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Cuando De Miguel aseguró ser amenazado de ETA para justificar sus movimientos opacos... y la Policía le dijo que no

De Miguel y su esposa justificaron algunas operaciones económicas sospechosas en efectivo porque "se le comunicó que había aparecido en unos papeles del etarra Mikel Antza"

Un escueto informe de la Policía Nacional desechó que el que fuera 'número dos' del PNV de Álava figurara entre los objetivos del dirigente terrorista

Alfredo De Miguel (a la derecha) entra en el Palacio de Justicia.

Alfredo De Miguel y su letrado Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados el pasado mes de enero Nuria González

El que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, recurrió al 'comodín de ETA' para justificar algunos movimientos económicos opacos y por los que se sienta en el banquillo acusado de hasta 21 delitos de corrupción como presunto líder de una trama de empresas para obtener financiación y para el cobro de comisiones ilegales tras la adjudicación de contratos públicos. El juicio por el 'caso De Miguel' se retoma precisamente este lunes con la fase decisiva, la de las declaraciones de los testigos, de la denunciante Ainhoa Alberdi y, al final, de los 26 imputados.

Una de las estrategias de defensa que empleó De Miguel durante la fase de investigación para explicar el manejo de grandes cantidades en efectivo (hasta 30.000 euros y en ocasiones en billetes de alta denominación) fue asegurar que su nombre, la matrícula de su vehículo y su dirección habían aparecido en la documentación que se le incautó al exjefe de ETA Mikel Albisu, más conocido como 'Antza' y que fue detenido en octubre de 2004. Explicó incluso ante el juez instructor, Roberto Ramos, que especialistas de la Policía Nacional y de la Ertzaintza le habían recomendado "medidas a tomar" para su protección, entre las que aparentemente se incluiría la ocultación de movimientos económicos.

Los responsables de la investigación sospechaban desde el primer momento que esta coartada no era solvente. De Miguel alegó su condición de amenazado para justificar principalmente un reintegro de 30.000 euros, que se sospecha que podía proceder del cobro de comisiones. Sin embargo, la cuenta corriente de la que extrajo el dinero no estaba a su nombre y el saldo restante tras la operación era de más de 100.000 euros, con lo que el supuesto riesgo de sufrir chantaje o extorsión perduraba.

De Miguel ofreció esta versión en su segunda declaración, el 18 de octubre de 2011. Incluso refirió conversaciones "telefónicas" con el "director en ese momento de la Policía Nacional en el País Vasco" y reuniones "personales" con agentes del cuerpo y también con ertzainas en torno a su condición de objetivo de ETA. No obstante, en la primera declaración tras ser detenido por corrupción, que tuvo lugar el 17 de marzo de 2010, no mencionó en ningún momento esta cuestión.

Esa línea de defensa no era casual, ya que la esposa del político, igualmente imputada en la causa, hizo referencia también a ello. "Siendo mi marido cargo público, la Policía le comunicó que su nombre había aparecido en unos papeles ocupados al etarra Mikel Antza", consta en la transcripción de su segundo interrogatorio, también en el otoño de 2011. De Miguel y Bilbao comparten abogado, Gonzalo Susaeta, de Cuatrecasas.

A pesar de sospechar de la inconsistencia de esta versión, el juez Ramos no quiso dejar nada al azar y solicitó a la Policía Nacional un informe específico para despejar la incógnita. ¿Estaba o no De Miguel amenazado por la banda terrorista? Si la declaración de De Miguel se produjo el 18 de octubre, el 11 de noviembre ya estaba la respuesta policial en el juzgado. Y en apenas un folio la Policía Nacional desmontaba la versión del exdirigente del PNV.

"Al miembro de ETA Mikel Albizu [...] no se le intervino documentación alguna referida a Alfredo de Miguel", zanjaba aquel informe. La Policía Nacional, en todo caso, comprobó todos los archivos sobre ETA para buscar coincidencias y explicó que la terrorista Ainhoa García Montero, 'Laia', manejaba "un gran listado de vehículos con sus propietarios" en el que sí constaba uno a nombre de De Miguel. Pero ni había referencias a su dirección ni ese automóvil era conducido ya por el político. 

Añadía el informe: "Se considera toda la información, en términos policiales, como de escasa relevancia ya que no figuraban datos como itinerarios, horarios, días de la semana en los que se usaba ese vehículo, domicilio, ... Es decir, se trataba de una información sin elaborar". Es "probable" que el cuerpo nunca informara a De Miguel de que aparecía en los datos de 'Laia'. De hecho, la Policía Nacional explica que el procedimiento ordinario no era una comunicación personal sino a través de los responsables de seguridad de su partido, el PNV. 

El comodín de ETA como línea de defensa

El 'caso De Miguel' no ha sido el único en que la línea de defensa ha esgrimido la amenaza de ETA para tratar de aliviar responsabilidades penales. Recientemente, la Fiscalía investigó a los dirigentes del PSE-EE de Álava Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo por haber contratado a la empresa constructora del primero, Escoiba, para reformas en sedes del partido financiadas con cargo a subvenciones para seguridad del Ministerio del Interior. La Ertzaintza, en un informe, apuntó a que cerca de 50.000 euros podrían no corresponderse a trabajos efectivamente realizados. Durante el procedimiento, Prieto y García Hidalgo alegaron que se buscó a una empresa de confianza para afrontar obras sensibles para un partido que fue objetivo de ETA durante años y que vio cómo la banda asesinaba a algunos de sus integrantes. Finalmente, el caso quedó archivado al sostener la Fiscalía que el partido no había detectado ningún quebranto económico. Diferente resultado tuvo la investigación en torno al expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, y el al exdelegado del Gobierno y dirigente socialista Mikel Cabieces, que fueron condenados por "apropiación indebida". La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia consideró probado que la contratación de Cabieces como asesor legal por orden del entonces responsable del banco vasco tras su salida del Ejecutivo supuso un quebranto económico para la entidad bancaria, entre otras cosas porque no hubo control de si el trabajo realizado por Cabieces era efectivo.

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