastrería forma ahora parte de un nuevo proyecto inmobiliario de alto standing en pleno centro de Madrid, en el entorno del barrio de Justicia. Bajo el nombre de SLS Madrid Infantas Residences, la promoción contempla 33 apartamentos y áticos de una, dos y tres habitaciones en un edificio independiente. Es, además, el primer proyecto de branded residences de la cadena SLS Hotels & Residences en Europa.

El inmueble, de estilo neobarroco y construido en 1920, fue diseñado por el arquitecto Eduardo Sánchez Eznarriaga y, además de albergar la sede de Casa Benítez durante casi un siglo, también fue el hogar del escritor Enrique Jardiel Poncela. Las viviendas, con superficies que oscilan entre los 154 y los 248 metros cuadrados, parten de precios desde 1.520.000 euros. Según explica la propia promotora de SLS, el interiorismo, a cargo de Studio Carter, “combina la herencia arquitectónica del edificio con elementos contemporáneos propios de la marca, dando lugar a una estética que busca ser distintiva y exclusiva”.

La finalización de las obras, que estaba prevista inicialmente para principios de 2026, dará paso a un complejo que promete una amplia oferta de servicios. Entre ellos, destaca el SLS Social House, con espacios privados para reuniones, comedor, biblioteca, bodega o estudio multimedia. En la azotea, zonas verdes con piscina, espacios para yoga y meditación y áreas destinadas al ocio al aire libre completan una propuesta pensada para un estilo de vida de lujo.

El cambio del edificio después de las obras será radical y, aunque aseguran que combina la herencia arquitectónica con elementos contemporáneos, ha sido completamente arrasado y modificado. Pero hay límites. Según fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, consultadas por este periódico, “la protección del edificio es estructural”.

Esta catalogación de nivel 1 implica la conservación tanto de su volumetría como de sus elementos arquitectónicos más destacados, aunque permite un mayor margen de intervención que en los inmuebles con protección integral. A pesar de ello, y al ser preguntados por los carteles aparecidos en los postes del edificio y por el pavimento art déco desaparecido, desde la consejería señalan que “mandarán algún técnico para valorar si hay algún elemento que requiera protección”.

La aparición de estos carteles ha traído de vuelta las imágenes del interior de la antigua sastrería. Fue Sonia Taravilla, conocida en redes como El Sereno de Madrid, quien alertó a finales de febrero de que llevaban meses expuestos a la intemperie. Su diseñador era César Fernández Ardavín, conocido como Vinfer, fue una figura clave del patrimonio gráfico madrileño. De hecho, se conserva una colección muy importante de su trabajo en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.

También informó de que había trasladado la situación a distintas instituciones. En una de sus publicaciones denunciaba el abandono del local, lanzando “un súper tirón de orejas para la Administración local” por haber permitido que “un bellísimo pavimento art déco haya desaparecido, justo cuando hemos conmemorado el centenario de la aparición de este movimiento artístico”.

Un suelo irrepetible que contaba la historia de la ciudad

El historiador del arte y escritor David Pallol recuerda en conversación con Somos Madrid el impacto que le causó entrar en Casa Benítez. “Cuando descubrí la sastrería hace años, en realidad iba a la calle Infantas porque buscaba la Ferretería Vasco-madrileña”, explica, en referencia a otro comercio desaparecido del mismo tramo.

“El número 40 me llamó la atención por su rótulo exterior, muy original, en 3D, por una cara rojo y por la otra azul”, señala. Aquel elemento, rescatado por el colectivo Paco Graco, databa de los años 60. Pero lo que encontró dentro pertenecía a otra época. “Pasé al interior y no tenía nada que ver. Me encontré con un diseño art déco único. Los patrones geométricos de colores eran una fantasía, una maravilla, un gran tesoro”.

Pallol describe el pavimento como una obra adelantada a su tiempo, con influencias de corrientes como el constructivismo ruso y de artistas como Wassily Kandinsky o Paul Klee, así como de los diseños textiles surgidos en la Bauhaus. “El que hizo aquel piso era un visionario, muy moderno para su época”, afirma.

El historiador lamenta que, pese a su valor, haya desaparecido: “Yo pensé que aquel suelo se iba a conservar, por lo menos, pero no”. Para él, este tipo de elementos deberían formar parte de un archivo o museo que protegiera la memoria material de la ciudad. “Ha pasado con infinidad de comercios en Madrid que han cerrado para construir apartamentos turísticos. Deberían recogerse estas cosas, preservarlas, exhibirlas”.

“Lo único que queda son recuerdos de los vecinos”, añade, recordando también otros negocios desaparecidos en la zona. “Había una panadería con baldosas hidráulicas con patrones preciosos y únicos, y ahora todo ha sido arrasado. Una pena”, lamenta.

Proteger el patrimonio, para proteger la memoria

“La protección del patrimonio es una asignatura pendiente”, advierte Pallol, que considera que Madrid está perdiendo una parte esencial de su identidad. “Todo se arrasa, ya sean murales, fachadas, carteles, suelos… al final prevalece el negocio sobre la importancia histórica para la ciudad y sus vecinos”, señala el historiador del arte.

Su visión conecta con las críticas lanzadas desde la oposición municipal. Sara Ladra, concejala del grupo municipal de Más Madrid, señala directamente al modelo urbano impulsado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. “Almeida no gobierna para Madrid, lo hace para los grandes fondos de inversión y las cadenas hoteleras de lujo”, afirma.

Según expone, en los últimos siete años los hoteles de lujo han crecido un 50% en la capital, con nuevas aperturas impulsadas por grandes grupos internacionales. “No es casualidad. Es un modelo político”, sostiene. Un modelo que, denuncia, se traduce en la compra de edificios históricos para su transformación en alojamientos de alto nivel, mientras el acceso a la vivienda se complica para la población local.

“Cuando el dinero manda, el patrimonio sobra”, resume Ladra, quien pone como ejemplo el propio edificio de la calle Infantas, donde, asegura, “ya no queda ni rastro de sus mosaicos históricos” pese a contar con protección. La concejala también alerta del impacto en el tejido comercial y vecinal: “Cada 48 horas cierran cinco tiendas en Madrid. En 2023 cerraron 6.000 comercios de proximidad”. A su juicio, el crecimiento del turismo de lujo no revierte de forma equitativa en la ciudad, concentrándose en zonas concretas mientras otros barrios quedan al margen.

En este contexto, Más Madrid ha presentado una denuncia formal solicitando la inspección urbanística de las obras en el número 40 de la calle Infantas. El escrito, firmado por el concejal José Luis Nieto Bueno, apela a la Ordenanza de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid y a la Ley del Suelo de la Comunidad para reclamar la actuación de los servicios municipales.

En el documento se recuerda que la administración tiene la obligación de comprobar que las obras cuentan con el título habilitante correspondiente y se ajustan a las condiciones concedidas, pudiendo incluso decretar su suspensión inmediata en caso de incumplimiento. Asimismo, se advierte de que la ejecución de obras sin las autorizaciones pertinentes o vulnerando sus condiciones puede constituir una infracción grave, sancionable con multas que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros.

El futuro del pavimento art déco de Casa Benítez, si es que queda algo de él, y de los carteles recientemente aparecidos sigue siendo incierto. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad han activado, por ahora, mecanismos concretos para su protección. Se limitan a señalar que estudiarán el caso. Mientras tanto, una parte de la historia de la ciudad se desvanece.

Un total de 36 edificios en un barrio del centro del Casco Histórico de Zaragoza requieren una intervención urgente, y casi la mitad de los inmuebles inspeccionados no ha pasado la inspección obligatoria, según los resultados del Plan Especial de Inspección de Edificios de la zona Zamoray-Pignatelli, impulsado por el Ayuntamiento.

Este plan ha concluido tras 259 revisiones, de las que 19 han sido solares y 240 inmuebles, de los que el 52,52% tenía la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en regla.

Así lo ha dado a conocer el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha detallado que de los 240 edificios se han completado 235 inspecciones y otras cuatro están sin terminar. Del total, 60 inmuebles están en perfecto estado; 7 requieren una intervención media al detectar un riesgo que exige actuación rápida; y el resto, 168, presentan problemas a subsanar.

De estos 168, 101 presentan defectos leves con prioridad baja; 31 tienen una prioridad media al tratarse de problemas que precisan atención programada; y los otros 36 presentan patologías significativas que necesitan una solución urgente.

Serrano ha subrayado que “cuidar de la propiedad y del buen estado edificatorio es siempre, además desde el punto de vista de la seguridad, también desde el punto de vista económico una buena inversión”.

Las patologías más comunes detectadas en las revisiones son las humedades, presentes en el 49,03% de los inmuebles; los problemas en la red de saneamiento, en el 35,91%; y los daños en cubiertas, en el 35,52%. La presencia de xilófagos alcanza el 5,02% de los edificios visitados.

El espacio donde se detectan estas patologías en su mayoría son las fachadas, en el 45,65% de los edificios, que además podrían afectar a la vía pública, y también los balcones, en el 28,57%. Otras patologías no tienen una relación directa con la seguridad, pero afectan a cuestiones de normativa y salud, como la presencia de fibrocemento en algunas estructuras, en el 3,05% de los casos.

Serrano ha querido diferenciar entre las órdenes de ejecución, por las que el Ayuntamiento insta a los propietarios a actuar, y las ejecuciones subsidiarias.

Sobre las órdenes de ejecución, desde 2023 hasta este año se han llevado a cabo 1.771, de las que 523 corresponden a 2023; 520 a 2024; 627 a 2025; y 101 en estos primeros meses de 2026.

En cuanto a las ejecuciones subsidiarias, en las que el Ayuntamiento actúa ante situaciones de emergencia por el riesgo que entrañan para personas, bienes o inmuebles —y después se pasa la factura al propietario—, en algunos casos no se puede cobrar al tratarse de propietarios insolventes o sociedades desaparecidas.

Durante este mandato ha habido 21 procedimientos de emergencia en edificios, solares o vía pública, y el Ayuntamiento ha podido recuperar 2,57 millones de euros, el 39% de lo invertido.

Entre los casos de intervención por incendios, abandono o problemas de salubridad ha citado el de Pignatelli 43 y Compromiso de Caspe 83; por problemas de estructura o riesgo de derrumbe, en Mariano Gracia 15 y Libertad 14; y ante peligro de ruina inminente, en Pignatelli 76 y Mayor 72.

Estas inspecciones comenzaron hace diez meses, con un equipo de cuatro arquitectos técnicos y dos arquitectos, junto a personal jurídico y administrativo del Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento, además de la colaboración de la Policía Local. El distrito se ha dividido en 14 tramos para realizar las revisiones.

Serrano ha reiterado que, por ley, los propietarios son responsables del mantenimiento y la conservación de sus inmuebles, así como de la ITE, que deben realizar cada 50 años y después cada 10. Ha avanzado que es partidario de acortar estos plazos, aunque ha reconocido que depende de la normativa vigente.

El Ayuntamiento justifica la intervención en esta zona por la antigüedad de los edificios, las condiciones socioeconómicas del entorno y las peticiones y preocupación de colectivos vecinales y grupos políticos.

En este sentido, ha señalado que el criterio municipal es “ayudar a quienes no tienen recursos e inspeccionar a quienes sí los tienen”.

“No vamos a dejar tirados a los vecinos de Pignatelli, lo venimos demostrando desde 2019 y vamos a seguir trabajando”, ha afirmado Serrano.

El Ayuntamiento de Toledo cambia de rumbo con uno de sus proyectos más destacados para esta legislatura, el conocido como ‘Toledo Emerge’. Y es que dos de los cinco edificios en desuso que el plan proyectaba restaurar cambiarán el tipo de uso previsto, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, el ‘popular’ Carlos Velázquez.

