Cada 18 de diciembre las instituciones recuerdan que existen las personas migrantes. Se habla de integración, diversidad y convivencia. Pero se evita nombrar lo esencial: las políticas que producen exclusión, la violencia institucional cotidiana y el racismo estructural que atraviesa la vida de las mujeres migradas.
Migrar no es un acto de fragilidad. En la mayoría de los casos, migrar es una decisión forzada por contextos profundamente desiguales, por economías que expulsan, por violencias que no cesan y por Estados que abandonan. En Euskadi, las mujeres migradas sostienen sectores esenciales —cuidados, trabajo doméstico, hostelería, limpieza— mientras la estabilidad en derechos y el reconocimiento social se retrasan o no llegan nunca.
No es una contradicción. Es un sistema que necesita su trabajo, pero no sus derechos.
Ser mujer, ser migrante, ser racializada, ser pobre, ser madre sola, no dominar el idioma o vivir en situación administrativa irregular no son factores aislados. Se entrecruzan y producen una desventaja estructural sostenida en el tiempo: brechas salariales, discriminación en el acceso a la vivienda, empleos sin derechos, jornadas incompatibles con la vida y una constante sospecha institucional.
Las mujeres migradas no llegan “con problemas”. Llegan a un sistema que los reproduce y los agrava.
Antes de migrar, muchas mujeres han vivido pobreza extrema, violencia machista, ausencia de protección estatal y discriminación por sexo, origen o clase social. Migrar implica un duelo múltiple: hogar, lengua, comunidad, estatus, redes y autonomía económica.
Pero al llegar, el trauma no se repara. Se reactiva.
La burocracia interminable, el miedo a la irregularidad administrativa, el racismo cotidiano, la precariedad laboral y la soledad institucional repiten las mismas lógicas de desprotección. El mensaje es claro: tampoco aquí hay un lugar seguro.
El trauma migratorio no es un problema individual. Es un problema político.
Cuando una mujer ha sido desmentida por su entorno, ignorada por el sistema judicial, explotada laboralmente y cuestionada por los servicios públicos, no hablamos de fragilidad emocional. Hablamos de indefensión producida por sistemas que no protegieron.
La indefensión no nace en la mujer. La fabrica el Estado cuando falla.
Las mujeres migradas no exponen a sus hijas e hijos por negligencia. Lo hacen porque el sistema las obliga a elegir entre trabajar o cuidar, entre pagar una habitación o estar presentes, entre denunciar violencia o perderlo todo. La maternidad migrante se vive desde la supervivencia, no desde la elección.
Cuando el sistema abandona a una madre, expone también a su criatura.
A pesar de todo, las mujeres migradas crean redes, sostienen comunidades y ejercen liderazgos cotidianos. No desde el romanticismo de la resiliencia, sino desde la necesidad política de sobrevivir juntas.
No necesitan ser “integradas”. Necesitan ser reconocidas, escuchadas y tener poder de decisión.
Por todo ello, este 18 de diciembre, las mujeres migradas —y quienes trabajamos junto a ellas— exigimos:
Porque sin derechos no hay integración.
Porque sin justicia no hay convivencia.
Porque la protección de las mujeres migradas es política de igualdad, de infancia y de democracia.
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
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