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La lucha del rap por la libertad de expresión se cuela en el Primavera Sound: “Todavía sale barato meternos en cárcel”

Mesa redonda 'cuando rapear es delito'

Pau Rodríguez

“No es un problema del PP o PSOE, es un problema de Estado donde no se puede cuestionar a la monarquía o a la Audiencia Nacional”. Esta frase se ha escuchado este viernes en el Primavera Sound. No era ante las masas que se agolpan, gafas de sol y cerveza en mano, frente a los escenarios del Parque del Fórum, sino en un auditorio del CCCB con medio centenar de personas entre el público. El festival por excelencia en España de la escena indie, a menudo tachada de apolítica, ha celebrado un debate sobre música y libertad de expresión en el que ha habido tiempo hasta para hablar del futuro gobierno de Pedro Sánchez.

¿Desde cuando se interesa por la política el Primavera Sound? Un dato puede ayudar a comprenderlo: hace solamente un año, una desconocida plataforma No callarem contra la persecución de artistas repartía flyers en la rampa de acceso al festival. Este viernes su logo adornaba las acreditaciones de los ponentes Dani Vilaró, de Amnistía Internacional; Laia Serra, abogada penalista especializada en libertad de expresión y delitos de odio, y Álex Nikolaev 'Elgio', exvocalista de La Insurgencia condenado a dos años y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

Lo que ha pasado entre medio es conocido: penas de cárcel como las de Valtonyc y Pablo Hasel y un sector musical que ha despertado en solidaridad con los de su gremio –llenaron la cárcel Modelo en abril– hasta colar el mensaje en el Primavera. O, por ahora, en el PrimaveraPro, el encuentro de profesionales del sector, al que acuden más de 3.000 personas, que realiza el festival para analizar los retos de la industria musical. La sesión ha incluido otro guiño a la actualidad política: se ha celebrado un debate sobre las desigualdades de género en el universo musical y se ha entregado el Primavera Award a la entidad Mujeres de la Industria de la Música.

Es en este contexto que el rapero Elgio ha podido entrar de lleno a denunciar la amenaza que supone aplicar el Código Penal contra artistas como él. “No me han condenado solo para joderme a mí, sino para asustaros a vosotros, para provocar que a nadie se le ocurra escribir canciones reivindicativas, ni hacer tuits, ni ir a movilizaciones”, ha expresado el cantante. Vilaró, de Amnistía Internacional, lo corroboraba: “Que haya gente que entre en prisión por cantar una canción tiene un impacto en cuanto a autocensura, genera miedo entre los creadores, y demuestra la regresión vivida en España”. 

El efecto disuasorio de las penas de cárcel

Los ponentes han coincidido en la utilización abusiva de tipos penales como el de enaltecimiento del terrorismo o el delito de odio, más aun cuando se aplican a productos artísticos que deberían ser interpretados como tales. “Se trata de un canal de comunicación distinto, con un evidente componente emocional y sensitivo, pero no se tiene en cuenta”, ha lamentado Serra, que ha puesto como ejemplo la causa, finalmente archivada, de dos titiriteros que estuvieron en prisión preventiva por delito de odio: “Era un producto tan inequívocamente artístico que me pareció increíble que un fiscal o un juez llegara siquiera a tener la duda”.

A lo largo de la charla se ha incidido en que la libertad de expresión está pensada precisamente para proteger a quienes piensan distinto, incluso a quienes adoptan mensajes que se puedan considerar ofensivos. “No hace falta que me escuchéis ni compartáis el contenido de mis letras, solo que aceptemos que tengo derecho a expresarlas sin riesgo de que me metan en prisión o ni siquiera de que me pongan una multa”, resumía Elgio, condenado, según el juez, por difundir un “discurso violento” a que ensalzaba a la “organización terrorista” de los Grapo. 

Sobre este punto también se ha manifestado Serra, que ha considerado “absurdo” condenar a artistas por enaltecimiento del terrorismo suponiendo que sus letras incitan a que la ciudadanía cometa actos terroristas. Que esto ocurra quizás tiene que ver con el hecho de que la disolución de ETA haya dejado, en su opinión, a toda una serie de fiscales y jueces de la Audiencia Nacional “sin demasiado trabajo”. 

¿Un nuevo horizonte con Pedro Sánchez? 

Celebrado a pocas horas de la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, el debate en el CCCB no ha podido obviarlo, aunque la primera valoración sobre el éxito de la moción de censura revestía pesimismo en cuanto a la libertad de expresión. “Mientras exista la Audiencia Nacional, independientemente del Gobierno que haya, del PP a Podemos, vamos a tener persecución”, sostenía Elgio. A él lo han procesado durante el mandato de Rajoy, pero la primera detención de Pablo Hasel fue en 2011, con Zapatero en la Moncloa. 

“Las grandes reformas del Código Penal se han realizado con consenso de PP y PSOE”, añadía Serra, que iba más allá para responsabilizar a parte de la sociedad por falta de cultura democrática en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Solo Vilaró se ha mostrado relativamente esperanzado al recordar que Sánchez ha prometido derogar los aspectos más controvertidos de la Ley Mordaza. “Amnistía estaremos allí para recordárselo”, ha advertido. 

Para Vilaró, la cara positiva –si la puede haber– de las condenas a artistas es que se ha encendido la “chispa” para una movilización que presione a los gobernantes, aunque Elgio, al concluir el debate, no lo tenía del todo claro: “Todavía les sale muy barato meternos en la cárcel, si les saliera caro no lo harían”. 

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