El cambio más relevante se producirá en el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo. Se anunció que se iba a convertir en un hotel y ahora se proyecta para uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

De esta manera, se revierte una decisión, la del uso hotelero, que había sido muy criticada por vecinos y vecinas de esta parte de la ciudad, así como por los partidos de la oposición PSOE, IU-Podemos y el Movimiento Sumar, desde que el Equipo de Gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox, presentase la idea hace año y medio.

Este cambio de planes con el edificio que antaño albergase la maternidad provincial supone “un giro en la planificación patrimonial del Casco Histórico, respondiendo a una demanda histórica de los colectivos vecinales y garantizando la compatibilidad con el uso hostelero mediante la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior”, en palabras de Velázquez.

No obstante, el alcalde de Toledo no aclaró si el uso asistencial sería gestionado de forma pública o privada, una duda que todavía no ha resuelto ningún portavoz municipal.

Este cambio de uso del edificio San Juan de Dios ya fue esbozado por el portavoz de Vox, Juan Marín, quien durante el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad habló del interés de ciertas empresas privadas. “Sé que existen proyectos para que ese edificio sea residencia de mayores”, señaló. En el mismo debate, Carlos Velázquez afirmó que hacer una residencia pública es “imposible”, y se mostró abierto a proyectos concertados o privados.

El antiguo edificio de RNE, para viviendas

Esta decisión, según ha indicado el alcalde, permitirá a su vez destinar a otro uso el edificio que albergó la antigua sede de RNE en el paseo de San Cristóbal, donde se planteaba ubicar precisamente un centro de día.

Al dotar a San Juan de Dios del uso asistencial, este inmueble pasaría ahora a poder acoger viviendas.

En este sentido, Velázquez ha indicado que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) ya ha recibido el encargo de realizar los estudios y análisis previos necesarios para poder desarrollar este proyecto.

La Junta no tiene constancia del cambio de postura

Preguntada en rueda de prensa sobre este asunto, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado no tener constancia acerca del cambio de postura anunciado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, para que el antiguo edificio de San Juan de Dios de la capital regional recupere su uso asistencial para convertirse en una residencia y centro de día.

Hay que recordar que es la Junta de Comunidades la que tiene las competencias en materia ser servicios sociales, en concreto de las residencias de mayores, ya sean de gestión pública o privada.

Padilla ha afirmado que “quien más tiene que dar explicaciones es el alcalde”, y se ha mostrado “segura” de que Velázquez “tiene planificada la financiación de este servicio, como lo tienen el resto de alcaldes y alcaldesas cuando deciden apostar por un servicio como es una residencia de atención a personas mayores”.

“Quiero recordar que el Grupo Socialista --en el Ayuntamiento-- planteó la posibilidad de recuperar la residencia de mayores”, ha comentado, señalando que Velázquez “se negó porque había que optar por otros proyectos en la ciudad de Toledo, como fue el hotel, y al final ha venido a dar la razón al Grupo Socialista”.

PSOE: “El anuncio estrella del alcalde es un fiasco”

Las reacciones también se han sucedido a nivel municipal. Por parte de Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo se ha pronunciado su portavoz, Noelia de la Cruz, que ha reprochado la “falta de rumbo” del alcalde, añadiendo sobre Velázquez que “ha vuelto a tergiversar informaciones, vender humo y mentir a la ciudadanía”.

“El Toledo Emerge anunciado a bombo y platillo en el Debate del Estado del Municipio de 2024, hace aguas. Este anuncio estrella del alcalde ha resultado ser un fiasco en cuanto a planificación y nos ha hecho perder casi un año en lo que respecta al edificio de San Juan de Dios”, ha explicado la portavoz.

Respecto al anuncio del alcalde de convertir San Juan de Dios en una residencia, Noelia de la Cruz ha pedido al alcalde que “haga más caso a la oposición y a los vecinos y vecinas del Casco Histórico que siempre han querido que San Juan de Dios fuese una residencia” lo que vuelve dejar claro que “este alcalde y su equipo gobiernan de espaldas a la ciudadanía”.

En relación con el anuncio de que el gobierno de PP y VOX pretende impulsar viviendas en la antigua sede de RNE, donde habían planteado la instalación de un Centro de Día para las personas mayores del Casco, la portavoz socialista ha cuestionado el alcance real de la propuesta: “¿Viviendas de qué tipo? ¿Cómo las que ha hecho en esta legislatura, que ha sido ninguna?”. Además, ha recordado que el alcalde “todavía no ha entregado en alquiler ni siquiera las cinco viviendas que el anterior gobierno socialista dejó ya terminadas”.

IU-PODEMOS lo celebra “pese a la falta de concrección”

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha acusado al alcalde de gobernar “sin criterio y de espaldas a los ciudadanos utilizando materias como la asistencia a los mayores para dar titulares, primero arruinando un proyecto residencial en San Juan de Dios y ahora presuntamente haciéndole renacer”.

“El alcalde ofrece una absoluta falta de credibilidad en su gestión de los asuntos de la ciudad”, ha afirmado el edil de IU que ha recordado que “solo hace un año puso la alfombra roja a la Diputación a través del cacareado 'Toledo Emerge' para un proyecto hotelero en contra de la opinión pública y, por supuesto, de este grupo municipal”.

Pese a “la falta de concreción” del anuncio del alcalde, Fernández celebra que, “sea lo que sea que le haya hecho retractarse de la barbaridad que había diseñado”, San Juan de Dios pueda cumplir con los deseos de la sociedad toledana y ser un centro de mayores en el Casco.

No obstante, matiza Fernández, “si el anuncio del alcalde apunta a una realidad y no solo a un intento de dejar el tiempo pasar para evitar el dislate que, en connivencia con la Diputación, querían llevar a cabo en este edificio, se pongan a trabajar para que se convierta en una residencia de gestión pública”.

Movimiento Sumar: “La protesta ciudadana da resultado”

Por último, Movimiento Sumar Toledo celebra el anuncio realizado sobre el cambio de destino del antiguo edificio de San Juan de Dios, que “confirma que la movilización ciudadana y la presión política dan resultados”. “Hoy celebramos que la ciudad ha dado un paso importante hacia un modelo más justo y habitable. Esta victoria no es solo nuestra, sino también y especialmente de la ciudadanía organizada que defiende lo que es suyo”, declara Jose Luis Resuela, portavoz de Movimiento Sumar Toledo

No obstante, la formación advierte de que el siguiente paso es garantizar que este proyecto se desarrolle bajo un modelo plenamente público, tanto en su titularidad como en su gestión. “En los últimos meses, el propio alcalde había deslizado la posibilidad de atraer inversión privada para el proyecto, algo que Movimiento Sumar considera incompatible con el objetivo de fortalecer los servicios públicos”, apunta.

“Una residencia en un edificio público, rehabilitado con fondos públicos, debe ser una pública. Lo público no se externaliza, se fortalece”, añade Resuela, que indica que Movimiento Sumar continuará trabajando para que este cambio anunciado hoy “se concrete en un proyecto que priorice el interés general, refuerce los servicios sociales en el Casco Histórico y consolide un modelo de ciudad pensado para vivir, no para especular”.

La Rioja elaborará un inventario de edificios públicos con posible presencia de amianto. Así se ha aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Hacienda del Parlamento de La Rioja. La Proposición no de Ley, presentada por el PSOE de La Rioja parte del principio más elemental de precaución en materia de salud pública y seguridad en el entorno de los edificios e infraestructuras públicas. El diputado Miguel González de Legarra ha recordado que el amianto “fue ampliamente utilizado en la construcción durante décadas hasta su prohibición por sus efectos cancerígenos y, aunque su mayor peligrosidad se produce cuando se manipula, su mera presencia sin identificación ni control constituye una amenaza latente”.

La propuesta surge tras constatar que el Gobierno de La Rioja “reconoció a través de una respuesta parlamentaria que no existe ningún inventario de edificios públicos con amianto”. Posteriormente, el Ejecutivo manifestó su “intención de documentar la existencia de estos materiales”. El problema, ha dicho González de Legarra, es que todavía hoy, más de veinte años después de la prohibición de su uso, la Comunidad Autónoma “sigue sin contar con un estudio sistemático que permita conocer con certeza la situación real de su patrimonio público”.

La iniciativa aprobada “no exige retiradas inmediatas, ni intervenciones urgentes de impacto presupuestario, ni plantea cierres de instalaciones”. Su objetivo “es disponer de un mapa riguroso que permita conocer qué edificios pueden contener amianto, en qué condiciones se encuentra y cómo debe planificarse, en su caso, una estrategia progresiva y segura de retirada conforme a criterios de riesgo y prioridad sanitaria”.

Además, González de Legarra ha subrayado que la ausencia de un inventario “no solo supone una carencia técnica, sino que podría derivar en responsabilidades jurídicas si en el futuro se produjera alguna situación de riesgo para trabajadores públicos o ciudadanos usuarios de estos espacios”. El diputado socialista ha señalado que el Parlamento ha demostrado este martes “que la salud pública, la prevención y la transparencia están por encima de cualquier diferencia política”.

El próximo 10 de junio hará un siglo que Antoni Gaudí (Reus 1852 – Barcelona 1926) moría en el Hospital de la Santa Creu, después de ser atropellado tres días antes por un tranvía en el cruce de la Gran Vía con las calles Girona y Bailén. Desaparecía así un arquitecto genial y único, cuyos edificios siguen maravillando a los amantes de la arquitectura no solo por su singular belleza sino también por lo innovador de las estructuras que desarrolló.

Arcos catenarios, paraboloides hiperbólicos, elipsoides y otras estructuras que hasta la llegada de Gaudí se consideraban poco estéticas, cuando no imposibles de emplear en la construcción de edificios, con él adquirieron forma, volumen, relieve y, sobre todo, presencia explicita en las fincas del llamado “modernismo catalán” del cambio del siglo XIX al XX. La Pedrera, la casa Batlló, la Colonia Güell –en especial la cripta–, el parque Güell, la Sagrada Familia y tantos otros edificios por toda España resumen a la perfección la capacidad del artista para innovar y fascinar, un atractivo que se ha mantenido sostenidamente durante el último siglo.

Sin embargo, las creaciones de Gaudí apenas tuvieron continuidad estilística en otros arquitectos salvo en muy contadas ocasiones, como es el caso de sus discípulos Josep Maria Jujol, César Martinell y el valenciano Rafael Guastavino, que si bien no trabajó con el maestro, si se mostró muy influido por él y llevó algunas de sus formas, como la “vuelta”, a su exitosa aventura empresarial en Estados Unidos.

elDiario.es ha conversado con dos destacados expertos en la figura y la obra de Gaudí sobre las razones por las que el estilo gaudiniano quedó en vía muerta al poco de morir el arquitecto. Son Santiago Huerta, profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y autor del trabajo El cálculo de estructuras en la obra de Gaudí, y Galdric Santana, director de la Cátedra Gaudí y Comisario del Año Gaudí.

El padre del diseño moderno de estructuras

“Realmente él fue el padre del diseño moderno de estructuras, el primero que le dio a la estructura la forma que mecánicamente le correspondía”, sentencia Huerta. “Gaudí usó por primera vez la estática gráfica no solamente para verificar las estructuras, que es lo que se venía haciendo, sino para proyectar formas nuevas arquitectónicas como los arcos catenarios, los hiperboloides, los paraboloides hiperbólicos y otras figuras que él incorpora de forma novedosa”.

La estática gráfica es un método de cálculo geométrico para analizar fuerzas y el equilibrio en estructuras planas, como celosías o arcos, mediante diagramas vectoriales. La innovación de Gaudí, destaca Huerta, fue el empleo de maquetas polifuniculares, basadas en modelos colgantes con cadenas, cordajes y pesos para determinar la forma invertida de los llamados arcos catenarios y parabólicos.

