El Gobierno vasco ha entregado ya al Parlamento Vasco un primer balance de la puesta en marcha de la nueva cárcel de Zubieta, en Donostia, adonde han sido trasladados los presos del antiguo penal de Martutene. A 21 de julio, eran ya 291 los ocupantes del presidio, una treintena más que los que llegaron en junio con la inauguración. La capacidad operativa real actual es de 407 plazas, lejos de las 653 que podría ofrecer. En cuanto al personal, hay 255 dotaciones previstas, pero hay 45 vacantes. Otro dato llamativo es que de los 210 trabajadores apenas hay 63 funcionarios y cinco laborales; el resto, el 67,6%, es personal interino.

El parlamentario del PP Santiago López Céspedes había solicitado a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, una serie de datos sobre la puesta en marcha de Zubieta, muy criticada por los sindicatos por precipitada. Se trata de una cárcel construida por el Estado —de hecho, la UCO de la Guardia Civil acaba de manifestar en un informe las sospechas de que pudieron pagarse comisiones ilegales a la trama de Antxon Alonso y Santos Cerdán— pero cedida ya al Ejecutivo autonómico, que desde 2021 tiene las competencias de Prisiones. Martutene, de su lado, ha sido devuelta al Estado para que sea derribada y se construyan viviendas.

En el apartado de “capacidad oficial”, San José indica que es una prisión con once módulos. Son seis residenciales —uno de mujeres y cinco de varones—, otro de madres, otro para ingresos, uno de “limitaciones regimentales”, otro de enfermería y uno último como “centro de inserción social”, un espacio más abierto. Hay 332 celdas, 56 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, y 653 plazas totales. En relación con la “capacidad operativa”, la que permiten las instalaciones y el personal disponible, baja a 407, 374 varones y 33 mujeres.

El 17 de junio fue la fecha de puesta en servicio y el 25 se produjo ya el cierre de Martutene, que ha estado operativa casi 80 años. Según San José, “la puesta en marcha del nuevo equipamiento no ha impedido la prestación normalizada de los servicios”, contradiciendo las críticas sindicales. Con el estreno, se empezó con 262 presos. Ahora ya son 291 y el 80% comparte celda. Han llegado once desde Zaballa o Basauri, las otras cárceles vascas, y es previsible que haya más movimientos.

Durante años se había confiado en la apertura de Zubieta para aliviar el tensionamiento de la pequeña red autonómica. Señala San José que “no es posible ofrecer una previsión objetiva” de la evolución de la ocupación de aquí a final de año porque operan “múltiples variables”. En cuanto a los presos de ETA, hay 33 internos en diferentes modalidades (13 de ellos en segundo grado sin flexibilizar) y otros tantos en semilibertad, tanto en tercer grado (17) como en libertad condicional (16).

San José informa también de los gastos que ha supuesto la puesta en marcha. Esto son partidas al margen de las propias obras de construcción adjudicadas por el Gobierno central a la UTE de Acciona, Murias y Cycasa. Según el portal de transparencia del Estado, el valor estimado inicial del trabajo eran 41,3 millones, el importe de adjudicación fue de 38,8 y acabaron costando 44,5 millones tras una modificación de 1,8 millones, siempre con impuestos incluidos, acordada en 2023. El Ejecutivo vasco, preguntado por las sospechas de corrupción, indica que solamente se han hecho cargo del centro ahora y nada tuvieron que ver con la licitación.

Las obras actuales sí salen de las arcas autonómicas. Con un presupuesto de 267.177,71 euros sin IVA, está la instalación de más de dos kilómetros de “concertinas” en los muros exteriores e interiores. Por 478.938,09 euros sin IVA se están haciendo otros servicios de “acondicionamiento”. Se han contratado trabajos de “herrería” por 16.517.70 más IVA, además. Son barrotes en la cafetería, en la jefatura o en la paquetería. También “se instalarán protecciones sobre garitas” en los módulos de aislamiento e ingresos y “se han modificado dos camas añadiendo barra perimetral de sujeción”.

El traslado como tal lo hizo la Ertzaintza, pero se pagaron 10.111,97 euros en maquinaria de limpieza, 598,95 para mover los televisores, 834,5 en consultoría de seguridad laboral y, en lo tocante a “transportistas”, se abonaron 293,84 euros a una empresa de grúas, 3.158,10 a una particular y 701,80, 4.213,22 y 2.207,04 a diferentes empresas del sector. En relación con el apartado de recursos humanos, se tuvieron que pagar 6.165 euros en horas extraordinarias durante la primera semana de julio.

Las 45 vacantes existentes en la plantilla representan el 17,67% del total. ¿Qué puestos están sin cubrir? Son un gestor de servicios, dos jefes de servicio, seis coordinadores, trece “gestores de control de la convivencia”, seis “agentes de control de la convivencia” y diez agentes de apoyo, así como tres administrativos, un coordinador de intervención tratamental, un psicólogo, un trabajador social y un jurista. Se ha tirado de bolsas para encontrar a 103 trabajadores para Zubieta, sobre todo agentes de control y de apoyo, que son 86 de todos ellos. Fuentes oficiales indican que “está a punto de convocarse” una OPE de Prisiones para estabilizar la plantilla.

Ermua ha acogido este viernes su acto anual de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el que ha recordado a los vecinos de esta localidad vizcaína asesinados por ETA, que son Sotero Mazo y Miguel Ángel Blanco. Se ha reivindicado una convivencia que “no humille a las víctimas” y que “no convierta a quienes ejercieron la violencia en referentes”, según ha pedido su alcaldesa, Beatriz Gámiz, del PSE-EE.

También la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reivindicado el legado del 'espíritu de Ermua' como un pilar de la convivencia democrática, al tiempo que reafirmado “el compromiso del Gobierno vasco con la memoria de las víctimas y la educación en valores democráticos de las generaciones más jóvenes”, informa Europa Press.

Como cada año, Ermua ha celebrado un acto institucional, organizado por el Ayuntamiento, en recuerdo al peluquero Sotero Mazo y al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinados por ETA en 1980 y 1997, respectivamente. El acto ha sido ante el monolito de homenaje a las víctimas de Agustín Ibarrola, ubicado en San Pelayo, y ha incluido una ofrenda floral.

Han participado en el homenaje la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendia, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañon, y representantes de todos los grupos municipales de Ermua, familiares y vecinos.

“Dos vidas arrebatadas. Dos familias golpeadas por el terror. Dos heridas que forman parte de nuestra memoria colectiva y que nos recuerdan, cada año, por qué este homenaje sigue siendo necesario”, ha remarcado la alcaldesa. Por su parte, San José ha realizado una condena “inequívoca” del terrorismo y de la violencia y ha señalado que “aquel espíritu de Ermua” representó la respuesta “serena, valiente y democrática de una ciudadanía que decidió romper el silencio y plantar cara al miedo”.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado ha destacado este lunes en Donostia que la nueva cárcel de Zubieta está diseñada para la reeducación y la reinserción de presos. Además, ha asegurado que la transferencia de las competencias penitenciarias a Euskadi en octubre de 2021 supuso “un hito en la gestión de la reiserción de las personas privadas de libertad”. Zubieta sustituye a Martutene.

