Este fin de semana han aparecido pintadas en contra de la Ertzaintza, según han denunciado el Departamento de Seguridad, sindicatos y partidos políticos tanto el sábado como el domingo. ¿Dónde se han dado los hechos? Las pintadas se han detectado en las localidades alavesas de Araia (municipio de Asparrena) y Amurrio y en Donostia.

El primer caso es el de Araia. La fachada del polideportivo de la localidad alavesa ha aparecido este sábado con varias pintadas con lemas como “Zipaioak falanjistak sokara”. El segundo, de nuevo en Álava, es de Amurrio. Allí, este domingo, han aparecido pintadas contra otro ertzaina con mensajes como “zipaio” o “Herriaren etsaia zarete”. Finalmente, el principal sindicato policial, Erne, ha denunciado que también este domingo en Donostia se ha insultado a los opositores que pretenden acceder al cuerpo policial. “Ni zipas ni aspirantes”, se puede leer en ellas.

El equipo del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha condenado “rotundamente” las nuevas pintadas y ha denunciado a “los enemigos de la convivencia” que quieren “imponer su totalitarismo” en Euskadi. Desde los sindicatos, Erne ha avisado de que “las amenazas contra agentes de la Ertzaintza no pueden ser relativizadas”, y ha instado al Gobierno de PNV y PSE-EE “a perseguir estos actos con toda la contundencia, activando los protocolos necesarios para su investigación, identificación de los autores y denuncia ante los tribunales”. Igualmente, señala a EH Bildu “con claridad”, porque “sigue sin condenar de forma clara y rotunda” estos hechos. “Acciones como estas no representan el sentir mayoritario de Asparrena”, expuso, de su lado, la formación abertzale sobre el primero de los tres casos.

Para Esan, la segunda central en representación, existe un “acoso organizado, odio ideológico y amenaza directa” a agentes de la Policía vasca. Por ello, ha reclamado “investigación inmediata, identificación de los responsables y condenas públicas claras y sin ambigüedades”. El sindicato Euspel, por su parte, ha interpuesto en la comisaría de la Ertzaintza una denuncia por injurias por las pintadas aparecidas. Sipe ha destacado que la mención a la Falange Española y de las JONS en Araia guarda relación con los incidentes del 12 de octubre, cuando las contramanifestaciones tras la visita de ese partido fascista acabaron con enfrentamientos con los antidisturbios. Desde la oposición el PP condena “con firmeza” lo que ve como una “permanente campaña de acoso y desprestigio contra la Ertzaintza y sus agentes”. Ve “silencio cómplice” en la izquierda abertzale y “apatía” en el PNV a la hora de denunciarlo.

En este contexto, la fundación de los nacionalistas, la Sabino Arana, ahora dirigida por Arantxa Tapia, ha dado uno de sus premios anuales al exconsejero del ramo Juan María Atutxa. Lo ha hecho por “su sobresaliente trayectoria institucional, su coraje en tiempos de violencia, su apuesta por la convivencia democrática, y su entrega” al PNV y a la fundación Sabino Arana, de la que también fue presidente. Además de Atutxa, los galardonados han sido el médico, investigador y científico vitoriano Eduardo Anitua, el músico, compositor y folclorista Enrike Zelaia, el Bera Bera Eskubaloia, la empresa Etxeondo, y la Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, se incorporará al Consejo de Administración de Movistar Plus, la plataforma televisiva de Telefónica y oficialmente Telefónica Audiovisual Digital, según informa 'El Diario Vasco'. Ortuzar, periodista de profesión, ha trabajado en medios como 'Deia' o en la dirección de EITB antes de ocupar cargos políticos en su partido, cuya dirección abandonó a comienzos de 2025. Ya se conoció en septiembre que es asesor externo también de la consultora Price Waterhouse Coopers.

Ortuzar fue sustituido como presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV en marzo de 2025 tras un convulso proceso interno en el que le surgió la inesperada oposición de su estrecho colaborador y amigo Aitor Esteban. Finalmente, quien dirigió el principal partido vasco durante doce años renunció a una reelección a la que aspiraba y no confrontó contra Esteban. Desde entonces, ha participado en algunos actos internos, el último hace solamente unas semanas en Sukarrieta.

La 'número dos' del PNV, Maitane Ipiñazar, ha pedido en Euskadi Irratia que se vea con “total normalidad” la noticia. “Tiene todo el derecho a seguir su recorrido profesional”, ha manifestado. Ha agregado que Telefónica ha puesto en valor su “experiencia” y “bagaje” en medios audiovisuales, algo perfectamente natural. “Tenemos vida más allá del recorrido político. Tenemos derecho a trabajar”, ha señalado la secretaria del Euzkadi Buru Batzar, que ha lamentado que se ponga el foco cuando el PNV tiene este tipo de casos.

Por otro lado, la consultora KPMG ha presentado una “nueva estrategia” para apuntalar su labor en el sector de la Defensa en un contexto de compromisos en Europa y en el mundo de incremento del gasto militar. Ha creado un “grupo de expertos” compuesto por una “veintena” de personas y, entre ellos, emerge la figura de Arantxa Tapia, exconsejera vasca del PNV entre 2012 y 2024. Tapia recibió autorización para ser consultora externa y fichó tanto por KPMG como por CSP Iberian. Recientemente, también ha sido designada como presidenta de la fundación del PNV, la Sabino Arana.

La consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, ha pedido a Francia que se “sume al esfuerzo” que están haciendo los Gobiernos vasco y central“ para la llegada de la alta velocidad a Euskadi, cuyas obras arrancaron en 2006 y para las que no hay fecha de finalización. Lo pide ”para que la 'Y vasca' se conecte con Europa“, al tiempo que ha reclamado a la propia Comisión Europea que ”active los mecanismos que tiene en su poder para reclamar a las administraciones francesas que se pongan en marcha“.

García Chueca ha realizado esta petición en el marco de la jornada organizada en Bilbao por Euskal Trenbide Sarea (ETS), el administrador ferroviario autonómico equivalente al estatal Adif, para conmemorar su vigésimo aniversario, en la que la consejera ha puesto en valor los 2.288 millones de euros invertidos en la mejora y consolidación del sistema ferroviario vasco en estos 20 años, informa Europa Press. García Chueca se ha hecho acompañar por tres de sus predecesores al frente de la cartera, Iñaki Arriola del PSE-EE (2009-2012 y 2020-2024) y Ana Oregi (2012-2016) y Arantxa Tapia (2016-2020) del PNV. Nuria López de Guereñu no ha podido asistir por motivos de agenda.

Bajo el lema '20 urte Euskadi saretzen-20 años tejiendo Euskadi', la consejera y presidenta de ETS ha señalado que “Euskal Trenbide Sarea cumple 20 años con una trayectoria que coloca a Euskadi a la cabeza de las regiones que tienen la capacidad de tejer una red de movilidad sostenible pública de calidad”. El Parlamento Vasco aprobó por unanimidad en 2004 la ley de creación del organismo. Ese mismo año, en una primera fase, se constituyó ETS, en base al equipo, la estructura y las funciones de la antigua ingeniería para Metro Bilbao (Imebisa). En una segunda fase, en 2005, se traspasó a ETS la unidad de proyectos y obras de Euskotren. Ya en 2006 se culminó el proceso con el traspaso de personal y medios de Euskotren que a día de hoy forman parte del área de Explotación del ente público.

En todos estos años, ETS ha invertido 2.288 millones de euros que han servido para ampliar y mejorar la red propia, así como avanzar en la expansión de las Líneas 1 y 2 del Metro de Bilbao y la puesta en servicio la Línea 3 del suburbano. Hoy en día construye la Línea 5 y redacta los proyectos que desembocarán en la ejecución de la Línea 4. Además, ha proyectado, construido y puesto en servicio los tranvías de Bilbao y Vitoria y está inmerso en la redacción de los proyectos constructivos para su expansión a Zorrozaurre y Zabalgana, respectivamente. Dos décadas después de su creación, Euskal Trenbide Sarea gestiona y se encarga del mantenimiento de 180 kilómetros de una red ferroviaria que surca Euskadi de este a oeste con 90 estaciones que han sido testigos de 370 millones de viajes.

En este periodo, ETS también ha modernizado las líneas Bilbao-Donostia, el Topo, Txorierri y Amorebieta/Etxano-Bermeo y en 2026 pondrá en servicio las variantes ferroviarias Lugaritz-Easo y Altza-Galtazaraborda, lo que supone, en definitiva, la metrización del histórico Topo en Gipuzkoa. Asimismo, por encomienda del Gobierno central al vasco, el ente público ha ejecutado la plataforma de la 'Y vasca' para el tren de alta velocidad en el territorio histórico de Gipuzkoa, el más rápido de los ramales, y trabaja en la redacción de los proyectos de los accesos a Bilbao y el nudo de Arkaute.

De esta manera, García Chueca ha asegurado que el Gobierno central y el vasco están tratando de “coordinar esfuerzos” para la llegada de la alta velocidad a Euskadi. “Estamos trabajando con esfuerzo y coordinación entre el Gobierno central y el vasco, algo que también reclamamos a Francia para que la 'Y vasca' se conecte con Europa”, ha dicho. En los últimos días, ha señalado, “se están escuchando nuevos requerimientos por parte de la Unión Europea al país vecino para que acelere el paso” y, en ese sentido, ha solicitado a la propia Comisión Europea que “active los mecanismos que tiene en su poder para reclamar a las administraciones francesas que se pongan en marcha”.

Por otro lado, antes de fin de año, ETS iniciará las obras de la variante sur ferroviaria en Bizkaia. En total, estos trabajos realizados por encomienda han supuesto una inversión de 2.000 millones de euros que, al tratarse de infraestructuras de titularidad estatal, el Gobierno vasco descuenta del Cupo a pagar al Gobierno central la parte que adelanta previamente. En este sentido, la consejera de Movilidad Sostenible ha reiterado su compromiso para agilizar “en la medida de lo posible, los trabajos para que el tren de alta velocidad sea un nuevo elemento de la movilidad de Euskadi y suponga tanto un cambio profundo hacia una movilidad más sostenible en trayectos hacia otras comunidades o hacia el resto de Europa, como un plus de competitividad económica”.