“Lo que hizo Gaudí fue transpolar las formas que determinaba la tracción de un determinado peso en un sistema de cadenas, o cuerdas, a la compresión, esto es dándoles la vuelta y suponiendo que la forma generada en la tracción era la que mejor aguantaba la compresión”, desvela Huerta. Una muestra de maqueta funicular, empleada por Gaudí a escala, puede contemplarse en la Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, cerca de Barcelona.

Estas figuras resultantes, muchas veces con formas inusuales hasta entonces, han sido a la postre las que han dado fama mundial a la arquitectura de Gaudí. “Una muestra clara son los pórticos del Parque Güell con las columnas inclinadas, también en la Colonia Güell se aprecian y por supuesto en la Sagrada Familia” desvela Huerta, “todo este universo de figuras viene del de adaptar la forma a la trayectoria de las fuerzas”.

Revolucionario estético

Santana, no obstante, matiza que el conocimiento de las maquetas funiculares y las formas catenarias no fue una invención de Gaudí: “Era un conocimiento que tenían todos los arquitectos y, de hecho, en el Instituto Geometría, cuando Gaudí era alumno, se enseñaba la catenaria como curva adecuada para arcos de grandes cargas”. Lo que ocurría, según el director de la Cátedra Gaudí, es que “por su plástica arquitectónica” eran curvas que “no tenían una buena acogida como obra vista”.

“Entonces lo que hace Gaudí es decir que esta plástica es la funcional y, por tanto, es bonita por sí sola”, asevera Santana, lo cual supuso “un planteamiento revolucionario y de gran atrevimiento estético”. Tanto Huerta como Santana explican que previamente ya se ejecutaban estas estructuras, pero se escondían “porque se consideraba que enseñar esto era feo”. “Lo que hace Gaudí es optimizar la forma y reivindicarla, pero además, después la pasa a una dimensión más como superficie funicular tridimensional”, apostilla Santana.

“Fue un personaje con una enorme creatividad y muy innovador”, destaca Huerta de Gaudí, “pero no publicó apenas nada de sus investigaciones, sabemos de ellas por sus obras y sus discípulos; además, toda la información y planos que se atesoraban de la Sagrada Familia se destruyeron durante la guerra civil”. “Era como Brunelleschi –autor de la cúpula de Santa María de la Flor en la catedral de Florencia– que tampoco publicó nada, un arquitecto que inventó la perspectiva y muchas máquinas que luego copiaron otros, entre ellos Leonardo da Vinci”, apunta Huerta.

Primero el empirismo y después el cálculo

Existe una cierta leyenda del Gaudí empirista que evitaba el cálculo matemático de sus estructuras porque este resultaba muy complejo y porque además no era un gran diestro en la materia. “Hay que tener en cuenta que los materiales con los que trabajaba Gaudí eran el ladrillo y la piedra, que a diferencia del hormigón o el acero, deben resistir la compresión en lugar de la torsión”, señala Huerta.

“Lo que hacía Gaudí en su taller era experimentar con la forma geométrica que se adapta exactamente, o muy aproximadamente a esta compresión, y también experimentaba con la fotografía, y luego ya lo sometía al cálculo él o sus discípulos”, añade. Respecto a la pericia en el cálculo, Santana apunta que Gaudí tenía un dominio notable de las matemáticas a pesar de que en este campo no era de los más destacados de su generación.

De hecho, el comisario del Año Gaudí desvela que la complejidad de los cálculos que demandaban las nuevas estructuras desarrolladas provocó que “poco a poco la vía Gaudí quedase muerta” en favor de ·“geometrías menos complejas en cuanto al cálculo”, algo que favoreció también el auge del acero y el hormigón. “Sin embargo, ahora que los ordenadores permiten ejecutar cálculos complejos con mayor facilidad hay una tendencia a retomar los desarrollos de Gaudí casi un siglo después, entre otras cosas porque suponen un ahorro de material y procesos mucho más ecológicos”, subraya. “Ha tenido que llegar la era de los ordenadores para que se pueda empezar a innovar sobre lo que concibió”, concluye Santana

Gaudí, genio sin escuela

Respecto al motivo por el que Gaudí no dejó una escuela estilística tras de sí, Huerta, con un amplio bagaje académico en la materia, opina que la llegada de nuevos materiales, para los cuales la compresión ya no suponía un problema, hizo que se perdiera el interés por las propuestas de Gaudí. Dice que “se ha convertido en una figura de difícil clasificación dentro de la historia de la arquitectura”, aunque reconoce que “la arquitectura más vanguardista está retomando muchos de sus hallazgos”.

“La aseveracion de que las innovaciones de Gaudí dejaron de ser necesarias con la llegada de nuevos materiales, es algo muy relativo y un poco mito”, replica Santana que, como Huerta, insiste en que “desde hace algunos años se vuelve de nuevo la mirada a sus estructuras y muchas de las que él creó, como es el caso del paraboloide hiperbólico, se están recuperando por sus grandes ventajas en cuanto a sostenibilidad y ahorro de materiales”.

En opinión del catalán, “lo que pasó es que sus discípulos no supieron seguir su senda, en el sentido de llevar sus innovaciones más allá”. Cree que a lo sumo, como en el caso de Jujol y Martinell, o de Guastavino con la llamada “vuelta catalana”, se dedicaron a explotar los hallazgos del maestro, pero sin crear nada nuevo a partir de ellos. “Martinell te hará a vueltas a veces cilíndricas, bóvedas esféricas y planes de carga porticados con funiculares o parábolas, depende del caso, pero Gaudí lo que hizo es llevar estas formas a las tres dimensiones y eso es lo que el resto no supo continuar”, sentencia Santana.

Gaudí, el gótico y la Sagrada Familia

“Gaudí criticaba el gótico por su uso de pilares verticales que implicaban un desequilibro de fuerzas en los laterales, que habría que compensar con sobreestructuras a veces complejas como son los contrafuertes, arbotantes, etc.”, comenta Huerta. “Decía del gótico que era un estilo preindustrial y lo critica en sus conversaciones con los discípulos, criticaba especialmente los pináculos, de los que dice que son como si un jorobado anduviese poniendo banderitas en los edificios”, ilustra.

Huerta pone el ejemplo del bastón para explicar cómo concebía los pilares Gaudí: “Para que un bastón pueda sujetar el peso de un cuerpo tiene que estar inclinado”, explica. “Así que él busca en la inclinación del pilar la mayor resistencia a la compresión, hasta llegar a concebir los arcos catenarios”, remacha. De todas formas, reflexiona que esta aversión al gótico no deja de ser curiosa “porque la Sagrada Familia tiene un aire gótico innegable”.

Santana, que coincide con Huerta en la vocación gótica de la catedral diseñada por Gaudí, explica que no es que el arquitecto renegara del gótico estrictamente, pero sí pensaba que era un “estilo superado”, sobre todo en la construcción de edificios religiosos y que, por tanto, debía actualizarse y optimizarse. En este sentido señala, refrendando las palabras de su colega madrileño, que “la Sagrada Familia es el gran ejemplo de su propuesta para poner al día el gótico”.

Valencia ha acogido este fin de semana un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza de la Reina para celebrar los seis siglos de uno de los iconos históricos de la ciudad, que se acompañó con un tradicional volteo de las campanas y disparos de material pirotécnico, que se ha organizado desde el Ayuntamiento de la localidad.

Hablamos del Micalet, cuyo aniversario de seiscientos años se va a celebrar a lo largo de este 2026. Una torre campanario que ha servido de vigía, del aviso de llegada de invasores o para guiar a los barcos de la ciudad durante su larga historia.

Los orígenes del Micalet, la torre que es un icono de Valencia

Ahora lo conocemos por su apodo, el de Micalet, pero cuando comenzó su identificación se conoció como “Campanar Nou” para diferenciarla del que entonces era el “Campanar Vell”, un edificio del que ahora solo quedan ruinas, y que se situaba en la calle Barrachina de Valencia.

Es Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931, pero todavía no hay consenso entre las diferentes versiones de los historiadores para certificar cuando finalizó, siendo así posibles las fechas de 1425, 1429 o 1455, siendo está ultima sin embargo una de las que más genera acuerdo al ser entonces cuando el Consell de la Ciutat envió una solicitud al Papa Calixto III para que promulgara bula y jubileo para conseguir limosnas y poder acabar “lo campanar nou”.

Su comienzo se dio en 1376, cuando el rey Pedro IV de Aragón, conocido como ‘Pere el Cerimoniós’, autorizó la construcción de un nuevo campanario, que empezarían finalmente en 1381, una fecha documentada con una inscripción a sus pies. Los problemas económicos, sin embargo, hizo que se dieran de forma lenta y que si bien las empezó Andreu Juliá, las acabaría Pere Balaguer, que también se encargó de otro famoso edificio histórico como son las Torres de Serrans.

Hasta finales del siglo XV fue una torre exenta, y no se uniría a la Catedral hasta que se prolongó la nave. Construida en ochavo, con piedra de sillería, de 51 metros de altura y más de 200 escalones, en 1425 se planteó una aguja para coronarla en lo alto por Antoni Dalmau, pero, aunque no se llegó a ejecutar, se conserva en el Museo Histórico Municipal.

En 1983 se llevó a cabo una reconstrucción que hizo la actual baranda de piedra que se inspiró en una anterior, y aunque se ha aceptado, no sería la que le correspondería por su estilo arquitectónico, por el que no estaría completamente terminado.

Por qué se llama Micalet el campanario de la catedral

El nombre de Torre del Micalet viene por una de sus campanas, la de las horas, llamada “Miquel”, que se construyó en 1413 y subida en 1418, que se consideró entonces la más grande de España, aunque sí que fue la más grande de las que se conservan de la Corona de Aragón, al pesar siete toneladas y media.

La torre, además, está dedicada a san Miguel, protector de la ciudad, y se ha convertido con el paso de los siglos en un icono de Valencia, como se puede observar en las diferentes imágenes de la localidad y refranes y dichos como el que dice: “Si vols viure bé, no pergues de vista la sombra del Micalet» (Si quieres vivir bien no pierdas de vista la sombra del Miguelete). Ha tenido diferentes funciones, como el de avistar la costa y avisar de la llegada de barcos, así como hacer fogatas de comunicación de mensajes y como lugar de lanzamiento de fuegos artificiales.

Este jueves se ha producido el derrumbe de otro inmueble en Calahorra. En esta ocasión, el siniestro ha afectado al edificio que ocupa el número 12 de la calle Estrella. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos, a pesar de que había varias personas en el interior, que han sido desalojadas.

Se trata de un edificio que estaba declarado en ruina y cuyo propietario, que no vivía allí, tenía ya encargado el proyecto de derribo. Sin embargo, el edificio ha cedido antes y se ha derribado toda una parte del inmueble.

Hasta el lugar han acudido el concejal de Urbanismo de Calahorra, técnicos municipales, Policía Local y Bomberos. No es la primera vez que sucede algo así. De hecho, resulta ya difícil llevar la cuenta de la canitdad de inmuebles que se han ido derrumbando en el Casco Antiguo de la localidad, algunos además con terribles consecuencias. De hecho, fue en esta misma calla donde una mujer perdió la vida al derrumbarse el techo del edificio en el que vivía.

El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, y los datos explican por qué: solo el 3,4% del parque es vivienda pública (según datos del INE), frente al 17% de Francia o el 30% de Países Bajos (según el Boletín Especial Vivienda Social 2024 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana). Mientras tanto, el debate público se agota en discusiones sobre precios y legislación. Pero hay otra conversación que merece atención: la de los arquitectos que están construyendo vivienda protegida de calidad.

