El PNV pide al Tribunal de Cuentas una auditoría de la gestión en Hondarribia, ahora en manos de Abotsanitz

El PNV ha solicitado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que realice una auditoría de la gestión económica del Ayuntamiento de Hondarribia en 2024. Se trata de un movimiento político muy simbólico porque ese año es el primer ejercicio completo en que el este partido, que perdió las elecciones de 2023, no controló su otrora feudo en el Bidasoa. Ahora gobierna la plataforma independiente Abotsanitz, con Igor Enparan como alcalde, que precisamente en la oposición realizó continuadas denuncias de irregularidades en el municipio, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas al grupo de empresas del miembro del PNV Aitor Elorza, Montai.

Este viernes, antes de la votación de las enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2025, la comisión de Hacienda del Parlamento Vasco ha tratado el plan de trabajo de 2026 del Tribunal de Cuentas. Antes, los partidos pueden lanzar sus planteamientos. En el caso de los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han presentado sus escritos por separado, algo excepcional en el día a día de la Cámara. Es en el documento registrado por los nacionalistas donde figura, entre otras, la propuesta de una auditoría de la nueva etapa en Hondarribia.

A la contra, la coalición Sumar ha propuesto nuevamente que el Tribunal de Cuentas analiza las adjudicaciones a Montai, un conglomerado que ahora tienen cinco empresas, la propia Montai, Estali La Karpa, Denok, Kultur Kirol Zerbitzuak y Ekiazpi. Además de en Hondarribia, estas empresas han recibido también decenas de adjudicaciones en otras muchas instituciones gobernadas por el PNV.

El debate sobre el plan de trabajo del Tribunal de Cuentas ha durado segundos. Ni siquiera ha habido debate. El presidente de la comisión, Álvaro Gotxi, ha dado cuenta de que todas las propuestas de todos los grupos han sido aceptadas “por asentimiento”. En la lista está también el intento del PP de que se revise más a fondo la contabilidad de la sociedad EKP, los puertos deportivos vascos, después de que se haya apuntado en otros informes que ha habido adjudicaciones irregulares de combustible, entre otras anomalías.

Estas peticiones del Parlamento, sin embargo, suelen caer siempre en saco roto. El Tribunal de Cuentas no tiene obligación de asumirlas, salvo que el Parlamento las demande vía acuerdo plenario. De hecho, como ejemplo, durante años le ha solicitado una revisión de las contrataciones con Montai y nunca se ha hecho esa auditoría 'ad hoc'.