García Chueca ha puesto en valor que todo el dinero invertido “no se traduce solamente en la mejora y ampliación de la red de trenes y tranvías, sino que detrás de ella se esconde también un importante trabajo por regenerar espacios, en una comunidad autónoma que por su pasado fuertemente industrial y por su posición estratégica cuenta con muchas y antiguas redes ferroviarias”. “Cuando hablamos de regenerar no solo hablamos de modernizar la red existente, sino de hacerlo con más seguridad y, además, ganando espacios para la ciudadanía”, ha remarcado.

La exconsejera Arantxa Tapia (Astigarraga, 1963) va a ser la nueva presidenta de la fundación Sabino Arana, vinculada al PNV, según ha podido confirmar este periódico. El patronato de la entidad lo refrenderá este martes. Releva en el puesto a Mireia Zarate, que también salió del Euzkadi Buru Batzar del PNV a comienzos de este año tras el cambio de Andoni Ortuzar por Aitor Esteban. Antes, entre 2005 y 2020, lideró esta entidad el histórico Juan María Atutxa, exconsejero también y expresidente del Parlamento Vasco.

Tapia fue la única consejera que acompañó a Iñigo Urkullu en sus doce años en el Gobierno vasco junto con Josu Erkoreka. En las tres legislaturas fue responsable de Desarrollo Económico (Industria) y después fue asumiendo alternativamente otras áreas como Turismo, Transportes o incluso Medio Ambiente en el último tramo. Desde su salto a la política activa en 2005, fue viceconsejera en el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, diputada foral en Gipuzkoa con Markel Olano y diputada en el Congreso. Con Urkullu, siempre tuvo un gran peso político, aunque nunca alcanzó el rango de vicelehendakari. Como dato, fue la encargada de tutelar la salida del confinamiento por la COVID-19 aunque sus competencias poco tenían que ver con la Sanidad.

Desde comienzos de este año, ya es público que Tapia había emprendido una nueva actividad como consultora externa. Entre sus clientes, KPMG y CSP Iberian Bilbao Terminal, con una retribución de 180.000 euros anuales fijos más un variable máximo de 50.000 euros en la primera y de 10.000 euros en la segunda. La exconsejera recibió sendos dictámenes favorables del Gobierno vasco, que está obligado a revisar posibles conflictos de intereses de excargos en los dos años posteriores a su cese.

El Gobierno vasco ha tenido que revisar 52 veces desde 2020 el salto a una actividad privada de excargos autonómicos antes de que hubieran pasado dos años desde su cese. Una ley de 2014 obliga a la Administración a comprobar la oferta laboral para descartar cualquier tipo de conflicto de intereses. Según la información facilitada al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, solamente en un caso se ha denegado el permiso y, según las fuentes consultadas, por una cuestión menor.

El informe de datos facilitado por Ubarretxena a Lamia Arcas indica que 44 de las solicitudes han sido por el procedimiento ordinario y las otras 8 por la vía “abreviada”. Siete de los expedientes ordinarios quedaron no admitidos -por desistimiento del interesado (tres) o por falta de objeto (cuatro)- y otro más de los urgentes. Aunque son 52 expedientes, hay algunos casos en que el excargo ha tramitado varios.

La labor de esta oficina -a cuyo frente hay un alto funcionario- ha quedado muy expuesta en los últimos meses a causa de los exmiembros del Gobierno de Iñigo Urkullu que han emprendido nuevas actividades tras la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea en 2024. La lista la encabeza el propio lehendakari de 2012 a 2024, que ahora lidera un 'lobby' europeísta costeado por Iberdrola, Repsol (Petronor), BBVA y Kutxabank. Además, las exconsejeras Arantxa Tapia o Gotzone Sagardui también recibieron luz verde a sus nuevos puestos, como consultora de KPMG y en Vithas, respectivamente.

Sin embargo, el informe no detalla que en varios supuestos la autorización llegó por silencio administrativo, es decir, porque la resolución con el visto bueno no llegó en tiempo y forma, en los plazos marcados por la ley. De hecho, durante varios meses hubo un 'apagón' en el portal de transparencia que informa de estos permisos que ahora ya ha quedado resuelto. Se pueden consultar aquí las últimas compatibilidades concedidas.

EH Bildu preguntaba también por otra autorización que otorga la Administración, la de actividades paralelas a la pública y que pueden ser desde la docencia hasta la participación en conferencias o medios de comunicación. Se apunta a 254 solicitudes de altos cargos presentadas en un lustro, de las cuales 8 están “en tramitación” actualmente. 14 de ellas no han sido concedidas, 10 por desestimiento y 4 más “por falta de objeto”. Una misma persona puede pedir varias. Si se extiende el análisis a los empleados públicos, los expedientes son 364, con 43 denegaciones y 4 casos pendientes de resolución. Aquí entrarían, por ejemplo, los facultativos que quieren simultanear Osakidetza con una consulta privada.

El informe de la Hacienda de Navarra sobre los movimientos de Santos Cerdán, Antxon Alonso y la mercantil Servinabar 2000 incluye, según ha informado 'El Español', un pago de 4.840 euros en 2018 desde esta empresa a la mercantil Prestomedia, a cuyo frente está el marido de la expresidenta de Navarra en aquel momento, Uxue Barkos, de la coalición Geroa Bai. Rápidamente, la ahora senadora ha emitido un comunicado para resaltar su “honorabilidad” y también la de su familia.

La investigación por corrupción seguida en el Supremo ha acreditado la amistad del ahora encarcelado exdirigente del PSOE Cerdán con Alonso. De hecho, una de las líneas fundamentales es qué papel tenía Cerdán en Servinabar 2000 toda vez que existe un documento en el que se le atribuía un control del 45% del accionariado y cuando ahora se ha sabido que su hermana fue la encargada de la llevanza de las cuentas.

Pero el propio Cerdán manifestó en sede judicial que Alonso tenía cercanía con el PNV -una de las patas de Geroa Bai- e incluso con EH Bildu. En los días posteriores se han ido conociendo encuentros del empresario ahora investigado, residente en Bizkaia y guipuzcoano de nacimiento, con los abertzales Arnaldo Otegi o Pello Otxandiano pero también con el actual presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola. El PP vasco ha insistido especialmente en la vinculación del PNV con esta trama pero también voces internas socialistas, sobre todo en Navarra, hacen ver que no es precisamente el PSN el más cercano a la figura de Alonso.

Barkos, que ahora ocupa un escaño en el Senado por designación autonómica pero que no está adscrita al grupo del PNV sino al de Sumar, es una de las integrantes de la comisión de investigación de caso. Sin embargo, no participó en la sesión en la que intervino el empresario. No obstante, Alonso se negó a responder a todas las preguntas.

Servinabar 2000, en UTE con Acciona, ha recibido adjudicaciones del Gobierno de Navarra y varias de ellas son de carteras que ha dirigido Geroa Bai en las coaliciones lideradas por la socialista María Chivite, que sucedió en 2019 a Barkos. También ha recibido un único contrato Alegure, una filial conformada en un 96% por Alonso y en un 4% por Iñaki Alzaga, presidente del Grupo Noticias y directivo de Euskaltel o Nortegás. En este caso, también con Acciona, fueron las obras de un colegio de Arbizu.

Según ha explicado la expresidenta, el contexto del pago de 4.840 euros es un evento que organizó el Gobierno vasco y el Grupo Noticias en Bilbao en julio de 2018, ahora hace siete años. Ese evento estaba organizado por Prestomedia, que ingresó un contrato de 14.999 euros más IVA de la Administración vasca (el máximo permitido para no hacer concurso) y patrocinado por, entre otras entidades privadas, Acciona. Sin embargo, es Servinabar 2000 el que abona a Prestomedia la parte de Acciona, según Barkos. “Todo ello conforme a la ley, como así detalla en su informe la Hacienda foral”, abunda la expresidenta, que insiste en el “trabajo intachable” de su Gobierno en la legislatura de 2015 a 2019 y en que ella “de ninguna manera” participaba en adjudicaciones.

Según recogió 'Deia', en el evento tomaron la palabra la entonces consejera vasca Arantxa Tapia, su homóloga navarra Isabel Elizalde y, entre otros, representantes de varias empresas, incluida Acciona, así como del propio Grupo Noticias. Estaba dedicado a las Smart Regions europeas. En las fotografías y crónicas de la edición impresa de la cabecera aparecen tanto Alonso como Alzaga entre los asistentes al evento.

Servinabar 2000 es una empresa fundada inicialmente como organizadora de eventos y otras actividades y que devino en constructora. A pesar de su reducida estructura. En los flujos dinerarios conocidos ahora por Hacienda constan pagos a la Belén Cerdán, hermana del político encargado, a la pareja del ex 'número dos' del socialismo navarro, Ramón Alzórriz, al exdirigente de UPN Óscar Arizcuren o al hijo del exlíder de UGT Jesús Santos.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha denunciado en su última auditoría de las sociedades públicas del Gobierno autonómico que una de ellas, EKP (Euskadiko Kirol Portua, la entidad que gestiona los puertos transferidos), ha contratado combustible y otros suministros de forma directa, sin concurso, y por cantidades elevadas. Es el segundo año consecutivo en que da esa voz de alerta. En total, el gasto realizado es de 2,5 millones en combustible, unos 220.000 euros en seguros y otros alrededor de 56.000 en telefonía.

El dictamen no recoge el proveedor con el que se realizaban esas contrataciones ni ofrece más detalles. No obstante, es una cantidad muy elevada la que se escapó a la legalidad contable teniendo en cuenta que, en 2023, el presupuesto de EKP fue de 7,36 millones de euros y en 2022 aún un 5% inferior. El tope legal para hacer adjudicaciones directas es de 15.000 euros más IVA.