La construcción de vivienda protegida creció un 62,4% en 2024, hasta las 14.371 nuevas unidades —la mejor cifra en una década–. Con un déficit estimado entre 400.000 y 600.000 viviendas (en datos del Banco de España y CaixaBank Research), el reto sigue siendo enorme. Pero junto a la pregunta de cuánto construir, emerge otra igual de relevante: cómo hacerlo. Tres proyectos recientes ofrecen algunas claves: las Viviendas Sociales 2104 de H Arquitectes en Palma, GREENH@USE de Peris+Toral en Barcelona y las viviendas de Vivas Arquitectos en la calle Josep Togores de Palma.

Construir con los escombros del pasado

En una parcela del norte de Palma donde se alzaba una escuela en desuso de tres plantas, H Arquitectes ha llevado a cabo un experimento de economía circular que cuestiona los fundamentos mismos de cómo construimos. El proyecto, finalista en los Premios de Arquitectura CSCAE 2025 y seleccionado para el Pabellón de España en la Bienal de Venecia 2025, planteaba una pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de enviar los escombros a un vertedero, los convirtiéramos en la estructura del nuevo edificio?

El resultado son 25 viviendas para personas mayores levantadas mediante lo que el estudio barcelonés denomina “minería urbana”. Los 140 metros cúbicos de restos cerámicos y de hormigón del antiguo colegio se vertieron en los pozos de cimentación y muros del semisótano. El marés, la piedra calcárea característica de Baleares, se transformó en bloques prefabricados de hormigón ciclópeo de cal que forman los muros estructurales del edificio. Estos bloques, de hasta 135 centímetros de longitud y grosor variable según la altura de 64 a 34 centímetros, se redujeron 10 centímetros en cada planta, permitiendo el apoyo directo de forjados de madera contralaminada sin necesidad de vigas intermedias.

¿Qué pasaría si en lugar de enviar los escombros a un vertedero, los convirtiéramos en la estructura del nuevo edificio?

“La estrategia diferencial del proyecto fue el aprovechamiento del material del derribo como recurso para construir el nuevo edificio”, explican desde H Arquitectes. El proceso no solo reduce drásticamente la huella de carbono al eliminar el transporte de materiales y la extracción de nueva materia prima, sino que reconecta la arquitectura contemporánea con las tradiciones constructivas mallorquinas, donde las casas de marés definían estructuralmente el paisaje de la isla.

Pero más allá de este detalle técnico, el proyecto plantea una cuestión de valores. En un contexto de crisis climática donde la construcción representa el 40% de las emisiones globales de CO2, la lógica extractiva debe dar paso a ciclos cerrados.

140 viviendas organizadas en torno al vacío

En el corazón del distrito 22@ de Barcelona, sobre un solar que responde a la trama del Ensanche Cerdá, Marta Peris y José Manuel Toral han construido un edificio de ocho plantas que alberga 140 viviendas de tipologías mixtas: alojamientos temporales en planta baja, viviendas de alquiler social de dos dormitorios entre la primera y cuarta planta, y viviendas dotacionales de un dormitorio para personas mayores en las tres últimas.

La complejidad del programa, que cuenta con tres modelos habitacionales con gestión y accesos independientes, se resuelve mediante una estrategia espacial que consiste en esponjar el interior del volumen con una secuencia de cinco patios que, en las plantas superiores, se cubren con una gran cubierta de vidrio.

El resultado es un atrio bioclimático de escala doméstica que funciona como captador de calor en invierno y chimenea solar en verano, reduciendo la demanda energética de forma pasiva. Pero el atrio es mucho más que un dispositivo termodinámico. Esa verticalización programática permite cualificar los espacios intermedios, transformando la pasarela central de acceso en una “calle elevada” que atraviesa la secuencia de patios y rellanos.

Todo está medido para que ese vacío central atemperado funcione como verdadero habitáculo intermedio

Cada rellano concentra cuatro accesos formalizados mediante cajas de celosía de madera que tamizan vistas y aire, regulando la privacidad y fomentando la apropiación del espacio. En la octava planta, se encuentra el programa compartido de las viviendas: lavandería comunitaria, tendederos, solárium y huertos urbanos que logran activar un espacio colectivo que expande el modo de habitar más allá del perímetro de la vivienda individual.

La materialidad del proyecto subraya esta lógica de gradientes entre lo público y lo privado: estructura prefabricada de hormigón para la inercia térmica, revestimiento de madera para la absorción acústica, revoco en los patios para la higroscopicidad. Todo está medido para que ese vacío central atemperado funcione como verdadero habitáculo intermedio.

Bloques de tierra local para 38 viviendas en Palma

En la calle Josep Togores de Palma, también promovido por el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), el estudio Vivas Arquitectos ha optado por otro material autóctono: bloques de tierra comprimida producidos localmente en Mallorca. Las 38 viviendas distribuidas en dos edificios emplean muros portantes de bloques de tierra comprimida combinados con forjados de madera prefabricados y recrean, desde la contemporaneidad, el sistema constructivo tradicional donde la propia estructura define y alberga los espacios habitables.

Este material ofrece múltiples ventajas. Al no requerir cocción a altas temperaturas, su producción tiene un bajo consumo energético. Su naturaleza porosa permite la transpiración de los muros, mejorando la calidad del aire interior y evitando condensaciones. Su elevada inercia térmica absorbe y libera calor de manera gradual, manteniendo temperaturas interiores estables y reduciendo la necesidad de climatización artificial. Su producción local reduce las emisiones asociadas al transporte y apoya la economía de la isla.

Trabajar con tierra es una apuesta por la permanencia y el arraigo frente a la especulación y la renovación acelerada

El proyecto organiza las viviendas en torno a patios interiores con pasarelas exteriores cubiertas, una disposición que facilita la ventilación cruzada y genera espacios de encuentro vecinal. La galería multifuncional en fachada suroeste actúa como filtro térmico y visual: captador solar en invierno, protección y ventilación en verano.

El uso de tierra comprimida introduce una dimensión temporal diferente frente a la obsolescencia programada que caracteriza gran parte de la edificación contemporánea. Trabajar con tierra significa recuperar una lógica material de larga duración, donde los ciclos de vida de los edificios se miden en décadas o siglos, no en años. Es una apuesta por la permanencia y el arraigo frente a la especulación y la renovación acelerada.

Tres estrategias compartidas

Estos tres proyectos comparten líneas de trabajo comunes. La primera es la atención al material y su procedencia. H Arquitectes, Peris+Toral y Vivas Arquitectos trabajan con materiales locales o reciclados: escombros del derribo, madera de proximidad, tierra comprimida producida en la isla. Esta elección reduce la huella de carbono del transporte y recupera tradiciones constructivas adaptadas al clima mediterráneo.

La segunda estrategia común es entender la eficiencia energética como resultado de decisiones arquitectónicas básicas: orientación, ventilación cruzada, inercia térmica de los muros, espacios intermedios que amortiguan la temperatura. Los tres edificios prescinden de sistemas mecánicos complejos y apuestan por soluciones pasivas que reducen el consumo energético de las viviendas.

La tercera es la complejidad espacial. Los tres proyectos incorporan patios, pasarelas, galerías y espacios comunitarios que enriquecen la experiencia doméstica. Frente a la repetición de tipologías estandarizadas, estas viviendas exploran gradientes de privacidad, espacios de transición y áreas de encuentro vecinal.

Del proyecto singular a la política de vivienda

Estos proyectos no son casos aislados. Forman parte de una generación de arquitectura residencial en España que, desde hace una década, ha renovado los estándares de la vivienda protegida.

El problema es que la escala de estos proyectos ejemplares contrasta con la dimensión del problema habitacional. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros (según anunció el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en septiembre de 2025), representa el mayor esfuerzo inversor hasta la fecha, pero probablemente será necesario sostener esta inversión durante al menos dos décadas para aproximarse a los estándares europeos.

Esa dimensión política de la vivienda entendida como práctica material es precisamente lo que estos tres edificios reivindican.

A primera vista, la façana no delata res. L'edifici s'aixeca en un dels estrets carrers d'Alaró, un petit municipi de poc més de 6.000 habitants ubicat als peus de la Serra de Tramuntana, a Mallorca. En aquest immoble, que durant dècades va ser sala de cinema, hi ha 12 pisos, dos estudis i garatges subterranis. Els seus veïns entren i surten, alguns ho fan amb bosses de la compra. Una escena completament quotidiana de no ser perquè, durant gairebé vint anys, el futur d'aquest bloc ha penjat d'un fil per una qüestió tan aparentment menor com desproporcionada: la invasió de 40 centímetres de vorera. Els propietaris de les 14 vivendes que componen la finca, però, respiren a la fi tranquils: un recent acord ha permès salvar-la de l'amenaça de demolició instada pels tribunals.

“He plorat moltes vegades, aquesta és la meva llar”, comenta en Raúl Corrochano, un dels propietaris afectats per un litigi que durant gairebé dues dècades els ha mantingut en suspens. “La majoria dels que vam comprar no sabíem res de tota aquesta història”, explica. No ho van saber en signar ni tampoc ho van intuir en entrar a viure. En el seu cas, se'n va assabentar, gairebé per accident, uns dos anys després d'adquirir la seva vivenda el 2006, quan tenia 26 anys. Llegint el diari, es va topar amb una notícia que parlava dels problemes que pesaven sobre la finca i va entendre que hi havia alguna cosa seriosa darrere. “Em vaig sorprendre moltíssim. Vaig pensar: '¿Què ha passat?'. Sóc una persona a la qual li agrada fer les coses bé i si em gasto uns diners en una casa vull que estigui tot legal”. La seva reacció immediata va ser acudir a l'Ajuntament a preguntar: “Em van dir que estava tot arreglat, que entre els partits s'havia fet un pacte. I realment van intentar arreglar-ho de bona fe, però sense gaire coneixement d'urbanisme, i el cas va acabar enterbolint-se”.

Com ell, els altres veïns, entre ells diversos jubilats i famílies amb fills, van saber de l'assumpte quan ja hi vivien. “Si tu llegies les sentències d'aleshores era per plorar. Jo ho he passat molt malament. Tots els meus estalvis… aquesta és la meva llar. No és una casa per llogar ni res. Faig 20 anys que sóc aquí”, insisteix. Com la majoria dels veïns, no és un inversor ni buscava dur a terme un negoci immobiliari. Aquesta és la seva vida. En Raúl, habituat a bregar amb qüestions urbanístiques -treballa en un despatx d'arquitectura des de fa més de 25 anys- i acostumat a traduir el tècnic al quotidià, va acabar convertint-se en l'interlocutor i punt de suport dels veïns afectats.

'La majoria dels que vam comprar no sabíem res de tota aquesta història', explica Raúl Corrochano, un dels propietaris de la finca. No ho van saber en signar ni tampoc ho van intuir en entrar a viure

El laberint judicial

L'odissea va arrencar el 2006, quan un particular va denunciar que uns 40 centímetres de la façana envaïen sòl públic del carrer. Aquesta franja exterior -11,7 metres quadrats en total- va ser suficient per obrir un contenciós-administratiu que desencadenaria anys després en una ordre de demolició. L'Ajuntament va arribar a immobilitzar un aval de 3,5 milions d'euros per a futures indemnitzacions davant el risc que l'immoble hagués de ser parcialment enderrocat.

La normativa urbanística -les Normes Subsidiàries (NNSS) o el planejament municipal vigent en cada moment- estableix les alineacions que han de complir les construccions per garantir l'amplada dels carrers, el pas de vianants, la seguretat i la coherència del teixit urbà. No obstant això, l'edifici objecte de litigi es va projectar ocupant una petita franja que legalment formava part del carrer. Per poder aixecar l'obra, l'Ajuntament va aprovar el 2006 un acord dirigit a desafectar -treure del domini públic- aquests metres, annexant-los al solar de la promotora encarregada de les obres. Sobre el paper, mitjançant aquesta operació, l'immoble ja no envaïa el carrer: s'ampliava el perímetre de la parcel·la i la construcció quedava, per tant, dins del domini privat.

