El Superior vasco ratifica la sentencia laboral que describía irregularidades en contrataciones a Montai en Hondarribia

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido en noviembre una sentencia en la que valida la resolución de primera instancia de un juzgado de Donostia tras un pleito laboral interpuesto por una antigua trabajadora de las empresas del grupo Montai, dedicadas a la organización de eventos y montajes y a cuyo frente está el empresario del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza. En este juicio, la exempleada quiso ser considerada plantilla del Ayuntamiento de Hondarribia -como así ha sido determinado por la Justicia- por llevar muchos años de continuo realizando servicios subcontratados a las mercantiles de Elorza, que facturaron allí millones de euros cuando gobernaba la formación nacionalista. Lo llamativo del proceso es que la demandante alegó por escrito que aunque estuvo dada de alta en varias empresas de Elorza a lo largo de los años eso era un simple truco contable para saltarse los topes legales para las adjudicaciones directas y sin concurso a una empresa, actualmente en 15.000 euros anuales (más IVA).

El PNV perdió Hondarribia tras las elecciones de 2023. Accedió a la alcaldía Igor Enparan de la plataforma Abotsanitz, que durante dos legislaturas en la oposición hizo bandera precisamente de denunciar irregularidades en la contratación pública en el municipio. Hasta 2023, el grupo de Elorza facturó millones de euros el municipio guipuzcoano. En aquel momento lo conformaban cuatro firmas, Montai Produkzioak, la matriz, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa. Recientemente se ha creado una más, Ekiazpi, que ya está accediendo a adjudicaciones públicas.

A comienzos de 2025 hubo un juicio laboral por este caso, como adelantó este periódico. En él declaró el propio Elorza. En la respuesta a la primera pregunta que se le formuló admitió que, efectivamente, cuando una de sus empresas se acercaba al tope de facturación simplemente se cambiaba de CIF para continuar prestando el servicio, en este caso la gestión de los recintos culturales Itsas Etxea y Kultur Etxea. Es algo que este periódico detectó en 2020, 2021 y 2022.

“Llegan a un límite de facturación y entonces se nos solicita que... que... bueno... que fuese otra empresa la que facturase”, señaló, titubeante. No sólo eso. Reconoció también que una de las firmas del grupo, Estali La Karpa, nunca tuvo estructura más allá de dar de alta periódicamente a la trabajadora, aunque ha accedido a cuantiosas adjudicaciones públicas tanto en Hondarribia como de otras instituciones gobernadas por el PNV, como el Instituto de la Memoria (Gogora) en la etapa de Aintzane Ezenarro.

En este procedimiento judicial ha tenido un papel muy relevante igualmente el exedil de Cultura por el PNV Juan Luis Silanes o 'Kalixa', como es conocido. Emitió para el juicio un certificado con membretes municipales y en el que se da a entender que es documento del Ayuntamiento. En él apoya la demanda de la trabajadora, que en su formulación recoge claramente las irregularidades en la contratación que él mismo promovió y que, además, tienen otra derivada que ocultó en su escrito y que solamente admitió casi al final del interrogatorio en el juzgado. La empleada era su prima. Un detalle adicional es que esta mujer no solamente fue saltando de empresa a empresa del grupo Montai, sino que también fue dada de alta directamente en dos períodos por el propio PNV y por otras mercantiles próximas al partido ajenas a Elorza.

El resultado del proceso laboral fue una sentencia en primera instancia -que precisó de un auto de aclaración- en la que se daba la razón a la trabajadora y se interpretaba que tenía derecho a ser considerada como parte de la plantilla de Hondarribia. Aquel primer fallo, en su página trece, indicaba que “no es objeto de controversia” que las empresas de Elorza accedían a adjudicaciones directas de Hondarribia y que está “acreditado” que la única razón por la que la trabajadora saltaba de una a otra, por ejemplo a Estali La Karpa, “aunque fuere para continuar desempeñando el mismo trabajo”, era “el límite económico anual de contratación administrativa con la misma empresa sin concurso público”.

Ahora, el Superior no modifica la argumentación del juzgado de Donostia. En una resolución breve, de apenas tres páginas, refrenda esa primera sentencia. “El relato de hechos probados informa que la demandante trabajaba bajo la dirección, organización y planificación de los técnicos del ayuntamiento. Los servicios laborales se prestaban en el auditorio municipal y en la casa de cultura del ayuntamiento. La demandante participaba en la organización y publicidad previa de los eventos culturales contratados por el ayuntamiento; así como en el control y gestión de venta de entradas mediante la aplicación dispuesta por el ayuntamiento. También atendía al público; controlaba los accesos a la instalación; su cierre y rendía cuentas relacionadas con las entradas. Por consiguiente, el ayuntamiento aportaba los medios materiales y dirigía la actividad de la demandante, sin intervención ni aportación alguna de las sucesivas empresas formalmente empleadoras. Se revela el caso como claramente calificable de cesión ilegal”, se expone en un apartado de “fundamentos de derecho” en el que ni se mencionan las empresas. Los firmantes de la resolución son los magistrados Pablo Sesma de Luis, Ana Isabel Molina Castiella y Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa.

Se da la circunstancia de que la sentencia se dirige contra el actual equipo al frente de Hondarribia, el de Abotsanitz, que había recurrido el fallo en primera instancia y defendido la tesis de que no se podía considerar que la exempleada del grupo Montai fuese trabajadora pública 'de facto'. Es más, el Superior ha forzado a Abotsanitz a abonar las costas al empresario Elorza por haber elevado el pleito a segunda instancia, una simbólica cantidad de 100 euros.

Cuando este periódico publicó la información sobre esta causa, Elorza no atendió a las preguntas formuladas pero sí expuso la opinión en un foro público. “Todas las afirmaciones vertidas en ese texto son una sarta de mentiras, manipulaciones e insinuaciones sin pruebas. Es evidente que el único objetivo de este ataque es dañar mi imagen y la de Montai mediante falsedades y tergiversaciones. Montai y las empresas mencionadas operan dentro de la legalidad. No hay nada irregular en nuestra actividad, y cualquier insinuación de corrupción es pura calumnia. Todas las contrataciones se han hecho respetando la normativa vigente. No hay 'red mafiosa' ni tramas ocultas. Se utilizan nombres, conexiones familiares y relaciones personales para crear una falsa historia de conspiraciones que solo existe en la imaginación del autor”, dejó por escrito. Después, este periódico acreditó que el Ayuntamiento de Beasain, gobernado por el PNV, ha adjudicado a Montai un contrato de casi 500.000 euros tras sacar cero puntos en el concurso habilitado al efecto.