El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

El Gobierno vasco va a recuperar el premio Manuel de Irujo, un reconocimiento a juristas de prestigio que toma el nombre del que fuera ministro de Justicia del Gobierno legítimo de la II República en plena Guerra Civil, el único del PNV en la historia que ha accedido a esa posición. El galardón fue creado en 2002, se entregó anualmente hasta 2011 y desapareció en 2012. La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, socialista, firmará próximamente un decreto para rescatar esta iniciativa, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico.

Manuel de Irujo, dirigente navarro del PNV, fue una figura crucial en la historia de Euzkadi y de España en aquella época. Era ministro español cuando se produjo el bombardeo de Gernika ejecutado por la aviación nazi al servicio de los sublevados franquistas y fue una de las voces más insistentes a la hora de denunciar a nivel internacional el papel tanto de la Alemania de Adolf Hitler como de la Italia fascista de Benito Mussolini.

Nacido en Estella en 1891, un entorno carlista en la época, se formó como jurista en Bilbao y, al regresar, impulsó las estructuras del PNV en Navarra. En la II República, impulsó la redacción del primer Estatuto de autonomía vasco, que en un primer momento iba a incorporar a Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Al poco de estallar la Guerra Civil y con parte del territorio vasco ya perdido, en septiembre de 1936 Irujo accedió a ser ministro sin cartera de un Gobierno de concentración encabezado por el socialista Francisco Largo Caballero a cambio de la aprobación del Estatuto vasco, que efectivamente se produjo en esas fechas. Después, al poco de producirse el bombardeo de Gernika, pasó a ser ministro de Justicia de España, ya con Juan Negrín como presidente del Ejecutivo. Tras siete meses en el cargo, salió del Gobierno para regresar un tiempo después, ya en 1938, de nuevo sin cartera.

Sostiene la Real Academia de la Historia que Irujo, desde el Gobierno de España, “puso especial empeño en conseguir que cesara la persecución religiosa y que se normalizara el culto” en la zona republicana. Después, se vio forzado a emprender el exilio. Simbólicamente, fue también ministro español de Industria en 1945 del Gobierno republicano que se siguió reuniendo en el extranjero. A la muerte de Franco, regresó a España. Con 86 años, fue elegido senador por Navarra en las elecciones constituyentes al frente de una coalición del PNV con otras fuerzas nacionalistas y de izquierdas. Participó en las negociaciones del Estatuto de 1979, ya solamente para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y ese año fue elegido parlamentario foral. Falleció en 1981, a los 90 años.

El galardón fue presentado en marzo de 2002 por el entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que era de EA y formaba parte del Gobierno encabezado por Juan José Ibarretxe, del PNV. Estuvo dotado inicialmente con un premio de 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros al cambio de los recién creados euros. El primer homenajeado fue el juez José María Lidón, asesinado por ETA unos meses antes. Después, se fueron sucediendo los galardones hasta que, en octubre de 2011, la entonces consejera socialista de Justicia, Idoia Mendia, ofreció el último a Josefina Triguero, la primera mujer magistrada de España. En 2012 el Gobierno de Patxi López no lo convocó y en los doce años del de Iñigo Urkullu tampoco se mencionó nunca este premio.

Sostiene el Ejecutivo actual de Imanol Pradales que los objetivos del premio “resultan hoy plenamente vigentes”. “La figura de Manul de Irujo representa una defensa constante y coherente del derecho y de la justicia como pilar de la acción política, social y económica, apostando siempre por soluciones pacíficas y jurídicas para la resolución de los conflictos”, se argumenta en la documentación anexa al proyecto de decreto, para el que hay un plazo de alegaciones hasta el 15 de mayo. Se buscará, nuevamente, “el reconocimiento y la visibilización de trayectorias personales o colectivas vinculadas al ámbito de la Justicia y del Estado de Derecho”.

Azkarraga, muñidor de la iniciativa original, expresa en conversación telefónica su alegría por esta decisión. “Le mandé una carta hace un tiempo a la consejera indicándole que estaría bien que se pudiera recuperar. Los premios habían sido muy plurales siempre y el jurado también lo era”, indica el exconsejero, que dejó el Ejecutivo en 2009. El exdirigente del PNV Iñaki Anasagasti también había reclamado la recuperación del galardón para poner en valor la figura de Irujo.

En Estella, una asociación también tiene un galardón con ese nombre. En el PNV navarro actual continúan los descendientes del exministro. Mikel Irujo es consejero del Gobierno de Navarra dentro de Geroa Bai, la coalición de los nacionalistas en la comunidad foral. Y su hija Maider Irujo es dirigente de EGI, las juventudes del PNV, e intervino como tal en el último Aberri Eguna o día de la patria vasca junto al presidente del partido, Aitor Esteban, y al lehendakari. En el discurso, hizo varias referencias a su familiar.

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de las Prisiones vascas de flexibilizar el cumplimiento de la condena de cárcel en segundo grado de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, conocida como 'Anboto'. Al no ser un tercer grado o semilibertad, sino una aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el recurso no suspende el disfrute de las salidas concedidas hasta que, en su caso, pueda ser revocado por el juzgado responsable de vigilancia penitenciaria, que es la Audiencia Nacional en casos de terrorismo.

El ministerio público ve prematuro este paso al no haber alcanzado 'Anboto' tres cuartas partes de su condena efectiva. La nominal es próxima a los 800 años por la acumulación de delitos. El fiscal de vigilancia penitenciaria, Carlos García-Berro, apunta también a un supuesto “uso indebido” del 100.2 a modo de “tercer grado anticipado por vía reglamentaria”. Desde el Gobierno vasco, que en 2021 asumió la competencia de Prisiones, expresan su “respeto absoluto” a la decisión de la Fiscalía. Repiten que el control judicial de sus decisiones “forma parte del mecanismo” garantista de la normativa penitenciaria.

'Anboto' disfruta de su nuevo régimen de cumplimiento de condena desde el 24 de marzo, lo que ha motivado controversia política y entre asociaciones de víctimas. Se le permiten salidas durante el día de lunes a viernes, con pernocta en Martutene, su cárcel de referencia, y estancia durante los festivos. El artículo 100.2 no es ni un beneficio penitenciario ni una progresión de grado, pero sí es una fórmula para flexibilizar el régimen cerrado que se ha usado en una proporción muy alta con los reclusos de ETA, que copan un tercio de todos los concedidos en Euskadi, cuando son alrededor de un 6% de la población interna.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, rechaza que el “perfil político” de los presos en las cárceles vascas, en referencia a los exdirigentes del PNV que cumplen penas de corrupción, “influya” o “afecte” a su “situación” penitenciaria. Agrega que no es “excepcional” que se hayan producido “progresiones” de grado, ya que eso es una posibilidad prevista en la normativa y que se aplica por razones “técnicas” y nunca de otra naturaleza.