Els tribunals, però, van considerar il·legal aquesta maniobra: mitjançant una sentència dictada el 2010 -i confirmada el 2011-, van declarar nul l'acord municipal i, en cascada, també la llicència d'obra modificada. La Justícia va entendre que s'havia construït sobre sòl públic i que, en caure la cobertura legal que va intentar justificar-ho, la solució -si no hi havia una altra sortida- passava per restaurar la legalitat mitjançant la demolició parcial de l'edifici, malgrat admetre la “complexitat tècnica” d'aquesta alternativa: no es tractava només de retirar un tros de paret, sinó que l'obra afectaria l'estructura de l'edifici, la fonamentació del mur perimetral, onze pilars de l'immoble, els seus elements de formigó armat i els forjats de diverses plantes.

Donat que l'Ajuntament no va executar la sentència de forma voluntària, el demandant va tornar a la càrrega i el 2013 va reclamar l'execució forçosa de l'enderroc. Al març de 2014, un Jutjat de Palma va ordenar de nou al Consistori demolir el construït de forma irregular, una decisió contra la qual es van alçar la constructora de la finca i l'Ajuntament d'Alaró. El 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va desestimar els recursos i va instar a restaurar l'ordre urbanístic conculcat. Per a això, asseverava, calia “arribar fins a les últimes conseqüències”, és a dir, escometre l'enderroc parcial de l'edifici.

A la mateixa resolució, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, els magistrats incidien en la necessitat de fer efectiva la restitució del vial “sigui o no onerosa la seva execució”: “No és possible que en un Estat de dret es permeti obviar ni eludir situacions infractores manifestes de la legalitat urbanística, per molt que aquestes siguin grans o petites, fàcils de solucionar o tècnicament complexes i costoses, com pel que sembla ocorre en aquest cas [...]. Cal que l''il·legal' sigui reposat i retornat a la legalitat del planejament infringit”.

Malgrat admetre la "complexitat tècnica" d'escometre un enderroc parcial -l'obra afectaria l'estructura de l'edifici, la fonamentació del mur perimetral, onze pilars de l'immoble, els seus elements de formigó armat i els forjats de diverses plantes-, la Justícia va ser taxativa: "És precís que l'il·legal sigui reposat i retornat a la legalitat del planejament infringit"

El cas va entrar en un nou escenari el 2021, quan va arribar l'ordre d'execució. En aquesta ocasió, però, la resolució deixava una porta entreoberta: si el Consistori aconseguia encaixar l'edifici en la normativa mitjançant una modificació urbanística, es podria evitar la demolició. Es tracta d'una via excepcional que, durant la fase d'execució de sentències d'aquest tipus, la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa permet activar sempre que estigui ben motivada, respongui a l'interès general i sigui coherent amb el planejament urbanístic, mai per a esquivar una sentència. D'aquesta manera, si l'edifici passa a ser compatible amb la nova normativa, l'enderrocament deixa de tenir sentit jurídic i pot substituir-se per altres mesures, com el pagament d'indemnitzacions.

Malgrat això, la incertesa es va estendre en tota la comunitat. “Hi ha veïns que no podien dormir”, recorda Raúl. En aquells moments, la seva tasca va es va traduir, en moltes ocasions, en un exercici de contenció emocional col·lectiva. Havia que mantenir en peus els ànims dels veïns. “Intentava ajudar-los i explicar-los… Feia resums i els els manava”.

“Ni tan sols podia vendre el pis”

En Guillermo, el primer veí que va adquirir el seu pis a la finca, recorda, per la seva banda, l'impacte de tot el viscut. “Quan vaig comprar el pis, als pocs dies em van començar a venir cartes...”, recorda. El que va seguir va ser un bloqueig emocional. “Vaig agafar tal depressió que ho vaig posar en mans d'un advocat. No volia saber res més”, relata. Durant anys, la seva vida quotidiana es va contaminar d'incertesa i, per salut mental, va optar per desconnectar-se del conflicte. La seva decisió va ser taxativa: “Quan vaig anar a l'advocat perquè em portés l'assumpte, li vaig dir: 'No em contis res fins que no estigui tot a punt. No en vull saber res'.

La seva experiència condensa bé l'angoixa amb què els propietaris van descobrir que la seva casa estava atrapada en un plet. En Guillermo descriu una espiral de sentiments que no acaba de verbalitzar, però que s'endevinen en una frase: “En aquells moments penses moltes coses”. En el seu cas, la compra tenia un sentit molt concret: “Jo vivia al camp. Tenia el pis per quan fos gran”, explica. També va pensar en el futur de la seva filla: “Una filla estudiant a Madrid… vaig comprar això com a inversió. I després resulta que tot era al revés”. El problema, explica, no era només l'amenaça de l'enderroc: era el bloqueig total del valor de l'immoble. “Si hagués volgut vendre'l no podia. Perquè si explicaves el problema que hi havia al darrere, ¿qui te'l compraria? Ningú”.

Quan vaig comprar el pis, als pocs dies em van començar a venir cartes... Vaig agafar tal depressió que ho vaig posar en mans d'advocats. No volia saber res més. Ni tan sols podia vendre el pis, perquè si explicaves el problema que hi havia al darrere, ¿qui te'l compraria?”

Guillermo — Propietari

Finalment, el desenllaç va arribar a través d'una sortida negociada amb el demandant. Així ho resumeix el batle d'Alaró, Llorenç Perelló (PP), en declaracions a elDiario.es: “Vam veure que l'única solució era fer un acord transaccional per donar per executada la sentència”, subratlla. Per donar suport a aquesta estratègia, el Consistori va reclamar un informe extern a la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la intenció de comptar amb una opinió independent. “Un informe diferent que no hagués estat durant tot el procés”, precisa Perelló. L'acord assolit entre les parts recollia diversos punts: el pagament d'uns 100.000 euros per cobrir les despeses jurídiques del denunciant, la modificació del planejament per incorporar la nova alineació i l'aprovació d'un codi de bones pràctiques per evitar que es repetís un cas similar. “Això és el que s'hagués hagut de fer el 2007 i 2008 i no es va fer”, considera el primer edil.

L'espasa de Dàmocles

No debades, quan Perelló va arribar a la batlia el 2019, el cas ja estava en marxa des de feia anys. “Quan nosaltres vam entrar a l'equip de govern, ja teníem l'espasa de Dàmocles a sobre”, il·lustra, recordant que el primer que va fer com a màxim responsable municipal va ser signar un aval de 3,5 milions d'euros que garantiria que, si l'Ajuntament havia de respondre econòmicament, hi hauria diners disponibles per a les compensacions. “Sempre vaig dir que si governàvem el primer que faríem seria actuar per les famílies que de bona fe havien adquirit aquests pisos”. La idea, diu, era evitar que el Consistori s'enroqués en una batalla judicial eterna que, assenyala, només agreujaria el problema.

Sempre vaig dir que si governàvem el primer que faríem seria actuar per les famílies que de bona fe havien adquirit aquests pisos

Llorenç Perelló — Batle d'Alaró

“Qui va tenir la culpa va ser l'Ajuntament. No va actuar bé”, continua Perelló, qui no responsabilitza cap grup polític en concret. “En tot aquest periple, pel consistori han passat PP, PSOE, Més i Unió Mallorquina, tots els partits que hi havia en aquell moment”. El resultat va ser una anomalia prolongada en el temps: un edifici construït i habitat, però amb una situació legal discutida i sense un final d'obra plenament consolidat. Una escletxa perfecta perquè el conflicte acabés als tribunals.

El batle subratlla que la corporació municipal ha treballat perquè l'immoble deixés d'estar als llimbs de la il·legalitat i passés a una situació assumible. Per a això, el 2023 es va dur a terme una modificació urbanística que va permetre que l'edifici ja no constés com a il·legal, sinó fora d'ordenació. La llei distingeix, de fet, entre diverses situacions: que l'edificació sigui il·legal o il·legalitzable -quan no compleix el planejament i no pot adaptar-se, per la qual cosa l'enderroc sol ser la conseqüència final-, que es tracti d'una edificació legalitzable -quan, amb ajustos o amb un canvi normatiu compatible, pot encaixar en el planejament- i que es trobi fora d'ordenació -quan existeix i es tolera, però no s'ajusta completament al planejament actual o a la llicència, la qual cosa limita reformes o ampliacions futures-. En realitat és un matís clau: l'edificació no desapareix, però es reconeix que la seva situació no és completament regular i s'evita l'escenari més extrem.

Perelló xifra la “broma” de l'impacte total en uns 150.000 euros públics, dels quals uns 35.000 es destinaran als propietaris pels danys morals patits durant tots aquests anys. “L'altra opció que quedava era tallar l'edifici amb un cost de més de nou milions d'euros, el pressupost d'un any i mig de l'Ajuntament. Això sí que era una sagnia”, conclou.

Durant anys, els propietaris han conviscut amb la incertesa d'una demolició que semblava inversemblant per la seva dimensió, però factible pel seu recorregut judicial. Ara, amb totes les llicències restituïdes i en regla, l'immoble ha quedat fora de perill. “Ens hem tret un pes de sobre”, resumeix en Guillermo, que agraeix a en Raúl la seva ajuda en tot el procés: “Li vam donar tota la confiança perquè ho portés ell. Ha estat l'interlocutor amb el batle, amb l'Ajuntament, amb tot”. En Raúl, que durant tot aquest temps ha traduït interlocutòries judicials i plànols a paraules que poguessin entendre's en una escala de veïns, mira la façana i respira per fi: “Estic molt content”, sentencia.

A primera vista, la fachada no delata nada. El edificio se levanta en una de las estrechas calles de Alaró, un pequeño municipio de poco más de 6.000 habitantes ubicado a los pies de la Serra de Tramuntana, en Mallorca. En este inmueble, que durante décadas fue sala de cine, hay en la actualidad 12 pisos, dos estudios y varios garajes subterráneos. Sus vecinos entran y salen, algunos lo hacen con bolsas de la compra. Una escena completamente cotidiana de no ser porque, durante casi veinte años, el futuro de este bloque ha pendido de un hilo por una cuestión tan aparentemente menor como desproporcionada: la invasión de 40 centímetros en la alineación de la calle. Los propietarios de las 14 viviendas que componen la finca, sin embargo, respiran por fin tranquilos: un reciente acuerdo ha permitido salvarla de la amenaza de demolición instada por los tribunales.

“He llorado muchas veces, este es mi hogar”, comenta Raúl Corrochano, uno de los propietarios afectados por un litigio que durante casi dos décadas los ha mantenido en vilo. “La mayoría de los que compramos no sabíamos nada de toda esta historia”, explica. No lo supieron al firmar ni tampoco lo intuyeron al entrar a vivir. En su caso, se enteró, casi por accidente, unos dos años después de adquirir su vivienda en 2006, cuando tenía 26 años. Leyendo el periódico, se topó con una noticia que hablaba de los problemas que pesaban sobre la finca y entendió que había algo serio detrás. “Me sorprendí muchísimo. Pensé: '¿Qué ha pasado?'. Soy una persona a la que le gusta hacer cosas bien y si me gasto un dinero en una casa quiero que esté todo legal”. Su reacción inmediata fue acudir al Ayuntamiento a preguntar: “Me dijeron que estaba todo arreglado, que entre los partidos se había hecho un pacto. Y realmente intentaron arreglarlo de buena fe, pero sin mucho conocimiento de urbanismo, y el caso acabó enturbiándose”.

