El desafío de enseñar la dictadura en la España y Euskadi actuales

El año 2025 llega a su fin tras doce meses de intensa actividad institucional. El Gobierno ha organizado numerosos actos para reivindicar la democracia en el marco del 50.º aniversario de la muerte de Franco, pero, una vez apagados los focos, surge la gran pregunta: ¿y ahora qué?

Medio siglo después de la desaparición del dictador, la enseñanza de la Guerra Civil y el franquismo en los centros escolares españoles continúa siendo una asignatura pendiente. Aunque la Ley de Memoria Democrática (2022) exige la inclusión del estudio de la represión y la lucha por las libertades, la realidad docente se topa con un doble muro: la asfixiante presión de los calendarios académicos y un revisionismo histórico que se difunde sin control en la esfera pública.

Una de las cuestiones más recurrentes es por qué apenas se profundiza en estos contenidos en la Educación Secundaria. Debemos considerar que el franquismo se imparte dentro de la asignatura de Historia Contemporánea Universal, tanto en 4.º de la ESO como en 1.º de Bachillerato. Por su parte, la Historia de España, donde se encuadra específicamente el bloque sobre la dictadura, se aborda en 6.º de Primaria y en 2.º de Bachillerato, siendo en este último curso una materia obligatoria.

El principal obstáculo radica en la extensión de las programaciones frente a la escasez de tiempo disponible. Esta limitación obliga a menudo a impartir el currículo de forma acelerada, con un calado insuficiente para el alumnado. En Bachillerato, la situación se agrava, pues el programa se orienta casi exclusivamente a preparar el examen de acceso a la universidad (EBAU). Esta dinámica no solo impide profundizar en los matices históricos, sino que cercena cualquier posibilidad de fomentar el debate crítico y la participación activa en el aula.

Además, existe una brecha educativa significativa: no todo el alumnado cursa Bachillerato. Quienes optan por ciclos de Formación Profesional de Grado Medio no reciben el refuerzo de estos contenidos, lo que deriva en un conocimiento escaso y fragmentado sobre nuestra historia reciente. A diferencia de Alemania, donde el nazismo se trata de manera transversal —aunque el modelo alemán tampoco esté exento de imperfecciones—, en España no existe un consenso educativo similar.

Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero al contrastar el tratamiento del nazismo o el fascismo italiano con el del franquismo, la diferencia es reveladora. Mientras los regímenes europeos se presentan como totalitarismos ajenos y unánimemente condenados, el franquismo se aborda a menudo con un enfoque neutralizado. Es evidente que resulta más sencillo analizar críticamente los crímenes ajenos que los propios, especialmente cuando aquello que atañe a la historia nacional aún suscita polémicas.

La derrota del nazismo y el fascismo en 1945 permitió procesos judiciales y una ruptura clara. En cambio, el franquismo es parte de la historia viva de España; cincuenta años es un periodo breve en términos históricos y sus consecuencias siguen vigentes, en parte, por una transición que cerró heridas en falso. La Ley de Amnistía de 1977 evitó que responsables y colaboradores fueran juzgados, beneficiando principalmente a las estructuras de represión del Estado para asegurar una estabilidad negociada que evitó depurar responsabilidades.

Esta herencia se manifiesta hoy en la presencia de simbología franquista en monumentos y topónimos, o en el reconocimiento de antiguos torturadores en plena democracia. En el ámbito escolar, mientras los libros de texto son tajantes con los totalitarismos europeos (nazismo y fascismo), el tratamiento del franquismo varía según la época, la comunidad autónoma o el manual utilizado. En ocasiones, el enfoque es tan aséptico que las fuerzas de seguridad de la dictadura aparecen como meros funcionarios, despojando al relato de su naturaleza represiva.

Las consecuencias de este vacío educativo son palpables. Según el CIS, un 21,3% de los españoles considera que la dictadura fue «buena o muy buena», una percepción que alcanza al 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Esta tendencia es especialmente marcada entre los hombres (26,8%) frente a las mujeres (16%). Aunque la mayoría rechaza el régimen, no podemos ignorar que la estética y los valores «fachas» ganan terreno entre la juventud. En este escenario, el sistema educativo no puede competir con las redes sociales, un caladero de desinformación constante frente al que los docentes nos sentimos impotentes.

Los datos más recientes son alarmantes: el último Deustobarómetro indica que uno de cada cuatro jóvenes vascos asocia la figura de Franco con el bienestar social. 

A primeros de este mes de diciembre, en Durango, cerca de donde se iba a celebrar la Azoka de Durango, aparecieron varias pintadas neonazis y supremacistas blancas. No es algo de ahora, en 2017 atacaron el mural en memoria de la resistencia antifascista que hay en el monte Artxanda. Dos años después le sucedió lo mismo al mural antifascista en la zona de Bilbao La Vieja y fue atacada con pintadas la redacción de la revista feminista Pikara. En 2021, el mismo día en el que la Asociación de Vecinos de Kareaga (Basauri) colocó una placa y un mural en memoria de los fallecidos que provocó la Guerra Civil y el franquismo, tanto el mural como la placa desaparecieron.

Si la educación no ocupa el espacio que le corresponde, lo hará la desinformación. No se trata solo de cumplir una ley, sino de formar ciudadanos con capacidad crítica que comprendan que la democracia no es un estado natural, sino una conquista frágil. Mientras el estudio de nuestra dictadura siga siendo un tema incómodo o apresurado en las aulas, España mantendrá una deuda con su propia memoria y, lo que es más grave, dejará la puerta abierta a que los errores del pasado regresen disfrazados de nostalgia digital.