San José ha realizado estos comentarios en respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante del PP Santiago López Céspedes. La iniciativa fue registrada después de que trascendiera que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, había logrado ya un tercer grado, es decir, un régimen de semilibertad, cuando ni siquiera ha llegado a un tercio del tiempo total de cumplimiento efectivo de su pena, ya de por sí reducido en tres años.

De Miguel, condenado a doce años como cabecilla de una trama de corrupción, entró en prisión en el verano de 2023 y con fecha de salida en el verano de 2032. Ya disfrutaba de un régimen cerrado atenuado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Asimismo, los otros tres excargos del PNV igualmente en prisión han saltado también al tercer grado sin alcanzar la mitad de sus penas. Son Xabier Sánchez Robles, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Solamente en el último caso la progresión se ha hecho a propuesta de Prisiones; los otros tres lo lograron con recursos ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

San José, en sus explicaciones al Parlamento, no entra en detalles concretos escudándose en la protección de datos. De hecho, ni siquiera confirma que las juntas de tratamiento plantearan no conceder a De Miguel -y a otros dos implicados en la misma trama- el tercer grado en un estadio tan prematuro de la condena total, algo inhabitual según fuentes penitenciarias. Ya antes los funcionarios se habían opuesto al 100.2 para el expolítico. Según la consejera socialista, que dice no tener datos del tiempo habitual para las progresiones de grado, es impepinable acatar las resoluciones judiciales y “no corresponde al Gobierno vasco valorarlas”. Que la Justicia enmiende la plana al Ejecutivo no supone una “disfunción”, sostiene.

Remarca la titular de Justicia y Derechos Humanos que una característica fundamental del sistema penitenciario español es la “individualización”, y eso implica que “una persona no debe permanecer en un grado más restrictivo ni más flexible que aquel que, conforme a su situación individual, resulte adecuado”. “Por lo tanto, la progresión a tercer grado cuando concurren dichos elementos constituye una consecuencia natural y necesaria del principio de individualización”, abunda San José. Es más, recuerda que el “modelo penitenciario vasco” puesto en marcha en 2021 con la transferencia de Prisiones y que “fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Vasco”, establece “una apuesta expresa y decidida” por “potenciar el régimen abierto”. Los condenados del 'caso De Miguel' han superado un programa llamado Pideco, de prevención de la delincuencia económica. Es el mismo que realizó durante su estancia en Zaballa Iñaki Urdangarin.

En el plano cuantitativo, San José -que habitualmente tiene que dar explicaciones sobre otros presos, los de ETA- indica que en los últimos cinco años 56 presos de todo tipo han visto atenuado su régimen interno en aplicación del 100.2. Asimismo, en enero de 2026 eran 424 los reclusos en tercer grado. Hay hasta cinco modalidades, en función de si tienen o no control telemático o el artículo por el que accede a esa progresión. El más común es el 86.4 del reglamento penitenciario, con control telemático. Es en el que están 352 de los 424.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha descubierto este lunes en Vitoria la placa que designa como “lugar de memoria” a la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, donde el 3 de marzo de 1976 la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera con un saldo de cinco asesinados, una cuarentena de heridos de bala y decenas más de afectados. Martínez ha señalado la responsabilidad en los hechos del Gobierno “continuista” con el franquismo de Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga, que era ministro del Interior y luego fundó el PP. Y ha adelantado, en conversación con representantes de las víctimas, concretamente con Juan Ibarrondo y Arturo Val del Olmo, que el Consejo de Ministros de este martes, justo en el quincuagésimo aniversario, tendrá algún tipo de “reconocimiento”.

Martínez, que ya había participado en dos aniversarios anteriores en nombre del Gobierno de España, se ha dicho “emocionado” por poder realizar oficialmente la designación de la iglesia de Zaramaga, a lo que se ha acompañado con un ramo de flores con los colores rojo y amarillo y el texto “Gobierno de España”. Es ya el cuarto punto en Euskadi que entra en esa lista después de la Eibar que declaró la II República en 1931, el puente Avenida de Irún, en la frontera con Francia, o la Gernika bombardeada por los nazis en 1937.

En una larga alocución sin papeles, ha señalado que el 3 de marzo de 1976 fue un hito en la historia de España que precipitó la llegada de un nuevo Gobierno frente al “continuismo” con la dictadura del primer gabinete de la parte “preconstitucional” del reinado de Juan Carlos I, al que ha llamado el Gobierno de “Arias-Fraga” en numerosas ocasiones. “Vitoria significó muchísimo. Al poco tiempo, cayó el Gobierno continuista de Arias-Fraga. Hizo posible que aquel Gobierno no continuara”, ha apuntado.

Ha contado, asimismo, que, siendo veinteañero, tuvo que organizar en su Almería natal actos en solidaridad con los obreros tiroteados en Zaramaga. Ha agregado que es esencial que las “nuevas generaciones” conozcan estos sucesos y que “la democracia no fue un regalo de las elites”, sino “una conquista de las clases populares”.

Como la iglesia, que será en el futuro un Memorial, no está reformada y acondicionada, el descubrimiento de la placa -que es de bronce y pesa 25 kilogramos- ha sido un mero acto simbólico. Ahora la custodiará el Ayuntamiento hasta que pueda tener un emplazamiento definitivo. En ella se alude a los “sucesos” de 1976. Las víctimas han insistido en que la terminología es importante. Ellas emplean términos como “masacre” o “matanza”.

Tras las palabras del secretario de Estado, Martínez ha tenido un breve encuentro con Val del Olmo e Ibarrondo, al que han asistido también la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, y la subdelegada en Álava, Mar Dabán. Ibarrondo, que había aplaudido el discurso, ha calificado de “interesante” lo sucedido, según ha trasladado a los medios de comunicación. En esa conversación, el representante del Estado ha señalado que “reconocimiento va a haber”. Se espera que el Consejo de Ministros de este mismo martes apruebe algún tipo de declaración. Las víctimas piden, igualmente, la desclasificación de todos los archivos, como sucedió recientemente con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Martínez les ha expuesto todos los pasos dados por el actual Gobierno de España, incluyendo una partida de 0,6 millones para el Memorial. Asimismo, recientemente 29 víctimas o familiares de 1976 han recibido cartas con un reconocimiento como víctimas en aplicación de la normativa estatal, al igual que los fallecidos en Basauri y Tarragona en días posteriores en el marco de la ola de solidaridad que se desató. El secretario de Estado también los ha mencionado.

