El Gobierno se inclina por subir el salario mínimo sin IRPF a la vuelta de Navidad

Parece que no habrá ruido en torno a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. Al menos, no desde el interior del Gobierno. El Ministerio de Trabajo aún no ha planteado una cifra de aumento a sindicatos y empresarios de cara al año que viene, pero el Ejecutivo se inclina por elevarlo de tal manera que siga sin tributar por el IRPF, según varias fuentes consultadas. Es decir, por la subida más moderada de la horquilla diseñada por la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo (el 3,1%) y adaptar la deducción fiscal que se diseñó para este año. La decisión está sometida al diálogo social para intentar un acuerdo con los agentes sociales después de las fiestas navideñas.

En el Ministerio de Trabajo ya se mostraban partidarios de mantener el salario mínimo sin tributación, lo que aseguraría que los perceptores de este menor sueldo posible (al menos, la mayoría) perciban de manera íntegra la subida para el año próximo. En los últimos días, en los ministerios de Hacienda y Economía también se han inclinado por esta opción de cara a 2026, por lo que la balanza se decanta por subir el SMI en 37 euros al mes, o 518 al año distribuidos en catorce pagas, hasta los 1.221 euros brutos al mes, y evitar que Hacienda ingrese el grueso del alza.

Los sindicatos CCOO y UGT están abiertos a pactar una subida en estas condiciones, pero hay más dudas de la capacidad de acuerdo por parte de la patronal. Los empresarios plantearon revalorizar el SMI el 1,5% el próximo año, la misma cifra que la prevista para los salarios de los funcionarios, y aunque se mostraron abiertos a negociar en la reunión mantenida el pasado lunes, también insistieron en la condición de que Trabajo no blinde los complementos salariales frente al aumento del salario mínimo. Una cuestión prioritaria para los sindicatos.

Hay consenso entre los socios del Gobierno para evitar el ruido sobre esta materia y también entre los principales ministerios económicos involucrados (Economía, Hacienda y Trabajo). De hecho, aunque los técnicos escogidos por Economía y Hacienda para la Comisión de Personas Expertas del SMI presentaron un voto particular a la metodología consensuada para calcular la cuantía de cara a 2026, finalmente no se incorporó en el informe definitivo y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respaldó expresamente las conclusiones del estudio.

Decisión después de Navidad

En el Gobierno no van a urgir a los agentes sociales a tomar una decisión antes de finales de año, sino que el escenario que manejan en Trabajo es que el real decreto con la subida, sea cual sea, se apruebe a finales de enero o principios de febrero, como tarde.

El objetivo es evitar inseguridad jurídica para los empresarios que tengan que aplicar el alza en sus nóminas, al tiempo que se respetan los tiempos de la patronal y los sindicatos para descansar en las festividades navideñas y hacer las consultas preceptivas con sus órganos de dirección.

El último Consejo de Ministros del año, el del próximo martes, tendrá que aprobar un real decreto en el que se prorrogue la vigencia del actual SMI de 1.184 euros durante los primeros compases de 2026, al menos hasta que se negocie el nuevo.

El año pasado la prórroga se incorporó en el real decreto-Ley ómnibus junto con otras medidas sociales y económicas, como la subida de las pensiones, pero al ser derogado por el Congreso de los Diputados, se generaron muchas dudas ante el limbo en el que no había un SMI en vigor. Trabajo tuvo que lanzar el aviso de que la Inspección estaría vigilante para evitar cualquier comportamiento inapropiado por parte de los empresarios en relación con este menor sueldo posible.

Los complementos salariales, foco de conflicto

La subida del salario mínimo del próximo año está también condicionada por una negociación paralela, la de la trasposición de la directiva europea de salarios mínimos, en la que el Ministerio de Trabajo pretende incluir el blindaje de ciertos pluses salariales para evitar que las empresas los absorban al aplicar el alza del salario mínimo.

Se trata de una reclamación sindical y un compromiso adquirido por el Ministerio de Yolanda Díaz con CCOO y UGT, pero los empresarios lo sitúan como una línea roja. En Trabajo consideran que podría haber capacidad de acuerdo con el blindaje de ciertos pluses, como los de peligrosidad, y recuerdan que en el Ministerio son favorables a abordar otras reclamaciones patronales, como la vinculación de los contratos públicos al aumento del salario mínimo, que hasta el momento no ha prosperado por el rechazo del ala socialista del Gobierno.

Este tema se aborda en otra negociación y con vistas a tramitarse como un real decreto en los próximos meses, que se podría alargar incluso hasta el verano. Por el momento, en la patronal han mostrado su rechazo absoluto porque consideran que es un tema que debe abordarse en la negociación colectiva y que no puede aprobarse por la vía de un reglamento, lo que anticipa su recurso en los tribunales.