Un error en el paso de un Excel a PDF y amarres mal medidos obligaron a repetir las concesiones en el puerto de Donostia

Vista general del puerto de Donostia

La directora de la sociedad autonómica Euskadiko Kirol Portua (EKP), Edurne Egaña, está citada a declarar este lunes 12 de diciembre en calidad de imputada en un juzgado de Donostia por una denuncia ante posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de amarres en el puerto de la capital guipuzcoana. EKP ha enviado al Parlamento Vasco, a instancias de EH Bildu, el expediente del proceso administrativo que dio origen a la querella de uno de los afectados y sus conclusiones son que no quedaba más remedio que repetir la primera asignación de 'aparcamientos' para embarcaciones porque hubo varios errores. En concreto, se menciona en la documentación oficial que se excluyó a 169 aspirantes por un error en la conversión de un Excel a PDF y que, además, en la oferta de amarres no todos estaban bien medidos al no tenerse en cuenta, por ejemplo, las distancias para maniobrar.

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Egaña, que fue diputada foral en Gipuzkoa y que actualmente es miembro de la dirección del PNV en ese territorio, ha sido denunciada por un particular que tenía asignado el amarre tras la primera adjudicación pero que lo perdió cuando, fruto de los errores, hubo que rehacer la lista. El autor de la querella acusa a EKP de haber resuelto el concurso para unas 400 plazas en el puerto donostiarra de modo “arbitrario” y a la “prevaricación” -el delito que sanciona las actuaciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son- añade presuntas conductas de “coacciones” o “acoso” cuando se ordenó a los alrededor de 100 barcos salir del pantalán “a la mayor brevedad” para repetir el proceso.

La documentación da a entender en todo momento que lo irregular habría sido mantener la primera asignación de amarres. De hecho, hubo también recursos administrativos que fueron atendidos demandando explicaciones, principalmente por el problema con los archivos informáticos y los listados. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a cuya cartera está adscrito el ente EKP, ya manifestó en la Cámara que el Gobierno “entiende que el funcionamiento de EKP atiende a los criterios de transparencia que exige la normativa en vigor”.

El material solicitado por la oposición incluye también una especie de cronología del proceso de asignación de amarres. El documento indica que fue el 29 de marzo de 2021 cuando se inició el procedimiento para el “otorgamiento de concesiones” en el puerto de Donostia, que es de EKP desde 2003. El 1 de septiembre se hizo la primera adjudicación de plazas pero ya el 13 de octubre del pasado año, con un “informe de errores” encima de la mesa, hubo que admitir los recursos internos de alzada. El 20 de octubre ya estaba publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la “anulación” del proceso, que se retomó con una nueva convocatoria el 11 de noviembre. El 21 de febrero de este año se completó ya el proceso con la segunda lista de beneficiarios.

Es esa segunda adjudicación la que originó la querella. Se sustanciará este lunes y, según informó el Ejecutivo, Egaña ha renunciado a llevar asistencia letrada costeada por la Administración, una opción que se le propuso. El delito de prevaricación no lleva aparejadas penas de prisión, aunque sí de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público.

Hasta este lunes solamente queda un día laborable, este viernes, y no se conoce aún el pronunciamiento de la Comisión de Ética. Este órgano analiza todas las imputaciones de cargos del Gobierno vasco en relación a si una citación judicial comporta o no la necesidad de cesar en las funciones que se desempeñan. Eso sí, la 'jurisprudencia' en todos los casos anteriores que la dimisión solamente es requerida en caso de la imputación desemboque en apertura de juicio o si se trata de la investigación de un delito flagrante. En los últimos años ha acumulado retrasos en sus resoluciones y memorias.

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