En el acto, han tomado la palabra también las autoridades locales. Para la alcaldesa, Maider Etxebarria, el templo fue “escenario de uno de los escenarios más trágicos” de la Transición, una “carga sangrienta” de la Policía Armada “franquista” contra los trabajadores. El diputado general de Álava, Ramiro González, el único que ha hablado en euskera, ha indicado que la memoria de Zaramaga tiene que ser un “bien común”, que “no se divide ni se apropia”. “Estos muertos son nuestros, de todo el pueblo de Vitoria”, ha clamado, parafraseando lo que se dijo en el funeral hace medio siglo. Por error, el secretario de Estado se ha referido a él como “diputado regional”. El rey Felipe VI y Pedro Sánchez también se han equivocado con él en las últimas visitas que han realizado.

La consejera María Jesús San José, titular de Justicia y Derechos Humanos, ha avisado de la “corriente reaccionaria” que recorre Europa y de la relevancia de no olvidar conquistas laborales. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha asistido en silencio, como buena parte del Gobierno local de Vitoria, cargos de la Diputación y un puñado de vecinos curiosos de Zaramaga. El espacio estaba custodiado por varias furgonetas de la Ertzaintza.

Vitoria ha tributado ya, este sábado, el primer gran homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976, del que se cumple el quincuagésimo aniversario este martes. Ha sido un acto en el palacio de congresos Europa de Vitoria en el que se ha producido una gran ovación.

La asociación Martxoak 3, en él, ha reclamado nuevamente al Estado “una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el reino de España es responsable de la criminal actuación policial” que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadoresen la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, informa Europa Press.

El colectivo de víctimas ha lamentado que “ningún estamento del Estado ha dado pasos para depurar responsabilidades”. Ése ha sido su mensaje durante el reivindicativo homenaje que ha realizado este sábado, en el que también se ha aplaudido a “quienes han mantenido viva su llama” durante los últimos 50 años.

Durante el acto, las portavoces de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, han leído un texto, en el que han solicitado “justicia” para los cinco trabajadores asesinados en “la matanza perpetrada por la Policía”, así como para Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, quienes fueron asesinados en los actos de protesta posteriores en Tarragona y Basauri, respectivamente. Asimismo, han recordado a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas.

La asociación ha tenido palabras de agradecimiento para el “pueblo de Gasteiz”, que “ha conseguido revertir la versión oficial, enfrentándose a todas las dificultades imaginables”, dentro de “un clamor por la palabra justicia que sigue resonando con fuerza, tras cinco décadas de impunidad”. Eso sí, Martxoak 3 ha denunciado que el poder les condenaba “al olvido” y ha señalado que “muchos callaron y lo aceptaron”.

El colectivo ha recriminado que “las instituciones han llegado tras décadas de abandono”. “Muy tarde y con muchas tareas pendientes. Pero mejor tarde que nunca”, han sostenido. Martxoak 3 confía en que el futuro Memorial tendrá que contar la historia de 1976, “pero también la de todo este largo camino de medio siglo contra la impunidad”. “Si hemos llegado hasta aquí y si vamos a seguir avanzando, es sin duda por los que nunca abandonaron y han conseguido que la memoria del pueblo de Gasteiz siga viva”, han manifestado.

El portavoz de la asociación de Bloody Sunday Trust, Tony Doherty, invitado en Vitoria, ha narrado el camino de reivindicación que ha llevado a cabo su organización a lo largo de las últimas décadas para “exigir verdad” y reconocimiento para las víctimas del Bloody Sunday, frente al “falso relato” de las autoridades británicas. En este sentido, ha explicado que el Estado británico difundió un “relato falso” de los hechos, al afirmar que sus paracaidistas dispararon y mataron a la población, porque “estaban armados y eran miembros del IRA”. Son unos sucesos que acontecieron el 30 de enero de 1972.

El momento más emotivo del acto ha sido cuando las víctimas han subido al escenario de un auditorio María de Maeztu del palacio de Congresos Europa abarrotado y puesto en pie para obsequiarles con un largo aplauso. Cada una de ellas, con una rosa roja en la mano, han escuchado la reproducción del emocionante discurso que el trabajador Jesús Fernández Naves pronunció en los funerales en memoria de las víctimas en 1976 y han recibido el 'aurresku' de honor.

El acto ha contado con varias proyecciones para repasar hechos históricos, como los antecedentes de huelgas y represión previos al 3 de marzo, la situación política internacional, imágenes de la atacada iglesia de Zaramaga con los audios superpuestos de la Policía franquista, el homenaje y funerales a las víctimas, así como las manifestaciones de cientos de mujeres con bolsas vacías en protesta por la carestía de la vida. La música en directo también ha tenido su protagonismo de mano de la poesía acústica de Izare, la interpretación del tema de Lluis Llach 'Campanades a mort“, que el artista catalán la misma noche de la matanza del 3 de marzo, y la nueva canción con motivo del 50 aniversario 'Amest Berriak' con letra de Karmele Jaio y música y voz a cargo de Idoia Asurmendi.

Una replica del monolito de Zaramaga ha presidido el acto desde el centro del escenario, un “puño de hierro en alto” que fue puesto en 1984 en la zona “de manera clandestina y con cemento rápido, símbolo de la lucha obrera”. “Desde hace poco tiempo, se turnan hasta las autoridades para dejar flores. Ese monolito está ahí gracias a una acción clandestina que burló la represión policial. Su historia sirve como ejemplo de cómo han ido cambiando algunas cosas en nuestra ciudad”, han señalado desde Martxoak 3.

La representación institucional ha estado encabezada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso. También han acudido el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, y representantes locales de la coalición abertzale, del PSE-EE, del PNV, de IU, de EA o de Alternatiba, y de los sindicatos ELA, LAB, ESK o Steilas. No asistieron ni la alcaldesa, Maider Etxebarria, ni el diputado general, Ramiro González.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, han defendido este viernes mano a mano la gestión penitenciaria del Gobierno vasco ante las críticas lanzadas en la sesión de control del Parlamento Vasco de este viernes por PP, por partida doble, y por Vox. “No se habla de otra cosa en España”, ha ironizado el dirigente 'popular' Santiago López Céspedes en relación a las progresiones de grado o atenuaciones conocidas en los últimos días de varios presos de ETA, incluido Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', que cumple una pena efectiva de 25 años aunque todos los delitos que cometió sumaran 400.