Grande-Marlaska ha realizado estas afirmaciones en la inauguración en Zubieta del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, en la que ha participado junto al lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Al acto también han acudido, entre otros, el alcalde, Jon Insausti, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, el obispo, Fernando Prado Ayuso, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana.

En su intervención, el ministro ha tenido palabras de recuerdo para los tres funcionarios de la prisión de Martutene asesinados por ETA entre 1990 y 1997, Ángel Jesús Mota Iglesias, José Ramón Domínguez Burillo y Francisco Gómez Elósegui. De este modo, ha destacado que la placa colocada en el nuevo centro de Zubieta, trasladada desde Martutene y en cuyo descubrimiento han estado presentes familiares de las víctimas, “recuerda que pese a aquella violencia irracional, la institución penitenciaria y sus trabajadores se mantuvieron firmes en la defensa de los derechos y libertades”.

“La memoria de estos tres servidores públicos, de todas las víctimas del terrorismo, nos ayuda sin duda a calibrar la fortaleza de nuestro sistema democrático, que apoyado en su recuerdo, ha aprendido a superar cualquier ataque”, ha afirmado, al tiempo que ha considerado esta inauguración como “un homenaje a las víctimas del terrorismo y un acto también de reafirmación democrática, porque este centro mejora de manera significativa la calidad de nuestro sistema penitenciario, lo que revela los verdaderos compromisos éticos y jurídicos de nuestra democracia”.

Tras recordar que la cárcel de Martutene fue construida en 1948 con el “único objetivo de garantizar la custodia, el encierro del condenado”, ha considerado que es “un diseño arquitectónico obsoleto que hoy se sabe equivocado y de imposible adaptación al moderno modelo penitenciario”. Además, ha apuntado que Martutene ha sido “fagocitada por el crecimiento de la ciudad” y su desaparición permite la planificación urbanística necesaria para “dar respuesta” a demandas de la capital guipuzcoana como la de liberar “un espacio estratégico para el desarrollo del barrio” con la edificación de nuevas viviendas gracias a la promoción conjunta de los gobiernos central y vasco y el Ayuntamiento donostiarra.

Otra de las necesidades está relacionada con el factor medioambiental y de seguridad, porque esa zona de la vega baja del río Urumea necesita “obras hidráulicas vitales, algunas de las cuales son inviables mientras esta infraestructura penitenciaria permanezca inamovible en el epicentro de la ciudad”, ha señalado. El ministro del Interior ha destacado que el ubicado en Zubieta es “uno de los centros penitenciarios más modernos de España”, tras una inversión total de 80 millones de euros, y ha incidido en que se trata de un edificio “diseñado para cumplir el mandato constitucional”

Grande-Marlaska ha recordado que, cuando presentaron este proyecto, en diciembre de 2020, “no faltaron las críticas por acometer una iniciativa de esta envergadura que antes o después acabaría en manos de la Administración vasca”. “Quienes así piensan, tienen una concepción equivocada del servicio público, en la que prima el rédito político obtenido por los gestores sobre el interés general de la ciudadanía, y entendemos que es un error, no por extendido menos grave”, ha manifestado.

El titular de Interior ha resaltado la importancia de que la Administración autonómica “más cercana” tenga la oportunidad de “aplicar un modelo de proximidad ajustando a los recursos de las instituciones existentes en el territorio y que son colaboradoras necesarias”. Así, ha resaltado, que al gestionar Euskadi sus propias cárceles, “el sistema potencia el arraigo social y familiar de las personas privadas de libertad que conservan sus vínculos afectivos y que es un factor absolutamente relevante para el éxito del posterior abandono de la actividad delictiva”. “La prisión no puede funcionar de manera aislada al resto de la sociedad. La colaboración entre la administración penitenciaria y otras entidades cercanas es vital para evitar la ruptura social y mitigar los efectos negativos de la privación de libertad”, ha concluido.

Por su parte, el lehendakari ha defendido que el modelo vasco penitenciario “debe regirse por principios irrenunciables como son el humanismo, la integración y la reinserción” sin que ello suponga caer en el “buenismo ni la ingenuidad”. Además, ha recordado a la sociedad que el Gobierno vasco mantendrá “el máximo rigor en la persecución y en la aplicación de la ley ante quienes cometen delitos”, si bien es necesario “huir de los discursos de odio, revancha y estigmatización porque no contribuyen al objetivo de prevenir la reincidencia y favorecer la cohesión social”.

“El objetivo no es ver sufrir a la persona presa, sino prepararla para la integración y convivencia en la comunidad. Ofrecer acompañamiento, formación y oportunidades de trabajo para reparar en la medida de lo posible el daño causado y construir una nueva vida”, ha subrayado. El lehendakari también se ha dirigido al propio personal del centro penitenciario, a quienes ha agradecido su labor, ya que “este trabajo no cuenta en muchas ocasiones con el reconocimiento social que se merece” y también se ha dirigido a las personas reclusas para recordarles que “el camino de la reinserción se construye tanto sobre derechos como obligaciones” y eso “conlleva exigencia, responsabilidad y compromiso”.

“Depende de vosotros hacer que el delito no defina vuestra personalidad: reconocer el daño causado, contribuir en lo posible a repararlo, y aprovechar las oportunidades que se os ofrecen para reconstruir vuestra vida”, ha manifestado Pradales. Finalmente, ha considerado que el cierre de la cárcel de Martutene y la apertura del centro penitenciario de Gipuzkoa, que ha sido posible “por una fructífera colaboración con la Administración del Estado”, supone “una nueva etapa de transformación para Donostia, Gipuzkoa y Euskadi”. Así, ha mostrado su confianza en que la gobernanza colaborativa permita construir 400 viviendas protegidas para seguir desarrollando el barrio de Txomin Enea.

En la misma línea, la consejera San José ha considerado: “Hoy damos un paso que marcará el presente y el futuro de nuestra política penitenciaria”. A su juicio, el centro penitenciario de Zubieta, “simboliza un paso decisivo en el compromiso de Euskadi con un modelo penitenciario propio, responsable y profundamente humano. ”A partir de hoy, Euskadi se constituye como una administración penitenciaria integral. Pero este logro no se mide únicamente en términos de gestión o de competencias. Se mide, sobre todo, en nuestra capacidad para dar cumplimiento al mandato constitucional que guía nuestra acción: que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y la reinserción social“, ha sostenido.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, estima que se precisarán 132.232,25 euros anuales para modificar la estructura directiva del Instituto de la Memoria (Gogora). Como adelantó este periódico, se va a crear la figura de un nuevo alto cargo, el director adjunto. Asimismo, se elevará el rango del actual titular del organismo, Alberto Alonso, para que sea equivalente al de un viceconsejero.

