Las transferencias de material militar israelí reabren el choque entre los socios de Gobierno

Las relaciones entre el PSOE y Sumar atraviesan momentos de fuerte zozobra. La coalición de Yolanda Díaz no ha dado todavía por cerrada la crisis que llevó a pedir a la vicepresidenta segunda una remodelación del gabinete de ministros y que Pedro Sánchez obvia por el momento. En mitad de esas tensiones, el Consejo de Ministros aprobó esta semana una transferencia de material militar que ha provocado un nuevo enfado en el socio minoritario, que cree que no hay razones de peso para sortear el embargo de armas aprobado hace apenas unos meses.

El sábado elDiario.es publicó una información en la que detallaba el acuerdo del último Consejo de Ministros del año, celebrado el martes 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena: una transferencia de material israelí “de defensa y doble uso” para la empresa Airbus España. El paquete aprobado, según la referencia, irá destinado a “los siguientes proyectos aeronáuticos, con gran potencial industrial y exportador: A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP”. La semana pasada, medios especializados en Defensa y Artículo 14 publicaron que el Gobierno había activado la cláusula para sortear el embargo de armas a Israel.

Fuentes no oficiales consultadas por este medio indicaron que, en el caso de los aviones C295, podría tratarse de los radares ELM-2022A de ELTA Systems, filial de Israel Aerospace Industries (IAI), la mayor empresa aeroespacial israelí, con sistemas para uso civil y militar. A su vez, para los drones SIRTAP, que se ensamblan en las instalaciones de Airbus de Getafe, el programa quería contar también con el radar de la israelí ELTA. En cuanto a los aviones cisterna A330 MRTT, Emiratos Árabes Unidos ha seleccionado recientemente sistemas de autodefensa de la empresa israelí Elbit.

Tras conocerse la información, algunos partidos del bloque de la investidura como Podemos cargaron con dureza contra el Gobierno por facilitar una autorización de este tipo apenas tres meses después de la aprobación del embargo de armas a Israel, pensado precisamente para evitar este tipo de operaciones. Por eso Sumar trasladó en las últimas horas su total oposición al acuerdo, que ven como una “vulneración del objeto que motivó” el “decreto de embargo” y “de las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional”. 

Así consta en las objeciones presentadas por los ministros de Sumar a la decisión, a las que ha tenido acceso este diario, en las que no ven para nada justificada la aplicación de la cláusula de excepcionalidad que se incorporó en una disposición adicional al decreto y que en su momento varios socios ya alertaron de que podía convertirse en un coladero. En la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno señala que la autorización se concede “de manera excepcional” en virtud del propio Real Decreto-ley de septiembre, en el que se permiten “excepcionalmente” transferencias de armamento y de doble uso —desde y hacia Israel, así como tránsitos— en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales”.

El problema, para la coalición de Yolanda Díaz, es que a la hora de esgrimir esos supuestos intereses generales solo se menciona “el impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española” así como “intangibles”, como la “credibilidad de la industria nacional”, tal y como reflejan las objeciones que registraron los ministros de Sumar.

El Ministerio que dirige Margarita Robles cree que esa credibilidad podría verse dañada “como consecuencia de los eventuales retrasos que la sustitución de los sistemas israelíes actualmente empleados por otros proveedores podría ocasionar”, expone Sumar en su razonamiento, al que ha tenido acceso este diario. Tras las críticas de Sumar, en el Gobierno recuerdan que la autorización se enmarca dentro de los parámetros que incluía el propio decreto de embargo. “En el caso de Airbus, tiene relación con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo en sitios como la factoría de San Pablo, en Sevilla”, explicaba este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles. 

En una entrevista en TVE, Robles hizo hincapié en que, en cualquier caso, se trata de una decisión ajena a su departamento y, por tanto, a las necesidades militares de España. “El acuerdo que se tomó no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones”, dijo, en referencia al ministerio de Carlos Cuerpo, que impulsó en su día el decreto de embargo e introdujo también las excepciones.