“Los presos del grupo territorista ETA tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de presos. No hay privilegios. Solamente se aplica la ley”, ha señalado en euskera Pradales en un primer momento. “Las decisiones que se han tomado en relación con la clasificación de los internos no son privilegios. Esto debe quedar muy claro. No hay privilegios de ningún tipo y para ningún interno”, ha insistido en castellano la consejera San José, que más adelante ha mostrado ser partidaria del “cumplimiento íntegro” de las penas de los terroristas, sin que ello les impida ejercer sus derechos del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas en segundo grado, o saltar al tercer grado, ya de semilibertad.

Ese “cumplimiento íntegro” no ha de hacerse “siempre y durante todo el tiempo” en la cárcel, “sin salidas, sin permisos, sin poder seguir su tratamiento penitenciario”, según San José. Ha añadido que todos los reos tienen que salir “algún día” y que la normativa prevé que puedan tener una “reconexión” con la sociedad antes. Según San José, impedir que los presos de ETA puedan optar a estas mejoras sería cometer un delito de prevaricación y ha recalcado que las propuestas son del personal funcionario, sin condicionantes políticos, y sometidas a control judicial.

“¿Se lo negarían cuando un interno cumple los requisitos exigidos? ¿Están cuestionando la labor del personal funcionario? ¿Prevaricarían de forma consciente? Me da la sensación que una cosa es lo que se dice cómodamente desde su escaño de oposición y otra muy distinta a lo que hacen cuando gobiernan”, ha lanzado al PP la consejera socialista. Y ha optado también por el 'y tú más'. Ha señalado que el Gobierno de José María Aznar, de 1996 a2004, “excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores de 20 años, y todo mientras ETA mataba”. Además, ha apuntado que se acercó a 135 reclusos que estaban alejados. “No juzgo esas decisiones. Ni siquiera les acuso porque uno de los excarcelados volviese a matar poco después de haber salido”, ha señalado sobre el caso del asesino de Juan Priede, concejal socialista, de cuyo atentado se cumplen ahora 24 años.

El PP no ha quedado satisfecho con las explicaciones. Según el líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, hay una “corrupción moral” que une a PNV, a socialistas y a EH Bildu. “Ustedes se ponen al nivel de quienes silencian y comprenden los crímenes terroristas”, ha manifestado sobre el Gobierno de PNV y PSE-EE. Y ha añadido sobre la gestión autonómica de Prisiones, una competencia asumida en 2021 pero prevista desde 1979 en el Estatuto: “Son el carcelero que mira para otro lado mientras se produce la evasión”.

Desde la tribuna, la única representante de Vox, de su lado, ha exhibido una fotografía de grandes dimensiones del exjefe de ETA 'Txeroki'. “¿En serio me está diciendo, señora San José, que este personaje se arrepiente de los crímenes que ha cometido? ¿En serio? Me han dicho [las víctimas] que la ponga usted en la mesilla de su cama. Desde que ha dejado en libertad a esta persona [en referencia al 100.2, que es un segundo grado atenuado] ellos no pueden dormir. Y esperan que usted tampoco lo haga”, ha arrojado Amaia Martínez Grisaleña.

Pradales, en su intervención, ha pedido “respeto” hacia las víctimas. “Nunca es tarde para recuperar la moderación”, ha deseado. San José ha pedido “pedagogía” sobre el derecho penitenciario. “Es verdad que en ocasiones no se entiende que una sentencia ponga 123 años de prisión y sólo se cumplan 30 ó 40 como máximo. Y no se entiende que dentro de ese límite máximo tampoco se cumplan en prisión sin salir los 30 ó 40 años. Es responsabilidad de los poderes públicos, así como de quienes tienen el deber de informar de forma veraz y contrastada, hacer la necesaria pedagogía para lograr acercar el lenguaje jurídico a una ciudadanía que necesita comprender las decisiones judiciales en toda su magnitud. Porque una sociedad democráticamente adulta es aquella que sabe comprender las decisiones derivadas de sus normas y leyes”, ha leído San José, que traía preparadas las cuatro intervenciones que ha hecho sobre este asunto.

El PP, por el contrario, ha ironizado que es una “casualidad” que habiendo en las cárceles vascas “más de 1.700 presos” casi solamente se aplique el 100.2 a presos de ETA. Ha hablado de 30 de 35 casos. “En el oasis vascos, el 8% de los reclusos disfrutan del 85% de los beneficios de la aplicación del 100.2. Ese 8%, obviamente, son los condenados por terrorismo”, ha señalado De Andrés.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, el de Zubieta, realizará finalmente su apertura “entre los meses de mayo y junio”. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Se trasladarán al centro los 339 encarcelados de Martutene (230 en régimen cerrado y el resto cumpliendo pena con otras modalidades) y una cantidad desconocida de personas en Zaballa, la cárcel con más población reclusa de las de Euskadi. El plan permitirá vaciar Martutene, donde se prevé ya la construcción de 400 viviendas protegidas cuando se demuela el viejo edificio, y rebajar el tensionamiento que ha tenido la red penitenciaria vasca desde la transferencia de Prisiones, en 2021.

La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. El actual consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cuando era delegado de Gobierno de España aventuró en la Cadena Ser que esperaba que la construcción del nuevo penal estuviese culminada a finales de 2023 y poder realizar su apertura en 2024. Dos años más tarde, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, es quien ha anunciado el ansiado cambio, que debería estar completado antes del verano.

La cárcel la construye el Estado. Es parte del acuerdo de transferencia. Se cedió el penal de Gipuzkoa en activo, el de Martutene, pero el Gobierno central se comprometió a completar el nuevo que estaba planificado y a entregarlo a su finalización al Gobierno vasco, que tendrá que devolver el antiguo, que será derribado para que revierta en viviendas para la ciudad de Donostia. San José ha confirmado que, en los próximos días, el organismo estatal SIEPSE -que se encarga en España de las obras de cárceles y comisarías- comenzará la “transferencia del inmueble”.

Esto puede provocar “obras menores” para terminar de ajustar los sistemas e instalaciones del centro. La consejera considera la apertura de Zubieta como un “hito clave” para la “implementación del modelo vasco” en sus cárceles. Lo ha considerado como “humano y eficaz” por su interés en preparar “a las personas para volver a convivir en la sociedad” tras haber cumplido sus penas. 

