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La Fiscalía de Álava anuncia un recurso al Supremo para elevar las condenas de corrupción en el 'caso De Miguel'

Quiere que se corrijan las absoluciones a los principales acusados, exdirigentes del PNV, por el delito de coacciones a la empresaria denunciante, Ainhoa Alberdi

No se aprecia una presión "especial" aunque se dio por probado que el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, le pidió 100.000 euros de comisión e incluso se lo recordó a través de su padre

La importancia de ser del PNV para beneficiarse de la trama corrupta y otras claves de la sentencia del 'caso De Miguel'

El fiscal mantiene la existencia de una "trama criminal" entre vinculados al PNV

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre EFE

El pasado 17 de diciembre la Audiencia de Álava hizo pública una larga y contundente sentencia en el mayor caso de corrupción conocido hasta ahora en Euskadi, el 'caso De Miguel', en el que han sido condenados a penas de cárcel de hasta 13 años exdirigentes del PNV de Álava como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano y excargos y empresarios nacionalistas como Xabier Sánchez Robles, Jon Iñaki Echaburu, Josu Montés o Iñaki San Juan por conformar una trama de cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos. Sin embargo, dos factores hicieron que las condenas no fueran aún más duras. El primero, las dilaciones indebidas en la denominada fase intermedia entre la investigación y el juicio, con un retraso injustificado de la causa durante meses. Y, el segundo, que la sala no apreció elementos suficientes para condenar a parte de los acusados por el delito de coacciones al entender que, a pesar de que quedó acreditada la exigencia de comisiones, no se produjo "especial presión" en la petición de las mordidas.

Condenas del ‘caso De Miguel’

Condenas del ‘caso De Miguel’ Eldiarionorte.es

En este sentido, la Fiscalía de Álava ha anunciado ya a la Fiscalía del Tribunal Supremo su deseo de que se interponga cuando llegue el momento procesal oportuno un recurso de casación para elevar la pena al considerar que sí hay base para sostener una condena por coacciones, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. Oída la propuesta del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, que inició la investigación de ese caso en diciembre de 2019, serán ahora los fiscales de sala del alto tribunal los que, de manera completamente autónoma, deciden si siguen adelante para elevar las penas a los principales acusados en el 'caso De Miguel'. 

La acusación de coacciones derivaba de la denuncia original que dio pie a toda la trama, la de la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi. Ella era socia del constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, quien creó una sociedad (Urbanorma Consulting) para recibir 'a dedo' un contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública. A cambio, había pactado una comisión con quien por aquel entonces (2006) era 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, más conocido como Txitxo. De Miguel compartía con sus compañeros en la Ejecutiva alavesa del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano una mercantil pantalla llamada Kataia Consulting y que estaba a nombre de las esposas de los tres. Las mujeres han sido igualmente condenadas salvo Araceli Bajo, la de Tellería, a lo que solamente se la considera partícipe a título lucrativo.

Cuando la constructora de Echaburu quebró, Alberdi, que era la que se encargaba del trabajo en Miñano, adquirió el 100% de Urbanorma Consulting y es entonces cuando descubrió la letra pequeña. La sentencia da por probado que Txitxo le pidió una mordida de 100.000 euros en su despacho oficial de la Diputación de Álava, que la reclamó también por correo electrónico desde una cuenta institucional y que él y Tellería llegaron a reunirse con su padre, militante del PNV, para recordarle que su hija tenía una deuda. Asimismo, Alberdi relató que fue apartada de una segunda adjudicación en Miñano por negarse a pasar por caja. Esta segunda fue a parar a la empresa Stoa, del arquitecto Sergio Fernández Oleaga, que participó en la reforma de la sede del PNV en Vitoria y que abonó igualmente comisiones a la trama de De Miguel. 

Sin embargo, aunque la resolución judicial da por probada toda esta secuencia de hechos y delitos como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias, los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria interpretan que "no puede deducirse una especial presión o compulsión" hacia Alberdi en ese proceso, por lo que absuelve del delito de coacciones a De Miguel, Tellería y el resto. Y eso que incide la sala en que la denuncia de Alberdi -cuestionada por tierra, mar y aire por los acusados- era veraz y que las pruebas aportadas, singularmente unas grabaciones, eran válidas y de interés. En ellas se escucha que las comisiones entran "dentro de lo normal" en la contratación pública y también fueron cuestionadas por las defensas de los ahora condenados por corrupción. Alberdi siempre ha repetido que no sólo la vetaron en la segunda adjudicación de Miñano, sino que las "venganzas" hacia ella y las consecuencias por no pagar y denunciar se alargan hasta hoy.

Ocurra lo que ocurra con la Fiscalía del Tribunal Supremo, lo que es seguro es que el alto tribunal revisará las condenas del 'caso De Miguel' ante los esperados recursos de los acusados. La no firmeza de la sentencia hace que, por ejemplo, dos de los principales responsables de la trama de corrupción, Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, sigan cobrando un sueldo público merced a sendos puestos en sociedades autonómicas. El ministerio público solicitó el ingreso inmediato en prisión en el caso de las personas con penas más altas (De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles, fundamentalmente), pero la Audiencia de Álava se limitó a adoptar medidas cautelares más laxas como la retirada del pasaporte y la obligación de firmar en el juzgado ante la inexistencia de riesgo de fuga.

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