El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha anunciado que interpondrá una querella contra Valtònyc tras acusarle el rapero de apropiarse de fondos del Consell de la República. El dirigente ha mantenido que la acción legal busca la defensa de su “honorabilidad” y su “reputación” tras palabras del cantante.

El cruce de acusaciones entre Comín y Valtònyc, que llegó a trabajar en el Consell como informático, son el último capítulo de la polémica que ha envuelto la gestión del exconseller al frente de la entidad privada fundada por Carles Puigdemont en 2018 tras su llegada a Bélgica. La que tenía que ser la punta de lanza de una nueva ola independentista ha terminado enturbiada por la gestión económica de Comín.

En un mensaje en X, Valtònyc ha acusado a Comín de hacer “transferencias personales” de la cuenta del Consell por la República. Según la versión del rapero, que Comín niega, el exconseller “priorizó el pago de deudas a una empresa de su confianza con las donaciones para el regreso del president” Carles Puigdemont.

“No puedo seguir silenciando estos hechos mientras se sigue manipulando la buena fe de la ciudadanía”, ha apostillado el cantante mallorquín, que junto a Comín formó parte del círculo de confianza de Carles Puigdemont durante los años que compartieron en Bélgica. El cantante pudo regresar a Mallorca tras descartar la Justicia belga su extradición a España, que lo reclamaba tras ser condenado por las letras de sus canciones y sus tuits por injurias a la corona.

La última vez que Valtònyc asegura haber hablado con Comín fue “hace más de un año”, cuando le envió una carta informándole de que “como responsable informático de las donaciones” al Consell de la República “había descubierto transferencias personales a su cuenta mientras las deudas con los proveedores crecían y las donaciones disminuían”.

Él mismo, afirma, era uno de esos proveedores, “con facturas pendientes desde hacía seis meses”. Según el cantante, cuando reclamó el pago Comín le tildó de “insolidario” porque los ingresos eran para proveedores “con más necesidades”, como los que eran padres de familia. “Aquel día volví a vivir lo que había visto durante años: su uso reiterado del chantaje emocional”, ha denunciado Valtònyc.

Según Comín, en su mensaje en las redes Valtònyc “formuló una serie de acusaciones completamente infundadas y falaces, con el consiguiente daño reputacional que se deriva”. Además, ha reafirmado su intención de presentarse a la presidencia del Consell, al valorar que las palabras del rapero buscan perjudicar su candidatura “con medios espurios”.

“No existe lawfare en España”. Así de contundente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 31 de diciembre pasado en La Vanguardia. Semanas antes, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentaba argumentar que era un concepto que había quedado fuera del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía.

Unos años antes, en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era tajante ante quienes, desde la izquierda, como el vicepresidente Pablo Iglesias, hablaban de déficits democráticos en España. “España es una democracia plena”. insistía Sánchez en sede parlamentaria.

Por aquel entonces, se acumulaban casos, como la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos, las causas a raperos como Josep Valtònyc y Pablo Hasel, por ejemplo, la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio parcial a Arnaldo Otegi, quien pasó siete años de cárcel, y las causas contra los titiriteros, o los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, el caso Alsasua, los seis de Zaragoza... Incluso quedaban en la memoria casos previos, como el del concejal sevillano de IU Antonio Torrijos, por ejemplo. Y es que el lawfare busca expulsar a quienes representan una amenaza para el sistema, a través del uso de causas falsas y en connivencia con el poder mediático.

Pero Pedro Sánchez no lo criticaba entonces. Y cuando habla ahora y apela a la “regeneración democrática” no recuerda aquel pasado: el presidente dice que no hay precedentes con respecto a lo que él y su familia están sufriendo: “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”.

Sin embargo, su caso no es el primero de noticias falsas y bulos que terminan siendo dosieres judiciales, como aquel informe PISA sobre la financiación de Podemos y el posterior bulo de los pagos del Gobierno de Nicolás Maduro, ante los que respondía Sánchez de esta manera: “Venezuela llegó a la política española de la mano de Iglesias y Monedero”. El uso de la justicia contra rivales políticos estaba presente en muchos ámbitos, pero entonces reivindicaba índices democráticos como el de la revista The Economist y pedía “máximo respeto a la independencia de los jueces”.

Pero en los últimos tiempos el presidente del Gobierno ha visto cómo se le deshumanizaba, cómo se asociaba el sanchismo a las peores pesadillas, al terrorismo y al golpismo, y cómo se construían procesos judiciales contra su esposa con mentiras publicadas en medios de comunicación.

Y, entonces, hace una semana, Sánchez estalla. Ya no habla de “máximo respeto a la independencia de la Justicia”, como hacía ante informaciones sobre uno de los múltiples casos archivados –más de 20 querellas desde 2015– sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, por ejemplo: aquellos eran tiempos en los que Ximo Puig y el PSOE terminaron dejando caer a Mónica Oltra en Valencia por un caso armado por grupos de extrema derecha y que posteriormente se ha demostrado inconsistente.

Oltra, en su despedida, en junio de 2022, sentenciaba: “Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también”. Una de esas personas fulminadas políticamente, por ejemplo, ha sido Victoria Rosell, jueza y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género con Irene Montero. Rosell vivió desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella, y por el camino tuvo que dejar la primera línea política como diputada, además de recibir el veto del PSOE a su acceso al CGPJ como vocal. Y esta semana pasada pedía reformas al presidente:

¿Y cómo se aterriza la “regeneración democrática”?

El miércoles de la semana pasada Sánchez dice que ya no puede más: está sufriendo en sus carnes cosas parecidas por las que otros pasaron anteriormente en los últimos años, ve el daño que eso causa a su familia y decide dar un puñetazo encima de la mesa en forma de carta.

La carta es inédita: nunca antes en España –ni en el resto del mundo– un jefe de Gobierno escribía a la ciudadanía para anunciar un periodo de reflexión de cinco días en torno a su continuidad al frente del Ejecutivo. Lo habitual, hasta ahora, era que el líder político reflexionaba en la intimidad y, posteriormente, comunicaba una decisión de este tipo.

Pero Sánchez hace otra cosa, comparte su sufrimiento, comparte sus sentimientos de amor a su esposa y su familia y muestra un lado humano desconocido en él; desconocido en cualquier líder político.

El marco estaba claro, y lo había establecido el presidente del Gobierno: el acoso mediático y judicial injusto contra su esposa está causando un daño tan profundo como para replantearse su permanencia al frente del país. A partir de ahí, Sánchez inicia cinco días de reflexión y el país y su partido viven cinco días en vilo, con momentos dramáticos en la reunión del Comité Federal del PSOE, un partido de 145 años de historia que, de repente, se siente huérfano ante la hipótesis de la renuncia de Sánchez.

Y los días pasan, arranca la campaña electoral de Catalunya sin saber si Sánchez seguirá siendo presidente, se celebra el principal órgano del PSOE entre Congresos –Comité Federal– sin la presencia de su secretario general, se convocan movilizaciones el sábado y el domingo en Madrid, y los medios de comunicación se llenan de informaciones y tertulias en torno a los asuntos señalados por Sánchez en su carta: el uso de la justicia, la política y los medios para acabar con el rival político y la consecuente necesidad de una regeneración democrática.

Llegó el lunes, concluyeron los cinco días de reflexión y, ¿qué pasó después? Nada aún, a pesar de que sus socios de Gobierno y parlamentario han presentado numerosas propuestas.

Sánchez dijo que se quedaba, el PSOE respiró aliviado, sus socios de gobierno respiraron aliviados, pero no anunció nada más en su comparecencia sin preguntas. Tampoco en su entrevista de esa noche en TVE ni a la mañana siguiente en la Cadena SER. Se dice que quiere reformar la Justicia pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Cuándo? Sánchez se ha mostrado como víctima del lawfare, por el espionaje al que fue sometido por las cloacas policiales al llegar a la secretaría general del PSOE, en 2014, pero ni siquiera ha tenido el gesto de recordar a quienes sufrieron las cloacas antes que él y en todos estos años se mostró cuando menos poco empático.

En efecto, Sánchez señaló la importancia del poder mediático en la destrucción de los rivales políticos, pero ni anunció ninguna medida al respecto ni reivindicó a las víctimas que lo precedieron.

Sánchez paró cinco días, mantuvo en vilo a un país de 47 millones de habitantes, a un partido de 145 años... Y, cuando volvió, pronunció un discurso ya pronunciado muchas veces en el pasado por otras personas que no necesitaron cinco días de reflexión para elaborarlo y que, además, no vino acompañado por ninguna medida concreta, por ninguna transformación que hiciera posible atajar el uso político de la justicia y los medios para destruir rivales sin reproche alguno.

Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tampoco aprobó ninguna medida para atajar los males enunciados por Sánchez 24 horas antes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco fue capaz de concretar ninguna propuesta que el Gobierno esté pensando en presentar para contrarrestar lo que denunció Sánchez el día antes.

Nada.

Sánchez se tomó sus cinco días de reflexión: publicó una carta abierta, mantuvo a un país y un partido en vilo. Y, después de todo, no hay nada concreto.

Menos de un mes después de su vuelta a España, Valtònyc se ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados, en este caso por llamar a matar a un guardia civil durante un concierto en Marinaleda (Sevilla). El rapero ha sido condenado por esos hechos este mismo martes a la condena de dos años de cárcel como autor de un delito de amenazas graves del artículo 171.1 del Código Penal, con la agravante de reincidencia y la atenuantes de arrepentimiento, expresada por Valtònyc antes de iniciarse la vista oral reconociendo que fueron “palabras de mal gusto y desagradables” y entendiendo que “molestaran”. “Pido disculpas por lo dicho en ese concierto y en ese contexto”, ha dicho al tribunal.

La Fiscalía, a cuyo escrito de acusación se había adherido la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), pedía para el acusado en un principio una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y, alternativamente, tres años de cárcel en el caso del posible delito de amenazas agravadas. “Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno, poned una puta bomba al fiscal de una vez”, señaló la AUGC como las palabras pronunciadas por el cantante en Marinaleda (Sevilla) en un concierto el 31 de marzo de 2018.

Tras una negociación previa entre su abogada y la Fiscalía, las partes han llegado a una conformidad que el presidente del tribunal ha expuesto oralmente en esos términos. “Usted me asegura que no iré a la cárcel tras este juicio, ¿no?”, ha llegado a preguntar el acusado al tribunal. Las partes, como ha pedido la abogada de la defensa, se han comprometido a no oponerse a la suspensión de la pena privativa de libertad y a no recurrir la sentencia, que también incluye la inhabilitación para sufragio pasivo por dos años y el pago de las costas procesales. Tras leer el tribunal la sentencia, Valtònyc ha mirado hacia atrás con una sonrisa a su hermana y se ha fundido en un largo abrazo con ella cuando el tribunal ha levantado la sesión.

Prescrita la pena de prisión a la que fue condenado en 2017 por sus canciones por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y humillación a las víctimas, el cantante se enfrentaba hasta a cuatro años de cárcel. José Miguel Arenas Beltrán, que ha estado viviendo seis años en Bélgica, país que rechazó su extradición, ha mostrado su arrepentimiento ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que le iba a juzgar.

“Aquel día en el concierto, Valtònyc instaba a su público a atentar contra guardias civiles y sus palabras no cabe entenderlas como parte de la libertad de expresión, pues no se trata de la letra de una de sus canciones, sino de una intencionalidad dirigida a un numeroso grupo de personas, con el consiguiente riesgo de que ese público las llevara a cabo”, había aseverado la AUGC durante la instrucción. Tras la denuncia de la AUGC y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, el Juzgado número dos de Estepa abrió unas actuaciones, rematadas en mayo de 2022 con el auto de apertura de juicio oral, que no ha llegado a celebrarse este martes ante la conformidad de las partes.

