Osakidetza confirma que tuvo dos años un jefe de seguridad con título falso, pero no aclara por qué revisó su expediente

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha remitido al Parlamento Vasco el expediente que ha motivado la denuncia penal contra el exjefe de Seguridad de Osakidetza, el agente de la Ertzaintza Juan José Quiñones, por haber presentado un título universitario falsificado para lograr la plaza en 2023. La documentación, en todo caso, no aclara por qué el Servicio Vasco de Salud realizó a finales de 2025 una revisión de la información que se había dado por buena dos años antes. La destitución fue acordada el 11 de diciembre, trascendió al filo del cambio de año y se hizo oficial en el primer Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de 2026, el del 2 de enero. Además, revela que el policía incumplía también otro requisito y que se levantó 'ad hoc' esa incompatibilidad.

La documentación de este caso, solicitada en la Cámara por la representante del PP Laura Garrido, confirma de inicio que Osakidetza ha constatado que el aludido “no poseía la titulación universitaria alegada”, en este caso una licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la EHU fechada en 2001. El supuesto título presentado era una “copia compulsada por el Ayuntamiento de Getxo”. Disponer de un grado universitario era requisito indispensable para acceder al proceso de selección, aunque luego el cargo se elegía por el sistema de libre designación entre los aspirantes.

El 19 de septiembre de 2023 se celebró una primera reunión de la comisión de valoración constituida para la elección del jefe de Seguridad. En ese momento, se indicó que solamente había un candidato, Quiñones. Se hizo constar en acta que había aportado documentación acreditativa de que era funcionario de la Ertzantza, de su experiencia en El Corte Inglés y también de un título universitario “oficial”, el de licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Simplemente se le requirió que confirmara que era ertzaina en activo y no solamente que obtuvo la plaza en su día y, por ello, entregó 'a posteriori' un certificado firmado por el entonces viceconsejero de Seguridad, Rodrigo Gartzia, que así lo atestiguaba. Así las cosas, el 16 de octubre, en una segunda reunión de la comisión, quedó formalizado el nombramiento. Ahora bien, el expediente, como ha adelantado 'El Mundo', muestra que la entonces directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, del equipo de Gotzone Sagardui, modificó entre ambas reuniones los requisitos. Se consideró no “imprescindible” que los ertzainas candidatos fueran del grupo A1/A2, la categoría más alta y a la que no llegaba Quiñones.

El 18 de diciembre, hace menos de dos meses, la subdirectora de Asesoría Jurídica de Osakidetza, Maiteder Mielgo, y el letrado Santos Puga formularon una denuncia penal en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria por estos hechos. Exponen en ella que la actual directora general, Lorea Bilbao, convocó a una reunión a Quiñones y que, allí, el ahora imputado por falsedad documental reconoció que no posee la titulación universitaria requerida y que los documentos entregados eran falsos. Antes, sin que se explicite el motivo de la comprobación, el Servicio Vasco de Salud recibió confirmación de que el título no estaba en el NISAE, una plataforma de intercambio de datos entre administraciones.

El puesto de responsable de Seguridad fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022, según exponen fuentes internas. Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.