Añade el tribunal, además, que “las cuentas anuales de EKP no reflejan los bienes y derechos adscritos afectos al servicio público portuario deportivo, que son titularidad de la Administración General de la CAE, al no disponer de una relación valorada de dichos bienes y derechos”. Y sigue: “En consecuencia, no podemos determinar el efecto que pudiera tener en las cuentas anuales del ejercicio 2023 el registro contable de dichas instalaciones portuarias”.

El denominado 'Informe de fiscalización de la Administración institucional y entes instrumentales de la CAE' es el último publicado por el Tribunal de Cuentas. Se refiere al ejercicio 2023. Sus conclusiones sobre EKP son idénticas del conocido en 2024 relativo al ejercicio 2022. EKP es una sociedad pública que gestiona los puertos deportivos vascos.

En Euskadi, los de Bilbao y Pasaia son gestionados por el Estado por ser de interés general y el resto está transferido. En concreto, esta entidad controla Molla-Hondarribia, Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, Lekeitio, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia, según sus propios datos.

En 2022 y 2023, los años recogidos en la auditoría, EKP estaba encuadrada en el organigrama de la consejera Arantxa Tapia y ahora lo está en el de Amaia Barredo. Sin embargo, la directora es la misma, Edurne Egaña. Ocupa el cargo desde 2013. Es también dirigente del PNV de Gipuzkoa. Su figura saltó a la palestra por varias denuncias judiciales por presuntas irregularidades en la asignación de amarres en los pueblos. Llegó a tener que comparecer como investigada, aunque la Comisión de Ética remarcó que solamente en caso de juicio es preceptiva la dimisión, algo que no se ha producido.

El Gobierno de Imanol Pradales abonará 181.500 euros a la consultora KPMG por la “asistencia técnica especializada” para “elaborar el plan de inversiones público–privadas para la transformación del tejido empresarial vasco”, dotado con 1.000 millones después de que se flexibilizará el margen de endeudamiento de los presupuestos de 2025. El Ejecutivo ha entregado la documentación del expediente de contratación al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de EH Bildu.

La coalición abertzale ha venido denunciando en las últimas semanas, por un lado, la externalización de este trabajo a una empresa privada y, por otro, que KPMG –así como CSP Iberian Bilbao Terminal– es el nuevo destino de la anterior consejera responsable de la política industrial, Arantxa Tapia, del PNV, como adelantó este periódico. “Es llamativo cómo circulan algunas personas en este país. Y también me parece llamativo que esa propia consejera esté en la consultora a la que se la ha subcontratado la utilización de la deuda estratégica de 1.000 millones que se aprobó en el Parlamento. No compartimos esta forma de hacer política”, manifestó en una entrevista la dirigente soberanista Nerea Kortajarena.

El expediente de contratación, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, argumenta que la Administración no dispone de medios propios para elaborar el plan. El Gobierno recalca que la denominada Alianza Financiera Vasca es una herramienta esencial para impulsar la industria. Se trata de un sistema de “colaboración público–privada” con el que se pretende que las entidades financieras movilicen tres euros por cada euro público. Es decir, 4.000 euros en total. Se trata de “canalizar” los esfuerzos hacia “inversiones estratégicas” para garantizar el “crecimiento, arraigo y tracción” de los recursos.

El Gobierno vasco pide a KPMG “identificar” las “necesidades” del tejido económico vasco, un “benchmarking internacional” para localizar ejemplos que sean imitables, la “identificación de stakeholders” y la “concreción del pipeline”, pero también “proponer el desglose del citado presupuesto público” para un plan cuya duración se fija en dos años aunque, en principio, la flexibilización de la deuda para captar 1.000 millones, según se dijo, era para 2025 y 2026. “El entregable describirá un plan de actuación para la ejecución realista de las medidas planteadas, por un lado, priorizando aquellas medidas con mayor impacto y, por otro, optimizando tiempo y recursos para lograr un despliegue ágil y con objetivos/hitos claramente definidos en el corto, medio y largo plazo”, se puede leer en el pliego de este concurso.

Media docena de consultoras mostraron interés por el contrato. La de KPMG no fue la oferta más barata –Price Waterhouse Coopers la mejoraba– pero sí la que mejor puntuación obtuvo en todos los apartados del concurso. El expediente se inició el 10 de marzo –mucho antes de que el Parlamento diera el visto bueno a los 1.000 millones– y el 14 de abril se confirmó la adjudicación. KPMG dispone de tres meses, por lo que a mediados de julio debería presentar su propuesta para un paquete económico cuyo destino el Gobierno no ha aclarado a pesar de las preguntas de oposición y periodistas.

En paralelo a esta contratación, KPMG incorporó como asesora externa a Tapia. El calendario es el siguiente: el 11 de febrero pidió la autorización al Gobierno vasco –es preceptivo que se revisen posibles conflictos de intereses de los excargos en los dos años siguientes al cese–, el 10 de marzo se abrió la licitación, el 1 de abril era la fecha prevista para la nueva etapa de la exconsejera en esa empresa, el 3 de abril lo publicó este periódico, 9 de abril lo confirmó la compañía, el 14 de abril se formalizó la contratación de KPMG por parte del Gobierno, ese mismo 14 de abril inició su etapa en KPMG Tapia y el 22 de mayo el Parlamento modificó los presupuestos para habilitar el nuevo margen de endeudamiento.

La compañía explica que, por un lado, la contratación no es del departamento que lideró Tapia sino del de Hacienda, de quien cuelga el Instituto Vasco de Finanzas. Asimismo, por otro lado, recalca que dentro de las labores que la exconsejera hace para KPMG no se encuentra su participación el diseño del plan de los 1.000 millones. La oferta de Tapia en KPMG, donde no está en plantilla, es de 180.000 euros anuales como retribución fija y de 50.000 euros como variable. Este jueves se cumple precisamente un año de la salida de Tapia del Gobierno. Fue la responsable de Industria (Desarrollo Económico) entre 2012 y 2024, en las tres legislaturas de Iñigo Urkullu.

La exconsejera vasca Arantxa Tapia del PNV, que ha iniciado una actividad como consultora externa, tendrá una retribución de 180.000 euros anuales fijos más un variable máximo de 50.000 euros en KPMG y de 10.000 euros en CSP Iberian Bilbao Terminal. El Gobierno ha enviado al Parlamento Vasco, como respuesta a una solicitud de EH Bildu, los expedientes completos de la autorización emitida recientemente, si bien los datos salariales a los que ha tenido acceso este periódico no son públicos. Los excargos están obligados a tramitar una compatibilidad ante la Administración antes de saltar a la actividad privada en los dos años siguientes a su cese para que se analice si incurren en un posible conflicto, extremo que se ha descartado con rotundidad en el caso de quien dirigió las políticas de Desarrollo Económico e Industria desde 2012 hasta 2024 y también otras áreas complementarias en ese tiempo como Turismo, Transportes o Medio Ambiente.

Tapia, que inicialmente había regresado a su plaza en la UPV/EHU, la Universidad pública vasca, ha emprendido recientemente una nueva etapa como autónoma en el ámbito de la consultoría. Sus dos primeros clientes son KPMG y CSP Iberian Bilbao Terminal, como adelantó este periódico. El Ejecutivo descarta en sus informes que Tapia tuviera relación con estas compañías durante su largo mandato. Precisamente ella sí se abstuvo 'motu proprio' en otras tramitaciones que podían generarle ese conflicto, como las relativas a Vicomtech.

El doble expediente incluye adjuntas las ofertas recibidas por Tapia en ambas empresas. La más relevante es la de KPMG, con una duración inicial de un año. La compañía buscaba en la exconsejera del PNV un “asesoramiento para el diseño e implementación de la estrategia comercial y relacional con las diferentes entidades del sector público y privado del País Vasco”. También para la “identificación de oportunidades de negocio en el sector público y en el sector privado”, para “elaborar informes” sobre la “evolución de la política económica” en España y en el mundo y para “reforzar” la presencia de esta consultora internacional en Euskadi. La compañía recalcaba expresamente en la propuesta la importancia de que no se vulneraba “ninguna norma legal” y que tenía la resolución favorable de la Administración para firmar.

Siempre según la documentación del Gobierno vasco, la “contraprestación” por estas labores asciende a 180.000 euros anuales en doce facturas mensuales y “adicionalmente” se “podrá recompensar” la “significativa aportación de la asesora” con un variable de hasta 50.000 euros así como otros gastos de viaje o dietas. En el caso de CSP Iberian Bilbao Terminal, también inicia su relación por una duración de doce meses, aunque en puridad son 24 jornadas de ocho horas. El acuerdo económico en este caso se ha cerrado en 10.000 euros en cuatro facturas trimestrales. En ambos casos, esta cantidad es bruta y se le tienen que descontar los gastos de Seguridad Social, IRPF y, en su caso, el IVA.

El área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, como ya era público, dio luz verde a la autorización para que Tapia iniciara su actividad como consultora en ambas empresas. De hecho, se han revisado no solamente las firmas contratantes sino otras entidades relacionadas, particularmente en el caso de CSP Iberian Bilbao Terminal, por ejemplo otras filiales de ese grupo chino en Zaragoza o Valencia. La ley exige que el departamento en el que prestó servicios emita un informe y, en este caso, han sido dos, ya que su cartera se desgajó en la que ahora controla Mikel Jauregi, con la parte industrial y ambiental, y la de Amaia Barredo, que fue su viceconsejera y dirige lo relacionado con el primer sector. De esos documentos se deduce que el grupo de CSP Iberian sí ha obtenido subvenciones (1,2 millones de las ayudas Indartu en 2023, por ejemplo) pero en programas de concurrencia competitiva.