Isabel Elbal Sánchez, abogada del rapero, ha dicho a la prensa después que él “ya no es la misma persona” que en esos años y que, dado que las acusaciones no se han opuesto a suspender la pena de prisión, “en ningún caso cumpliría” la condena de cárcel, porque “en principio” la misma será suspendida. “Como no hay oposición (a la petición de suspender la pena de cárcel), esperamos que el tribunal dicte un auto de suspensión de la ejecución” de la condena a prisión, ha dicho la letrada, argumentando que “sin la oposición (a suspender la pena), sin nadie que quiera que ingrese en prisión, no entrará en prisión”.

Regreso a España tras la prescripción

Como ya informó este periódico, el rapero, después de vivir seis años en Bélgica tras ser condenado por sus canciones, con los delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, “injurias a la corona” y “humillación a las víctimas”, volvía a España a finales de octubre pasado después del auto de la Audiencia Nacional, con fecha 22 de marzo de 2023, en el que se declara “prescrita la pena de prisión” y se acuerda “dejar sin efecto cuantas órdenes se hubieran librado para la busca y captura del condenado José Miguel Arenas Beltrán en orden al cumplimiento de la pena pendiente”. 

“Volver siempre es la mejor parte de la aventura”, tuiteó Valtònyc el 28 de octubre: “Gracias por haberme acompañado durante estos 6 años de exilio y también en este primer trayecto de vuelta a casa. Por todo lo que hemos luchado, reído, vencido y llorado. Gracias, presidente Puigdemont”.

El 28 de diciembre de 2021 el Tribunal de Apelación de Gante rechazó la entrega a España de Valtònyc, por un delito de amenazas, tras haber descartado previamente la Justicia belga los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la justicia española. El fallo del tribunal de Apelación de Gante podía ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, cosa que hizo la Fiscalía.

En efecto, el Tribunal Constitucional de Bélgica había alejado la extradición de Valtònyc el pasado 22 de octubre de 2021, cuando decidió que los insultos al rey estaban amparados por la libertad de expresión; y, por tanto, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión”, por lo que no se podría aplicar para juzgar al rapero en 2021.

La justicia belga ya había rechazado en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018, alegando que no existía la doble incriminación, es decir, que los cargos por los que fue condenado en España no estaban tipificados como delito en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante ante el Tribunal de Apelación, que falló el 28 de diciembre de 2021. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha fallado primando la libertad de expresión sobre las injurias, como en el caso de Arnaldo Otegi en 2011.

Además, en el proceso se produjo también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo de 2020, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc –pero no cuando se cometieron los hechos–, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha llegado al Aeropuerto de Palma, junto a Tomeu Martí, un histórico del independentismo, a las 09.16 de este domingo, procedente Barcelona.

En la zona de llegada del aeropuerto palmesano ha sido recibido por una treintena de personas, entre familiares y amigos, que le esperaban portando una pancarta que decía 'Benvingut a casa Valtònyc', una estelada y banderas mallorquina y republicana, además de claveles y camisetas que decían 'les paraules volen soles' (las palabras vuelan solas).

Este domingo, a las 06.30 horas, ha llegado al Aeropuerto de Barcelona acompañado por familiares y a las 6.50 ha pasado el control de pasajeros junto a otra persona.

A su llegada a Palma ha celebrado su regreso a España pero ha considerado “una pena” que este haya sido posible “por la prescripción de la pena y no por la autocrítica del estado español”.

En declaraciones a los medios de comunicación en el aeropuerto, Valtònyc ha dicho “estar muy contento de estar aquí y de este recibimiento”. Pues, según ha contado, durante sus seis años en Bélgica “tenía sueños recurrentes en los que cuando regresaba no había nadie esperándome, o la gente que me cruzaba por la calle no tenía cara y, cuando intentaba darles la vuelta, ellos me daban la espalda y me ignoraban”.

Por tanto, ha reconocido, “ver este recibimiento --una treintena de personas, entre familiares y amigos, le esperaban en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma con una pancarta de 'Benvingut a casa' (Bienvenido a casa), una estelada, banderas de Mallorca y republicanas y claves--, que ha sido totalmente diferente a lo que me esperaba ha sido muy emocionante, un alivio y, además, me reafirma en que estos seis años de lucha por la libertad de expresión han merecido la pena”.

A su llegada a Palma, Valtònyc también ha agradecido a los medios de comunicación su presencia, para dar difusión a la noticia. “Es importante que se cubra la llegada del primer cantante condenado a prisión en Europa y en la historia de la democracia, entre comillas, en España”.

Y es que, para el rapero mallorquín, “es una pena regresar no porque España haya hecho autocrítica y aceptado que ha cometido un error, condenando a cantantes, y que hay una falla en el sistema democrático con la libertad de expresión, sino porque la pena ha prescrito”. También, lamentado que él pueda regresar como “un hombre libre” mientras el rapero Pablo Hasél continúa en prisión.

En este sentido, ha puesto en valor que “en cambio, en otros países como Bélgica, sí hayan sido capaces de modificar su Código Penal y eliminar el delito de injurias a la corona”. También, ha añadido que “el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea haya aceptado que había una vulneración de la liberta de expresión”.

Asimismo, Valtònyc ha reconocido “estar nervioso” por el juicio al que tendrá que enfrentarse el próximo mes de noviembre en Sevilla, porque se trata de un nuevo proceso penal, pero ha avanzado que se presentará “como siempre que ha habido un juicio”.

Finalmente, preguntado por el porqué no se le había notificado la prescripción de su pena antes, Valtònyc ha dicho desconocerlo puesto que “normalmente, cuando se emite una sentencia, pone notificase a las dos partes”. “No sé porque, en este caso, no fue así, pero cuando mis abogados fueron a preguntar por el proceso fue cuando se lo comunicaron”, ha subrayado.

Así, y preguntado por cómo afronta su vida a partir de ahora, el rapero mallorquín ha dicho que, después de un periplo de seis años “muy duro” pero en el que ha dicho “haber crecido como persona y profesionalmente” llega el momento de “disfrutar de la familia y de los amigos, en definitiva, vivir, que ya toca”.

Finalmente, ha confiado en “pronto” poder reencontrarse en España con quienes ha compartido “exilio” en Bélgica, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha pedido “una reflexión no solo de España, sino de todos los países de la Unión Europea, que con la excusa de la protección, vulneran derechos importantes”.

Hay que recordar que fue este sábado cuando Valtònyc aseguró que regresaba a España tras seis años en el extranjero: “Volver siempre es la mejor parte de la aventura”. El mismo sábado por la noche pasó la frontera de La Jonquera (Girona), cinco años después de estar en Bélgica, anunció él mismo en la red social 'X'.

“La entrada en el país solo la podía hacer de la mano de mis amigos Lluís Puig y Vicent Partal”, dijo en un tuit en alusión al exconseller de la Generalitat y al director de VilaWeb, Vicent Partal, medio que publicó la noticia. “Gracias por haberme acompañado desde el primer día. Feliz de volver a pisar ya los Països Catalans”, añadió.

Valtònyc regresa a España. El rapero, después de vivir seis años en Bélgica tras ser condenado por sus canciones, con los delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, “injurias a la corona” y “humillación a las víctimas”, vuelve a su país después del auto de la Audiencia Nacional, con fecha 22 de marzo de 2023, en el que se declara “prescrita la pena de prisión” y se acuerda “dejar sin efecto cuantas órdenes se hubieran librado para la busca y captura del condenado José Miguel Arenas Beltrán en orden al cumplimiento de la pena pendiente”. 

“Volver siempre es la mejor parte de la aventura”, ha tuiteado Valtònyc: “Gracias por haberme acompañado durante estos 6 años de exilio y también en este primer trayecto de vuelta a casa. Por todo lo que hemos luchado, reído, vencido y llorado. Gracias, presidente Puigdemont”.

El 28 de diciembre de 2021 el Tribunal de Apelación de Gante rechazó la entrega a España de Valtònyc, por un delito de amenazas, tras haber descartado previamente la Justicia belga los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la justicia española. El fallo del tribunal de Apelación de Gante podía ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, cosa que hizo la Fiscalía.

En efecto, el Tribunal Constitucional de Bélgica había alejado la extradición de Valtònyc el pasado 22 de octubre de 2021, cuando decidió que los insultos al rey estaban amparados por la libertad de expresión; y, por tanto, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión”, por lo que no se podría aplicar para juzgar al rapero en 2021.

La justicia belga ya había rechazado en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018, alegando que no existía la doble incriminación, es decir, que los cargos por los que fue condenado en España no estaban tipificados como delito en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante ante el Tribunal de Apelación, que falló el 28 de diciembre de 2021.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha fallado primando la libertad de expresión sobre las injurias, como en el caso de Arnaldo Otegi en 2011.

Fallo del TJUE

Además, en el proceso se produjo también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo de 2020, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc –pero no cuando se cometieron los hechos–, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert y Gonzalo Boye, sostuvo que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas previsto cuando se solicitó la entrega, en 2018.

Los raperos Pablo Hasel , Valtónyc y Elgio protagonizan el documental No callarem, un film para la libertad, que se estrena este sábado en Guadalajara en el marco de las XVIII Jornadas del Centro Social Octubre. Fran Garcia, miembro de la plataforma No Callarem, que agrupa a decenas de artistas de toda la Península, destaca que el objetivo fue mostrar la cara más íntima de los tres raperos en esta película, que denuncia la represión contra la libertad de expresión. “Queríamos desenmascarar a estos tres raperos, que han sido tildados a menudo de muy radicales y casi se ha justificado que estén en prisión porque no gusta su música”, explica la codirectora del documental Claudia Arribas. El filme, que recoge la única entrevista que se ha podido grabar de Hasel en prisión, se proyectará a las 19 horas.

El rodaje del documental, codirigido por Arribas, Violeta Octavio y Carlos Juan Martínez, comenzó diez días antes de que encarcelaran a Hasel. La primera duda que tuvo el equipo del documental fue si iban a la cárcel de Lleida a cubrir el encarcelamiento, pero ya había muchos medios que cubrían la noticia y consideraron que no era la película que querían hacer.

En este sentido, Arribas cuenta que la película busca repasar la historia de vida de los tres raperos y que la gente, más allá de si es próxima al mundo del rap o de los movimientos sociales, pueda entender que ellos tres han sacrificado su libertad por la nuestra y por los derechos de expresión de todos.

El filme denuncia la represión contra la libertad de expresión y se centra en los casos de Elgio, Pablo Hasel y Valtònyc, que comparten historia con la inhabilitación, la cárcel y el exilio. Arribas remarca que los tres tienen historias parecidas y de muy jóvenes encontraron en el rap su forma de reivindicar los derechos que creían que debían defenderse por el bien de toda la sociedad.

Añade que no querían simplemente explicar su situación judicial porque esto ya lo han contado los medios de comunicación. “Queríamos contar la historia más íntima de tres personas que sufren un trasiego que podría pasar a cualquiera sólo para hacer música”, destaca García.

La plataforma No Callarem se ha aliado con la productora Bruna y el programa Carne Cruda, dirigido por Javier Gallego, para hacer el documental: “No sólo para narrar unos hechos concretos, sino para usar el cine y su capacidad de penetración en amplios sectores de la sociedad para denunciar al estado y dar la vuelta a la represión en forma de boomerang para convertirla en una herramienta contra la opresión y la vulneración de derechos”.

El equipo también viajó a Bruselas, donde Ana Tijoux conversa con Valtónyc; comparte las cartas escritas de Hasel con la voz de Bittah (Tribade) estando en la cárcel, y hace un recorrido por la historia de Elgio como miembro de la Insurgencia de la mano de Yolanda Sey. Aparte de las conversaciones, las tres artistas hacen versiones de letras de los raperos y también crean nuevas en canciones inspiradas en ellos, cada una con su toque personal, y así crean una banda sonora única y genuina para el filme. También se añaden con canciones creadas expresamente por Albert Pla , Za!, Las Bajas Pasiones , Mateu Matas “Xurí” e Irene Reig.

La apertura de puertas será a las 18:30. La entrada es libre y gratuita, aunque es posible “realizar aportes”, explica la organización.