Como él, los demás vecinos, entre ellos varios jubilados y familias con hijos, supieron del asunto cuando ya vivían allí. “Si tú leías las sentencias de entonces era para llorar. Yo lo he pasado muy mal. Todos mis ahorros… esto es mi hogar. No es una casa para alquilar ni nada. Llevo 20 años aquí”, insiste. Como la mayoría de los propietarios, no es un inversor ni buscaba llevar a cabo un negocio inmobiliario. Esta es su vida. Raúl, habituado a lidiar con cuestiones urbanísticas –trabaja en un despacho de arquitectura desde hace más de 25 años– y a traducir lo técnico a lo cotidiano, acabó convirtiéndose en el interlocutor y punto de apoyo de los vecinos afectados.

'La mayoría de los que compramos no sabíamos nada de toda esta historia', explica Raúl Corrochano, uno de los propietarios de la finca. No lo supieron al firmar ni tampoco lo intuyeron al entrar a vivir

El laberinto judicial

La odisea arrancó en 2006, cuando un particular denunció que unos 40 centímetros de la fachada invadían suelo público de la calle. Esa franja exterior –11,7 metros cuadrados en total– fue suficiente para abrir un contencioso–administrativo que desencadenaría años después en una orden de demolición. El Ayuntamiento llegó a inmovilizar un aval de 3,5 millones de euros para futuras indemnizaciones ante el riesgo de que el inmueble tuviese que ser parcialmente derribado.

La normativa urbanística –las Normas Subsidiarias (NNSS) o el planeamiento municipal vigente en cada momento– establece las alineaciones que deben cumplir las construcciones para garantizar el ancho de las calles, el paso peatonal, la seguridad y la coherencia del tejido urbano. Sin embargo, el edificio objeto de litigio se proyectó ocupando una pequeña franja que legalmente formaba parte de la calle. Para poder levantar la obra, el Ayuntamiento aprobó en 2006 un acuerdo dirigido a desafectar –sacar del dominio público– esos metros, anexándolos al solar de la promotora encargada de las obras. Sobre el papel, mediante esta operación, el inmueble ya no invadía la calle: se ampliaba el perímetro de la parcela y la construcción quedaba, por tanto, dentro del dominio privado.

Los tribunales, sin embargo, consideraron ilegal esa maniobra: mediante una sentencia dictada en 2010 –y confirmada en 2011–, declararon nulo el acuerdo municipal y, en cascada, también la licencia de obra modificada. La Justicia entendió que se había construido sobre suelo público y que, al caer la cobertura legal que intentó justificarlo, la solución –si no había otra salida– pasaba por restaurar la legalidad mediante la demolición parcial del edificio, pese a admitir la “complejidad técnica” de esta alternativa: no se trataba solo de retirar un trozo de pared, sino que la obra afectaría a la estructura del edificio, a la cimentación del muro perimetral, a once pilares del inmueble, a sus elementos de hormigón armado y a los forjados de varias plantas.

Dado que el Ayuntamiento no ejecutó el fallo de forma voluntaria, el demandante volvió a la carga y en 2013 reclamó la ejecución forzosa del derribo. En marzo de 2014, un Juzgado de Palma ordenó al Consistorio demoler lo construido de forma irregular, una decisión contra la que se alzaron la constructora de la finca y el Ayuntamiento de Alaró. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) desestimó los recursos e instó a restaurar el orden urbanístico conculcado, para lo cual, aseveraba, había que “llegar hasta las últimas consecuencias”, es decir, acometer el derribo parcial del inmueble.

En su resolución, a la que ha tenido acceso este medio, los magistrados incidían en la necesidad de hacer efectiva la restitución del vial “sea o no gravosa su ejecución”: “No es posible que en un Estado de derecho se permita obviar ni eludir situaciones infractoras manifiestas de la legalidad urbanística, por mucho que estas sean grandes o pequeñas, fáciles de solucionar o técnicamente complejas y costosas, como al parecer ocurre en este caso [...]. Es preciso que lo 'ilegal' sea repuesto y devuelto a la legalidad del planeamiento infringido”.

Pese a admitir la "complejidad técnica" de acometer un derribo parcial -la obra afectaría a la estructura del edificio, a la cimentación del muro perimetral, a once pilares del inmueble, a sus elementos de hormigón armado y a los forjados de varias plantas-, la Justicia fue tajante: "Es preciso que lo ilegal sea repuesto y devuelto a la legalidad del planeamiento infringido"

El caso entró en un nuevo escenario en 2021, cuando llegó la orden de ejecución. En esta ocasión, sin embargo, la resolución dejaba una puerta entreabierta: si el Consistorio conseguía encajar el edificio en la normativa mediante una modificación urbanística, podría evitarse la demolición. Se trata de una vía excepcional que, durante la fase de ejecución de sentencias de este tipo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa permite activar siempre que esté bien motivada, responda al interés general y sea coherente con el planeamiento urbanístico, nunca para esquivar una sentencia. De este modo, si el edificio pasa a ser compatible con la nueva normativa, el derribo deja de tener sentido jurídico y puede sustituirse por otras medidas, como el pago de indemnizaciones.

Con todo, la incertidumbre se extendió por toda la comunidad. “Hay vecinos que no podían dormir”, recuerda Raúl. En esos momentos, su labor se tradujo, en muchas ocasiones, en un ejercicio de contención emocional colectiva. Había que mantener a flote los ánimos de los vecinos. “Intentaba ayudarlos y explicarles… Hacía resúmenes y se los mandaba”.

“Ni siquiera podía vender el piso”

Guillermo, el primer vecino que adquirió su vivienda en la finca, recuerda, por su parte, el impacto de todo lo vivido. “Cuando compré el piso, a los pocos días me empezaron a llegar cartas...”, recuerda. Lo que siguió fue un bloqueo emocional. “Cogí tal depresión que lo puse en manos de un abogado. No quería saber nada más”, relata. Durante años, su vida cotidiana se contaminó de zozobra y, por salud mental, optó por desconectarse del conflicto. Su decisión fue tajante: “Cuando fui al abogado para que me llevara el asunto, le dije: 'No me cuentes nada hasta que no esté todo listo. No quiero saber nada'”.

Su experiencia condensa bien la angustia con la que los propietarios descubrieron que su casa estaba atrapada en un pleito. Guillermo describe una espiral de sentimientos que no termina de verbalizar, pero que se adivinan en una frase: “En esos momentos piensas muchas cosas”. En su caso, la compra tenía un sentido muy concreto: “Yo vivía en el campo. Tenía el piso para cuando fuera mayor”, cuenta. También pensó en el futuro de su hija: “Una hija estudiando en Madrid… compré esto como inversión. Y luego resulta que todo era al revés”. El problema, explica, no era solo la amenaza del derribo: era el bloqueo total del valor del inmueble. “Si hubiera querido venderlo no podía. Porque si explicabas el problema que había detrás, ¿quién te lo iba a comprar? Nadie”.

Cuando compré el piso, a los pocos días me empezaron a venir cartas... Cogí tal depresión que lo puse en manos de abogados. No quería saber nada más. Ni siquiera podía vender el piso, porque si explicabas el problema que había detrás, ¿quién te lo iba a comprar?"

Guillermo — Propietario

Finalmente, el desenlace llegó a través de una salida negociada con el demandante. Así lo resume el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP), en declaraciones a elDiario.es: “Vimos que la única solución era hacer un acuerdo transaccional para dar por ejecutada la sentencia”. Para respaldar esa estrategia, el Consistorio reclamó un informe externo a la Universitat de les Illes Balears (UIB) con la intención de contar con una opinión independiente. “Un informe diferente que no hubiese estado durante todo el proceso”, precisa el primer edil. A partir de ese documento pudo lograrse un entendimiento entre las partes que recogía varios puntos: el pago de unos 100.000 euros para cubrir los gastos jurídicos del demandante, la modificación del planeamiento para incorporar la alineación y la aprobación de un código de buenas prácticas para evitar que se repitiera un caso similar. “Eso es lo que tendría que haberse hecho en 2007 y 2008 y no se hizo”, considera el alcalde.

La espada de Damocles

No en vano, cuando Perelló llegó a la alcaldía en 2019, el caso ya estaba en marcha desde hacía años. “Cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, ya teníamos la espada de Damocles encima”, ilustra, recordando que lo primero que hizo como máximo responsable municipal fue firmar un aval de 3,5 millones de euros que garantizaría que, si el Ayuntamiento debía responder económicamente, habría dinero disponible para las compensaciones. “Siempre dije que si gobernábamos lo primero que haríamos sería actuar por las familias que de buena fe habían adquirido esos pisos”. La idea, dice, era evitar que el Consistorio se enrocara en una batalla judicial eterna que, intuye, solo agravaría el problema.

Siempre dije que si gobernábamos lo primero que haríamos sería actuar por las familias que de buena fe habían adquirido esos pisos

Llorenç Perelló — Alcalde de Alaró

“Quien tuvo la culpa fue el Ayuntamiento. No actuó bien”, continúa Perelló, quien no responsabiliza a ningún grupo político en concreto. “En todo este periplo, por el consistorio han pasado PP, PSOE, Més y Unió Mallorquina, todos los partidos que había en ese momento”. El resultado fue una anomalía prolongada en el tiempo: un edificio construido y habitado, pero con una situación legal discutida y sin un final de obra plenamente consolidado. Una grieta perfecta para que el conflicto acabara en los tribunales.

El alcalde subraya que la corporación municipal ha trabajado para que el inmueble dejase de estar en el limbo de la ilegalidad y pasara a una situación asumible. Para ello, en 2023 se llevó a cabo una modificación urbanística que permitió que el edificio ya no constase como ilegal, sino fuera de ordenación. La ley distingue, de hecho, entre varias situaciones: que la edificación sea ilegal o ilegalizable –cuando no cumple el planeamiento y no puede adaptarse, por lo que el derribo suele ser la consecuencia final–, que se trate de una edificación legalizable –cuando, con ajustes o con un cambio normativo compatible, puede encajar en el planeamiento– y que se encuentre fuera de ordenación –cuando existe y se tolera, pero no se ajusta completamente al planeamiento actual o a la licencia, lo que limita reformas o ampliaciones futuras–. En realidad es un matiz clave: la edificación no desaparece, pero se reconoce que su situación no es completamente regular y se evita el escenario más extremo.

Perelló cifra la “broma” del impacto total en unos 150.000 euros públicos, de los cuales unos 35.000 se destinarán a los propietarios por los daños morales sufridos durante todos estos años. “Ha sido un engorro, pero la otra opción que quedaba era cortar el edificio con un coste de más de nueve millones de euros, el presupuesto de un año y medio del Ayuntamiento. Eso sí que era una sangría”, concluye.

Durante años, los propietarios han convivido con la incertidumbre de una demolición que parecía inverosímil por su dimensión, pero factible por su recorrido judicial. Ahora, con todas las licencias restituidas y en regla, el inmueble ha quedado fuera de peligro. “Nos hemos quitado un peso de encima”, resume Guillermo, quien agradece a Raúl su ayuda en todo el proceso: “Le dimos toda la confianza para que lo llevara él. Ha sido el interlocutor con el alcalde, con el Ayuntamiento, con todos”. Raúl, quien durante todo este tiempo ha traducido autos judiciales y planos a términos que pudieran entenderse en una escalera de vecinos, mira la fachada y respira por fin: “Estoy muy contento”, sentencia.

La gestora de inversión Argis ha anunciado este viernes 2 de enero un acuerdo para la adquisición del complejo Torre Sevilla con su actual propietario, CaixaBank y prevé cerrar la operación en el primer trimestre de 2026 una vez completados los trámites necesarios para separar jurídicamente del conjunto la propiedad del edificio CaixaForum, que seguirá siendo propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria La Caixa.

Según informa la propia compañía en un comunicado, con esta operación Argis incorporará a su cartera inmobiliaria un activo “emblemático y ya estabilizado”, reforzando la estrategia de la gestora en activos singulares en el mercado nacional y consolidando su presencia en Andalucía, donde ya opera un activo flex en Málaga.