Desde la oposición, Santiago López Céspedes, del PP, preguntó al Gobierno por los costes de estas modificaciones que ya se están tramitando. La consejera San José, de la parte el PSE-EE del Gobierno de coalición con el PNV, reparte el gasto en dos partidas. Por un lado, están las estimaciones de lo que supondrá la nueva figura del director adjunto, 112.757,90 euros (su salario será de 84.286,06, la Seguridad Social es de 26.786,11 y el fondo de pensiones Itzarri asciende a 1.685,72); y, por otro, están los gastos asociados a la “elevación” del rango del actual director de Gogora, que son otros 19.474,35 euros (14.557 de mejora salarial y el resto por los incrementos en cotizaciones e Itzarri).

La consejera no precisa la persona que será elegida para el cargo, aunque fuentes de Gogora explicaron en su momento que la idea, siendo un Gobierno de coalición, podría ser la de que el PNV, el otro partido del Ejecutivo, pudiese disponer de ese nombramiento. “Los criterios serán los seguidos en el Gobierno para el nombramiento de altos cargos”, apunta San José.

El Ejecutivo recalca que no es una ampliación de la estructura sino la materialización de una medida que “ya estaba prevista” tanto en la ley de creación de Gogora, de hace una década, como en los estatutos del Instituto de la Memoria. “Nos encontramos únicamente ante una adecuación”, le dice San José al PP. Se añade que el consejo de Gogora, donde están representados también los partidos de la oposición, trató el tema en su reunión de finales de 2025.

El nuevo centro penitenciario de Donostia, en Zubieta, abrirá sus puertas este lunes, el 15 de junio. Sustituirá al viejo Martutene. Construido por el Estado y cedido ahora al Gobierno vasco, titular desde 2021 de las competencias de Prisiones en Euskadi, se publicita como un espacio en que la arquitectura y los equipamientos ayudarán a la apuesta por la reinserción social.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha hecho de guía este jueves a los medios de comunicación en las entrañas del nuevo centro penitenciario de Zubieta. La instalación, construida con una inversión de 45,5 millones de euros, contará con capacidad para más de 400 personas y dispondrá de una plantilla formada por 255 funcionarios..

La nueva cárcel señala que se busca un modelo “más humano”. Martutene se concibió en la dictadura, justo después de la Guerra Civil, y en Zubieta hay un frontón, biblioteca o módulo para madres, un añadido que solamente hubo en el viejo presidio hace unos pocos años. San José ha insistido en que “la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos”. Según ha explicado, el sistema penitenciario debe garantizar el cumplimiento de las penas y la protección de la sociedad, pero también ofrecer herramientas para que las personas presas puedan “reconstruir su proyecto de vida”.

Zubieta se ha levantado sobre una superficie de 80.714 metros cuadrados, casi el doble que Martutene, que ronda los 36.000. Sus instalaciones tienen un carácter “urbano”, hasta el punto de hacer sentir que se trata de “una pequeña ciudad”, según ha descrito Alfredo Gómez, director tanto del nuevo centro como antes de Martutene. El recinto cuenta con amplios espacios al aire libre, algunas zonas verdes y varios edificios muy luminosos por dentro distribuidos en seis módulos residenciales, además de áreas deportivas, culturales, sanitarias, de servicios básicos y de comunicaciones. Durante la visita, Gómez no ha evitado las comparaciones entre ambas cárceles, resumiendo el cambio como el paso “de un sistema de control y vigilancia a uno de reinserción social”.

Todos los módulos residenciales disponen en su planta baja de espacios comunes equipados con futbolín, mesa de ping-pong, televisión y patios abiertos. En la primera planta se ubican las celdas compartidas, donde dos personas conviven en una habitación con litera, escritorio individual y un pequeño baño. Cinco de los seis módulos están destinados a hombres y suman un total de 208 celdas.

El módulo femenino incorpora una singularidad respecto al resto: una unidad para madres ubicada en la segunda planta. En total, las mujeres dispondrán de 16 celdas, cuatro de ellas adaptadas para madres con hijos menores de tres años. Estas habitaciones se asemejan a pequeños apartamentos, con espacios diferenciados para el descanso y la convivencia con los bebés, además de baño privado. Las zonas comunes de esta planta presentan también una decoración más colorida que la del resto del centro.

Además de los espacios de ocio de los módulos residenciales, las personas internas dispondrán de instalaciones para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la lavandería. En este mismo edificio se ubica el aula destinada a la formación profesional culinaria, la cual se asemeja al estudio del programa 'Masterchef'. San José ha confirmado que el centro ofrecerá programas en colaboración con Lanbide relacionados con la cocina, la peluquería, la construcción o los cuidados y el acompañamiento.

El área sanitaria es dos plantas. Las consultas de medicina general, psiquiatría y odontología ya están equipadas con material moderno. En la planta superior se encuentran siete habitaciones destinadas a aquellas personas internas que necesiten permanecer ingresadas durante la noche por motivos de salud. Esto está gestionado por Osakidetza.

Junto a la enfermería se sitúa el edificio de comunicaciones, donde los internos y sus visitantes acceden por entradas separadas. La planta baja está reservada para encuentros familiares, mientras que la superior alberga los vis a vis: dieciséis destinados a familiares y cinco de mayor tamaño para reuniones con abogados.

El centro dispone también de un amplio espacio deportivo y cultural. Además de una cancha polideportiva, un gimnasio aún no montado, y un frontón al aire libre, alberga un salón de actos destinado a eventos y representaciones teatrales. Las personas internas tendrán acceso asimismo a una biblioteca dotada de numerosos libros y una zona de estudio. Destaca también la presencia de murales y obras artísticas distribuidas por distintos puntos del recinto.

El próximo 15 de junio será inaugurado oficialmente el centro penitenciario de Zubieta. Tal y como se anunció en febrero, el traslado de las personas presas desde Martutene se realizará efectivamente a mediados de junio y, según ha explicado Gómez, se espera completar “en un día” durante la próxima semana. Pero sólo se ha cumplido el último de los plazos. Antes todo han sido retrasos.

Aunque el proyecto comenzó a gestarse en 2005, las obras no arrancaron hasta 2021. Inicialmente estaba previsto finalizar la construcción en 2023 y abrir las instalaciones en 2024. Dos años más tarde, la infraestructura que busca sustituir a Martutene se ha convertido finalmente en realidad. El viejo Martutene será derribado para dejar paso a viviendas en la ciudad con los precios más caros.

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha anunciado este domingo que abandonará el cargo tras ocho al frente de la jefatura de la Policía vasca y 43 en el cuerpo. Bujanda ha hecho pública la noticia en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, durante el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial y de homenaje a agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA, al que han asistido el lehendakari, Imanol Pradales; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

El todavía jefe de la Ertzaintza ha afirmado que abandona el cargo “con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible y con algunos fallos”. “Como todos los que somos de carne y hueso”, ha añadido. “Me voy con la conciencia tranquila, porque otro de los principios y valores que tenemos (en la Ertzaintza) es el trabajo en equipo, y yo me he sentido arropado, con gente cercana que me ha ayudado en los malos momentos”, ha manifestado, según recoge Europa Press.