“Desde KPMG valoramos el talento, la experiencia y la diversidad de perfiles como pilares fundamentales para seguir creciendo y aportando valor a nuestros clientes. Por eso, estamos enormemente orgullosos de que una profesional con la trayectoria, el conocimiento y el compromiso de Arantxa Tapia haya decidido unirse a nuestro equipo. Como muchas otras firmas, en KPMG incorporamos talento allá donde se encuentra, sin importar su procedencia, porque estamos convencidos de que la pluralidad de experiencias enriquece nuestra visión y fortalece nuestras capacidades. En este contexto, el perfil de Arantxa, con un profundo conocimiento del tejido económico e industrial, resulta clave no solo para nuestra apuesta por el País Vasco –donde seguimos reforzando nuestras capacidades– sino también para nuestra ambición de contribuir a los retos empresariales y sociales en un momento geopolítico y económico especialmente complejo”, explican desde la consultora. Y añaden: “Su experiencia y conocimiento en un sector estratégico como el industrial –clave para el desarrollo económico nacional y europeo, como reconocen informes recientes como los de Draghi o Letta– refuerza nuestro posicionamiento en un ámbito en el que queremos seguir creciendo. El País Vasco, con su tejido industrial sólido e innovador, es el entorno natural para impulsar ese liderazgo”.

Sagardui y Urkullu

La misma ventanilla que ha autorizado el salto de Tapia tramitó meses atrás el fichaje de Gotzone Sagardui, exconsejera de Salud, como directora médica de una clínica privada. En ese caso el expediente superó el plazo de un mes fijado por la ley y la autorización se dio por obtenida por silencio administrativo, aunque luego en el dictamen posterior tampoco se vieron incompatibilidades. En su caso, el grupo Vithas le ha ofrecido un salario de 95.000 euros fijos más un 20% variable, siempre según los datos administrativos del Gobierno vasco. Un consejero tiene una retribución aproximada de 105.000 euros.

Ahora, este organismo debe tramitar la compatibilidad del lehendakari Iñigo Urkullu y de su colaboradora Marian Elorza. Ambos son los principales impulsores de una nueva entidad, la fundación eAtlantic, un 'lobby' europeísta y atlantista. De momento, Urkullu explicó que es “presidente” de ese organismo y no “presidente ejecutivo”. Tiene que esperar a la autorización para poder tener un contrato y un salario. En la presentación de la iniciativa, el pasado viernes, el lehendakari entre 2012 y 2024 indicó que él es el “primer interesado” en hacer las cosas conforme a la normativa para excargos de la Administración pública.

KPMG España ha anunciado ya el fichado de Arantxa Tapia, adelantado por este periódico. La exconsejera se ha incorporado como asesora estratégica con el objetivo de “impulsar el crecimiento de la firma en Euskadi” y seguir consolidando “la competitividad de la economía vasca y de sus empresas”, informa Europa Press.

En un comunicado, KPMG ha informado de que Tapia elaborará “informes específicos” y prestará asesoramiento “a las diferentes áreas” de la empresa, sobre la situación sectorial y el impacto de la política económica, tanto en España, como en el contexto internacional en el que operan las empresas españolas. El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, ha explicado que la incorporación de Tapia “refuerza” el “compromiso” de la empresa de consultoría con “el desarrollo económico del País Vasco” y será “clave para seguir creando valor en un momento de transformación”.

Por su parte, el responsable de KPMG para el País Vasco, Cosme Carral, ha añadido que “la llegada de Tapia permitirá a la firma consolidar su papel como aliado estratégico para acompañar a empresas y administraciones en sus retos de competitividad, innovación y transición energética”.

A los nueve meses de dejar el Gobierno vasco, la exconsejera del PNV ha decidido iniciar una actividad privada como consultora externa de empresas. Además de KPMG, tendrá como cliente a CSP Iberian Bilbao Terminal. Esto ha sido autorizado por el Gobierno vasco ya que, por ley, los excargos tienen que dar cuenta de las ofertas que reciban para que se analice si implican un conflicto de intereses.

A los nueve meses de dejar el Gobierno vasco, la exconsejera de Iñigo Urkullu Arantxa Tapia ha decidido iniciar una actividad privada como consultora externa de empresas. Sus primeros clientes son las firmas KPMG y CSP Iberian Bilbao Terminal. Esto ha sido autorizado por el Gobierno vasco ya que, por ley, los excargos tienen que dar cuenta de las ofertas que reciban para que se analice si implican un conflicto de intereses. Se piden informes internos a los departamentos afectados, en este caso los de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad y de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Esta normativa es aplicable en los dos años posteriores al cese.

Según la documentación oficial del Gobierno vasco, Tapia ha solicitado autorización para realizar “servicios de consultoría” y labores de apoyo en el desarrollo de negocio tanto con KPMG, una multinacional, y con CSP Iberian Bilbao Terminal, que es una filial del grupo chino Cosco Shipping y que está vinculada al puerto de Bilbao. Por la naturaleza de su actividad, si tuviera nuevos clientes de aquí a junio de 2026 tendría que volver a solicitar autorizaciones.

Tapia (Astigarraga, 1963) fue la única consejera que acompañó a Urkullu en sus doce años en el Gobierno vasco junto con Josu Erkoreka. En las tres legislaturas fue responsable de Desarrollo Económico (Industria) y después ha asumido alternativamente otras áreas como Turismo, Transportes o incluso Medio Ambiente en el último tramo. Desde su salto a la política activa en 2005, fue viceconsejera en el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, diputada foral en Gipuzkoa con Markel Olano y diputada en el Congreso. Con Urkullu, siempre tuvo un gran peso político, aunque nunca alcanzó el rango de vicelehendakari. Como dato: fue la encargada de tutelar la salida del confinamiento por la COVID-19 aunque sus competencias poco tenían que ver con la Sanidad.

Casada y con dos hijas, es ingeniera de profesión especializada en sistemas eléctricos y habla inglés además de castellano y euskera. Estudió en la Universidad de Navarra -es doctorada 'cum laude'- y ha ejercido la docencia tanto allí como en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde es catedrática del departamento de ingeniería de sistemas. Llegó a ser directora de la Escuela de Ingeniería de Donostia. “Ha desarrollado trabajos de investigación para, entre otras empresas, Iberdrola, Indar, Lasa y Eustek, Gikesa, LAPTON y JEMA”, se puede leer también en su currículum.

De hecho, al terminar el pasado verano su periplo en el Gobierno regresó a su plaza en la Universidad pública. Sin embargo, no ha regresado a la docencia como tal y se ha dedicado a otras tareas. También es miembro de la junta directiva de la entidad PWN, dedicada al desarrollo profesional de las mujeres. En el plano político, se ha mantenido en un segundo plano aunque no ha faltado a los actos más relevantes de su partido, el PNV, y fue una de las primeras en proponer a Aitor Esteban, con quien coincidió en el Congreso, como presidente del partido cuando se inició el proceso interno. Lo hizo en el 'batzoki' de Zumaia, donde reside. Su marido, Julián Flórez, es director general de Vicomtech y ella ha tenido que inhibirse en determinadas tramitaciones durante su estancia en el Gobierno para evitar el conflicto de interés.

“La política ha sido vocacional. Desde muy joven y con 16 años me afilié al PNV por el deseo de participar activamente en la construcción de Euskadi a través de un partido responsable, serio y comprometido con la sociedad vasca. Esta vocación ha ido 'in crescendo' y he tenido la oportunidad de ejercer tareas institucionales, consciente siempre, de la responsabilidad que ello supone”, contaba en las elecciones de 2016. Y agregaba: “Se me considera una persona especialmente activa, disfruto mucho de las conversaciones con amigas y amigos, y opto por un paseo por el flysh de Zumaia como antídoto contra el estrés”.

Tapia es la segunda consejera de Urkullu que solicita la compatibilidad para una actividad privada después de Gotzone Sagardui. La extitular de Salud fichó como directora médica de una clínica privada de Vitoria, Vithas San José. Del último gabinete de Urkullu, tres continúan en el Ejecutivo, Bingen Zupiria, Nerea Melgosa y Javier Hurtado. Pedro Azpiazu se jubiló, Jokin Bildarratz también ha dejado la política pero ahora ha reaparecido con una fundación de pensamiento en su Tolosa natal, Iñaki Arriola entró al consejo de administración de Renfe Cercanías, Idoia Mendia es europarlamentaria, Josu Erkoreka es asesor en la Diputación de Bizkaia y Olatz Garamendi ha pasado a ser vocal de la Comisión Jurídica Asesora.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava conocido como Txitxo, cargó contra el Gobierno de Iñigo Urkullu y recurrió por dos veces su despido de la sociedad pública autonómica Hazi consumado al fin en marzo de 2023 después de que el Tribunal Supremo confirmara para él una pena de nueve años de cárcel como líder de una trama de corrupción dedicada al cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos descubierta varios lustros atrás. El expolítico, que nunca ha admitido los hechos públicamente, quiso que su salida de la Administración fuese considerada “improcedente” —lo que da derecho o a la readmisión o a una indemnización económica, lo que es más habitual—y llevó sin éxito sus reclamaciones primero a un juzgado de lo social de Bilbao y finalmente, ya desde la cárcel, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Se cumplen ahora justamente quince años de la detención por parte de la Ertzaintza de De Miguel, que en aquel momento ejercía como diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo). Unos meses antes, a finales de 2009, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi había denunciado ante la Fiscalía que el influyente Txitxo le había reclamado 100.000 euros por un contrato que le facilitó a su consultora en el parque tecnológico de Miñano. De ahí se descubrió una empresa pantalla llamada Kataia Consulting creada por De Miguel con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Estaba a nombre de las esposas de los tres.

La investigación, completada en 2015, acreditó la existencia de otras comisiones más allá de Miñano y de una compleja madeja empresarial. En 2018 se celebró un macrojuicio, el mayor de corrupción conocido en Euskadi y en el que algunos otros imputados confesaron. En 2019 llegó la sentencia de la Audiencia de Álava y, en enero de 2023, el Supremo la ratificó salvo por unos matices. La lista de delitos cometidos por De Miguel como cabecilla de una “asociación ilícita” era larguísima —de catorce puntos— y se estipuló en nueve años su estancia en prisión, además de las elevadas responsabilidades económicas.