El acuerdo anunciado por Argis con CaixaBank cierra la puerta al interés expresado por la Fundación Cajasol por adquirir este complejo, que cuenta con un rascacielos de 39 plantas que alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un parking subterráneo.

Diseñada por el arquitecto argentino César Pelli e inaugurada en 2018, Torre Sevilla es el rascacielos más alto de la capital hispalense. Ubicado junto al Sevilla Tech Park, en los terrenos del antiguo recinto de la Expo92, Torre Sevilla cuenta con 100.000 metros cuadrados construidos distribuidos en 39 plantas con una ocupación que supera el 95% de su superficie disponible y con diferentes usos mixtos terciarios.

Las primeras 18 plantas de Torre Sevilla albergan un área de oficinas de 31.090 metros cuadrados, ocupada por una base de inquilinos corporativos de primer nivel entre los que figuran Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloite, NTT Data, EY, Hays o Sandfire (Matsa). En las plantas superiores, el activo integra el hotel Eurostars Torre Sevilla (cinco estrellas), con un total de 25.446 metros cuadrados: un establecimiento de alta gama y diseño contemporáneo, operado por la cadena Hotusa, que dispone de 244 habitaciones exteriores.

El conjunto se completa con un centro comercial de 26.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y 42.300 metros cuadrados construidos, un aparcamiento subterráneo distribuido en tres plantas con 2.900 plazas para turismos y 200 para motos, y un área verde de 40.000 metros cuadrados diseñada por Vázquez Consuegra.

Activos por valor de 1.300 millones de euros

Argis subraya que con esta adquisición “avanza en su hoja de ruta de crecimiento en la estrategia de activos singulares, cuya cartera bajo gestión aumenta desde los 20.000 hasta los 120.000 metros cuadrados, reforzando su capacidad para construir una plataforma diversificada de activos consolidados y con ingresos estables en ubicaciones de alta calidad”.

El fundador de Argis, Alejandro Schuvaks, ha señalado que “el acuerdo de adquisición de Torre Sevilla es un hito para Argis y se alinea plenamente con nuestra estrategia de seleccionar activos con sólidos fundamentales, ya estabilizados y ubicados en áreas urbanas con una clara proyección futura”. Igualmente ha subrayado que “refuerza de forma significativa nuestra plataforma de oficinas y marca un paso relevante en la diversificación de nuestro porfolio con la entrada en el segmento de centros comerciales.”

Con un volumen de activos gestionados por valor de más de 1.300 millones de euros, Argis se ha convertido en uno de las principales gestoras del inmobiliario español, manteniendo una disciplina de inversión enfocada en la selección de localizaciones prime, la calidad del flujo de caja y la creación de valor sostenida a lo largo del ciclo de vida del acLvo.

En el número 27 de la actual Calle Real de Valdepeñas, situado en pleno centro del casco histórico de la ciudad, se levanta uno de los pocos ejemplos que han sobrevivido en la localidad ciudadrealeña para mostrarnos cómo eran las construcciones que allí se ubicaban entre los siglos XVI y XVII.

Se trata de la Casa de los Vasco, una casa solariega levantada por una familia perteneciente a la élite valdepeñera que, tras pasar por diversos usos a lo largo de su historia, hoy en día languidece en espera de una rehabilitación que está un poco más cerca tras la declaración el pasado mes de septiembre como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento.

Arquitectónicamente, la Casa de los Vasco presenta características de finales del Renacimiento y comienzos Barroco. Destaca su fachada, compuesta por restos de aparejo toledano con piedra, con una entrada arquitrabada hecha en piedra valdepeñera y una rejería bien conservada. “De lo más rico de Valdepeñas y de lo más rico que he visto yo por estas zonas”, detalla Julián Vélez, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Su interior se distribuye en dos plantas que se erigen en torno a un patio porticado central, al estilo de otras casas-palacio del siglo XVI. También posee una cueva-bodega en dos niveles para la producción de vino y una bodega de tinajas, de las cuales se conservan dos.

Una de las cuestiones que más le gusta a Vélez de esta casona es que “puede dar muchas sorpresas”. Y es que los arqueólogos todavía no han podido acceder a muchas zonas del edificio por el estado en que se encuentra. La primera planta es un ejemplo de ello, ya que solo han hecho algunas tareas de limpieza, “pero no hemos hecho tareas propias de excavación arqueológica”, lamenta el arqueólogo.

Pero no es un edificio que haya permanecido estático a lo largo de su historia, sino que ha ido incorporando elementos de las diferentes épocas hasta llegar a finales del siglo XX, cuando se abandona.

“Valdepeñas sufrió, como muchas otras ciudades, la destrucción de muchos edificios en los años 60, los años 70, los años 80… la Casa de los Vasco se ha ido salvando junto a otros, como la Fundación Gregorio Pietro o el propio Museo Municipal, que son de similares características y que tienen su origen en el comienzo o a mediados del siglo XVI”, explica Vélez.

La familia Vasco, una de las élites de Valdepeñas

“Es un elemento único de la arquitectura urbana, pero en realidad es una estructura rural, de campo, por su forma, por su estilo y por su utilización específica dentro del mundo de la agricultura. Y es una construcción típica de las élites sociales en el siglo XVI y siglo XVII que estaban aquí en Valdepeñas”.

La historia de la Casa de los Vasco está ligada, efectivamente, a la familia Vasco. Esta familia pertenecía a las élites sociales de Valdepeñas y, entre el patrimonio que poseían en la localidad, se incluían, aparte de varias viviendas, amplios terrenos agrícolas que dedicaban principalmente a la agricultura, en concreto, a las viñas. De hecho, la propia Casa de los Vasco da buena cuenta de la pasión vinícola de la familia, ya que cuenta con una cueva con dos niveles de altura .

Varios miembros de la familia también fueron relevantes desde el punto de vista histórico y cultural para Valdepeñas. “Hay escritos de Silvio Vasco de Fernando Vasco dentro de lo que cabe son estudios importantes porque son los primeros indicios de ese estudio de la historia local de Valdepeñas”. “Incluso alguno de ellos llegó a ser alcalde de Valdepeñas”.

Diferentes usos históricos

A lo largo de su historia, la Casa de los Vasco ha sido destinada a varios usos hasta su abandono actual.

En sus inicios en el siglo XVI se emplea primero como vivienda familiar y luego evoluciona como vivienda familiar dedicada a la agricultura.

El siglo XX se inicia con la casa todavía utilizándose como vivienda familiar, pero, se convirtió en en la sede de Acción Católica a mediados de siglo, destinándose a un nuevo uso, esta vez, como internado. Un uso del que hay registros fotográficos, ya que los arqueólogos han encontrado restos de fotografías de los alumnos. En los años 90 volvió a ser una vivienda familiar y ya en el siglo XXI fue abandonada.

Un futuro todavía por definir

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha realizado algunas actuaciones para evitar que el paso de los años siga haciendo mella en el edificio, como tareas de limpieza o de apuntalar algunos muros que presentaban cierto peligro de caída.

Pero para que la Casa de los Vasco recupere su antiguo esplendor, es necesario una restauración en profundidad. “La necesita, evidentemente”, reconoce Vélez. Una posibilidad que se acerca con la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento. Y es que esta declaración es condición necesaria para recibir poder optar a subvenciones europeas con las que llevar a cabo esa gran rehabilitación.

¿Qué hacer con el edificio una vez se ejecute esa restauración? En Valdepeñas se plantean dos posibilidades, que además son compatibles entre sí, según nos cuenta el arqueólogo. En primer lugar, el consistorio tiene ya redactado un proyecto para convertir las dos plantas de la Casa en el nuevo Museo Arqueológico de la ciudad. El actual, reconoce Vélez, “se queda pequeño”, ya que se sitúa en el Museo Municipal, compartiendo espacio con las muestras de arte.

“También cabe la posibilidad”, aventura Vélez, de “dedicarlo a otras cuestiones”, como al estudio de las cuevas y bodegas de Valdepeñas ya que el propio edificio “cuenta con una magnífica cueva en dos niveles”.

Sin embargo, estas ideas “pueden variar” en cuanto se consigan las subvenciones y se vaya definiendo el futuro de la Casa de los Vascos. “Está todo en el aire”, resume Vélez.

La Academia de Infantería de Toledo, ubicada en un entorno privilegiado junto al río Tajo, no es solo un edificio emblemático, sino también una institución que lleva ligada a la ciudad más de un siglo.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado una exposición que conmemora el 175 aniversario de la institución militar y que recoge imágenes y documentos a lo largo de su historia. Puede visitarse hasta el 19 de diciembre en el patio cubierto de la Facultad de Humanidades, ubicada en el Casco Histórico de la capital toledana.

El comisario de la exposición, el profesor e historiador José Manuel López Torán, señala que la exhibición nace de la trayectoria de colaboración que existe entre la UCLM y la Academia de Infantería, en un “ejercicio que recupere desde una retrospectiva la evolución que ha tenido la ciudad de Toledo”. A partir de ella, quieren mostrar “la vinculación social que la institución tiene con la ciudad de Toledo, en una clara alusión que tenía la presencia de la Academia en la vida de los toledanos. Por ejemplo, cuando los estudiantes tenían que ir a las sastrerías a comprar sus trajes, o vinculándose también con otros negocios de la ciudad”.

La llegada de la Academia de Infantería es muy anterior a la construcción del edificio actual, pues se remonta al año 1850. López Torán explica que “cuando se establece por primera vez en la ciudad pone a Toledo en el mapa dentro de lo que es la red de enseñanzas de nuestro ejército”. La Academia se traslada de Toledo a Madrid a finales del siglo XIX hasta que en 1875 vuelve a instalarse, esta vez en el alcázar.

Paneles que muestran documentos de hace más de 100 años

Se trata de una exposición compuesta por veinte paneles, que articula su discurso en torno a una comparativa cronológica. El documento más antiguo data de finales del último tercio del siglo XIX y las imágenes más recientes corresponden al año 2025.

El recorrido también reserva un espacio a las personas que integran la institución. “Queríamos dedicar un espacio al alumnado, a quienes nutren la vida de la Academia tanto dentro como fuera de sus instalaciones”, añade el comisario. La propuesta favorece una mirada en perspectiva. “Buscábamos generar ese vínculo o esa mirada en el tiempo retomando el título de la exposición”, señala López Torán.

La Academia de Infantería, al igual que otros emplazamientos, tiene sus luces y sus sombras. El edificio en el que se emplaza actualmente fue construido con mano de obra forzada por presos del franquismo durante las décadas de 1940 y 1960. López Torán explica que “por cuestión metodológica” es un hecho que no ha abordado en la exposición, ya que “no me centro solo en el edificio actual, sino en lo que representa la institución”.

Según explica, uno de los ejes de la exposición es la propia actividad interna de la Academia: “Abordamos cuestiones que quizá para los que no estamos dentro de la institución, pues nos resulta desconocido, relacionado con cuestiones propias de la formación que reciben los alumnos, dando visibilidad a lo que ocurre dentro de la propia institución”.

En segundo lugar, a modo de “reconocimiento” se trata la presencia que tiene la Academia fuera de la propia institución y de su espacio físico. “Tenemos dos paneles destinados al Corpus, uno de los momentos del año donde la academia se hace más visible, también dedicados a la música y a los conciertos benéficos que da la unidad de música de la Academia, o con la celebración de la patrona que ha tenido lugar el 8 de diciembre, culminando con el acto castrense”.

Además de la ciudad de Toledo, en los paneles también hay espacio para la provincia, “como es el caso de Guadamur, con fotografías comparativas entre principios del siglo veinte y esta década, donde la Academia está presente en el castillo de esa localidad”.

Aunque la exposición en la sede universitaria se cierra el 19 de diciembre, se trasladará a la propia Academia de Infantería, donde podrá visitarse durante el mes de enero.