Pablo Hasél lleva veinte meses encerrado en una prisión de Lleida. Valtònyc vive exiliado en Bruselas desde hace más de cuatro años. El primero sale cada día a un rato a caminar a un patio de apenas diez metros de largo y se ha mentalizado para cumplir bastantes años de condena. El segundo ha tenido que cambiar varias veces de domicilio debido a las más de 500 amenazas de muerte que ha recibido. A veces tiene pesadillas: sueña que vuelve a Mallorca, pero que tiene miedo de quedarse allí. Elgio sigue viviendo donde siempre, en Sabadell, pero aún no ha conseguido sacudirse el miedo de entrar un día en la cárcel. “Cuando tienes ejemplos tan cercanos, la posibilidad de entrar no es una ilusión”, sabe.

Quedaron atrás los días más intensos de las acciones de defensa de la libertad de expresión y de protesta contra los juicios a raperos, tuiteros y titiriteros. Ha pasado también una pandemia. Ahora llega el documental ‘No callarem’ para recordar que no todo el mundo ha recuperado su vida normal, que aquella oleada de criminalización de la protesta fue respaldada por la ley Mordaza. El documental se estrenará el 29 de octubre en el festival In-Edit y retrata el pasado y el presente de estos raperos a los que la Audiencia Nacional marcó para siempre.

“Éramos un grupo de rap y nos trataban como una banda armada”, recuerda Elgio, escandalizado, refiriéndose al colectivo La Insurgencia del que formaba parte cuando un buen día, al salir de la universidad, unos policías le entregaron una citación judicial. Apenas nadie había oído sus canciones, pero tenía que ir a declarar a la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Las canciones de Valtònyc tampoco eran precisamente hits. “Quieren meterme siete años en la cárcel por canciones que no han tenido ningún tipo de consecuencia. Si eso no es venganza, ¿qué es?”, se pregunta el mallorquín desde el exilio.

La idea de rodar ‘No callarem’ surgió de Fran García, miembro de la plataforma del mismo nombre que impulsó en 2017 y 2018 dos multitudinarias acciones de protesta en defensa de la libertad de expresión. Cofinanciado por 868 mecenas, con Carne Cruda entre los impulsores, además de autores del guión, y con un presupuesto que ronda los 70.000 euros, el documental cuenta con la participación de las raperas Ana Tijoux y Bittah (del dúo Tribade), la cantante Yolanda Sey, Albert Pla, Za!, Las Bajas Pasiones y la saxofonista de jazz Irene Reig, entre otros. García aclara que si no participan más raperos es porque no han visto “mucha predisposición y empatía por esta causa. Poca gente del hip-hop se ha mojado y se ha pronunciado al respecto”, recuerda.

“Tanta injusticia me desquicia”

‘No Callarem’ está planteado como un recorrido intermitente por la vida de tres jóvenes que pronto intuyeron que el hip-hop podía ser una buena válvula de denuncia y desahogo. En el documental vemos a un adolescente Valtònyc batiéndose en el patio del instituto con el maestro de la glosa mallorquina Mateu Xurí. También, a Hasél recordando el impacto de escuchar el primer disco del grupo de rap angelino N.W.A. Y a Elgio, tararendo en el coche una vieja canción del grupo Falsalarma que escuchaba cuando de joven iba al entreno de fútbol.

El documental no ahonda tanto en la restrictiva legislación española o en las supuestas afrentas a la paz social de los tres raperos como en las razones por las que decidieron utilizar el rap como herramienta de denuncia y desahogo y en el precio que están pagando por ello. Hasél rememora aquel día en que, paseando en bici, vio un barrio de chabolas en pésimas condiciones y se preguntó cómo podía haber gente viviendo en esas condiciones. También explica que la primera rima que mostró a sus colegas de clase decía: “Tanta injusticia me desquicia”.

Elgio ya creció escuchando y admirando las rimas revolucionarias de Hasél. Aún conserva un libro de poemas del rapero de Lleida que le compró por Internet y que le llegó con una dedicatoria escrita a mano. El libro se titulaba “De la ansiedad a la esperanza”. Pero los desequilibros sociales, Elgio los vivió en primera persona: nacido en Moldavia, sufrió un proceso migratorio difícil, con épocas de escasez económica y hasta un desahucio.

Así se aceleró el tránsito de escribir canciones de amor para su madre a rimar versos tipo: “Hacen falta escraches, hacen falta pintadas / Hace falta gente que no se agache por nada”. Y si Hasél grabó su primer rap con 16 años, Valtònyc está pagando por uno que colgó a los 17. “Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear”, cantaba, refiriéndose al fundador de Actúa Baleares, partido hoy integrado en Vox. “La hipérbole se nota, ¿no? Nadie tiene plutonio en su casa”, aclara el rapero mallorquín. Pues no. “Esta frase me ha costado seis meses de prisión”, remarca.

Cada cual lleva su condena como buenamente puede, pero estamos ante tres vidas rotas, truncadas o, cuando menos, alteradas por una decisión judicial. Valtònyc se precipitó con 24 años a un exilio forzoso en una ciudad, Bruselas, donde cuesta desarrollar un sentimiento de pertenencia. Vive extirpado de su familia y, como explica en el documental, hace unos meses tuvo que “enterrar por Skype” a su madre.

Antes de entrar en prisión, Hasél llevaba más de una década sintiendo el aliento de la policía en su cogote: aceptando con resignación, por ejemplo, ser retenido por la policía en una estación de buses y viendo cómo inspeccionaban su cuaderno de notas por si seguía escribiendo versos constitutivos de delito. “Hace diez años nos contábamos nuestros desamores por Messenger”, le recuerda Hasél a Bittah. Ahora solo se pueden comunicar por correo postal o si la rapera lo visita a la cárcel, como hizo durante el rodaje de ‘No callarem’.

Elgio es el mejor parado de los tres protagonistas del documental, aunque sigue condenado a seis meses de prisión, ocho de inhabilitación y 1.200 euros de multa. Tanto él como el resto de raperos de La Insurgencia han recurrido la condena. El recurso está en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Mi sentencia, de momento, no me impide hacer prácticamente nada, pero te cambia la vida; eso es innegable”, reconoce vía email. No ha tenido problemas laborales, pero sabe que si trabajase en algún puesto de la administración pública lo habrían despedido debido a esos ocho años de inhabilitación. Aunque luego están los costes económicos de afrontar un juicio y, claro, el impacto emocional.

La tesis de Valtònyc

En un momento del documental, la chilena Ana Tijoux pregunta a Valtònyc por qué cree que el estado se sintió amenazado por unos raperos sin apenas fans ni repercusión social. Su teoría es la siguiente: tras la crisis económica de 2008, la gente estaba tan harta que se empezó a movilizar y las redes sociales les dieron un poder de organización hasta entonces inimaginado, que puso en guardia al estado. En ese clima de protesta, el auge del yihadismo fue la excusa idónea para introducir modificaciones en la ley antiterrorista que, con la excusa de reprimir el terrorismo yihadista, se escudarían en el delito de enaltecimiento del terrorismo para castigar la disidencia política y, de paso, acallar al resto de la sociedad.

En 2018 España se convirtió en el país europeo con más artistas condenados por delitos vinculados con la libertad de expresión. Y en 2022 el clima de protestas ha desaparecido casi por completo. Si algo inquieta de ‘No callarem’ es justamente el país que retrata. Hace apenas una década, la gente rodeaba el Congreso de los Diputados. Hace cuatro años, miles de personas se reunían en Barcelona en un festival en defensa de la libertad de expresión. Hace solo un año y medio del encierro en la Universidad de Lleida con el que se intentó frenar la detención de Pablo Hasél.

Otras muchas cosas han cambiado también. Las informaciones inculpatorias se siguen acumulando en el expediente del rey emérito y su descrédito social es indudable. Sin embargo, sigue en la cárcel el rapero que firmó ‘Juan Carlos el Bobón’. La pandemia habrá contribuido a desactivar esta y tantas otras luchas, pero lo cierto es que el debate sobre la libertad de expresión ha desaparecido prácticamente del mapa. Y cuando se retoma, es en un contexto totalmente nuevo donde conviven raperos de ultraderecha y opinadores que se sienten cancelados. Que pregunten a Hasél sobre la cultura de la cancelación. A diferencia de otros convictos, a él ni siquiera le permiten grabar canciones en la cárcel.

El productor de ‘No callarem’ desearía que el documental contribuyese a reactivar la lucha por la libertad de expresión y por la absolución de los raperos. “Tras una pandemia, la energía está muy limitada y cada cual destina la que puede a las luchas que siente más cercanas, pero, para mí, el problema es no sentir como algo cercano el ataque a la libertad de expresión. Sin libertad de expresión, ¿cómo lucharás por una mejora de tu sueldo o contra la subida del precio de la luz?”, dice. A la pregunta retórica de García, Hasél responde rapeando en los últimos compases del documental: “Mañana puedes ser tú, si no eres rico. Mañana puedes ser tú quien sufra esta barbarie. Pero mañana puedes ser tú quien organizada lo cambie”.

El caso Valtònyc se vuelve a atascar en Bélgica después de que Apelación rechazara su extradición hace tres semanas. La Justicia belga revisará el caso del rapero en lo relativo a las injurias a la Corona para decidir sobre su extradición. Así lo ha decidido este martes la Corte de Casación belga, que ha denegado el recurso de la Fiscalía –presentado en representación de España– por enaltecimiento y amenazas, “y devuelve el fallo por injurias al Tribunal de Gante para que reformule su decisión sobre las injurias”.

Casación quiere que se examine si se puede entregar Valtònyc por injurias comunes, con el Código Penal, no con la ley especial de injurias a la Corona. No obstante, el Tribunal de Apelación de Gante deberá “tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional”, que recoge la jurisprudencia de Estrasburgo sobre libertad de expresión y elimina de facto las injurias a la Corona en Bélgica.

“La Corte de Casación ha dictaminado que no haya extradición por enaltecimiento del terrorismo ni por amenazas”, ha explicado el abogado belga de Valtònyc Simon Bekaert: “En lo que respecta a los insultos a la Corona, la Corte devuelve el caso al Tribunal de Apelación de Gante, que tiene que volver a ver el caso sobre ese punto en particular”.

El pasado 28 de diciembre el Tribunal de Apelación de Gante rechazó la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, por un delito de amenazas, tras haber descartado previamente la Justicia belga los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la justicia española. El fallo del tribunal de Apelación de Gante podía ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, cosa que ha hecho la Fiscalía con el resultado conocido este martes en relación a revisar la parte de las injurias, que había sido descartada.

En efecto, el Tribunal Constitucional de Bélgica había alejado la extradición de Valtònyc el pasado 22 de octubre, cuando decidió que los insultos al rey estaban amparados por la libertad de expresión; y, por tanto, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión”, por lo que no se podría aplicar para juzgar al rapero en 2021.

La justicia belga ya había rechazado en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018, alegando que no existía la doble incriminación, es decir, que los cargos por los que fue condenado en España no estaban tipificados como delito en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante ante el Tribunal de Apelación, que falló el pasado 28 de diciembre.

Y ahora Casación devuelve el caso al Tribunal de Apelación en lo relativo a las injurias, a pesar del fallo del Constitucional.

Doy por supuesto que los lectores saben que la justicia belga en su totalidad ha rechazado las solicitudes de extradición dictadas contra Valtònyc y Lluís Puig por el Tribunal Supremo (TS). No estoy seguro de que estén al tanto de las semejanzas y diferencias que existen entre ambos casos.

Valtònyc ha sido condenado en España mediante sentencia firme a una pena de prisión de algo más de tres años por diversos delitos. Fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional (AN). La sentencia de la AN fue confirmada por el TS. Y el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo interpuesto contra dichas sentencias.

Después de haber sido condenado, Valtònyc huyó y fijó su residencia en Bélgica. Puesto que la sentencia en España es firme, el TS ha dictado una orden de detención y entrega dirigida a la justicia belga solicitando su extradición, a fin de que se ejecute la sentencia dictada contra él. La justicia belga se ha negado hasta el momento a conceder la extradición por entender que la conducta por la que ha sido condenado en España no es constitutiva de delito en Bélgica. El Ministerio Fiscal podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo belga, pero, por lo que parece, no lo va a hacer por entender que no tendría posibilidad de prosperar. 