El lehendakari ha aprovechado la ocasión para elogiar “la trayectoria, el compromiso y el servicio a Euskadi” de Bujanda. “¡Enhorabuena, Josu, y gracias por todo tu trabajo a lo largo de los años!”, ha escrito.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la “fórmula de éxito” de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas “tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, y ha remarcado que “estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta”.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en Donostia bajo el lema '2 años más de izquierda útil', en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes. En el acto han participado, además, los consejeros socialistas del Gobierno vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado “orgulloso” del liderazgo que está ejerciendo el PSE-EE en el Gobierno vasco y ha asegurado que los socialistas pueden y deben “sacar pecho” por la gestión realizada desde las instituciones, según recoge Europa Press. “No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quiénes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas”, ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado “se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras”.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado “en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno”, y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones. “Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE-EE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es “mucho mayor”, ha considerado que “esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país” y ha recalcado que el PSE-EE “no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día”. “No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi”, ha subrayado.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, han entregado a sus respectivas familias los restos mortales de los dos milicianos, Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidiaz, recuperados de la fosa del cementerio de Amorebieta-Etxano en julio de 2025. San José ha reivindicado el papel de las leyes de memoria democrática para la construcción de la convivencia en el acto, en el que han estado presentes dos de las hijas de estas víctimas, desaparecidos en la guerra, que han podido recibir los restos mortales de sus padres.

En un acto celebrado este domingo en Bilbao, la consejera ha recordado que son “dos vidas comprometidas desgarradas por la sinrazón de la guerra, dos proyectos de vida destruidos en cuestión de minutos”, y se ha dirigido a las familias: “Vosotras sois el futuro con el que ellos sonaban, noventa años de historia familiar que ellos no pudieron disfrutar”. San José ha insistido en la necesidad de “recuperar el pasado, buscar a los desaparecidos de la guerra civil y el franquismo para retornarlos al lugar del que nunca debieron salir” porque precisamente eso es “hacer memoria”, informa Europa Press.

Por su parte, Alberto Alonso ha reflexionado sobre lo que, a su juicio, es hacer memoria, que supone “mucho más que montar grandes actos públicos o colocar placas en uno u otro lugar”. “Son horas y días dedicados a trabajo discreto, invisible para la mayoría de la sociedad, pero de cercanía, escucha y acompañamiento para las víctimas y sus familias”, ha indicado. Por ello, ha reivindicado el papel de las familias, les ha agradecido su “tesón y empeño” por volver a tener con ellos a seres queridos y, sobre todo, su “fuerza por mantener la dignidad y su recuerdo”.

Con el objetivo de conseguir nuevas identificaciones y reforzar el alcance de sus esfuerzos, el director de Gogora ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de comunicación, dirigida a toda persona que crea que algún miembro de su familia pudo fallecer en el campo de batalla o a consecuencia de la represión franquista y la familia no ha podido recuperar sus restos. Se pretende recoger las muestras genéticas de estas personas para ampliar el banco de ADN y cotejarlos con los de los restos óseos exhumados de las diferentes fosas y conseguir nuevas identificaciones.

¿Quiénes eran las víctimas?

Los milicianos Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidiaz murieron en abril de 1937 en los frentes de guerra de Elorrio y Muxika, respectivamente, y no se conocía el lugar de inhumación, eran dos desaparecidos de guerra. En ambos casos, las identificaciones genéticas se han podido realizar gracias a las muestras aportadas por sus hijas.

Cosme Ayala Yoldi, navarro de nacimiento y vecino de Barakaldo, estaba casado y era padre de dos hijas, trabajaba como jornalero. Durante la guerra, luchó como miliciano del Batallón Meabe 1, 'Largo Caballero', adscrito a las Juventudes Socialistas Unificadas. Murió el 27 de abril de 1937 en Elorrio (Bizkaia).

Manuel Hernáez Ruidiaz, riojano de nacimiento, vivia en Bilbao, estaba casado y tenía una hija. Trabajaba también como jornalero. Durante la guerra luchó como miliciano del batallón Zabalbide, adscrito a Izquierda Republicana. Falleció el 20 de abril de 1937 en el frente de Muxika (Bizkaia). Los restos mortales de los dos milicianos se localizaron en julio de 2025 en la misma fosa, la número 11 del cementerio de Amorebieta-Etxano, junto con los de otras 28 personas.

Una vez excavada toda el área se han descubierto en total 11 enterramientos con los restos mortales de 157 personas. El análisis de las muestras genéticas de todos estos restos óseos acaba de concluir, lo que quiere decir que los perfiles genéticos de los últimos restos recuperados ya forman parte del banco de ADN y esto ha permitido identificar a estos dos milicianos.

En el caso de Ayala, ha sido una de sus hijas la donante (tuvo dos hijas y viven las dos). Donó la muestra en abril y en unas pocas semanas, debido al grado de parentesco, el análisis de una única muestra ha servido para llevar a cabo la identificación. En el caso de Hernáez, el ADN de su única hija formaba parte del banco genético de Gogora desde 2023, cuando la familia tuvo noticias del inicio de los trabajos de exhumación en Amorebieta-Etxano, pero los restos de Manuel no se habían localizado aún, se localizaron y exhumaron en julio del año pasado, cuando se dieron por finalizados estos trabajos.

Con estas dos nuevas identificaciones, son ocho de 157 las personas identificadas hasta la fecha. Las identificaciones que se van sucediendo aportan información valiosa para entender a qué perfil responden los restantes. Se deduce que se trata de combatientes fallecidos entre diciembre de 1936 y mayo de 1937, en distintos frentes de guerra en Bizkaia, o fallecidos tras ser trasladados heridos al Hospital Militar de Amorebieta-Etxano en ese espacio de tiempo.

Por tanto, Gogora quiere reafirmar su llamamiento a los familiares de los combatientes muertos en esas fechas para que se les pueda tomar una muestra de ADN y cotejarla con las obtenidas de los restos óseos. El proceso de toma y análisis de muestras es indoloro y no tiene coste alguno para la persona interesada.

Las personas identificadas hasta la fecha son todos combatientes y varones: Adolfo Cengotitabengoa Izurza, natural de Muskiz (Bizkaia); Jaime Iniguez Nieva, natural de Ortuella (Bizkaia); Enrique Contreras, natural de Linares (Jaen) y vecino de Aretxabaleta (Gipuzkoa); Benigno Hierro Pinedo, natural de Ortuella (Bizkaia); Jacinto Polo Ríos, natural de Donostia/San Sebastian (Gipuzkoa); y Jesús Arratibel Ruíz de Alegría, natural de Zalduondo (Álava).

La asociación de víctimas del terrorismo Covite ha denunciado este jueves la concesión de dos nuevos terceros grados que ve “fraudulentos” a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. Además, ha pedido “la dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José.