Estas cárceles albergan, por ejemplo, a exmiembros de ETA, como Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki', a quien se le aprobó recientemente la semilibertad. La consejera ha comentado ser “consciente” sobre cómo las decisiones que toma su departamento “generan dolores en las víctimas”. Ante ello, ha reiterado el respeto que tiene el Gobierno vasco “con el estado de derecho y riguroso en la aplicación, y con el cumplimiento del ordenamiento jurídico”. Ese respeto debe ser el motor de todas “las instituciones, los poderes públicos y medios de comunicación a ser especialmente rigurosos con la verdad”, para evitar “acrecentar” el dolor de las víctimas. También han sido controvertidos los recientes pasos a tercer grado de cuatro exdirigentes del PNV condenados por corrupción, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles.

Demolición de Martutene y la construcción de viviendas protegidas

Junto a la consejera San José, se encontraba el consejero de Vivienda. Itxaso ha explicado el trabajo que están realizando para llevar a cabo la demolición de la cárcel de Martutene, cuyo coste ronda en los 4 millones de euros. Se espera que Visesa, del Gobierno vasco, y Casa47, sociedad del Gobierno español, se coordinen para el derribo, con el permiso del Ayuntamiento de Donostia.

Itxaso ha alegado que el plan evitará que el “espacio quede inutilizado por años”. Esto se debe a que, tras la demolición, se planea la construcción de un nuevo barrio entre el Ayuntamiento, Visesa y Casa47. Se desea construir 400 viviendas protegidas para “la clase media donostiarra” y también ofrecer alojamientos dotacionales. El consejero ha agradecido “el trabajo coordinado” entre los departamentos para “acompasar todos los trabajos”. Es la primera vez desde 1981 en que el Estado promueve vivienda protegida en Euskadi.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, del PSOE, también acompañó a los consejeros. Ha mostrado su apoyo al plan que explicaba Itxaso, afirmando que “uno de los problemas más importantes que tiene España, sin duda alguna, es la vivienda”. Espera que todo se pueda llevar a cabo “lo antes posible” y que este “reinicio” de acciones conjuntas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, “pueda ser el comienzo de otras muchas”.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José (PSE-EE), ha visitado este lunes el valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el mayor monumento franquista de España y que antes era conocido como “de los Caídos”. Allí permanecen inhumados restos mortales de ciudadanos vascos trasladados por el régimen dictatorial.

El Gobierno vasco, a través del Instituto de la Memoria (Gogora), colabora con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la recuperación de estos restos, según ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. San José ha realizado esta visita en la misma semana en la que dos familias vascas recibirán los restos de sus allegados, de manos del secretario de Estado, Fernando Martínez. Se trata de los restos de José Arregui Lasa, natural de Gabiria (Gipuzkoa), y Cecilio Ruiz de Loizaga Urigoitia, natural de Bilbao (Bizkaia). Estas dos identificaciones, realizadas a través de la colaboración entre las administraciones central y vasca, se suman a la de Constancio Allende Sancho, natural de Vallarca de Bureba (Burgos) y vecino de Vitoria, cuyos restos fueron entregados a la familia en julio de 2025.

Sus restos mortales fueron trasladados a Cuelgamuros el 27 de marzo de 1959, desde el cementerio del Balneario de Mondáriz (Pontevedra), en cajas individuales, donde se identificaba la procedencia. Las cajas llevaban impreso el nombre del Balneario de Mondáriz. El hecho de que cada caja contenía los restos de una sola persona y que la procedencia estaba indicada ha facilitado las labores de identificación. Gogora ha llevado a cabo la toma y el cotejo de las muestras genéticas, si bien la intervención en las criptas del valle corresponde en exclusiva al Gobierno de España.

José Arregui Lasa, nació en Gabiria (Gipuzkoa), en 1918. Durante la Guerra Civil estuvo alistado en el Regimiento América, nº23, Brigadas de Navarra, del ejercito sublevado. Murió en Mondáriz (Pontevedra), el 2 de febrero de 1938. Sus restos fueron enterrados en esa localidad, y fueron trasladados a Cuelgamuros el 27 de marzo de 1959. Los restos fueron depositados, tal y como se recoge en la documentación histórica, en la cripta derecha, piso 2º, columbario nº 1.1178, enterramiento individual.

Cecilio Ruiz de Loizaga Urigoitia, nació en Bilbao (Bizkaia), en 1902. Cecilio trabajaba como camarero en el buque mercante Cabo Prior, requisado por el Frente Popular en Santander en 1936. Posteriormente, fue llevado al frente como soldado de reemplazo por los sublevados, si bien, nunca llegó a combatir. De hecho, trabajó como cocinero en el Regimiento San Marcial, en Burgos, donde cayó enfermo y fue trasladado al Hospital Militar de Mondáriz, en el que falleció el 24 de febrero de 1939. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la localidad y posteriormente, el 27 de marzo de 1959, trasladados a Cuelgamuros. Como en el caso anterior, sus restos fueron depositados, tal y como se recoge en la documentación histórica, en la Cripta derecha, piso 2º, columbario nº 1.1186, enterramiento individual.

Gogora ha facilitado el proceso para que 49 familias hayan podido conseguir la resolución que les otorga el derecho de exhumación de 50 personas que concede Patrimonio Nacional. Este derecho es algo que deben solicitar los familiares, y Gogora ha tutelado el procedimiento para que lo puedan solicitar de forma correcta y así facilitar que lo puedan conseguir. Además, en este tiempo, Gogora ha informado a todas las familias que se han acercado interesándose por el asunto informándoles y ofreciéndose a acompañarlos en el proceso para tramitar la solicitud de exhumación si procede y la familia está interesada.

Paralelamente, cuando se notificó que el acceso a las criptas era inminente, Gogora se ha hecho cargo de la toma de muestras de ADN de familiares para que, en caso de que se puedan exhumar los restos, se puedan cotejar las muestras genéticas, a través del Banco de ADN de Gogora, como ha ocurrido en el caso de las tres identificaciones.

En respuesta al encargo realizado por el Parlamento Vasco en 2018, Gogora realizó una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se trasladaron restos mortales de vascos, tanto desde la comunidad autónoma de Euskadi como desde otros lugares. En dicho informe se recoge un censo. Los trasladados desde Euskadi ascenderían a 1.076 y los trasladados desde fuera de Euskadi serían al menos 238 personas de procedencia o vecindad vasca fueron enviadas desde distintos puntos de la geografía española, la mayor parte de ellos desde las provincias donde se estableció el denominado Frente del Ebro de la Guerra Civil.