Quiere decirse, pues, que no un órgano unipersonal, sino todo el sistema de justicia belga es el que considera que no se debe conceder la extradición solicitada por el TS. 

Lluís Puig, por el contrario, no huyó a Bélgica para no tener que responder ante la justicia española, sino que fijó su residencia en Bélgica antes de que el Ministerio Fiscal hubiera iniciado actuación de cualquier tipo contra él. Lluís Puig ha ejercido su derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Constitución, que le permite entrar y salir libremente del territorio del Estado y fijar su residencia donde le parezca oportuno. Se mantiene a disposición del TS, pero en los términos en que la justicia belga considere que dicha puesta a disposición tiene que materializarse. 

Dicho de otra manera, el TS tiene que persuadir a la justicia belga de que su solicitud de extradición es ajustada a derecho. Si lo consigue, Lluís Puig será extraditado, a fin de que el TS pueda procesarlo y juzgarlo. Si no lo consigue, Lluís Puig continuará en posesión de todos los derechos reconocidos en la Constitución, manteniendo, si quiere, su residencia en Bélgica. 

La primera diferencia entre la posición jurídica de Valtònyc y la de Lluís Puig es clara. Valtònyc ya ha sido condenado en España. Lluís Puig no ha sido ni siquiera juzgado.

De esta primera diferencia se deduce otra de enorme importancia. En el caso de Valtònyc, la justicia belga no ha puesto en cuestión la legitimidad de la justicia española para considerar que su conducta es constitutiva de determinados delitos. Se ha limitado simplemente a afirmar que tales delitos no existen en el ordenamiento jurídico belga.

En el caso de Lluís Puig, la orden de detención y entrega se dictó por el TS con la finalidad de juzgarlo por el delito de malversación, que sí existe en el ordenamiento jurídico belga. Al rechazar la extradición, la justicia belga pone en cuestión la “legitimidad” de la actuación del TS como órgano jurisdiccional de un Estado de Derecho digno de tal nombre. Si la extradición hubiera sido solicitada por un órgano judicial radicado en Catalunya, lugar en el que Lluís Puig había desarrollado su actividad como miembro del Govern presidido por Carles Puigdemont, la justicia belga no habría podido negarse a conceder la extradición. Pero al haberla solicitado el TS, ya no es así.

La exigencia de responsabilidad penal por su conducta como miembro del Govern tenía que haberse producido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Contra la sentencia de dicho TSJC se podría interponer recurso de casación ante el TS. Este es el “orden natural” del proceso de administración de justicia en cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre. 

Este “orden natural” es el que, según la justicia belga, ha subvertido el TS, manipulando las normas atributivas de competencia con la finalidad de convertirse en juez de primera y única instancia contra el que fuera conseller del Govern, Lluís Puig. Con ello ha vulnerado derechos fundamentales constitutivos del “núcleo esencial” del Estado de Derecho. No de este o de aquel Estado de Derecho, sino del Estado de Derecho. Por eso no se puede atender la solicitud de extradición que ha dirigido a la justicia belga. 

Tras la decisión de la justicia belga de no dar cumplimiento a la orden de detención y entrega que se le había enviado, el juez Pablo Llarena ha elevado una “cuestión prejudicial” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la finalidad de que reconozca su autoridad para dictar la orden de detención y entrega que había cursado e imponga a la justicia belga la obligación de conceder la extradición del conseller Lluís Puig.

Si el TJUE avala la posición del juez instructor español, Lluís Puig deberá ser extraditado para ser juzgado por el TS en España. En el caso de que no sea así, sería toda la actividad del TS en el caso procés la que se vería afectada de nulidad, por vulneración de derechos fundamentales de todos los procesados y condenados, ya que si no tenía competencia para actuar contra Lluís Puig, tampoco la tenía para actuar contra todos los demás.

En la primera mitad de 2022, previsiblemente, se conocerá la decisión del TJUE. Sobre el caso Valtònyc ya tuvo ocasión de pronunciarse el TJUE en cuestión prejudicial y lo hizo en sentido contrario al pretendido por el TS. ¿Volverá a ocurrir lo mismo?

El Tribunal de Apelación de Gante ha rechazado este martes la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, por un delito de amenazas, tras haber descartado previamente la Justicia belga los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la justicia española. El fallo del tribunal de Apelación de Gante puede ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, donde se revisan las formas del proceso, no el fondo.

“No hay extradición por ninguno de los tres casos”, ha declarado a la prensa el abogado Simon Bekaert tras conocer la sentencia, según recoge EFE. “Un buen día para la música y la libertad de expresión”, se ha congratulado en un mensaje a través de Twitter.

Gonzalo Boye, también abogado defensor del rapero, ha afirmado: “Ha triunfado la libertad de expresión y una interpretación democrática del derecho”.

El Tribunal Constitucional de Bélgica ya alejó la extradición de Valtònyc hace dos meses. El pasado 22 de octubre, el Constitucional belga decidió que los insultos al rey están amparados por la libertad de expresión; y, por tanto, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión”, por lo que no aplica para juzgar al rapero en 2021.

El 15 de septiembre de 2020 el tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) había decidido cursar una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional belga sobre la extradición por terrorismo cursada por España tras marcharse el rapero a Bélgica en junio de 2018. Lo que preguntaba el tribunal de Gante al Constitucional es si los delitos de injurias por los que ha sido condenado Valtònyc en España están amparados por un derecho fundamental como la libertad de expresión. Y el Constitucional consideró que el delito de ofensas es contrario a la libertad de expresión.

Simon Bekaert, abogado de Valtònyc, explicaba: “De los tres delitos por los que fue condenado por el Supremo, las amenazas y el enaltecimiento del terrorismo ya fueron desechados en los tribunales de primera instancia”. Y ahora el Constitucional ha tumbado de facto esa ley decimonónica belga, en tanto que la ha considerado “contraria a la libertad de expresión”, en tanto que “no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey”.

“El artículo 19 de la Constitución prohíbe que la libertad de expresión esté sujeta a restricciones preventivas”, sostenía la sentencia del Constitucional belga, que añade: “Al sancionar los delitos expresados públicamente contra la persona del rey, el artículo 1 de la ley de 6 de abril de 1847 constituye una injerencia en el derecho a la libertad de expresión”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha fallado primando la libertad de expresión sobre las injurias, como en el caso de Arnaldo Otegi en 2011.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, que los cargos por los que fue condenado en España no están tipificados como delito en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Fallo del TJUE

Además, se ha producido también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo de 2020, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc –pero no cuando se cometieron los hechos–, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert, a quienes acompañó en la sala Gonzalo Boye, sostuvo que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas previsto cuando se solicitó la entrega, en 2018.

El fallo del tribunal de Apelación de Gante puede ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, donde se revisan las formas del proceso, no el fondo.

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, fue condenado por el Tribunal Supremo en 2018 a tres años y medio de cárcel por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas. El Tribunal de Primera Instancia rechazó la extradición y el Tribunal de Apelación de Gante ha decidido este martes fijar el 28 de diciembre para la vista en la que comunicar el fallo sobre el caso.

“La fiscalía ha dicho que una condena por insultar es desproporcionada, pero ha dejado la puerta abierta a la extradición”, ha dicho Valtònyc: “El 28 de diciembre habrá una respuesta definitiva sobre la extradición. En caso de que haya una condena, hemos pedido cumplir la pena en Bélgica. El Estado español no tiene problemas en encarcelar raperos, y tiene problemas y condenas del tribunal de derechos humanos”.

El abogado de Valtónyc Simon Bekaert, ha explicado que “mantiene la petición de extradición, y ahora esperamos el 28 de diciembre la decisión del Tribunal. Los mismos argumentos que nosotros hemos alegado son los del Tribunal Constitucional belga. En Bélgica no tenemos apología del terrorismo, y el tribunal de instrucción ya lo rechazó. Nosotros hemos pedido que no haya extradición, pero si se considerara hipotéticamente, pedimos que las penas se cumplan en Bélgica, que en ningún caso será por los tres delitos por los que fue condenado en España. En Bélgica hay pedir estas cosas antes del fallo, no puedes pedirlo después. Es una precaución por si acaso”.

El Tribunal Constitucional de Bélgica ya alejó la extradición de Valtònyc hace un mes. El pasado 22 de octubre, el Tribunal Constitucional de Bélgica decidió decidido que los insultos al rey están amparados por la libertad de expresión; y, por tanto, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión”, por lo que no aplica para juzgar al rapero en 2021.

El 15 de septiembre de 2020 el tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) decidió cursar una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional belga sobre la extradición por terrorismo cursada por España tras marcharse el rapero a Bélgica en junio de 2018. Lo que preguntaba el tribunal de Gante al Constitucional es si los delitos de injurias por los que ha sido condenado Valtònyc en España están amparados por un derecho fundamental como la libertad de expresión. Y el Constitucional consideró que el delito de ofensas es contrario a la libertad de expresión.

Simon Bekaert, abogado de Valtònyc, explicaba: “De los tres delitos por los que fue condenado por el Supremo, las amenazas y el enaltecimiento del terrorismo ya fueron desechados en los tribunales de primera instancia. Ahora la cuestión es sobre las ofensas al rey. En Bélgica tenemos una ley de mediados del siglo XIX relativa a las ofensas al rey, y el tribunal de Gante hace la consulta de si la Constitución garantiza la libertad de expresión”. El fallo del Constitucional tumba de facto esa ley decimonónica belga, en tanto que la ha considerado “contraria a la libertad de expresión” y en tanto que “no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey”.

“Desde siempre he tenido claro que quería poner mi caso en manos de los derechos fundamentales por beneficio colectivo”, decía Valtònyc tras conocer la resolución del Constitucional belga: “Lo hemos conseguido, hemos ganado y Bélgica elimina las injurias en la corona del Código Penal. Yo no bajé la cabeza pero vosotros no me habéis dejado solo. Gracias”.

“El artículo 19 de la Constitución prohíbe que la libertad de expresión esté sujeta a restricciones preventivas”, sostenía la sentencia del Constitucional belga, que añade: “Al sancionar los delitos expresados públicamente contra la persona del rey, el artículo 1 de la ley de 6 de abril de 1847 constituye una injerencia en el derecho a la libertad de expresión”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha fallado primando la libertad de expresión sobre las injurias, como en el caso de Arnaldo Otegi en 2011.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito, ni en España ni en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante: al haber dictado el Constitucional belga a favor de Valtònyc, las injurias a la corona decaen del Código Penal belga.

Fallo del TJUE

Además, se ha producido también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo de 2020, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc –pero no cuando se cometieron los hechos–, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert, a quienes acompañó en la sala Gonzalo Boye, sostuvo que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas previsto cuando se solicitó la entrega, en 2018.

El fallo del tribunal de Apelación de Gante puede ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, donde se revisan las formas del proceso, no el fondo.

El Tribunal Constitucional de Bélgica aleja la extradición de Valtònyc. Josep Miquel Arenas, Valtònyc, fue condenado en 2018 a tres años y medio de cárcel por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte. Y este jueves el Tribunal Constitucional de Bélgica ha decidido que los insultos al rey están amparados por la libertad de expresión; es decir, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión” y, por tanto, no aplica para juzgar al rapero en 2021. A partir de aquí, está previsto que el Tribunal de Apelación de Gante decida el próximo 23 de noviembre sobre la extradición.

El fallo lo ha anunciado uno de los abogados del rapero, Simon Bekaert: “Victoria. El Tribunal Constitucional deroga la ley penal de lesa majestad, al declararla contraria a la libertad de expresión. Un paso histórico para nuestro orden jurídico interno belga y buenas noticias para el caso de extradición de Valtònyc”.

El 15 de septiembre de 2020 el tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) decidió cursar una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional belga sobre la extradición por terrorismo cursada por España tras marcharse el rapero a Bélgica en junio de 2018. Lo que preguntaba el tribunal de Gante al Constitucional es si los delitos de injurias por los que ha sido condenado Valtònyc en España están amparados por un derecho fundamental como la libertad de expresión. Algo que ha sido respondido este jueves.

