El PNV avisa también a Sánchez: “No vamos a hacer un Junts, pero vamos a tener que tumbarles algo”

A Pedro Sánchez se le ha abierto una nueva vía de agua con el PNV. Uno de sus socios más estables desde 2018, el que propició su moción de censura en última instancia, amenaza ya con no apoyar determinadas medidas del Gobierno de España en el Congreso por la “tomadura de pelo” que supone se llegue al final de 2025 sin que se vaya a cumplir el compromiso político de completar todas las transferencias pendientes del Estatuto, que es de 1979. “No vamos a hacer un Junts, pero vamos a tener que tumbarles algo. Esto no es serio. Esto no puede seguir así”, exponen fuentes muy próximas a Aitor Esteban, actual líder de la formación nacionalista y durante años negociador en Madrid. “Queremos que se haga evidente que esto no está bien”, añaden desde el Gobierno vasco, en el que la parte del PNV de la coalición con los socialistas es la que ha llevado la voz cantante de las negociaciones estatutarias. “Tras el incumplimiento de Sánchez con los traspasos, el PNV tiene las manos libres para votar que no”, ha llegado a decir públicamente, en 'El Diario Vasco', el portavoz parlamentario y 'número tres' del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi.

El punto de inflexión ha sido la cancelación de la comisión mixta fijada para este lunes, a 48 horas del cambio de calendario, en la que los Gobiernos central y vasco iban a cerrar cinco de los traspasos pendientes, entre ellos los primeros relacionados con la gestión de la Seguridad Social, algo nunca antes gestionado por ninguna comunidad autónoma. Eran cuatro materias acordadas políticamente en una cumbre entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, que se celebró en julio en La Moncloa. Y la quinta, la gestión del Sepe, es decir, los subsidios y prestaciones de paro, se cerró unos meses después, en septiembre, por las mayores dificultades que puso Sumar, que gestiona el área de Trabajo, según denunció en su día el PNV.

Estas cinco transferencias no iban a cerrar el capítulo estatutario porque sigue pendiente definir cómo será la cesión al Gobierno autonómico de la gestión de las pensiones, unos 12.000 millones de euros anuales, así como otros puntos de menor calado político como paradores, la matriculación de vehículos o la realización de exámenes de conducción. Las diputaciones forales desean asumir también los procesos electorales municipales, actualmente organizados por el Estado. Pero sí eran el gesto que el PNV demandada para que el plazo de completar el Estatuto en 2025 no pareciera papel mojado.

En paralelo, el PNV había demandado ampliar la capacidad autonómica en dos materias que no forman parte estrictamente de las transferencias pendientes, puertos y aeropuertos. En el primer caso, el traspaso de las instalaciones que no son de interés general se hizo en 1982, pero los nacionalistas reclaman ahora desclasificar el de Pasaia y que lo controle el Gobierno vasco. En el segundo caso, se explora una fórmula “negocial” para que las instituciones locales ganen capacidad de influencia en las terminales de interés general de Aena, Loiu, Foronda y Hondarribia. Estas conversaciones tampoco están cerradas.

¿De dónde sale el plazo del 31 de diciembre de 2025? En noviembre de 2023, el entonces líder del PNV, Andoni Ortuzar, flanqueado por quien sería su sucesor en el cargo, Esteban, cerró con Sánchez un detallado acuerdo a cambio de apoyar la investidura. En ese papel, en su punto tercero, se aludía a un plazo “improrrogable” de “dos años” para todas las competencias aún pendientes. Desde el principio se asumió que el final de 2025 era el verdadero 'deadline' y desde el comienzo, todavía con Iñigo Urkullu como lehendakari, se iniciaron los trabajos para ir cerrando acuerdos. Y ha habido algunos. Este año, casi cada trimestre ha habido novedades. El 1 de enero de 2025, por ejemplo, Euskadi pasó a gestionar el servicio de Cercanías de Renfe. El 1 de abril ocurrió lo mismo con Costas. Y el 1 de julio con los permisos de trabajo para extranjeros. Por el camino, el Tribunal Supremo paró la cesión de la homologación de títulos académicos obtenidos fuera de la Unión Europea, algo pensado para agilizar la espera, particularmente ante la escasez de médicos.

La cumbre entre Sánchez y Pradales de julio constituyó un hito porque, por vez primera en España, se acordó iniciar la cesión de competencias en materia de Seguridad Social. El Estatuto ya acota que el traspaso no implica la ruptura de la 'caja única' ni potestad alguna para tocar leyes o cuantías, pero sí da a Euskadi plena capacidad para tramitar y pagar prestaciones, incluidas las pensiones. Se trata de un cambio de gran calado para el autogobierno vasco. El presupuesto autonómico actual es de 17.000 euros y solamente las pensiones comportan 12.000.