Olarra Guridi fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA y sobre él pesaban condenas que superaban los 1.000 años de prisión por diferentes atentados y delitos relacionados con la actividad terrorista de la banda. Ya tenía concedida una flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2. En el caso de Zabalo Beitia, se le había concedido el tercer grado en 2025. Sin embargo, la Fiscalía recurrió aquella decisión y el juez terminó revocando la progresión hacia la semilibertad.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que “el Gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. A juicio de Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”, informa Europa Press.

Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en “un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco”, que tiene la competencia desde 2021. “Esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento”, según la hermana del dirigente del PP asesinado en 1995.

En este contexto, el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución con los votos del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico, compuesto por ellos mismos, a “reforzar” las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo y de otras vulneraciones de derechos humanos, así como a estudiar nuevas medidas educativas, sociales o sancionadoras “con el fin de prevenir la revictimización y consolidar una memoria inclusiva, crítica, ética y democrática”. La proposición no de ley original era del PP e instaba a que en el plazo de seis meses y en cooperación con las asociaciones de victimas del terrorismo, llegue a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la norma de reconocimiento y reparación a las víctimas.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha estampado ya su firma en la “aprobación previa” de la primera ley que regula en Euskadi la denominada “justicia restaurativa”. La normativa, que no aparecía en el calendario legislativo del Gobierno de Imanol Pradales a comienzos de la legislatura, busca complementar la regulación estatal y extender este modelo de encuentros entre víctimas y victimarios que se popularizó con los encuentros entre presos de ETA y familiares de asesinados. Se persigue incluso que pueda ser una “alternativa” cuando no pueda lograrse una condena en la vía penal ordinaria, como supuestos de prescripción, de archivo por motivos procesales o de falta de autor conocido.

“El modelo vasco de justicia restaurativa se aplica como alternativo cuando no puede incoarse, desarrollarse o concluirse un proceso penal por la falta de una condición de procedibilidad, la ausencia de autor conocido o la presencia de un óbice procesal que conlleve la extinción de la responsabilidad penal”, se puede leer en el texto. Eso sí, se trata de una redacción que no es definitiva. El Consejo de Gobierno aprobará dentro de unos meses el proyecto de ley, que puede sufrir cambios, después pasará al Parlamento y allí los grupos tendrán la posibilidad de introducir más enmiendas. Quedan algo menos de dos años de legislatura para que se puedan superar todos estos trámites.

En un largo preámbulo, el Ejecutivo vasco expone que no desea meterse en competencias exclusivas del Estado, como son la regulación penal y procesal, pero recalca que el Gobierno autonómico si puede contribuir desde la provisión de medios para la Administración de Justicia y en la gestión de las penas, tanto las penitenciarias (desde 2021) como las alternativas a prisión. Se insiste en que es posible “un modelo de Justicia más humano” y que no se trata de “sustituir” al modelo “adversarial” tradicional sino de “enriquecerlo” para, sobre todo, lograr un resarcimiento de las víctimas y la reinserción de los victimarios. Otro de los propósitos es hacer pedagogía y “visibilizar” un modelo de reparación en el que las partes, de forma voluntaria y confidencial, se sientan para buscar la reparación del daño causado y evitar la reincidencia.

La norma arranca definiendo cómo es ese “modelo vasco” de justicia restaurativa. Plantea que, en el caso de los victimarios, podrán participar de él no sólo los condenados en firme sino denunciados, investigados/imputados, encausados o acusados. En el caso de las víctimas, lo son los que han sufrido directamente el delito pero también parejas, familiares, “allegados” y “miembros de la comunidad”. Se establece también que las “instituciones públicas” podrían llegar a participar en estos encuentros “en delitos que afecten al interés general” que no se precisan. Se recalca que los encuentros pueden ser individuales o colectivos. En el caso de los presos de ETA, en los últimos meses se está optando por reuniones entre varios exterroristas y varias víctimas, por ejemplo. Los llama “círculos restaurativos” y tienen “participación comunitaria e institucional”.

La ley recalca que este tipo de prácticas son totalmente “voluntarias” y que las víctimas pueden cortarlas cuando deseen si no les satisfacen. En el caso de los victimarios, la “negativa” a participar “no implicará consecuencia alguna” en su proceso penal o penitenciario. Se crea 'de iure' el “Servicio Vasco de Justicia Restaurativa”, que ya existe 'de facto', como órgano de coordinación de los procesos y que se complementará con las oficinas de atención a las víctimas, a los justiciables y de gestión de penas, también existentes.

La ley regula la figura de los mediadores, las personas que dinamizan estos encuentros. Podrán ser funcionarios o externos de entidades “privadas colaboradoras”. Han de ser titulados en una panoplia de materias relacionadas con el derecho y “acreditar” conocimientos sobre programas restaurativos, derechos humanos, enfoque intercultural y perspectiva de género. Se harán “comprobaciones” de la calidad de estos profesionales y, de hecho, habrá un registro de “personas facilitadoras”.

En las próximas semanas, cerrará sus puertas para siempre la histórica cárcel donostiarra de Martutene. Está ya listo el nuevo centro penitenciario de Zubieta después de unas obras que han acumulado retrasos de años y que hasta tangencialmente se han visto envueltas en las investigaciones de corrupción contra el entorno de Santos Cerdán, exdirigente del PSOE, por haber sido adjudicadas a una UTE liderada por Acciona. El viejo edificio, cuya primera piedra fue colocada en 1944 y abrió en 1948, será derribado para buscar nuevas zonas de construcción que alivien el problema de la vivienda en la ciudad con los precios más altos de España, al igual que sucederá con los cuarteles del Ejército en Loiola. Se habla de 400 casas.

Según datos oficiales, al cierre de abril, la población penitenciaria en Martutene era de 347 personas, 322 varones y 25 mujeres. Es algo menos del 19% del total de internos en las cárceles vascas a 30 de abril, 1.838. Un centenar de esos presos están en semilibertad, en tercer grado. Del total de reos, 48 eran de ETA.

Desde 2021, las cárceles vascas son gestionadas por el Gobierno autonómico. El acuerdo de transferencia con el Estado incluyó la doble cesión en Álava de Zaballa y del viejo presidio de Nanclares de la Oca, todavía sin uso definido, de la cárcel de Basauri en Bizkaia, que es de 1964, y del centro de Martutene en Gipuzkoa. Eso sí, ya se avisó de que cuando concluyeran las obras de Zubieta, entonces ya en proyectadas, habría cambios. La nueva cárcel de Donostia la ha construido y pagado el Estado (con un coste superior a los 40 millones de euros) y ahora la ha traspasado al Gobierno vasco. El acuerdo de 2021 preveía la 'devolución' de Martutene, que a su vez será cedida a la ciudad para sus planes urbanísticos. Será la primera vez que el Estado intervenga en proyectos de vivienda protegida en Euskadi desde 1981.