“Desde siempre he tenido claro que quería poner mi caso en manos de los derechos fundamentales por beneficio colectivo”, decía Valtònyc tras conocer la resolución del Constitucional belga: “Lo hemos conseguido, hemos ganado y Bélgica elimina las injurias en la corona del Código Penal. Yo no bajé la cabeza pero vosotros no me habéis dejado solo. Gracias”.

Bekaert explicaba: “De los tres delitos, las amenazas y el enaltecimiento del terrorismo ya fueron desechados en los tribunales. Ahora la cuestión es sobre las ofensas al rey. En Bélgica tenemos una ley de mediados del siglo XIX relativa a las ofensas al rey, y el tribunal de Gante hace la consulta de si la Constitución garantiza la libertad de expresión”. El fallo del Constitucional tumba de facto esa ley decimonónica belga, en tanto que la ha considerado “contraria a la libertad de expresión” y en tanto que “no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey”.

“El artículo 19 de la Constitución prohíbe que la libertad de expresión esté sujeta a restricciones preventivas”, sostiene la sentencia del Constitucional belga, que añade: “Al sancionar los delitos expresados públicamente contra la persona del rey, el artículo 1 de la ley de 6 de abril de 1847 constituye una injerencia en el derecho a la libertad de expresión”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha fallado primando la libertad de expresión sobre las injurias, como en el caso de Arnaldo Otegi en 2011.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito, ni en España ni en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante: si dicta a favor de Valtònyc, las injurias a la corona decaerían del Código Penal belga, una ley de 1847.

Desde entonces, se ha producido también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo de 2020, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

A Valtònyc se le condenó en España también por injurias a la Corona, “por decir la verdad”, apostillaba el rapero: “Todo lo que yo dije está documentado en medios de comunicación y en los libros. Al final yo no soy ningún vidente ni ni soy un tío que tenga una visión de la política muy, muy amplia. No es lo mío. Se me ha condenado por decir algo que todo el mundo sabe”.

Gonzalo Boye, uno de sus abogados defensores, abundaba: “En cualquier otro país, después de lo que ha pasado con el rey emérito, que ha huido de España, habrían revisado la condena. Es un delito que hay que contextualizar. En Bélgica están entendiendo que es libertad de expresión, porque con el enaltecimiento y las amenazas los delitos no tienen correlación en Bélgica”. 

El Tribunal de Justicia de la UE falló en una cuestión prejudicial pedida por el tribunal de Gante que España no hizo bien en aplicar de manera retroactiva el Código Penal para tener una pena mayor. “Quisieron aplicar el Código Penal de 2015 que ya castiga la apología el terrorismo con tres años en el Estado español”, decía Valtònyc: “Eso les daba una condena de tres años por un solo delito, no juntando los tres delitos. Por suerte mi abogado se dio cuenta y nos han dado la razón”.

La tesis de España en Luxemburgo defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, cuando se produjeron los hechos, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, rechazando que ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España estén tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Una vez se produzca el fallo del tribunal de Apelación de Gante, previsto para el 23 de noviembre, pueden recurrir las partes al tribunal de casación, donde se revisan las formas del proceso, no el fondo.

“La libertad de expresión también tutela la crítica que perturba y ofende, la que es ingrata o la que es hiriente. Esa es la grandeza de la democracia”. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Jaume Asens (Barcelona, 1972) defiende así la necesidad de derogar del Código Penal los llamados delitos de expresión, algunos de los cuales han provocado la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. El grupo que preside Asens ha registrado esta semana una petición para indultar al cantante, así como al también rapero Valtònyc, fugado a Bélgica para no correr la suerte de Hasel.

El diputado y dirigente de la máxima confianza tanto de Pablo Iglesias como de Ada Colau responde por teléfono a elDiario.es el jueves, un día después de que se hayan celebrado manifestaciones en diferentes ciudades en protesta por la entrada en prisión del rapero. En algunas de ellas se han producido fuertes disturbios, que para Asens no deben servir para esconder los motivos de las protestas. “Hasel ha sido la chispa que ha incendiado la indignación de mucha gente”, asegura. Y añade: “Se cierra la investigación sobre la corrupción de la monarquía y se encarcela a quien la criticó en sus canciones”.

Asens responde también sobre el proyecto para reformar el delito de sedición, el indulto de los presos independentistas y las muchas diferencias, cada vez más evidentes, en el seno del Gobierno de coalición. El presidente del grupo confederal defiende la abstención a la ley de igualdad de trato del PSOE: “Estábamos cerca de un acuerdo y el PSOE de forma unilateral registró su texto”. Sobre Catalunya, pide hacer un Gobierno de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo y para salir de la crisis.

Plantean eliminar algunos de los delitos por los que entra en prisión Pablo Hasel. En concreto, enaltecimiento del terrorismo o injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. ¿Por qué no debería ser delito el enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo? 

Las víctimas del terrorismo ya están protegidas en sus derechos en otros tipos penales como el delito de odio o de humillación a las víctimas. Pero este delito en la práctica sirve para restringir la libertad de expresión, tal y como se puede ver en las sentencias en las que se ha aplicado. Organizaciones como Amnistía Internacional señalan que ha servido para para perseguir opiniones. La persecución de quien, sin incurrir en la violencia, cuestiona asuntos centrales del orden establecido, es una derrota del principio democrático. La libertad de expresión también tutela la crítica que perturba y ofende, la que es ingrata o la que es hiriente. Esa es la grandeza de la democracia.

Nosotros lo que hacemos es cumplir con el mandato del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace tiempo que están señalando que esos delitos están desfasados y no se adecuan a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.

El encarcelamiento de Hasel ha provocado manifestaciones en múltiples ciudades de España, como Barcelona, Madrid o Granada. También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y policía, una mujer ha perdido un ojo en Barcelona y ha habido múltiples detenidos. ¿Cómo valoran lo ocurrido desde su entrada en prisión?

No nos gusta, evidentemente, lo que estamos viendo. Creemos que no es el camino adecuado. Pero que el relato no nos impida ver las razones de fondo que hay detrás de esa indignación. Se cierra la investigación sobre la corrupción de la monarquía y se encarcela a quien la criticó en sus canciones. Y esto se produce cuando hay muchos males acumulados. Hasel ha sido la chispa que ha incendiado la indignación de mucha gente, con el contexto del rey emérito; con un juez que cuestiona y amenaza la democracia diciendo quién debe estar o no en el Gobierno, mientras el CGPJ lleva dos años secuestrado por el PP, un partido que se ha financiado ilegalmente desde su fundación y que ha utilizado las cloacas parapoliciales para proteger su corrupción.

En un contexto de paro juvenil hay gente que sale a las calles a protestar. Y cuando eso pasa, igual que decimos que rapear no puede ser delito, manifestarse en solidaridad por Hasel no puede llevar a una joven a perder el ojo. Por eso también hemos pedido al Gobierno Junts y de ERC que revisen los protocolos de actuación y que se prohíban las balas de 'foam', tal y como planteamos en una moción al 2019. Es evidente el peligro de esas armas de fuego. No podemos poner solo el foco en los disturbios y que se exagere lo ocurrido para ocultar los problemas de fondo.

Uno de los elementos más polémicos a raíz de los disturbios fue el tuit de Pablo Echenique en el que mostraba su apoyo a los “manifestantes antifascistas”. ¿Considera acertado el tuit?

Yo creo que nadie duda de que a Pablo Echenique no le gustan las imágenes que se dieron. Las declaraciones de algunos partidos diciendo que el tuit era un aval a los disturbios son una interpretación que se aparta ostensiblemente de la literalidad del tuit. Puedes estar de acuerdo con lo que lleva a los jóvenes a salir a la calle a expresar su indignación, y estar en desacuerdo en como una minoría de esos jóvenes hace destrozos en el mobiliario público, en lo que claramente es un exceso en el ejercicio de un derecho fundamental como es el de manifestación.

Ustedes han pedido el indulto de Pablo Hasel y de Valtònyc. Él ha dicho en alguna ocasión que no quiere el indulto. ¿Por qué lo piden entonces en su nombre?

Él lo que ha dicho es que no iba a pedir el indulto, que él no se arrepentía, pero que si alguien quería pedir el indulto, ningún problema. Yo mismo me puse en contacto con su abogado porque no queríamos tomar esta iniciativa sin su consentimiento. Cuando hablamos con el abogado, nadie había presentado la petición. La podía haber presentado ERC o cualquiera de los partidos. De hecho, él no puede negarse si le dan el indulto. Yo he sido abogado de insumisos, de anarquistas y de personas vinculadas al movimiento antisistema, y muchas veces se ha producido este debate. Muchos insumisos fueron indultados por el PP sin que lo pidieran cuando se estaba tramitando la ley para derogar el delito. El PP falta a la verdad cuando explica que el indulto exige un acto de contricción o una arrepentimiento. Para nada, se puede leer en la ley que es de 1870. 

¿Es el indulto la herramienta más adecuada para este caso?

El indulto es un instrumento del Poder Ejecutivo para, en base de la política criminal que tiene cada Gobierno, suavizar o atemperar el rigor de una determinada condena por razones materiales, de equidad o de conveniencia social. Es coherente pedir el indulto mientras se tramita la ley para defender la libertad de expresión porque puede pasar que una vez se haya aprobado, haya cumplido ya su condena. Hay que adelantar los efectos de la ley, como se hizo con los insumisos. Si hay un convencimiento en el PSOE, como dicen en sus declaraciones, y en Unidas Podemos de que es una situación anómala, no debería haber ningún problema para que se otorgue el indulto. 

Esa propuesta de reforma del Código Penal coincide en el tiempo con un anuncio del Ministerio Justicia y de la Presidencia del Gobierno de una iniciativa similar. ¿Por qué se abre una doble vía para un mismo fin?

Cuantas más vías se abran para resolver esta situación, mejor. Pero el tiempo es importante. En el caso de los presos independentistas, el ministro de Justicia [Juan Carlos Campo] se comprometió a que en diciembre llevaría una propuesta de reforma del Código Penal y todavía no ha cumplido su promesa.

Cuando registramos nuestra propuesta lo comunicamos por conductos oficiales a nuestro socio. Y al cabo de un par de horas apareció el comunicado del Ministerio de Justicia, que es una declaración de intenciones que no nos parece mal porque va en la misma dirección que nuestra propuesta legislativa. Estamos en sintonía, pero nosotros queremos llevar más lejos la reforma. Cuando se tramite la ley, podemos discutir sobre la letra pequeña. Y si hay cosas que se puedan mejorar de nuestra ley, pues nosotros estamos dispuestos a a modificarla. No es una propuesta cerrada. El tiempo cuenta porque tenemos a un rapero ya en la cárcel.

Otra reforma que está planteada es la del delito de sedición. ¿Cómo se encuentra esa tramitación? ¿Está lista para ser llevada al Consejo de Ministros? 

Han pasado tres años desde que los líderes independentistas están en prisión y creemos que ya no puede postergarse más la reforma de la sedición. Es inaplazable. Es verdad que ha habido una pandemia que lo ha parado todo y que ha reordenado las prioridades de este Gobierno y del resto de gobiernos de Europa. Pero nosotros en 2017 pusimos ya una propuesta sobre sobre la mesa que han defendido las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, con los tribunales europeos o la ONU. De momento, solo hemos podido arrancar al PSOE declaraciones de intenciones y el compromiso público de abordar esta cuestión desde el Gobierno. Pero necesitamos hechos.

Ya han pasado las elecciones [en Catalunya]. Es posible que mucha gente piense que esta tardanza tenga que ver con cálculos electorales del PSOE, que ha ocupado buena parte del espacio electoral que ocupaba antes Ciudadanos. Pero no podemos esperar más. Hay que ser valientes y ponerlo sobre la mesa. Cualquier opción de desbloqueo del conflicto en Catalunya pasa por desjudicializarlo y por la libertad de los presos. No vamos a poder avanzar en la mesa de diálogo si los líderes de los dos espacios que gobiernan en Catalunya no están en libertad.