Al poco de ser detenido en 2010, De Miguel salió de sus cargos públicos. Pero disponía de dos excedencias en sociedades autonómicas para seguir teniendo garantizado un salario público. Ambas plazas las logró al poco de entrar a la dirección del PNV alavés en 2000, con apenas 28 años. Liquidó una de ellas, en la red de Industrialdeak de Sprilur, previo cobro de una indemnización económica. Ingresó 22.000 euros de una tacada. Y empezó a trabajar en lo que ahora se conoce como Hazi, una fundación que cuelga del Gobierno vasco. Su plaza estaba en IKT, una de las partes constituyentes de la nueva entidad.

Como ha venido publicando este periódico, la investigación no solamente no afectó a Txitxo en su recorrido laboral, sino que fue ascendiendo y teniendo subidas salariales. Incluso después de la que sentencia de primera instancia acreditara lo que ya se barruntaba desde el inicio del sumario, continuó en Hazi. Llegó a tener funciones de representación en algunos foros y ejercía labores de “coordinación”. Su salario final era de 57.407,45 euros, incluido un “complemento de responsabilidad”, cuando por su categoría en el convenio se aludía a 35.000. Estando ya condenado como cabecilla de una trama de corrupción tuvo una mejora retributiva de 5.000 euros anuales, alrededor del 10%.

Hazi permitía expresamente un despido sin necesidad de que la sentencia fuera firme. El convenio lo recoge para los condenados por “malversación”, por ejemplo, siempre que la pena sea superior a seis años, extremo que se superaba claramente. En otras reglamentaciones se puntualiza que la condena ha de ser definitiva, pero es algo que no ocurría en esta sociedad pública. Sin embargo, sus servicios jurídicos hicieron siempre una lectura muy garantista de esa disposición y mantuvieron a De Miguel los tres años largos que pasaron desde el fallo de primera instancia hasta la condena en firme del Supremo.

Con todo, De Miguel interpretó que había sido maltratado por el Gobierno de Urkullu. En su demanda, el expolítico se quejaba de que la consejera responsable de Hazi, que era Arantxa Tapia, también del PNV, había hecho declaraciones públicas dando por hecho el despido. Su deseo era lograr una declaración de “improcedencia” en su despido disciplinario, petición a la que no han accedido los jueces ni en primera ni en segunda instancia. Al inicio del caso, Urkullu no era aún lehendakari pero sí presidente del PNV. También entonces De Miguel y otros imputados se resistieron a entregar sus carnés de afiliados.

¿Qué hubiese implicado la “improcedencia” del despido? Expertos laboralistas indican que la empresa podría optar por la readmisión o por abonar una indemnización. “Pero nadie va a por el puesto de trabajo. Se va a por el dinero”, indican estas fuentes. Esa cuantía sería de 33 días por año trabajado. En el caso de De Miguel, una hipotética indemnización habría rondado los 70.000 euros.

Catorce delitos de corrupción

El fallo del Supremo se firmó el 9 de enero de 2023 y se dio a conocer al día siguiente. El 13 de enero Hazi incoó un expediente disciplinario a su empleado tras la confirmación de que De Miguel era responsable de catorce delitos: “un delito de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, un delito de cohecho pasivo impropio, un delito de prevaricación como cooperador necesario, un delito de malversación de fondos públicos como cooperador necesario, dos delitos de coche pasivo, tres delitos de tráfico de influencias y cuatro delitos de falsedad en documento mercantil”. A los cinco días, De Miguel presentó alegaciones quejándose de las “filtraciones” de la sentencia. En estos años, una de sus obsesiones era hacer ver que había una persecución con mentiras hacia él.

Sin embargo, cuestiones formales hicieron que se demorara un par de meses la declaración de “firmeza” del fallo, aunque los hechos y los delitos estuvieran muy claros. Ese trámite lo realizó la Audiencia de Álava, el tribunal de instancia, el 15 de marzo. El 16 de marzo Hazi acordó su despido disciplinario definitivo. Txitxo se quejaba, eso sí, de que hasta el 17 no hubo una notificación del acuerdo de “firmeza” y cree que Hazi se precipitó al despedirle. Se da la circunstancia de que para entonces ya estaba de baja por “ansiedad”. Cuando estalló el caso y después de asegurarse el retorno a ese puesto también pasó muchos meses de baja y llegó a ser investigada su situación por la Seguridad Social.

El Superior, en una sentencia emitida en abril de 2024, recalca que no cabe interpretar mala fe del Gobierno vasco y de la consejera Tapia en este asunto. Asegura que sus “manifestaciones públicas” explicando su salida de Hazi “sencillamente quedan en el ámbito de la libertad de expresión y del normal ejercicio de las funciones políticas”. No se puede pretender hacer ver que su despido fue una decisión “personal” de Tapia “al margen de la fundación [Hazi] y de los hechos por los que se produjeron las condenas penales”. Le recuerda el alto tribunal vasco a De Miguel que el suyo es un “acontecimiento grave” y de “notoriedad pública” y que era lógico que hubiera noticias y comentarios sobre ello, más si cabe porque “desempañaba puestos de confianza política” en Hazi. No se aprecia vulneración alguna de los derechos laborales del expolítico ni desde luego base para decretar su readmisión —probablemente imposible ya que su pena implica también inhabilitación “absoluta” para empleos públicos— o una compensación económica.

En prisión atenuada

Parte de este procedimiento laboral tuvo lugar cuando De Miguel ya había ingresado en prisión. Lo hizo en julio de 2023 después de intentar postergarlo al máximo con recursos procesales e incluso con una solicitud de indulto que no consta que haya sido resuelta por el Gobierno de España, que es el competente, según indican fuentes cercanas al caso.

Cumplió los primeros meses en Zaballa, el penal a las afueras de Vitoria, pero luego solicitó un traslado a Basauri, en Bizkaia, su lugar de residencia desde que fue detenido y abandonó Álava para instalarse en la residencia de Gorliz que un empresario cercano a su partido, Prudencio Hierro, le había reforzado a cambio de favores. En paralelo, accedió tras cumplir uno de los nueve años de condena a un régimen atenuado (el del artículo 100.2 del reglamento penitenciario) que le permite salidas regulares entre semana para trabajar. Ha completado un curso de reinserción para delincuentes económicos, el mismo que superó Iñaki Urdangarin. Se da la circunstancia de que Txitxo logró este régimen abierto gracias a un recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria ya que el criterio de la junta de tratamiento de Prisiones era negativo.

Con él entraron en prisión también Ochandiano y Tellería, al igual que el exdirector de Juventud con el PNV Xabier Sánchez Robles, que procuró contratos 'a dedo' a la trama y que en el juicio presentó pruebas falsificadas para tratar de justificarlos. Todos ellos también han accedido ya al 100.2. Hubo otros condenados que eludieron la cárcel en el denominado 'caso De Miguel' por tener penas menores o por recibir otro tipo de condenas como la inhabilitación.

En la primera vuelta del proceso interno del PNV, en el que los afiliados pueden lanzar sus nombres libremente, las bases continúan apoyando de forma muy importante a Aitor Esteban como presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB). Su nombre había sonado con fuerza durante semanas como posible relevo tranquilo y natural para Andoni Ortuzar, pero quien dirige el principal partido vasco desde enero de 2013 confirmó que quería aspirar a un cuarto mandato y él es el único candidato oficial. Fuentes internas empiezan a admitir que algo “raro” está pasando ya que en algunas organizaciones están brotando incluso otros nombres alternativos. En Basauri, por ejemplo, se ha impuesto Gorka Urtaran, exalcalde de Vitoria y líder crítico en Álava hace solamente unos meses pero que ahora se había apartado de cualquier batalla. Incluso la exconsejera Arantxa Tapia, la exeurodiputada Izaskun Bilbao o el exdiputado general de Gipuzkoa Markel Olano están siendo propuestos.

Es decir, la afiliación está moviendo muchos más nombres que el del único afiliado que, formalmente, ha dado el paso de querer competir contra Ortuzar. Es Eneko Lekue, un desconocido edil de la localidad vizcaína de Etxebarri de 44 años y que da continuidad al sector crítico que pugnó contra Iñigo Ansola en Bizkaia hace unos meses. “Algo está pasando. Nos estamos quedan sorprendidos”, admite un dirigente del PNV, aunque nadie duda de que el resultado final, si así lo desea Ortuzar, será el programado, que pueda repetir al frente de Sabin Etxea.

El sistema del PNV tiene dos vueltas de votaciones. Para pasar a la segunda y definitiva es preciso ganar únicamente en tres 'batzokis' de los decenas que tiene el partido en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde. Otro factor que está siendo determinante es la bajísima participación. Hay casos con muy pocos votos. En Eibar, por ejemplo, donde se impuso Lekue a Ortuzar, apenas votaron seis afiliados. 'El Diario Vasco' informa de que fueron también solamente una quincena los que participaron en Zumaia. De allí es originaria la presidenta territorial, María Eugenia Arrizabalaga. En Zumaia ganó Esteban y nadie apoyó a Ortuzar.

Esteban, desde este miércoles, tiene ya garantizado el pase a segunda vuelta. El portavoz en el Congreso sumó al menos cuatro victorias en Gipuzkoa. Este jueves añadió varias más. Una fuente interna calcula que son ya dos docenas. La lista es larga. No hay un registro público y oficial de cómo van los resultados en tiempo real, pero podrían ser más o similares que los logrados por Ortuzar, según estas fuentes. El presidente actual y aspirante a la reelección tiene ya también el mínimo de tres asambleas ganadas para concurrir a la segunda vuelta. No hay problemas en ese sentido. Además, ha obtenido victorias en variados territorios. Este jueves, por ejemplo, se llevó los cuatro 'batzokis' de Vitoria. En tres de ellos no tuvo oposición y hubo unanimidad; en uno de ellos, sin embargo, Esteban y Bilbao sumaron relevantes apoyos. Es Gasteiz Erdialde, el feudo de los críticos en el proceso territorial anterior y en que el que se quiso visibilizar cierta queja por la deriva del partido en los últimos años.

