La Fiscalía pide anular el registro de las instalaciones de Sidenor y la causa por genocidio contra Jainaga

El magistrado de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge dictó este lunes una orden de entrada y registro en la sede central de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación que se sigue por presunto contrabando con Israel y una posible colaboración al genocidio del pueblo palestino. Buscaba documentación relativa a operaciones realizadas desde Londres. Dos cuerpos diferentes recibieron la habilitación para entrar en Sidenor, la Policía Nacional y el SVA (el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Policía del Ministerio de Hacienda) e iniciaron su trabajo a las 11.00 horas. El operativo duró hasta pasadas las 23.00 horas. Sin embargo, a las 11.46 la Fiscalía presentó un recurso instando a la nulidad de las actuaciones al interpretar que carecen de cualquier fundamento legal.

El caso se inició el 1 de julio de 2025. Una asociación (Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa) alertó de un buque atracado en el puerto de Barcelona, el ZIM Luanda, con uno de los envíos periódicos de acero con origen en Basauri a la empresa armamentística IMI (Israel Military Systems). La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, pidió que se revisara la mercancía en una escala en Turquía. La querella tipificaba los hechos como presunto contrabando.

En octubre se levantó el secreto de sumario, con una primera mención a “una eventual responsabilidad penal en calidad de cómplice en los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” por parte de los representantes de Sidenor, encabezados por José Antonio Jainaga, que en esos momentos ultimaba al frente de consorcio en el que participaba también el Gobierno vasco la operación de Talgo. En 2025, Jainaga recibió el premio Korta como empresario vasco del año de manos del lehendakari, Imanol Pradales. El empresario y otros dos directivos declararon ante el juez en noviembre, y negaron cualquier irregularidad en sus negocios. Añadieron que las ventas a IMI representan apenas un 0,2% de su facturación.

La Fiscalía, en un contundente escrito al que ha tenido acceso este periódico, argumenta que “toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal”. Señala que los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del ministerio fiscal o de un “agraviado”. Terra Santa es una acusación “popular” y no “particular” y, por lo tanto, “resulta evidente la ausencia del requisito de perseguibilidad/procedibilidad”, según la fiscal Manuela Fernández Álvarez. “[Esto] Se traduce en absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. [...] El escenario de la investigación se circunscribiría al delito de contrabando”, plantea en negrita la Fiscalía.

¿Y el registro? El magistrado decidió abrir una pieza separada para ejecutar exclusivamente la entrada y registro en Sidenor. Lo hizo el 8 de enero. La Fiscalía pidió que no se hiciera, y presentó un recurso. Planteó que fuera requerida a Sidenor toda la documentación sobre movimientos de acero vía Londres. Al parecer, la compañía manifestó este lunes su intención de recopilarla y entregarla, y el ministerio fiscal lo daba por bueno.

Pero el instructor De Jorge optó por reiterar la orden y comisionar a Policía Nacional y SVA a acudir a Sidenor. La fiscal habla textualmente de un operativo “inadecuado” y “desproporcionado” porque “nada” hacía prever el “peligro” de “desaparición” de la documentación que se buscaba. Ahora, a toro pasado, la Fiscalía demanda la “revocación” de las actuaciones, es decir, que se deje “sin efecto” el registro de la planta de Basauri.