“Para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, como el A400 o el C295, Airbus necesita esa tecnología israelí, pero con una finalidad industrial, comercial, de exportación, y para nada está relacionado con el ámbito de las armas”, insistió la ministra, que recordó que su ministerio sí ha impulsado desde la aprobación del decreto un plan de “desconexión”. 

En la referencia oficial del Consejo de Ministros, el Ejecutivo argumentó: “En el caso de los proyectos señalados, no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles. La imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos para España, lo que supondría un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales”.

Este lunes, fuentes gubernamentales contaron al diario El País que la empresa aeronáutica advirtió al Ejecutivo de que si no activaba la cláusula de excepcionalidad y permitía la importación de ese material israelí, podía peligrar la continuidad de esos programas “multimillonarios” y el “mantenimiento de miles de puestos de trabajo”. 

Esos argumentos, sin embargo, no tienen para Sumar el peso necesario que justifique la aplicación de la excepcionalidad. En las objeciones registradas, critican que estas razones se basen “exclusivamente” en el “impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española” o en otros “intangibles” como la “credibilidad de la industria nacional”, que podrían acarrear, sostiene Defensa, “los eventuales retrasos que la sustitución de los sistemas israelíes actualmente empleados por otros proveedores podría ocasionar”. 

“No existen motivos suficientes”, insistía Sumar en sus observaciones, para invocar la excepcionalidad. “Los ministerios de Sumar evidencian su oposición a la aplicación de esta excepcionalidad que supone una vulneración del objeto que motivó el RDL 10/2023, de 23 de septiembre y de las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional”, añadieron.

Israel, foco de conflicto recurrente

En Sumar son conscientes de que el efecto de estas objeciones es limitado. Los acuerdos del Consejo de Ministros se firman por mayoría y los socialistas tienen mucho más peso en esas reuniones que los cinco ministros del espacio plurinacional. Pero la presión pública en este asunto sí les ha servido en otras ocasiones para que Sánchez terminase rectificando su posición inicial. 

Ocurrió por ejemplo con la crisis que desató la compra de dos lotes de munición a dos empresas israelíes por más de cinco millones y medio de euros. La formalización de ese contrato se concretó el pasado abril, a pesar de que unos meses antes el ministro, Fernando Grande-Marlaska, había afirmado públicamente que rescindiría la compra. Aquel conflicto estuvo a punto de escalar por la presión de Izquierda Unida, que llegó a amenazar con salir del Gobierno si el PSOE no daba marcha atrás. La crisis obligó a Sánchez a intervenir y obligar a Interior a cancelar el contrato, tal y como pedía Sumar, que llegó a hablar de una vulneración “flagrante” del acuerdo de coalición. 

Ya hubo tensiones en las negociaciones para la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, al inicio de la legislatura. Los socialistas se mostraban reticentes a incluir como uno de los puntos el reconocimiento del Estado de Palestina. Díaz quería una redacción que dejase claro el compromiso del Gobierno mientras que en el PSOE preferían rebajarlo para que quedase enmarcado dentro del consenso en la Unión Europea. Finalmente, el reconocimiento de Palestina se convirtió hace meses en una de las decisiones más trascendentales de este Ejecutivo en política exterior.

En los últimos meses, y a medida que Israel intensificaba su ofensiva contra la Franja de Gaza, Sumar fue incrementando la presión para la firma del embargo de armas, con la idea de frenar los contratos para la compraventa de material militar israelí. Finalmente, la medida se aprobó a través de un real decreto el 23 de septiembre, que el Congreso convalidó unas semanas después, no sin dificultades, puesto que Podemos amagó hasta el final con tumbarlo si no corregía los agujeros que a su juicio contenía el texto y que podían facilitar que continuase el comercio de este tipo de armamento. 

Algo que se ha terminado dando finalmente estas semanas y que ha provocado un nuevo choque entre el PSOE y Sumar, que llega además después de unas semanas muy difíciles en la relación entre ambos socios. Yolanda Díaz llegó a pedir una remodelación del gabinete de ministros después de las nuevas revelaciones sobre el caso de Francisco Salazar y la suma de operaciones judiciales alrededor de la causa que investiga las supuestas corruptelas de Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista.