Regularización extraordinaria: un logro rodeado de bulos

La pasada semana se anunció la próxima apertura de un proceso de regularización extraordinaria para las personas extranjeras que se encuentran irregularmente en España. El anuncio, realizado por los representantes de Podemos y refrendado, al día siguiente, por la aprobación en el Consejo de Ministros, supone un éxito de los movimientos sociales que, desde el año 2020, abogamos por la regularización extraordinaria e impulsamos la Iniciativa Legislativa Popular que, sin embargo, quedó bloqueada en el Congreso de los Diputados.

Quizá cabe lamentarse por el tiempo perdido, porque la fórmula que plantea el Gobierno para la regularización, la de modificar el Reglamento de Extranjería, podría haberse utilizado desde el primer momento. Bastaba, como en este caso, la decisión por parte del Ejecutivo que, de hecho, desaprovechó la reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó el pasado año.

En todo caso, bien está lo que bien acaba, y más aún cuando la Iniciativa Legislativa Popular ha permitido mostrar la fuerza de los colectivos de migrantes y racializados y del resto de organizaciones sociales que acompañamos en el proceso de recogida de firmas; y también que se debata en el Parlamento español sobre irregularidad hasta el punto de que el Partido Popular se vio obligado a votar a favor de la toma de consideración de la ILP.

Porque ciertamente, la irregularidad no beneficia ni al Estado ni a las personas que la padecen. La irregularidad únicamente es buena para una parte del poder económico, para esos empresarios que utilizan a las personas en situación irregular como mano de obra en condiciones de semiesclavitud. Porque las personas en situación irregular, además de vivir con el miedo de poder ser expulsadas y deshacer el camino de ida que con tanto esfuerzo recorrieron, soportan el peso de ser la víctima propiciatoria de la explotación, ya sea laboral, ya sea de otro tipo.

La irregularidad es una lacra que hay que eliminar. Esta es una frase que firmaría casi la totalidad de la sociedad. La cuestión es cómo se acaba con la irregularidad. Para la derecha y la ultraderecha la receta es la expulsión, sin valorar el coste humano, el sufrimiento y, también, sin tener en cuenta que esta expulsión en muchos casos no es posible, viable ni ejecutable.

Por tanto, la alternativa más lógica desde todas las perspectivas es la regularización. Desde nuestra perspectiva pro derechos, lograr que estas personas, que ya viven en el territorio, dejen de ser víctimas del sistema para ser sujetos de derechos es esencial en la construcción de una sociedad más inclusiva y más respetuosa.

Ni pueden votar (el voto está reservado para quienes tienen la nacionalidad española y las personas que se regularicen solo obtendrán el derecho a la residencia), ni va a provocar un efecto llamada. Sobre esta última afirmación, un dato muy claro: ninguna de las regularizaciones extraordinarias anteriores provocó un incremento de las llegadas

Los discursos que plantean esta regularización como un apocalipsis destilan racismo. Curiosamente, vienen también desde sectores supuestamente progresistas que destacan el interés de la patronal por esta regularización, para mantener condiciones laborales precarias. Sin embargo, la regularización tiene el efecto contrario, puesto que las personas que ya se encuentran en España, muchas de ellas siendo explotadas irregularmente, pueden pasar a exigir sus derechos laborales; si no en condiciones de igualdad con quienes tienen nacionalidad española, sí con una mayor garantía que la que le da, en este momento, una absoluta indefensión derivada de su situación irregular.

Con respecto a los discursos de la ultraderecha sobre esta cuestión poco cabe decir. Ni pueden votar (el voto está reservado para quienes tienen la nacionalidad española y las personas que se regularicen solo obtendrán el derecho a la residencia), ni va a provocar un efecto llamada. Sobre esta última afirmación, un dato muy claro: ninguna de las regularizaciones extraordinarias anteriores provocó un incremento de las llegadas.

Con todo, no se puede cerrar esta reflexión sobre la regularización sin plantear algunas exigencias al Gobierno. La primera, que se agilicen los trámites y el diseño del proceso permita la máxima amplitud para la regularización, algo que ciertamente ya parece que tiene cabida en el borrador de reforma que se ha filtrado. La segunda, que ese incremento en las cotizaciones y los impuestos del que tanto se habla como justificación materialista de la regularización se invierta, realmente, en mejorar aspectos sociales: ampliar el mercado público de vivienda, mejorar la educación pública, fortalecer la sanidad pública, reforzar los servicios sociales. Y, por último, que no haya que hacer más regularizaciones extraordinarias porque el diseño de las políticas migratorias estatales contemple la apertura de vías legales y seguras para la migración que eviten que las personas migrantes tengan que padecer todo el camino que supone la irregularidad.

Porque, no lo olvidemos, lo que ahora se contempla como un éxito, porque estas personas acceden al ejercicio de derechos, les ha supuesto en la mayoría de los casos un calvario de peligros, precariedad y temores.