Así es el fondo soberano: ¿cuánto invertirá en vivienda?, ¿será de alquiler asequible y cuántos pisos hará?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a cabo este lunes la puesta de largo de España Crece, el nuevo instrumento en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que el Ejecutivo quiere mantener el pulso de los fondos europeos más allá de agosto de 2026. En sus palabras, será “la palanca que nos permitirá seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas”.

El denominado “fondo soberano” –aunque tiene poco que ver con los ejemplos paradigmáticos, como el de Noruega– se construirá con una inyección de capital de 13.300 millones al ICO –de los que 10.500 millones proceden de la rama de los créditos del Plan de Recuperación y los 2.800 millones restantes, de las transferencias– y con el objetivo de que movilice 120.000 millones, a medias entre el sector público y los inversores privados.

El mecanismo es sencillo: con este capital adicional que le inyecta el Gobierno, el ICO tendrá una capacidad de endeudarse hasta 60.000 millones de euros para financiar créditos, entradas en el accionariado de compañías emergentes o garantías. El objetivo es que, con su presencia, pueda atraer inversión por otros 60.000 millones de euros de capital privado. 

“El ICO, con los 6.100 millones de capital que tiene en este momento, es capaz de gestionar 42.000 millones de euros en activos. Es decir, multiplica por siete el capital que tiene. Las cifras que hemos dado incluso diría que son conservadores”, responde el presidente del banco, Manuel Illueca, en declaraciones a elDiario.es. “Una demanda de estas características tardará tiempo en llegar, pero aspiramos a tener un porcentaje mayoritario de la financiación en cuatro años”, asegura.

El nuevo fondo da flexibilidad al ICO para elegir los mecanismos más adecuados en cada uno de los casos, con productos financieros “nuevos” en lugar de las líneas de mediación habituales –es decir, a través de la banca privada–, como las garantías sobre préstamos, la financiación directa para inversiones concretas o la inyección de capital en compañías emergentes.

Quitas del 30% para construir viviendas asequibles

El Gobierno ha puesto el foco de este fondo soberano en el mercado de la vivienda. El objetivo es movilizar 23.000 millones de euros, con 14.000 millones por parte del ICO y 9.000 millones de inversores privados. El presidente Sánchez prometió construir 15.000 viviendas al año que estarán destinadas íntegramente al alquiler sostenible.

La cifra está al alcance de la mano, dice Illueca, porque el ICO ya ha financiado 7.125 viviendas con este esquema, a pesar de las dificultades administrativas vinculadas al sector de la construcción, como todo lo vinculado a las licencias o el suelo. “El ICO tiene una potencia de fuego con capacidad para llegar a estas 15.000 viviendas”, defiende.

Para incentivar la inversión, y a diferencia de líneas previas, el ICO pondrá en marcha una parte subsidiada para sus préstamos, de tal manera que eso abarate la factura final del alquiler que tengan que pagar los inquilinos. Esto consistirá en quitas de hasta el 30% del crédito para favorecer estos arrendamientos más económicos. El objetivo es que préstamos y subvenciones se integren en un mismo trámite y den más seguridad jurídica al promotor.

“La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, dijo Sánchez durante la presentación.

El presidente del ICO abre la puerta a una colaboración con la empresa pública Casa 47, que cuenta con miles de metros cuadrados de solares en los que financiar la construcción de vivienda de alquiler asequible.

Nueve sectores prioritarios

La vivienda es solo uno de los nueve sectores prioritarios en los que invertirá España Crece. Los otros son energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. El flujo de inversión no tendrá cupos ni objetivos determinados, sino que será la propia demanda la que estipule qué proyectos se financiarán con el fondo soberano. 

El Gobierno estima que el fondo estará disponible a partir del segundo trimestre de este año y solo quedan algunos trámites administrativos con la Comisión Europea, que ha validado la inclusión del fondo dentro del Plan de Recuperación, antes de hacer efectiva la inyección de capital al ICO. No hace falta la aprobación de ninguna ley o convalidación de un real decreto-ley, lo que facilita la tarea para un Ejecutivo en minoría parlamentaria. 

Antes incluso de la presentación oficial del fondo –prevista para el pasado 19 de enero, pero el accidente ferroviario de Adamuz cambió los planes–, el PP ya salió al ataque contra la iniciativa. El vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, tachó de “humo” el “mal llamado” fondo soberano, asegurando que era solo una idea para evitar el “ridículo espantoso” de renunciar a una cuantía mayor de créditos del Plan de Recuperación. Además, puso en duda que el ICO sea capaz de movilizar 120.000 millones de euros. 

“La cuestión no es si lo vamos a hacer o no, es que ya lo estamos haciendo. El ICO, con su capital de 6.100 millones de euros, es capaz de tener activos por valor de 42.000 millones porque tiene mucha capacidad para colocar bonos en mercados internacionales y obtener financiación apalancándose. Son los apalancamientos típicos de entidades como el BEI, por ejemplo”, rebate Illueca.

El PP también señaló que, tras la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el accionariado de Telefónica, temían que el Gobierno emplease el fondo para intervenir en cotizadas. “No tenemos para nada esa tesis de inversión”, zanja el presidente del ICO. “Lo que queremos aquí es apoyar compañías estratégicas, con alto potencial de crecimiento, con alta capacidad de innovación y hacerlo desde la lógica financiera, tecnológica y social”, subraya.

El ICO ha puesto en marcha una reestructuración interna para hacer frente a esta nueva capacidad de inversión y, además, trabaja con vistas a la apertura de oficinas en Bruselas y Nueva York, para favorecer la competitividad y la internacionalización de las compañías españolas.