En total, se trataría de un censo de 1.314 individuos. El Gobierno vasco ha precisado que este es un dato incompleto, ya que todavía falta añadir a otros muchos que pudieron ser llevados desde otros puntos de España, y muchos de los que están siguen sin ser identificados. Así, Gogora inició un proceso de toma de contacto con todas las familias que en años anteriores habían solicitado un Informe individualizado sobre el paradero de su familiar desaparecido, y que, tras las investigaciones realizadas, constaban como inhumado en el Valle de los caídos. Desde ese momento, Gogora mantiene contacto con 59 familias. A estas personas se les informó de la nueva situación y se les ofreció la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para su recuperación a través de Gogora.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha renovado en las últimas semanas los convenios tanto con la Iglesia católica como con la comunidad islámica para la “asistencia religiosa” de presos internos en las cárceles vascas, de gestión autonómica desde 2021. Tendrán uan duración de cuatro años. Se han suscrito sendos convenios valorados en 60.000 y 15.000 euros anuales, respectivamente, con lo que la dotación total del programa asciende a 300.000 euros para el período 2026-2029.

El Consejo de Gobierno validó el acuerdo con las diócesis vascas la pasada semana. Y este mismo martes se ha ratificado un convenio similar con la comunidad islámica. Ninguno de los dos fue incorporado a la información que se facilita a los medios de comunicación en la rueda de prensa pero sí figura en el orden del día.

Desde Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el gabinete de coalición de Imanol Pradales, indican que es un servicio que ya se prestaba con la anterior gestión estatal e igualmente en estos primeros cuatro años tras la transferencia. Indican que la Constitución garantiza la libertad religiosa y la normativa de desarrollo, de 1980, “obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa, entre otros, en los establecimientos penitenciarios”. También la propia ley orgánica penitenciaria de 1979 lo menciona expresamente.

De hecho, el reglamento penitenciario de España, de 1996, plantea que “todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas”. En las cárceles, que en Euskadi son tres, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, podrán habilitarse espacios para esa “asistencia”.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presidido este miércoles en Bilbao la entrega del Premio René Cassin 2025, que este año reconoce la trayectoria de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados y primera mujer en ejercer esta responsabilidad durante dos mandatos consecutivos. Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que el galardón lo han recogido en su nombre miembros del jurado.

El acto ha reunido a numerosas autoridades, representantes de entidades sociales y profesionales del ámbito de los derechos humanos. Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que lo han recogido en su nombre miembros del jurado con su presidenta a la cabeza, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón. En su intervención, la consejera San José ha destacado la “valentía, el rigor jurídico y la independencia ética” de la premiada, cualidades que, ha dicho, “definen a quienes sitúan los derechos humanos por encima de cualquier presión política o interés coyuntural”, según recoge Europa Press.

Tras poner en valor la labor de Albanese al documentar vulneraciones, denunciar la impunidad y exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, ha subrayado que su trabajo “ha dado voz a quienes habitualmente quedan fuera de los discursos oficiales: familias desplazadas, menores sin acceso a educación, heridos sin atención y comunidades enteras expuestas a una violencia cotidiana”. Por ello, ha añadido, su labor interpela a la comunidad internacional y recuerda que “las normas que nos hemos dado como humanidad no pueden ser meras recomendaciones, sino obligaciones jurídicas y éticas”.

La consejera ha dedicado parte de su discurso a reflexionar sobre el actual contexto global, marcado por crisis climáticas, energéticas, económicas y geopolíticas que afectan a todas las sociedades, advirtiendo de que, aunque nadie está completamente a salvo, “no todos somos igual de vulnerables”. Dicho esto, ha recordado que muchas regiones del mundo continúan sufriendo conflictos prolongados, desplazamientos masivos y violaciones graves del derecho internacional humanitario. San José ha mencionado expresamente los casos de Ucrania, Sudán y Palestina, donde “los objetivos civiles siguen siendo atacados y la población vive entre el sufrimiento y la incertidumbre”, y ha insistido en que esa realidad “no puede normalizarse”.

En ese sentido, ha apoyado el llamamiento del jurado del Premio René Cassin para reclamar una paz con justicia basada en el respeto al Derecho Internacional y en el fin de la impunidad de todos los crímenes, sea cual sea su autoría. “No hay paz posible sin verdad, sin garantías ni sin coherencia internacional”, ha señalado. También ha reivindicado la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se ha referido como “el pacto ético más ambicioso que ha suscrito la humanidad” y una “brújula moral indispensable en tiempos de incertidumbre”.

Ha insistido en que los derechos humanos tienen siempre una mirada de futuro, y que es responsabilidad de la sociedad transmitir esos valores a las nuevas generaciones. “Los derechos no se heredan, se defienden cada día”, ha afirmado, alertando de que la “indiferencia es un riesgo para la democracia, mientras que la memoria y la responsabilidad colectiva actúan como garantía”. En esa línea, ha subrayado la necesidad de fortalecer las instituciones, cuidar la convivencia, rechazar el odio y defender el pluralismo como pilares de una sociedad libre.

El reconocimiento a Francesca Albanese, ha dicho la consejera, “no es solo un homenaje individual, sino un recordatorio colectivo de que los valores que defendemos no se sostienen solos”. Ha agradecido públicamente a la relatora su coraje, su dedicación y su compromiso constante con la verdad y con las víctimas, señalando que su labor “es un faro para quienes creemos en un mundo más humano, justo y libre”.

Cuatro funcionarios del centro penitenciario de Zaballa, a las afueras de Vitoria, rescataron este pasado martes de su celda a un interno que había prendido fuego al colchón, generando una gran cantidad de humo. El incidente se produjo cuando un interno en prisión preventiva por homicidio advirtió al personal del módulo en el que se encontraba de que iba a incendiar su celda, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado.

El preso, tras lanzar su advertencia, prendió fuego a su colchón, por lo que se generó un humo intenso. Tres funcionarios y una funcionaria del equipo al cargo del módulo entraron rápidamente en la celda, llena de humo y con escasa visibilidad, y rescataron al interno sin que este sufriera daños personales graves. Por la tarde y por precaución, las cuatro personas trabajadoras permanecieron en observación en un centro hospitalario de la capital alavesa durante unas horas. Todos ellos han pasado la noche en sus domicilios, informa Europa Press.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha trasladado su felicitación a estos trabajadores por su actuación. El interno, del que el departamento ha afirmado que “puso en riesgo su vida y la del personal penitenciario”, se encuentra en prisión preventiva por un homicidio presuntamente cometido en otra comunidad autónoma, a la cual se está tramitando su traslado. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha abierto una investigación en torno a este incidente.

