Los Gobiernos central y vasco posponen más allá de 2025 los traspasos pendientes por diferencias con la Seguridad Social

El calendario no se va a cumplir una vez más. El compromiso adquirido con el PNV por Pedro Sánchez en 2023 a cambio del apoyo en la última de las investiduras para completar en 2025 todos los puntos pendientes del Estatuto de 1979 no será una realidad. El Gobierno de Imanol Pradales ha anunciado a última hora de este viernes que queda pospuesta, al menos hasta el 16 de enero, la comisión mixta programada para el 29 de diciembre y que iba a servir para rubricar cinco transferencias, incluidas las tres primeras relacionadas con la gestión de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo (el Sepe y las prestaciones y subsidios de paro), la gestión del seguro escolar y las prestaciones no contributivas del sistema. Además, siguen pendientes de negociación el resto de materias de la Seguridad Social y otros puntos de menor calado político como paradores. “Seguimos negociando”, puntualizan, en todo caso, desde la parte vasca, confiando que el retraso no sea excesivo.

“El Gobierno vasco ha constatado que, a día de hoy, no se dan las condiciones necesarias para celebrar la comisión mixta de transferencias prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre, con las debidas garantías. En consecuencia, ambos Gobiernos han acordado posponer la reunión hasta el 16 de enero, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio. El Gobierno vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos”, han informado fuentes del Ejecutivo de Pradales, que ya venían alertando en los últimos días de las complicaciones.

Desde la parte socialista, Eneko Andueza había pedido no totemizar la fecha del 31 de diciembre. En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial ha confirmado el retraso y ha indicado que la nueva fecha “permite disponer del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas”. “El Gobierno de España, siendo consciente de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando, confía en que el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada”, se ha señalado desde el Gobierno central.

Los propios Sánchez y Pradales dieron curso en una reunión en julio a los primeros pasos para la materialización del traspaso de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Superadas las reticencias iniciales de Sumar, que lidera las políticas laborales, en septiembre se cerró también lo tocante al Sepe. Todo esto y Salvamento Marítimo y un centro en Barakaldo se iba a rubricar antes de final de año, pero diferencias de última hora en cuanto a financiación y personal han truncado este calendario. Y eso que ambos Gobiernos mantienen reuniones casi continuadas, incluso en este período vacacional.

“Si bien tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, Elma Saiz, se han producido avances, persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados. En concreto, siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación y no existe aún conformidad sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social”, indican desde el Gobierno vasco. No se oculta que esto es una “contrariedad”, pero desde Vitoria exponen que “tanto el Gobierno vasco como el Gobierno español coinciden en que lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima comisión mixta de transferencias”.

No hay información sobre el estado de las negociaciones sobre el resto de materias. La más relevante es la Seguridad Social y, en concreto, lo tocante a las pensiones, un gasto de unos 12.000 millones de euros anuales. En paralelo, el PNV ha incorporado nuevas exigencias sobre dos materias que en puridad no constituyen asuntos pendientes del Estatuto de 1979, puertos y aeropuertos, ya que el Estado tiene competencias sobre las infraestructuras de “interés general”. En el primer caso, los nacionalistas abogan por rebajar la categoría de Pasaia para que pase a manos autonómicas como otros puertos de menor entidad; en el segundo caso, se ha creado una subcomisión para buscar una fórmula “negocial” que posibilite que las instituciones vascas tengan participación en la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero sin cambiar la posición del operador estatal Aena.