El Gobierno aprobará una norma para enviar los beneficios empresariales a las mesas de negociación de los salarios colectivos

El Gobierno va a aprobar un real decreto en el que cristalizará su obligación de enviar a las mesas de negociación de los convenios colectivos la información desagregada del Observatorio de Márgenes Empresariales. Este movimiento dará respaldo normativo al compromiso adquirido entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo hace un año, pero que a día de hoy los negociadores siguen esperando.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma el lunes el acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para elevar un 3,1% el salario mínimo interprofesional (SMI). Lo hará en presencia de Pedro Sánchez, por primera vez en pacto que se firma solo con los representantes de los trabajadores. Y, como parte de ese mismo acuerdo, el Ministerio de Trabajo redactará un Real Decreto que detallará qué información necesitan los negociadores de los convenios colectivos de cada sector y territorio para poder ejercer su trabajo.

Según fuentes al tanto de las conversaciones entre Trabajo y los sindicatos, el Ministerio aprovechará el real decreto que transpone la directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea para, además de prohibir que las subidas del SMI puedan compensarse a través de otros complementos en la nómina, crear la obligación normativa al Gobierno de enviar los datos en su poder (bien de la Agencia Tributaria o Seguridad Social) sobre la situación de los distintos sectores productivos.

Este texto ya pasó el trámite preceptivo de consulta pública a finales del año pasado, lo que permitirá acelerar su entrada en vigor y debería publicarse en audiencia pública, con el texto ya escrito, en breve. “La regulación legal española debe ser objeto de desarrollo para cumplir con la totalidad de los objetivos prescritos en la norma europea, en materia de negociación colectiva informada, afectación de las reglas de compensación y absorción en los complementos salariales, valores de referencia indicativos, órgano consultivo de asesoramiento y tasa de cobertura”, apunta el documento colgado en la web del Ministerio de Trabajo.

Las mismas fuentes subrayan que la medida equilibrará la balanza en el diálogo social e impedirá su cuestionamiento. Los sindicatos se consideran la parte “débil” de las negociaciones colectivas, al carecer de los datos fiables sobre la situación del sector de los que sí disponen las empresas. Pero los empresarios se han mostrado en contra de que se incorpore esta información a las mesas alegando la “autonomía” de estas conversaciones.

Acuerdo entre PSOE y Sumar, con casi un año de retraso

El debate sobre la entrega de la información de los márgenes empresariales por sectores y territorializado no es nuevo. Ya en 2023 PSOE y Sumar firmaron, como parte del acuerdo de coalición, que pondrían a disposición de las mesas negociadoras de los sectores la “información detallada” del Observatorio de Márgenes Empresariales. El socio minoritario presionó, sin éxito, con una proposición no de ley en el Congreso en 2024. A finales de marzo de 2025, hace casi un año, Yolanda Díaz anunció que había cerrado un acuerdo con su compañera, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacer efectiva esta medida: “En el plazo de tres meses, se enviará a las mesas de negociación de los convenios colectivos la información contenida en el Observatorio de Márgenes Empresariales adaptada a cada ámbito”.

Un año después, esas cifras aún no han llegado. “Todavía no hemos tenido éxito en convencer al Ministerio de Hacienda, a pesar de que es algo que no tiene que pasar por un Parlamento muy complicado, sino que es voluntad del Gobierno”, se quejó amargamente el portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín, durante una intervención pública esta misma semana.

Fuentes de Hacienda subrayan que el compromiso adquirido con Trabajo “se cumplirá”, aunque todavía no hay plazos para que se produzca.

Los sindicatos llevaban tiempo peleando esta cuestión. “Hacienda ya está publicando datos agregados. Y si los tiene agregados, también los tiene desagregados”, apunta el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, al ser preguntado por el retraso de ocho meses en cumplir el compromiso del Gobierno. “Si son fuentes incuestionables, elimina parte del debate en la negociación colectiva de si se puede o no subir salarios. Para la parte débil, es tener información muy relevante”, defiende el representante de CCOO.

Desde UGT mantienen la misma posición. Los datos empresariales sustentan buena parte de las medidas de emergencia que pueden adoptar las compañías, pero solo ellas cuentan con esas cifras. “El propio Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa acudir a despidos colectivos, a ERTE, descolgarse de los convenios… en base a las causas económicas. Que se incorporen datos objetivos fiables por parte de los organismos es positivo para los trabajadores y las propias empresas, ya que debería facilitar la buena fe negocial y tomar decisiones mejores”, sostiene su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, el negociador jefe del sindicato en el diálogo social. 

Los salarios es la gran batalla que van a abrir los sindicatos de cara a la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería abarcar el próximo trienio. Un estudio reciente del Banco Central Europeo (BCE) ha constatado que buena parte del comportamiento extraordinario del mercado laboral en el continente tras la pandemia y la crisis inflacionaria ha tenido que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El ajuste, en lugar de por la parte del empleo, se ha traducido en las retribuciones. Y si bien no hay cifras desagregadas para España, buena parte de la creación de empleo en la zona euro la ha protagonizado nuestro país.

“El retraso en el ajuste de los salarios reales al alza de los precios refleja cambios estructurales en los mecanismos de fijación de las retribuciones, incluyendo la casi desaparición de las cláusulas de revalorización indexadas a la inflación o la prevalencia de los convenios colectivos plurianuales. La falta de ajustes de los salarios reales amortiguó el shock, apoyando la creación de empleo mediante la sustitución de capital por trabajo”, detalla el documento.

Esto viene a confirmar parte de la polémica que llevó a la puesta en marcha del Observatorio de Márgenes Empresariales en 2023, tras la peor crisis inflacionaria en décadas y con los precios de la energía y los alimentos disparados. El Gobierno trató de impulsar un “pacto de rentas”, para repartir los costes de la crisis entre las empresas y los empleados. Si bien la propuesta cayó en saco roto, la vicepresidenta económica de entonces, Nadia Calviño, puso en marcha la herramienta para determinar si determinados sectores estaban aprovechándose de la coyuntura para engordar sus cuentas. 

Con la normalización de los precios, la herramienta ha perdido foco y buena parte del shock en los salarios se ha corregido, a pesar de que el problema es de fondo: las nóminas siguen estancadas en niveles de hace 20 años. Según los datos del gabinete económico de CCOO, en el tercer trimestre de 2025, el valor añadido sobre ventas (25,4%) y el margen bruto sobre ventas (13,9%) se encontraban en máximos históricos, con una participación en el valor añadido por encima de su media reciente, a costa de los salarios.