Las cárceles vascas han denegado el 72% de las solicitudes de traslado de presos desde los centros del Estado, los del resto de España salvo los catalanes, desde que el Gobierno autonómico asumió en 2021 la competencia de Prisiones. Son 810 de 1.125 peticiones. En contraste, a la inversa, de 777 propuestas de salida, se han autorizado el 85%, 661. El resultante, con todo, sigue siendo de más presión para Zaballa, Basauri y Martutene, con 315 llegadas y 116 salidas.

Estos datos figuran en un informe entregado al Parlamento Vasco por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en respuesta a una solicitud de documentación del representante del PP Santiago López Céspedes. El Gobierno confía en la apertura en 2026 de Zubieta, la más amplia y nueva cárcel para Gipuzkoa, pero que acumula años de retraso, para permitir una “revisión de la capacidad operativa”.

Euskadi asumió en el último trimestre de 2021 la gestión de las cárceles vascas. Antes, Catalunya ya había recibido esa transferencia. Desde entonces, en Zaballa, Basauri y Martutene no se ha ocultado el “tensionamiento” de la población penitenciaria en forma de más internos que los deseables. Otra tabla facilitada al PP muestra que ha habido 8.899 “altas” entre 2021 y 2025 y 8.517 “bajas”, es decir, un incremento en 382 personas. Este martes, en rueda de prensa, la consejera San José cifró en alrededor de 1.700 la población reclusa actualmente.

El Ejecutivo ha recibido 510 recursos administrativos de alzada en relación con los traslados, pero solamente 34, menos del 7%, han sido “estimados”. San José asegura que “evidentemente” que el cambio de gestión ha supuesto una “modificación” del sistema de traslados. Ahora exige la “coordinación” de dos administracones y de dos cuerpos de Policía, Guardia Civil y Ertzaintza. El primero mueve a los internos que salen de la comunidad autónoma. Con todo, se alude a una gestón “fluida” de los movimientos efectivos que se producen.

El Consejo de Gobierno, que se ha retrasado esta semana por una conferencia de Eneko Andueza en Bilbao, ha dado luz verde este martes a dos acuerdos anunciados en julio. Por un lado, se ha puesto negro sobre blanco el primer convenio de las Prisiones vascas, transferidas por el Estado en 2021 y que, en estos años, han sido objeto de todo tipo de controversias laborales e incluso de traslados de funcionarios a la red del Estado. Por otro lado, ha quedado visado el “plan de empleo” para la Ertzaintza, otro foco de conflictividad en los últimos años, que pospone a 2030 el objetivo de cumplir con la plantilla de 8.000 efectivos acordada con el Estado en 2004 y que, salvo en un momento muy concreto en 2011, nunca se ha alcanzado.

La consejera socialista María Jesús San José ha presentado el desarrollo del acuerdo alcanzado en verano con ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, y CCOO. Está dotado con 2,7 millones de euros y comporta mejoras retributivas con carácter retroactivo desde abril (pluses de peligrosidad de 175 euros mensuales para funcionarios con contacto directo con los presos o de nocturnidad de 250 euros mensuales, además de elevar el pago de horas las extras de 15 a 30 euros la hora) y cambios en otros ámbitos a partir de 2026, como la jornada laboral, que se equipará ya a la del resto de servicios autonómicos. Es una pretendida paz social para “cinco años”.

Son tres las cárceles vascas, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa. Se ha prometido que será en 2026 cuando se ponga en marcha la nueva penitenciaría de Zubieta, mucho más moderna y amplia. Según San José, este acuerdo laboral permitirá “gestionar a más de 800 personas trabajadoras y atender a unas 1.700 personas reclusas” y desarrollar un modelo basado en los “derechos humanos” y “reinserción”. La consejera ha apuntado a las mejoras también en ámbitos como euskera, formación o igualdad.

El Gobierno vasco ha logrado desbloquear esta legislatura, igualmente, tanto el convenio del profesorado de la red pública, con una mejora salarial del 7%, como el convenio de la Ertzaintza, con decenas de nuevos pluses y la promesa de 4.200 euros más hasta 2028. Precisamente en la Policía vasca se ha presentado ahora el “plan de empleo” complementario al convenio y que se cerró con los mismos firmantes, Erne, Esan y Sipe. El consejero del PNV Bingen Zupiria ha dicho que no solamente se trata de alcanzar la cifra mágica de 8.000 efectivos sino de “mantener en el tiempo ese contingente”.

Aunque en la nota informativa del Consejo de Gobierno se apuntaba a 2028 como momento para completar la plantilla, Zupiria ha admitido que será en 2030, como él mismo ya había avanzado en primavera. El motivo es que, aunque el plan de empleo se agote en 2028, los ertzainas que se puedan formar entonces se incorporarían a todos los efectos dos años después. Actualmente, la plantilla tiene 7.300 efectivos, es decir, 700 vacantes. El consejero de Seguridad ha descartado “de momento” plantear que el Estado pueda aceptar una ampliación de la dotación por encima de los 8.000 agentes.

La primera medida es activar una OPE extraordinaria de un mínimo de 150 plazas para atender las plazas no cubiertas de la actualmente en marcha, la promoción número 34, con 473 puestos ofertados pero un elevado número de suspensos. La cifra definitiva de esa promoción 35 será la necesaria para cubrir todas las vacantes y se harán algunos pequeños ajustes en la evaluación dadas las cifras de no aprobados anteriores. Pero Zupiria ha explicado que no se trata solamente de incorporar a nuevos ertzainas, sino también la necesidad de “hacer sitio” a nuevos funcionarios de la escala básica con convocatorias de promoción, ascenso y especialización para los que actualmente ocupan esas plazas.

El Instituto de la Memoria (Gogora) ha programado para 2026, entre otras actividades, actos en recuerdo por el quincuagésimo aniversario de la desaparición del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y por el cuadragésimo del asesinato de Dolores González Catarain, 'Yoyes', que se habían desmarcado de la actividad de la organización terrorista. “Estas iniciativas o actividades en el marco de estos aniversarios no revisten carácter de homenajes”, puntualiza la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, en respuesta a una pregunta formulada por escrito en el Parlamento Vasco por el representante del PP Santiago López Céspedes.

