La Comisión de Ética autoriza la continuidad de la directora de Puertos de Euskadi, denunciada en los tribunales

La Comisión de Ética ha hecho pública ya su esperada resolución sobre la imputación de la directora de la sociedad pública autonómica Euskadiko Kirol Portua (EKP), Edurne Egaña, denunciada por un afectado por la repetición del proceso de adjudicación de los amarres en el puerto de Donostia. Como era previsible a la luz de la jurisprudencia previa de este organismo, que está presidido por la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y antes por Josu Erkoreka, se autoriza la continuidad en el cargo de Egaña, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición. Aunque el dictamen se haya hecho público con carácter posterior a la declaración judicial por estos hechos, que se produjo el 12 de diciembre, la fecha que figura en él es previa, en concreto del 29 de noviembre.

Argumenta la Comisión de Ética que, en la búsqueda de la “ejemplaridad” no se puede optar por esperar a una sentencia para recomendar el cese en el cargo público pero tampoco es prudente hacerlo inmediatamente con la apertura de una investigación. Se plantea explorar una tercera vía, “que es la que mejor y más ponderadamente contribuye a conciliar las exigencias de la ejemplaridad pública con el necesario respeto a los derechos y garantías” de los investigados judicialmente. Así, si la investigación llegara a juicio, aunque esa decisión por sí misma “no constituiría ni una condena anticipada ni el anticipo de una condena futura”, habría que separar a la imputada de su cargo como medida “preventiva” y “profiláctica”. Se trata de “preservar” siquiera “transitoriamente” la “buena imagen de la institución” y de evitarle el trago de tener a un alto cargo en el banquillo de los acusados en una casa penal. Obviamente, si en una fase anterior de una investigación hubiera elementos de “alarma social”, también habría que valorar la dimisión, pero la Comisión de Ética tiene claro que éste no es el caso.

Por ello, entiende que “a la vista de las circunstancias” Egaña “puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa” en EKP hasta que “en su caso” se llegar a juicio. “Para el supuesto de que las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo en el seno del citado procedimiento desemboquen en la apertura de juicio oral, esta Comisión recomienda el cese cautelar del cargo público afectado”, se puede leer en el documento hecho público. Advierte a Egaña, eso sí, que ha de “seguir colaborando con la Administración de Justicia” y “atendiendo puntualmente todos los requerimientos”.

¿Por qué está abierta esta causa judicial? Egaña, que fue diputada foral en Gipuzkoa y que actualmente es miembro de la dirección del PNV en ese territorio, ha sido denunciada por un particular que tenía asignado el amarre tras la primera adjudicación que se realizó en Donostia. Pero que lo perdió cuando, fruto de los errores del primer proceso, hubo que rehacer la lista. El autor de la querella acusa a EKP de haber resuelto el concurso para unas 400 plazas en el puerto donostiarra de modo “arbitrario” y a la “prevaricación” -el delito que sanciona las actuaciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son- añade presuntas conductas de “coacciones” o “acoso” cuando se ordenó a los alrededor de 100 barcos afectados por los cambios salir del pantalán “a la mayor brevedad” para repetir el proceso.

EKP explicó en el Parlamento Vasco, a instancias de EH Bildu, que no quedaba más remedio que repetir la primera asignación de 'aparcamientos' para embarcaciones porque hubo varios errores. En concreto, se menciona en la documentación oficial que se excluyó a 169 aspirantes por un error en la conversión de un Excel a PDF y que, además, en la oferta de amarres no todos estaban bien medidos al no tenerse en cuenta, por ejemplo, las distancias para maniobrar. Lo irregular habría sido no repetirlo y mantener los primeros adjudicatarios.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, de cuya cartera cuelga EKP, ha dado a entender en varias ocasiones que respalda plenamente la gestión de la directora Egaña. La consejera insiste en que es un asunto “administrativo”, “absolutamente administrativo” y sin trascendencia penal. Destacó que el Ejecutivo ha dado siempre “todas las explicaciones” y que Egaña respondió también en el juzgado “a todas las preguntas” que se le formularon.