El plan ya se está ejecutando. Desde hace unos días Zubieta ya es propiedad del Gobierno vasco, en concreto desde que apareció en el Boletín Oficial del Estado un real decreto ajustando los términos de la transferencia de Prisiones de 2021. Y la fecha aproximada para el cierre de Martutene es dentro de un mes, hacia el 15 de junio. El traslado implicará varios días para la acomodación de todos los internos y del personal, siempre con estrictas medidas de seguridad. En 2011, cuando abrió Zaballa, fueron muy difundidas las imágenes de largas filas de vehículos de la Ertzaintza haciendo esa mudanza desde Nanclares de la Oca. Adicionalmente, la operación de derribo tendrá un presupuesto de unos cuatro millones de euros.

Martutene fue abierta en 1948 y está llena de historia. Sustituyó a la prisión provincial anterior, la de Ondarreta, de 1890, también derribada y que fue muy protagonista en los oscuros años de la Guerra Civil y de inicio de la dictadura. El Ayuntamiento, que hace unos años encargó una publicación sobre el penal, explica que “desde 1931”, es decir, en tiempos republicanos, “se agolparon sobre todo presos políticos”. La ciudad fue conquistada por los sublevados contra el régimen constitucional poco después del golpe de Estado y, “a partir de 1936, los franquistas encarcelaron a miles de personas”. “Muchos de ellos fueron torturados y al menos 600 fusilados”, expone el Ayuntamiento.

El primer franquismo, todavía con la II Guerra Mundial en marcha, diseñó para Donostia una nueva cárcel. Fue un proyecto de gran alcance, a la luz del eco que tuvo fuera de Gipuzkoa la colocación de la primera piedra en 1944. El ministro de Justicia de la época, Eduardo Aunós, encabezó los fastos, que incluyeron desfiles, saludos fascistas y bendiciones católicas del obispo del momento, Carmelo Ballester, titular de la diócesis de Vitoria que entonces abarcaba también a Gipuzkoa y que mantiene una calle en la capital vasca. El alcalde franquista, Rafael Lataillade, dijo que las nuevas instalaciones eran una “vieja aspiración” de la ciudad y lo consideró una “reforma urbana de extraordinaria importancia”.

“El señor Aunós felicitó al alcalde por la labor realizada y dedicó un fervoroso elogio a la ciudad de San Sebastián, tanto por sus bellezas como por su sentido de la hospitalidad y de la hidalguía. Hizo una apología de la formidable labor llevada a cabo por el Caudillo, que se preocupaba constantemente por el bienestar de los españoles”, explicaba la crónica de un periódico de Palencia sobre la primera piedra. El ministro fue agasajado con una placa de homenaje regalada por el Ayuntamiento y con la medalla de oro de Gipuzkoa, entregada por la Diputación. “El palacio de la Diputación se encontraba artísticamente engalanado. En la escalinata [estaban] los alabarderos y clarineros de la Diputación”, se exponía sobre el segundo homenaje.

El ministro, natural de Lleida, falangista y admirador de Benito Mussolini, remarcó que Gipuzkoa era la puerta de entrada a la nueva España para los extranjeros y el último recuerdo para los que marchaban del país. Y añadió una curiosa mención al euskera, no oficial y perseguido en aquel momento. “Ningún español puede sentirse extraño en esta provincia, llena de esencias españolas y donde la milenaria lengua nativa supo convivir sin suerte de menosprecio bajo los alcázares imperiales de una España que dio a los hijos de esta tierra rango universal y un lenguaje inigualado, que les permite desarrollar sus actividades creadoras en los ámbitos del mundo”, sentenció, siempre según el diario de Palencia. Según Aunós, Martutene iba a proporcionar a los presos “condiciones inmejorables” tanto de “ambiente” como por la modernidad de los nuevos equipamientos.

Las obras duraron cuatro años, menos que las de Zubieta, de la que ya se hablaba en 2005. Fue en mayo de 1948, hace ahora 78 años, cuando se trasladaron los presos de Ondarreta al nuevo recinto. “Está desalojándose la cárcel de Ondarreta. Los presos se han mudado. Alguien tiene la suerte de poder mudarse de casa ¡y sin pagar renta ni renegar porque no funciona el ascensor! Si toda mudanza constituye una novedad, esta será como una fiesta extraordinaria para los reclusos”, escribía 'El Diario Vasco' en aquel momento. A mediados de mayo, se confirmó la “entrega” del Estado de Ondarreta a la ciudad una vez ya activada la entonces conocida como “Prisión Provincial de Loyola”. De 1951 a 1982 existió allí un monumento en memoria de los “caídos”, es decir, de las víctimas del bando sublevado en la Guerra Civil.

El “dolor” en Martutene

En marzo, 24 entidades memorialistas de Gipuzkoa pidieron al Gobierno vasco y al Ayuntamiento que Martutene que sea designada como “lugar de memoria”. Según recogió Europa Press, recalcaron que Martutene es “exponente notorio de la represión franquista” y citan los recurrentes estados de excepción o el año 1968. Su propuesta pasa por que “se conserve algún elemento representativo”, sea la entrada o una garita, “para que en un futuro cercano, desde el máximo respeto al dolor generado y a la verdad histórica” pueda ser recordado lo que allí sucedió cuando se haya completado el desarrollo urbanístico proyectado.

Sin embargo, el episodio más conocido en la historia de Martutene data de 1985, ya en democracia. El 7 de julio de ese año, el cantante Imanol ofreció un concierto. Al terminar, escondidos en los bafles, se fugaron los presos de ETA Iñaki Pikabea y Joseba Sarrionaindia. La historia ha pervivido en la memoria colectiva merced a la canción 'Sarri, Sarri', de Kortatu. En 2024, Fermín Muguruza cantó para los presos allí mismo e interpretó 'Sarri, Sarri'. Eso motivó que el Gobierno vasco ordenara que las actividades en los centros penitenciarios incluyeran “repertorios acordes a los derechos humanos”.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha afirmado en las últimas semanas que la apertura de Zubieta (técnicamente llamado por el Estado “Centro Penitenciario Norte III”) será “un hito clave para la consolidación y avance en la implementación del modelo penitenciario vasco”. La prisión ocupa 28 hectáreas de terreno en Eskusaitzeta y son 36.000 los metros cuadrados construidos. Tiene seis módulos y 234 celdas. En 2024 se dijo que iba a tener una capacidad máxima “para 500 personas reclusas”, pero ahora se rebaja a 475, 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 para cumplimiento de penas en régimen abierto y otras modalidades. Sea como fuere, la apertura será clave para aliviar el “tensionamiento” que han sufrido los penales vascos desde 2021. Una parte relevante de los internos de Zaballa pasarán ahora a Zubieta.

El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

El Gobierno vasco va a recuperar el premio Manuel de Irujo, un reconocimiento a juristas de prestigio que toma el nombre del que fuera ministro de Justicia del Gobierno legítimo de la II República en plena Guerra Civil, el único del PNV en la historia que ha accedido a esa posición. El galardón fue creado en 2002, se entregó anualmente hasta 2011 y desapareció en 2012. La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, socialista, firmará próximamente un decreto para rescatar esta iniciativa, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico.