El calendario lleva el final de esta segunda vuelta al 2 de febrero. Entonces se abrirá un plazo de una semana para que la Comisión de Garantías vise los resultados y pregunte a quienes hayan logrado ese mínimos de tres 'batzokis' si quieren o no optar a la presidencia del Euzkadi Buru Batzar. Se da por hecho que Esteban -como también Urtaran y otros nombres salvo el de Lekue- dirán que 'no' y dejarán expedito el terreno a Ortuzar, aunque los últimos acontecimientos están despertando las especulaciones. ¿Hacia dónde irá ese voto que ahora está acaparando Esteban? El anhelo del entorno de Lekue es que siga siendo crítico y abracen su alternativa, aunque las voces críticas son heterogéneas.

En la segunda vuelta, quien gane en un 'batzoki' se lleva todos los compromisarios que corresponden a esa organización municipal, que son los que eligen finalmente a los miembros del Euzkadi Buru Batzar, tanto al presidente como a los 'burukides' electos. En este proceso se eligen ocho asientos del EBB. Los otros cinco son los presidentes territoriales, ya renovados en noviembre en otro proceso a doble vuelta. En principio, el planteamiento es que no continúen dos de los 'pesos pesados' de Ortuzar en su equipo hasta ahora, el todopoderoso Joseba Aurrekoetxea, resposable de casi todo en la fontanería del PNV, y Koldo Mediavilla. Se da por hecha la entrada en la nueva dirección nacional del portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi.

Los exconsejeros de Iñigo Urkullu Arantxa Tapia (responsable de Desarrollo Económico durante doce años) y Jokin Bildarratz (titular de Educación en los últimos cuatro años) han renunciado a formar parte de la dirección del PNV de Gipuzkoa a pesar de haber obtenido el mínimo de apoyos en la primera vuelta del proceso de renovación interna de la formación nacionalista. Una tercera integrante del gabinete de Urkullu, Olatz Garamendi, ha renunciado igualmente a optar a la presidencia de Bizkaia, para lo que tenía los apoyos iniciales, pero sí ha aceptado pasar a la segunda ronda dentro de los posibles miembros de la dirección de Iñigo Ansola, el gran favorito para liderar la más importante de las territoriales de este partido.

El sistema del PNV se articula en dos vueltas. En la primera, las bases proponen nombres tanto para la presidencia territorial como para 'burukide', es decir, los miembros de esas direcciones. Pasan a la segunda vuelta todos los que sean votados por mayoría en al menos dos 'batzokis', salvo que renuncien de modo expreso. Es el caso de Tapia y Bildarratz. La exconsejera, ahora profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), fue propuesta en Beasain, en Zarautz y en la organización de Donostia Erdialde. Este 'batzoki' planteó también a Bildarratz, que sumó igualmente apoyos en Ibarra y en su Tolosa natal, localidad en la que fue alcalde antes de ser portavoz del PNV en el Senado.

El proceso en Gipuzkoa no tendrá sorpresas y la candidata del aparato, María Eugenia Arrizabalaga, será la presidenta que sustituya a Joseba Egibar después de un mandato de casi cuatro décadas. Arrizabalaga es de su máxima confianza y fue apadrinada por el propio Egibar al tiempo que anunciaba su retirada de la primera línea. Es ya conocido que el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha renunciado a competir contra ella aunque las bases así lo deseaban. Ni siquiera quiere ser miembro de la dirección. Imanol Lasa, de su lado, no quiere optar a la presidencia pero sí a entrar al equipo de Arrizabalaga.

En el caso de Bizkaia, otra exconsejera ha entrado en la liza. Se trata de Olatz Garamendi, titular de Gobernanza y Autogobierno entre 2020 y 2024. Los 'batzokis' de Bilbao Errekalde, Etxebarri y Turtzioz abogaron por su candidatura a la presidencia vizcaína. De hecho, tiene más victorias que quien sí compite contra Ansola, David Salinas-Armendariz, que se impuso en Bilbao Abando y Ondarreta (Las Arenas) y lidera una corriente crítica.

Sin embargo, Garamendi sí desea ser miembro del Bizkai Buru Batzar de Ansola. Hasta 32 organizaciones municipales han visado su designación en la primera vuelta, según la documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico. Significativamente, está haciendo campaña como afiliada en 1988, euskaldun y presidenta de la organización local de su Ea natal, sin mencionar su paso por el Gobierno, donde también ha sido viceconsejera y donde continúa siendo alta funcionaria. El parlamentario Aritz Abaroa también pudo haber optado a la presidencia y lo ha rechazado. También surgió el nombre de Izaskun Bilbao, europarlamentaria desde 2009 hasta 2024 y expresidenta del Parlamento Vasco, pero no llegó al mínimo de apoyos.

Estos días se están celebrando las asambleas para la segunda vuelta del proceso territorial del PNV. Son cinco las organizaciones regionales de la formación, Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde. El calendario fija el fin de semana del 23 y 24 de noviembre como momento para la proclamación de las nuevas presidencias. Después arrancará otra doble vuelta para la renovación del Euzkadi Buru Batzar, la dirección nacional. Persiste la incógnita del futuro de Andoni Ortuzar, presidente desde 2012. En marzo estará finalizado el reseteo del PNV.

Sin hacer ruido, las exconsejeras de Iñigo Urkullu Gotzone Sagardui (Salud) y Arantxa Tapia (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en la última etapa y antes otras carteras) han completado en los últimos días todos los trámites para incorporarse ya a sus respectivas plazas en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), según confirman fuentes del entorno de ambas. En el directorio de la Universidad pública Sagardui figura ya como parte de la vicegerencia. En concreto es administradora del campus, uno de los puestos administrativos de más relevancia y en el que ya había estado antes de dar el salto a la política, y Tapia será profesora de Ingeniería de Sistemas. Este regreso natural al puesto de trabajo contrasta con la polvareda que ha suscitado el fichaje de Josu Erkoreka como “asesor general” de la Diputación de Bizkaia a las 48 horas de su cese como vicelehendakari y consejero de Seguridad a pesar de tener también una plaza de funcionario en los servicios jurídicos del Gobierno vasco.

Sagardui (Bilbao, 1966) asumió la patata caliente de dirigir la Sanidad pública vasca en plena pandemia de la COVID-19. Terminada la legislatura, el PNV dio enseguida por amortizada a esta consejera que llegó al cargo en septiembre de 2020 y que tiene 58 años y ha planteado textualmente devolver el “prestigio” a Osakidetza y un gran pacto de país para lograrlo.

La exconsejera de Salud es licenciada en Medicina por la propia UPV/EHU y máster en prevención de riesgos laborales. Adquirió una plaza de funcionaria de carrera en la Universidad, donde siempre ha trabajado en áreas de gestión. Bilbaína de nacimiento, su carrera política siempre ha estado muy unida al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. Con el inició su andadura en el IFAS foral, el instituto de asistencia social que gestiona las residencias. Después, cuando Aburto entró como consejero al primer gabinete de Urkullu en 2012 fue alto cargo de Lanbide. Durante una etapa fue también parlamentaria del PNV, pero luego saltó al Ayuntamiento de Bilbao para ser incluso teniente de alcalde, entre otras carteras.

En lo tocante a Tapia (Astigarraga, 1963) había amagado con dejar la política pero a última hora quiso dejar claro que estaba dispuesta a continuar con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales. Sin embargo, no ha entrado en la nueva estructura y de hecho su cartera se ha partido en dos, una con Industria y Medio Ambiente en manos de Mikel Jauregi y otra centrada en el primer sector con quien fuera su viceconsejera, Amaia Barredo.

Tapia es ingeniera industrial especialista en Electricidad y doctora 'cum laude' por la Universidad de Navarra. De hecho, se estrenó como profesora en Pamplona, en la Escuela de Ingenieros. Lo fue de 1987 a 1992- Desde 1995 a 2005 ejerció como catedrática en la UPV/EHU. Ese año dio el salto a la política como viceconsejera de Transportes y Obras Públicas. Después fue diputada foral en el primer Gobierno de Markel Olano. Pasó por el Congreso de los Diputados durante el inicio de la etapa de Mariano Rajoy y ya en 2012 entró al Gobierno de Urkullu. Ha sido la única junto con Erkoreka que le ha acompañado los doce años. Fuentes de su entorno explican que Tapia tendrá ahora un período de adaptación y reciclaje, algo habitual en la Universidad y de lo que también disfruta, por ejemplo, la exlíder de Podemos Miren Gorrotxategi, que también regresó a su plaza hace unas semanas.

La empresa Profersa de Bilbao ha retomado este lunes su actividad ordinaria después del parón motivado por sendos incidentes contaminantes acaecidos los días 26 de abril y 11 de mayo. Fuentes de la compañía recalcan que han obtenido la “autorización” del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco. En paralelo, el Ejecutivo ha entregado al Parlamento -de hecho es el primer informe de la legislatura- toda la documentación interna de lo ocurrido en esa planta de producción de fertilizantes en primavera y entre las “acciones correctoras” que se le han exigido se incluye la “prohibición de uso nitrosulfato en la fabricación de fertilizantes”, algo aceptado ya por la compañía.

Profersa y la empresa de su mismo grupo Sader conforman la última instalación potencialmente contaminante en el casco urbano de Bilbao y en los últimos meses se han sucedido las protestas ciudadanas y ecologistas contra ellas. La polémica fue a más después de dos incidentes casi continuados en abril y mayo. En el segundo se llegó a pedir a la población que cerrara sus ventanas y tuviera precaución. La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, solicitó al Gobierno todos los datos sobre Profersa y han llegado ya a la Cámara. De hecho, los firma la anterior consejera responsable de la materia, Arantxa Tapia, y no su sustituto, Mikel Jauregi.

