¿Impuestos a los robots? Los economistas buscan vías para gravar a las grandes tecnológicas en plena burbuja de la IA

Han pasado 58 años desde que el escritor Philip K. Dick se hiciera una pregunta clave para la historia de la ciencia ficción: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Medio siglo después, con algoritmos reconvertidos en psicólogos y despidos masivos bajo la excusa del desarrollo tecnológico, la pregunta que comienza a barruntarse en la academia económica es otra: ¿Deben los robots empezar a pagar impuestos?

El debate es una vuelta de tuerca más al ya mainstream ‘Tax the rich!’ (¡Impuestos para los ricos!), toda vez que las grandes empresas tecnológicas lo son cada vez más, y las promesas de progreso y empleos de alto valor añadido se difuminan entre anuncios millonarios en Inteligencia Artificial, a pesar de que aún no hay números que sostengan la fiebre inversora.

Una jornada celebrada este lunes en el Congreso, organizada por Más Madrid, reunió a un nutrido grupo de economistas y expertos en empleo, fiscalidad, educación y tecnología para discutir sobre un nuevo frente con los tecno-oligarcas, justo cuando el presidente Pedro Sánchez se ha convertido en el objeto de las críticas de magnates como Elon Musk (Tesla) o Pável Dúrov (Telegram).

“¿Cuál es el contrato social que vamos a hacer en la era digital?”, se preguntó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la apertura de la jornada. “Queremos ponerles impuestos, no a los robots, pero sí a unas tecnologías que están sustituyendo a un modelo claro de redistribución de la riqueza, de nuestras fuerzas de trabajo y de la tecnología”, respondió.

Empresas fuera del alcance de Hacienda

El eslogan y el objetivo están claros, pero los expertos dudan sobre cómo conseguir el objetivo. El principal escollo: las grandes empresas tecnológicas son compañías con sede, mayoritariamente, en Estados Unidos. Y el derecho tributario internacional tradicional ha limitado el margen de maniobra para las Haciendas nacionales en solo aquellas empresas con presencia permanente en el país, algo que las grandes tecnológicas esquivan fijando sus sedes en países como Irlanda, con un sistema fiscal muy laxo para las multinacionales.

“Las reglas actuales no están adaptadas al nuevo contexto”, reconoció Pascal Saint-Amans, el exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, uno de los impulsores del impuesto mínimo global para las grandes empresas (Pilar II) y de la reforma de la imposición para las multinacionales, de tal manera que se graven los servicios en los países y jurisdicciones donde las multinacionales los venden y no donde tienen su sede (Pilar I). Había cierto consenso sobre estas reformas en el seno de la organización multilateral, pero una de las primeras decisiones de Donald Trump a su vuelta a la Casa Blanca fue retirar a Estados Unidos de ambos acuerdos.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y ex secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, defendió que “lo fácil desde el punto de vista fiscal” sería gravar la renta y el patrimonio de las grandes compañías a través de una reforma del Impuesto de Sociedades que, indirectamente, elevaría la tributación de las grandes tecnológicas.

“Esta figura tributaria hay que repensarla para que no necesariamente graves los resultados contables, en un contexto en el que los grandes grupos empresariales mueven sus bases imponibles entre países, sino que estén gravados con un proxy [indicador] como los ingresos”, propuso. 

Otros cambios pasarían por hacer tributar la automatización eliminando reducciones fiscales para aquel capital maquinizado o introducir recargos en Sociedades en función de la intensidad de la robotización del empleo, la sustitución neta de puestos de trabajo ‘humanos’ por máquinas o las rentas extraordinarias derivadas de algoritmos. Además, Álvarez subrayó la necesidad de poner el foco en las grandísimas fortunas –potenciales beneficiarias de estas inversiones millonarias en tecnología– a través de la conocida como ‘tasa Zucman’.

Los cambios en el Impuesto de Sociedades son también una solución para el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universitat de València, Adrián Todolí. “Las tres grandes tecnológicas de Estados Unidos ganan lo mismo que las tres grandes industriales, pero con una novena parte de trabajadores”, ejemplificó. “En el sistema actual, el mayor repartidor de la riqueza es el salario. ¿Qué pasa si se gana mucho con pocos trabajadores? Que el capital se lo queda”, zanjó.

Para Todolí, el Impuesto de Sociedades debería ganar progresividad (que paguen más las empresas que más ganan) y no ser solamente proporcional. Una progresividad no solo en relación con sus ingresos, sino también con el número de trabajadores “Si ganas mucho con muy pocos trabajadores, pagarás más. Esto solventará otras cuestiones, como el tema de los falsos autónomos o de la subcontratación”, propuso.

Los otros retos: los datos y el diseño de un impuesto “beligerante”

Los retos del sistema fiscal no pasan únicamente por la incapacidad de Hacienda de cobrar a empresas extranjeras. También porque es muy complejo hallar cifras que muestren los efectos de la digitalización sobre algunos factores clave para el mercado laboral –el primer indicador en resentirse por estos avances–, como el salario o los despidos colectivos. Por ejemplo, el Observatorio de Márgenes que desarrolló el Gobierno tras la crisis inflacionaria, a pesar de su detalle, no tiene la capacidad de recoger estos fenómenos, como reconoció uno de sus encargados, el Subdirector de Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios de la Agencia Tributaria, Rafael Frutos.

“No podemos tratar de poner un impuesto a algo cuyo proceso no controlamos. Tenemos indicadores que podemos utilizar, que nos sirven para el combate y pelear las cosas, pero lo verdaderamente importante está por medir y no lo podemos hacer con los medios actuales”, apuntó.

Julia María Díaz, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, apuntó al diseño de esos futuribles impuestos, que deberían tener en cuenta múltiples aspectos: si son recaudatorios o “extra fiscales” –es decir, buscan desincentivar comportamientos como la destrucción de empleo–, cómo se aplica la automatización por sectores y, al tratarse de un tributo vinculado a una transición tecnológica, si es provisional o duradero.

Hablar de un impuesto a los robots parte de cuestionarse, dice la profesora, si los propios robots serán los contribuyentes –un debate no solo legal, sino incluso ético–, o si lo serán sus propietarios, sus fabricantes o los propios usuarios. 

Por su parte, el portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín, defendió que cualquier impuesto a las tecnológicas debe ser “beligerante” para “orientar la tecnología hacia donde queremos”. “Ha habido una huelga muy importante de los guionistas de Hollywood porque se están desarrollando IA que intentan sustituir el trabajo creativo. A eso nos deberíamos oponer: no necesariamente con su prohibición, pero sí gravando con impuestos el ahorro de trabajo en determinadas organizaciones”, insistió.

El abanico de posibilidades que esbozó Martín es más amplio que la sola reforma del Impuesto de Sociedades: a través de pago de licencias obligatorias para las IA que realizan tareas creativas, cánones para aquellos modelos que beben de obras publicadas, tasas a las plataformas que automatizan la información cultural… “Para eso podemos utilizar la imposición, para incentivar esos comportamientos”, dijo el economista, que reclamó imaginación y “sacar conejos de las chisteras” para desbaratar las estrategias de las grandes tecnológicas para evitar sus obligaciones tributarias.

La pregunta de Philip K. Dick derivó, catorce años después, en el guion de Blade Runner, una de las cintas de culto en la historia del cine. ¿Cristalizará el debate en un impuesto a los robots y a las grandes tecnologías? La respuesta no está clara, pero hemos visto cosas que nuestros antepasados no creerían.