El proceso se inició gradualmente con acuerdos sobre las prestaciones no contributivas y el seguro escolar, una materia aparentemente menor pero que implica la primera vez que una entidad autonómica relevaría a la Tesorería General de la Seguridad Social en una de sus funciones. Después se acordaron las políticas pasivas de empleo, esto es, las prestaciones del Sepe, el antiguo Inem, que desaparecería 'de facto' de suelo vasco. Todo esto iba a ser firmado el 29 de diciembre, junto con un centro de maquinaria de Barakaldo y las funciones de Salvamento Marítimo. Pero discrepancias en materia de financiación y personal, en definitiva, del modelo de Seguridad Social que se quiere transferir, han echado por tierra a última hora las previsiones.

El Gobierno vasco, cuya consejera María Ubarretxena ha estado viajando regularmente a Madrid en los últimos meses, ha deslizado que hay poderes fácticos del Estado que han echado el freno. Ha insistido en que Euskadi no iba a aceptar “mercancía averiada” o “gato por liebre”, que no iba a firmar nada que no fuera la comprometido. El lehendakari Pradales ha repetido en varias ocasiones que Sánchez debería poner “orden” en su casa y ser fiel a los compromisos. En los últimos días, ha trasladado a Sánchez en privado la necesidad de zanjar al menos las materias ya acordadas políticamente. El presidente del PNV, Esteban, y la nueva portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, también han participado en los contactos y conversaciones.

“Esto es un incumplimiento flagrante. Nos han tomado el pelo. Esto es muy, muy serio”, insisten desde el PNV. Añaden que, además, Sánchez ha tenido gestos recientes con otros socios, como EH Bildu y su acuerdo para prorrogar el denominado 'escudo social' o con los partidos catalanes. Desde el partido ponen en cuestión, incluso, que la nueva fecha ofrecida para cerrar las cinco transferencias, el 16 de enero, vaya a ser factible dadas las circunstancias. Fuentes del Gobierno vasco indican que, por el momento, no hay nuevas reuniones de negociación previstas, aunque sí indican que “los papeles se están cruzando de continuo”. Después, para finales de enero, estaba prevista una nueva cumbre entre Sánchez y Pradales. El compromiso, de nuevo originado en la investidura de 2023, era de reuniones bilaterales semestrales y, tras la de julio, toca una nueva “reválida”, en definición del lehendakari, para medir el grado de los acuerdos. Hay voces en el PNV que plantean que incluso sería deseable no celebrar la reunión. “Para ir a una bilateral a nada no vamos”, sentencian.

La gran diferencia del PNV con otros socios es que los nacionalistas dependen del PSE-EE en casi todas las instituciones vascas, incluidos el Gobierno y las tres diputaciones. Es más, se da la circunstancia de que la mayoría de traspasos pendientes recaerían en un consejero socialista, Mikel Torres, que dirige la cartera de Economía, Trabajo y Empleo y tiene asignada igualmente la Seguridad Social. “El PNV y la parte del PNV del Gobierno vasco saben que hay voluntad política”, indican fuentes de los socialistas vascos sobre este conflicto de fin de año. El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llegado a pedir en las últimas semanas que no se haga un tótem de los plazos cerrados y se apueste por llegar a buenos acuerdos. “Ha habido momentos de más tensión con otras transferencias. Imponerte plazos también tiene sus inconvenientes”, agregan las fuentes consultadas, que insisten en que “habrá acuerdo” más pronto que tarde. “La reunión entre las dos administraciones se ha convocado el 16 de enero. Vamos a ver cuál es el resultado y, en función de eso, si el EBB toma alguna decisión. De momento, vamos a ver cómo va la revalida de enero”, apuntan desde el PSOE, según informa Alberto Ortiz. “Sí, pero lo hacen siempre todo tarde y sin tiempo”, replican desde la parte nacionalista del Gobierno vasco, aunque delegan en “el partido” las posibles consecuencias políticas de mayor nivel.

Y no solamente se trata de transferencias. En las últimas semanas, el PNV ya había marcado también distancias con Sánchez por las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE, aunque se da la circunstancia de que buena parte de las adjudicaciones en Navarra a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y en la que presuntamente tenía una participación Santos Cerdán, partieron no de los socialistas sino de Geroa Bai, la marca navarra de los nacionalistas. Esteban lleva tiempo vaticinando que habrá elecciones anticipadas en España en 2026 y también ha exhibido su preocupación por los datos que se van conociendo en las diferentes causas abiertas, aunque ha fijado como “línea roja” que se acredite financiación irregular del partido.