El informe de los hechos del viernes 26 de abril recoge textualmente que “el elevador que hace bajar el producto para después realizar el fertilizante se paró por avería, al acumularse el material y bajar después de golpe gran cantidad de producto, en cuanto tuvo contacto con la humedad de la atmósfera generó una reacción exotérmica en la que subió mucho la temperatura”. “Han intentado bajar la temperatura echando agua al suelo y a la instalación, lo que ha provocado una gran nube de vapor de agua. Al ver que no podían controlar la reacción, han llamado a SOS Deiak. Los Bomberos han logrado apagar la reacción con espuma”, se explica sobre las actuaciones de ese momento.

Más serio fue el suceso del sábado 11 de mayo. “El sábado 11/05/2024 alrededor de las 20.30 y encontrándose la producción de Profersa parada desde las 2.10 de la mañana de ese día, y nadie trabajando en la instalación desde las 6.00 de la mañana, dos personas trabajadoras de Profersa observan desde el exterior humo de los almacenes de la instalación y dan el aviso. Al acudir los Bomberos a las 20.55 comienzan con la ventilación del pabellón. En ese momento, se activa el sistema de extracción y depuración de gases relacionado con el secadero, en ese momento parado, para ayudar en la extracción de gases del interior del pabellón, y emitirlos, una vez depurados, por la chimenea principal. En relación con el material caliente dentro del pabellón, la actuación que se realiza es que los operarios saquen el material al muelle, para dispersarlo y enfriarlo en ese punto con agua. Los Bomberos emplearon aproximadamente 9.000 litros de agua en esa operación, y se retiran antes de las 1.00 dejando un retén de vigilancia dos horas más”, se puede leer. A las pocas horas se decretó el cierre cautelar de la empresa a la espera de que se aplicasen cambios. La propia Profersa ha informado de que quiso también detener su producción para “garantizar” que no se repitiera el problema.

En los días que siguieron a esos incidentes se sucedieron los informes, tanto de la empresa como de los inspectores medioambientales. El 6 de junio, por ejemplo, se giró una visita a Profersa. En el acta consta cómo Profersa activó cuatro días después del segundo incidente los “sistemas de aspiración” para “minimizar” posibles “emisiones difusas”. Se hizo porque “el ambiente del interior de la fábrica estuvo cargo y pulverulento”. El día del incendio, cuando los servicios de emergencias accedieron al lugar, la visibilidad era “nula”. Durante varias jornadas hubo que emplear mascarillas filtrantes. Para entonces estaba más o menos claro que la causa del incidente químico era “el uso de sustancias químicas en el proceso productivo” y su almacenamiento. En concreto, se trataba de nitrosulfatos.

“La instalación indica que ha retirado el nitrosulfato del que disponía, únicamente en uso para un tipo de fertilizante concreto, y que no se va a utilizar como materia prima”, se lee en el acta. Los inspectores controlaron que, en efecto, Profersa había retirado todo ese material. El documento incorpora dos fotografías para corroborarlo. En la primera se ve la zona del incidente ya vacía -se aprecian claramente cenizas y zonas oscurecidas por el incendio químico- y en la segunda se ve una máquina en la zona donde temporalmente se tuvieron que mover esos nitrosulfatos para su enfriamiento, también vaciada. “Se comprueba que no existe nitrosulfato almacenado, que se han reorganizado algunos de los almacenamientos, dejando más espacio de tránsito y más limpieza de espacios, así como mejor acceso a las zonas en las que se van a hacer controles de temperaturas”, se añade.

Profersa, en sus documentos internos, sitúa como causa del incidente la “reacción de un fertilizante por incremento de temperatura de una materia prima anexa”. Y marca con un “sí” la casilla del formulario relativa a si había habido algún suceso “similar” con anterioridad, aunque no se dan más detalles al respecto. La empresa admite el “alto impacto visual” del incendio químico, pero recalca que no se produjeron daños personales y que rápidamente enfrió los nitrosulfatos para reconducir la situación. La compañía admite también que tiene una grieta en la zona exterior donde se sacó el fertilizante afectado para su enfriamiento y que una “ínfima cantidad” pudo filtrarse a la ría del Nervión-Ibaizabal, aunque esto “fue corregido de manera inmediata con la colocación de barreras absorbentes”.

Tres medidores de calidad del aire, dos del Gobierno vasco y un tercero del Ayuntamiento de Bilbao, controlan en todo momento las instalaciones de Sader y Profersa, que pertenecen al grupo Agaleus. De hecho, en la documentación interna revisada, Profersa emplea como dirección de correo electrónico sader@sader.es y el mismo número de teléfono que su empresa hermana. La empresa Sader está siendo objeto de una investigación judicial a instancias de la Fiscalía por haber recibido desde el complejo CMG-I de Zubieta lixiviados líquidos. Desde esas instalaciones gestionadas por el consorcio foral GHK salieron del orden de 5.500 toneladas de ese material a Ecofert Sansoain en Artajona, que ha quedado clausurada por el Gobierno de Navarra, y otra parte se mandaron a Bilbao.

El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, ha “inaugurado” este lunes las nuevas instalaciones de la empresa Giraldo Food Group, dedicada la preparación de platos de bacalao y ubicada en la localidad alavesa de Legutio. Con él han participado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de Legutio, Nerea Bengoa, todos ellos del PNV. Se da la circunstancia de que el acto ha tenido lugar a poco más de 72 horas del inicio de una campaña electoral, la de las elecciones europeas, y que en los 54 días previos a esos comicios, previsto para el 9 de junio, no se pueden ni difundir logros de gestión ni hacer aperturas, exactamente como antes de cualquier otro proceso electoral.

La normativa estatal menciona expresamente la palabra “inauguraciones” entre los actos prohibidos y, de hecho, cuando se celebraron las autonómicas se cuidó que no se hiciera ninguna dentro de ese período previo de casi dos meses. No obstante, fuentes próximas a la Junta Electoral reconocen que se suele tener más flexibilidad cuando las elecciones son europeas por el menor interés que despiertan e inciden en que los propios partidos son más flexibles con sus rivales políticos.

Fuentes de la Presidencia vasca indican que “es un acto sectorial de una empresa” y estiman que “no se incumple ningún requisito”. “Ni es candidato, ni son las elecciones de nuestro ámbito ni es un acto organizado por el Gobierno”, añaden. Y recalcan que la participación en la inauguración “es una respuesta a una invitación, como se están recibiendo otras”. “Nada tiene que ver con la institución. Podríamos cambiarle el nombre al acto pero el contenido habría sido el mismo”, concluyen estas fuentes. Desde la Diputación de Álava entienden también que la participación de González es como respuesta a una “invitación” y se remiten a las explicaciones del Gobierno vasco.

Urkullu ha realizado una visita a las instalaciones acompañado del resto de cargos institucionales. De la mano de los gestores de Giraldo Food Group y vestidos con calzas y mascarillas, han podido ver la plata de producción de bacalao. Después, el lehendakari ha pronunciado unas palabras para poner en valor la calidad de los productos de esta compañía. “Sois un ejemplo y una referencia”, ha señalado, recalcando igualmente el “compromiso” con la alimentación saludable de esta histórica firma alavesa. Eso sí, en la parte en castellano de su intervención Urkullu no ha usado la primera persona para referirse al acto y se ha quedado en un “hoy inauguráis unas nuevas instalaciones”.

El área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, dirigida en funciones por la consejera Arantxa Tapia, ha decretado este miércoles el cierre cautelar de la empresa Profersa, ubicada en la zona de Zorroza de Bilbao y dedicada a la producción de fertilizantes. La medida llega después de dos “incidentes” muy recientes, el último un incendio químico este fin de semana, que generaron alarma social e incluso la recomendación del cierre de ventanas para evitar riesgos asociados con la salud.

Del mismo grupo y contigua a Profersa es Sader, gestora de residuos. Está compañía está siendo investigada por un juzgado de Donostia por haber recepcionado una cantidad no determinada -pero elevada- de lixiviados procedentes del CMG-I de Zubieta en Gipuzkoa, las instalaciones gestionadas por el consorcio público GHK. Mantiene su actividad con normalidad, según fuentes de la compañía. Se de la circunstancia de que de Zubieta se enviaron también 5.500 toneladas de ese material a Artajona en Navarra y que el Gobierno foral decretó también la clausura cautelar de esa empresa, Ecofert Sansoain.

Portavoces oficiales de Medio Ambiente confirman la noticia adelantada por 'El Correo' en torno a Profersa. Indican que un equipo técnico ha inspeccionado las instalaciones en las últimas horas tras lo ocurrido el sábado por la noche y que generó una gran nube. Añaden que “en esas visitas han identificado elementos a subsanar para poder garantizar el correcto funcionamiento de la instalación”. Se trata de una medida “preventiva” y “cautelar”, es decir, temporal, y la empresa podrá retomar su actividad cuando haya “una seguridad plena” y así lo constante los inspectores.

Las mismas fuentes puntualizan que “la planta permanecía ya parada”. Desde Profersa-Sader indican a este periódico que “motu proprio” el domingo se reunió una “mesa de emergencia” de la empresa que “decidió no poner en marcha la producción” de Profersa tras el incendio químico y hasta garantizar todos los procesos. Estas fuentes insisten en que son los primeros problemas generados por estas plantas en casi cuatro décadas en el casco urbano de Bilbao.

Sin embargo, existe un creciente rechazo vecinal encabezado por la plataforma Sader-Profersa kanpora!. El 2 de mayo hubo una movilización con centenares de personas solicitando el traslado y se han recogido 2.600 firmas. De hecho, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha abierto la puerta a que al menos Sader se traslade a la zona portuaria.