Además de estas dos, hay varias reformas del Código Penal en marcha. Hay otra que está tramitándose, por ejemplo, a través de la ley del solo sí es sí. El PSOE quiere aglutinar todas y acometer una única reforma del Código Penal. ¿Es posible hacerlo como plantean?

Yo comparto el deseo del PSOE. A mí también me gustaría poder hacer un abordaje integral, global, del Código Penal para modernizarlo y ponerlo al mismo nivel que los de nuestro entorno inmediato. Pero hay ciertas urgencias o necesidades imperiosas que nos obligan a tener que avanzar por fascículos. Si se hace un debate global va a tardar mucho, se van a mezclar muchas cosas que tienen poco que ver. 

Sería una buena idea englobar la reforma al delito de sedición y rebelión. El ministro Campo ha dicho que Europa le abrió los ojos en esta materia. Y que hay delitos como el de sedición que son auténticas antiguallas, reliquias del pasado, que se basan en una concepción predemocrática del orden público. 

¿Y la vía del indulto para liberar a los presos del procés?

De momento no depende del Gobierno porque está parado en el Tribunal Supremo. Me parece que el señor [Manuel] Marchena está bloqueando el trámite del informe que tiene que hacer. Todo el mundo sabe lo que piensa Marchena sobre la petición de indulto, porque ya lo ha dicho en las resoluciones sobre los terceros grados. Solo tiene que hacer corta y pega. Lo que no puede hacer es alargar o prolongar su decisión, porque es razonable que mucha gente piense que lo hace de forma deliberada

En las últimas horas se ha publicado que el Gobierno y el PP han retomado las negociaciones para la renovación del CGPJ. ¿Está cerca el acuerdo entre el Gobierno y el PP? ¿Están ustedes informados de estas negociaciones?

No, no, la verdad es que el ministro [de Justicia] no nos ha informado de estas supuestas negociaciones. No sé si son reales o no, si son negociaciones o contactos. Yo no comparto el optimismo que ha manifestado el ministro en alguna ocasiones. Creo que la voluntad del PP de bloquear y torpedear el funcionamiento de las instituciones es clara, que no hay una intención real por parte de Enrique López [secretario de Justicia del PP y consejero en Madrid] de dar el brazo a torcer. No podemos ser ingenuos y no podemos operar pensando que ese escenario va a producirse sí o sí. Hay que tener una alternativa y por eso defendemos que hay que seguir con la hoja de ruta que nos habíamos marcado para poner fin al golpismo judicial, a la situación de corrupción institucional, de subversión del orden constitucional que está haciendo el PP. ¿Alguien se imagina un Gobierno en funciones durante dos años, que se negara a disolverse y que siguiera actuando en contra del mandato de las urnas y de la Constitución? Diríamos que es un Gobierno ilegítimo. 

Hemos hablado de algunos elementos que muestran diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, dentro del Gobierno y dentro de de la alianza parlamentaria. Pero hay otros, como las leyes de igualdad, la ley de vivienda, la derogación de la reforma laboral, la ampliación del ingreso mínimo vital o más recientemente las ayudas directas a empresas. ¿Estas diferencias son manejables dentro del Gobierno? ¿Es posible cogobernar así?

La gente está normalizando que en España hay una Gobierno de coalición que está formado por dos partidos que no opinan igual en todas las cuestiones. Creo que no hay que ser hipócrita y reconocer que esos debates existen y que son la base para avanzar de forma conjunta. No hay otra alternativa que el pacto en política. A medida que van saliendo diferentes iniciativas en cumplimiento de nuestro acuerdo salen disonancias o diferencias que tiene que ver con con diferentes formas de interpretarlo. Pero estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas y creo que un elemento de discrepancia no debe impedirnos avanzar en aquello que estamos de acuerdo, porque esa es la política.

Pero la tensión en las últimas semanas se ha elevado varios niveles.

Cuando uno mira hacia atrás y ve todas las iniciativas que hemos adoptado vemos que son muchos los acuerdos. Claramente tenemos un problema cuando se traduce a la opinión pública en ruido. Y ahí tenemos que hacer autocrítica todos e intentar no cometer excesos verbales. Lo más importante es que cuando hay un acuerdo, todo el mundo acate este acuerdo.

Este martes se produjo un hecho novedoso, la abstención de Unidas Podemos a la ley de igualdad de trato del PSOE. ¿Existieron contactos con otros grupos para lograr una mayoría que rechazara la proposición de ley?

Yo no estuve en esas conversaciones, no sé si fueron tal y como se ha publicado. Pero no podemos desenfocar el tema. Hay que recordar que llevábamos siete meses trabajando para aprobar una ley de forma conjunta. Estábamos cerca de un acuerdo y el PSOE de forma unilateral registró su texto, sin el aval de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, cuando el Ministerio competente en esta materia es el de Igualdad. Y parece que eso podía obedecer a la voluntad de bloquear la ley trans y la LGTBI, lo que va en contra del acuerdo de Gobierno.

Eso ha generado un cierto malestar en nuestras filas porque no son las formas más correctas o más leales. Pero creo que hay que diferenciar los grupos parlamentarios del Gobierno. Son dinámicas que no están desconectadas, pero que obedecen a diferentes lógicas. Y cuando se presenta una ley de forma unilateral, sin contar con el socio de gobierno, pues me parece normal que el socio no se sienta vinculado con ella. Y menos si puede pensar que se ha presentado para para bloquear otras leyes.

En las recientes elecciones en Catalunya ustedes han aguantado la representación con ocho diputados, aunque se han dejado alrededor de un 40% del voto. ¿Cómo han evaluado esta pérdida de apoyo?

Obedece a un contexto de gran abstención. Mucha gente se ha quedado en casa y la práctica totalidad de los partidos han tenido menos apoyo. La participación ha sido de las más bajas de la historia. En porcentaje estamos en el mismo nivel de apoyo que en 2017.

El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha hecho una propuesta de formar un gobierno conjunto con Junts, la CUP y En Comú Podem. ¿Por qué la rechazan?

Lo primero que hay que reconocer es que en votos las elecciones las ha ganado el PSOE. Eso no significa que el señor Illa vaya a ser investido, porque quien reparte el juego es el presidente del Parlament en base a los apoyos que tengan los candidatos. Y ahora mismo es evidente que nosotros no sumamos con el PSC. No tiene sentido hacerle perder el tiempo a la gente con una investidura fake. 

Con eso quiero decir que hay que ir a otra fórmula, que tiene que ver con el mandato de las urnas. Hay una clara mayoría de izquierdas, absoluta. Y a favor del diálogo. Y eso significa que podemos hacer un Gobierno de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo y para salir de la crisis.

Con Junts hemos llegado a acuerdos en el pasado, no es exactamente lo mismo que Convergència i Unió a pesar de que arrastra algunos tics del pasado. No descartamos poder llegar a acuerdos con Junts, pero no podemos gobernar con ellos. Es algo que también dicen ellos. Ellos creen que estamos en una pausa del proceso independentista y no en una nueva etapa. No se pueden repetir las vías fracasadas del pasado y la única salida democrática a la situación de bloqueo que existe en Catalunya es el diálogo y el pacto. Junts ha votado en contra de la investidura del Gobierno de coalición. Ha votado en contra de la mayoría de cuestiones que se han planteado en la línea progresista en el Congreso. 

¿Y qué alternativa hay?

Nosotros apelamos a ERC y ya hemos tenido los primeros contactos con ellos, con la CUP y con el PSC, que son los partidos con los que tenemos más coincidencias programáticas. Más que hacer un frente nacional hay que hacer un frente de izquierdas que levante las banderas de la sanidad, la educación, el medio ambiente y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Unidas Podemos ha registrado ante el Ministerio de Justicia este jueves su anunciada petición de “indulto total” para el rapero Pablo Hasel, encarcelado desde el martes para cumplir una condena de nueve meses por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que constituyen, según la Audiencia Nacional, algunos de sus mensajes de Twitter y de las letras de sus canciones. En el escrito, firmado por el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, se solicita la misma medida de gracia para el rapero Valtònyc, “exiliado” en Bélgica para evitar un juicio por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, amenazas y calumnias e injurias graves a la Corona. En ambos casos se pide que se tramiten por con “urgencia”.

La petición de indulto es un paso imprescindible para el Gobierno lo estudie. El propio Hasel ya dijo que él no tenía intención de solicitar la medida de gracia, pero desde Unidas Podemos aseguran a elDiario.es que ha contactado con su abogado para pedirle permiso antes de registrarlo. Tras su registro, Justicia deberá dar traslado al tribunal sentenciador y a la fiscalía para que se posicionen sobre la petición, aunque la decisión última dependerá del Consejo de Ministros.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, reclama el “indulto total” para ambos, es decir, “la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido”. Los firmantes consideran que existe a favor de los penados “razones de justicia, equidad o utilidad pública” y señalan que “se encuentran injustamente condenadas por delitos que conculcan el derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con los estándares en materia de derechos humanos”.

El escrito reclama además que la petición se resuelva “por la vía de urgencia” que reconoce la ley del indulto ya que, asegura, el proceso normal podría llevar más tiempo que la condena a nueve meses que tiene impuesta Hasel. Esta petición no afectaría a otra condena de dos años y medio de cárcel para el cantante por amenazar a un testigo de un juicio y que la Audiencia de Lleida ha ratificado este mismo jueves.

En el caso de Valtònyc, el escrito recuerda que “la justicia belga ha denegado en varias ocasiones la entrega al Estado español, argumentando que las letras de las canciones del condenado se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Reforma del Código Penal

Asens recuerda en su escrito que el grupo de Unidas Podemos ha registrado esta misma semana una proposición de ley “de protección de la libertad de expresión” que platea “derogar los artículos del Código Penal que atentan contra este derecho fundamental recogido en la Constitución”. En concreto, la propuesta quiere eliminar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.

El escrito también recuerda que la propia Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia anunciaron “su intención de presentar una reforma para evitar que los delitos de opinión puedan ser castigados con penas de prisión”.

En 2018 el Congreso ya dio el primer paso para derogar estos mismos delitos y mantener únicamente abierta la vía de la reclamación civil, también por una propuesta de Unidas Podemos. La disolución de las Cortes en febrero de 2019 tras decaer el proyecto de Presupuestos del Gobierno en solitario de Pedro Sánchez impidió que su tramitación llegara a buen puerto.

“Ya sea mediante la vía de Proyecto de Ley del Gobierno o de la Proposición de Ley registrada, la derogación de los delitos de opinión por los que han sido condenados los dos artistas es cuestión de tiempo”, plantea el escrito firmado por Asens.Por eso, continúa, “el indulto es la vía que la legislación vigente ofrece al Gobierno para actuar ante el convencimiento social de que las condenas son injustas y a la espera de la aprobación y posterior aplicación de la reforma del Código Penal”. De ahí que los firmantes reclamen que se haga por la vía de urgencia, para evitar un perjuicio mayor a quienes sufren una pena de prisión que, dicen, dejará de existir en un futuro próximo.

Desde Unidas Podemos recuerdan que en el pasado esto ya se hizo, “como en el caso de los insumisos, que fueron indultados ante la inminente reforma del Código Penal que suprimió el servicio militar obligatorio” durante el primer Gobierno de José María Aznar.

Por último, plantea el documento, “más de 200 artistas, han firmado un manifiesto en el que reclaman la liberación del rapero Pablo Hasel, 'así como que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”.

Pablo Hasel está a punto de entrar en prisión por las rimas de sus canciones y por sus tuits. La Audiencia Nacional ordenó hace una semana el ingreso en prisión del rapero para cumplir la pena de 9 meses y un día de prisión a la que le sentenció el Tribunal Supremo en mayo de 2020 por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. Los magistrados le dieron un plazo de 10 días para que se entregara voluntariamente. Pero no lo hará: “No voy a presentarme voluntariamente porque ante una sentencia tan injusta lo consideraría una humillación. Ya es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión. Así que tendrán que venir a secuestrarme allí donde me encuentre, que probablemente será en mi domicilio”.