La desaparición de 'Pertur' se produjo en julio de 1976. Moreno Bergareche era dirigente de la rama político-militar de ETA y, según la investigación acometida por la Audiencia Nacional entre 2008 y 2012, que no llegó a una conclusión definitiva sobre su asesinato, se había alejado de la línea dura de la organización tras la muerte de Francisco Franco. Las líneas sobre lo ocurrido fueron dos. Por un lado, fue visto en Iparralde con Francisco Mujika Garmendia 'Pakito' y con otro dirigente de ETA, Miguel Ángel Apalategi, 'Apala', poco antes de la desaparición. Por otro lado, se indagó una posible implicación de neofacistas italianos próximos a elementos incontrolados del Estado, que en los años siguientes institucionalizó la 'guerra sucia' en forma de GAL. El Batallón Vasco Español llegó a reivindicar el crimen.

Lourdes Auzmendi, pareja en 1976 de 'Pertur' y que luego ha ocupado altos cargos con el PSE tras la integración con EE (Euskadiko Ezkerra), manifestó en el cuadragésimo aniversario a este periódico que fueron “sus compañeros de armas”. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien [...]. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc.”, le escribió el propio Moreno Bergareche a su novia en una carta dos semanas antes de la desaparición. Se puede leer aquí más sobre este episodio de 1976.

Una década después, alguien que escribió algo similar, 'Yoyes', fue asesinada. “¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es ésa?”, planteó. Así, en septiembre de 1986, José Antonio López Ruiz, 'Kubati', le disparó tres tiros en una feria de Ordizia, en Gipuzkoa, donde estaba viendo tractores con su hijo, un niño de tres años. José Miguel Latasa Getaria, 'Fermín', también fue condenado por esta operación contra una “traidora”.

“Gogora, de acuerdo con su naturaleza y funciones, mediante estas actividades busca recuperar para la memoria colectiva de Euskadi dos episodios de nuestro pasado traumático que han tenido una gran trascendencia histórica y, en última instancia, impulsar el debate público y la reflexión crítica en torno a ello, siempre con el objetivo de deslegitimar el terrorismo”, señala San José en su respuesta al PP. Recalca que el programa de actividades para 2026, un año muy marcado también por el quincuagésimo aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, ejecutada por la Policía Armada heredada del franquismo, ha sido visado por el consejo de Gogora. Los partidos de la oposición, también el PP, participan en él.

Insiste el Gobierno que “uno de ejes de trabajo más importantes de Gogora tiene que ver con la divulgación y la difusión” y que “es habitual que esta línea trabajo venga determinada por las efemérides y los aniversarios”. “En este caso, se cumplen 50 y 40 de la desaparición de Eduardo Moreno y del asesinato de Dolores González, respectivamente. Y como ya se ha dicho, Gogora y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos consideran que estos episodios son de una gran trascendencia en nuestro pasado reciente, además de tener un gran potencial para trasladar a la sociedad la dimensión de la sinrazón del terrorismo de ETA”, se apunta.

A partir de ahí, Gogora no tiene aún definido qué se hará. Ni cómo. El PP, por ejemplo, pedía ya informes y presupuestos. “En este momento estamos haciendo un trabajo prospectivo con familiares y allegados directos de ambas víctimas. Los contactos son discretos y directos, como no podía ser de otra forma, dada la sensibilidad de los temas”, replica la consejera San José.

El futuro de una colección de belenes, el problema para poner en marcha el memorial del 3 de marzo de 1976 en la iglesia del barrio de Zaramaga de Vitoria donde se produjo la matanza de la Policía Armada, “vuelve a la casilla de salida” a prácticamente no más de cien días del quincuagésimo aniversario de unos sucesos trascendentales en la transición de la dictadura a la democracia en España. Según explican diferentes fuentes institucionales, ni se puede dar por resuelto el traslado de los pesebres que ahora ocupan la mayor parte del espacio en el templo de San Francisco de Asís, como se dio por hecho hace unos días, ni hay un acuerdo entre la diócesis y las instituciones concernidas, Gobierno vasco, Diputación alavesa y Ayuntamiento de Vitoria. Todo viene después de que, siempre según las fuentes consultadas, la última petición del obispo, Juan Carlos Elizalde, “multiplique por seis” el coste previsto inicialmente para la operación, unos 20.000 euros.

En 2021, cuando se cumplieron 45 años de la masacre en una asamblea obrera en Vitoria, que dejó cinco fallecidos, decenas de heridos y ecos en otros lugares tan dispares como Basauri, Tarragona o Roma, las cuatro partes presentaron en el propio templo un proyecto para reconvertirlo en un centro memorial. Hasta la llegada de la COVID-19, el espacio, ya sin culto, era utilizado para una exposición permanente de belenes de Navidad que, de hecho, estaban montados en aquel acto. Desde entonces, la exhibición -de la que se destaca su calidad artística- nunca ha estado abierta al público pero, a la vez, ha ejercido de tapón para poder acometer las obras urgentes que precisa un edificio con goteras, problemas en la cubierta y otros males y, además, para ir diseñando el proyecto museográfico. El ideal de que la inauguración del espacio fuese en 2026, cuando se cumpla medio siglo, se ha desvanecido ya y ahora el objetivo es poder al menos “vaciar y limpiar” el espacio y acometer las reformas urgentes para poder hacer un acto el 3 de marzo próximo.

El último contacto entre las instituciones fue este lunes, una reunión en la Diputación de Álava que sentó al diputado general, Ramiro González, del PNV, a la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, socialistas, y al propio Elizalde. Las asociaciones de víctimas, que forman parte del patronato del futuro memorial, se han quejado públicamente de que desconocían la existencia del encuentro, como también vienen lamentando en los últimos meses que este asunto esté retrasando todo el proyecto.

En la reunión, Elizalde planteó la necesidad de obtener unos 50.000 euros solamente para el traslado de los belenes desde Zaramaga hasta el centro de Vitoria -una distancia relativamente corta- más otra cantidad superior para la adecuación del nuevo espacio como centro expositivo para esa colección de nacimientos. En total, más de 120.000 euros. Algunos de los presentes consideraron exagerada la petición e inaceptable que las arcas públicas tengan que costear la reforma de un espacio privado, que es adonde van a ir los belenes después de meses de búsqueda de una nueva ubicación.

El bloqueo no es nuevo, pero ahora llega después de que algunas informaciones apuntasen a un acuerdo para dar salida al enredo. En estos meses ya ha habido importantes tensiones con el Obispado, que llegó a remarcar que tenía el respaldo del Vaticano para poner en valor el belenismo. “Ahora mismo no hay acuerdo y no hay visos de desbloqueo. Quien diga que hay un acuerdo, miente”, insisten dos fuentes diferentes cercanas a los participantes en la reunión.