Con bastante retraso sobre lo que estaba previsto, Euskadi cuenta ya por fin con una regulación específica para controlar los precios de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. El Ejecutivo vasco, en funciones, ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes el decreto que desarrolla la ley estatal de Cadena Alimentaria de 2021, una normativa en la que la consejera Arantxa Tapia, ha señalado que su Departamento, el de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, lleva trabajando meses en “colaboración estrecha” con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. De hecho, se aprueba ya en el tiempo de descuento del Gobierno de Iñigo Urkullu, aunque Tapia ha justificado la aprobación por el Gobierno en funciones en la importancia de poner en marcha este instrumento cuanto antes una vez superado el proceso administrativo para su aprobación.

El decreto aprobado este martes pretende asegurar la transparencia en los contratos que regulan los precios en los diferentes eslabones de la denominada cadena alimentaria, es decir desde la producción hasta el supermercado, en un marco de competencia “justa”. Y regula los “sistemas de control, inspección y sanción” para salvaguardar el reequilibrio, con unas sanciones que pueden ir desde los 200 euros al millón de euros, según las cantidades que fija la ley estatal. De las labores de inspección se ocuparán siete personas.

Las sanciones pretenden poner coto, esencialmente a que se esté pagando al productor por debajo del coste de producción o que los contratos que se estén elaborando entre los diferentes eslabones no estén suficientemente regularizados, que haya situaciones de abusivas o que se esté incumpliendo la ley de morosidad. Para ello, será fundamental la actuación del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, organismo que ya existe actualmente, y que analizará los diferentes costes de producción de los alimentos. En estos momentos tienen analizados los de trigo, cebada, patata, remolacha, sidra y uva de la Rioja Alavesa, leche de oveja y de vaca, carne de bovino, huevo, bonito fresco, verdel y anchoa. Estos costes de producción se actualizan una vez al año en aquellos productos que se recolectan una vez al año, como es el caso del trigo o la uva, pero se actualizarán como mínimo tres veces al año en el caso de productos con costes más volátiles como por ejemplo la leche o la carne de vacuno.

Por ejemplo, por 100 kilos de producción de trigo, se analizan los distintos aspectos que van sumando en el coste de producción, desde el precio de la semilla, al coste de mano de obra o al precio de la maquinaria. Si en 2020 el coste era de 22,15 euros, en marzo de 2023 ascendía de 30,42 euros por cada 100 kilos de trigo.

En el caso de la leche de vaca, por ejemplo, si el coste de producción era de 0,387 euros por litro de leche en 2020, en diciembre de 2023 es de 0,499 euros por litro. En función de estos costes de producción y de los diferentes contratos que se realicen a lo largo de la cadena -que estarán registrados- podrá establecerse que los precios -al margen de que haya una lógica ganancia- que mantienen un equilibrio en toda la cadena. No está muy claro cómo se podrá controlar en el caso de que alguno de los eslabones esté fuera de la comunidad autónoma vasca, aunque Tapia ha asegurado que siempre se tendrá fijado un precio mínimo según el coste de producción

Con esta normativa se prevé en parte mitigar las “dificultades actuales del sector agrario”, que el Ejecutivo reconoce como el “eslabón más débil” en esta cadena, por su especial vulnerabilidad, especialmente en un contexto globalizado y en una tendencia “persistente” de aumento de los costes de producción para el sector, especialmente como consecuencia de la guerra de Ucrania.

“En Euskadi, el sector agroalimentario es estratégico, especialmente en los primeros eslabones de la cadena y existe una debilidad estructural en las relaciones comerciales entre el sector agrario y su relación con eslabones comerciales; además, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado, observamos una tendencia persistente de aumento de los costes de producción y esto afecta especialmente al primer sector, que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, dependiendo en gran medida de las coyunturas económicas y los ajustes en la cadena de suministro”, ha señalado Tapia. “Por eso el objetivo de las medidas e instrumentos planteados es establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria, introduciendo medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, y a asegurar, en la medida de lo posible, la transparencia de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria en general”.

La normativa establece la puesta en marcha de tres instrumentos: por un lado la Autoridad de Ejecución que es la que establece los mecanismos de inspección, control y sanción, que afectarán a toda la cadena alimentaria en Euskadi, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor. Por otro, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, que tiene entre sus objetivos favorecer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria, y en particular, del sector primario. Con este Código se pretende ayudar a poner en valor los productos agroalimentarios de calidad; mejorar la información y la percepción que reciben las personas consumidoras de los productos agroalimentarios y del funcionamiento de la cadena alimentaria; mejorar la transparencia en las relaciones comerciales; y promover el establecimiento de contratos alimentarios ajustados a la Ley, entre otros.

Por último se reconoce el ya existente Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, además de para elaborar los informes de coste de producción, como órgano de seguimiento, asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los costes de los alimentos. Esta entidad tiene entre sus funciones divulgar el 'Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria', promoviendo adhesiones de entidades operadoras al mismo. El observatorio también se dedicará a elaborar propuestas de actuación y recomendaciones para toda la cadena alimentaria, y a realizar el seguimiento y la evaluación de las prácticas comerciales empleadas por las distintas entidades operadoras de la cadena.

El Gobierno vasco que preside el lehendakari Urkullu, ahora en funciones, se despedirá sin que se haya aprobado el Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, imprescindible para organizar el despliegue de estas infraestructuras que está previsto en territorio vasco a lo largo de los próximos años en el camino a la descarbonización. Aunque el Gobierno vasco aprobó en mayo de 2023 el plan inicial, el PTS se ha quedado atascado tras su exposición pública tras recibir una avalancha de alegaciones, más de 4.000. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que en estos momentos se sigue “en proceso de análisis de las alegaciones” y que el siguiente paso será “responder” a dichas argumentaciones, por lo que la aprobación del plan definitivo quedará como tarea para el nuevo Ejecutivo que presida Imanol Pradales.

Este PTS ha sido objeto de múltiples retrasos, porque a lo lo largo de la legislatura se ha hablado de varias fechas para su puesta en marcha sin que se haya materializado, y desde la oposición se ha criticado que el Gobierno estuviera tramitando permisos para nuevos parques eólicos o solares sin que se contara con un PTS que definiera bien las ubicaciones, aunque la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, siempre se ha defendido de las críticas argumentando que el hecho de que no existiera un PTS específico no significaba que se estuvieran aprobando las ubicaciones de las futuras instalaciones sin atenerse a ningún tipo de regulación. “Están vigentes los instrumentos medioambientales, de garantía medioambiental, de garantía de presunción de valores arqueológicos, de temas culturales y todos los instrumentos de ordenación urbanística, incluido el ayuntamiento con su plan general de ordenación urbana”, ha respondido en más de una ocasión en sede parlamentaria a las críticas.

Lo cierto es que aunque Tapia puso en su día fecha para que PTS estuviera ya en vigor -marzo de 2024- en una comparecencia en el Parlamento Vasco en febrero de 2023, y se aprobó la primera versión por parte del Ejecutivo en mayo de ese año, al plan definitivo todavía le queda mucho recorrido por la polémica que suponen estas instalaciones eólicas y solares y las alegaciones que se han presentado al plan inicial en un intento de modificar sus planteamientos. Este plan contempla un total de 110 ubicaciones posibles para estas instalaciones, especialmente en Álava y en Bizkaia, y en menor medida en Gipuzkoa. Las alegaciones al proyecto se han presentado por grupos ecologistas o asociaciones vecinales, pero también por parte de Diputaciones forales o de los Ayuntamientos donde el proyecto de PTS contempla terrenos susceptibles de contar con una de estas instalaciones independientemente del partido que esté en la alcaldía. Por ejemplo, han presentado alegaciones Alonsotegi, Arrankudiaga o Tolosa, consistorios gobernados por EH Bildu. Pero también otros en los que la alcaldía es del PNV, como el de Bilbao o de Barakaldo, han presentado alegaciones para intentar modificar la redacción y evitar ubicaciones de parques eólicos en zonas determinadas de sus municipios. Y ello pese a que las alegaciones tuvieron que presentarse entre el 20 de mayo de 2023 y el 21 de julio, con unas elecciones municipales por el medio, y con los nuevos ayuntamientos constituidos apenas un mes antes de que finalizara el plazo.

El hecho de que haya 110 ubicaciones posibles, o las que finalmente contemple el PTS definitivo, no quiere decir que todas ellas vayan a estar ocupadas finalmente por un parque eólico o placas solares, pero todo indica que en los próximos años haya un desarrollo muy significativo de estas instalaciones en territorio vasco. Hay que tener en cuenta que desde 2006 no se ha colocado ningún parque eólico en Euskadi. En 2025 se espera que estén operativos los dos primeros después de 19 años de parón. Con esos dos nuevos parques Euskadi contará sólo con cinco grandes instalaciones eólicas. Hay alrededor de 13 esperando la tramitación solicitada por diversas empresas como la multinacional noruega StatKraft, Capital Energy o Euskal Haizie, que se han unido a las propuestas de Aixeindar, la empresa surgida de la alianza entre el EVE e Iberdrola, que es la que pondrá en marcha los dos primeros de esta nueva era de instalaciones renovables, en Labraza y Azazeta, ambos en Álava, y también promotora de los que están ya en funcionamiento. Pero aunque ya nadie discute la necesidad de contar con energías renovables lo cierto es que sigue habiendo mucha contestación social a estas instalaciones por sus efectos sobre el medio ambiente, y también sobre el uso de suelo agrícolas y cada tramitación se enfrenta a múltiples alegaciones como está ocurriendo ahora con el PTS.

La nueva Ley de Cambio Climático que aprobó el Parlamento Vasco casi al final de la legislatura contempla la creación de un canon específico para la instalación de estos parques en función su tamaño y capacidad y a la vez, una desinversión progresiva por parte del Gobierno vasco en energías fósiles o gas, para destinar el dinero que ingrese por la venta a la promoción de las energías renovables. El Ejecutivo ha empezado ya esta desinversión con la venta de su parte en el yacimiento de gas de Viura en La Rioja a Heyco Energy. Una operación que está ya únicamente pendiente de recibir el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y Reto de Demográfico.