Pablo Rivadulla Duro, conocido como Pablo Hasel, ha participado este jueves en un acto por videoconferencia organizado por la eurodiputada Clara Ponsatí (Junts), en el que también han intervenido el rapero Josep Valtònyc, que se encuentra en Bruselas desde la primavera de 2018 mientras se resuelve la euroorden solicitada contra él por una sentencia similar a la de Pablo Hasel; la abogada Isabel Elbal; y otros eurodiputados como Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (EH Bildu).

Hasel recuerda que ya en 2011 sufrió su primera detención y registro en su domicilio. “Por entonces vivía con mi familia”, explica, “y la policía española me quitó libretas, cámaras, camisetas e incluso libros por el hecho de ser libros comunistas, acusado de lo que ellos llaman enaltecimiento del terrorismo por 20 canciones. No sólo se llevaron objetos míos, mis ordenadores, sino también de mis padres y de mis hermanos. Pasé una noche detenido en el calabozo y me dejaron en libertad a la espera de juicio, en el que me perdieron dos años de prisión por el contenido de mis canciones”.

En aquella ocasión no entró en prisión porque era su primera condena y no superaba los dos años de cárcel. “El objetivo de estas condenas es coartar la libertad de expresión”, afirma el rapero, “y utilizarnos a unos cuantos como cabezas de turco y para que el resto de la población tenga miedo a la hora de criticar a la monarquía, a los cuerpos policiales o a la hora de solidarizarse con los presos políticos del Estado español”. Hasel se refiere, en este caso, a Isabel Aparicio, quien falleció en 2014 en la cárcel de Zuera, sobre quien tuiteó que había sido “exterminada por comunista”.

Aquel fue uno de los 64 tuits por los que le condenó la Audiencia Nacional (y ratificó el Supremo) cuando contaba con 54.000 seguidores, entre los años 2014 y 2016: hoy tiene más del doble de seguidores en Twitter. Entre sus tuits también se solidarizaba el exjefe militar de ETA, el fallecido Joseba Arregi, de quien dijo Hasel que murió torturado por la policía. Cuando tuiteaba aquello Hasel, hacía ya tiempo que ETA y los GRAPO habían desaparecido,

“El Estado español es el que tiene más artistas condenados a prisión”, afirma Hasel, “lo que pone de manifiesto que en el Estado español no hay libertad de expresión. Solo la tienen los fascistas para decir cualquier barbaridad”.

Valtònyc, quien participaba en el acto de este jueves, fue condenado por Tribunal Supremo por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por el contenido de sus canciones a tres años y medio. El rapero mallorquín decidió marcharse a Bruselas para evitar la cárcel. ¿Hará lo mismo Hasel? “Lo he meditado y ha decidido quedarme aquí”, afirma: “Va a servir mejor para trasladar el mensaje de que el Estado pretende silenciarnos porque tiene temor, va a servir para quitarles su careta de Estado democrático porque casos como el mío demuestran que se están vulnerando libertades democráticas tan fundamentales. Aquí, desde luego, no hay ni rastro de democracia. Si yo me marchara, se quitarían un problema de en medio. Este proceso es una parte de su estrategia para tratar de doblegarme”.

Hasel critica la actitud del Gobierno: “No me espero nada de ellos, están siendo cómplices de este encarcelamiento también y por tanto culpables. Yo no voy a pedir el indulto, no voy a mendigar ni mi libertad, ni voy a arrepentirme porque no tengo nada de lo que arrepentirme. Ellos tienen el poder como para poder liberarme. Y no han hecho absolutamente nada, como tampoco han hecho nada para tumbar el Código Penal con el que nos condenan. Por eso no espero absolutamente nada de este mal llamado gobierno progresista: si se conquista mi libertad será por la presión de la sociedad”.

La abogada Isabel Elbal, en cuyo despacho llevan la defensa de Valtònyc, la de un miembro de La Insurgencia y de César Strawberry, entre otros, afirma que “la libertad de expresión ampara precisamente aquellas expresiones que son desabridas, que pueden inquietar al poder, que cuestionan el sistema establecido, por supuesto, de forma pacífica. Esto es lo que significa el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

“En este contexto”, reflexiona Elbal, “es curioso que a partir de que estas organizaciones terroristas ya no suponen un peligro para la convivencia pacífica en España, es cuando se empiezan a activar ciertos delitos de opinión por parte de las autoridades, sean policiales, sean judiciales, que de forma muy intensa. Están invocando injerencias inadmisibles en el derecho fundamental a la libertad de expresión. Lo que denominamos efecto desaliento es algo que las sociedades democráticas tienen que evitar, porque si se produce un efecto desaliento, un efecto de autocensura en la ciudadanía, lo que queda dañado gravemente es el sistema de democrático”.

Elbal destaca que tanto en el caso de Hasel como en el de Valtònyc, “la competencia para el enjuiciamiento de estos delitos reside en la Audiencia Nacional, y la última palabra respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional está en el Tribunal Supremo. Afecta a las instancias jurisdiccionales más altas de España, porque son el delito de injurias contra el rey y el delito de enaltecimiento terrorista en España”.

Y, según Elbal, “considerar enaltecimiento terrorista a canciones o letras de canciones o tweets supone una absoluta injerencia en el derecho de creación artística y de libertad de expresión, porque el derecho penal debe ejercerse desde el principio de la mínima intervención, solamente si no queda más remedio. Estamos ante unos magistrados en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que están confundiendo las letras alegóricas, exacerbadas, exageradas, que caracterizan el rap con la realidad; están confundiendo la realidad con la ficción”.

Valtònyc abunda en esta tesis: “Nos acusan de desear la muerte cuando esto es evidentemente mentira. Nosotros hacemos canciones, todos somos artista y acusarnos de amenazar es tan absurdo como decir que Nabokov es un pederasta. O como cuando Esperanza Aguirre dijo de los arquitectos que 'habría que matarlos'. Y entonces se dijo que era una broma y no pasó nada, sólo pasa con la izquierda. Yo estoy condenado por injurias por decir que los Borbones son unos ladrones, y es evidente que lo son. Lo ha publicado todo el mundo”.

Valtònyc está a la espera de ver qué decide el Tribunal Constitucional belga sobre su extradición, después de que en primera instancia la justicia belga le haya ido dando la razón en el sentido de que entender que se trata de libertad de expresión.“Espero que el Constitucional siga el mismo camino que han seguido en primera instancia”, sostiene: “Después de los atentados recientes que ha sufrido Bélgica, no entienden que a mí se me quiera aplicar un delito relacionado con el terrorismo”.

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, fue condenado en 2018 a tres años y medio de cárcel por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte. Y este martes 15 de septiembre el tribunal de apelación de Gante (Bélgica) ha decidido cursar una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional belga sobre la extradición por terrorismo cursada por España tras marcharse el rapero a Bélgica en junio de 2018. Lo que pregunta el tribunal de Gante al Constitucional es si los delitos de injurias por los que ha sido condenado Valtònyc en España están amparados por un derecho fundamental como la libertad de expresión. La vista en Gante se ha fijado para el próximo 3 de diciembre, pero todo indica que se tendrá que posponer, en tanto que el Constitucional puede tardar en decidir “al menos seis meses o un año”, según los abogados de la defensa.

“Está bien que pase esto porque los Borbones cada día que pasan lían alguna, todo lo que sea ganar tiempo ya nos va bien. Se me ha condenado por hacer un spoiler cuando dije que los Borbones son unos ladrones y unos mafiosos”, ha declarado Valtònyc a la salida de la vista: “Como ha pasado con Lluís Puig, en Bélgica se ha declarado incompetente el Supremo español y no me importaría demostrar que también lo son la Audiencia Nacional y el Constitucional español”.

El abogado Simon Bekaert ha explicado: “De los tres delitos, las amenazas y el enaltecimiento del terrorismo ya fueron desechados en los tribunales. Ahora la cuestión es sobre las ofensas al rey. En Bélgica tenemos una ley sobre el XIX relativa a las ofensas al rey, y se hace la consulta de si la Constitución garantiza la libertad de expresión. Estamos muy confiados en el resultado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo primando la libertad de expresión sobre las injurias, como en el caso de Arnaldo Otegi en 2011”.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito, ni en España ni en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Entre el primer rechazo y la sentencia que se leerá este martes, se ha producido también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo pasado, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

A Valtònyc se le condenó en España también por injurias a la Corona, “por decir la verdad”, apostilla el rapero: “Todo lo que yo dije está documentado en medios de comunicación y en los libros. Al final yo no soy ningún vidente ni ni soy un tío que tenga una visión de la política muy, muy amplia. No es lo mío. Se me ha condenado por decir algo que todo el mundo sabe”.

Gonzalo Boye, uno de sus abogados defensores, abunda: “En cualquier otro país, después de lo que ha pasado con el rey emérito, que ha huido de España, habrían revisado la condena. Es un delito que hay que contextualizar. En Bélgica, sí hay doble incriminación con las injurias, aunque hace muchísimos años que no se aplica, pero al final están entendiendo que es libertad de expresión, porque con el enaltecimiento y las amenazas los delitos no tienen correlación en Bélgica”. 

El Tribunal de Justicia de la UE falló en una cuestión prejudicial pedida por el tribunal de Gante que España no hizo bien en aplicar de manera retroactiva el Código Penal para tener una pena mayor. “Quisieron aplicar el Código Penal de 2015 que ya castiga la apología el terrorismo con tres años en el Estado español”, dice Valtònyc: “Eso les daba una condena de tres años por un solo delito, no juntando los tres delitos. Por suerte mi abogado se dio cuenta y nos han dado la razón”.

La tesis de España en Luxemburgo defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, cuando se produjeron los hechos, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, rechazando que ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España estén tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Una vez se produzca el fallo del tribunal de Apelación de Gante, pueden recurrir las partes al tribunal de casación, donde se revisan las formas del proceso, no el fondo.

¿Rapear es terrorismo? ¿Injurias a la Corona por descalificar en canciones a Juan Carlos I, ahora huido de España? ¿Amenazas en canciones? Josep Miquel Arenas, Valtònyc, fue condenado en 2018 a tres años y medio de cárcel por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte. Y este martes 15 de septiembre el tribunal de apelación de Gante (Bélgica) decide sobre la euroorden por terrorismo cursada por España tras marcharse el rapero a Bélgica en junio de 2018.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito, ni en España ni en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Entre el primer rechazo y la sentencia que se leerá este martes, se ha producido también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo pasado, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

“Teníamos que haber ido el martes 8, y pasé todos los nervios”, explica Valtònyc sobre el retraso de una semana en conocer el veredicto: “Pero el lunes me llegó que por asuntos burocráticos se posponía, así que ahora ha tocado una semana más de espera y de sufrimiento”, dice el rapero.

“ETA ya no existe”, dice Valtònyc, a quien España reclama por terrorismo, “cuando ETA dejó de matar yo tenía 16 años, la actividad de los GRAPO básicamente ni la conocí, y al final me condenan por apología del terrorismo por un terrorismo que es inexistente: el único terrorismo que hay hoy en día en el Estado español es el terrorismo de Estado”.

A Valtònyc se le condenó en España también por injurias a la Corona, “por decir la verdad”, apostilla: “Todo lo que yo dije está documentado en medios de comunicación y en los libros. Al final yo no soy ningún vidente ni ni soy un tío que tenga una visión de la política muy, muy amplia. No es lo mío. Se me ha condenado por decir algo que todo el mundo sabe”.

Gonzalo Boye, uno de sus abogados defensores, abunda: “En cualquier otro país, después de lo que ha pasado con el rey emérito, que ha huido de España, habrían revisado la condena. Es un delito que hay que contextualizar. En Bélgica, sí hay doble incriminación con las injurias, aunque hace muchísimos años que no se aplica, pero al final están entendiendo que es libertad de expresión, porque con el enaltecimiento y las amenazas los delitos no tienen correlación en Bélgica”. 

