Diez años del estallido del gran caso de corrupción en Euskadi, un aniversario con una dura sentencia y a la espera del Supremo

El juez Ramos -en el centro- con los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira

En la mañana de tal día como este 17 de marzo de hace diez años Vitoria despertó con la noticia de que la Ertzaintza había arrestado de manera simultánea a ocho personas en el marco de una operación anticorrupción impulsada por el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, y coordinada por el juez de Vitoria Roberto Ramos. Se conocían entonces pocos detalles, pero sí que tres de los arrestados, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, eran dirigentes del PNV alavés. Este 2020 no solamente es un aniversario redondo, sino que es el primero después de que en diciembre se conociera la dura sentencia de la Audiencia Provincial de Álava con altas condenas de cárcel para el trío -que compartieron la sociedad pantalla Kataia Consulting para cobrar comisiones- y para otros excargos y exmiembros de la formación nacionalista como Xabier Sánchez Robles o Iñaki San Juan.

Aunque la investigación en puridad empezó en diciembre de 2009 de manera secreta, esa mañana de marzo de hace diez años acarreó la caída del influyente Txitxo, como todos conocían a De Miguel, llamado a todo a sus 38 años. " Al ser detenido y ser un cargo público se terminaba mi vida profesional que tenía hasta ese momento independientemente de cómo terminará esto", le dijo al juez ese mismo día en su primera declaración. Le dijo también que sintió que la Policía quiso atentar contra su vida (literalmente), en la que sería la primera de muchas acusaciones de una supuesta conspiración contra él plagada de acusaciones falsas que, años después, con la sentencia, se han probado como ciertas punto por punto. Llegó a decir que estaba amenazado por ETA -la Policía demostró que no- para justificar movimientos opacos de dinero.

De Miguel extorsionó a una empresaria para que le pagara una comisión, cobró mordidas de una operación urbanística en Zambrana, al sur de Álava, así como en otros municipios, y hasta consiguió que un constructor amigo le pagara las obras en su casa de Gorliz. El ex 'número dos' del PNV de Álava espera al recurso que ha elevado al Tribunal Supremo en un puesto en la sociedad pública autonómica Hazi, con un sueldo de 52.000 euros que ha ido subiendo exponencialmente en los últimos años.

El Gobierno vasco alega que la sentencia no es firme y que deben primar para él los "derechos laborales". Lo mismo se argumenta para que un empresario que abonó comisiones, Sergio Fernández Oleaga, de Stoa, siga recibiendo adjudicaciones públicas, las últimas muy recientes. Con otra denominación, la mercantil Errexal continúa igualmente en activo. Entretanto, la denunciante de la trama, la urbanista Ainhoa Alberdi, aseguró que el precio por acudir a la Fiscalía fue no volver a recibir un contrato público y sufrir una pesadilla a nivel personal.

Tras las condenas, en efecto, el denominado 'caso De Miguel' está a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Supremo. El alto tribunal podría no resolver hasta mediados de 2021, según algunas fuentes judiciales. Se da la circunstancia de que no sólo los acusados han apelado para rebajar o anular las penas, sino que también lo han hecho los fiscales para buscar endurecer el fallo, especialmente en la parte tocante a la exigencia de dinero a la denunciante.

Los condenados con penas más altas no han entrado en prisión a pesar de la solicitud del ministerio público. ¿Por qué? El tribunal conformado por Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, en aplicación de la doctrina que eximió en un primer término a Iñaki Urdangarin, ha interpretado que hay que esperar a los recursos. Sin embargo, sí pesan sobre ellos medidas cautelares como tener que fichar en el juzgado quincenalmente o no salir del país.

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