Manuel de Irujo, dirigente navarro del PNV, fue una figura crucial en la historia de Euzkadi y de España en aquella época. Era ministro español cuando se produjo el bombardeo de Gernika ejecutado por la aviación nazi al servicio de los sublevados franquistas y fue una de las voces más insistentes a la hora de denunciar a nivel internacional el papel tanto de la Alemania de Adolf Hitler como de la Italia fascista de Benito Mussolini.

Nacido en Estella en 1891, un entorno carlista en la época, se formó como jurista en Bilbao y, al regresar, impulsó las estructuras del PNV en Navarra. En la II República, impulsó la redacción del primer Estatuto de autonomía vasco, que en un primer momento iba a incorporar a Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Al poco de estallar la Guerra Civil y con parte del territorio vasco ya perdido, en septiembre de 1936 Irujo accedió a ser ministro sin cartera de un Gobierno de concentración encabezado por el socialista Francisco Largo Caballero a cambio de la aprobación del Estatuto vasco, que efectivamente se produjo en esas fechas. Después, al poco de producirse el bombardeo de Gernika, pasó a ser ministro de Justicia de España, ya con Juan Negrín como presidente del Ejecutivo. Tras siete meses en el cargo, salió del Gobierno para regresar un tiempo después, ya en 1938, de nuevo sin cartera.

Sostiene la Real Academia de la Historia que Irujo, desde el Gobierno de España, “puso especial empeño en conseguir que cesara la persecución religiosa y que se normalizara el culto” en la zona republicana. Después, se vio forzado a emprender el exilio. Simbólicamente, fue también ministro español de Industria en 1945 del Gobierno republicano que se siguió reuniendo en el extranjero. A la muerte de Franco, regresó a España. Con 86 años, fue elegido senador por Navarra en las elecciones constituyentes al frente de una coalición del PNV con otras fuerzas nacionalistas y de izquierdas. Participó en las negociaciones del Estatuto de 1979, ya solamente para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y ese año fue elegido parlamentario foral. Falleció en 1981, a los 90 años.

El galardón fue presentado en marzo de 2002 por el entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que era de EA y formaba parte del Gobierno encabezado por Juan José Ibarretxe, del PNV. Estuvo dotado inicialmente con un premio de 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros al cambio de los recién creados euros. El primer homenajeado fue el juez José María Lidón, asesinado por ETA unos meses antes. Después, se fueron sucediendo los galardones hasta que, en octubre de 2011, la entonces consejera socialista de Justicia, Idoia Mendia, ofreció el último a Josefina Triguero, la primera mujer magistrada de España. En 2012 el Gobierno de Patxi López no lo convocó y en los doce años del de Iñigo Urkullu tampoco se mencionó nunca este premio.

Sostiene el Ejecutivo actual de Imanol Pradales que los objetivos del premio “resultan hoy plenamente vigentes”. “La figura de Manul de Irujo representa una defensa constante y coherente del derecho y de la justicia como pilar de la acción política, social y económica, apostando siempre por soluciones pacíficas y jurídicas para la resolución de los conflictos”, se argumenta en la documentación anexa al proyecto de decreto, para el que hay un plazo de alegaciones hasta el 15 de mayo. Se buscará, nuevamente, “el reconocimiento y la visibilización de trayectorias personales o colectivas vinculadas al ámbito de la Justicia y del Estado de Derecho”.

Azkarraga, muñidor de la iniciativa original, expresa en conversación telefónica su alegría por esta decisión. “Le mandé una carta hace un tiempo a la consejera indicándole que estaría bien que se pudiera recuperar. Los premios habían sido muy plurales siempre y el jurado también lo era”, indica el exconsejero, que dejó el Ejecutivo en 2009. El exdirigente del PNV Iñaki Anasagasti también había reclamado la recuperación del galardón para poner en valor la figura de Irujo.

En Estella, una asociación también tiene un galardón con ese nombre. En el PNV navarro actual continúan los descendientes del exministro. Mikel Irujo es consejero del Gobierno de Navarra dentro de Geroa Bai, la coalición de los nacionalistas en la comunidad foral. Y su hija Maider Irujo es dirigente de EGI, las juventudes del PNV, e intervino como tal en el último Aberri Eguna o día de la patria vasca junto al presidente del partido, Aitor Esteban, y al lehendakari. En el discurso, hizo varias referencias a su familiar.

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de las Prisiones vascas de flexibilizar el cumplimiento de la condena de cárcel en segundo grado de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, conocida como 'Anboto'. Al no ser un tercer grado o semilibertad, sino una aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el recurso no suspende el disfrute de las salidas concedidas hasta que, en su caso, pueda ser revocado por el juzgado responsable de vigilancia penitenciaria, que es la Audiencia Nacional en casos de terrorismo.

El ministerio público ve prematuro este paso al no haber alcanzado 'Anboto' tres cuartas partes de su condena efectiva. La nominal es próxima a los 800 años por la acumulación de delitos. El fiscal de vigilancia penitenciaria, Carlos García-Berro, apunta también a un supuesto “uso indebido” del 100.2 a modo de “tercer grado anticipado por vía reglamentaria”. Desde el Gobierno vasco, que en 2021 asumió la competencia de Prisiones, expresan su “respeto absoluto” a la decisión de la Fiscalía. Repiten que el control judicial de sus decisiones “forma parte del mecanismo” garantista de la normativa penitenciaria.

'Anboto' disfruta de su nuevo régimen de cumplimiento de condena desde el 24 de marzo, lo que ha motivado controversia política y entre asociaciones de víctimas. Se le permiten salidas durante el día de lunes a viernes, con pernocta en Martutene, su cárcel de referencia, y estancia durante los festivos. El artículo 100.2 no es ni un beneficio penitenciario ni una progresión de grado, pero sí es una fórmula para flexibilizar el régimen cerrado que se ha usado en una proporción muy alta con los reclusos de ETA, que copan un tercio de todos los concedidos en Euskadi, cuando son alrededor de un 6% de la población interna.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, rechaza que el “perfil político” de los presos en las cárceles vascas, en referencia a los exdirigentes del PNV que cumplen penas de corrupción, “influya” o “afecte” a su “situación” penitenciaria. Agrega que no es “excepcional” que se hayan producido “progresiones” de grado, ya que eso es una posibilidad prevista en la normativa y que se aplica por razones “técnicas” y nunca de otra naturaleza.

San José ha realizado estos comentarios en respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante del PP Santiago López Céspedes. La iniciativa fue registrada después de que trascendiera que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, había logrado ya un tercer grado, es decir, un régimen de semilibertad, cuando ni siquiera ha llegado a un tercio del tiempo total de cumplimiento efectivo de su pena, ya de por sí reducido en tres años.