Al rapero le sentenciaron a tres años y medio, pero se marchó de España “bajo vigilancia policial”, explica. “Y luego me pidieron la euroorden por terrorismo. Es una putada, porque al estar considerado terrorista en un país donde están en alerta terrorista de nivel cuatro, se me cierran muchas puertas: no puedo abrirme una cuenta bancaria con la facilidad de otro ciudadano europeo, no puedo ir a registrarme al Ayuntamiento... Eso me hace la vida más difícil aquí, que supongo era su intención. Pero también nos ha ayudado en parte a batallar, porque para los medios internacionales y para la justicia belga que llegue una euroorden por terrorismo por canciones nos favorece”.

El Tribunal de Justicia de la UE falló en una cuestión prejudicial pedida por el tribunal de Gante que España no hizo bien en aplicar de manera retroactiva el Código Penal para tener una pena mayor. “Quisieron aplicar el Código Penal de 2015 que ya castiga la apología el terrorismo con tres años en el Estado español”, dice Valtònyc: “Eso les daba una condena de tres años por un solo delito, no juntando los tres delitos. Por suerte mi abogado se dio cuenta y nos han dado la razón”.

La tesis de España en Luxemburgo defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, cuando se produjeron los hechos, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

Para la defensa de Valtònyc, el fallo de Luxemburgo “sienta un precedente”, y entienden que es un “duro golpe a la Audiencia Nacional por cómo están haciendo las cosas”.

Pero que Bélgica rechace la extradición no significa que la pena en España se modifique: “”No, no, ni mucho menos. Lo que voy a poder es hacer vida normal aquí en Bélgica, y que en Bélgica deje de ser un terrorista y por fin pueda acceder a tener una ciudadanía belga y pueda hacer vida normal completamente. Para mí eso no es una victoria, pero es un paso. Cada vez que me para la policía por la calle, por lo que sea, y me pide la documentación, tengo que ir a comisaría detenido porque estoy fichado por la Interpol. Hasta que se demuestra que estoy aquí en libertad condicional no me dejan ir“.

Valtònyc explica que en Bélgica está “considerado un fugado y en libertad condicional”. “Y como la justicia flamenca está separada de la justicia valona o la de Bruselas, no les sale que estoy en libertad condicional, les sale que estoy en busca y captura: cada vez que me para la policía, me detienen y tiene que venir el abogado a sacarme”, sostiene.

La defensa de Valtònyc confía en que, en algún momento, pueda producirse una prescripción de los delitos. Pero el rapero no es tan optimista: “Al ser un delito por terrorismo no prescribe... Si prescribe a los cinco años, a los cuatro años y 11 meses te pueden enviar una notificación de que quieren que vuelvas, por ejemplo, a declarar y tienes que volver a esperar cinco años. Sólo prescriben los delitos de los ricos, de eso se olvidan. A los pobres se les persigue hasta que van a la cárcel”.

“El tema es que aquí la apología del terrorismo no existe”, abunda Valtònyc. “Aquí lo que existe es la captación, la apología del terrorismo en Bélgica no está en el Código Penal. Esto se incluyó en el Código Penal en el año el 2011 por el PSOE y el PP, porque quisieron meter una ley antiterrorista teóricamente para luchar contra el yihadismo. Y, al final, como cada reforma del Código Penal en el Estado español se aprovechó para atizar a los ciudadanos, al disidente y realmente se nos ha condenado a raperos. Aquí se castiga la captación de células de terroristas, es lo normal, combatir el terrorismo de verdad. Combatir el terrorismo no es condenar a raperos. Y las injurias a la Corona aquí no se aplican desde el año 1895 o una cosa así. De hecho, los flamencos quieren quitar las injurias a la Corona del Código Penal, las quieren despenalizar”.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, rechazando que ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España estén tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Una vez falle el martes el tribunal de Apelación de Gante, pueden recurrir las partes al tribunal de casación. “Desde que se recurre a casación son 15 días que tiene otro tribunal para revisar las formas, pero no el fondo”, explica Valtònyc. “Revisaría si el juez ha aplicado la ley, si he tenido unos abogados y la Fiscalía ha hecho su trabajo. Al final eso es lo que me pasó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no miraron el fondo de la cuestión, sino la forma. En verdad que a mí no me faltó un fiscal, un abogado... Pero no era eso lo que queríamos, sino que se revisase si se había vulnerado el derecho a la libertad expresión”, sentencia.

El Tribunal de Gante (Bélgica) ha decidido este martes posponer al 8 de septiembre su decisión sobre la extradición de Valtònyc. “El tribunal se va a tomar su tiempo”, ha dicho el abogado del rapero, Simon Bekaert, a la salida de la vista, “y la vista será el próximo 8 de septiembre”, fecha adelantada por la ACN.

Valtònyc ha defendido que no es más “que un rapero, y el rap es una música combativa”. “No tengo nada que ver con partidos políticos, y casualmente a los raperos que se persiguen son los de izquierdas. ¿Cómo me pueden perseguir por injurias a la corona cuando precisamente la justicia española está investigando al rey Juan Carlos?”, se ha preguntado el rapero: “Se trata de música, nada más”.

El rapero estuvo arropado en Gante por los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, así como por el ex conseller Lluís Puig.

Valtònyc está condenado en España a una pena de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas, otro de calumnias e injurias graves a la Corona y un tercero de amenazas. La decisión que se anuncie el próximo 8 de septiembre aún puede ser recurrida ante la corte de casación belga, la última instancia de este proceso judicial.

La Justicia europea, el pasado 3 de marzo, siguió la estela del abogado general de la UE y dio la razón al rapero Valtònyc: rechazó la tesis española para lograr la extradición del mallorquín tras haber sido condenado a 3,5 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por sus canciones.

El pasado noviembre, el abogado general del TUE Michal Bobek dio la razón a Valtònyc en su dictamen al considerar que España no debió aplicar de manera retroactiva la Ley penal española de 2015 para solicitar su extradición a las autoridades judiciales belgas.

La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

España, a través de la abogada del Estado Sonsoles Centeno Huerta, defendió en la vista de Luxemburgo la aplicación de la euroorden con la legislación vigente cuando se dicta la orden de detención y entrega –código de 2015– .

El Gobierno belga, representado a través de la Fiscalía, explicó Efe, se situó en línea con las tesis de las autoridades judiciales españolas, pero no lo hizo el jurista de la Comisión Europea, quien sostuvo que la normativa europea indica claramente que se debe de tener en cuenta la fecha de comisión de los delitos.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert, a quienes acompañó en la sala Gonzalo Boye, sostuvo en aquel momento que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas contemplado cuando se solicitó la entrega, en 2018.

La Justicia europea sigue la estela del abogado general de la UE y da la razón al rapero Valtònyc. Con la decisión que ha tomado el organismo, rechaza la tesis española para lograr la extradición del mallorquín tras haber sido condenado a 3,5 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por sus canciones.

El pasado noviembre, el Abogado General del TUE Michal Bobek dio la razón a Valtònyc en su dictamen al considerar que España no debió aplicar de manera retroactiva la Ley penal española de 2015 para solicitar su extradición a las autoridades judiciales belgas.

La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

España, a través de la abogada del Estado Sonsoles Centeno Huerta, defendió en la vista de Luxemburgo la aplicación de la euroorden con la legislación vigente cuando se dicta la orden de detención y entrega –código de 2015– .

El Gobierno belga, representado a través de la Fiscalía, explicó Efe, se situó en línea con las tesis de las autoridades judiciales españolas, pero no lo hizo el jurista de la Comisión Europea, quien, sostuvo que la normativa europea indica claramente que se debe de tener en cuenta la fecha de comisión de los delitos.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert, a quienes acompañó en la sala Gonzalo Boye, sostuvo que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas contemplado cuando se solicitó la entrega, en 2018.

El abogado general de la UE ha hecho públicas este martes sus conclusiones sobre el caso Valtònyc, el rapero español al que España reclama a Bélgica tras haber sido condenado a 3,5 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por sus canciones. Y ha defendido aplicar el Código Penal vigente en 2012, fecha en que se cometieron los supuestos delitos, y no el de 2015, más duro y que pedía España, vigente cuando se dictó la sentencia.

“Estoy muy contento de que el abogado general se haya situado a nuestro favor, no es concluyente pero hay muchas posibilidades de que los jueces sigan sus tesis al 85%”, ha reconocido este martes Valtònyc: “Esto demuestra que España cuando juega fuera de juego, sin un árbitro casero, no puede hacer lo que quiera ni interpretar la ley a su manera”.

Si los jueces del tribunal de Luxemburgo concluyen lo mismo que el abogado general, el tribunal belga de Gante “devolverá la euroorden”, afirma Valtònyc: “Rechazará la extradición por la vía rápida, porque no hay doble incriminación y el delito de terrorismo no podría sumar más de tres años. Ahora esperaremos el veredicto de los jueces”.

Las conclusiones del abogado general del caso, el checo Michal Bobek, no son vinculantes, pero suelen coincidir con los fallos del tribunal, cuya sentencia no será recurrible, y que deberá interpretar y aplicar el Tribunal de Apelación belga que introdujo la cuestión prejudicial ante la corte de Luxemburgo.

“La innegable virtud de interpretar la Decisión Marco en el sentido de que se refiere a la ley concretamente aplicable a los hechos del caso consiste en que ofrece un marco de referencia sencillo, claro y previsible”, dice Bobek en relación a la norma que establece la posibilidad de denegar la entrega si el Código Penal del país no recoge los delitos por los que ha sido condenado Valtònyc, salvo que estos sean de naturaleza terrorista y se penen con un mínimo de tres años. Y añade: “Con la eventual y única excepción de que se efectúen posteriores modificaciones más favorables para el acusado, ese marco de referencia permanecerá inmutable y estable”.

No obstante, explica el tribunal, “no pueden hacer uso del sistema que permite la entrega sin controlar la doble tipificación del delito porque la ley del Estado emisor que hay que tener en cuenta para determinar si se cumple el único requisito exigido por ese sistema [que el delito esté castigado con una pena máxima de un mínimo de tres años] es la aplicable en el momento en que se cometieron los hechos [y no la vigente cuando se emitió la orden de detención]. Pero eso no significa que no pueda ejecutarse la orden por el mismo delito por la otra vía [doble tipificación] o por los otros delitos [que exigirán normalmente que se verifique si hay doble tipificación]”.

En principio, la vista sobre el caso en el Tribunal de Apelación belga está fijada para el 24 de diciembre, pero es probable que se retrase hasta que haya un pronunciamiento de la Justicia europea, cuya respuesta definitiva se espera para 2020.

En concreto, la Justicia belga presentó la cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo porque quería saber, por un lado, cómo deben de computarse las penas –juntas o por separado–, pues existe la posibilidad de denegar la entrega si el Código Penal del país no recoge los delitos por los que ha sido condenado Valtònyc, salvo que estos sean de naturaleza terrorista y se penen con un mínimo de tres años.

El tribunal belga también pide directrices con vistas a la euroorden emitida por España, y pide que se aclare si el magistrado debe tener en cuenta la legislación vigente en el país emisor de la orden cuando se cometieron los hechos –en 2012, con lo que se decretaría que no hay que entrar a la doble incriminación y sería un revés para la euroorden–, o cuando se dictó la orden de detención y entrega contra él, en 2018 –con lo que se aplicaría el código penal español de 2015–.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

España, a través de la abogada del Estado Sonsoles Centeno Huerta, defendió en la vista de Luxemburgo la aplicación de la euroorden con la legislación vigente cuando se dicta la orden de detención y entrega –código de 2015– .

El Gobierno belga, representado a través de la Fiscalía, explicó Efe, se situó en línea con las tesis de las autoridades judiciales españolas, pero no lo hizo el jurista de la Comisión Europea, quien, sostuvo que la normativa europea indica claramente que se debe de tener en cuenta la fecha de comisión de los delitos.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert, a quienes acompañó en la sala Gonzalo Boye, sostuvo que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas contemplado cuando se solicitó la entrega, en 2018.

“En el momento en el que se cometieron los hechos se consideraba un delito leve”, indicó ante el tribunal Paul Bekaert, quien aseguró que su cliente “es un cantante de rap famoso en España y más allá de sus fronteras” que “nunca ha hecho nada violento”.