Aragón será el punto de partida de un ambicioso proyecto internacional que busca revolucionar la conservación del patrimonio cultural expuesto y afectado por el biodeterioro. La investigación arrancará el próximo mes de enero y se llevará a cabo por investigadores del CSIC en el INMA, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón compuesto por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza.

Este proyecto, liderado por la Dra. Águeda Sáenz Martínez y supervisado en España por el Dr. Scott Mitchell, cuenta con la supervisión también del Dr. Javier Reyes Trujeque de la Universidad Autónoma de Campeche, en San Francisco de Campeche.

Para ella, no es solo que el biodeterioro pase desapercibido, sino que además se interpreta como algo positivo y como una prueba de antigüedad que le da importancia y legitimidad. “No nos damos cuenta de que esas capas pueden estar dañando el material que cubren, de tal forma que ese edificio o la decoración superficial que tiene puede no existir en unos años”, comparte en una entrevista a elDiario.es.

¿Qué significa liderar una iniciativa que pretende transformar la conservación del patrimonio a escala global?

Como investigadora, liderar un proyecto que potencialmente pueda implicar una mejora en el ámbito de la conservación es un sueño, un logro, pero también un gran compromiso y responsabilidad, con el patrimonio y la sociedad porque cualquier avance en investigación lo es. 

Los biocidas tradicionales han sido durante años la herramienta principal contra el biodeterioro. ¿En qué momento decidieron que era necesario buscar una alternativa más sostenible?

Bueno, el problema con los biocidas tradicionales viene ya de lejos, y la búsqueda de alternativas más sostenibles es algo de interés global. También está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles y vida de ecosistemas terrestres. En mi grupo de investigación previamente se estaba desarrollando una línea centrada en el saneamiento de agua y fue a raíz de los resultados obtenidos de esa investigación cuando surgieron nuevas áreas de aplicación, entre ellas la mitigación del biodeterioro en patrimonio cultural. 

Más en concreto, esta investigación está basada en enzimas inmovilizadas, nanopartículas y geles poliméricos. ¿Cómo explicaría de forma sencilla qué hace tan importante este enfoque?

Aunque las enzimas presentan por sí mismas actividad antimicrobiana, esta es muy baja o ineficiente. Por eso, la encapsulación o inmovilización, tanto en nanopartículas como en geles poliméricos, lo que hacen es darles como un andamio, una estructura que les aporta estabilidad y aumenta el tiempo de contacto entre las enzimas y las superficies a tratar.

Vais a probar estas formulaciones en plena Reserva de la Biosfera de Calakmul, donde la humedad y las temperaturas extremas aceleran el deterioro. ¿Qué aporta trabajar en un entorno tan exigente y qué retos implica?

El yacimiento arqueológico de Oxpemul, que está en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, es un caso único porque no está abierto al público. Nos vamos a encontrar con un biodeterioro que no está contaminado por las personas, y esto nos ayuda al eliminar una variable que puede dificultar obtener resultados fiables. Además de su valor histórico y artístico dentro del estudio de las culturas prehispánicas, por su localización está especialmente expuesto al biodeterioro, así que resulta muy interesante.

En cuanto a los retos, lo primero es la localización y el acceso al yacimiento porque, al no ser visitable, es bastante complicado. Luego, las condiciones ambientales, que pueden afectar a la estabilidad de los materiales desarrollados y que tendremos que poner a prueba. Y también nos enfrentamos a una biocolonización muy compleja y difícil de eliminar. Esto sin olvidar el resto de fauna y flora de la zona con las que nos podemos encontrar en nuestras excursiones.

Aunque se validará en México, el impacto también llegará a Aragón. ¿Qué ejemplos de patrimonio aragonés podrían beneficiarse de estas herramientas más sostenibles?

En general, cualquier superficie pétrea que presente características similares a las de los materiales intervenidos en México podrá beneficiarse de los resultados del proyecto CoNFine (Conservation of built heritage: Natural Formulations agaiNst bio-dEterioration). No obstante, estas soluciones se pueden adaptar a materiales que, aunque no sean exactamente iguales, sean parecidos.

Dentro de Aragón se me ocurre, por ejemplo, el Castillo de Loarre, el Puente de Piedra de Zaragoza, la Cartuja de las Fuentes, el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña o el de Sijena. En realidad, depende más del material que queramos intervenir.

El biodeterioro suele pasar desapercibido para la sociedad. ¿Existe suficiente conciencia sobre el riesgo que suponen los microorganismos para nuestro patrimonio histórico?

No es solo que el biodeterioro pase desapercibido, sino que además lo interpretamos como algo positivo, como una prueba de antigüedad que le da importancia y legitimidad. No nos damos cuenta de que esas capas pueden estar dañando el material que cubren, de tal forma que ese edificio, o la decoración superficial que tiene, puede no existir en unos años.

Por eso es importante involucrar a la ciudadanía para cambiar la mirada y, así, las intervenciones que se realizan. Si entendemos que el biodeterioro es dañino, dejará socialmente de valorarse como algo positivo y se buscará que los bienes afectados sean intervenidos.

¿Qué aporta colaborar entre realidades climáticas y patrimoniales distintas, pero con puntos en común?

Justamente en la diferencia entre estas dos realidades, entre España y México, radica el interés de la colaboración. En los proyectos Marie Curie se busca el enriquecimiento de cada grupo gracias a la colaboración en líneas de investigación novedosas.

En CoNFine unimos la química y la microbiología para la conservación del patrimonio cultural, concretamente en materiales pétreos. Y aunque hablemos de edificios, esculturas o fuentes, si la composición de los materiales es semejante, las soluciones se podrán adaptar, ampliando las opciones de aplicación.

El INMA ha obtenido la acreditación Severo Ochoa. ¿Cómo influye este reconocimiento en la capacidad de Aragón para liderar proyectos como este?

El INMA ha sido el primero de la comunidad autónoma de Aragón en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Esto nos permite llegar a convocatorias en las que de otra manera no podríamos participar, ya que supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028. 

Conseguir una financiación Marie Curie refuerza esta excelencia, porque supone el reconocimiento científico de la calidad y de la novedad del proyecto, y por ende del Instituto que lo lidera. También implica alta visibilidad, responsabilidad y compromiso. La financiación tanto de la acreditación Severo Ochoa como de la obtenida en el proyecto Marie Curie nos permite dar estabilidad y continuidad a las líneas de investigación. Y en conservación del patrimonio cultural esto es muy importante porque es un ámbito muy infrafinanciado.

¿De qué manera puede involucrarse la ciudadanía en la protección del patrimonio?

Tomando conciencia de la importancia del patrimonio cultural, que la ciudadanía lo haga propio, que interprete sus raíces, que valore las expresiones materiales e inmateriales que conforman nuestra identidad. Una vez que algo se entiende como propio, la ciudadanía lo reclama y busca su protección, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de El Cabanyal a partir de los años 2000. Además, ahora es relativamente fácil vincularse o tener información sobre las investigaciones porque se invierten muchos esfuerzos en actividades de divulgación científica, que acercan estos ámbitos al público en general.

¿Está la Administración aragonesa implicada en apoyar estas líneas de investigación y conservación?

En general, el patrimonio es el gran olvidado de las políticas públicas. Y cuando alguien se acuerda de él, es solo para explotarlo, sin tener en cuenta su conservación en el tiempo. Yo considero que deberían hacer más esfuerzos y que el cambio será bilateral. Desde arriba, con la toma de conciencia de quienes gestionan el patrimonio cultural, y desde abajo, porque si la sociedad lo reclama, hemos visto que los políticos se ven obligados a cambiar la estrategia.

¿Es realista pensar en un futuro próximo sin productos tóxicos en restauración?

Actualmente hay muchas líneas de investigación centradas en alternativas más seguras, pero quizás lo más realista es pensar en ir reduciendo la toxicidad mientras mantenemos la eficacia. Ha habido un gran avance desde los años 70, cuando la exposición de los y las profesionales a estos productos era muy elevada. Afortunadamente ahora hay más conciencia, pero debemos ser realistas y entender que tenemos que llegar a un equilibrio.

Cuando termine este proyecto, ¿qué sería un éxito?

En investigación científica tenemos claro que hay que ser realistas con las expectativas. Cuando inicias una línea de investigación no sabes lo que va a ocurrir. Aun así, vamos a soñar. Un éxito de CoNFin implicaría que las formulaciones desarrolladas fueran eficaces en la mitigación del biodeterioro. También el aumento en la concienciación sobre esta problemática y en la acción ciudadana, tanto en México como en España. 

Y ojalá que, a nivel de agentes locales que tienen capacidad de decisión sobre la gestión de los bienes afectados, haya también una toma de conciencia y que entre todas y todos podamos buscar las mejores soluciones para la conservación del patrimonio, que es lo que realmente buscamos.

Aunque el miedo a quedarse encerrado en un ascensor está muy extendido y la situación puede provocar ansiedad, la realidad es que se trata de una incidencia habitual y controlada. Sin embargo, existe mucho desconocimiento sobre cómo reaccionar si el ascensor se detiene. 

“Lo más importante es mantener la calma. Los ascensores modernos están diseñados con sistemas de seguridad que evitan riesgos graves como caídas o falta de oxígeno”, asegura Ignacio Ajo, responsable de seguridad de la empresa de ascensores Otis, que reconoce que la situación puede generar ansiedad. 

Por eso, antes de nada, el experto recomienda “respirar hondo y tranquilizarse”. “Estás en un espacio seguro y ventilado, por lo que no vas a sufrir ningún daño. Además, los ascensores tienen luces de emergencia en caso de que haya alguna incidencia en el suministro eléctrico”, señala.

Con eso claro, el siguiente paso sería pedir ayuda. “Debes pulsar el botón de alarma, ya que este conecta directamente con el servicio de asistencia de la empresa que realiza el mantenimiento del ascensor”, explica Ajo. “Normalmente, debes tener pulsado el botón durante algunos segundos, para que la conexión se realice de manera correcta y puedas comunicarte con el servicio de asistencia. En los ascensores que además tienen pantalla, existe la posibilidad de que la conexión se haga a través de videollamada”, comenta.

No intentes salir por tus propios medios

Una vez comunicada la situación, toca esperar. “El personal de la empresa mantenedora dará aviso al técnico para que vaya a realizar el rescate”, afirma Ajo. “Debes esperar siempre a que llegue la ayuda profesional, nunca intentes salir por tus propios medios o forzar la puerta y si hay personas fuera del ascensor, tampoco deben intentar forzar ni abrir las puertas. Las maniobras de evacuación solo las pueden realizar el personal cualificado para ello, ya sean los técnicos de la empresa o los bomberos”, aclara el responsable de seguridad.

Gracias a este sistema de alarma, no llevar el móvil encima o no tener cobertura no es un problema, ya que “Confía en el sistema del ascensor, ya que el botón de alarma y el intercomunicador funcionan incluso sin cobertura móvil. Según la nueva normativa de ascensores ITC, incluso los ascensores más antiguos deben tener instalado un sistema bidireccional de comunicación, así que siempre podrás comunicarte con alguien”, defiende el experto, que apunta que el procedimiento es el mismo incluso en días festivos. “Las empresas de mantenimiento tienen asistencia permanente 24/7 para atender a personas que se quedan atrapadas. Normalmente, los técnicos llegan muy rápido, sea un día festivo o no”, defiende.

Entre las acciones que no debemos hacer, Ajo destaca “no forzar las puertas, porque podrían dañarse y complicar el rescate; no intentar salir por el hueco, por el elevado riesgo de caída o lesión; no ignorar el botón de emergencia, porque es la vía más rápida para recibir ayuda y no saltar ni hacer movimientos bruscos, para evitar algún incidente o daño”. Es decir, lo importante es actuar con calma, pedir ayuda y esperar con paciencia.