De Miguel, condenado a doce años como cabecilla de una trama de corrupción, entró en prisión en el verano de 2023 y con fecha de salida en el verano de 2032. Ya disfrutaba de un régimen cerrado atenuado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Asimismo, los otros tres excargos del PNV igualmente en prisión han saltado también al tercer grado sin alcanzar la mitad de sus penas. Son Xabier Sánchez Robles, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Solamente en el último caso la progresión se ha hecho a propuesta de Prisiones; los otros tres lo lograron con recursos ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

San José, en sus explicaciones al Parlamento, no entra en detalles concretos escudándose en la protección de datos. De hecho, ni siquiera confirma que las juntas de tratamiento plantearan no conceder a De Miguel -y a otros dos implicados en la misma trama- el tercer grado en un estadio tan prematuro de la condena total, algo inhabitual según fuentes penitenciarias. Ya antes los funcionarios se habían opuesto al 100.2 para el expolítico. Según la consejera socialista, que dice no tener datos del tiempo habitual para las progresiones de grado, es impepinable acatar las resoluciones judiciales y “no corresponde al Gobierno vasco valorarlas”. Que la Justicia enmiende la plana al Ejecutivo no supone una “disfunción”, sostiene.

Remarca la titular de Justicia y Derechos Humanos que una característica fundamental del sistema penitenciario español es la “individualización”, y eso implica que “una persona no debe permanecer en un grado más restrictivo ni más flexible que aquel que, conforme a su situación individual, resulte adecuado”. “Por lo tanto, la progresión a tercer grado cuando concurren dichos elementos constituye una consecuencia natural y necesaria del principio de individualización”, abunda San José. Es más, recuerda que el “modelo penitenciario vasco” puesto en marcha en 2021 con la transferencia de Prisiones y que “fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Vasco”, establece “una apuesta expresa y decidida” por “potenciar el régimen abierto”. Los condenados del 'caso De Miguel' han superado un programa llamado Pideco, de prevención de la delincuencia económica. Es el mismo que realizó durante su estancia en Zaballa Iñaki Urdangarin.

En el plano cuantitativo, San José -que habitualmente tiene que dar explicaciones sobre otros presos, los de ETA- indica que en los últimos cinco años 56 presos de todo tipo han visto atenuado su régimen interno en aplicación del 100.2. Asimismo, en enero de 2026 eran 424 los reclusos en tercer grado. Hay hasta cinco modalidades, en función de si tienen o no control telemático o el artículo por el que accede a esa progresión. El más común es el 86.4 del reglamento penitenciario, con control telemático. Es en el que están 352 de los 424.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha descubierto este lunes en Vitoria la placa que designa como “lugar de memoria” a la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, donde el 3 de marzo de 1976 la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera con un saldo de cinco asesinados, una cuarentena de heridos de bala y decenas más de afectados. Martínez ha señalado la responsabilidad en los hechos del Gobierno “continuista” con el franquismo de Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga, que era ministro del Interior y luego fundó el PP. Y ha adelantado, en conversación con representantes de las víctimas, concretamente con Juan Ibarrondo y Arturo Val del Olmo, que el Consejo de Ministros de este martes, justo en el quincuagésimo aniversario, tendrá algún tipo de “reconocimiento”.

Martínez, que ya había participado en dos aniversarios anteriores en nombre del Gobierno de España, se ha dicho “emocionado” por poder realizar oficialmente la designación de la iglesia de Zaramaga, a lo que se ha acompañado con un ramo de flores con los colores rojo y amarillo y el texto “Gobierno de España”. Es ya el cuarto punto en Euskadi que entra en esa lista después de la Eibar que declaró la II República en 1931, el puente Avenida de Irún, en la frontera con Francia, o la Gernika bombardeada por los nazis en 1937.

En una larga alocución sin papeles, ha señalado que el 3 de marzo de 1976 fue un hito en la historia de España que precipitó la llegada de un nuevo Gobierno frente al “continuismo” con la dictadura del primer gabinete de la parte “preconstitucional” del reinado de Juan Carlos I, al que ha llamado el Gobierno de “Arias-Fraga” en numerosas ocasiones. “Vitoria significó muchísimo. Al poco tiempo, cayó el Gobierno continuista de Arias-Fraga. Hizo posible que aquel Gobierno no continuara”, ha apuntado.

Ha contado, asimismo, que, siendo veinteañero, tuvo que organizar en su Almería natal actos en solidaridad con los obreros tiroteados en Zaramaga. Ha agregado que es esencial que las “nuevas generaciones” conozcan estos sucesos y que “la democracia no fue un regalo de las elites”, sino “una conquista de las clases populares”.

Como la iglesia, que será en el futuro un Memorial, no está reformada y acondicionada, el descubrimiento de la placa -que es de bronce y pesa 25 kilogramos- ha sido un mero acto simbólico. Ahora la custodiará el Ayuntamiento hasta que pueda tener un emplazamiento definitivo. En ella se alude a los “sucesos” de 1976. Las víctimas han insistido en que la terminología es importante. Ellas emplean términos como “masacre” o “matanza”.

Tras las palabras del secretario de Estado, Martínez ha tenido un breve encuentro con Val del Olmo e Ibarrondo, al que han asistido también la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, y la subdelegada en Álava, Mar Dabán. Ibarrondo, que había aplaudido el discurso, ha calificado de “interesante” lo sucedido, según ha trasladado a los medios de comunicación. En esa conversación, el representante del Estado ha señalado que “reconocimiento va a haber”. Se espera que el Consejo de Ministros de este mismo martes apruebe algún tipo de declaración. Las víctimas piden, igualmente, la desclasificación de todos los archivos, como sucedió recientemente con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Martínez les ha expuesto todos los pasos dados por el actual Gobierno de España, incluyendo una partida de 0,6 millones para el Memorial. Asimismo, recientemente 29 víctimas o familiares de 1976 han recibido cartas con un reconocimiento como víctimas en aplicación de la normativa estatal, al igual que los fallecidos en Basauri y Tarragona en días posteriores en el marco de la ola de solidaridad que se desató. El secretario de Estado también los ha mencionado.

En el acto, han tomado la palabra también las autoridades locales. Para la alcaldesa, Maider Etxebarria, el templo fue “escenario de uno de los escenarios más trágicos” de la Transición, una “carga sangrienta” de la Policía Armada “franquista” contra los trabajadores. El diputado general de Álava, Ramiro González, el único que ha hablado en euskera, ha indicado que la memoria de Zaramaga tiene que ser un “bien común”, que “no se divide ni se apropia”. “Estos muertos son nuestros, de todo el pueblo de Vitoria”, ha clamado, parafraseando lo que se dijo en el funeral hace medio siglo. Por error, el secretario de Estado se ha referido a él como “diputado regional”. El rey Felipe VI y Pedro Sánchez también se han equivocado con él en las últimas visitas que han realizado.

La consejera María Jesús San José, titular de Justicia y Derechos Humanos, ha avisado de la “corriente reaccionaria” que recorre Europa y de la relevancia de no olvidar conquistas laborales. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha asistido en silencio, como buena parte del Gobierno local de Vitoria, cargos de la Diputación y un puñado de vecinos curiosos de Zaramaga. El espacio estaba custodiado por varias furgonetas de la Ertzaintza.